Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra es, al mismo tiempo, una crónica, una cartografía, un diagrama. De forma distinta a como lo hacen Sergio González en Campo de guerra; Edgardo Buscaglia en Vacíos de poder y John Bayley en Crimen e impunidad -quienes analizan la captura del Estado mexicano por el crimen organizado-, en este libro se describen exhaustivamente los costos sociales y políticos de la violencia en México.

Los autores no siguen la ola de estudios recientes que en la filosofía política contemporánea acomete el estado de excepción; todo lo contrario, toman del viejo contractualismo hobbesiano el concepto de estado de guerra para describir la situación actual del país, quizá porque en el siglo XVII, Hobbes consideraba que lo excepcional no era la guerra, sino la paz.

En efecto, Carlos Illades y Teresa Santiago citan a Pedro Salazar, autor de Crítica de la mano dura, para quien lo que sucede en México puede conceptualizarse como “un estado de excepción de facto”; los autores prefieren, sin embargo, la “intuición” hobbesiana del estado de guerra para describir lo que observan como una situación “anómala y peligrosa” (p. 12). Dicen: “interesa sobre todo rescatar su intuición acerca del peligro que representa […] el posible retorno al estado de naturaleza […] guerra de todos contra todos” (p. 19, cursivas mías). De este enunciado, lo encomiable es el peligro de una guerra civil, su posibilidad; sin que ello signifique lo que Aguilar Camín dio por sentado recientemente en una revista nacional acerca de la imposibilidad de negar que la violencia en México representa una guerra civil.

En general, el texto de Illades y Santiago es un instrumento ciudadano para la crítica de la violencia; por este motivo, es enfático en la develación de la estrategia contra el narcotráfico como un dispositivo limitado, así como contundente en la caracterización de la guerra injusta contra las resistencias civiles al proyecto de modernización capitalista.

De forma metódica y sistémica, en el texto se interpretan, con alto sentido político, datos de diversas fuentes acerca de los enemigos en el teatro de operaciones, las estrategias, las victorias, las derrotas de cada uno de ellos en los dos últimos gobiernos federales.

En la cartografía del libro se presenta el estado de fuerza: en un frente, el Estado, los poderes fácticos; en otro, las clases subalternas emplazadas en una guerra interna… una narcoguerra.

En este diagrama, el Estado mexicano se destaca por su debilidad institucional: “es omiso […] no controla aceptablemente lo que debería controlar […] tiene escasa presencia y poca o nula efectividad en las zonas que opera” (p.12, cursivas mías). Por el contrario, el narcotráfico aparece como un enemigo difuso e interesado en controlar ilegalmente las instituciones estatales, mientras que las clases subalternas luchan a la defensiva. Respecto a este punto los autores sostienen: “la guerra interna […] potenció la antigua violencia estatal dirigida contra movimientos populares, periodistas y defensores de derechos humanos” (p. 153).

En la caracterización del narcotráfico se advierte una cautela metodológica, la cual no acomete el problema de la captura criminal de las instituciones estatales para focalizar el análisis de los efectos de la violencia en el régimen político: “sin entrar a discutir cuánto ha penetrado el crimen organizado a la democracia, lo cierto es que está contaminada de origen por las excrecencias de un aparato autoritario […] que de antiguo trabó estrechos nexos con la delincuencia, incluido el narcotráfico” (p. 181, cursivas mías).

A la pregunta: “¿Cuándo y hasta cuándo es legítimo combatir la violencia con más violencia?”, Illades y Santiago responden argumentando que el Estado mexicano subestimó al enemigo, se concentró en la captura de líderes sin afectar sustantivamente la estructura de las organizaciones criminales y desplazó la violencia a otros campos sociales; sin embargo, en contraparte, consideran que ha sido muy eficaz en el control de las resistencias a la desigualdad y contra “los daños colaterales” de la guerra interna. Esta narcoguerra ha generado condiciones propicias para el asesinato de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Desde una perspectiva histórica, recuerdan que, a diferencia de las luchas políticas armadas contra las cuales se practicó la guerra sucia de la década de 1970, el narcotráfico ha sido reconocido por el Estado mexicano como una fuerza beligerante combatida mediante prácticas ilegales e incluso desapariciones forzadas. Para tal efecto, se ha utilizado un discurso basado en la oposición paz/violencia, y respondiendo a la demanda de las clases medias y altas para el control de la inseguridad. En esta lógica, los autores dedican varias páginas del libro a la caracterización de las contradicciones internas de las autodefensas y el reclutamiento de jóvenes sicarios tomados como ejemplos de la militarización extensa de la sociedad mexicana.

Otro punto encomiable del texto permite la solución de la paradoja latente en medios y debates académicos acerca de la debilidad de las instituciones de seguridad y justicia del Estado mexicano. En el libro se explica algo que frecuentemente no se comprende: “el estado de guerra es el último coletazo del estado autoritario […] ha producido incertidumbre respecto a la transición mexicana […] la democracia amenazada” (p. 12), pero al mismo tiempo, advierte que ha recurrido a desapariciones en las cuales están implicadas algunas fuerzas de seguridad. En estas circunstancias es obligada la pregunta: ¿cómo un Estado débil puede ser autoritario? La respuesta ofrecida por Illades y Santiago es que un Estado autoritario evidencia debilidad de sus instituciones democráticas, aunque eso no implica una derrota o que deje de utilizar la fuerza de forma ilegal contra sus enemigos.

Ahora bien, con la idea de diálogo, tomo de este libro ejemplar algunos puntos que seguramente los autores han conversado con otros colegas: el carácter global de la guerra interna; el grado de captura de las instituciones estatales -tema, por lo demás, trabajado satisfactoriamente por los autores-; la debilidad del Estado, y la militarización, la policialización de los militares y las autodefensas.

Respecto de estos puntos, cabe la posibilidad de observar la “guerra interna” como la batalla de una guerra global preventiva; es posible hacer la diferencia entre corrupción y captura total de las instituciones estales por el narcotráfico, pues los traficantes no requieren ni de una ni de otra; señalar que la debilidad institucional es una metáfora, mediante la cual se interpreta la ilegalidad de las prácticas estatales, pero no representa debilidad estructural de las instituciones de seguridad y justicia porque, así como están negadas a la reforma, han funcionado como dispositivos de control por la fuerza; en todo caso, el problema es la impunidad con la cual actúan algunos de sus agentes.

Asimismo, puede sostenerse que el régimen político mexicano depende cada vez más de las policías militarizadas. Respecto de este punto, tiene razón Agamben cuando sostiene que el estado de excepción -entendido como vacío de derecho, anomia, no como dictadura- aparece también en los regímenes democráticos como un paradigma de gobierno. Por último, puede enfatizarse que las autodefensas no sólo son gestionadas por el crimen organizado sino como prácticas comunitarias no vigilantistas ni paramilitares, como es el caso de las autodefensas colombianas.

Probablemente, los autores de Estado de guerra… tengan razones para la defensa de estos puntos, quizás hayan puntualizado en el debate de algunos de ellos. El lector puede juzgar por sus propios medios. En general, comparto sus argumentos. En fin, esta obra es imprescindible para imaginar la construcción de un estado de derecho en México. Puedo decir que la principal fortaleza del libro reside en su carácter polémico, controvertido, en sus contribuciones originales al debate mexicano de este siglo.

Huele bien, a pólvora, a disparos; se narra, como pocos, mediante una crónica única, el teatro hiperreal de la guerra de los últimos años en México. Quizá los autores podrían decir, como Daniel Pécaut lo hacía en uno de sus libros acerca de la violencia política y estatal de Colombia: esta guerra no es una guerra civil, está en riesgo de deslizarse en ella, por ahora es -vale la atribución imaginaria- una guerra contra la sociedad, en la que no participa la totalidad de ella, entera.