Presentación

Cada vez es más frecuente asociar a Baja California con la producción de vinos mexicanos de buena calidad, algunos de ellos con reconocimiento internacional. A partir del año 2000 la fabricación de vinos y el cultivo de la vid han cobrado mayor importancia entre las actividades económicas de esta entidad, cuyos viñedos comprenden 83 por ciento del total de la tierra cultivada con uva para producir vino en México.¹ En las últimas décadas se multiplicaron las vinícolas, en su mayoría empresas familiares, y el gobierno federal ha incentivado la viticultura mediante la inversión destinada a mejorar los procesos posteriores a la cosecha de uva, el establecimiento de huertos y el uso de riego tecnificado.²

La creciente relevancia de la vitivinicultura en Baja California contrasta con el conocimiento sobre la historia de esta actividad en la entidad. La literatura reciente acerca del tema está dominada por estudios que explican el tránsito de esta zona, de ser un área vitivinícola a convertirse en un corredor turístico, que atraviesa los municipios de Tecate, Tijuana y Ensenada.³ También se han hecho trabajos centrados en recuperar testimonios de quienes han participado en esta actividad, y algunos estudiosos han descrito el desenvolvimiento de la vitivinicultura en zonas específicas de Baja California, como los valles de Guadalupe y Santo Tomás (Mapa 1).⁴

Fuente: “Aspectos geográficos y estadísticos de la viticultura del estado de Baja California”, disponible en [http://www.vidyvino.org/docs/Geografia_y_estadist_vid_2008.pdf], consultado: 20 de octubre de 2014.

Mapa 1 Zonas Vitivinícolas en Baja California (2008) 

Desde hace algunas décadas se ha perfilado una periodización de la vitivinicultura bajacaliforniana que ofrece un marco de referencia, aunque hay diversos aspectos que todavía no han sido examinados de manera detallada por la historiografía.⁵ En este artículo me propongo analizar de qué manera el gobierno federal fomentó la producción industrial de vino en el Territorio Norte de la Baja California entre las décadas de 1930 y 1940 y qué efecto tuvieron las disposiciones para fomentarla.⁶ Los estudios históricos regionales han señalado que las políticas dictadas por el gobierno federal durante la década de 1940 afincaron la industria vitivinícola en Baja California, aunque los investigadores no se han propuesto explicar cuáles fueron las medidas adoptadas y de qué manera contribuyeron al desenvolvimiento de dicha industria.⁷

Como mostraré en las siguientes páginas, en 1937 el gobierno federal manifestó el propósito de fomentar la industria vitivinícola en el Territorio Norte de la Baja California. Dicho objetivo se insertaba en un plan del gobierno cardenista que pretendía alentar el poblamiento y el desarrollo económico en esta zona mediante el impulso de industrias regionales. Además, se esperaba que el establecimiento de una zona de excepción fiscal, o zona libre, más amplia que los perímetros libres fijados en 1933 ayudara al despunte de ésta y otras industrias locales.

Las intenciones gubernamentales cayeron en tierra fértil. Algunos productores y expendedores de bebidas alcohólicas en Tijuana, Ensenada y Tecate -que habían prosperado rápidamente durante la era de prohibiciones en Estados Unidos durante la década de 1920, y que de la misma forma habían visto decaer sus negocios a partir de la derogación de la Ley Volsted en 1933- tomaron el plan del gobierno federal como una alternativa para reencausar la fabricación de licores hacia la producción de bebidas de uva fermentada.

La investigación efectuada en fuentes primarias para este artículo mostró que, no obstante la conjunción de las disposiciones del gobierno federal y de los planes de los vinicultores locales, esta industria no logró despuntar en el Territorio Norte de Baja California a finales de la década de 1930. Como veremos, los vinicultores no pudieron importar uva de Estados Unidos con las facilidades que auguraba el establecimiento de la zona libre. Por otra parte, la comercialización del vino que producían fue reducida, pues tuvieron que competir con vinos importados y vinos nacionales, entre los que había bebidas fabricadas a bajos costos. La estrategia para reducir el consumo de bebidas alcohólicas mediante el incremento de los impuestos implementada durante el mandato de Lázaro Cárdenas tampoco benefició a la naciente industria vitivinícola en Baja California.

A pesar de las intenciones expresadas por el gobierno federal de fomentar la industria vitivinícola en el Territorio Norte de la Baja California, durante el periodo que comprende este estudio, en la práctica las disposiciones del gobierno federal no contribuyeron a su despunte, ya que no se otorgaron incentivos fiscales para la comercialización de bebidas de uva fermentada ni se llevó a cabo una campaña para promover su consumo, como sucedió en otros países en la misma época, por ejemplo Argentina.⁸

Fomento de la industria vitivinícola en el Territorio Norte de la Baja California en la década de 1930

El 28 de septiembre de 1936 el presidente Lázaro Cárdenas dio a conocer un plan que tenía como objetivo “rescatar del atraso” a los territorios de Baja California y Quintana Roo. Cárdenas afirmaba que era indispensable integrarlos al país, ya que, debido a su situación geográfica, permanecían aislados y escasamente poblados, a pesar de su “extensión, recursos minerales, salinas, abundancia de fauna acuática y terrestre y la ventajosa posición de litorales”⁹.

En el plan se afirmaba que la población era insuficiente para hacer producir las potenciales fuentes de riqueza y mantener el intercambio mercantil y cultural con el resto del país, por tal motivo debía impulsarse el incremento de la población mexicana. Para lograrlo se proponía crear “fuentes permanentes de producción” que aseguraran el sustento de los pobladores, a través de medidas pertinentes de protección arancelaria para estimular la industria y la construcción de vías que unieran a las diferentes zonas de los territorios y facilitar la comunicación con otras entidades federativas.¹⁰

En junio de 1937 el gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas decretó el establecimiento de una zona de excepción fiscal parcial en el Territorio Norte de la Baja California. Las consideraciones argüidas para establecer esta “zona libre parcial”, donde no causarían derechos de importación ni de exportación las mercancías, artículos o efectos introducidos, “siempre que no [hubieran] sido producidos o transformados dentro de los mismos”, fueron idénticas a las que sustentaron el plan para impulsar el desarrollo de los territorios federales: alentar el poblamiento y con ello nuevas actividades económicas.¹¹

Desde 1933 se había establecido un área de excepción fiscal en el Territorio Norte denominada perímetros libres.¹² El presidente de la República en ese momento, Abelardo L. Rodríguez, aceptó su establecimiento temporal como una alternativa para superar la crítica condición económica imperante en Tijuana y Ensenada, derivada de la derogación de la Ley Volsted en Estados Unidos,¹³ aunque, afirmó, se restringiría la libre importación de los productos, materias primas y mercancías similares a las que se producían localmente con el propósito de proteger a la industria.¹⁴

El gobierno de Lázaro Cárdenas mantuvo dicha área de excepción fiscal, pero en 1937 decretó su ampliación a todo el Territorio Norte de la Baja California, “desde la frontera con los Estados Unidos del Norte, hasta el paralelo 30°”.¹⁵ Esta disposición rebasaba el objetivo de atender las necesidades coyunturales que el gobierno del general Rodríguez se había propuesto resolver, ya que, como se refirió antes, el presidente Cárdenas pretendía alentar las industrias regionales y con ello el poblamiento mediante concesiones en materia fiscal. El historiador Octavio Herrera afirma que la ampliación de la zona de excepción fiscal en 1937, así como su extensión al sur de Baja California y el extremo occidental de la frontera de Sonora en 1939, no eran sólo un paliativo para la zona, sino que formaban parte de un programa bien delineado dirigido a la frontera norte, cuyos ejes eran la política de poblamiento y la industrialización.¹⁶

En este contexto, el gobierno federal mexicano impulsó la industria vitivinícola en Baja California; específicamente planeaba fomentar su desarrollo a partir de la extensión del cultivo de la vid en las tierras del sistema de riego del río Tijuana.¹⁷ El ingeniero Adolfo Orive Alba, funcionario de la Comisión Nacional de Irrigación (CNI), afirmaba que el suelo y el clima en esta zona eran idóneos para el cultivo de uva, además de que ofrecía a los colonos varias ventajas económicas: la vid tenía un mercado asegurado, por lo menos en Tijuana, Ensenada y Mexicali, donde se importaba de Estados Unidos a precios altos; también podría industrializarse localmente y venderse transformada en vino en diferentes partes de México. Asimismo, los colonos que cultivaran uva estarían en condiciones de formar una cooperativa para vender vid a productores de vino y ellos mismos convertirse en vinicultores. El ingeniero Orive Alba esperaba que el incremento de la producción de vid permitiera el desarrollo y sostenimiento de la industria vinícola en el Territorio Norte.¹⁸

La extensión de la agricultura en las tierras del sistema de riego del río Tijuana emergía como una alternativa al desempleo y la crisis económica en esta localidad fronteriza. Hacia 1937 los habitantes de Tijuana aún padecían los estragos económicos ocasionados por el fin de las prohibiciones en Estados Unidos, que se habían agravado por la expropiación de los lujosos casinos Agua Caliente y Foreing Club, efectuada el 20 de julio de 1935 por órdenes del gobierno cardenista, el cual se había propuesto extinguir los juegos de azar en todo el país. Ambos hechos mermaron el arribo de turistas estadounidenses a Tijuana y dejaron sin empleo a trabajadores de casinos, bares y centros expendedores de licores.¹⁹ El desbordamiento del río Tijuana en 1937 agudizó la condición crítica de una gran cantidad de los habitantes del poblado fronterizo.²⁰

El Banco Nacional de Crédito Agrícola, encargado de la colonización del sistema de riego del río Tijuana, otorgó financiamiento a las cooperativas productoras de vid que se formaron en esta zona. Los cooperativistas, pertenecientes a la Sociedad Colectivismo de viticultores de La Mesa, Sociedad teniente Guerrero de viticultores, Sociedad de viticultores de La Mesa, Sociedad Madero de viticultores y Sociedad 20 de noviembre de viticultores, extendieron los viñedos en esta localidad; hacia 1941 se habían abierto 280 nuevas hectáreas para este cultivo, particularmente en la zona de La Mesa.²¹

Por otra parte, antiguos productores de licor y vino que radicaban en Tijuana, Tecate y Ensenada, secundaron con entusiasmo el plan del gobierno federal de fomentar la industria vinícola. Desde principios del siglo XX se habían establecido las vinícolas Bodegas de San Valentín, propiedad de Pedro Pedroarena -de origen español-, y Bodegas Santo Tomás, de Francisco Andonaegui -estadounidense con ascendencia española- y su socio Miguel Ormart, con viñedos en el rancho Los Dolores, en el valle de Santo Tomás, jurisdicción de Ensenada.

Ambas vinícolas fueron fundadas en los albores del siglo XX, aunque sus orígenes son difusos. Según Paul Vanderwood, la “pequeña bodega” de San Valentín producía 10 mil litros de vino tinto y blanco en 1912; hacia el año de 1920 elevó su producción a 650 mil litros anuales.²² Por su parte, Hilarie J. Heath documentó el inicio de la producción de vino en las Bodegas de Santo Tomás. En 1892 Francisco Andonaegui y su socio Miguel Ormart sembraron 14 000 sarmientos de uva zinfandel y 800 árboles frutales. Con la materia prima disponible, comenzaron a producir vino antes de que concluyera el siglo XIX bajo la dirección de Juan José Ormart Iturburría, originario de Navarra, España, y primo de Miguel Ormart. La producción se incrementó paulatinamente y hacia finales de la década de 1910 se producían, en Santo Tomás, 20 mil galones de vino tinto.²³

La venta de bebidas alcohólicas en los poblados fronterizos se incrementó paulatinamente en los primeros años del siglo XX, pero el arribo de turistas estadounidense en la década de 1920 suscitó que los expendios se multiplicaran en un par de años.²⁴

En medio del auge de Tijuana y la llegada de más visitantes procedentes de Estados Unidos a la frontera de Baja California se fundaron nuevas compañías vinícolas. En 1923 tres italianos se asociaron para fundar la Vinícola Industrial de Baja California, S. A., con el objeto declarado de instalar, adquirir y explotar fábricas de vino, alcohol, conservas y alimentos en general.²⁵ Ángel Cetto, también de origen italiano, fundó Bodegas Cetto en sociedad con Ignacio Cruz en 1928; ambas vinícolas estaban en Tijuana.²⁶

En esta misma época el general Abelardo L. Rodríguez, siendo gobernador del Distrito Norte de la Baja California, intentó incursionar en la fabricación de vino. El 3 de febrero de 1931 Rodríguez y Francisco Andonaegui firmaron el contrato de compra-venta del rancho Los Dolores. En ese momento, la propiedad comprendía 181 hectáreas y 56 centiáreas sembradas con vid y árboles frutales.²⁷

Como puede observarse, la producción de vino en el Territorio Norte de la Baja California había sido estimulada desde principios del siglo XX por el consumo de europeos (italianos y españoles) avecindados en este territorio. La creciente demanda de bebidas alcohólicas, particularmente en Tijuana, alentó la producción, al igual que la de otras bebidas similares. La crisis que enfrentaban estos productores a mediados de la década de 1930 puede explicar su interés por producir vino y otras bebidas a partir de la uva fermentada, aprovechando el conocimiento que poseían, la maquinaria disponible y el apoyo del gobierno federal para el desarrollo de la industria vitivinícola, mediante el financiamiento a cooperativistas y productores de vid en Tijuana, al igual que el establecimiento de la zona libre.

El caso de Alberto Tena Bonilla permite ejemplificar la búsqueda de alternativas por parte de los vinicultores para sortear la crisis después de la derogación de la ley seca. En octubre de 1935, Tena Bonilla, propietario del rancho Tanamá, en Tecate, solicitó al gobierno federal aumentar el cultivo de vid en Tijuana, ya que su expansión podría contribuir a mejorar la condición económica de sus habitantes, aunque no especificó de qué manera la viticultura ayudaría a pobladores de la localidad fronteriza.²⁸

Alberto Tena Bonilla era viticultor y en 1929 había establecido una planta productora de licores en sociedad con Pío Mighetto, de origen italiano avecindado en Escondido, California. Ambos formaron la sociedad denominada Tecate Winnery Company, con un capital de 1 653.75 pesos, aportados por cada uno en especie (maquinaria e implementos), por partes iguales.²⁹ El mensaje de este viticultor a Lázaro Cárdenas nos lleva a inferir que la disminución en la demanda de bebidas alcohólicas en las localidades fronterizas llevó a Tena y a su socio a enfocarse en la producción de vinos de uva, para lo cual debían asegurar la disponibilidad de la materia prima.

A pesar de las intenciones expresadas por el gobierno federal, muy pronto emergieron factores que limitaron el desenvolvimiento de la incipiente industria vitivinícola en el Territorio Norte de la Baja California.

Restricciones a la importación de uva y los acotados beneficios de la zona libre

La vid es la materia prima esencial para la elaboración del vino.³⁰ La producción de esta bebida depende de asegurar su abastecimiento; por tal razón, los vinicultores de la Baja California buscaron por todos los medios a su alcance allegarse de dicha materia prima, además de las hectáreas que se abrirían para su cultivo en Tijuana.

Esteban Ferro,³¹ enólogo de origen italiano que fortuitamente llegó a México y desde 1933 se convirtió en el encargado de Bodegas de Santo Tomás, propiedad de Abelardo L. Rodríguez, sabía que para convertir a esa compañía en la principal productora de vino del Territorio Norte era indispensable asegurar el suministro de vid. Si bien esta empresa contaba con los viñedos del rancho Los Dolores, en el valle de Santo Tomás, Ferro se propuso ampliar las posibilidades para adquirirla en el marco del establecimiento de la zona libre, ya que la importación estaría exenta del pago de derechos.

El cultivo de la vid en la Baja California se extendió a finales del siglo XVIII, debido al interés de los misioneros españoles.³² Sin embargo, no se sabe con precisión qué sucedió en las primeras décadas del siglo XX, ya que la información está fragmentada. Al respecto, existen referencias sobre la producción de uva en la colonia de rusos establecida en el valle de Guadalupe a principios del siglo.

Los descendientes de los antiguos pobladores de este valle afirman que dicho cultivo se inició en esta zona a mediados de la década de 1920; Gregorio Afonin fue el primero en sembrar una extensión de 20 hectáreas. Según Rogelio Ruiz, este relato coincide con la descripción del geógrafo alemán Oscar Schmieder, quien a finales de 1927 visitó la colonia y destacó la expansión de los viñedos, aunque aún predominaban los sembradíos de trigo y cebada.³³ Otro observador contemporáneo, Aurelio de Vivanco, quien realizó un viaje de estudio por toda la península de Baja California, apuntó en su obra publicada en 1924: “La vid prospera en forma excepcional en todas las regiones de la península, produciéndose los tipos más finos que se conocen, en racimos que nosotros hemos visto pesaban muchas libras cada uno”.³⁴ Vivanco refiere que las viñas más importantes estaban en San Vicente de la Mesa Redonda, Las Chichihuas, Sauzal, Agua Caliente, Santo Tomás, Santo Domingo, Cañón de las Ánimas, el pueblito de San Regis, Palo Florido, Valle de las Palmas y del Descanso y “en varios ranchos en las cercanías de Ensenada”.³⁵

Los informes rendidos por la empresa Bodegas de Santo Tomás al gobierno del Territorio Norte dejan entrever un incremento anual en la producción de vino en la segunda mitad de la década de 1930, lo cual sugiere mayor disponibilidad de vid en esta zona. En 1937 esa bodega produjo 685 399 litros de vino; siete años después había cuadruplicado su producción (fabricó 2 864 363 litros), aunque no se informaba de dónde provenía la materia prima.³⁶

Hacia 1941 el valle de Santo Tomás se mantenía entre los principales productores de vid para la fabricación de vino; además se reportaban en las estadísticas oficiales la existencia de viñedos en Tecate, Guadalupe, Tijuana, Tanamá, Valle Redondo y el “resto de la delegación de Ensenada”, (véase Cuadro 1). En correspondencia con la cantidad de uva cosechada, Bodegas de Santo Tomás era la mayor productora de vino, aunque la producción local no era suficiente y tenía que importar una gran cantidad de uva, como se puede ver en el Cuadro 2.

A principios de 1939, Ferro había viajado a la Ciudad de México con el propósito de conseguir la autorización para la libre importación de uva. Aunque esta empresa contaba con la producción del rancho Los Dolores, el enólogo quería asegurar la disponibilidad de la materia prima para convertir a Santo Tomás en la principal productora de vino en Baja California.³⁷ El proceso de autorización había demorado más de lo previsto, pero Ferro le aseguró a Abelardo L. Rodríguez que obtendría una respuesta favorable de la Secretaría de Economía, de tal manera que podrían solucionar “el problema” de abastecimiento de vid. Si la respuesta era positiva tendrían “campo abierto para cinco años más sin restricciones sobre la cantidad de materia prima que [conviniera] importar y con carácter exclusivo para Bodegas de Santo Tomás”.³⁸

El retraso en los trámites, justificado por la Secretaría de Economía con la solicitud de innumerables requisitos, tenía su origen en las discusiones para reformar el artículo 584 del Reglamento de la Ley Aduanal, que había sido expedido el 22 de enero de 1939. El 19 de abril del mismo año se publicó el decreto presidencial que reformaba dicho artículo con el objetivo de precisar los términos de la importación de materias primas y la comercialización en el país de las manufacturas elaboradas con dichos insumos en la zona libre. Las razones argüidas para dictar esta disposición reflejan la inconformidad de los productores nacionales por la existencia de un régimen excepcional que los colocaba en desventaja; en uno de los considerandos se enfatizó:

No es posible admitir que la industrialización de la Baja California se haga a expensas y con daño a la industria nacional ya establecida, por lo que la franquicia de libre importación de materia prima extranjera debe limitarse a los productos no producidos o insuficientemente producidos en la República.³⁹

En el decreto se fijaron los requisitos que se deberían cumplir para poder importar materias primas sin pagar derechos. Se especificó que podrían hacerlo los mexicanos y las empresas con capital nacional y sin financiamiento extranjero, “mediante préstamos o cualquier otra forma”. Por otra parte, las sociedades anónimas no podrían beneficiarse de la libre importación, sólo las empresas constituidas como sociedades de responsabilidad limitada. Únicamente se importarían artículos que no se produjeran en México al momento de iniciarse las actividades industriales en la zona libre y sólo podrían enviarse a otras entidades del país si cumplían con los requisitos anotados en el mismo decreto.⁴⁰

Este decreto trastocó los planes de Ferro para Bodegas Santo Tomás. El general Rodríguez tuvo que modificar la constitución legal de su empresa para obtener la autorización de importar uva sin pagar derechos y comercializar en el país el vino elaborado en el Territorio Norte con esa materia prima. Su abogado le propuso llevar a cabo una transformación de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada, ya que la creación de una nueva empresa quedaría sujeta al pago del impuesto sobre compra-venta, cuyo monto hacía inviable el negocio porque “era tan exagerado, que los beneficios que se obtendrían acogiéndose al decreto sobre perímetros libres, resultarían nugatorios para la nueva empresa”.⁴¹

Infiero que este decreto también modificó los planes de las empresas vinícolas que, como ya mencioné, en su mayoría habían sido constituidas por extranjeros desde principios del siglo XX. Las vinícolas que he identificado eran propiedad de italianos y españoles y, según el decreto del 19 de abril, su condición de extranjeros les impedía importar materias primas sin pagar derechos.

Hasta ahora no se cuenta con fuentes de primera mano que permitan conocer de qué manera los vinicultores sortearon las restricciones a la libre importación de uva. Algunos indicios sugieren que tales condicionamientos motivaron que éstos recurrieran a soluciones locales para asegurar el abasto.

Esteban Ferro estableció contratos refaccionarios con los colonos rusos del valle de Guadalupe. En 1940 se reunió con Nazaroff, su principal interlocutor y traductor, y el resto de los colonos, a quienes ofreció financiar el establecimiento de un viñedo y firmar un contrato de venta de uva a Bodegas Santo Tomás; Bibayoff, Dalgoff, Samaduroff, Samarin y el propio Nazaroff aceptaron su propuesta.⁴² A partir de este acuerdo abastecieron de vid a Bodegas Santo Tomás y mantuvieron la firma de contratos refaccionarios, por lo menos, hasta mediados de la década de 1950.⁴³

De igual manera, el enólogo obtuvo uva de los viñedos localizados en Tecate. Según su testimonio, se enteró de que ahí se producía uva y viajó para verla y comprarla.⁴⁴ En contraste con los detalles conocidos de los contratos firmados por el enólogo y los colonos rusos, no se sabe bajo qué términos compró la uva producida en el rancho San Valentín, principal proveedor de Bodegas Santo Tomás en Tecate.

Los viñedos localizados en la jurisdicción de Tecate se habían comenzado a expandir en 1935, aunque, como señalé antes, hay registro de que se producía en la propiedad de Pedro Pedroarena, en el rancho San Valentín, desde principios del siglo XX.⁴⁵

En 1936 Víctor Ibáñez, migrante español que había llegado a Tijuana procedente de Hermosillo en la década de 1920, compró tierras en el rancho El Refugio con el propósito de sembrar uva para elaborar vino. Hernán Ibáñez refiere que su padre logró producir esta bebida con la materia prima cultivada por él mismo a partir de 1943. Ese año conoció a Fernando Foglio, dueño del rancho El Gandul, y a Pedro Pedroarena, propietario de Bodegas San Valentín.⁴⁶ Foglio era el principal productor de vid dentro de la jurisdicción de Tecate a principios de 1940, con 279 645 plantas de vid productivas.⁴⁷ Le seguían Pedro Pedroarena con 112 000 plantas productivas y Víctor Ibáñez con 120 530 sarmientos en cultivo, aunque sólo 30 000 en producción. Posiblemente Foglio e Ibáñez abastecieron a Pedroarena para la elaboración del vino en sus bodegas.⁴⁸

Además de Foglio e Ibáñez, en la jurisdicción de Tecate producían vid: Alberto Tena Bonilla en Tanamá (50 000 plantas productivas [pp]), Loreto Chávez en El Camposanto (20 500 pp), Ernesto Salazar en Peñamor (12 000 pp), José Olguín en Paso del Águila (8 000 pp) y José Manuel Álvarez Tostado en La Providencia (4 000 pp). En Valle Redondo y La Puerta había un grupo de pequeños viticultores, cuyas plantas productivas de vid sumaban 62 300 y 22 500, respectivamente.⁴⁹

La expansión de los viñedos en el Territorio Norte de la Baja California afianzó el abastecimiento de uva para la producción de vino y benefició a las bodegas más pequeñas que Santo Tomás, las cuales no pudieron cumplir con los requisitos establecidos en la circular donde se hicieron las primeras precisiones al régimen de zona libre en 1939. Hacia 1943 la importación de vid había disminuido y para algunas vinícolas ésta había pasado a segundo término, por ejemplo para las Bodegas Vinícola Regional y Bodegas Cruz.⁵⁰ Las Bodegas San Valentín y Bodegas Tanamá reportaron que elaboraban sus vinos con uva producida en Baja California; Bodegas Tanamá utilizó esta condición como un elemento para publicitar sus productos.⁵¹

El interés de los vinicultores establecidos en el Territorio Norte de la Baja California por el despegue de esta industria y las estrategias descritas para disponer de uva no encontraron eco en el gobierno federal, puesto que, a pesar de las intenciones expresadas en 1937 de fomentar esta industria, no emitió disposiciones para protegerla dentro de la zona libre y en el ámbito nacional.

El 8 de junio de 1939 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una circular en la que se especificaron las mercancías extranjeras cuya importación a la zona libre estaría sujeta al pago de derechos; esta medida pretendía proteger la producción de materias primas y manufacturas locales. En la lista estaban: la harina, el trigo, la cerveza, la malta, el pan de todas clases, los pescados y mariscos en conservas, así como las grasas y mantecas vegetales.⁵²

La circular favoreció la producción de malta y de cerveza en Tecate.⁵³ También liberó de competencia a los aceites vegetales que ya se fabricaban en el Territorio Norte.⁵⁴ Cabe señalar que el gobierno federal también incentivó la industria cervecera (producción y consumo) en dicho territorio mediante la exención del pago de impuestos a la producción, almacenamiento, distribución y venta al mayoreo de cerveza; la organización de empresas productoras de dicha bebida; la inversión de capitales destinados a su producción; la expedición de títulos, acciones u obligaciones por parte de las empresas cerveceras, al igual que los dividendos y utilidades que repartieran las mismas.⁵⁵

En contraste con la protección brindada a la producción y distribución de aceites vegetales y de cerveza en la zona libre, el gobierno federal no tomó medidas específicas para proteger a la naciente industria vitivinícola. Además, casi de manera simultánea a la circular del 8 de junio, el Congreso Federal aprobó la reducción de los derechos a los vinos importados a México.⁵⁶

De esta manera, los caldos producidos en el Territorio Norte quedaban a expensas de competir con los que ya se producían en México y los importados, que tenían mayor aceptación entre los consumidores locales y nacionales.⁵⁷ Los vinos fabricados con uva pasa molida eran otro fuerte contrincante para los vinicultores que elaboraban sus bebidas a partir de uva fermentada. Los productores del Territorio Norte afirmaban que éstos eran una competencia desleal y dañina, ya que su fabricación, a partir de la mezcla de uva pasa molida con alcohol, azúcar y vino natural, podía realizarse sin necesidad de fuertes inversiones en bodegas y maquinaria; además, no requerían de una planta de empleados y obreros. Los costos de producción eran muy bajos porque una tonelada de uva pasa molida producía el cuádruple de su peso en vino; la tarifa de importación era de 9 centavos por kilo bruto, muy inferior al derecho de importación de uva entera que era de 80 centavos por kilo.⁵⁸

En suma, los vinicultores establecidos en el Territorio Norte de la Baja California no resultaron beneficiados por una política que en el papel pretendió estimular el desarrollo de industrias regionales. La posibilidad de disponer de materias primas libres del pago de derechos de importación no fue suficiente para propiciar el desenvolvimiento de una industria que daba sus primeros pasos, impulsada por el esfuerzo de los productores de vinicultores y viticultores, pero sin una legislación proteccionista, ni en la zona libre ni en el resto del país.

El bajo consumo de vino en México fue otro factor que dificultó el despunte de la industria vitivinícola en Baja California a finales de la década de 1930. Además, como veremos a continuación, los gravámenes internos y las escasas vías de comunicación entre el Territorio Norte y el resto del país encarecían el producto y lo hacían menos atractivo para los consumidores.

Resabios de la campaña antialcohólica cardenista: impuestos y desaliento al consumo de vino

A principios de 1935, el presidente Lázaro Cárdenas reanudó la campaña para combatir el alcoholismo.⁵⁹ Como parte de su estrategia contra el alcoholismo, el gobierno federal eliminó los beneficios fiscales que habían recibido los expendedores de bebidas alcohólicas. El primer día de 1935 decretó la eliminación de la exención de impuestos a expendios de cerveza y de pulque, a los centros recreativos donde se vendía alcohol “de modo accidental” y a su venta de alcohol a bordo de los ferrocarriles de concesión federal (vigente desde 1934); también decretó el incremento de impuestos a los establecimientos donde se vendían bebidas alcohólicas, según su importancia y ubicación.⁶⁰ De igual manera, incrementó los impuestos a la importación de bebidas fermentadas y destiladas en todo el país.⁶¹

El Departamento de Salubridad Pública fue otra trinchera desde donde el gobierno emprendió la campaña contra el alcoholismo. En 1937 creó la Oficina de la Campaña contra el Alcoholismo y otras Toxicomanías, adscrita al Departamento de Salubridad, la cual se encargaría de controlar la fabricación y venta de bebidas alcohólicas, de inspeccionar comercios y fábricas, así como de perseguir la venta clandestina y la adulteración de las bebidas. También debía encargarse de guiar los trabajos de 2 400 comités y subcomités antialcohólicos en el país.⁶²

La intención deliberada de dificultar la comercialización de cualquier tipo de bebida con gradación alcohólica no alentó el consumo de vino en México. Aunque no se sabe con precisión cuánto vino se consumía en el país y si se modificó el consumo debido a esta campaña,⁶³ es posible advertir que el gobierno federal no promovió este producto a través de campañas publicitarias o beneficios fiscales que estimularan su venta. Estas circunstancias situaban en condiciones adversas a todos los vinicultores del país. Sin embargo, el traslado del vino fabricado en el Territorio Norte de la Baja California al centro del país restringía la distribución y encarecía el costo del producto en comparación, por ejemplo, con el vino de Bodegas de San Lorenzo, localizada en Parras, Coahuila, el cual era comercializado en todo el país por la Compañía Vinícola del Norte S. A., aprovechando la disposición de mejores vías de comunicación y mayor cercanía con el centro del país.⁶⁴

De acuerdo con la información disponible sobre Bodegas de Santo Tomás, el vino producido en el Territorio Norte que se comercializaba en el país era trasladado en barco desde Ensenada a otros puertos del Pacífico (Guaymas, Mazatlán y Manzanillo) para distribuirse en el Distrito Federal y otras entidades cercanas a la capital.⁶⁵

La escasez de barcos motivaba que se diera preferencia a enviar otros productos antes que el vino, aunque no se suprimía porque su distribución era prioritaria para Abelardo L. Rodríguez, socio mayoritario de Bodegas Santo Tomás.⁶⁶ Dicho empeño debe considerarse como un intento para difundir el vino producido en tierras bajacalifornianas y tratar de crear un grupo de consumidores.

Por otro lado, el vino producido en el Territorio Norte de la Baja California se encarecía aún más debido al impuesto que tenía que pagarse en la mayoría de las entidades del país cuando se introducía alguna bebida alcohólica para su venta.⁶⁷ La Asociación de Vitivinicultores del Territorio Norte de la Baja California, fundada el 14 de agosto de 1941, reclamaba al gobierno federal esta situación que duplicaba el costo de un litro de vino, ya que el total de impuestos llegaba a rebasar el total del costo de producción.⁶⁸

Los vitivinicultores recurrieron a la organización gremial para defender sus intereses comunes y expresar sus demandas al gobierno federal. Los objetivos de la asociación de vitivinicultores era protegerse y ayudarse de manera recíproca, así como “procurar que las autoridades dicten leyes favorables a esta actividad económica y evitar la imposición de medidas y gravámenes que tiendan a perjudicarla”.⁶⁹

Los miembros de la Asociación consideraban que la excesiva carga impositiva sobre el vino era la principal traba para su comercialización y, por ende, para el despunte de la industria. Esteban Ferro (presidente de la Asociación) y J. Francisco Arévalo (secretario) explicaron en un documento dirigido a los secretarios de Estado que los productores realizaban una inversión agrícola inicial de 2 500 000 pesos, a la que se sumaba el monto para la adquisición de maquinaria (que podía llegar a los 3 000 000 de pesos). Sin embargo, dicha inversión no era fructífera porque, si bien habían llegado a producir un total de cuatro millones de litros de vino en el Territorio Norte, no podían venderlos debido a su alto costo final. Por tanto, requerían “un estímulo por parte del Gobierno [para ayudarles] a abaratar los costos mediante la supresión de impuestos al comercio de vinos de uva”.⁷⁰ Las bebidas de uva fermentada eran gravadas igual que las destiladas y los licores fuertes; además, como ya se mencionó, recaía sobre ellas un impuesto de alcabala en 19 entidades federativas y el Distrito Federal.

Los líderes de la asociación de vitivinicultores también demandaban al gobierno federal una política arancelaria que protegiera a los vinos nacionales frente a los importados. Argumentaban que los productores de extranjeros tenían mejores condiciones en su país de origen y, por tanto, un mayor margen de ganancia en comparación con los vinicultores nacionales.⁷¹

En 1942 Ferro y Arévalo dirigieron una carta a los secretarios de Estado que podían intervenir en la industria vitivinícola con la exigencia de poner “un hasta aquí al criterio que sustentaba en años anteriores el Departamento Anti-Alcohólico que se empeñaba en poner toda clase de dificultades a la venta y aún a los medios de propaganda legalmente empleados para los vinos de uva”.⁷² Les pedían que elaboraran leyes que fueran más allá de estandarizar la producción de vinos; proponían que se dictaran leyes que protegieran a los vinicultores de los productores de bebidas sintéticas y adulteradas, y dieran un lugar definido a la producción de vinos, desligada de las bebidas destiladas y los licores fuertes. Finalmente, solicitaban que se eximiera a los vinos de uva fermentada de cualquier gravamen y se aumentaran los aranceles a los vinos importados.⁷³

Los vitivinicultores que se habían sumado a la iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas de fomentar esta industria en el Territorio Norte mostraban así su descontento: “[estamos] desilusionados [...] al ver que este ahínco con que nos hemos echado a cuestas la tarea de que surja en este país esa industria es perseguida aún en las mismas esferas oficiales”.⁷⁴

Las demandas de este grupo de vitivinicultores se difundieron entre 1942 y 1943, de manera simultánea a la intención renovada del gobierno federal de fomentar la industria vinícola en Baja California y otras zonas del país, dentro del plan agrícola del gobierno de Manuel Ávila Camacho centrado en impulsar la fruticultura, la producción de oleaginosas y de diversos cultivos que permitieran al país equilibrar la balanza del monocultivo del algodón.⁷⁵

La baja producción agrícola que se registró en México en 1943 generó inquietud, sobre todo por la notable extensión del algodón en varias zonas (particularmente en el norte) y la disminución de otros cultivos. Ante el riesgo que implicaba el monocultivo, el secretario de Agricultura, Marte R. Gómez, recomendó reducir las áreas cultivadas con algodón y sustituirlo por cultivos que cubrieran las necesidades reales de consumo interno y/o del mercado internacional. La uva (para consumo como fruta y para producir vino) fue uno de los cultivos que se sembraron en las zonas algodoneras de Delicias (Chihuahua), La Laguna y el valle de Mexicali a partir de 1943.⁷⁶

Como parte del nuevo impulso a la industria vinícola por parte del gobierno federal, se expidió la Ley Vitivinícola el 25 de marzo de 1943. En ésta se estableció la creación del Consejo Nacional Vitivinícola, integrado por tres secretarios de Estado (Economía, Agricultura y Hacienda) y tres representantes de la industria. Este Consejo tenía amplias facultades, ya que se encargaría de ejecutar la nueva Ley y su reglamento, así como de regular la producción vinícola y su comercialización en todo el país.⁷⁷

La creación del Consejo fue un hecho administrativo relevante para la industria vitivinícola nacional, al igual que las precisiones técnicas sobre la producción y comercialización del vino de uva fermentada. No obstante, la Ley no atendió la exigencia central de los vitivinicultores del Territorio Norte de la Baja California: la eliminación de todos los gravámenes. Al respecto, únicamente se mencionó en el capítulo i que entre las atribuciones del Consejo Nacional Vitivinícola estaba: “sugerir a las autoridades competentes las medidas que considere necesarias para modificar el sistema impositivo respecto a la producción, venta y exportación de productos vitivinícolas”.⁷⁸ Así, las trabas para la comercialización del vino establecidas por el gobierno federal en 1935 como parte de la campaña antialcohólica se mantuvieron vigentes en 1940.

Conclusiones

El análisis del surgimiento de la industria vitivinícola en Baja California entre las décadas de 1930 y 1940 presentado en este artículo conduce a la reflexión sobre la instrumentación y alcance de los planes de desarrollo regional trazados desde el Gobierno federal, muchos de ellos encaminados a incorporar a las zonas periféricas del centro político del país desde las primeras décadas del siglo XX.⁷⁹

Como puede observarse, el fomento de la vitivinicultura en esta zona fue parte del plan delineado por el gobierno de Lázaro Cárdenas para favorecer a los territorios federales, por lo cual contempló el establecimiento de la zona libre en la franja fronteriza del extremo noroeste. Los contados estudios en los que se ha examinado desde una perspectiva histórica este régimen de excepción fiscal establecido en la frontera de Baja California y Sonora con Estados Unidos coinciden en afirmar que durante las décadas de 1940 y 1950, éste favoreció ampliamente los tres sectores básicos de la economía. Las evidencias compiladas en esta investigación permiten advertir que el establecimiento de la zona libre per se no propició el desarrollo de la industria vinícola como se había previsto. Asimismo, la participación del gobierno federal fue endeble y sólo en momentos específicos traspasó el lindero de las intenciones para incentivar de manera concreta la producción y el consumo de vino.

La ausencia del gobierno federal es evidente y contrasta con lo sucedido en otros países de América Latina. En el caso específico de Argentina, se ha demostrado que la participación del Estado fue crucial en el arranque de la agroindustria en las provincias de Mendoza y San Juan a finales del siglo XIX e intervino de manera decidida en los sucesivos momentos críticos, entre otras cosas, incentivando el consumo. En el periodo de tiempo que comprende este estudio, el gobierno federal mexicano no realizó acciones concretas para alentar el consumo de vino; ni la Secretaría de Economía ni el Departamento de Salubridad se hicieron presentes para favorecer a esta bebida. Los médicos adscritos al gobierno federal no respaldaron el consumo de vino, ya que no compartían el argumento de que pudiera ser un alimento ni ser benéfico para la salud.

Las dificultades para comercializar el vino producido en Baja California aparecen como el principal obstáculo para el despunte de esta industria. Aunque los vinicultores lograron abastecerse de uva e incrementaron la producción, el reforzamiento de las trabas para la distribución y venta de las bebidas alcohólicas decretadas en 1935 redundaron en el encarecimiento del vino. Es factible sugerir que esta campaña para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas no lo favoreció, aunque no se cuenta con datos para observar si éste cambió debido a las disposiciones en el país. Tampoco se puede constatar qué aceptación tuvo el vino producido en el Territorio Norte frente a los importados y los nacionales que ya estaban en el mercado; en este sentido, no debe soslayarse la distancia geográfica de Baja California respecto al resto del país, condición que los vinicultores también tuvieron que enfrentar. Sin duda, el consumo de los vinos bajacalifornianos es una línea de investigación que se debe desarrollar.

Para finalizar, es pertinente acotar que en los años que comprenden este estudio los vinicultores de Baja California no consideraban a los consumidores del vecino estado de California como una alternativa para vender su producción, aunque faltan más evidencias para sostener esta aseveración. Por otra parte, en estos años se registraron cambios en la viticultura respecto a décadas anteriores: se incrementaron las hectáreas y el número de viñas sembradas en localidades de Tijuana, Tecate y la delegación de Ensenada; también se sembraron variedades de uva que no existían traídas de Italia y España por Esteban Ferro y Pedro Pedroarena. Estos cambios y sus repercusiones en la viticultura en Baja California merecen un análisis particular, al igual que el esfuerzo realizado por los vitivinicultores para impulsar una industria regional muy poco favorecida por el Gobierno federal.