Introducción

México es un país que ha conocido numerosas formas de propiedad y de derechos sobre la tierra en el transcurso de su historia. Desde que la Corona española introdujo el aún inmaduro sistema jurídico agrario aplicado en la campiña castellana e intentó adaptarlo a los territorios conquistados, se implantaron diversos géneros (modelos o regímenes) de propiedad, cuya división en varios subtipos dio lugar a distintas modalidades de tenencia. Dicho sistema se mantuvo en vigor hasta alrededor de 1856-1857, con la consecuente modificación ocurrida a partir de la consumación de la Independencia, cuando la otrora propiedad de la Corona se convirtió en propiedad de la nación.

Con la llegada de la reforma liberal, al acelerarse el proceso de desamortización en el país, el sistema de propiedad se redujo drásticamente a sólo dos modelos; pese a ello, no dejó de existir cierta ambigüedad en torno a las diferentes formas de tenencia de la tierra, entre las que se inscribe el condueñazgo, vocablo que se utilizó en diversas regiones para designar distintas situaciones jurídicas concretas, sin haber llegado a cristalizar un significado unívoco.

La falta de una definición expresa establecida en la ley y las diferencias que guardaban sus connotaciones regionales y temporales convirtieron al condueñazgo en un término que, de no tener claro dónde y cómo se usaba, puede prestarse a interpretaciones equívocas o inducir a confusiones, como le ocurrió al Constituyente de Querétaro y como ha sucedido con algunas investigaciones sobre la desamortización en México durante la segunda mitad del siglo XIX, las cuales han aplicado el vocablo de manera discrecional.

En ese sentido, el objetivo de este artículo consiste en conocer las posibles acepciones o matices regionales y temporales del término condueñazgo, así como las formas que adquirió y que imperaron en nuestro país en el transcurso del siglo XIX, con el fin de precisar su eventual significado en cada uno de los casos y, de ser posible, aportar algunos elementos para facilitar su análisis. Sin duda, en la medida en que se tenga clara su naturaleza jurídica se podrá entender mejor el funcionamiento del sistema agrario decimonónico en su conjunto, así como la lógica de la reconversión jurídica de la propiedad en los espacios regionales.

De este modo, en el primer apartado describo los sistemas de propiedad vigentes durante la Colonia y la segunda mitad del siglo XIX, con aclaraciones conceptuales y metodológicas. En el segundo apartado reviso algunas acepciones del vocablo condueñazgo y las posiciones de algunos investigadores respecto a la naturaleza jurídica de dicha figura. En un tercer apartado, intento hacer una taxonomía de los condueñazgos, englobándolos en tres grandes grupos. En el cuarto y quinto apartados analizo los casos promovidos por los gobiernos de los estados de Veracruz y de San Luis Potosí, por revestir particularidades especiales. Por último, en el sexto apartado trato de clarificar a qué clase de condueñazgos quiso referirse el Constituyente de 1917, cuando los declaró sujetos del reparto agrario.

El sistema de propiedad de la tierra durante el Siglo XIX

Para estar en condiciones de definir la naturaleza y el estatus jurídico de los condueñazgos, es decir, para saber si éstos configuraban o no un modelo de propiedad o si sólo se trataba de una de las múltiples formas de tenencia de la tierra que se dieron en nuestro país durante el siglo XIX, resulta metodológicamente imperativo contextualizar nuestro objeto de estudio en el marco conceptual. Para ello, es necesario precisar, en primer término, el sistema de propiedad agraria que estuvo vigente en ese periodo de la historia nacional, y, una vez identificados los regímenes de los que se componía, determinar en cuál o cuáles de ellos se ubicaba.

Sin embargo, en ese rubro existe un vacío teórico que tanto el derecho como la antropología y la sociología siguen sin cubrir, pues hasta la fecha se carece de una formulación universalmente aceptada sobre el sistema de propiedad agraria reconocido por la ley en el siglo XIX. Cierto es que muchos describen diversos modelos de propiedad refiriéndose a ellos de manera específica y aislada, pero muy pocos se han atrevido a caracterizarlos y casi nadie ha intentado elaborar una propuesta que los integre sistemáticamente, es decir, en tanto conjunto ordenado de figuras jurídicas propietarias que se encuentran interrelacionadas y que interactúan entre sí.¹ Ello fuerza a construir una propuesta que -por esquemática que resulte- nos permita asir o localizar de manera jurídica la figura de los condueñazgos.

Desde el punto de vista de la propiedad, el siglo XIX debe dividirse en antes y después de 1856-1857. Ello obedece a que esos dos años del periodo de Reforma marcan la transición formal del sistema de propiedad rústica heredado de la Colonia a uno de propiedad bimodal acorde con los principios liberales en boga, mismo que perduró hasta comienzos del siglo XX. Esta circunstancia obliga a fragmentar el análisis y dificulta su exposición en virtud de la problematización que se requiere efectuar respecto de los dos marcos jurídicos.

En la lógica de la propiedad como relación social en permanente construcción, y de su efectiva traducción en relaciones de explotación cuyo carácter mutable es inherente a una sociedad en constante movimiento -como claramente explica Rosa Congost-, se entiende que los modelos de propiedad de un sistema agrario constituyen sólo los derechos de propiedad reconocidos en los textos legales, a la luz del enfoque hegemónico (estatista, liberal) que prioriza la protección a ultranza de determinadas formas de tenencia, lo cual no quiere decir que sean los únicos existentes. Hay derechos de propiedad no reconocidos en las leyes, pero ejercidos en la realidad mediante diversas modalidades de tenencia, no por ello menos legítimos; incluso, “los derechos de propiedad pueden cambiar y evolucionar aunque no cambien las leyes”.²

No obstante, para efectos prácticos -sin que ello quiera decir que esté de acuerdo con la postura que sacraliza la propiedad, concibiéndola como una categoría absoluta inmutable y que sobreprotege la propiedad privada-, utilizaré como herramienta metodológica el enfoque conceptual que la citada autora califica de estatista o lineal, según el cual las formas de propiedad de un sistema agrario son sólo aquellas que están reconocidas en la ley.

Dicho lo anterior, cabe señalar que se concibe al sistema agrario como el conjunto integral de relaciones de hecho y derecho que establece el hombre respecto a la tierra. Esto es, el conjunto de formas legales y extralegales -en permanente mutación- bajo las cuales se posee materialmente la tierra en un momento histórico y en una formación social determinada.

Todo sistema agrario abarca tanto el sistema de propiedad como las formas de tenencia de la tierra. El primero comprende el conjunto de regímenes de propiedad reconocidos en la ley (modelos o tipos) y los modos en los que puede transmitirse su dominio, uso y usufructo; las segundas, por su parte, se refieren a la multiplicidad de prácticas concretas que, sin hallarse necesariamente consagradas en los textos legales, se llevan a la práctica día a día en el campo. Así, tanto las primeras como las segundas se encuentran interrelacionadas e interactúan, sin que la diferencia de estatus jurídico implique incompatibilidad ni exclusión; por el contrario, formas de propiedad y formas de tenencia se complementan.³

Una vez aclarada la tesitura del enfoque estatista o liberal, parto de que los sistemas de propiedad se encuentran plasmados en la ley. Es ésta la que los crea y configura, estatuyendo reglas específicas a las cuales quedan sujetos los tipos de propiedad que consagra, de manera que -en tanto fuente formal- es ahí donde se debe buscar su estructura y orientación. En cambio, las formas de tenencia de la tierra pueden o no estar contempladas en la ley, situación que las invisibiliza y complejiza su identificación, lo cual obliga a diversificar el tipo de fuentes.

Por ello, mientras que para el estudio del sistema de propiedad es menester remitirse a las disposiciones legales vigentes en la época de la cual se trate, para la identificación de las formas de tenencia de la tierra regularmente se requiere de investigaciones empíricas que ayuden a ubicarlas y a entender su funcionamiento.

Se trata de dos dimensiones diferentes las cuales interactúan entre sí. Una, de carácter formal, que emana de normas jurídicas determinadas y constituye la base legal de los sistemas agrarios, y otra, de carácter informal, construida a partir de las prácticas concretas, misma que se complementa con la primera para integrar la matriz general agraria imperante en un contexto histórico determinado. En tales circunstancias, es claro que la mejor comprensión de todo sistema agrario requiere del adecuado conocimiento de ambas dimensiones. Cabe decir que no es posible estudiar una sin atender la otra, pues se corre el riesgo de parcializar la visión.

Lo anterior resulta válido para toda la historia de México, pero, en especial, para el periodo colonial, lapso en cuya mayor parte prevaleció un concepto de propiedad en construcción permanente, junto con numerosas modalidades de tenencia, las cuales variaban de región a región y eran adoptadas indistintamente por los habitantes de la Nueva España (mayorazgo, condueñazgo, cacicazgo, terrazgo, cofradiazgo).

Como se sabe, al ocurrir la Conquista, las normas aplicables en materia de tierras en la península ibérica estaban condensadas básicamente en la denominada Ley de las Siete Partidas. Dicho ordenamiento databa de finales del siglo XIII, por lo que respondía más a las nociones de la propiedad feudal que a las concepciones posteriormente retomadas de la propiedad romana. En ese sentido, aunque sólo reconocía la existencia de los modelos de propiedad privada, comunal y eclesiástica, formulaba una diferenciación clara entre lo que pertenecía al rey como persona privada y lo que correspondía al reino (ley ii, título xvii, p. 1).⁴ Ello permite comparar válidamente algunos rasgos y funciones de esto último con el ager publicus romano, simiente de la actual propiedad pública.

En ese contexto, en términos estrictamente jurídicos, durante la Colonia lo pertinente es visibilizar un sistema de propiedad compuesto por cuatro géneros o modalidades básicas, a saber: el de la Corona, el privado, el comunal y el eclesiástico. Sin embargo, tampoco es incorrecto englobar los dos últimos modelos mencionados (como subgéneros) dentro de un género al que se califica de propiedad corporativa, denominación con frecuencia utilizada en el medio de los historiadores, desde donde el sistema colonial de propiedad sólo se compone de tres modelos.

En este tenor, a inicios del siglo XIX, el sistema de propiedad rústica se conformaba con la propiedad de la Corona (transformada en propiedad pública con el gobierno nacido de la Independencia), compuesta de los bienes del dominio público (de uso común y de universidad) y de los bienes patrimoniales (salinas, minas, baldíos, demasías). En un segundo género se ubicaba la propiedad privada, cuya clasificación se dividía en individual (unipersonal y en copropiedad) y societaria (civil y mercantil), mientras que en un tercer género se situaba la propiedad corporativa, subdividida en civil (pueblos y municipios) y eclesiástica (órdenes religiosas).

A partir de 1856, las corporaciones civiles y religiosas de carácter perpetuo fueron privadas de la capacidad jurídica de la que gozaban para ser dueñas de tierras, lo que les impidió, en lo sucesivo, ser titulares de derechos de propiedad inmueble de cualquier índole (con excepción de los estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines). En consecuencia, el sistema de propiedad se redujo en forma abrupta a sólo dos modelos: el público (para entonces, de la Nación) y el privado (con rasgos más liberales que los de antaño). Dicho sistema fue derogado por la Constitución Política de 1917, la cual puso en vigor un sistema de propiedad trimodal y de tendencia social.

De acuerdo con lo anterior, aunque el condueñazgo hubiera configurado una forma de propiedad per se o solamente una de las numerosas modalidades de tenencia de la tierra dadas en la práctica, éste necesariamente debió encuadrarse dentro de cualquiera de los dos sistemas agrarios mencionados, según la época de la que se hable.

Origen y acepciones del vocablo condueñazgo

Todo indica que el término condueñazgo comenzó a ser usado pragmáticamente durante la Colonia como una manera de designar a la copropiedad. A semejanza del derecho romano, en el texto de la legislación indiana sólo se reconocía en forma expresa la propiedad privada individual de carácter unipersonal, aun cuando las relaciones jurídicas de la copropiedad estaban tácitamente reguladas. Lo que sí existía en la legislación era el vocablo codueños, a partir del cual fue acuñado el de condueñazgo, al parecer, ante la necesidad práctica de denominar la figura integrada por éstos.

Al respecto, Figueroa Tarango expresa que, semánticamente, la palabra condueñazgo se originó en una figura importada de España, como lo fue mayorazgo, vocablo que -afirma- no contemplan en la actualidad los diccionarios.⁵ Es posible que dicha consideración sólo aplique al caso de la copropiedad, pues con el nombre de condueñazgo nunca existió ninguna figura jurídica reconocida en la legislación española ni en la indiana. Después de pactada la Independencia, el término se mantuvo ausente de la legislación, aunque su uso ordinario perduró.

Desde el punto de vista semántico, el vocablo da una idea aproximada de su significado general; de este modo, se puede decir que la palabra condueñazgo era utilizada como adjetivo para referirse, lato sensu, a todos aquellos bienes inmuebles tenidos en propiedad privada de manera conjunta por un grupo de individuos que gozaban de la calidad de condueños. Desde esta acepción, dicho concepto expresaba simplemente una cualidad jurídica del inmueble, pero no daba ninguna idea respecto a la eventual configuración de un modelo de propiedad.

Las complicaciones surgen cuando se pretende utilizar el término condueñazgo como sustantivo, toda vez que se calificaba como tal a figuras que variaban de un lugar a otro y podían ser adoptadas con propósitos dispares, como lo explico más adelante. Ello es causa de que no parezca viable construir una sola noción que abarque todas las modalidades de tenencia que pudiera haber revestido esta figura en el escenario nacional durante el siglo XIX. De cualquier forma, esto no quiere decir que no sea factible trazar las coordenadas generales dentro de las cuales se puedan desplazar sus posibles connotaciones.

Al respecto, se cuenta con un cúmulo de investigaciones de orden histórico, sociológico y antropológico, que -aunque no tan numeroso como se quisiera- sirve de apoyo para adentrarse de alguna manera en el tema. El acervo del que hablo permite diferenciar a aquellos autores que consideran al condueñazgo como una forma de propiedad en sí misma, de otros que lo catalogan como una de las modalidades de la propiedad privada a la sazón vigentes, a saber: la individual, la copropiedad o la societaria.

Entre los investigadores que ven al condueñazgo como forma de propiedad en sí misma, debe citarse, en primer lugar, a McCutchen McBride, quien lo definió como una “propiedad conjunta”, muy común en nuestro país, a la que consideró como una de las clases de la propiedad colectiva en México.⁶ Por su parte, Quezada lo cataloga como una suerte de híbrido o algo intermedio, puesto que cuenta con elementos de la propiedad privada y de la comunal.⁷ Disiento de ambos criterios, pues, para que un modelo de propiedad tenga existencia jurídica (en términos de la legislación occidental), debe estar reconocido en la ley, condición sine qua non que no se cumple en este caso. De otro modo, no se pasa de meras formas de tenencia de la tierra.

Sin duda, el bloque de quienes consideran al condueñazgo como una modalidad de la propiedad privada es el más nutrido y, a la vez, el que presenta una gama más amplia de posturas. Así, por ejemplo, Aguilar Robledo lo ve como un modelo transitorio de este tipo,⁸ y Gutiérrez Rivas lo define como “una forma de propiedad privada manejada de manera comunal”.⁹ Si bien ninguno de los dos aclara de qué tipo se trata, sus definiciones parecen sugerir que hablan de una modalidad de la propiedad privada distinta de las conocidas.

Por su parte, Patricia Moctezuma considera que los condueñazgos constituyen una copropiedad privada y una manera colectiva de explotar y poseer la tierra en un marco corporativo;¹⁰ asimismo, Kourí los define como “copropiedades por acciones”,¹¹ mientras que Escobar Ohmstede y Gutiérrez Rivas expresan que éstos se presentan en ocasiones como una copropiedad¹² y en otras como una propiedad societaria,¹³ según el periodo histórico y la región donde se ubique, conclusión con la que coinciden diversos autores. Incluso, Bárcenas Argüello y Palerm Viqueira adoptan una postura ecléctica y lo definen de manera interesante: como una “sociedad privada de accionistas copropietarios”.¹⁴

En un tercer grupo, Molina Enríquez ve el condueñazgo como una propiedad privada individual de origen mercedado, cuya tenencia se atomizó por medio de numerosos actos traslativos de dominio, cristalizados sucesivamente en el transcurso de los años, sin haberla regularizado en ningún momento.¹⁵ Cabe señalar que diversos autores reconocen esta situación jurídica concreta como una forma específica de condueñazgo.

Es menester advertir que la disparidad de los criterios mencionados no significa necesariamente que se contradigan ni que hayan sido producto de observaciones desenfocadas. Antes bien, resultan válidos para la realidad o el caso concreto a que cada estudio atañe, situación que corrobora la diversidad del uso del término. Es decir, sus conclusiones son correctas en la medida que puedan aplicarse en el contexto estricto de su respectivo objeto de estudio, lo cual es de gran ayuda para identificar el perfil de las especificidades, base que será de gran utilidad para deducir las generalidades.

Vista la heterogeneidad de sus usos o aplicaciones, es válido anticipar que el vocablo condueñazgo representa la denominación genérica con la que se conoció a varias modalidades de tenencia del régimen de propiedad privada durante el siglo XIX, cuyo común denominador era que los bienes pertenecían a -o eran poseídos por- más de una persona, es decir, por grupos de individuos, sin que hubiera llegado a encarnar en ningún momento un modelo específico de propiedad agraria en sí mismo.

Las formas de los condueñazgos

Sin haber llegado a constituir en ningún momento un género de la propiedad inmueble rústica, el condueñazgo fue una forma de tenencia de la tierra invariablemente ligada a las modalidades de la propiedad privada (individual y societaria), y dentro de éstas, a sus respectivas submodalidades, siempre desvinculada de las otras formas de propiedad del sistema agrario colonial y del México independiente, sobre todo después de la Reforma, lapso en el que el sistema de propiedad sólo reconoció la pública y la privada. Si antes del periodo comprendido entre 1856 y 1857 no hubo identidad ni relación alguna entre los condueñazgos y las propiedades de la Iglesia y de los pueblos, después de ahí, menos.

En efecto, si bien la integración de condueñazgos en cualquiera de sus formas respondió a móviles diversos -según se tratase de la época y de la región-, en todos los casos configuró una práctica articulada a las modalidades de la propiedad privada del momento imperante (la individual y la societaria), por lo que asumió sus distintas formas jurídicas:

Las fuentes historiográficas existentes dan cuenta de que la “condueñización” fue un fenómeno que, por diferentes circunstancias, se generalizó en todo el territorio nacional durante el siglo XIX, y que, independientemente de las causas específicas y sin ninguna excepción, estuvo siempre vinculado a las modalidades de la propiedad privada antes citadas, unas veces como mecanismo de individualización de propiedades comunales indivisas, y otras para conservar integradas propiedades privadas formalmente individuales.

Los condueñazgos/sociedades agrícolas veracruzanos

En el estado de Veracruz, la historia de la desamortización poscolonial comenzó el 22 de diciembre de 1826, con la expedición del Decreto número 39 por parte del Congreso local, cuyo texto ordenó la repartición de las tierras comunales de los pueblos y de los terrenos baldíos. Dicho decreto casi no tuvo aplicación práctica sobre las primeras, debido a la inseguridad pública e indefinición política que reinaron en las décadas inmediatas a la Independencia, pero también a que las comunidades indígenas se opusieron resueltamente al fraccionamiento de sus terrenos.

Más aún, no sólo no pudo avanzarse en la privatización de las tierras comunales, sino que es posible que hasta se haya retrocedido, pues -como mencioné páginas atrás- durante la primera mitad del siglo XIX y hasta 1870 se registró un periodo de expansión de las áreas comunalizadas debido a que varios grupos indígenas del norte del estado adquirieron tierras en copropiedad.⁶¹ Éste es el tipo de condueñazgo al que Escobar Ohmstede y Gordillo califican de voluntario.

Ya en la segunda parte del siglo XIX -pasada la efervescencia inicial desencadenada durante los primeros meses posteriores a la publicación de la Ley del 25 de junio de 1856 (o Ley Lerdo)-, las cosas entraron en una suerte de impasse debido a los sucesos armados en los que se enfrascó el país durante más de una década (Guerra de los Tres Años e Intervención Francesa). Una vez restaurada la República, ante el magro avance del fraccionamiento, asignación individual y privatización de las tierras comunales en la entidad, el gobierno del estado de Veracruz decidió reactivar la desamortización, sobre todo ante la urgencia de ampliar sus ingresos fiscales.⁶²

Con ese propósito, el 17 de marzo de 1869, dictó el Decreto número 152, mediante el cual se ordenó la subdivisión obligatoria de las tierras de los pueblos, estableciendo para tal efecto un plazo perentorio de seis meses so pena de ser reducidos a propiedad pública y destinados a la colonización.⁶³ De acuerdo con Kourí, debido a que las comunidades indias carecían de categoría legal, el fraccionamiento de las tierras se encargó a los gobiernos municipales, además de que el beneficio del reparto no se limitó a los indígenas.⁶⁴

Dicho decreto tuvo un mínimo eco, de manera que el gobierno del estado decidió modificar su estrategia y optó por suavizar su política, intentando hacerse en propiedad societaria lo que no podía privatizar en propiedad individual. De esta suerte, por el Decreto número 68 del 2 de julio de 1874, se dispuso:

Art. 3o.- En los lugares en donde se presenten graves inconvenientes para la división de los terrenos de comunidad, en tantas fracciones en cuantas sean los agraciados, podrá el Ejecutivo dentro del plazo que prefija el decreto número 33 de 27 de diciembre de 1873, autorizar el repartimiento en lotes que comprenderán a determinado número de dueños.

Con esa base legal, el gobierno de la entidad se dio a la tarea de intensificar las acciones descomunalizadoras en forma masiva, poniendo en marcha un programa de regularización de la tenencia de la tierra sustentado en la operación de comisiones deslindadoras, las cuales, luego de medir y delimitar los predios, organizaban su asignación a grupos específicos de indígenas integrados en sociedades, mediante un procedimiento que culminaba con la expedición de títulos o acciones que acreditaban derechos de usufructo sobre la tierra (no de propiedad).⁶⁵ Éste es el tipo de condueñazgos al que Escobar Ohmstede y Gordillo califican de forzoso y a los cuales habría que añadir los traducidos en propiedades unipersonales formados en el sur de la entidad.

Victoria Chenaut refiere la ejecución de un proyecto regional de desamortización y privatización de las superficies comunales de los indígenas totonacos en la región de Papantla, Veracruz, llevado a cabo por el gobierno del estado, el cual implicó un amplio proceso de medición, deslinde, delimitación y asignación de tierras. Éste se tradujo en la división de los terrenos en 25 grandes lotes o condueñazgos, en cada uno de los cuales se localizó un área especial para el asentamiento poblacional. Los titulares de cada lote fueron organizados en sociedades accionarias, y la tierra fungió como aportación al capital social constituido.⁶⁶

De acuerdo con la autora, los títulos o acciones individuales estaban en el mercado, de modo que podían transferirse al mejor postor. Ello quiere decir que, aun cuando lo que se transmitía no era la propiedad, sino porcentajes determinados de la misma, ésta se traducía en espacios específicos individualizados, situación que propiciaba el acaparamiento de acciones y, con ello, la concentración de tierras, aunque la propiedad se mantuviera indivisa.⁶⁷

Es claro que esta clase de sociedades agrarias constituía personas morales con personalidad jurídica propia y capacidad legal para ser propietarias de tierras. Por tal motivo, al transmitirse las superficies comunales a éstas, los inmuebles que hasta ese momento habían sido del común del pueblo se transformaban automáticamente en propiedades privadas societarias, y se volvían parte del patrimonio de las mismas. Como se advierte, mientras que las sociedades agrícolas⁶⁸ -ligadas a los condueñazgos- eran figuras asociativas constituidas de manera voluntaria por sus socios para la administración de copropiedades, las sociedades agrarias -en el estado de Veracruz- eran constituidas con carácter forzoso (por mandato legal) para asignarles las tierras comunales en concepto de propiedad privada.

Considerando que el gobierno del estado de Veracruz promulgó su propio código civil en 1868 (dos años antes que el federal), la legislación aplicable en materia de sociedades desde 1824 hasta ese año seguía siendo la de las Siete Partidas. Éstas sólo contemplaban a la sociedad civil, figura regulada en los términos comentados en el apartado del condueñazgo societario. Con la promulgación del Código Civil del estado de Veracruz, a este tipo de sociedad se añadió la asociación civil; sin embargo, ésta no resultaba apta para el uso que se pretendía dar al fraccionamiento y la transferencia de las tierras.

Por su parte, si se trataba de sociedades mercantiles, en dicha entidad federativa se aplicaba el Código Lares, ordenamiento en el que la única figura adecuada para el manejo de tierras era la sociedad por acciones. Por tanto, al no haber otra alternativa, las sociedades agrarias nacidas en este proceso fueron integradas conforme a las reglas de la legislación civil o mercantil señaladas, lo que en cualquier caso convertía las tierras en propiedades societarias.

Así, la formación de sociedades no sólo encarnó una estrategia de resistencia desarrollada voluntariamente por los pueblos (indígenas y mestizos) para la conservación indivisa de sus tierras comunales, sino también -irónicamente- lo contrario, una estrategia de la que se valió el gobierno estatal para inducir la individualización y privatización de los terrenos, pues al mantenerse indivisos los grandes predios, daba la impresión de que seguían bajo el régimen de propiedad comunal, cuando legalmente no era así.

Como consecuencia, así como hubo condueñazgos integrados por iniciativa de los vecinos de los pueblos, cuya formación permitió la recreación de prácticas comunitarias e incluso la eliminación “de la injerencia del gobierno municipal de las cabeceras políticas en la administración del territorio de las sociedades agrícolas”,⁶⁹ después de 1874 los condueñazgos fueron constituidos de manera obligatoria para hacer que se cumpliera con las disposiciones privatizadoras de las tierras comunales. Sin embargo, cabe observar que esta imposición no necesariamente significó rompimientos internos, pues hubo casos en los que los condueñazgos contribuyeron a mantener la cohesión social de las comunidades.⁷⁰

Todo indica que los condueñazgos voluntarios adoptaban la forma de la copropiedad y formaban sociedades colectivas para su administración, mientras que los de tipo forzoso provenían de la constitución de las figuras asociativas civiles (sociedad civil) y mercantiles (sociedad por acciones), pero, en cualquier caso, se trataba de propiedades privadas de carácter societario. En el estado de Veracruz, durante el último tercio del siglo XIX, esta designación se aplicó sólo a las figuras resultantes de la privatización societaria de los bienes de las comunidades indígenas.

Los condueñazgos (sociedades agrarias) potosinos

El caso de los condueñazgos que poblaron el oriente del estado de San Luis Potosí, más precisamente en la región conocida como Huasteca potosina, merece también ser comentado aparte, pues, a diferencia de lo acontecido en el estado de Veracruz, donde la condueñización configuró un fenómeno ligado a la copropiedad y a la propiedad societaria, en San Luis Potosí su origen se ubica en cuestiones concernientes a la propiedad privada individual de carácter unipersonal. Por ello, en ningún caso involucró la privatización de tierras mancomunadas, ni su constitución fue consecuencia de la búsqueda de espacios en los cuales reproducir prácticas comunales, así como tampoco fueron siempre resultado de la instrumentación de políticas gubernamentales.

De acuerdo con Aguilar Robledo, en esta entidad la condueñización tuvo dos fuentes: la primera fueron las propiedades privadas transmitidas generacionalmente por distintas vías y entre numerosos tenedores sin haber sido regularizadas, lo que configuró condueñazgos de hecho, cuyos propietarios se pusieron de acuerdo a partir de la segunda mitad del siglo XIX para funcionar de manera organizada; la segunda fuente se originó en propiedades que diversos grupos o individuos adquirieron por parte del gobierno del estado, mediante compraventas o remates. Ambos casos, según el autor, podían “derivar, debidamente protocolizados, en sociedades agrarias”.⁷¹

De conformidad con Aguilar Robledo, dichos condueñazgos se reprodujeron en un área focalizada de la Huasteca potosina, lo cual representa poco más de 7 por ciento de la superficie de la entidad, cuyas características geográficas y demográficas fueron clave para su formación, con una dimensión promedio de alrededor de 8 mil hectáreas, en su mayoría en manos de grupos de no más de 15 copropietarios. Lo más importante, sin embargo, es que se les calcula una duración de medio siglo,⁷² computado a partir de su funcionamiento -y, a veces, formalización- como sociedades, hasta el inicio de su disolución, incentivada por el gobierno en los albores del siglo XX.

Retomando las conclusiones de varias investigaciones sobre el tema en el estado de San Luis Potosí, Fajardo Peña identifica las siguientes características de los condueñazgos:

[…] se formaron a partir de la indivisión de grandes propiedades que existieron en los siglos XVII y XVIII; los linderos internos no estaban totalmente definidos; la cantidad de terreno que utilizaba cada accionista no correspondía a la cantidad de la que era propietario (lo que va a definir esto es la cantidad de recursos de que disponga para invertir); cada accionista podía utilizar cualquier parte de la propiedad, siempre y cuando no afectara a otros; se podía comprar derechos o acciones de diversa proporción; los condueños dependían de la mano de obra indígena; dentro del condueñazgo había poblados de indígenas que pagaban renta por el uso del suelo (en especie o en trabajo) […] Por último, las tierras que abarcaron algunas de estas propiedades pertenecieron a las órdenes religiosas.⁷³

Merced a la indefinición específica de la superficie que a cada individuo correspondía, los condueños podían ocupar distintos terrenos por año, lo que facilitaba la práctica inmoderada de la roza-tumba y quema. Los bajos niveles de productividad y la grave depredación de los recursos que dicho sistema causaba generaron acerbas críticas contra los condueñazgos, lo que obligó al gobierno del estado a buscar su liquidación.

Aguilar Robledo ha catalogado esta clase de condueñazgos como “una forma transitoria de propiedad privada proindivisa-formalizada o no por acciones”.⁷⁴ Tal enfoque hace necesario analizar las dos formas a las que el autor se refiere, a saber, los condueñazgos “como resultado de una acción deliberada o como consecuencia del peso acumulado de la indivisión”,⁷⁵ clasificación que encaja con la distinción de las sociedades agrarias que también hace el autor, al dividirlas en formales e informales.

Respecto a los condueñazgos comprendidos en el primer caso, es decir, los que devienen de su falta de regularización histórica, puede afirmarse que éstos no dejaron de constituir propiedades privadas individuales de orden unipersonal, pues sus condueños no podían convertirlas en propiedades societarias -ni de ningún tipo- porque se encontraban en una condición jurídica que les impedía disponer del dominio de las tierras y transformar su régimen legal. No obstante, tenían autorizado organizarse en sociedades para su explotación, circunstancia que dio lugar a sociedades agrarias informales, en las cuales las “acciones” y sus correspondientes derechos, obligaciones y funciones no estaban claramente delimitados.⁷⁶

El segundo caso -el de los condueñazgos inducidos o producto de una acción deliberada- resulta más complejo, pues, de acuerdo con los indicios que ofrece Aguilar Robledo, se originaban en acciones concretas de constitución de propiedades societarias, las cuales eran promovidas desde la esfera gubernamental mediante la venta de tierras pertenecientes a sociedades por acciones ya organizadas. A éstas, el autor las denomina sociedades agrarias formales, y en ellas “los accionistas se distinguían con toda claridad, e inclusive […] había un cuerpo directivo que representaba los intereses de los condueños-accionistas”.⁷⁷

De acuerdo con Aguilar Robledo, la composición accionaria del condueñazgo lo hacía equivalente a una sociedad agraria, donde cada “accionista” fungía como miembro de pleno derecho, en función del número de acciones que tuviera. De ser así, estaríamos frente a la típica propiedad societaria que se regula bajo las normas del derecho mercantil, y no frente a una clase de propiedad per se de carácter transitorio. Si bien ello hace disentir con el citado autor, permite apreciar que se trata de una forma de condueñización distinta a la analizada en los otros apartados.

Ciertamente, la condueñización societaria impulsada desde el gobierno local durante la segunda mitad del siglo XIX no fue privativa del estado de Veracruz, sino que también se vio en el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, mientras que en el primero tuvo por finalidad avanzar en la desamortización mediante la conversión de las tierras comunales de los pueblos al reducirlas a propiedad privada -lo que afectó sobre todo a indígenas-, en San Luis Potosí fue producto de la política estatal de venta de tierras -al parecer, públicas- a los particulares, para integrarlos en figuras asociativas que apenas rebasaban la docena de socios, por lo que beneficiaba mayormente a mestizos.

Como lo comenté, antes que estimular el aumento de la producción, esta política desamortizadora alentó el ausentismo de los condueños, las prácticas de acaparamiento de tierras, la transmisión atomizada del usufructo y la explotación del trabajo indígena, todo lo cual terminó por llevarla al fracaso y por convencer al gobierno del estado de promover su disolución y liquidación en el ocaso del Porfiriato.

Los condueñazgos en la constitución de 1917

El vocablo condueñazgos fue plasmado textualmente en la fracción vi del artículo 27 de la Constitución Política Federal, promulgada el 5 de febrero de 1917, sin que la Ley Preconstitucional del 6 de enero de 1915 contuviera ningún pronunciamiento o alusión equivalente y sin que en el seno del Constituyente de Querétaro hubiese surgido debate alguno respecto a la inclusión de dicho término cuando se presentó la iniciativa correspondiente, misma que quedó redactada de la siguiente forma:

Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que les haya restituido o restituyere conforme a la Ley del 6 de enero de 1915, entretanto la ley determinará la manera de hacer el repartimiento únicamente de las tierras.

Como se observa, los condueñazgos fueron homologados a los pueblos, las comunidades y las rancherías, de modo que a todos se les confirió constitucionalmente el rango poblacional de asentamiento campesino con derecho a la tierra (o capacidad agraria colectiva), como si todas esas categorías fuesen del mismo tipo. Este trato uniforme representa una señal inequívoca de que en el Constituyente no reinaba mucha claridad en torno al tema.

Tal situación se constató a finales de ese año, cuando, durante los trabajos de dictamen de la Iniciativa de Ley Agraria -específicamente en la sesión del 18 de diciembre de 1917-, el término condueñazgos fue objeto de fuerte debate en el seno del Congreso de la Unión, debido a que el proyecto lo suprimía dentro del conjunto de núcleos poblacionales a los que se les otorgaba el derecho de ser dotados de tierras. Los redactores del proyecto alegaban que los “condueñazgos” quedaban comprendidos dentro del concepto comunidad: “La Comisión no confunde los términos, la Comisión reconoce este hecho: que toda tribu en México existe a título de pueblo, congregación, condueñazgo o comunidad”.⁷⁸

Dicha declaración evidencia que la Comisión Redactora del proyecto de ley agraria no tenía mucha claridad respecto al concepto de condueñazgo. De manera paradógica, en su confusión hizo lo correcto al suprimir su mención literal en la legislación reglamentaria elaborada.

El diputado de apellido Cámara, representante del Congreso de la Unión por el estado de Tabasco, insistió en que debía mantenerse el término en la iniciativa de ley que se discutía, en primer lugar, porque debía respetarse el texto del artículo 27 constitucional, y, en segundo, porque:

Los condueñazgos no son precisamente las comunidades; los condueñazgos, según lo que tengo visto en mi distrito electoral, se constituyen en esta forma: muchos indígenas se juntan, se asocian con el objeto de comprar u obtener un terreno; una vez que están de acuerdo, nombran un representante, el que hace las gestiones respectivas ante la autoridad correspondiente. Obtenido el terreno, trabajan todos el terreno en mancomún; ciertamente; pero esos individuos no viven allí y, por lo tanto, no constituyen rancherías en la forma que lo indica el C. Vadillo. En el pueblo de San Carlos, de la municipalidad de Macuzpana, donde viven seis mil indios hay esta clase de tierras que se llaman condueñazgos; los indígenas no viven allí sino en la población, y solo van a trabajar en el terreno, de tal manera que no hacen más construcciones que las necesarias para los trojes y otros usos a fin de colectar las cosechas. Esos terrenos constituyen realmente los condueñazgos, puesto que en mancomún se disfrutan, pero sin que vivan allí los indígenas. Tienen derechos adquiridos, son condueños del terreno.⁷⁹

Por la forma en que el legislador citado describe los condueñazgos, es claro que se trataba de copropiedades de carácter privado que se conservaban indivisas y en manos de indígenas, más que del asiento de tribus o de congregaciones poblacionales. Para complementar su idea, el mismo diputado tabasqueño expresó:

La comisión dice que la palabra “comunidad” abarca también la de “Condueñazgo”, y la Comisión está en un error. Las Comunidades ciertamente, pueden constituir unas rancherías, para que se constituyan las rancherías es necesario que los que viven en el terreno, que los que poseen el terreno tengan allí sus habitaciones, tengan allí sus familias; esos terrenos pueden constituir rancherías o comunidades, puesto que en mancomún y sin fijar derechos limitados a cada individuo todos viven sin que absolutamente se tenga en cuenta cuál es el derecho de que cada uno disfruta. En el condueñazgo sucede lo contrario, porque cada quien sabe que tiene un derecho adquirido, un derecho limitado y, por consiguiente, pueden ellos mismos fijar el límite del terreno de que cada quien debe disfrutar.⁸⁰

El aludido representante popular estaba convencido de que los condueñazgos no constituían comunidades, pero, al parecer, esta actitud se derivaba sólo de la intuición, ya que se confundía al intentar describir de qué clase de figura legal se trataba, pues más que identificarlos con las comunidades emergentes (o comunidades rancherías) para fundamentar jurídicamente su postura, los parangona en unos aspectos con las copropiedades y en otros más con las propiedades societarias, sin que sea posible ubicar de manera clara la modalidad de tenencia de la tierra que intentó describir.

Al final, la polémica entablada resultó infructuosa, en virtud de que el referido proyecto de ley nunca fue aprobado por el Congreso. Sin embargo, dicho debate no influyó mucho en quienes sucedieron a los legisladores de Querétaro, ya que el término condueñazgo se mantiene en el Reglamento Agrario publicado el 18 de abril de 1922; en el Decreto que adiciona el del 17 de abril de 1922, publicado el 12 de agosto de 1924; en el Decreto que deroga el del 23 de abril de 1925, publicado el 13 de junio de 1925, y en el Reglamento para el funcionamiento de las autoridades agrarias en materia de restituciones y dotaciones de agua, publicado el 7 de mayo de 1926, situación que se mantuvo hasta 1934, este último año en el que se modificó el texto del artículo 27 constitucional y se sustituyó el casuismo por la locución general núcleos de población. Después de ahí, el término condueñazgos no vuelve a aparecer en la posterior legislación de la materia.

No obstante, la falta de claridad del Constituyente de 1917 ha trascendido el tiempo, al grado de que continúa siendo motivo de confusiones, como se aprecia en la siguiente definición:

Condueñazgo.- Extensión de tierras aprovechadas o poseídas en común por un grupo de propietarios, que no tienen el carácter de socios. Desde la creación de la Ley del 6 de enero de 1915, se comprendió como sujeto de dotación y restitución al condueñazgo por ser un núcleo de población que disfrutaba la tierra en forma comunal.⁸¹

Ahora bien, más allá de que el Constituyente de Querétaro hubiese o no incurrido en confusión, ello no significa que los miembros de algunos condueñazgos no tuviesen derecho a reclamar la restitución o confirmación de sus tierras, sobre todo los de composición indígena e integración forzada, para volver a ser comunidades agrarias reconocidas por el régimen político emanado de la Revolución y recuperar el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable del que antaño gozaron.

Como puede percatarse el lector, sólo cuando a la distancia se logra apreciar más o menos diáfanamente el funcionamiento, la dinámica y la lógica que imperaban en una estructura agraria en un momento histórico determinado, es posible entender un poco mejor el tamaño del desafío y los problemas a los que se enfrentan quienes son responsables de buscar las fórmulas adecuadas para viabilizar en los hechos los cambios ordenados por las leyes a los sistemas de propiedad, como ocurrió a partir de 1857, 1917 y 1992, se esté o no de acuerdo con la orientación de dichos cambios.

Conclusiones

Luego del recorrido y la revisión efectuada, se puede afirmar que durante el siglo XIX el vocablo condueñazgo fue un término usado de manera indistinta y coloquial en diferentes regiones del país para referirse -en general- a aquella clase de tierras cuya propiedad aparecía a la vista de todos como perteneciente a varias personas o grupos, quienes eran catalogados como condueños, sin que se quisiera hacer alusión a ningún tipo de propiedad agraria en especial.

El condueñazgo constituyó un concepto polivalente aplicado a situaciones jurídicas diversas que fue usado para efectos prácticos, de acuerdo con el contexto geográfico y temporal de que se tratase, circunstancia a la que se prestó el hecho de que -al igual que la copropiedad- nunca estuvo regulado en tanto modelo específico de la propiedad por ordenamiento jurídico alguno. De hecho, esa falta de regulación explica, en buena medida, la lasitud y discrecionalidad de su uso.

El vocablo condueñazgo se incorporó y se mantuvo en el texto original del artículo 27 de la Constitución Política desde su promulgación en 1917 hasta que fue reformado en 1934, con su reproducción en diversos ordenamientos de carácter reglamentario expedidos en ese lapso. Desde entonces, el multicitado término no ha vuelto a aparecer en el derecho positivo de nuestro país.

El condueñazgo no encarnó una forma de propiedad inmueble en sí misma, ni tampoco una figura asociativa legalmente reconocida, sino que sólo fue un epíteto apreciativo que se aplicó de manera arbitraria a distintas modalidades del régimen de propiedad privada, es decir, a la propiedad individual de orden unipersonal y en copropiedad y a la propiedad societaria (civil y mercantil). Desde esa perspectiva, sería factible hablar de tres modalidades distintas de condueñazgo: el copropietario, el societario (en dos modalidades) y el comunitario, esquematizados de acuerdo con el diagrama que aparece al final de este artículo.

En el primer caso, el cotitular era dueño de una parte proporcional pero indeterminada de las tierras, sin que el grupo de condóminos constituyera una persona jurídica distinta a la de cada uno de ellos. En la copropiedad, el derecho del conjunto de los condueños emanaba de un solo título, de un solo documento, representado por una escritura casi siempre protocolizada ante notario o fedatario público, misma que amparaba el derecho individual y proporcional de cada uno de los titulares -físicamente indeterminado y a partes iguales- sobre un inmueble específico.

En el segundo caso -el societario-, lo que al condueño le pertenecía era una acción, un derecho equivalente al tamaño de su aportación al capital o fondo social de la corporación (civil o mercantil), la cual gozaba de personalidad jurídica propia, distinta a la de los socios, y en donde se designaban áreas individualizadas y áreas comunes. Los condueñazgos de este tipo eran creados mediante acta constitutiva y cada socio acreditaba la titularidad de su derecho con una acción, la cual representaba no una propiedad o un terreno físicamente determinado, sino la parte proporcional del capital social que le correspondía a su tenedor en relación con el monto de su aportación.

En el tercer caso, el comunitario, el condueñazgo radicaba en la propiedad legal ejercida por un número indefinido de personas sobre espacios físicos claramente delimitados de una sola propiedad individual unipersonal, que, tras muchos años, se seguía conservando en estado irregular. En esta clase de condueñazgos, cada miembro era dueño en pleno dominio de un espacio específico, aunque en situación legal precaria.

Desde el punto de vista de su origen, los condueñazgos podían ser de facto y de jure (de hecho y de derecho). El primer caso se refería a situaciones concretas en las que la condueñización era producto de omisiones -pudiera decirse- ancestrales, las cuales daban lugar a un estado jurídico irregular. El segundo caso comprendía los condueñazgos emanados tanto de las copropiedades como de la integración de figuras societarias; en el primer bloque quedaban comprendidos los condueñazgos derivados de la transmisión continua, fragmentada e irregular de una sola propiedad privada de origen a lo largo de muchos años (por vía de la compraventa o de la sucesión testamentaria); mientras que, en el segundo, se inscribían la copropiedad y las sociedades agrícolas.

Para una mejor explicación, enseguida muestro un diagrama sobre las distintas formas de condueñazgo que hasta ahora se han identificado en nuestro país durante el periodo del que se habla.

En cuanto a los objetivos de su formación, éstos fueron diversos. Todo dependía de quién o quiénes promovían su integración: propietarios privados, vecinos de los pueblos, ayuntamientos y gobiernos estatales. Por tal razón, en ciertos casos, los condueñazgos fueron utilizados para mantener integrados y jurídicamente indivisos los terrenos de antiguos mayorazgos; en otros, como recurso de los pueblos para evitar el parcelamiento y privatización de las tierras comunales; en algunos más, como estrategia gubernamental para inducir al fraccionamiento de las tierras mancomunadas sin tener que llegar a la individualización, y, finalmente, como parapeto para eludir el reparto agrario del siglo XX.

Es muy importante tener claro el tipo de propiedad que en cada caso concreto se condueñizaba, ya que de ello dependían los móviles que los llevaron a su formación. Si se trata de los condueñazgos copropietario y comunitario, se está hablando de propiedades privadas que, al condueñizarse, se mantuvieron en ese mismo régimen; en cambio, que si se habla de los condueñazgos societarios, entonces se trata de propiedades comunales que fueron privatizadas, lo cual confiere a su conformación un significado y una valoración completamente distintos.

Fuente: elaboración propia.

Imagen 1 Régimen legal de los condueñazgos en México durante el siglo XIX 

Por ejemplo, no es lo mismo apreciar la adopción de este sistema como estrategia de resistencia adoptada por los grupos indígenas y vecinos de los pueblos en contra de la privatización individualizada de sus tierras, que como medio para la obtención de economías de escala y para abatir cargas fiscales por parte de los copropietarios de grandes explotaciones privadas. En el primer caso, por condueñización debe entenderse la conversión voluntaria de la propiedad comunal en propiedad privada societaria y en copropiedad, con la finalidad de mantener los predios comunales indivisos por considerarlos base material de su identidad; en el segundo, ésta constituye un recurso de propósitos meramente lucrativos.

Asimismo, considero pertinente recapitular el hecho de que los condueñazgos como sociedades agrícolas y como sociedades agrarias son figuras distintas, sobre todo porque a pesar de coexistir en el mismo espacio geográfico regional (la Huasteca), aunque en diferente demarcación político territorial (Veracruz y San Luís Potosí), constituyen figuras distintas que no guardan ninguna relación entre sí. En la sociedad agrícola, la condueñización se ligó a la copropiedad y a la propiedad societaria, mientras que en la sociedad agraria, se le vinculó de manera exclusiva a la propiedad privada individual de carácter unipersonal; sin embargo, quizá lo más importante es que las primeras implicaron la descomunalización y desamortización de tierras de los pueblos, y en algunos casos su integración obedeció a la búsqueda de espacios de identidad y comunalidad; en tanto que las segundas individualizaban grandes propiedades privadas (muchas de ellas de origen eclesiástico), por lo que sólo involucraban tierras que ya estaban en el mercado.

Ahora bien, más allá de la mera conceptualización teórica, no se puede soslayar la importancia de los condueñazgos en el contexto de las estrategias implementadas por los pueblos para hacer frente a las políticas gubernamentales de fraccionamiento y privatización de sus tierras, sobre todo en la Huasteca veracruzana, donde hábilmente se le utilizó para preservar su unidad territorial. Sin duda, en este caso, se convirtió en un instrumento de los pueblos para asegurar la conservación de espacios que permitieran el fortalecimiento de su comunalidad y la reproducción de usos, tradiciones y costumbres, prácticas que garantizaban la integración de sus miembros en torno al núcleo comunal al que pertenecían.

Para terminar, debo hacer hincapié en que sólo el estudio de la realidad regional específica es lo que dará la pauta para identificar el tipo de condueñazgo ante el cual eventualmente se pueda uno enfrentar en el trabajo de investigación empírica, máxime que su significado -al igual que el de las sociedades- podía variar con suma facilidad, incluso en regiones geográficamente contiguas. Tanto así que, como se vio, hasta el Constituyente de Querétaro de 1917 incurrió en un involuntario desliz.

Con todo, no puede dejar de reconocerse el significativo y plausible esfuerzo de los historiadores que han estudiado los condueñazgos en años recientes, gracias a cuyas investigaciones fue posible identificar y escudriñar las distintas modalidades que éstos asumieron durante el siglo XIX. Es un hecho que el estudio de los procesos y sistemas agrarios durante la Colonia y el México decimonónico ha cobrado creciente interés entre los antropólogos e historiadores, por lo que no sería extraño que en los próximos años la historiografía en la materia continúe creciendo e incluso se hagan nuevos hallazgos respecto a formas de tenencia de la tierra (o de condueñazgos) hasta ahora desconocidas.