Introducción

En un artículo dedicado a los exiliados por la Revolución mexicana, Javier Garciadiego hace ver que en toda revolución hay una serie de actores que suelen ser especialmente estudiados por la historiografía: precursores, caudillos, ideólogos, entre otros, y también algunos que son más bien destinados al confinamiento, si no es que incluso al olvido:

Un par de actores presentes en las revoluciones son los exiliados y los llamados contrarrevolucionarios, que forman parte de los grupos vencidos y que son, por mucho, los que han recibido menos atención entre todos los involucrados en los procesos revolucionarios, seguramente por pertenecer a las élites -nacionales o locales- del régimen vencido.¹

Entre ese grupo de olvidados, o casi, por la historiografía, se encuentran todavía los jerarcas mexicanos que debieron expatriarse a causa de la revolución constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza y que permanecieron fuera del país entre 1914 y finales de 1918 o principios de 1919.²

En el presente artículo se pretende ayudar al mejor conocimiento de la situación que vivieron estos personajes, prelados de la Iglesia católica, por medio del estudio de su correspondencia personal, recogida de diferentes archivos. Es notoria la sensación de persecución en la escritura de muchos de estos documentos y, por lo mismo, un cierto tono apologético y también de queja o de denuncia. Situación explicable porque quienes escriben lo hacen juzgando el anticlericalismo imperante desde la perspectiva clerical, es decir, desde el punto de vista de quienes estaban sufriendo las consecuencias. Para reconstruir parcialmente esta visión, se ha acudido en buena parte a documentos tanto del Archivo Secreto Vaticano, como del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de México y del Archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara.

En total, estuvieron desterrados quince obispos.³ También varios vicarios generales.⁴ En este estudio se analiza principalmente la correspondencia de los arzobispos de México y Morelia, José Mora y del Río y Leopoldo Ruiz y Flores, así como los informes rendidos al Vaticano por otros prelados.

Una paz que no duraría para siempre

Al final del largo periodo en el que el general Díaz condujo los destinos del país, la Iglesia católica disfrutó de cada vez mayores libertades, por más que las Leyes de Reforma siguieran vigentes. Una de las consignas de los círculos liberales que comenzaron a fundarse a principios del nuevo siglo había sido precisamente la de aplicar con todo su rigor las leyes antirreligiosas.

La libertad de la que gozaba la Iglesia le permitió fomentar la organización de los católicos en diversos niveles para que se fundaran instituciones mutualistas, como los círculos de obreros católicos y algunos sindicatos, así como la organización de congresos en los que participaban obispos, sacerdotes y laicos, cuyas conclusiones iban encaminadas a establecer líneas unificadas de acción social, aunque siempre ajenas a cualquier intromisión con la política del régimen:

Un congreso católico [explicaba el arzobispo de Guadalajara] no es a la verdad una asamblea política, ni por las materias de que se ocupa y los fines que se propone, ni por la calidad y el mandato de las personas que lo constituyen [sino más bien] la pacífica reunión de católicos distinguidos por su piedad y su saber, así sacerdotes como seglares, convocados bajo los auspicios del Episcopado y en ejercicio de un derecho garantizado por la ley política del país, para deliberar y cooperar en la medida de sus fuerzas a la realización de los grandes fines que la Iglesia persigue en su benéfica acción sobre la sociedad.⁵

Entre los participantes de estos congresos -especialmente en algunos laicos-subsistía la inquietud de buscar que las propuestas y conclusiones de estos trabajos no quedaran en letra muerta. Otros prelados, como don José de Jesús Ortiz, veían que lo que se estaba comenzando daría ciertamente frutos, aunque no en el corto plazo: “No debemos, pues, desalentarnos si los resultados inmediatos no corresponden acaso a las vivas ansias del celo. En las obras emprendidas para la gloria de Dios, no es el éxito del mañana lo que se nos pide, sino el trabajo del día”.⁶

De la ansiedad porque los católicos volvieran a hacer oír su voz en el campo de la política y, por lo tanto, de que las soluciones y alternativas que proponían a la cuestión social y a los demás problemas del país se discutieran en la Cámara de diputados, ya en los estertores del régimen porfirista nació un partido oficiosamente católico, con todo el apoyo de algunos obispos: el Partido Católico Nacional. Efectivamente, para algunos prelados había por fin llegado el momento de que los católicos retomaran una postura activa en la política del país y, al menos, de que no tuvieran un veto para ello por parte de la jerarquía. A partir de su fundación, el Partido Católico sería señalado por otros actores políticos como una especie de apéndice de la jerarquía para extender -a través de él- su campo de acción en el terreno de la política.

Pasadas las elecciones de 1911, en las que el naciente Partido Católico, junto con otros partidos, había apoyado al candidato vencedor, Francisco I. Madero, los obispos publicaron un documento congratulándose por la participación de los católicos: “Al felicitar pues a los católicos que han luchado exhortándolos a continuar con denuedo y abnegación, no podemos dejar de desaprobar la conducta de los que no han querido, pudiendo, tomar parte en las elecciones”.⁷ Los dirigentes del partido agradecieron este apoyo concreto del episcopado.⁸

El presidente Madero, junto con la demostración de simpatía verdadera por la organización política de los católicos, mantuvo una política de conciliación hacia la Iglesia y permitió que, durante su corto mandato, ésta actuara con mayor libertad incluso que bajo el gobierno de Porfirio Díaz.⁹ Sin embargo, ni para él ni para los católicos constituyó una prioridad plasmar estas libertades en leyes concretas.

El gobierno maderista, iniciado en noviembre de 1911, terminó de manera abrupta tras un golpe de Estado que llevó a la presidencia al general Victoriano Huerta, quien aviesamente había traicionado la confianza de Madero.¹⁰ El encumbramiento de Huerta se llevó a cabo luego de negociaciones en las que intervino, en primera persona, el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y en las cuales -se rumoraba- había estado presente el arzobispo de la Ciudad de México, José Mora y del Río.¹¹ Sea por esta razón, sea porque detrás de la reacción emprendida por Carranza en contra del gobierno de Huerta estaban muchos de quienes habían participado en los círculos liberales que desde el final del Porfiriato abogaban por la instauración irrestricta de las leyes anticlericales,¹² o, incluso, sea porque el arzobispo Mora se vio constantemente acusado de colaborar con el régimen huertista, el hecho es que desde los inicios del movimiento carrancista se comenzaron a dar una serie de represalias en contra de los católicos, de la jerarquía y de las diferentes propiedades utilizadas por la Iglesia para el culto público y demás actividades. Estos excesos no eran parte del plan acuñado por Carranza, quien incluso había solicitado a sus partidarios -en los albores mismos de su movimiento- aplazar las reivindicaciones que tuvieran en relación con el clero, para centrarse en el objetivo de derrotar al gobierno de Huerta;¹³ sin embargo, las represalias se repitieron con intensidad diferente en los territorios que iban siendo ocupados por los carrancistas.

1914: Las primeras represalias

El ejército constitucionalista, cuyo líder moral era don Venustiano Carranza, había venido avanzando desde el norte y apoderándose, ciudad tras ciudad, de las plazas que ocupaban las tropas federales leales a Victoriano Huerta. Es probable que el mismo Carranza no viera con simpatía muchas de las acciones emprendidas por militares que lo apoyaban y, tal vez, de algunas ni se enteraba, lo cierto es que el avance de esas partidas conllevó no pocos atropellos para el pueblo en general y, particularmente, para el clero.

En 1918, con el país en calma, Carranza como presidente de la República y una buena parte de los obispos en el exilio, el cabildo de Guadalajara escribió un largo Memorial para informarlo de los abusos que habían sufrido durante los últimos cuatro años. Se ofrece a continuación un extracto que hace referencia al verano de 1914:

El día 21 del mismo julio de 1914 fueron reducidos a prisión todos los sacerdotes que pudieron ser capturados, pues la orden de aprehensión fue general y pasaron a la penitenciaría, en Guadalajara, más de cien sacerdotes de la ciudad, en medio de los insultos y de los tratamientos más soeces de los aprehensores, pues hasta el último soldado se sentía, y lo estaba, autorizado para vejarnos.

El pretexto, más bien dicho, la patraña inventada para esa nueva persecución, fue, como usted lo sabe muy bien, un complot quimérico, que tenía por objeto ultrajarnos personalmente y clausurar los templos (donde debían encontrarse las armas y el parque preparados para llevarlos a cabo), apoderarse de las casas habitaciones de los rectores de las iglesias para buscar también allí el cuerpo del delito que motivaba aquellos procedimientos y resultar a la postre con que nueve días después salieran en libertad los presos, contra quienes no hubo ni el más leve indicio de culpabilidad, ni armas encontradas en los templos, que si en alguno se hubiese descubierto un depósito de esta naturaleza, cuando menos el rector de él habría continuado en la prisión hasta fusilarlo, o lo habrían perseguido más tarde, si acaso entonces no hubiese caído en manos de revolucionarios [...].

Declarada la inocencia de los presuntos reos, era de suponerse que los templos serían abiertos inmediatamente y restituidos a sus respectivos rectores; pues una vez cateados aquellos, hubiera o no delincuentes que hubiesen depositado armas en ellos, se acaba el pretexto de su clausura, ya que el local no podía ser delincuente, ni había por qué hacer al pueblo que los ha construido, para servirse de ellos mediante los actos del culto a que los ha destinado, que careciera de esos actos y declarados inculpables los sacerdotes, tampoco había por qué privarlos del ejercicio de su sagrado ministerio y del cuidado y uso de sus iglesias. Pero no fue así, desde el momento que los ocuparon se dedicaron a saquearlos, y tuvimos el dolor de ver tiradas por el suelo las sagradas hostias para llevarse cuanto antes (los que iban a buscar armas y parque) los copones y custodias que las contenían; desaparecer, según fueron dando con ellas, todas las alhajas y vasos sagrados, exhumados y profanados en la catedral los restos venerados de nuestros obispos allí sepultados, de cuyas tumbas creyeron seguramente sacar tesoros [...] La sola catedral perdió más de ochocientos mil pesos en los objetos desaparecidos.¹⁴

Situaciones parecidas se repetían en los distintos lugares por donde las tropas carrancistas pasaban. Aunque es verdad que en algunos sitios no hubo mayores excesos. Por ejemplo, el obispo de Yucatán, Martín Tritschler,¹⁵ en su visita ad limina de 1915, daba cuenta a la Santa Sede de los hechos ocurridos en su diócesis entre 1914 y 1915, y explicaba que, en cuanto supo que se acercaban los revolucionarios, se había fugado a La Habana, lugar más cercano desde donde podía seguir gobernando su diócesis. De acuerdo con su narración, temeroso de sufrir las vejaciones que sabía que habían sufrido los prelados en otras partes de la República, se embarcó hacia Cuba, en compañía de cuatro sacerdotes. Después mencionaba lo acontecido en su ausencia: el gobernador resultó ser una persona de buena educación y nacido en Yucatán, de apellido Ávila,¹⁶ que no permitió los saqueos, asesinatos, profanaciones y sacrilegios ocurridos en otras partes de la República; sin embargo, casi inmediatamente se les comunicó a los sacerdotes extranjeros (37 seculares y 8 regulares), que tenían cinco días para abandonar el país. No sirvieron los buenos oficios de muchas personas para que se modificara esa disposición o para que se alargara el plazo: todos tuvieron que salir en el término de cinco días, excepto dos que estaban bastante enfermos. Además, se establecieron horarios reducidos para celebrar misa, se prohibió el uso de traje talar, el rezo a los difuntos en los cementerios, etcétera. Aun así, él considera que habían sido de lo más afortunados.¹⁷

La situación que se vivía llevó al papa Benedicto XV a escribir al arzobispo de México una carta en la que expresaba su preocupación por el país y su solidaridad:

Al comenzar, por secretos juicios de Dios el Pontificado, hemos sentido no poco dolor por la tristísima guerra, que ya de tanto tiempo está ensangrentando los campos de casi toda Europa; y como si no tuviésemos todavía bastante motivo de tristeza, nos llegan de apartadas regiones tales noticias de la Iglesia Mexicana que nos ponen en gran preocupación.¹⁸

No sería la única intervención del pontífice en la que se interesara por lo que ocurría en el país.

1915: Exilio de los obispos y gobierno diocesano en manos de los vicarios

Para 1915, la mayor parte de los obispos se encontraban desterrados. Algunos habían tenido que salir en secreto; otros habían asistido a su visita ad limina y se les disuadió de regresar. Al de Tulancingo y al de México, fueron agentes del mismo gobierno quienes les indicaron que no hicieran ni el intento de ingresar al país. Permanecieron ocultos, perseguidos y, muchas veces, fuera del territorio de sus diócesis, los obispos de Zamora, Huajuapan de León, Puebla, Veracruz, Cuernavaca, Colima y Chihuahua.

Ante la ausencia de los obispos, en la mayoría de los casos se hicieron cargo del gobierno de las diócesis los vicarios capitulares o quienes ostentaban el cargo de vicario general. En algunos casos, los cabildos tuvieron que acceder a presiones de los revolucionarios para designar como vicario a quien ellos proponían. El asunto fue visto con preocupación por la Santa Sede y tratado en el consistorio del 6 de diciembre de 1914, pues se veía con recelo la posibilidad de un intento de cisma.¹⁹

Justo por ello, la preocupación mayor para el episcopado mexicano y para la Santa Sede estuvo representada, paradójicamente, por un eclesiástico: Antonio J. Paredes, quien, con la simpatía de los carrancistas, se desempeñó como vicario general de la arquidiócesis de México entre 1914 y 1919, pues sus declaraciones a periódicos, su actitud ambigua y, sobre todo, la cercanía que llegó a tener con el gobierno lo hicieron más que sospechoso.

De lo sucedido en este tiempo, da cuenta pormenorizada el arzobispo Mora y del Río en una carta dirigida a Benedicto XV, la cual intentó hacer llegar por medio de don Francisco Orozco y Jiménez,²⁰ arzobispo de Guadalajara residente en Roma por aquellas fechas.

La carta original se encuentra en el Archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, en hojas de buena clase, escrita a máquina a dos tintas, resaltadas en color rojo algunas ideas, en un latín cuidado y firmada a mano por el obispo Mora.²¹ El documento contiene un amplio informe, escrito en agosto de 1916, desde San Antonio, en el que da razón detallada de algunos sucesos y constantemente intenta justificar la ausencia de los obispos que permanecían en el extranjero.

Explica cómo a él y al obispo de Tulancingo, mientras se encontraban en La Habana, cuando regresaban de Roma a México, emisarios del gobierno les habían advertido que no intentaran regresar al país. Relata, asimismo, cómo los obispos de ocho sedes, reunidos en la Ciudad de México e impedidos de cualquier tipo de comunicación con los demás,

[...] absolutamente ciertos de los gravísimos males inminentes, que ya algunos habían experimentado, de común acuerdo, una vez que fue aprobado tanto por los más prudentes varones del clero y del pueblo fiel, como por no pocos de los funcionarios de naciones extranjeras, dejaron la ciudad de México y se trasladaron al puerto de Veracruz, lugar en ese momento neutral. Luego, de ese puerto, dos que consiguieron buenas condiciones para pagar su pasaje, marcharon a Europa; los otros, en cambio, a los lugares más próximos de los Estados Unidos, con tal de estar más cerca de sus diócesis.²²

A continuación, Mora y del Río narra la huida a Guatemala del obispo de Chiapas; la expulsión del arzobispo de Durango, lo mismo que de los obispos de Tabasco y Campeche; explica cómo no fueron necesarios actos concretos del gobierno para llevar a cabo estas separaciones, debido al caos imperante en toda la República:

[...] han desaparecido las formas legales en la actuación del gobierno, que para nada ha sido necesario un decreto formal de destierro cuando con los hechos éste ha sido ampliamente suplido. De aquí que esta inicua revuelta que ha separado a los obispos de sus diócesis debe ser equiparada a un durísimo exilio.

Al mismo tiempo, se mostraba preocupado por lo que había de seguir, pues en un folleto publicado a expensas del gobierno y difundido en 1914, se hablaba de acabar con la Iglesia:

Queremos perseguir la bandada de Buitres con sotana, hasta aniquilarla y confundirla; hasta dejarla impotente, exánime muerta. No queremos solamente derrotarla: queremos acabar con ella; no queremos humillarla simplemente, queremos extinguirla; no queremos que capitule, podría resurgir; queremos desaparecerla para siempre; no queremos conformarnos con que abandone el territorio de México, tenemos que perseguirla por el orbe hasta acabar con ella. Es guerra a muerte, sin cuartel, sin misericordia y sin perdón.

Por ello, al comprobar -a su parecer- que se había declarado una auténtica guerra contra la jerarquía, se temió que si los obispos llegaran a caer “en manos de hombres impíos”, los males futuros serían todavía peores. Mora añadía también el costo del rescate que habían tenido que pagar por algunos prelados al ser capturados por el ejército constitucionalista. El pago mayor se dio por el obispo de Tehuantepec, quien “fue llevado a la cárcel de Guadalajara con otros cien sacerdotes y por su libertad se tuvieron que pagar cien mil pesos”.²³

El arzobispo de México no deja de recordar que ya había informado a la Santa Sede de estos acontecimientos iniciados en julio de 1914, y que, en respuesta, había recibido unas letras del Papa en octubre de ese año, aunque fueron más llenas de benevolencia las escritas un mes después al obispo de San Antonio con dedicatoria a los mexicanos y, “finalmente, las que enviasteis al Eminentísimo Señor Cardenal Gibbons, el 17 de marzo de 1915. Con agradecimiento sentimos que nuestra manera de actuar había sido aprobada por Vos en vuestras letras al obispo de San Antonio ya recordadas”.²⁴ Por ello, sin decirlo expresamente, mostraba extrañeza por el hecho de que, en junio, varios de los obispos hubieran recibido una carta del delegado apostólico, recriminándoles que prolongaran su exilio cuando la situación del país ya les permitía regresar y el alejamiento de sus sedes episcopales era causa de escándalo para sus fieles.

Ante ese reclamo, Mora explicaba: “no se puede culpar a los obispos de su ausencia. El clero y el pueblo fiel son muy conscientes de que hicieron cuanto pudieron y, de otra parte, ninguno de nuestros sacerdotes y fieles desconoce que la persecución religiosa que hay ahora es la misma que hubo antes”. Mencionaba, como ejemplo, las tribulaciones sufridas por el obispo de Zacatecas, quien, habiendo regresado a su diócesis, “no pudo en manera alguna instalarse en su sede episcopal, ni en algún otro lugar de la diócesis conveniente para administrarla, sino que tuvo que vagar por los montes, y ni siquiera de su diócesis, que de ningún modo pudo administrar”. De manera velada, Mora manifestaba que, de haberse unido a la revolución, iniciando así un cisma, las cosas para ellos hubieran resultado más llevaderas:

Cualquier cosa que los obispos hayan hecho, o el modo en que anteriormente lo hacían, todo esto ha servido a estos hombres nefastos para sacar motivo de ultrajar y perseguir; sin embargo, estas cosas no hubieran tenido, ni tendrían ahora lugar, si los obispos mismos hubieran traicionado su oficio y seguido los principios de la revolución, que Dios nos libre.²⁵

Un dato de especial interés que aporta esta misiva está relacionado con acusaciones que, en varios momentos, hicieron los revolucionarios en contra suya por haber financiado el gobierno de Huerta. Según éstas, el prelado le habría estado entregando 50 000 pesos mensuales para el sostenimiento de la campaña bélica contra los revolucionarios. Algunos incluso hablaban de cantidades más fuertes.²⁶ Sin embargo, con toda sencillez el arzobispo expone al Papa:

[...] sobre el dinero ofrecido al Señor Huerta, varias veces los obispos declararon que ellos absolutamente nada le habían dado, y por ningún lado los acusadores aportaron ni mínima prueba. Aunque sí es verdad que yo mismo presté al Señor Huerta 17 000 pesos de plata, mas no para la conspiración, sino -habiéndose ésta consumado- para pagar el sueldo de los soldados, que si no hubiera sido pagado inmediatamente, se temía que la ciudad fuera saqueada por los soldados. Estoy preparado para, si hace falta, probar ante la Sede Apostólica que actué así, y no de alguna otra manera. Pues un rumor calumnioso de mi auxilio prestado al Señor Huerta corrió de boca en boca ya antes del triunfo de la revolución y, lo que más me duele, es que el entonces Excelentísimo Señor Delegado Apostólico al menos haya tenido sospechas de mí. Quizá por alguna presunción que le llegó en contra de mí junto con el presidente del Partido Católico, y de sus palabras y obras. Lo cual atribuyo al Reverendo Señor Paredes, cuyas informaciones suplico sean recibidas en la Curia Romana siempre con gran cautela, y de igual forma se actúe.

Con este antecedente, terminaba Mora y del Río su exposición, suplicando a Benedicto XV que, si algo en contra de los obispos llegara a sus oídos, “ya sea de clérigos depravados o de personas incautamente engañadas”, no por ello dejara disminuir su benevolencia hacia el episcopado, sino que más bien se lo informara, lo cual atraería gran consuelo en medio de las tribulaciones que tanto debilitaban sus ánimos.²⁷

Tres años antes de esta carta, el entonces delegado apostólico en México, Tommaso Boggiani, había escrito al secretario del Papa recogiendo las mismas acusaciones de las que Mora intentaba defenderse:

Una sombra sumamente oscura ha venido a posarse sobre el Partido Católico y a neutralizar gran parte de la buena disposición que despertaron en muchos de ellos la prudencia y la rectitud con las que, en general, se había manejado el Partido. Aludo a la cooperación positiva, con consejos y dinero, de algunos de los principales jefes del Partido Católico en la revolución que hizo que cayera el presidente Madero, cooperación en la que participó, de alguna manera, el jefe de esta Arquidiócesis. El hecho se afirma y se desmiente, pero, para muchísimos, ya es cierto; y cuando la oportunidad política mueva a los mismos que se aprovecharon de tal cooperación a restregarles en la cara a los católicos su conspiración -multiplicando, como suele suceder, las acciones de algunos miembros de este, y exagerando, como siempre, la gravedad de los hechos-, el movimiento católico perderá sin duda la esperanza de alcanzar la victoria, con lo bien que había comenzado y se había conducido en el resto de sus acciones.²⁸

Como se ha visto, a la postre las palabras del delegado resultaron proféticas.

1916: Un año más de exilio a través de la pluma de Leopoldo Ruiz y Flores²⁹

Una amplia fuente para conocer no sólo la situación de los obispos, sino también su percepción acerca de los eventos en la época de Carranza es, sin duda, la correspondencia del arzobispo de Morelia con distintas instancias. En efecto, ya desde esta época, Leopoldo Ruiz y Flores desempeñaba un papel preponderante para mantener una cierta unidad entre los obispos en el exilio, al menos en cuanto a información, mediante un copioso intercambio epistolar. En estas cartas, además de una preocupación pastoral por el bien espiritual de las almas, se alcanzan a ver juicios muy interesantes sobre la situación política y datos históricos de primera mano.

A principios de 1916, con cerca de dos años de destierro, Ruiz y Flores comenzaba a sentir la necesidad de que se tomaran determinaciones más claras respecto a su situación y a la de los demás obispos en el exilio, con el fin de que se apresurara el retorno de éstos a sus respectivas diócesis y, al no ver esa misma preocupación en el arzobispo primado de México, comenzó una discreta, pero persistente, campaña para intentar sacar las cosas del silencio y la inmovilidad en la que se encontraban. Por ello, el 18 de enero escribía una carta a monseñor Giovanni Bonzano, quien, además de ser el delegado apostólico de la Santa Sede en Estados Unidos, ostentaba el cargo de delegado ad interim para México, desde su sede en Washingon. La carta no causó efecto alguno inmediato, salvo una atenta respuesta de Bonzano:

He recibido su apreciable carta del 18 del mes en curso, en la que me describe hechos y circunstancias en los que aparece de manera cada vez más clara la hostilidad del general Carranza contra la Iglesia católica y los obispos mexicanos. Todo esto, unido a las otras dolorosas noticias que se leen en los periódicos, demuestra que la persecución religiosa en México está, todavía, muy lejos de finalizar. Y lo que es peor, no se ve ningún medio humano para abreviarla. En este momento parece inútil buscar dar otros pasos ante este gobierno de los Estados Unidos, visto que éste no es ni siquiera capaz de defender sus propios súbditos en la frontera mexicana.³⁰

La respuesta, de alguna manera, dejaba ver que el delegado estaba enterado de todo y que, al menos en su opinión, por el momento, nada podía hacerse; además, se anticipaba a la posible sugerencia de que se acudiera a los buenos oficios de Estados Unidos, país que, ante la violencia revolucionaria, “ni siquiera es capaz de defender a sus propios súbditos” (esta expresión probablemente hacía referencia a la incursión de Francisco Villa en territorio estadounidense).

A partir de ese momento, para Ruiz y Flores quedaba claro que el camino para llegar al Papa no era la delegación apostólica en Estados Unidos, por lo que comenzó un intenso intercambio de cartas con el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, exiliado en Roma, con la esperanza y el deseo de que por este conducto llegaran noticias de México a la Santa Sede.

De esas cartas podemos obtener una reconstrucción muy original de lo que estaba aconteciendo en el país:

Lo de México más oscuro que nunca [escribía el 12 de abril]. Ahora ha comenzado una nueva revolución Félix Díaz y por cartas que recibimos de México dicen que está creciendo diariamente y que en pocos días tomarán Jalapa y Toluca. Los periódicos no cuentan más que invenciones y mentiras: ya han herido, matado y cogido a Villa quien sabe cuántas veces, y el caso es que sigue este hombre dando quehacer.³¹

Junto con algunas pinceladas, quizá exageradas, de los movimientos de Félix Díaz, el obispo de Michoacán señalaba un punto importante: la guerra de desinformación que se llevaba a cabo por medio de la prensa.³² Además, describía en muy pocos rasgos la situación, poco halagüeña a sus ojos, en la que se encontraba el país a causa de la revolución: “Carranza sigue en el periodo preconstitucionalista, dejando que cada gobernador militar haga su voluntad y, mientras, la pobre gente sin víveres, sin dinero, sin garantías de ninguna clase y soportando una activísima propaganda de impiedad y socialismo”.³³

Parcialmente, la situación era muy cercana a lo que describía el obispo: cada jefe militar era dueño absoluto de su plaza, y hacía de ella, de sus habitantes y del clero, lo que se le venía en gana. Jesús Silva Herzog, historiador a quien no se le puede reclamar una actitud contraria a la Revolución, señalaba esta época como una de las más desgraciadas: “los militares son los menos capacitados para las funciones de gobierno. Ellos conocen el arte de la guerra, y lo que se necesita conocer para gobernar es lo contrario, el arte de la paz”.³⁴

Apenas habían pasado dos semanas, cuando, de nueva cuenta, Ruiz y Flores escribía a Orozco y Jiménez, quien, en el interim, le había expresado sus deseos de ingresar a México de cualquier forma. Aunque en su larga respuesta trata también el asunto de un posible regreso a México del prelado de Guadalajara -a quien le aconseja no hacerlo-, esta carta es de mayor relevancia que la anterior, pues señala algunos puntos de acuerdo a los que se había llegado conjuntamente con otros obispos desterrados residentes en Estados Unidos:

De México nada consolador puedo decirle: aquello es una anarquía completa envuelta en hambre y miseria que espanta. Todo el mundo dice que Carranza no podrá establecer gobierno mientras no cuente con dinero para lo necesario siquiera.

Eso mismo le pasará a cualquiera que llegue a dominar la situación. Sin dinero no se hace nada. Así ha castigado Dios a estos hombres que sin necesidad ninguna se dedicaron al robo y al saqueo no viendo que con eso ellos mismos se labraban su ruina.

En lo moral pasa lo mismo. Con sus principios de socialismo del más avanzado se están rodeando de cuervos, que serán los primeros en sacarles los ojos a los que criaron y dieron alas.

La revolución de Félix Díaz parece que prospera, y sin duda triunfaría si contaran con dinero y con la protección de Washington; pero ambas cosas son muy difíciles.

De San Antonio nos consultaron los hermanos [obispos] cuál habría de ser nuestra conducta con la revolución Felicista; y de común acuerdo hemos decidido que nuestra conducta se ha de limitar a los siguientes principios:

• 1° Estamos dispuestos a someternos a cualquier gobierno establecido en México.

• 2° Nos someteremos con sumisión pasiva a todo lo injusto y tirano siempre que la conciencia lo permita.

• 3° Naturalmente contará con toda nuestra ayuda moral, en nuestra esfera, todo gobierno que nos dé la leal libertad religiosa de culto y de enseñanza.

• 4° No nos mezclaremos para nada en ningún movimiento armado; por lo cual, si Carranza nos da esa libertad, la recibiremos con mayor gusto que de manos de otro, para que no haya más revolución ni desorden.

Los felicistas por conveniencia y los carrancistas por odio han publicado que los obispos estamos de acuerdo con los felicistas: ya Mons. Kelley se va a encargar de contestar a unos y a otros.

El Sr. Plancarte y yo creemos que de ninguna manera conviene que V.S.I. se venga, porque le será imposible entrar a México, y si entra, ha de ser para no poder hacer nada, comprometer a las personas que lo hospeden y exponerse a ultrajes y atropellos.³⁵

Se alcanza a apreciar cómo algunos obispos estaban en la mejor disposición de colaborar, dentro de su esfera, con cualquier gobierno constituido, en beneficio del país. Así como su convicción de evitar alguna muestra de apoyo a cualquiera de los grupos beligerantes. También se anticipaba la postura que habría de tomarse ante Carranza, quien comenzaba a afianzarse en el poder: en el momento en el que ofreciera garantías a la Iglesia, ésta olvidaría cualquier maltrato y recibiría esa libertad “con mayor gusto que de manos de otro”, pues significaría la consolidación de una de las facciones, en beneficio de la estabilidad y del progreso de la patria.

Pasadas dos semanas, el señor Ruiz y Flores volvía a escribir a Orozco y Jiménez una carta en la que se puede advertir una especie de ansiedad a causa de que el país seguía sumido en el caos. En esta, sin embargo, comienzan a aparecer nuevos datos; uno de ellos, la posibilidad no tan lejana de una intervención en toda forma por parte del gobierno estadounidense en favor del partido carrancista:

Hoy se suspendieron las conferencias que tenían en El Paso Obregón y los generales Scott y Frieston sobre la expedición punitiva. Muchos creen que fueron un fiasco y que tarde o temprano se hará indispensable la intervención.

Como que Carranza no da trazas de restablecer gobierno ni orden en México y como le falta el cimiento material y moral, a saber el dinero y el dominio sobre su gente, claro está que nos estamos haciendo merecedores de la vergüenza de que otros vengan a arreglar nuestras cosas.

Wilson lo hará, pero encaminándolo todo, aun la misma intervención si llega a realizarse, al triunfo de Carranza, o de los ideales de Carranza que son acabar con la clase media, el ejército y el clero, quienes a juicio de Wilson han sido tiranos de las clases pobres, del 88% de los mexicanos.

Esperemos en Dios que por donde menos se piense nos llegue el remedio, pero como que nada en lo humano da apoyo a esas esperanzas, estas tienen que ponerse sólo en Dios.³⁶

Por fin, en junio, en una carta más extensa y que, en algunos momentos, tiene más bien carácter de informe, se atreve el obispo de Michoacán a proponerle a su homónimo tapatío que, aprovechando su estancia en Roma, comunique a la Santa Sede todo lo acontecido, pues duda que esté del todo enterada. Ahí, después de explicar que varias veces el obispo Plancarte y él mismo han insistido a Mora y del Río que informe a Roma de lo acontecido en México -al menos los eventos más importantes-, busca que monseñor Orozco haga de portavoz de sus preocupaciones: “con relación a la Iglesia, y más cuando haya algo notable. No sé si [Mora y del Río] lo haya hecho”.³⁷

Así, preocupado por la política carrancista, hace un resumen de algunas cosas que ya le había comunicado antes y añade preocupaciones nuevas, con matices de mayor dramatismo: “Carranza y los suyos han continuado sistemáticamente sus actos de hostilidad con el fin de debilitar y si fuera posible destruir todo lo que es culto, sacramentos, instrucción religiosa y religión”. Entre estos actos, le preocupaban sobre todo los que reducían de manera exagerada el número de sacerdotes que podían ejercer su ministerio:

V.S.I. estará al tanto de todos los atropellos y sacrilegios últimamente cometidos en Yucatán, Guadalajara, Sonora, etc. El gobernador de Michoacán dio orden el 4 de mayo de que salieran del Estado todos los sacerdotes de Morelia, debiendo quedar solamente uno para cada dos templos. Gracias a que el pueblo se mostró indignado no se llevó a cabo ese decreto, pero hay temores de que de un momento a otro se lleve a efecto.

Refiere también una campaña supuestamente orquestada por Carranza y su gente para desprestigiar a los obispos:

Por otra parte Carranza se ha propuesto desacreditar a los obispos y clero mexicanos, tanto en México como aquí en los Estados Unidos. Por un lado nos niega la entrada a México, como consta por mis gestiones con Arredondo en Washington y la respuesta dada al Sr. Echavarría; y por otra sus periódicos en México están diciendo que no volvemos a México porque no queremos.

Afirmaba que, incluso, para desacreditarlos en Estados Unidos, Carranza había esparcido la noticia de que “esta[ban] promoviendo revoluciones y que [eran] partidarios de la intervención americana”.

Por primera vez menciona una posibilidad varias veces contemplada en México y que la Santa Sede llegó a considerar como no tan remota: una separación formal de los católicos de México del obispo de Roma, pues, en esos momentos, por la ausencia de sus obispos, las diócesis se hallaban gobernadas por vicarios generales y, en algunos casos, éstos parecían actuar en sintonía total con el gobierno constitucionalista: “Parece que Carranza insiste en querer conseguir un cisma, o por lo menos que Roma destituya a ciertos obispos que estamos fuera de México y que no somos personas gratas a la revolución”.

Terminaba su carta aconsejando que el señor Orozco se sirviera de monseñor Boggiani, quien había sido delegado apostólico en México y que ahora residía en Roma, para hacer llegar estos datos a la Sede Apostólica. Al poco tiempo de esta última carta, Orozco y Jiménez llegaba a la ciudad de Nueva York para iniciar su aventura de reingresar al país; por ello, aunque recibió la carta del 1° de junio, no pudo hacer nada para informar al Papa, como le pedía Ruiz y Flores.

Un católico liberal y, al mismo tiempo, fiel a Roma: el vicario Paredes

Se ha mencionado ya en este artículo la preocupación que causó a Roma y, más todavía que a la Santa Sede, al episcopado mexicano la figura de don Antonio de J. Paredes,³⁸ vicario general de la arquidiócesis de México entre 1914 y 1919. Hombre culto y respetado dentro y fuera de la Iglesia; compañero de Leopoldo Ruiz y Flores en el Colegio Pío Latinoamericano; reconocido profesor del seminario conciliar de México, con grandes dotes de negociador que le permitieron apuntalar al obispo Próspero María y Alarcón y mencionado como candidato a obispo cada vez que existió una sede vacante, terminó convirtiéndose en una pieza clave para que cesaran las represalias contra la Iglesia.³⁹

Con su prelado actual -el arzobispo Mora-, Paredes había tenido un sinnúmero de desencuentros. Por ello, cuando Mora y del Río se encontraba en La Habana impedido de regresar a México, se sorprendió sobremanera al enterarse de que el cabildo había designado a Paredes como vicario general de la arquidiócesis en el verano de 1914. En octubre siguiente, Mora se vio obligado a reconocer dicho nombramiento, a pesar de las suspicacias que guardaba respecto a su nuevo vicario. Es probable que le haya parecido un mal menor, pues en torno a Paredes se había aglutinado la mayor parte de los canónigos, posiblemente porque no tenían mucho interés en hacer frente a las circunstancias atípicas y difíciles que se vivían.⁴⁰

Por otro lado, los obispos exiliados, así como la Santa Sede, se nutrían sobre todo de las declaraciones de Paredes aparecidas en la prensa mexicana que, sobra decir, en esos momentos era bastante supervisada por el gobierno. Ejemplo de estas informaciones fueron las aparecidas en El Universal, a principios de 1917, poco antes de que se conociera a cabalidad el texto de la nueva Constitución. En ese diario se introducía una entrevista a nuestro personaje de la manera siguiente:

Como las reformas en cuestión se refieren de manera directa a los ministros de cultos religiosos en materia de enseñanza, quisimos conocer la opinión del jefe accidental de la Iglesia en México, para ilustrar el criterio de nuestros lectores sobre la acogida que ha tenido la labor del Congreso Constituyente sobre el asunto que nos ocupa.⁴¹

Las afirmaciones de Paredes -que, por ser políticamente correctas, eran bastante ambiguas- sin duda desconcertaban al gran público católico: “La libertad de enseñanza [afirmaba] debe estar dentro del criterio liberal que proclama la libre emisión del pensamiento, sin más restricciones, a mi juicio, que el respeto a la moral y a la paz pública. Por tanto, no se concibe que la legislación de un país libre se oponga a la libertad de enseñanza”. Como puede verse, intentaba convencer a los diputados del Constituyente de que estaban actuando en contra de sus principios: “lo que ha acordado el Congreso Constituyente no es consecuente con el criterio que lo creó, desde el momento en que su labor en este asunto no está de acuerdo con las ideas liberales del gobierno actual, partidario de todos los derechos del hombre y dispuesto a garantizarlos para todos.”⁴²

La argumentación, aunque tendía a cuestionar la resolución tomada (suprimir la educación religiosa de la enseñanza y privar a los religiosos y ministros de culto de la posibilidad de enseñar), no era un cuestionamiento frontal, ni mucho menos una condena, como a algunos les hubiera gustado, sino más bien un alegato con tintes de ingenuidad, con el cual se intentaba convencer al adversario de que no estaba siendo congruente consigo mismo. El simple hecho de alabar la ideología liberal no dejaba de ser mal visto, y era precisamente éste el camino en el que proseguiría el razonamiento del vicario general:

Yo creo que frente a la escuela católica debe establecerse la escuela positivista, la protestante, etc., de tal manera que la lucha sea de ideas, de credo contra credo, de doctrina contra doctrina, de escuela contra escuela; pero no que se dicte una ley que, evitando esa lucha intelectual y benéfica, venga a restringir la libertad de conciencia y de pensamiento.⁴³

¿Pensaría realmente con esto influir, siquiera un poco, en la redacción definitiva del artículo 3º o simplemente aprovechaba el foro para dar a conocer su simpatía con las ideas liberales? Es difícil saberlo, pero, en cualquier caso, sus declaraciones causaban preocupación y escándalo: “a principios de este año [decía el arzobispo de México en referencia a las declaraciones de Paredes] le invité a que omitiera tales informaciones, pero sin resultado satisfactorio”.⁴⁴

Sobre esto último, unos meses antes, en una extensa carta al arzobispo Mora, Paredes intentó justificar su conducta explicando que El Universal había alterado sus declaraciones en relación con el artículo 3°, además de que estás habían sido hechas antes de que se conociera la Constitución con varios artículos antirreligiosos. Afirmaba también: “desde el principio les manifesté que yo no iba a hablar según los principios católicos, sino colocándome bajo el punto de vista liberal [y no pedí que el diario rectificara] porque ni ese, ni ningún otro periódico me admitiría la publicación de cualquier rectificación”.⁴⁵ En esa misma carta, después de una larga apología de lo que había venido haciendo, Paredes terminaba afirmando: “No estoy casado, ni enamorado del título de Vicario General y aunque parece que V.S.I. lo pone en duda, es para mí una carga agobiadora, que cada día me produce más tribulaciones”.⁴⁶

Sin duda, la presencia de Paredes durante casi cinco años al mando de la diócesis más importante del país facilitó el proceso de acercamiento entre la Iglesia y el gobierno de Carranza, y trajo beneficios tanto para la consolidación del nuevo régimen como para que disminuyeran las incomprensiones hacia la Iglesia.

Cuando, en 1919, el arzobispo Mora por fin pudo volver a ocupar su sede episcopal, Paredes fue removido de su cargo como vicario general; sin embargo, conservó el de provisor de la Arquidiócesis y canónigo lectoral de la Catedral, con los que, de alguna manera, siguió participando en el gobierno de la diócesis, aunque es verdad que murió al poco tiempo.⁴⁷ Su amistad con Carranza se extiende también a este periodo, lo cual se desprende de la correspondencia que siguió manteniendo con el Presidente.⁴⁸

La Constitución de 1917 y la protesta de los obispos

En enero de 1917, cuando el Constituyente de Querétaro estaba dando los últimos retoques a lo que sería la nueva Carta Magna, a la Santa Sede le preocupaba la situación de algunos prelados que habían osado regresar al país. Ejemplo de esto lo vemos en la carta de Giovanni Bonzano, delegado apostólico para México,⁴⁹ al cardenal Gasparri, secretario de Estado de la Santa Sede, en la cual le explica que los obispos De la Mora⁵⁰ y Orozco -quienes habían regresado al país- se encontraban en grave peligro de muerte y que, para intentar salvarlos, se estaba sirviendo de los buenos oficios de los embajadores en México de Inglaterra, Alemania y Japón.⁵¹

Justo por esas fechas, el jesuita Richard H. Tierney, editor de la revista América, escribía una carta a Bonzano en donde le explicaba que la hostilidad contra los católicos en México era muy virulenta y que empeoraba cada día; por ello, no se preveía en ese momento hasta dónde pudiera llegar aquello.⁵²

El 5 de febrero fue publicada en Querétaro la nueva Constitución. A los pocos días, en una nueva carta de Bonzano a Gasparri, el primero le comunicaba la feliz noticia de que, gracias a la intervención del embajador inglés, el gobierno mexicano se había comprometido a respetar la vida de los obispos Orozco y De la Mora, y que, incluso, este último ya había sido liberado; junto con esto, se veía en la necesidad de informar otros asuntos:

[…] de México llegan noticias cada vez más tristes, a partir de las cuales parece claro que los que gobiernan la República tratan de intensificar la persecución contra la Iglesia de manera permanente. En la Asamblea Constituyente, concluida recientemente en Querétaro, donde los jefes y representantes de la Revolución Carrancista se habían reunido para revisar la Constitución Mexicana, ha sido aprobado un artículo que, si llegara a ejecutarse, terminará suprimiendo a la Iglesia, convirtiéndola en sierva del Estado.⁵³

Aunque Bonzano hacía alusión al artículo 130, que, además de desconocer la personalidad jurídica de la Iglesia, facultaba a las legislaturas estatales para fijar el número de ministros que podrían residir en cada estado, así como en qué condiciones podrían hacerlo, no era este artículo el único que tenía tintes claramente anticlericales, sino varios más.⁵⁴

Los obispos en el exilio, capitaneados por Leopoldo Ruiz y Flores, se dieron a la tarea de publicar, por primera vez desde que había comenzado el diferendo con los carrancistas, una protesta que reprobaba tanto la Constitución como algunos de los hechos que se habían venido dando. En sus memorias, Ruiz y Flores asienta:

[...] se pidió el parecer de los Obispos y había varios que creían prudente callar: convinimos en que nos someteríamos todos a la resolución del Señor Delegado Apostólico de Washington, Mons. Bonzano. Y emprendimos el viaje a Washington el Señor Arzobispo Plancarte y yo con ese fin. Le presentamos la Protesta y la forma enérgica en el fondo, pero moderada en el lenguaje. Lo aprobó y más aún, nos dijo que a su juicio era necesaria. Volvimos pues a Chicago y el Sr. Banegas se encargó de la redacción que a mi juicio y el de muchos otros no dejó que desear.⁵⁵

En esta protesta, después de explicar que no intentaban promover una insurrección armada contra la autoridad constituida ni expedían el documento con ningún afán de revancha, antes de señalar directamente la forma en la que algunos artículos aprobados dañaban a la Iglesia y contravenían los derechos humanos, los obispos hacían un resumen de lo que, a su juicio, había venido ocurriendo a partir de que los revolucionarios habían comenzado a apoderarse del territorio nacional:

Los atropellos cometidos sistemáticamente por los revolucionarios contra la Religión Católica, sus templos, sus ministros, sus instituciones, aun las de enseñanza y simple beneficencia, algunos meses después de iniciada la revolución en 1913 y continuados hasta hoy, manifiestan sin que quede lugar a duda, que aquel movimiento, simplemente político en su principio, pronto se trocó en antirreligioso por más que sus directores, para negarle tan ignominioso carácter, hayan apelado a múltiples explicaciones cuya misma variedad revela su mentira. Porque ya decían que los obispos y los sacerdotes habíamos prestado ayuda para derrocar el gobierno nacional establecido en 1911; ya que habíamos sido cómplices del que se estableció en 1913; ora aseguraban que pretendíamos apoderarnos del gobierno de la República y matar para siempre la libertad, ora que unidos al poder público que rigió por largos años en la época de la paz, y confabulados con las clases acomodadas de la sociedad, tiranizábamos a los proletarios. No se omitían falsedades para explicar los sacrilegios: se acusaba al Clero de todo género de vicios: se daba por cierto haberse hallado en los templos depósitos de armas; afirmábase que había sacerdotes y aun obispos dirigiendo los combates en las filas reaccionarias; se negaban luego los atropellos cometidos por la revolución y se confesaban después, pero atribuyéndolos al ardor de los combatientes al entrar a sangre y fuego en las ciudades.⁵⁶

La protesta no tuvo el efecto que se buscaba, sino más bien el contrario, pues, señala Ruiz y Flores: “esta Protesta cayó muy mal al Gobierno Pre-Constitucional de Carranza y los suyos y sin duda prolongó el destierro de los Obispos y más cuando se siguieron las protestas del Papa Benedicto XV y del Episcopado Americano”.⁵⁷

Efectivamente, unos meses después, el pontífice romano habría de solidarizarse con el episcopado mexicano y hacer pública una carta en la que, mientras se lamentaba de la nueva ley, invitaba a los obispos y al pueblo fiel a ahogar el mal con abundancia de bien y aprobaba la postura del episcopado, el cual buscaba que se modificaran los artículos antirreligiosos de la Constitución:

Sabed, pues, que al haber protestado, firmemente conscientes de vuestras obligaciones, contra la injuria sin precedente que la Iglesia ha sufrido, y contra los daños y agravios infligidos contra la comunidad católica, habéis cumplido con vuestro deber, como corresponde a vuestro oficio pastoral y de una manera plena merece Nuestra alabanza.⁵⁸

Finalmente, exhortaba a los obispos a la paciencia, sabiendo ofrecer las molestias que el alejamiento de sus diócesis les suponía; parecía que ahora comprendía ya del todo la imposibilidad temporal de regresar a sus sedes.

La carta del Papa fue recibida con gusto por los obispos; sin embargo, las reacciones del gobierno por la protesta del pasado febrero habían sido tan fuertes, que, todavía dos meses después de haberla recibido, guardaban sus reservas sobre la conveniencia de difundirla entre sus diocesanos por los medios disponibles. Así se desprende de la contestación que da Ruiz y Flores a consulta expresa de Mora y del Río: “El Ilmo. Señor Plancarte y yo opinamos que no hay que hacer ruido con la Carta del Papa en el sentido de que nos dirijamos a los fieles colectivamente, sino que es mejor que cada uno según las circunstancias de sus diócesis vea lo que convenga”.⁵⁹

Apenas dos días después, Ruiz volvía a escribir a Mora para pedirle que sometiera a consideración de los obispos en San Antonio una cuestión novedosa: aparentemente, el presidente Carranza había dicho que los prelados podían regresar ya al país, lo cual lo había sabido por carta del P. Félix Rougier; según éste, el señor Paredes había bautizado a un niño y el Presidente había acudido al bautizo como padrino; ahí, sin que Paredes dijera algo, el Presidente había sido el primero en tocar el tema de los obispos y afirmar: “pueden volver; no les pasará nada. Y si algo les pasare -lo que no creo-, que pidan amparo a los tribunales”.⁶⁰ Don Leopoldo, después de referir lo anterior, señalaba lo siguiente: “VV.SS.II. verán si se entusiasman con un recado de cuarta mano, después de todas las inconsecuencias del Sr. Carranza; por acá nos hemos quedado como antes y creemos que no conviene hacer nada hasta no tener algo más formal”.

¿Qué podemos inferir de estas letras? Sobre todo, que había en México una Iglesia funcionando gracias a los vicarios generales y a los vicarios capitulares. Algunos, como don Manuel Alvarado, en Guadalajara, completamente unidos a su arzobispo;⁶¹ otros, no tanto, como se pudo ver en la figura de Antonio de J. Paredes. Por otra parte, se alcanza a ver a un Presidente que, principalmente por razones políticas, no facilitaba el retorno a sus diócesis de los obispos exiliados, pero, al mismo tiempo, no tenía enfado en aparecer públicamente como padrino en ceremonias religiosas.

1918: El registro de sacerdotes en Jalisco

En un documento ya mencionado, el cabildo y el clero de Guadalajara se dirigieron al presidente Carranza en abril de 1918, solicitando del primer mandatario, entre otras cosas:

[...] que los derechos que la ley sanciona, sean en su carácter democrático, como ella lo dice, iguales para todos, y que por lo mismo, no estimen las autoridades como subversiva una protesta legal y respetuosa, cual es la de nuestro prelado y la de los demás señores obispos mexicanos, cuando se les reconoce a otras agrupaciones el derecho de hacerlas, aun duras e irrespetuosas con tal que no sean de carácter religioso; que cese la persecución injusta con nuestro venerable prelado, quien solamente por un movimiento heroico de celo pastoral y únicamente por el cuidado de las almas, ha vuelto al país, de donde espontáneamente se había retirado por el fundado temor a los atropellos de que anteriormente fueron víctimas otros prelados y sacerdotes que no emigraron durante el desenfreno que es característico a toda revolución de la índole de la que sufrimos en México.⁶²

Junto con éstas, se hallaban otras peticiones tendientes a que la ley no tuviera una aplicación diferente para los católicos y que, concretamente, en Jalisco, cesaran de negársele a los católicos los derechos que la misma Constitución promulgada les confería.

Apenas unos meses después de este memorial, el 3 de julio de 1918, el Congreso de Jalisco expidió una ley mediante la cual se establecía que sólo podría ejercer su ministerio un sacerdote por cada cinco mil habitantes⁶³ y que “ningún ministro de culto religioso podrá tener a su cargo un templo, ni oficiar, sin la licencia del gobierno”.⁶⁴ La ley, en un principio, disponía que los superiores decidieran quiénes, de entre los sacerdotes en funciones, serían los que obtendrían dicha autorización, pero los legisladores cayeron en cuenta que esa manera de proceder era un modo tácito de reconocer jurídicamente la jerarquía eclesiástica (desconocida por la Constitución) y, a las semanas, enmendaron el Decreto 1913, para sustituirlo por el 1927, en el cual se pedía que fueran los mismos sacerdotes quienes acudieran a registrarse ante las autoridades correspondientes.

Las protestas no se hicieron esperar y fueron multitudinarias. El Informador, en un encabezado de cuatro columnas, reportaba en la primera página de su edición del 23 de julio: “Más de diez mil personas acudieron ayer ante el Gral. Diéguez a solicitar su apoyo para la derogación del Decreto 1913”, y, ya en el cuerpo del artículo, señalaba que la multitud era tan numerosa que sólo se podía asentar que sobrepasaba las diez mil almas.⁶⁵

El general Manuel M. Diéguez, quien, en su carácter de divisionario, ostentaba el poder militar en Jalisco, se vio en la necesidad de salir a un balcón y espetar a la multitud el siguiente discurso improvisado, según transcribe El Informador:

Se ha dictado una Ley por el Congreso del Estado a la que el clero de Jalisco no quiere acatar; y esa ley, señores, se ha dictado, se ha promulgado y será cumplida (fuertes manifestaciones de descontento, empieza la lluvia y aparecen por encima de aquel mar de cabezas, mil paraguas).

No hay más que dos caminos que seguir: uno que es el del acatamiento a esa ley y que… (prosiguen las manifestaciones) y que se queden los sacerdotes que puedan desempeñar su misión (no, no…) y el segundo, que si no son mexicanos… (sí, sí…) para acatar las leyes que dicte el Congreso (no, no…) entonces que salgan del Estado como parias, como hombres que no son ciudadanos… (ruidosas negativas).

Ya sabéis el camino: o se quedan y acatan la ley, o renuncian… (es interrumpido por la gritería).

Así es que debéis acudir con vuestros sacerdotes, que de ellos depende se queden.⁶⁶

Ante la negativa de derogar la ley o, al menos, hacerla menos gravosa, el vicario general de Guadalajara, en plena sintonía con su prelado, decretó la suspensión del culto público a partir del 1° de agosto y ordenó que ningún sacerdote acudiera a registrarse; con ello, la ley quedó prácticamente en desuso, pues únicamente acudieron a registrarse una docena de ministros de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y seis pastores bautistas.⁶⁷ Por otra parte, las protestas de los ciudadanos católicos no cejaron y, por fin, el 4 de febrero de 1919, una nueva legislatura del estado de Jalisco abrogaría los decretos 1913 y 1927, no sin una acalorada discusión: “El clero debe someterse [argumentaba, por ejemplo, el diputado Herrera, del ala radical]. Con lo que está pasando, se asiste a los funerales de la Revolución y después de esta derogación vendrán otras”.⁶⁸

En efecto, lo que temían los radicales comenzó a ocurrir: las leyes anticlericales de la Constitución fueron ignoradas en los últimos meses del gobierno carrancista e, inmediatamente después, con Adolfo de la Huerta vinieron tiempos de conciliación y tolerancia. Esto permitió a todos los obispos, que recién habían regresado a sus diócesis, dar inicio a una época de reconstrucción.

Una visión del periodo revolucionario en los informes episcopales de 1920

En 1920, una relativa calma había retornado al territorio mexicano. Los obispos estaban de nuevo en sus diócesis y, a pesar de que las legislaturas de algunos estados comenzaron a reglamentar el artículo 130, como había ocurrido en Jalisco, restringiendo el número de ministros de culto, poco a poco se normalizaba la práctica religiosa dentro de esas limitaciones derivadas de la aplicación y la interpretación de las nuevas leyes.

En este año, varios obispos acudieron ante el romano pontífice a efectuar sus visitas ad limina y, de los informes que entregaron a la Santa Sede, se obtienen algunos datos muy interesantes acerca de lo que había sido la situación de la Iglesia en los años anteriores, así como del estado que en ese momento guardaba el país.

Con fecha de febrero de ese año se sitúa el informe presentado por don Leopoldo Ruiz y Flores, en ese momento arzobispo de Morelia. En él relata cómo se prohibía, bajo severas penas, vestir de sacerdote; cómo los curatos que antes del periodo revolucionario servían como vivienda a los párrocos fueron -en su mayoría- confiscados por el gobierno, y cómo, por diversos medios, se intentaba imponer el socialismo, aunque -según su parecer- con escaso éxito.⁶⁹ Fuera del informe, a manera de introducción, se explicaba lo siguiente: “una vez que ha pasado la borrasca revolucionaria que se desató sobre México, a causa de la cual se paralizó toda la acción católica entre los años 1914 y 1919, los obispos y sacerdotes exiliados han podido regresar al país y, retomando sus funciones, comienzan a reparar poco a poco las ruinas”.⁷⁰

Algo parecido se lee también en el documento entregado por el obispo de León, Emeterio Valverde y Téllez,⁷¹ en abril de 1920:

No obstante la cruel persecución desatada contra la Iglesia durante cerca de cinco años, de la que se derivó la expropiación de todos sus bienes y la supresión de todas sus obras, principalmente las escuelas, y a pesar de que todavía ahora no han sido derogadas las leyes que atentan contra la inmunidad, la libertad y el derecho de la Iglesia a tener propiedades, sin embargo, en la praxis, al menos en el estado de Guanajuato, la fe y la piedad siguen vigentes y gozamos de tolerancia religiosa; de la misma manera, ha sido fortalecido el culto divino y algunas escuelas y otras obras eclesiásticas han sido reinstauradas. No así con los bienes eclesiásticos, que no han sido devueltos. Pero, con el favor de Dios, no dudamos que reluzcan para la Iglesia días más felices en los que goce de plena libertad.⁷²

En otros informes, como en el del arzobispo de Durango, Francisco Mendoza y Herrera,⁷³ el énfasis se ponía en las pérdidas humanas y daños materiales causados por el torbellino revolucionario: “casi una cuarta parte de los habitantes de la arquidiócesis murieron [...], dos templos fueron destruidos, muchos edificios confiscados”.⁷⁴ También se informaba sobre una de las leyes que, a raíz de la nueva Constitución, limitaba las facultades de la Iglesia: “el año anterior fue promulgada en el estado de Durango, una ley que prohíbe el matrimonio canónico, el bautismo y el sepelio, si antes no se ha acudido al Registro Civil”.⁷⁵

En ese mismo sentido, se encuentra parte de lo que informaba el primado de México, José Mora y del Río, mostrando preocupación por lo que consideraba obstáculos al desempeño de las funciones de la Iglesia en medio de una legislación civil que “no reconoce a la Iglesia ninguna personalidad jurídica en los asuntos favorables; en cambio, en los asuntos desfavorables, de hecho sí la reconocen”.⁷⁶ En este mismo informe explicaba también cómo, por medio de particulares que le rendían cuenta no sólo al gobierno -como mandaban las leyes civiles-, sino también a él con toda diligencia -según el canon 1516-, había conseguido que sobrevivieran algunas instituciones de beneficencia.⁷⁷

Cabe señalar también que los datos aportados varían mucho dependiendo de los gobernantes locales; así, por ejemplo, el obispo Tritschler, quien en 1915 se congratulaba de que en Yucatán la persecución a la Iglesia no había tenido tintes tan lamentables como en otros lugares, ahora, en 1920, se mostraba un poco pesimista por lo que les había ocurrido con el general Salvador Alvarado,⁷⁸ quien profanó las iglesias, permitió infinidad de sacrilegios y agresiones al clero y buscó, por medio de distintas leyes, limitar en lo posible la acción de la Iglesia. El informe, por ejemplo, adjuntaba un ejemplar de la ley de 1918 que reducía el número de sacerdotes permitidos para todo el Estado a solamente seis.⁷⁹

En estas breves noticias del obispo de Yucatán, se alcanza a apreciar un fenómeno que se repitió en distintas regiones del país: la ferocidad o el buen trato que sufrieron los ministros de la Iglesia y muchos de los católicos estuvieron en buena parte relacionados con el modo de ser y de pensar de los gobernantes en turno.⁸⁰ Por lo demás, en las diversas crónicas de los obispos, se alcanza a descubrir un esfuerzo por adaptarse a las nuevas circunstancias del país para -a pesar de un orden legal adverso- conseguir que la religión católica siguiera floreciendo en espera de mejores tiempos.

A modo de epílogo

Aunque es más conocido el conflicto armado en defensa de la libertad religiosa que se produjo entre 1926 y 1929 como respuesta de algunos núcleos católicos a las restricciones impuestas por el gobierno del general Plutarco Elías Calles, difícilmente se podría entender ese periodo sin acercarse, aunque sea un poco, a la situación de los años comprendidos entre 1914 y 1919, y, sobre todo, a las leyes restrictivas de la libertad religiosa contenidas en la Constitución de 1917. La investigación cabal de esta época, al igual que la de otros momentos de la historia de México en los que se han confrontado los poderes político y religioso, es un terreno en el que se puede todavía profundizar. Una línea que puede y debe ser tratada de manera más extensa es la esbozada en este texto: la correspondencia y los documentos de algunos jerarcas católicos. Además de los archivos aquí consultados, se encuentran muchos otros repositorios diocesanos que no han sido abiertos al público, muchas veces por no estar clasificados. Lo mismo ocurre con la documentación existente en otras fuentes primarias situadas en el extranjero, como los archivos del seminario mexicano en Texas, custodiados por el Center for American History, de la University of Texas at Austin, con los que trabajó Yolanda Padilla para su libro acerca de los exiliados católicos en Texas,⁸¹ así como los archivos personales de Francis Clement Kelley, actualmente en proceso de ser dados a conocer por Robert Curley.

Archivos

Archivio Segreto Vaticano (ASV)

Archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara (AAG)

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de México (AHAM)

Archivo del Centro de Estudios de Historia de México Carso