nueva página del texto (beta)
Español (pdf)
Artículo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar artículo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
En este artículo se analiza el proceso de “depuración” ideológica llevado a cabo dentro de una universidad que asumió de manera plena los lineamientos de la educación oficial, particularmente en lo que respecta a sus caracteres laicos y socialistas. Así, se destacan las funciones políticas e ideológicas que cumplió la Universidad Michoacana cuando estaba en juego la implementación de una política educativa oficial cuestionada socialmente por su carácter laico y su contenido doctrinario. Como fuentes hemos tomado en cuenta la documentación generada durante los procesos de “depuración” ideológica. Asimismo, se ha utilizado información que muestra la postura institucional de la Universidad. Además, se contó con el resultado de investigaciones que dan cuenta de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, así como respecto a la implementación de la política educativa oficial. La tensión Estado-Iglesia fue uno de los aspectos que estuvo presente en el momento en que los gobiernos posrevolucionarios, federal o estatal, promovieron cambios en la política educativa. La retórica socialista en la década de 1930 marcó la contienda por la reforma de la enseñanza, caracterizada por un acentuado anticlericalismo. Éste puede precisarse en oposición al clericalismo, es decir, contrario a los intentos de los sectores eclesiásticos por mantener, mediante distintos mecanismos, una intervención y posición privilegiada en el espacio público. El anticlericalismo tiene su expresión en “ideas, discursos, actitudes y comportamientos” que, en buena medida, han sustentado reformas políticas de distinto tipo, tendientes a suprimir los espacios de acción y representación de la Iglesia católica y sus ministros.1 Asimismo parte de una visión secular de la sociedad que, en su propuesta más radical, cuestiona los preceptos y las prácticas religiosas, y busca, por medios legales o violentos, la desaparición del clero y de las instituciones eclesiásticas, por considerarlas un obstáculo tanto para la consolidación del Estado, como para el desarrollo pleno de las libertades individuales, de la conciencia del hombre y del progreso de las sociedades. Sin embargo, su trayectoria histórica muestra que éste no necesariamente asume un rechazo hacia la religión, como lo evidencia el anticlericalismo moderado, impulsado por los gobiernos civiles, tanto en el periodo novohispano como en el independiente, con tendencia a reformar al clero en beneficio del proyecto de Estado.2 Su orientación ha dependido del contexto en el que se ha presentado, al destacar su vinculación con los distintos problemas políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera. Así, la perspectiva histórica nos permite situar las características y el significado de dicho movimiento en diferentes momentos de la historia mexicana.
Durante las primeras décadas del siglo XX, el anticlericalismo en México se nutrió de manera importante del avance de las ideas seculares y laicizadoras, las cuales llevaron al terreno del espacio público la discusión respecto a la participación de la Iglesia y el catolicismo en diversos campos, uno de ellos, el educativo. La laicidad como principio político y jurídico había ganado terreno hasta posicionarse como un proyecto de Estado, orientado por la Constitución de 1917, la cual no sólo mantenía la separación de los poderes civil y religioso, sino que afirmaba la educación laica, entendida como la desvinculación de las instituciones y programas educativos de cualquier precepto religioso.3 La caracterización de las relaciones Estado-Iglesia entre 1930 y 1950 alude a la existencia de un pacto tácito entre las altas esferas de ambos poderes para lograr una convivencia “pacífica”, pero dicha caracterización no alcanza para explicar las percepciones y la acción política de diversos sectores que, desde distintos espacios, hicieron en torno a la laicidad. Lo que nos interesa aquí es destacar la forma que tomaron las lecturas particulares de la laicidad, así como el problema educativo y las presiones para consagrar un régimen de libertades, con marcados tintes anticlericales.4
Antecedentes
En Michoacán, durante el periodo del general Lázaro Cárdenas como gobernador del estado, éste intentó establecer una política que apuntaba al tipo de acuerdos que pretendían lograr la jerarquía y el papado.5
A pesar de la derrota que sufrió el Partido Católico Nacional en 1913, los católicos siguieron presentes en la política michoacana, pues su base social alimentó el surgimiento de nuevas asociaciones y la expansión de otras: Asociación Católica de la Juventud Mexicana (en adelante ACJM), las Damas Católicas, los Caballeros de Colón, la Unión Católica Obrera, entre otras. El estado de Michoacán vivió el resurgimiento de nuevos partidos políticos con una significativa presencia católica, como el Club José María Morelos y el Partido Nacional Republicano, de 1921. Con estos intentos, los católicos buscaban introducir la democracia cristiana, para hacer efectiva la vinculación entre la religión y la política.6
El círculo intelectual y militante del catolicismo mexicano se nutría de las generaciones de laicos, en buena medida, formadas por sectores medios de la población, entre los que se encontraban: abogados, escritores, periodistas y estudiantes, quienes constituían una fuerza con voz propia al interior de la Iglesia. El fortalecimiento de las bases sociales del catolicismo permitió a la Iglesia sostener importantes proyectos educativos opuestos a los oficiales. Durante la presidencia de Cárdenas, fue evidente la presión que ejercieron los grupos anticlericales por dominar un espacio tradicionalmente conflictivo para ambos poderes: la escuela.
Las campañas anticlericales y de desfanatización fueron una constante durante ese periodo, y el aspecto educativo fue de los que más se distinguió por este tipo de posicionamientos.7
Los intentos por establecer una educación laica no pararon en el tipo de conocimientos impartidos, sino que se llevaron más allá. Dichos intentos se habían concentrado, al principio, en la educación básica; sin embargo, esto cambió durante la década de 1930, en el contexto de la educación socialista. El 19 de octubre de 1934, antes de que Cárdenas tomara posesión como Presidente de la República, el Congreso de la Unión aprobó una nueva reforma al artículo 3º de la Constitución, que establecía la educación socialista.8 Estos cambios legislativos y pretensiones del Estado por controlar la educación en todos sus niveles fueron asumidos por los gobiernos michoacanos y algunas autoridades y sectores educativos como un llamado a luchar contra cualquier presencia religiosa en la escuela.9
Esta reforma fue ampliamente discutida en distintos espacios, en los cuales repercutió de manera diferenciada; uno de ellos fue el ámbito universitario, donde los estudiantes “se dividieron en bandos profundamente confrontados”, los cuales dieron origen a grupos polarizados que entraron en pugna por controlar las instituciones. Hacia 1933, los católicos tuvieron una amplia acción en la Universidad Nacional Autónoma de México y en otras instituciones de educación superior.10 Como respuesta, varios grupos universitarios establecieron verdaderas purgas de elementos que consideraron “conservadores” y “reaccionarios”. La expulsión de los elementos indeseables fue el mecanismo seguido por estos grupos. El caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo evidencia la diversidad de lecturas que se le dieron a la educación laica, afirmada socialista, en un ambiente de creciente anticlericalismo.
Activismo y anticlericalismo estudiantil
La comunidad estudiantil del Colegio de San Nicolás constituyó uno de los sectores políticamente más activos dentro de la Universidad desde su establecimiento. Los liderazgos estudiantiles se gestaron desde los niveles secundario y preparatorio, para proyectarse, posteriormente, en escuelas, facultades y otros ámbitos de la política universitaria.
En la década de 1920 se perfilaron como las agrupaciones estudiantiles más importantes el Consejo Estudiantil Nicolaita (CEN) y la Federación de Estudiantes Michoacanos (FEM). Ambas organizaciones, creadas al inicio de la década, durante el gobierno socialista de Francisco J. Múgica, aglutinaban a la mayoría del alumnado.11 Los estudiantes consolidaron su posición mediante el fortalecimiento de la estructura de sus organizaciones, pero fue hacia finales de la década cuando se empezó a perfilar la posibilidad de agrupar a todo el alumnado universitario en una sola entidad. Con esta idea, en mayo de 1930 se llevó a cabo el Primer Congreso Local de Estudiantes Universitarios, en el que se discutió la formación de una federación de alcance estatal.12 En el congreso participaron el CEN, así como las sociedades de alumnos de escuelas y facultades.13 Todas estas agrupaciones manejaban un discurso con una orientación anticlerical bien definida.
Para entonces ya era evidente que el CEN, presidido por Natalio Vázquez Pallares,14 se había consolidado como la organización estudiantil mejor estructurada, con mayor peso político y con posibilidades de crecimiento hacia el exterior. La agrupación se convirtió en la instancia formadora y promotora de los principales cuadros políticos dentro del ámbito universitario. El proyecto de crear una nueva federación de estudiantes universitarios no se concretó en 1930 y el CEN siguió incrementando su preeminencia entre el alumnado.
En algunas escuelas universitarias se formaron agrupaciones estudiantiles autocalificadas como “revolucionarias”. Un ejemplo fue la Asociación Revolucionaria de Alumnos de la Escuela de Comercio, creada en agosto de 1931. De acuerdo con sus integrantes, ésta tendría como objetivo contrarrestar la acción de la sociedad de alumnos que se había formado en el plantel, por considerar que no correspondía a las “tendencias revolucionarias” del estudiantado. Como parte de sus actividades, los miembros de la organización se plantearon llevar a cabo la localización y sanción de aquellos considerados “retardatarios”, entre los que se incluía a los católicos.15
En agosto de 1932, se llevó a cabo una convención estudiantil, organizada por el CEN, en la que se presentaron propuestas para constituir y poner en funciones la Unión Estudiantil Michoacana. Con ese fin fue nombrada una comisión especial para redactar los estatutos de la organización, pero en esta discusión se enfrentaron dos posturas respecto al carácter de la misma: un sector proponía que la organización tuviera una tendencia clasista, mientras que otro abogaba por dar cabida al colaboracionismo.16 Los miembros del primer grupo hicieron valer su posición y presentaron un proyecto de estatutos para crear la Unión de Estudiantes Socialistas de Michoacán (UESM).17
La universidad socialista en Michoacán
El 23 de octubre de 1934 se discutió en el Consejo Universitario la reforma al artículo 3º constitucional que buscaba conceder carácter socialista a la educación.18 A los consejeros les interesaba conocer el lugar que ocuparía la educación universitaria dentro del nuevo texto legal. Ante la pregunta de si el artículo 3º abarcaba también a la educación universitaria la opinión mayoritaria era afirmativa. En vista de que la propuesta de reforma estipulaba que toda la enseñanza impartida por el Estado debería ser socialista, se consideró que en ésta quedaba comprendida la Universidad Michoacana, ya que dependía de aquél para su sostenimiento.19
En la sesión se expuso que no tendría por qué haber contradicción alguna entre el funcionamiento de la Universidad y la educación socialista. Para sostener esta idea se recordaron las luchas universitarias contra la Escuela Libre,20 el Seminario y, en general, contra los elementos de filiación católica, por lo que se pensó que el nuevo artículo 3º constitucional simplemente estaba legalizando un estado de cosas existentes. El rector estuvo de acuerdo con este argumento, pues consideró que el texto constitucional definía la enseñanza como una acción en contra de la religión, con el objetivo de “formar en el individuo un concepto científico de la enseñanza y de la vida”. Finalmente, la asamblea aprobó que la Universidad Michoacana adoptara para la enseñanza un carácter socialista y que debería procederse de inmediato para reorganizar su funcionamiento a partir del siguiente año escolar, el cual iniciaría en enero de 1935.21
En Michoacán, el carácter anticlerical de la reforma del artículo 3° constitucional y de la orientación que se proponía para la educación superior tenía antecedentes concretos desde la década de 1920, pues a finales de la década anterior se habían presentado propuestas de modificaciones legislativas que buscaban conceder carácter socialista a la educación y eliminar la injerencia de las iglesias y sus fieles -católicos principalmente-, en la dirección y administración de escuelas. Uno de estos planteamientos fue el de Jesús Díaz Barriga22 y Enrique Arreguín, quienes, en septiembre de 1933, presentaron su “Proyecto sobre la nueva organización educativa universitaria de acuerdo con la tesis del socialismo científico”.23 Este documento estaba constituido por los lineamientos generales que el Bloque de Jóvenes Revolucionarios de Michoacán (BJRM)24 estimaba que deberían regir en la universidad socialista. La creación del Bloque estuvo inspirada en el programa de acción del Bloque de Jóvenes Revolucionarios de Tabasco. Tras un viaje a ese estado, Arreguín y Díaz Barriga expresaron en la prensa, en abril de 1934, su admiración por Tomás Garrido Canabal, para posteriormente poner en funcionamiento la nueva organización. Por otra parte, la importancia de este proyecto, desde el punto de vista histórico, está en su trascendencia. Más tarde, sus impulsores ocuparon cargos importantes en la administración presidencial de Lázaro Cárdenas y desde esa posición buscaron llevar a la práctica sus propuestas para la Universidad Michoacana.
El movimiento pro depuración universitaria de 1937
El proyecto de la Universidad Socialista dividió a los universitarios michoacanos. En nombre de la unidad de criterios y de la defensa de los ideales socialistas se inició la persecución de los elementos considerados peligrosos para la marcha de la institución. Así, la pretendida unificación se convirtió en una labor de “limpieza” ideológica emprendida por los socialistas con el objetivo de obtener el control absoluto de los espacios universitarios.
El 29 de marzo de 1937, el estudiante Ramón Martínez Ocaranza,25 presidente del Consejo Estudiantil Nicolaita (CEN) y representante del Colegio de San Nicolás ante el Consejo Universitario, informó a este órgano el inicio de un movimiento de depuración universitaria. Martínez Ocaranza señaló que ese mismo día, en sesión extraordinaria entre los alumnos del Colegio, se había acordado iniciar un movimiento tendiente a la eliminación de “todos los elementos reaccionarios que constantemente se [habían opuesto] a los trabajos de unificación y a la labor de la Universidad, a su tendencia, a su método socialista, en fin a todos los movimientos […] progresistas”.26
Al referirse a los “elementos reaccionarios”, Martínez Ocaranza señaló que el clero mexicano había sido -y seguía siendo-, uno de los principales enemigos de la Revolución, “desde el régimen de la Reforma hasta el general Cárdenas, oponiéndose a los métodos progresistas empleados para libertar al campesino y al obrero”. Agregó que los estudiantes no harían una labor de “garridistas” -en alusión a quien fuera gobernador de Tabasco-, gritando “¡abajo los curas!”, ni excluirían a todos los católicos de la Universidad, simplemente pedían una depuración para eliminar a los militantes que se oponían al “progreso” de la institución. Así, pidió al Consejo Universitario de una institución que se había declarado socialista mostrar una actitud “enérgica y viril” ante el asunto planteado.27
En la asamblea se buscó justificar el movimiento de depuración señalando que con el cierre de la Escuela Libre algunos de sus elementos se habían trasladado al Colegio de San Nicolás. Por su parte, el consejero David Franco Rodríguez28 señaló como cuestión fundamental el saber si en la Universidad había elementos reaccionarios que se opusieran a los planes de la institución y, una vez reconocida su existencia, decidir si era necesario proceder a su expulsión. Franco Rodríguez estuvo de acuerdo en que los lineamientos del movimiento de depuración fueran aceptados en lo general, y calificó al Consejo Universitario como guardián de la posición ideológica de la Universidad, y, por consiguiente, solidario con los alumnos del Colegio de San Nicolás.
Finalmente, la asamblea, por mayoría de votos, decidió formalizar el respaldo del Consejo Universitario al movimiento de depuración proyectado. En la sesión también se aprobó la redacción de un manifiesto de los estudiantes dirigido a todas las “organizaciones trabajadoras del país”, al cual se agregó una nota exponiendo el apoyo del Consejo Universitario a las labores de depuración ideológica.29
Estas acciones se llevaron a cabo por medio de asambleas que fungieron como tribunales en los diferentes grados de educación secundaria y preparatoria del Colegio de San Nicolás. Los juicios sumarios contaron con una comisión encargada del estudio y presentación de los casos, y permitieron la participación de alumnos que actuaron como acusadores o defensores de los indiciados. A estos últimos se les permitió presenciar los juicios e intervenir en su propia defensa. Las diferentes comisiones acusadoras trabajaron bajo la dirección de un Comité Pro Depuración Universitaria, cuyos integrantes fueron los encargados de reunir la documentación generada por los diferentes tribunales para presentarla a las autoridades universitarias junto con la lista de alumnos expulsados.
El movimiento de depuración se dirigió, principal y originalmente, contra los elementos que profesaban alguna religión, sobre todo la católica, y realizaban labor proselitista en su favor; sin embargo, durante el desarrollo de los procesos, las acusaciones se extendieron hacia todos aquellos sospechosos de cualquier relación con la religión e incluso con quienes se mostraran indiferentes respecto a la discusión ideológica. En general, las acusaciones fueron lanzadas contra los que se consideraban obstaculizadores de la unificación estudiantil y enemigos de la Universidad socialista.
Los juicios iniciaron, en sesión extraordinaria, la tarde del 30 de marzo de 1937, con la reunión de los estudiantes del tercer año de secundaria.30 En la sesión se dio a conocer el informe de una comisión depuradora encargada de discutir y presentar pruebas contra un grupo de estudiantes acusados de pertenecer a la ACJM. La parte acusadora señaló que la mayoría de los miembros de esa organización se encontraba en el tercer año de secundaria y que se contaba con suficientes pruebas para comprobar que un presbítero de apellido Ibarrola los instruía y orientaba para actuar dentro de las aulas universitarias. La comisión hizo imputaciones contra los estudiantes Rafael Jacobo, Juan Pizarro, Daniel Cruz, J. Jesús Huacuja y Enrique Barrera.
La asamblea procedió a discutir los casos de manera particular, previo acuerdo con los acusados para que participaran en la sesión y sostuvieran su propia defensa. Después de tres meses de pesquisas, Rafael Jacobo fue acusado de ser el principal dirigente de la ACJM y de realizar reuniones secretas en su domicilio particular, así como en el del cura Ibarrola. La comisión dijo contar con un testigo para sustentar las acusaciones, Enrique Aguilar, quien había participado en las actividades de la mencionada agrupación y posteriormente fue expulsado. Al ser interrogado, Aguilar señaló: “conozco al compañero Jacobo, asistí a las reuniones secretas y a sus paseos. Fui expulsado debido a que sabían que yo no estaba con ellos. Vi siempre en las reuniones al compañero Jacobo. Desarrolló una labor subversiva en el Colegio. Me consta que es católico”.31 De acuerdo con la comisión, las investigaciones señalaban que el verdadero nombre de Rafael Jacobo era Faustino Magallón y que éste se había cambiado el nombre debido a su anterior militancia dentro de las filas de los cristeros. El estudiante Pizarro, quien solicitó defender al acusado, señaló que su verdadero nombre era Rafael Faustino Jacobo Magallón, pero dijo desconocer los motivos por los que sólo utilizaba parte de sus apelativos; asimismo, constató su militancia católica. La comisión acusadora señaló que Magallón había ido en representación de la Universidad Michoacana a un congreso eucarístico celebrado en la frontera de Estados Unidos; por su parte, Pizarro replicó que únicamente había ido en viaje de recreo.32 Tras discutirse el asunto y someterse a votación, se decidió, con el voto de cinco alumnos en contra, expulsar de las aulas universitarias a Rafael Jacobo.
Por otro lado, Juan Pizarro fue acusado de ser uno de los principales dirigentes de la ACJM. En uso de la palabra expresó: “ante todo, debo declarar a ustedes que soy católico, pero no militante, y considero que debo apegarme a la resolución de ustedes, consistente en que me expulsen del Colegio, pero debo declarar que mi labor no ha sido subversiva dentro del Colegio”. Después de una larga y acalorada discusión se acordó, previa votación, la expulsión de Pizarro. Los estudiantes Daniel Cruz y Enrique Barrera fueron puestos en la lista de expulsados bajo señalamientos de haber participado en las reuniones secretas organizadas por la ACJM. J. Jesús Huacuja fue objeto de cargos similares; aunque precisó que la agrupación en la cual militaba no se llamaba ACJM, se negó a dar el nombre de la misma.33
El 1 de abril, la comisión de investigación del segundo año de secundaria presentó una lista de estudiantes acusados de entorpecer el movimiento de unificación estudiantil; en ella se encontraban los nombres de Francisco Ornelas, Rubén Sobreyra, Rubén Magaña, Herlinda Chávez, Angelina Chávez, Guillermo Corona y Jorge García Rojas. Al ser acusado de ser católico militante, Rubén Magaña declaró “ser católico, cumplir los preceptos de la Iglesia, besar, por ello mismo, la mano de los curas, asistir a los cafés organizados por grupos de jóvenes católicos y haber ido, en algunas ocasiones, a paseos en compañía de clérigos donde hizo uso de la palabra”.34 Ante su confesión, Magaña fue puesto en la lista de expulsados.
A raíz del movimiento de depuración anunciado, las señoritas Herlinda y Angelina Chávez fueron acusadas de haber declarado, enfáticamente, lo siguiente: “ser católicas, catequizar a niños en diversas partes, tener conciencia de que [cumplían] con su deber como católicas y desafiar a ver quién [cumplía] mejor con sus deberes”. Las señoritas Chávez rectificaron lo dicho, pero negaron pertenecer a la ACJM. Sin embargo, con base en pruebas aportadas por varios de sus compañeros, se comprobó su militancia en varias asociaciones, entre ellas la ACJM. Finalmente, las alumnas reconocieron esto último.
Los estudiantes Francisco Ornelas, Rubén Sobreyra, Guillermo Corona y Jorge García Rojas, a quienes se les acusaba de tener relaciones estrechas con miembros de la Iglesia católica y, en algunos casos, laborar para la misma, fueron absueltos por falta de pruebas o porque se consideró que su actitud se debía a su falta de preparación. Discutidos una vez más los casos propuestos, la asamblea decidió, por mayoría, que sólo Rubén Magaña, Herlinda y Angelina Chávez eran acreedores a la pena de expulsión.35
En el primer año de preparatoria, la comisión de depuración decidió expulsar a Alberto Alvarado y Alfonso Macías, acusados de profesar el protestantismo, y a Mariano Bravo, señalado como militante católico y saboteador de los movimientos estudiantiles. En la asamblea también se discutieron los casos de los estudiantes considerados como “enigmáticos” e “indiferentes”. Entre éstos se señaló a Anacleto Tapia, Víctor Hernández, Genaro Hernández, Germes Oscar, Laureano Rivera y Alfredo Ibarra, sobre los que se decidió establecer vigilancia, así como estimularlos “en la acción revolucionaria”. De esta lista fueron borrados Melchor Castañeda, Carlos Ponce L., Abraham Correa y Luis Sepúlveda, previa demostración de su “acción e ideología revolucionarias”.36
Las labores de la comisión depuradora del segundo año de preparatoria se efectuaron los días 2 y 3 de abril. En estas sesiones se propuso y se aprobó que fueran expulsados todos los que profesaran alguna religión y aquellos que, a pesar de no ser religiosos, se opusieran a la “unificación del estudiantado revolucionario” e hicieran labor “subversiva y contrarrevolucionaria” en el Colegio. El primer caso discutido fue el de Sergio Bribiesca, acusado de ser católico militante y de haber asistido el año anterior, junto con algunos otros de sus compañeros, a clases de psicología en el Curato de la Merced. A pesar de haberse declarado “revolucionario” y haber presentando algunos documentos como prueba de su labor “socialista”, Bribiesca fue considerado un individuo opuesto al “progreso y a los lineamientos de la Universidad Socialista”. 37
De nueva cuenta, miembros de otras confesiones religiosas se incluyeron en el proceso, con argumentos que repudiaban la influencia estadounidense: José y Herón Gallegos fueron acusados de ser evangelistas y, por lo tanto, “traidores a la patria”, al considerar que de esa religión se estaba valiendo el “imperialismo yanqui para conquistar económica y espiritualmente a los pueblos débiles de América”. Los Gallegos fueron acusados de realizar labores de proselitismo en el Colegio de San Nicolás, con el objetivo de sumar adeptos a la religión que profesaban; también se señaló que desde Zitácuaro eran influenciados por personas de nacionalidad estadounidense.38 Los acusados dijeron haber sido evangelistas al momento de su ingreso al Colegio de San Nicolás, pero argumentaron haber dejado de serlo desde hacía dos años.39 Finalmente, a pesar de la presentación de algunas pruebas en su favor, tras una votación se acordó incluir a los Gallegos en la lista de expulsados.
Ramón Magaña fue acusado de ser católico militante y de concurrir a ceremonias y cultos religiosos. Magaña contestó que en efecto era católico militante “como todo el pueblo de México”, pero señaló que no la consideraba una razón válida para pedir su expulsión. Luis Ramírez, por su parte, fue acusado de ser un elemento declaradamente católico y de asumir una actitud negativa en las clases, sobre todo en aquellas de orientación socialista, en las que usaba el desorden como una manera de distraer la atención de sus compañeros. En ambos casos también se decidió la expulsión. Eliseo Moreno fue acusado de profesar la religión evangélica; no obstante, se acordó excluirlo de la lista de expulsados ya que era considerado un individuo “infantil”, sin sentido de la responsabilidad, que había llegado a la religión por motivos económicos.
En vista de que Andrés Morales, secretario de actas de la sesión, figuraba en la lista de los militantes católicos denunciados, la presidencia pidió su destitución para que pudiera hacer su defensa. Morales fue acusado de haber protegido y facilitado, en 1934, la huida de un cura a quien le habían mostrado hostilidad; también se le denunció por asistir a reuniones y cafés en apoyo al catolicismo. Finalmente, Morales declaró ser católico, por lo que se le expulsó de forma definitiva.40
Una vez realizados los procesos en el segundo y tercer grados de secundaria, así como en el primero y segundo de preparatoria, se realizó una reunión del CEN en la que se dio lectura a las actas y oficios enviados por las comisiones depuradoras. Las actas presentadas fueron discutidas y aprobadas, y con ellas las expulsiones propuestas.41 Esta documentación fue enviada dos días después al Comité Pro Depuración Universitaria para que se presentara ante las autoridades universitarias.42
El comité depurador presentó la documentación al Consejo Universitario en la sesión del 10 de abril de 1937, por medio de un pliego petitorio, al que fueron anexadas las actas originales de las sesiones verificadas por los alumnos del Colegio de San Nicolás, en las cuales se indicaron los nombres de los elementos que se consideraban contrarios a la ideología de la Universidad.43 El Consejo Universitario ratificó, por unanimidad, las expulsiones propuestas, con excepción del caso de Sergio Bribiesca a quien le retiraron los cargos por no haberse comprobado plenamente las imputaciones que se le habían hecho. Durante la discusión, el consejero José Cortés Marín señaló que, en términos generales y al margen de los casos tratados, podía decirse que la religión católica y la evangelista eran obstáculos contra las ideas revolucionarias, y, por lo tanto, para el desarrollo y fomento de la ideología universitaria. Por su parte, Natalio Vázquez Pallares, en justificación del movimiento de depuración, señaló que, si la Universidad sustentaba un criterio socialista, debía abocarse a la ideología o filosofía del socialismo; por esta razón, sostenía la opinión de que debería expulsarse a los alumnos señalados, por el simple hecho de sostener una “ideología protestante”.
De acuerdo con esto, el consejero David Franco solicitó que las autoridades universitarias se dirigieran públicamente a los estudiantes michoacanos para informarles que se había aceptado, previo estudio y análisis de los casos, la expulsión de los estudiantes que se oponían a la “ideología de la Universidad”, y para hacer un llamado a la unificación de fuerzas dentro de la institución.44
Conclusión
Para los universitarios que se asumían como socialistas, el movimiento de depuración en el Colegio de San Nicolás no fue sino un episodio más en la lucha de la Universidad contra sus enemigos -que, en ese momento, tomaban distintas formas-. Desde el punto de vista de algunos, lo ocurrido en abril de 1937 fue consecuencia de los conflictos desatados en mayo de 1936 por la visita de la misión cultural de la Universidad Autónoma de México.45 Esos acontecimientos, entre otros, sirvieron para justificar y alentar acciones para “defender” los ideales de la Universidad socialista; estas acciones derivaron en ataques contra todos aquellos que se consideraba que podían atentar contra la unidad de los estudiantes “revolucionarios”.
En ese entorno de ideas, el movimiento depurador -que originalmente pretendió actuar contra los fanáticos religiosos-, expresó en realidad una tendencia general “moralizadora”, anticlerical y socialista, sectaria y excluyente, que, de manera contradictoria, pretendió alcanzar la unidad de criterios entre los universitarios michoacanos. A las expulsiones decretadas se agregó la pretensión de alcanzar la unificación del alumnado por medio del establecimiento de una Federación Estudiantil Revolucionaria de Michoacán.46 Al mismo tiempo, la lucha contra los “enemigos” de la Universidad socialista continuó su marcha y, en mayo de 1937, el CEN lanzó una serie de ataques contra los herederos de la Escuela Libre, agrupados en la Academia Técnica de Enseñanza Mercantil de Morelia, institución acusada de ser patrocinada por el clero y la burguesía de la ciudad.47
A pesar de que, en su momento, se consideró necesaria la labor de depuración ideológica, algunos sectores mostraron su desacuerdo por la violencia con la que se habían llevado a cabo las acciones, e hicieron una autocrítica de las implicaciones del proceso de depuración en la educación universitaria. En una columna periodística, Alfredo Gálvez Bravo48 llamó la atención acerca de la “costumbre” en que se había convertido la expulsión del Colegio de San Nicolás de aquellos alumnos que aparecieran como opositores de la forma en la que la Universidad actuaba ante los problemas sociales y educativos. Al margen de considerar positiva la actitud asumida por los estudiantes, Gálvez Bravo calificó esta acción como una muestra de deficiencia pedagógica que ponía al descubierto el fracaso de la Universidad en su misión educativa. Además, señaló que la “amarga depuración” debería tener un profundo significado para las autoridades que tenían la obligación de realizar una rectificación general en su orientación educativa y asumir una posición crítica frente a la “cultura tradicional”. Gálvez expresó la esperanza de que la agitación provocada por la depuración fuera el principio de una auténtica posición universitaria ante las necesidades educativas y sociales.49
Debe considerarse que el movimiento de depuración universitaria se desarrolló en un momento muy especial de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado mexicano. Desde principios de 1936, la política federal en materia religiosa disminuyó en sus manifestaciones de anticlericalismo. Sin embargo, los poderes locales no respondieron de la misma manera, y, en muchos lugares, como la ciudad de Morelia y la Universidad Michoacana, los ataques contra la religión y el clero católicos continuaron con una intensidad similar,50 debido a una lectura particular que las combativas organizaciones de estudiantes nicolaitas hicieron de los principios de la educación laica. La especificidad del caso mostrado radicó en que los estudiantes en cuestión buscaron concretar la legislación vigente, mediante reglamentos propios para la comunidad nicolaita, orientándola hacia posturas más radicales. En muchos sentidos, el nicolaicismo de ese momento pudo reformularse ideológicamente en una especie de unión “natural” con el socialismo y el laicismo, asumiendo a este último como parte de su nombre, por medio de una redefinición de aquél, que había dado inicio en las experiencias políticas de las gubernaturas estatales en el pasado inmediato.
La actuación política de los universitarios socialistas se caracterizó, desde la década de 1920, por la defensa de los preceptos educativos contenidos en las reformas a la Constitución Política del país. El laicismo y, a partir de 1934, el socialismo, llevaron a la adopción generalizada de posturas anticlericales extremas. Desde la gubernatura de Francisco J. Múgica (1920-1922), los universitarios tomaron partido por el Estado en los conflictos con la Iglesia católica, y se enfrentaron a ésta y a sus fieles. Así, el anticlericalismo se convirtió en una actitud de la que se enorgullecían los nicolaitas.
A la vez, debe entenderse que las organizaciones estudiantiles conformaron una izquierda “oficial”, la cual creció y se consolidó gracias a su cercanía con las autoridades universitarias y estatales. Las juventudes socialistas formaron parte de sectores políticos relacionados tanto con el partido oficial, como con los grupos de poder integrados al mismo. En este acuerdo de conveniencia, los universitarios apoyaron la implementación de las políticas gubernamentales, a cambio de la adquisición de prerrogativas.
Por su parte, el papado no fue ajeno al anticlericalismo enmarcado en los nuevos posicionamientos socialistas en el país. Lanzó una serie de documentos en los que condenaba al socialismo y al comunismo, uno de los más emblemáticos en 1937, durante la etapa final del pontificado de Pío IX. El Papa ubicaba a México como uno de los países más radicales, por sus pretensiones comunistas, marcadas por el anticlericalismo, pues, como en Rusia y España, obispos y sacerdotes habían sido “desterrados, condenados a trabajos forzados, fusilados, asesinados de modo inhumano; simples seglares, sólo por haber defendido la religión, han sido detenidos por sospechosos, vejados, perseguidos y llevados a prisiones y tribunales”.51 Frente a ello, propuso una respuesta organizada para renovar la vida privada y pública sobre las bases de la doctrina cristiana y del reconocimiento de los derechos laborales de los obreros, para contener el avance del comunismo. La religión como base de toda sociedad sería capaz de contener el excesivo materialismo y equilibrar la organización social, pues el conflicto social aparecía “cuando se excluye la religión de la escuela, de la educación, de la vida pública”.52
En Michoacán, en el contexto de la Universidad Socialista, diversos sectores universitarios entendieron la laicidad no como una libertad de conciencia, sino como un posicionamiento radical que en todo momento se pensó anticonfesional. Las medidas depuradoras efectuadas en el Colegio de San Nicolás pueden ser vistas como una de las tantas lecturas que hizo la educación socialista en el ámbito universitario, aprovechada como un recurso radical desde el anticlericalismo para eliminar a un enemigo peligroso por su fuerza.
Al margen de las reacciones que generaron las expulsiones, y de la crudeza, parcialidad e imprecisión con las que fueron hechas algunas imputaciones, los procesos mostraron la fortaleza de las organizaciones religiosas -sobre todo las católicas-, que actuaban entre los universitarios michoacanos. Los grupos “socialistas”, a pesar de su fuerza y activismo políticos, nunca dejaron de ser minoría dentro de una sociedad mayoritariamente católica. La lucha de éstos no fue sólo contra la religión institucionalizada y sus organizaciones, sino contra las creencias y prácticas presentes en su entorno inmediato.
Sin embargo, no puede negarse el impulso que significó para algunos nicolaitas su participación en este tipo de movimientos, pues, al analizar la carrera política de los principales líderes socialistas, promotores de la depuración ideológica, es posible percibir el lugar que ocupaban dentro de las estructuras de poder y su capacidad para adaptarse a las variaciones ideológicas de los años posteriores, en escenarios en los que se atemperó el anticlericalismo oficial, una vez concluida la administración cardenista. Algunos de esos líderes alcanzaron importantes cargos en la administración universitaria, así como en el gobierno, en sus órganos estatal y federal. El seguimiento de sus posicionamientos ideológicos posteriores todavía está por estudiarse.
