Breve contexto local

Joaquín Mucel Acereto fue un militar nacido en Tamaulipas, aunque de padres originarios de Isla del Carmen. Después de haber simpatizado con el movimiento maderista, se unió a Venustiano Carranza, con quien participó en diversas batallas bajo el mando de Lucio Blanco, hasta que fue comisionado para hacerse cargo del gobierno de Campeche, después de la derrota del huertismo en dicha entidad en 1914.⁴

Mucel -como es mejor conocido entre los estudiosos del tema- se hizo cargo del gobierno y la comandancia militar de Campeche y disolvió la XXVI Legislatura local en función, para concentrar los poderes Ejecutivo y Legislativo en su persona. De este modo, su arribo al poder en Campeche contribuyó a inclinar la balanza en favor de Carranza, cuando éste se encontraba cercado por los convencionistas.

Ya en el poder, además de atender el problema de la tierra, la situación de los peones, la abolición de la servidumbre y de la sociedad afectada por deudas en favor de los pudientes, Mucel también se avocó a reorganizar el ramo militar y la economía local, sin dejar de lado la atención al sistema educativo de la entidad mediante su legislación y la fundación de escuelas. En otros ámbitos, estableció el municipio libre, otorgó al matrimonio el carácter de contrato civil, reglamentó el divorcio y, en el ámbito laboral, estableció el descanso obligatorio de los domingos y los días festivos.⁵

A principios de 1915, publicó la ley en materia agraria sancionada por Carranza en Veracruz, mientras que en el plano económico impuso contribuciones a la propiedad rural y urbana, a las cuales sumó el impuesto a la explotación del palo de tinte, maderas, chicle y henequén. Ese mismo año -y ya bajo la influencia de Salvador Alvarado-, puso a la Comisión Reguladora del Mercado del Henequén bajo el control del Estado con el objetivo de desarticular el poder de la oligarquía y controlar el comercio de la fibra que arrojaba buenos dividendos al grupo carrancista.⁶ En el ramo militar, contribuyó a derrotar a la rebelión de Abel Ortiz Argumedo,⁷ lo que le permitió ascender de comandante militar a general brigadier.

En mayo de 1916 instaló la Comisión Local Agraria e inició la atención de solicitudes de tierras,⁸ una de las acciones más destacadas al final de la etapa provisional de su mandato. Asumió el poder de manera constitucional en 1917 y, con una Legislatura aliada a su persona, pudo expedir la Constitución Política del Estado el 3 de julio de 1917. De este modo, Mucel consolidó una administración afín a sus intereses y concluyo su periodo como titular del Ejecutivo local hasta 1919, a pesar de los cuestionamientos respecto a la legalidad de su nombramiento, puesto que había nacido en el estado de Tamaulipas.⁹

Fue en este contexto cuando, a finales de diciembre de 1917, se inició el ordenamiento del consumo de bebidas embriagantes mediante la Ley de Alcoholes, misma que derivó en el decreto de la Ley del Estado Seco, promulgada el 8 de febrero de 1818 y que tuvo como consecuencia la clausura de todos los expendios y bodegas de alcohol, así como la implantación de penas severas contra aquellos comerciantes y consumidores que violaran dicho código. Este “estado seco” fue derogado en agosto de 1919 al argumentarse su mínima efectividad ―pues no mitigó el alcoholismo entre la sociedad campechana-, además de ser la causa del contrabando de bebidas embriagantes. Por ello, a partir de entonces, se optó por establecer reglas y condicionamientos para su comercialización.¹⁰

Sin embargo, no fueron pocas las voces que acusaron a Mucel de aliarse con personas como Benjamín Negroe y Jacinto Zapata -integrantes de su administración- para aprovecharse de la prohibición del comercio de bebidas embriagantes¹¹ e iniciar un proceso de enriquecimiento ilícito que le permitió hacerse socio de los principales comerciantes del estado, convertirse en accionista en empresas de luz eléctrica, de tranvías y de expendios de alcohol, cuando se levantó la restricción total a su venta.

Todo lo anterior, sumado al supuesto control total de la política local en su favor, provocó el ataque y criticas constantes hacia la figura política de Mucel quien dejó el mando gubernamental en manos de Enrique Arias Solís en 1919, en detrimento de otros políticos a quienes se les persiguió y no se les permitió competir libremente en las elecciones para gobernador.¹²

Hasta aquí este breve repaso a los cambios acaecidos en Campeche durante el mandato de Joaquín Mucel entre 1914 y 1919. Esta relación deja muchos aspectos sin mencionar, pero sirve para sugerir la evolución de aquel enviado por Carranza para tomar las riendas del gobierno campechano, quien pasó de tener un inicio prometedor en el ámbito público hasta ser cuestionado por sus actos en los últimos días al frente del Ejecutivo local.

La prensa y la investigación histórica

La consulta de la prensa para explicar el desarrollo de la historia de México es una acción efectuada de manera continua por el estudioso del tema. Sin embargo, cabe recordar que la propuesta de avocarse a la interpretación de los hechos que el periódico buscaba transmitir a sus lectores por medio de su información, tiraje, imágenes, etcétera, es un ejercicio indispensable para conocer la lucha de grupos de poder, políticos y económicos en determinado lugar o época.

La prensa se ha convertido en un medio indispensable para conformar la opinión pública, y, por lo mismo, ésta jamás podrá carecer de subjetividad en información como consecuencia de la ideología de sus reporteros, redactores y, aun más, de los directores.¹³ De este modo, el periódico es el conducto idóneo mediante el cual los grupos políticos y sociales logran expresar y difundir sus proyectos y preocupaciones, lo cual evidencia la relación tan estrecha que el periodismo ha mantenido con el Estado o el gobierno en turno: si ambos son afines, se le suele aprovechar para convencer a las masas de determinado programa político o gubernamental; en el caso contrario, se ha optado por sacarlo de circulación o reprimirlo mediante el encarcelamiento y la persecución de los reporteros, así como la confiscación de la maquinaria o el cierre de las instalaciones. Por ese motivo, el Estado considera indispensable la colaboración de revistas y periódicos oficiales y “oficialistas” que promuevan una cara amable y libre de errores del aparato de gobierno y de quienes ejercen la función pública.

No obstante, también existe la prensa libre que, en la mayoría de los casos, es resultado del rechazo de determinado grupo (partidos políticos, asociaciones civiles, disidentes o grupos en franca rebeldía social) a diversas cuestiones sociales y de gobierno.¹⁴

Actualmente, las actividades políticas son impensables sin la presencia de la prensa, y, a pesar del surgimiento y el apogeo de otros medios como la radio, la televisión y el internet, el periodismo impreso mantiene su eficacia como vehículo para comunicar, difundir y recabar opiniones relativas a la res pública.¹⁵

En resumen, la prensa puede responder a dos motivos principales: por un lado, ser el medio de expresión genuino de un grupo político, económico o de una clase social determinada; por el otro fungir como herramienta de los gobiernos -en cualquiera de sus distintos niveles-, para lograr el control o el aleccionamiento de la sociedad que gobierna, con el objetivo de difundir y consolidar en ella su ideología, sus objetivos administrativos y proyecto de desarrollo. En este segundo aspecto se plantea el estudio de las acusaciones de tráfico de alcohol hacia el mandatario campechano en las páginas de Los Sucesos de Campeche, que, en aquellos años inmediatos a la Revolución mexicana, fue el medio en el que se discutía, planteaba o criticaba la política de la entidad campechana, y por medio del cual los detractores de Mucel y del carrancismo pusieron en tela de juicio su administración.

La fuente de estudio: Los Sucesos de Campeche

Los Sucesos de Campeche fue una publicación periódica cuyo lema era: “Semanario liberal independiente. De oposición intransigente contra todo lo malo”. A partir de esta divisa, y conforme se analiza su contenido, se puede concluir que fue editado expresamente para ser un medio de ataque contra el gobierno de Joaquín Mucel, entre 1918 y principios de 1919.

El origen de esta publicación plantea muchas dudas, sobre todo en torno a quienes fueron sus fundadores. El primer ejemplar que se conserva en el AGEC es el número 5, con fecha del 8 de agosto de 1918, y su propósito como un rotativo con un perfil crítico hacía el gobierno mucelista se sugiere tal fecha, es decir, un día después del Informe de labores de Mucel, del 7 de agosto de dicho año, pues en ese ejemplar se cuestionaban las acciones gubernamentales expuestas en tal acontecimiento.

Por otra parte, a partir de los datos expuestos en la portada, se sabe que su director-gerente era Francisco Duarte Cicero, quien, hasta donde sabemos, fue un periodista y militante -posiblemente, del Partido Socialista de Yucatán-,¹⁶ quien se caracterizó por una constante actividad en el periodismo peninsular. Su labor en este campo incluye la “animación” (caricatura) de la publicación Orión, que circuló entre 1926 y 1927 en el entonces territorio de Quintana Roo, y de la cual llegó a ser secretario a finales de la década de 1920. También incursionó en el campo de la poesía en las páginas de La Voz del Pueblo (1928), en la isla de Cozumel.¹⁷

En cuanto a la fuente de estudio, las ediciones de Los Sucesos de Campeche no fueron regulares en un principio y transcurría una quincena entre un número y otro; aunque a partir de la quinta edición se estableció el objetivo de publicarla de manera semanal. Como se mostrará más adelante, esta publicación enfrentó cierta represión por parte de la administración mucelista, aunque persistió en su propósito de ser un espacio de expresión libre.

Duarte Cicero se mantuvo al frente del periódico hasta marzo de 1919, cuando se hizo cargo de la dirección de manera interina Ramón Santamaría y como gerente F. Duarte Sánchez, de quienes no se ha encontrado información, aunque es posible que compartieran la misma filiación política e ideológica del primero. Tampoco se ha podido rescatar información acerca de sus redactores y, mucho menos, se encuentran registrados en sus páginas los nombres de los mismos, pues, quizá con el objetivo de proteger su integridad, en aquellos años era común optar por el uso de seudónimos.

Es importante enfatizar que esta publicación fue miembro de la Asociación de Periodistas de Yucatán, la cual salía a la venta los domingos a un costo de 25 centavos y se imprimía en la capital yucateca, en la Unión Tipográfica de la ciudad de Mérida, por lo que los espacios publicitarios eran, casi en su totalidad, de origen yucateco.

El impreso fue diseñado como un espacio para criticar al gobierno de Mucel, al grado de que la mayoría de sus páginas contenían acusaciones en su contra por el uso irregular de la política o el enriquecimiento ilícito efectuado por el gobernador campechano. Sin embargo, el hecho de haberse editado en Yucatán y bajo la administración de Carlos Castro Morales -quien es identificado como uno de los primeros políticos “socialistas” en dicha entidad, y quizá como precursor del movimiento liderado más adelante por Felipe Carrillo Puerto- reviste gran importancia.

Esto es, si se considera que pertenecía a la Asociación de Periodistas de Yucatán y que fue editado durante el mandato de Castro Morales, ¿significaría que obtuvo el respaldo de éste? ¿Acaso dicho gobernador fomentó una campaña de ataque en contra de Joaquín Mucel, a quien, -debido a sus vínculos con el carrancismo- se le consideraba alejado de los principios revolucionarios y sociales, como sí se consideraba al mandatario yucateco? Desafortunadamente, no existen datos para responder a esta duda, lo que puede ser un indicio más de la constante oposición y pugna entre las dos entidades de la península o incluso, de la continua intromisión de la política yucateca en la conducción de su similar en Campeche. Esta es una hipótesis que sería pertinente estudiar más a fondo en futuras investigaciones.

Ahora bien, ¿qué datos certeros hay? ¿Cuál era el objetivo de este periódico? Desde un principio, el ideal de sus redactores era implantar las bases doctrinarias de un “VERDADERO SOCIALISMO”, al considerarlo lo más benéfico para el estado, pero que el régimen de Mucel había hecho imposible.¹⁸ Este argumento se apoya en que en el transcurso de las diversas notas contenidas en Los Sucesos de Campeche, se mencionan el gobierno del pueblo y el respeto que sus gobernantes debían tener respecto al mismo. Este discurso, más adelante, lo utilizarían publicaciones como Rojo Amanecer (Campeche) o Tierra y El Popular (Yucatán), durante la hegemonía del Partido Socialista del Sureste.

Sumado a lo anterior, en palabras de sus redactores, el impreso se proponía exponer y censurar “todos los actos emanados de los Poderes Públicos del Estado, haciendo especial hincapié sobre aquellos actos que por su trascendencia merezcan ser condenados por el supremo tribunal de la opinión del pueblo”¹⁹, quien, de alguna manera, ha sido víctima de la administración calificada de “científicos mucelistas”:

[… ] desde hoy y para lo sucesivo, las columnas de “LOS SUCESOS DE CAMP[E]CHE” estarán dispuestas principalmente para laborar, con más propiedad hablando, en bien de la patria; porque, queda entendido que, al dedicar todas nuestras energías periodísticas a la extirpación del cáncer administrativo que agobia amenazando de muerte a nuestro Estado, habremos de beneficiar, no sólo a éste sino a la República entera que está ávida de ver siquiera parcialmente, cumplimentar uno de los múltiples ideales de la Revolución Constitucionalista.²⁰

En pocas palabras, dicha publicación se dedicó a señalar y censurar la gestión de Mucel, enfatizando la supuesta situación crítica en la que se encontraba el estado de Campeche bajo su dirección.²¹ Como consecuencia de esta postura tan beligerante, era de esperarse que el gobierno y la fuerza pública realizaran intentos por impedir su circulación, como sucedió en el caso de la detención de sus voceadores o cuando se dio la incautación de los ejemplares enviados desde la ciudad de Mérida, a mediados de octubre de 1918, con la detención de la persona encargada de llevar los impresos a Campeche.²²

Cabe resaltar que estas acciones autoritarias eran refutadas por los redactores del periódico, quienes, conscientemente y acorde con su labor contraria al gobierno de Mucel, aprovecharon estos acontecimientos para difundirlos en otros espacios como La Voz de la Revolución, La Revista de Yucatán o El Correo, en cuyas oficinas se presentó el director de Los Sucesos de Campeche para exponer su inconformidad y para dar a conocer la represión llevada a cabo por la administración mucelista.²³

Por su parte, Mucel intentó desacreditar al rotativo, argumentando que al ser editado en la ciudad de Mérida y no en la capital campechana, sus colaboradores podían ser calificados de cobardes y miedosos.²⁴ Sin embargo, de acuerdo con los redactores, los argumentos para continuar editando fuera del estado respondían a la persecución realizada por el mandato de Mucel en contra de la prensa libre y a la carencia de talleres de imprenta en la ciudad y puerto de Campeche.²⁵

En resumen, Los Sucesos de Campeche se convirtió en el escaparate para exhibir los supuestos vicios y corrupción efectuados por el mucelismo. En sus páginas se trataban diversos temas del ramo político o económico, aunque siempre con el fin de mostrar una imagen poco favorecedora del gobernador, como sucedió con el objeto central del presente estudio, respecto a las acusaciones de enriquecimiento ilícito de Mucel gracias al tráfico de alcohol.

La ley del Estado Seco y los negocios de Mucel

La legislación del 8 de febrero de 1918 que dio lugar al Estado Seco buscó atender y solucionar los problemas derivados del consumo de alcohol, así como mejorar la condición social y moral de las clases trabajadoras, sin dejar de lado el área de la fiscalidad.²⁶ Sin embargo, estos objetivos no se cumplieron y sólo se incrementó el tráfico y la comercialización clandestina de licor, pues el alcoholismo no se podía erradicar de raíz mediante un decreto. En este sentido, los escritores de Los Sucesos de Campeche señalaron que el principal beneficiario y comerciante de bebidas embriagantes era el mismo gobernador, quien había encontrado un buen socio en Jacinto Zapata, jefe de la policía.

Las críticas hechas en el rotativo enfatizan el lucro ilegal del mandatario local y el abuso de poder, al usar en su beneficio la Ley del Estado Seco, considerada como “la cima en que culminaron todos los desaciertos truanes de un Gobierno, ávido del despojo y apoyado por la inmensa dosis de mansedumbre, que caracteriza al Poder Legislativo del Estado de Campeche [sic]”.²⁷

Según lo expuesto en las páginas de dicho periódico, la Ley del Estado Seco tenía muchos defectos desde sus orígenes, pues al haber sido decretada de manera extraordinaria por el gobernador, éste se había aprovechado del servilismo de los componentes del legislativo local para enriquecerse ilícitamente bajo el argumento de extirpar el alcoholismo de la sociedad campechana. De esta manera, Mucel estableció un “monopolio descarado” en complicidad con Zapata, quien se encargó de procurar el éxito del contrabando debido a su falta de escrúpulos para llevar a cabo diversas tropelías en beneficio de los verdaderos controladores de la venta de alcohol.²⁸

En cuanto a los diputados locales, se les criticaba porque, a pesar de las razones para derogar dicha reglamentación, adoptaban un perfil acorde con los intereses de Mucel:

Razones de orden económico y político, abundan para derogar esa Ley promulgada por el Ejecutivo, sin que para ello los señores Legisladores se vean en la comprometida situación de tener que declarar en el seno de la Cámara que vienen a votar en contra de ella por el retorcido desuso que de la Ley se ha hecho; sin tener que interpelar al Ejecutivo, para que declare qué provecho se ha logrado con la vigencia de la Ley; sin tener, por último, que exponer el salario diario por enfrentarse al Ejecutivo y decirle con todo civismo: vengo a votar en contra de la Ley porque no quiero hacerme responsable ante el pueblo que represento, del más descarado cinismo que registra la historia.²⁹

Por lo mismo, se incitaba a los legisladores a exponer el fracaso que había significado la vigencia y aplicación de la Ley del Estado Seco, y se les persuadía -como representantes de la voluntad del pueblo- a derogarla “a fin de resarcir al Estado de los descalabros sufridos en su economía y redimir al Gobierno de los pecados cometidos que ya en rigor de verdad son demasiados”. Además, con esa acción, podían poner punto final al mal uso de las leyes por parte de las autoridades y borrar esa imagen “convenenciera y acomodaticia” que tenían ante la sociedad.³⁰

Continuando con su propuesta de presentar una imagen corrupta del mandatario campechano, se enlistó una serie de propiedades, las cuales, supuestamente, eran resultado de sus actividades contrarias a la ley y cuyo valor se estimaba en 176 500.00 pesos, como se muestra en el Cuadro 1.

A partir de estos datos, en Los Sucesos de Campeche se argumentaba que las propiedades eran producto del contrabando de alcohol y que fueron convertidas en “oro americano” por medio de negocios con la gerencia de la “Mexican Explotation Company”.³¹ Esta afirmación se basaba en una supuesta compra de diez barriles de aguardiente que el titular de la empresa chiclera hizo en el mes de septiembre de 1918. Sumado a ello, se enfatizaba el hecho de que cada dos o tres días, en las oficinas de la compañía se presentaba un individuo solicitando un “giro” en dólares a nombre del gobernador.³²

Sin embargo, las acusaciones en contra de Mucel y sus allegados -como Jacinto Zapata- fueron más allá del simple contrabando, también se les responsabilizó de cometer despojos contra otras personas que se dedicaban al comercio de alcohol. En este punto, cabe resaltar el hecho de que el periódico -el cual se calificaba como promovedor de un “Verdadero Socialismo” en favor de un gobierno honesto y crítico hacia las actividades de las autoridades- basara sus acusaciones en acciones similares efectuadas por otras personas durante la vigencia de la llamada Ley del Estado Seco, como se muestra a continuación.

Como primer caso, está lo sucedido el miércoles 11 de septiembre de 1918. Según Candelario Conde, sobrecargo del motor Claudio, cuando se encontraba vigilando la descarga de su embarcación en la costa de la bahía campechana, fue asaltado por personas armadas que lo obligaron a entregar 29 cajas de alcohol, las cuales tenía en su embarcación.³³

Según los redactores del periódico, lo anterior era ejemplo del abuso de autoridad cometido por las autoridades estatales, así como del desconocimiento de las leyes, pues “el despojo se efectuó en el mar, donde la jurisdicción de las autoridades comunes ha terminado [y] donde las leyes del Estado no [tenían] vigor alguno”.³⁴

Sin embargo, cabe preguntarse ¿en qué se basaban para sostener la acusación de que fueron las autoridades estatales quienes cometieron tal delito? La respuesta involucra el testimonio del propio Candelario Conde, quien señalo a José Trinidad Buccio, Luis Cárdenas Brito, José Mercedes González y otras tres personas, todos ellos identificados como gente al servicio del jefe de la policía local; esto -según se asentaba en el impreso- era prueba de las acciones del gobierno por controlar el negocio y contrabando de bebidas etílicas, al violar la ley vigente.

Por tal razón, e identificados los salteadores, los dueños de la nave no tardaron en levantar una demanda ante el Juez de Distrito para acusar a Zapata del acto efectuado; mientras que los redactores del periódico, por su parte, exhortaban a las autoridades judiciales a cumplir con su labor y a no defraudar las expectativas que la población tenía de ellas:

[… ] se le presenta una nueva ocasión para demostrar que son infundados los cargos de debilidad y demasiada complacencia que se le hacen. Es llegada la hora de hacer caer sobre los culpables todo el peso de la Justicia inexorable, sin parar mientes en la calidad de los presuntos responsables, y hacer ver al pueblo de Campeche que está sediento de Justicia; que en él están vinculados sus más caros intereses, sus más preciados anhelos de Justicia.

Es necesario que siquiera por una vez se vea la enérgica actitud de un Tribunal honrado, que destacándose en medio de la cohorte de serviles que agobia al pueblo, demuestre sin cortapisas ni benignidades que la Justicia es igual para todos sin ninguna distinción. ESPEREMOS PUES [… ]³⁵

Una y otra vez, en distintas columnas del mismo número de Los Sucesos de Campeche se insistía en que este hecho se convirtiera en el preludio para que el juez federal cumpliera con su deber al aplicar la ley y para castigar a los acusados y a quienes eran sus jefes y verdaderos responsables, como Jacinto Zapata y Leocadio Burgos.

Al igual que Zapata y Burgos, se acusaba de actos similares a otras autoridades estatales y municipales -como a los titulares de los ayuntamientos de Calkiní y Hecelchakán, en el norte de la entidad- de aprovecharse de la Ley del Estado Seco bajo la supuesta “tolerancia” del gobernador y del jefe de la policía. Lo anterior les había permitido expender su mercancía en espacios públicos como los mercados o junto a los edificios gubernamentales e, incluso, mantener cantinas abiertas a unos cuantos metros de los palacios municipales.³⁶

Lo relatado líneas atrás es parte del argumento de los redactores del periódico respecto a que el contrabando y la venta de alcohol estaban controlados por una red de funcionarios de diferentes niveles, quienes -argumentaban- se enriquecían a expensas de los vicios de la población y, por ende, estaban poco interesados en erradicar de raíz el problema.

Ahora bien, retomando el caso del atraco de las 29 cajas de alcohol referida previamente, en la nota publicada el 29 de septiembre de 1918 se transcribió una carta firmada por Fernando Berrón Mucel -abogado de la parte acusadora- y dirigida al Juez de Distrito.³⁷ En esta misiva se especificaba que la nave llevaba a bordo 50 cajas de las cuales se pactó la venta de 29 a José Trinidad Buccio y se acordó su entrega el 11 del mismo mes a las 12 de la noche en la zona marítima del norte de la ciudad de Campeche. Llegado al punto de encuentro de Candelario Conde y Buccio -quien se encontraba junto con dos carretilleros-, el primero fue amagado por diez individuos, quienes después descargaron la mercancía. Posteriormente, Conde fue custodiado y conducido al centro de la ciudad, y durante este trayecto pudo identificar a los “asaltantes”, entre los que se encontraba gente muy relacionada con el jefe de la policía e, incluso, un ex celador de la cárcel municipal.

Además de enfatizar la trampa en la cual había caído, el detenido mencionaba que lo sucedido no era una infracción que competiera a las fuerzas del orden local: “Los hechos apuntados constituyen un delito de orden público que es de la exclusiva competencia de ese Juzgado de su merecido cargo […el federal] por haber tenido lugar en la zona marítima”.³⁸ Por ello, exigía el castigo a los verdaderos culpables del robo, y no a él, por el simple transporte de las cajas de aguardiente.

Cabe insistir en que los redactores y jefes de Los Sucesos de Campeche, en su propósito de criticar al gobierno de Joaquín Mucel y sus actos calificados de ilícitos durante la última etapa de su mandato, dejaron de lado el respeto a la ley, la cual debía ser su objetivo como prensa libre.³⁹ Es decir, criticaban lo hecho en contra de Conde y su cargamento, pero minimizaban el hecho de que éste también llevaba a cabo acciones consideradas como delictivas. Posiblemente el comercio ilegal de alcohol era efectuado por las autoridades mencionadas pero, ¿acaso no lo hacía también el arrestado?

Las versiones de los hechos y la pertinencia de ser atendidos por el ámbito local o federal no se hicieron esperar. Así, se exigía al juez atender el caso con responsabilidad y reconocer que dicho “robo” no se había efectuado en el mar sino en tierra firme, lo cual, de igual manera, pone en entredicho la postura del periódico y lleva a pensar que éste sólo buscaba desprestigiar al gobierno de Mucel. A pesar de lo anterior, la publicación respaldaba la versión de los afectados, los cuales pedían al Lic. Eduardo Méndez, titular del Juzgado del Ramo Penal:

[… ] Ser honrado a carta cabal, aunque con ello peligre el puñado de papeles que decenalmente acallan las frigideces que proporciona la miseria y que si desgraciadamente el procedimiento ilegal continúa, no tendremos más remedio, que fustigarlo “muy a nuestro pesar”, como a uno de tantos mercaderes de la justicia [sic].⁴⁰

Además, se mencionaba la continua llegada de embarcaciones que surtían el “negocio” de Mucel, provocando la molestia entre la sociedad. Por todo lo anterior, se convocaba a los mandos de justicia para terminar con la corruptela imperante⁴¹ y prestar atención a los “hampones” al servicio de Jacinto Zapata y Mucel, quienes, en su afán por cumplir con la labor de proveer al negocio de aquellos, no escatimaban en esfuerzos tales como cateos, robos y atracos contra otros que -conocedores de las acciones de los mandos del gobierno- quisieron recorrer el mismo camino y aprovecharse del consumo imparable de bebidas etílicas entre la sociedad campechana.

Así, por ejemplo, el sábado 19 de octubre de 1918, la policía estatal efectuó cateos en distintas partes de la capital estatal para hacer decomisos de alcohol almacenado en la estación del ferrocarril y, posteriormente, enviado a las bodegas propiedad de Mucel, supuestamente con el objetivo de cumplir con la ley prohibitiva del alcohol. Sin embargo, esta presunción caía por su propio peso, pues se aseguraba que sólo era una forma de proveer a los expendios controlados por la gente de Zapata.⁴²

Otro caso referido fue el de Rogerio Silva, dueño de la canoa Anita, la cual fue tomada por agentes de la policía y sufrió el despojo de un cargamento de ron habanero. Este hecho derivó en un enfrentamiento armado, y en la aprehensión de Silva y su tripulación por resistirse. En su defensa, se interpuso un juicio de amparo y, a la vez, se acusó a la gente de Zapata por el delito de robo. Este caso es muy similar al detallado anteriormente, pues también se llevó a cabo en zona marítima y con el mismo modus operandi: se acordó la entrega de las cajas a una persona, quien resultó ser trabajador o empleado de Zapata. De ser cierto, se debe mencionar que la violación a la Ley del Estado Seco no era del todo clara, pues ésta sólo prohibía su consumo y venta en el territorio estatal, razón por la cual muchos se dedicaran a su contrabando por mar.⁴³

Estas acciones también afectaron la bodega de Eligio Guerrero Quero, en donde se presentaron las autoridades policiacas para llevar a cabo un cateo en respuesta a la denuncia que lo acusaba de robo de cajas de licor. Paradójicamente, según se comentaba en las páginas de Los Sucesos de Campeche, quien se quejaba de dicho robo era un amigo de Zapata y, este último, de inmediato se aprestó a ayudarlo.⁴⁴

Todos estos casos detallados alrededor del comercio y contrabando de alcohol son sólo unos ejemplos de aquellos actos calificados de “despojo” y en provecho de la sociedad formada por Mucel y el jefe de la policía, Jacinto Zapata,⁴⁵ quienes utilizaban en su favor la aplicación de la Ley del Estado Seco para fincar en ella sus negocios calificados de turbios. Incluso, se exigía a distintas autoridades -fueran de aduana o de la justicia federal- a hacer lo posible por poner punto final a las tropelías de la “conocida firma Zapata Mucel y Cía”, la cual sólo aplicaba la ley en contra de potenciales competidores o quienes pudieran perjudicar a sus intereses.⁴⁶

Así, advertía que la situación había despertado un fuerte descontento entre la población contra las autoridades marítimas, a quienes se cuestionaba acerca de la legalidad de las acciones en contra de los comerciantes del alcohol en las aguas de la bahía de Campeche; en cuanto al uso de la Ley del Estado Seco en beneficio y lucro de las autoridades locales corruptas, se aseguraba que ellos mismos eran quienes se beneficiaban de los mencionados decomisos, pues el producto de éstos era vendido de manera pública en las numerosas cantinas que operaban ilegalmente en el territorio de la capital campechana. ⁴⁷

Consideraciones finales

Hasta aquí este breve ejercicio por dar a conocer el uso de las páginas de un periódico, Los Sucesos de Campeche, para desatar una serie de acusaciones en contra de la administración de Joaquín Mucel, entre 1918 y 1919, respecto al tema del contrabando de alcohol, y del cual era señalado como el principal beneficiario. Este aspecto es sólo una parte de las numerosas críticas contra un gobernador que transitó de impulsor de las reformas carrancistas y constitucionalistas en el estado de Campeche al de la figura de villano y usufructuario de los beneficios resultantes de las leyes aplicadas por él mismo para mejorar la calidad de vida y la moral de la sociedad que gobernaba.

Es cierto que faltaría emprender una labor de revisión de los expedientes resguardados en el archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Campeche del Supremo Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de analizar de fuente directa cómo fue el desarrollo de estos acontecimientos y poder reconstruir una mejor imagen de los hechos señalados en este artículo.

No obstante, el objetivo del presente texto es mostrar un ejemplo de cómo una fuente impresa era empleada por los detractores políticos de Mucel para criticarlo y demeritar su ejercicio en la etapa final del régimen carrancista en la entidad, del cual era heredero y ejemplo. De este modo, como se ha intentado mostrar a lo largo del texto, la prensa se convirtió durante aquellos años en el escaparate ideal para ensalzar a la figura de un político o para criticarlo, cuestionarlo y difundir entre las masas el apoyo o el repudio de contrarios a él; en este caso, de quienes iban formando un grupo que, con el tiempo, evolucionaría hasta convertirse en la facción socialista en Campeche y en Yucatán, durante la década de 1920 cuando se dio la preponderancia del grupo de los sonorenses en el país.

En este caso se trató el tema del tráfico de alcohol, cuya mafia -de acuerdo con la publicación Los Sucesos de Campeche- lideraba el mandatario campechano, para beneficiarse de los dividendos resultantes. Sin embargo, debo señalar que, para lograr una imagen más completa de la administración de Joaquín Mucel entre 1918 y 1919, valdría la pena ahondar en otros aspectos como el de la represión política y las votaciones, el manejo de influencias, entre otros, los cuales fueron característicos de alguien considerado como un simple émulo del poder de Venustiano Carranza en el sureste mexicano.