Artículos

 

Sonora: la revolución en el Socavón, 1910–1918

 

Sonora: The revolution at the Socavón, 1910–1918

 

Juan Manuel Romero Gil*

 

Departamento de Historia y Antropología–Universidad de Sonora. * jromero@sociales.uson.mx

 

Recepción: 02/09/09.
Aceptación: 09/03/10.

 

RESUMEN

Aquí se analiza el impacto que tuvo la revolución en los principales centros mineros de Sonora. El tema principal consiste en ampliar la visión histórica que sostiene que los grandes centros mineros no interrumpieron sus actividades productivas. Se muestra que las poblaciones mineras polarizaron sus vidas social y política en cada etapa de la revolución; es decir, los trabajadores conformaron embrionarias organizaciones sindicales, aprovecharon el contexto político para demandar con paros y huelgas, añejas aspiraciones en materia de salarios, salud y vivienda. En momentos del proceso revolucionario lograron conformar auténticas comunas obreras, imponiendo su hegemonía. En suma, sostengo que los trabajadores mineros, emblemáticamente los de Cananea, significaron un movimiento social en la revolución que sedimentó las luchas reivindicadoras de principios del siglo XX.

Palabras clave: revolución, trabajadores, autonomía, sindicalismo, minería.

 

ABSTRACT

This paper analyzes the impact that the Mexican Revolution had over the main mining centers located in Sonora, Mexico. Its propose is to wide the history vision which sustains that large mining centers, did not interrupted their productivity because of that movement. In a new perspective, based in archival documents, it has been shown that mining towns polarized their social and political lives during every revolution phase. That is, the workers, organized in embryonic unions, took advantage of the political context to claim, trough the usage of stoppages and strikes, stale aspirations of wages, health and housing. In times or stages of the revolutionary movement, especially during the factional struggle, they managed to form true communes of mine workers, imposing their hegemony In sum, we think that the mine workers, especially the emblematic ones of Cananea, need to be considered as a social movement in the Mexican Revolution that sediment the struggles of the early twentieth century.

Key words: revolution, workers, autonomy, unions, mining.

 

INTRODUCCIÓN

A manera de propuesta este trabajo conecta dos problemas de preocupación historiográfica. El primero, consiste en prospectar una veta, para el caso de Sonora, que permita explicar hasta qué grado los disturbios generados por la Revolución mexicana afectaron a la minería como actividad rectora de la economía estatal. Relacionado con lo anterior, se pretende investigar en un territorio limitado y en un periodo determinado (1910–1918) el tipo de relaciones que se establecieron entre los personajes que controlaban —con las intermitencias consabidas— el mando revolucionario y las empresas extranjeras que explotaban los principales yacimientos de oro, plata y cobre.

El segundo problema consiste en retomar, para matizar y acaso explicar, una idea clásica en la historiografía sobre la revolución, cuya postura sostiene que los principales centros mineros productores de cobre, ubicados en el Noroeste del país, se convirtieron en "santuarios de la producción".¹ En efecto, Katz sostiene en su libro La guerra secreta en México, que principalmente las grandes empresas que explotaban minerales cupríferos sólo sufrieron leves interrupciones en sus actividades económicas, debido a su posición geográfica y a la eficaz protección diplomática que recibieron del Departamento de Estado estadounidense. A esta lectura sobre las características particulares que tomó la revolución en el Norte se sumaría Françoise–Xavier Guerra, al sostener que los prematuros brotes revolucionarios ocurrieron en los minerales de tamaño pequeño y mediano, lugares donde se nutrieron los ejércitos revolucionarios pioneros que seguirían el llamado de Madero, reconoce, al mismo tiempo, que en las grandes empresas modernas —si bien jerarquizadas y polarizadas socialmente por encontrarse en zonas menos frágiles— no se presentaron fallas, cuya energía dio inicio al movimiento social.²

Otras interpretaciones que analizan la revolución desde Sonora, sostienen que los Constitucionalistas toleraron y acaso aprovecharon el conflicto intermitente entre las empresas mineras —en especial en Cananea— para negociar préstamos e impuestos.³ Esta última posición, si bien correcta en lo referente a los intereses de los Constitucionalistas, soslaya el grado de autonomía que ejerció el movimiento obrero regional en los años álgidos de la revolución, periodo al que llamaré interregno.

No obstante, Katz y Guerra coinciden además con la visión de Alan Knigth en que la Revolución mexicana fue todo menos una revolución exclusivamente obrera.⁴ Cabe mencionar que la no incorporación masiva de los trabajadores de las grandes empresas mineras de Sonora, no significó la anulación de sus aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida, reclamo que prematuramente brotó en los pueblos mineros del septentrión sonorense, representado por la legendaria huelga de Cananea en junio de 1906. Por el contrario, pienso que los mineros aprovecharon primero los intersticios de poder que dejó la revolución en su fase armada, y, en segundo lugar, el marco de la política social que inició en la etapa constitucionalista para negociar y exigir un conjunto de demandas relacionadas con los salarios y las condiciones de trabajo. En consecuencia, sedimentó en este proceso de crudas y álgidas negociaciones entre empresas y trabajadores, una serie de movimientos laborales y cívicos, marcan la vida de los pueblos mineros en la etapa final del Porfiriato y la década revolucionaria.

Cabe señalar que el paisaje económico y social de esa región estaba marcado al cerrar la primera década del siglo XX, por la presencia de grandes empresas como: La Cananea Consolidated Copper Co. (4C), la Moctezuma Copper Co., El Tigre Mining Co., la Dura Mining Co. y la Crestón Colorada Mining Co. Con sus inversiones dieron pie a modernas instalaciones, simbolizadas por sus malacates, casas de fuerza, maestranza, concentradoras, profundos tiros y socavones y, sobre todo, populosas comunidades.⁵

Por lo que, al inicio del siglo XX, la inversión extranjera —principalmente de origen estadounidense— aplicada en la minería, era ostensible en la sierra y el desierto de Sonora. Como muestra de ello tenemos que en 1903 había dispersas en la sierra 82 negociaciones, grandes y pequeñas que hacían patente la presencia y el control de los inversionistas extranjeros⁶ sobre la propiedad minera. Incluso en 1910 —año de la caída del régimen de Porfirio Díaz— 17 de las 31 grandes empresas que existían en el país estaban bajo control de capital estadounidense. Esta hegemonía se fundamentó en una superioridad técnica y en la disposición de importantes remesas de dinero, acompañado de un conjunto de prerrogativas especiales de parte de la clase gobernante, con el fin de que los inversionistas tuvieran el clima propicio para obtener jugosos beneficios,⁷ al mismo tiempo que ofrecían trabajo y colonizaban zonas geográficas vírgenes.

Esta política de puertas abiertas al capital extranjero aprobó una legislación bastante laxa que concedió derechos de perpetuidad en la propiedad minera. En los diferentes contratos promovidos por el Despacho de Fomento, Colonización e Industria se brindaron amplias exenciones fiscales en la exportación de metales y en la importación de maquinaria, por espacios de tiempo no menores a 20 años. Esta situación benefició durante un largo tiempo al inversionista extranjero, dando pie a una alianza favorable con el gobierno porfirista.⁸

Al estallar la revolución en 1910, la propiedad minera quedó envuelta en un ambiente de inestabilidad que provocó alarma generalizada en las principales empresas, ante la amenaza de acabar con el clima de protección brindado por el Porfiriato. Efectivamente, la revuelta armada contra su octogenario protector, el general Porfirio Díaz, provocó temores no infundados entre los empresarios, obligándolos a tomar todo tipo de protección diplomática y, en algunos casos, armar a sus empleados de confianza. Vale decir que sobraba razón a sus temores, pues los centros mineros resultaban estratégicos para los grupos en conflicto, de los que se podían obtener recursos humanos para engrosar a los ejércitos; asimismo alimentos y ropa de los almacenes o tiendas de raya, además de importantes fondos para cubrir el salario de sus efectivos o bien para adquirir armamento y parque. En sus talleres mecánicos se reparaba la artillería.

Si bien se intenta recuperar con este análisis histórico el periodo de 1910 a 1920, que, lejos de ser uniforme, presenta al menos tres momentos importantes; entre ellos el maderismo que abarca los años comprendidos entre 1910–1913. Se analizan también los tiempos de la lucha constitucionalista, a raíz del golpe que asesta Victoriano Huerta en contra del régimen de Madero. Este momento —en particular— resulta muy agitado para los pueblos mineros que operaban en el centro y norte del estado, debido al ambiente de inestabilidad política que afloró en esos agitados años. En esta etapa se estudia el periodo entre 1913 y 1915, la cual resulta ser la más álgida de la revolución.

El último apartado de este ensayo se refiere al tiempo en donde la facción carrancista, y en consecuencia los sonorenses que le acompañaron, se volvió hegemónica durante la revolución; cuyo lapso fue entre 1915 y 1917. Durante esos años las relaciones entre los empresarios y los trabajadores son reordenadas jurídicamente por parte de los gobiernos revolucionarios locales, en especial los mandatos de Calles y De la Huerta. En buena medida, en territorio sonorense se prueban algunas políticas de corte nacionalista y otras de carácter social, las cuales fueron reconocidas por el Congreso Constituyente; me refiero a la política en materia laboral: el decreto de protección al trabajador en caso de accidente, el establecimiento del salario mínimo, el reparto de utilidades y los reglamentos de seguridad e higiene.

 

LOS MINEROS A LA SOMBRA DEL MADERISMO Y LA REBELIÓN OROZQUISTA

Siguiendo esta periodización, es posible percatarse que las comunidades mineras de Sonora participaron tempranamente en las acciones revolucionarias y, en especial, del ambiente político que se incubó. Con el levantamiento de Madero en noviembre de 1910, se modificó de manera sustancial el ambiente político en los minerales de la región, pues al aflojarse los amarres que ejercía la dictadura sobre los trabajadores se dio un resurgimiento del movimiento anarquista.

Cabe recordar que los clubes liberales dominaron desde principios del siglo XX, la franja fronteriza entre Sonora y Arizona;⁹ los clubes formaron un cinturón ideológico que abarcaba toda la frontera. La legendaria huelga de 1906 suscrita en Cananea, era tan sólo una expresión de la intensa actividad política que generaba el anarquismo en la región.¹⁰ Vale recordar que las tareas de proselitismo de los clubes anarquistas abarcaban a los minerales de la Baja California, en especial en el mineral cuprífero El Boleo.¹¹

En los años del régimen maderista se crearon expectativas de mejoramiento social entre los mineros. Asimismo se generó un sentimiento nacionalista propio de zonas mineras que estaban bajo la hegemonía del capital extranjero; por esta razón, brotaron varios movimientos de huelga en contra de las principales empresas. Estas acciones colectivas, aparte de buscar un mejor salario, estuvieron cargadas de una evocación patriótica que intentó frenar el autoritarismo en que incurrían con frecuencia los capataces estadounidenses. Como se sabe, en las empresas mineras hasta muy entrado el siglo XX, los extranjeros se encargaron de organizar, distribuir, vigilar el trabajo en las minas, en los departamentos de concentración y fundición de metales.

Al finalizar octubre de 1911, en la víspera de la asunción presidencial de Madero, estallaron huelgas mineras en las empresas más importantes de Sonora. Empezando por el histórico mineral de Cananea en donde las ofertas del apóstol de la democracia provocaron esperanzas de mejoría económica y libertad de participación política entre los obreros, provocando así que surgiera la organización Unión Obrera de Cananea; la cual le ocasionó problemas a la 4C, al estallar un movimiento de huelga que demandaba mejor trato en el trabajo y un mayor salario.¹²

Para esa época el mineral de Cananea era un dinámico centro poblacional de aproximadamente 25 000 almas.¹³ El conflicto en cuestión comenzó en la mina Eureka al declararse en huelga 800 trabajadores, paro que se extendió a la mina Oversight; y cuya petición en común era la destitución de dos capataces estadounidenses. Curiosamente en esos años el control político y militar de la prefectura de Arizpe estuvo en manos de Benjamin Hill que, como se sabe, formó parte del sector radical en la revolución.¹⁴

Benjamin Hill, como demostró en distintos momentos, asumió una postura que denotó una prematura actitud si no nacionalista al menos imparcial frente a los intereses de los capitalistas foráneos, pues con el fin de resolver el problema, ordenó la detención de los mayordomos extranjeros, además de una fuerte multa de 20 000 pesos para dejarlos en libertad.¹⁵ Con esta insólita postura Hill se granjeó el reconocimiento de la Unión Obrera, pero provocó, al mismo tiempo, la oposición del Departamento de Estado del país vecino. Por esta razón, la embajada estadounidense protestó y logró a través del gobernador Maytorena, una multa simbólica de 300 pesos para que los capataces pudieran abandonar la cárcel.¹⁶

También, en oposición al autoritarismo y en señal de protesta, los mineros que laboraban en la empresa Pedrazzini Gold and Silver Mining Co., en Las Chispas —mineral ubicado en la zona o distrito de Arizpe— y los de la Crestón Colorado Mining Co., en el mineral de La Colorada, dejaron caer sus brazos en otro paro de labores. Mientras que en el caso de la compañía Pedrazzini los operarios llevaban meses preparando su movimiento. En junio de ese año, un destacamento de 50 soldados, provenientes de la guarnición de Querobabi, frustó un primer intento de huelga dirigido por los barreteros. El movimiento de finales de octubre incluía su oposición a que la empresa continuara, como era su costumbre, desnudándolos al salir de la mina. Por dicha razón, un clima de violencia cubrió el ambiente político de Las Chispas, a causa de ello los obreros mataron al Comisario y Jefe de la Policía local.¹⁷

Estas fueron las primeras pruebas para los gobernantes locales que habían tomado el poder en el marco del maderismo. Como se ha indicado, estos movimientos de huelga ocurrieron en momentos en que el país vivía un candente ambiente electoral, lo cual explica, probablemente, la política moderada y conciliadora del gobernador José María Maytorena, en contraste con la actitud radical de Benjamin Hill.

La postura del gobernador sonorense se explica por la necesidad que tenían las autoridades locales de mantener relaciones armoniosas con Estados Unidos, pues la cautela y la prudencia son determinadas por una condición insoslayable: mantener la frontera abierta para que salieran los metales y los productos agrícola–ganaderos, para obtener de esta forma los recursos monetarios que se aplicaban en la causa revolucionaria. No menos importante que lo anterior, era mantener la entrada libre al tráfico de armamento.

Había, además, un factor político que obligaba a los dirigentes revolucionarios a actuar con cautela y que consistió en la existencia de una fuerza de trabajo superior a los 10 000 hombres, distribuida en los centros mineros de Sonora. Tan sólo en Cananea había contratados más de 3 000 operarios, cuyo lugar fue siempre un caldo de cultivo para la oposición porfirista de origen magonista, lo cual no aseguraba que una vez frenado el capital extranjero se mantendrían fieles a la causa maderista. Por su parte, las acciones radicales aplicadas por Benjamin Hill en contra de los empleados extranjeros de la 4C —que tocaron los intereses estadounidenses—, y que meses atrás parecía una acción imposible; es sin duda la evidencia del empuje que le imprimía un sector de los trabajadores a la revolución.

Un elemento más para comprender los afanes conciliatorios de Maytorena, es que la actitud del gobernante sonorense estaba ligada a los compromisos económicos que los bandos revolucionarios mantenían con las empresas estadounidenses. Por ejemplo, la 4C abrió una cuenta especial que se denominó "Defensores de la Patria"; dicho crédito se concedió al revolucionario maderista Juan G. Cabral, quien, a finales de 1911, ya había retirado en dinero y alimentos una cantidad superior a los 71 000 pesos.¹⁸

Los sucesos de finales de 1911, mostraron anticipadamente el ambiente político que experimentarían las comunidades mineras y pronosticaron la tensión que viviría la relación entre gobierno local, empresas mineras y trabajadores. En efecto, los años comprendidos entre 1912 y 1915, estuvieron marcados por inestabilidad política generalizada en casi todo el país, pues convirtieron a Sonora en "territorio de nadie". Es decir, se anuló en los hechos el orden estatal, lo que dio lugar a una especie de interregno; tal situación comenzó a sentirse durante la segunda mitad de 1912, cuando estalló la primera oposición armada contra Madero, encabezada por el chihuahuense Pascual Orozco. Este conflicto dio a los mineros la cobertura propicia para poner a prueba los patrones extranjeros.

La coyuntura de la rebelión orozquista propició la acción directa de parte de los obreros, además, fue motivo de distracción para el gobierno local, pues encaminó sus diligencias hacia la obtención de recursos, con el fin de defender a Sonora de los revoltosos.¹⁹ Debido a ello, 1912 es un año crítico para la política interna. De ahí que las relaciones entre los actores se tomen con extremo cuidado. Tres situaciones afloraron en los minerales: 1) apareció en forma generalizada una posición nacionalista; 2) vuelven los movimientos de huelga; 3) las zonas mineras se convierten en escenario de batalla y continúa la política rebelde de avituallarse de alimentos y dinero.

No resultó nada extraño a los minerales las manifestaciones de cierto patriotismo autóctono, pues cabe recordar el oprobio permanente que mantenían los capataces yanquis contra los trabajadores mexicanos; quienes enarbolaron la añeja denuncia de la diferencia en salarios y trato que tenían las empresas entre los nacionales y los extranjeros. Normalmente estos últimos, recibían trato preferente. Por esa razón, en casi todos los movimientos, huelgas o motines que precedieron a la revolución en Sonora, era invariable la lucha que daban los mineros por mexicanizar los puestos de mando.

El caso más contundente de expresión nacionalista se suscitó en el pueblo minero de La Colorada. En este lugar en un paraje público apareció un manifiesto cargado de adjetivos antinorteamericanos que al cierre señalaba: "México para los mexicanos".²⁰ El documento provocó un despoblamiento en la colonia estadounidense y una amenaza al cierre de operaciones por parte de la empresa, en caso de que no se les brindara seguridad a sus vidas e instalaciones. Sobra decir que el gobierno local fue urgido por el cónsul estadounidense a tomar severas medidas de protección para sus connacionales.²¹

Al mismo tiempo, los mineros vuelven con todo al territorio sonorense, estallando huelgas simultáneas en los minerales de Cananea, La Colorada y La Dura; aunque no se puede comprobar que se trataba de una acción orquestada por los clubes anarquistas, lo cierto es que manejaban demandas comunes como: la destitución de capataces estadounidenses, la regularización y modificación del sistema de pago, la petición de una jornada laboral de ocho horas y el mejoramiento en el servicio de los hospitales.²²

Estos actos realizados a sólo unos meses del paso del orozquismo por Sonora, nuevamente pusieron a prueba la relación entre el gobierno y las empresas extranjeras. Durante el tiempo que duró la rebelión, fue permanente la sombra de la embajada estadounidense sobre el gobierno y las zonas mineras. De los centros mineros en conflicto el de Cananea fue el que se vigiló con mayor celo, ya que algunos de los dirigentes del conflicto que habían sido protagonistas de la huelga de 1906 fueron encarcelados. El gobernador interino Ismael Padilla ordenó arrestar a Esteban Baca Calderón, Juan José Ríos, J. M. Olguín y Pablo Quiroga. En opinión del gobernante se justificaba la medida pues señalaba que "había que parar un socialismo mal entendido que ha traído como resultado los conflictos que se están lamentando en diversas partes del país entre el capital y el trabajo".²³

Por su parte, las empresas extranjeras impulsaron una doble estrategia para la defensa de sus intereses que consistió, por un lado, en pedir indemnización por daños que pudieran causar los mineros y los revolucionarios en sus propiedades; por otro, amenazar con la intervención de fuerzas armadas de su país, con el pretexto de proteger sus instalaciones y la vida de los empleados. La Moctezuma Copper Co., empresa filial de la Phelps Dodge, que explotaba el cobre en la región minera de Nacozari–Pilares, fijó en 10 500 dólares la indemnización diaria, durante el tiempo que estuvieran interrumpidos los trabajos. Además, alertaba que una parálisis en los trabajos dejaba en desamparo a 2 500 trabajadores los cuales podrían ser reclutados por las facciones en pugna.²⁴

El otro recurso consistió en solicitar protección armada al Departamento de Estado en Washington, dicha medida tenía un carácter intimidatorio, pues provocaba una mayor cautela en los gobernantes locales. En ese marco de protección externa, la Moctezuma amenazó con una intervención armada de cuatro regimientos de soldados negros apostados en la línea fronteriza de Agua Prieta y Douglas.²⁵ No obstante la desventaja de enfrentar al ejército estadounidense, el gobernador Maytorena asumió la defensa de la soberanía estatal, pues señaló en un telegrama nada cordial, dirigido a James Douglas "que no estaba dispuesto a tolerar el ultraje de que fuerzas norteamericanas pisaran territorio mexicano".²⁶

La presión de las empresas, respaldadas diplomáticamente por Washington, tenía como explicación la cadena de daños que dejó, a su paso, la revuelta orozquista por territorio sonorense. Durante agosto y septiembre de 1912, los minerales ubicados en la región serrana, colindante con Chihuahua, padecieron constantes incursiones rebeldes. La acción de mayor impacto sucedió en las propiedades de la empresa el Tigre Mining, ubicada en el municipio de Óputo, lugar convertido en escenario de batalla durante más de 30 horas, hasta que finalmente los rebeldes lo tomaron y secuestraron al gerente de la empresa; además de llevarse 25 barras de plata y causar daños, superiores a los 15 000 dólares, a las instalaciones.²⁷

A otras dos empresas sonorenses, la Transvaal Copper Co., en Cumpas y la Dura Mining Co., en el distrito de Álamos les dejaron vacías las tiendas de raya.²⁸ El daño más considerable lo ocasionaron en las vías del ferrocarril. Cuarenta y cinco puentes fueron volados, dejando incomunicados a los minerales del centro y sur del estado.²⁹

Durante la etapa maderista de la revolución, incluida la rebelión orozquista, las grandes empresas pudieron sortear las dificultades que generó el comienzo del movimiento, a pesar de que los revolucionarios las tomaron de abrevadero para obtener municiones de boca, explosivos, armas, balas, dinero y, de manera importante, para reclutar gente. Por otra parte, y a diferencia de las grandes compañías, los pequeños y medianos minerales padecieron el saqueo de parte de los distintos grupos en lucha. Incluso hubo zonas que se convirtieron en territorio sin ley, como es el caso de la compañía La Sultana en Carbó, donde trece estadounidenses fueron victimados como resultado de un ataque de yaquis alzados.³⁰

 

ESTADO SIN LEY: LA NEGOCIACIÓN FORZADA

El golpe de Estado de Victoriano Huerta, ocurrido en febrero de 1913, que rompió el orden constitucional y cambió de tajo la situación interna, significó para Sonora un viraje brusco en las reglas del juego político entre la región y el centro. Al plegarse los sonorenses a la causa constitucional que abanderó Venustiano Carranza, tuvieron que darse a la tarea de integrar un ejército regular y definir un mecanismo para obtener recursos económicos.³¹ Para lograr esto último impulsaron una política que consistió en un conjunto de acciones bajo la política de economía de guerra. El plan estribó en un control militar de los molinos harineros, de la escasa industria textil y de las haciendas ganaderas. Además, de la recaudación de impuestos federales y la creación de la Dirección General de Aduana para controlar fiscalmente la entrada y salida de mercancía.

Los principales centros mineros estuvieron al margen de la intervención estatal directa, tal y como se definía en el plan emergente. No obstante, eran un cautivo mercado para la harina que producían los molinos intervenidos. En especial la 4C fue un cliente importante para los revolucionarios sonorenses, pues se convino con ella, después de obtener una rebaja en el precio, la adquisición de 2 000 cargas de harina con un valor de 41 000 pesos oro. La transacción se realizó en el Bank of Douglas en Arizona y sirvió para adquirir armamento y parque.³²

Otra medida en este ambiente de economía de guerra, que involucró a las empresas extranjeras, fue el cobro de los pocos impuestos federales que pagaban. Al finalizar marzo de 1913, el gobierno solicitó y obtuvo de la Moctezuma Copper el pago adelantado de los impuestos por producción de metal hasta febrero del siguiente año.³³ Esta operación fiscal y la compra de armamento se repitieron en varias ocasiones, lo cual resultó más espinoso que la compra de harina y ganado, ya que las compañías mineras pagaron los impuestos con desconfianza. Durante 1913 y los años posteriores, asesoradas por el Departamento de Estado estadounidense cubrieron sus adeudos fiscales bajo protesta.³⁴ Debido a esto los gobiernos locales pactaron un compromiso de reparar los daños que ocasionó esa política.

En 1913, por las características que tomó la guerra civil, los gobernantes locales extremaron precauciones en el trato con las empresas mineras para evitar un cierre en la frontera entre Sonora y Arizona. Sin embargo, quedaba latente el asunto de la política obrera. Este no era un caso de menor riesgo pues en los centros mineros se reproducía un sentimiento nacionalista.

La inexistencia de un gobierno fuerte y el ambiente de crisis política generalizada influyeron para que los mineros presionaran, en forma directa, a los empresarios y en algunos casos, como en Cananea, ejercieran, aunque efímeramente, un control absoluto. La población de aquel mineral logró imponer un poder popular aprovechando el desconcierto que provocó la falta de combustible debido a la interferencia del ferrocarril que venía de Nacozari.

La escasez de carburante paralizó la fundición y otros departamentos de la 4C, debido a esto la empresa despidió a muchos trabajadores, causando un clima de tensión política capitalizado por la Unión Obrera de Cananea. En una asamblea popular, realizada por los trabajadores agrupados en la Unión, se culpó a la dirección de la 4C del recorte de mineros.

Los mineros de Cananea expresaron su inconformidad a través de un manifiesto público, a la vez que solicitaron la expulsión del país del general de la empresa James S. Douglas.³⁵ Propusieron además —en una estrategia de sobrevivencia y en un rasgo de solidaridad— que el escaso trabajo se distribuyera entre toda la población trabajadora, lo cual incluía a los mineros despedidos. En el mando militar hubo respaldo a su propuesta. Salvador Alvarado, el comandante que controlaba el mineral, encabezó la manifestación popular de protesta y ejecutó la petición expulsando al gerente estadounidense.³⁶

La expatriación de James S. Douglas, quien debió retirarse al vecino estado de Arizona, confirmó el poder alcanzado por los mineros y, al mismo tiempo, puso en la frágil balanza política de esos años el riesgo de un rompimiento diplomático con Estados Unidos. Tal situación no era conveniente para la causa constitucionalista porque significaba el cierre fronterizo al paso de armas.

El gobernador interino Ignacio Pesqueira, quien cubría la licencia de Maytorena, midió la gravedad de los acontecimientos y ofreció disculpas a la 4C. Además, prometió a George Young, gerente interino durante el breve tiempo que estuvo fuera Douglas, que tendrían la protección oficial para cuidar de sus vidas, bienes e instalaciones. Para no poner en duda la autoridad y el temperamento de Salvador Alvarado —en ese momento autoridad militar en Cananea— en un mensaje privado le señaló al militar revolucionario que "a esos malos extranjeros debe aplicársele el Art. 33 de nuestra Constitución y no tienen que andarse mezclando en nuestros asuntos".³⁷

La otra gran empresa productora del metal rojo la Moctezuma Copper Co., no escapó a dicho ambiente de protesta obrera. En mayo de ese año, a unos días de solucionado el conflicto en Cananea, los trabajadores de la concentradora pararon actividades solicitando la remoción de dos mayordomos estadounidenses, calificados de insoportables por el mal trato que daba a los mineros mexicanos. El paro de labores que comenzó en Nacozari, lugar en el que estaba la concentradora, se extendió hasta Pilares —en este sitio se explotaban las minas de cobre— pues 400 mineros se negaron a entrar al socavón en adhesión con los operarios de la concentradora.

Este ambiente de agitación, muy cercano a la revuelta, ameritó una intermediación del gobierno local.³⁸ Nuevamente le tocó al general Pesqueira, gobernador interino, mediar en el conflicto empresa–trabajadores; pero esta vez suplicó a los mineros que cambiaran su proceder belicoso por la prudencia, regresando inmediatamente al trabajo y "dando una prueba de verdadero patriotismo".³⁹

Durante 1914 Sonora se convirtió en un sólido bastión del constitucionalismo, lo cual cambió las condiciones políticas estatales y favoreció así al gobierno local; de tal suerte que éste realizó un arbitraje en el antagonismo entre los trabajadores y las empresas mineras. Cabe señalar que las compañías aprendieron a negociar con los distintos contingentes revolucionarios. El trato directo con los obreros no les resultó difícil, pues contaban con armas silenciosas como el lock–out, o bien con la negativa de aceptar el papel moneda. Sin duda, el cierre de operaciones, decidido unilateralmente por la empresa, era el recurso de mayor presión para los mineros y el gobierno, pues volcaba a los trabajadores hacia una situación desesperada, hasta el punto de estar dispuestos a sumarse a las filas de alguno de los bandos en pugna.⁴⁰

En abril de 1914 la 4C, como medida de presión para lograr mayor apoyo del gobierno local, decretó un cierre de operaciones y retiró a la mayoría de los empleados estadounidense.⁴¹ Un aire de zozobra y alboroto circuló en el mineral de Cananea. Ante ello, Maytorena, que estaba de vuelta en la silla del poder estatal, no tuvo más salida que pactar un compromiso de protección con James S. Douglas.

Tal compromiso se puso en evidencia cuatro meses más tarde, cuando nuevamente un paro afectó las labores de la 4C; pero esta vez no se debía al lock–out empresarial, sino a consecuencia de un movimiento anarcosindicalista. El gobernador Maytorena no dudó en utilizar medios enérgicos contra los mineros y en esos términos se lo solicitó a Salvador Alvarado, quien dio pie a una labor de expulsión de los trabajadores que profesaban ideas anarcosindicalistas. Al comienzo de ese año el gerente Douglas logró además que el prefecto Platt, de Arizpe, desterrara a 20 miembros de la Federación de Mineros de Estados Unidos, que hubieran llegado a Cananea para realizar labor político–sindical entre los obreros.⁴²

A finales de 1914 la atmósfera política de Sonora se cargó de nubarrones de discordia a causa de la lucha por el poder que libraban Maytorena y Plutarco Elías Calles. Esta disputa, que se mantuvo inicialmente en roces sin trascendencia —en parte por la mediación de Álvaro Obregón y Francisco Villa— se convirtió en una abierta guerra civil después del rompimiento de los convencionistas con Carranza. Al finalizar el año y al plegarse Maytorena a la causa que representaba el Centauro del Norte, Sonora quedó bajo el fuego cruzado de dos bandos. Esta situación se prolongó hasta agosto de 1915, cuando las fuerzas callistas ganaron la batalla.

Los minerales no quedaron al margen de este escenario de guerra. Todas las compañías extranjeras ubicadas en el Norte del estado operaron bajo condiciones adversas de diciembre de 1914 a octubre de 1915. Los enfrentamientos entre las fuerzas maytorenistas y las callistas dejaron como saldo puentes quemados que interrumpían la comunicación entre Agua Prieta y Nacozari.⁴³ Esta situación impedía la salida de productos metalíferos y la entrada de mercancías, provocando así escasez de víveres; además de la proliferación de bandas armadas que asaltaban a las pequeñas y medianas empresas, dejando una estela de cierres y abandonos. En octubre de 1915, la 4C y la Moctezuma Copper cerraron operaciones en medio de un abandono masivo de estadounidenses y mexicanos. Tal medida fue el corolario de la zozobra vivida durante todo el año. La primera de ellas fue tomada por las fuerzas de Villa, mientras que la segunda la ocupó Plutarco Elías Calles quien cogió provisiones y el ferrocarril.⁴⁴

La compañía el Tigre vivió una experiencia similar, soldados de ambos partidos se apropiaron de dinero y provisiones. Incluso le confiscaron las mulas que ocupaban para jalar el metal de las minas al entronque ferrocarrilero.⁴⁵

Otro problema que enfrentaron las empresas fue el pago de impuestos. Los derechos aduanales y los impuestos federales de ensaye de metales los pagaron por partida doble, pues cada facción revolucionaria les cobró la cuenta.

 

EL ENSAYO REFORMISTA

El triunfo de los carrancistas disipó temores de las compañías mineras y creó un clima de estabilidad política. A ello contribuyó un fenómeno extraordinario y externo: la Primera Guerra Mundial que abrió súbitamente un atractivo mercado para el metal rojo.⁴⁶ Debido a esta conflagración, la amenaza de intervención de Estados Unidos, para dar protección a las propiedades de sus ciudadanos, se desvaneció y dejó en el terreno local las negociaciones entre las empresas y el gobierno.

Cabe señalar que el contexto de guerra mundial favoreció las políticas de corte nacionalista impulsadas por Carranza, además de que los gobiernos locales buscaron formas de acercarse a la clase trabajadora pues necesitaba consolidar el poder revolucionario, por lo mismo, se decidió por jugar un papel conciliador entre el capital y el trabajo.

En Sonora, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta —dos personajes que integraron posteriormente la facción hegemónica en la revolución— desde la silla del gobierno estatal trataron directamente con las compañías mineras. El primero tenía el antecedente de agosto de 1915, cuando urgido por obtener recursos para la guerra que sostenía con las fuerzas villistas, emitió desde su campamento de campaña un decreto para cobrar en oro los impuestos a las compañías mineras. El decreto no se aplicó, pues se negoció el pago de los derechos municipales.⁴⁷ Este fue el primer antecedente de la relación entre empresarios y gobernantes en la etapa de dominio constitucionalista.

Al tomar la revolución el cauce constitucional se broqueló un ambiente de nacionalismo. Venustiano Carranza aplicó en todo el país una legislación para activar la minería y con ello cancelar focos revolucionarios. Además buscó gravar la producción minera y, lo más importante, recuperar el derecho del Estado mexicano sobre los recursos del subsuelo.⁴⁸ En este contexto, actuaron los gobernantes sonorenses durante 1915–1918. Al proyecto carrancista se le agregaron, de manera local, un conjunto de medidas que buscaban dar protección a los trabajadores de las haciendas, pero principalmente a los que laboraban en las empresas mineras.

Durante el periodo comprendido entre 1915 y 1918, Calles y De la Huerta impusieron en todo el estado de Sonora una doble política: por una parte, exigían a las empresas, mediante decretos, el establecimiento de un salario mínimo; la indemnización del trabajador por accidentes en el trabajo y el reparto de utilidades. Por otro lado, se diseñaron mecanismos que pretendían ejercer un control sobre los trabajadores.

Probablemente la intención de ambos personajes era la conciliación entre empresarios y trabajadores. La medida institucional más sobresaliente se dio durante el interinato de Adolfo de la Huerta en octubre de 1916, al emitir el decreto número 71 para la creación de la Cámara Obrera y, de esta forma, amortizar las relaciones entre las empresas y la clase obrera,⁴⁹ donde el gobierno de Sonora jugaba un papel mediador. Como se sabe, la misión de este órgano de representación obrera era la de estudiar los problemas que afectaban a las clases trabajadoras; asimismo reconocía el derecho de huelga, aunque se limitaba a usarlo exclusivamente en contra de gobiernos conservadores.⁵⁰

La Cámara quedó constituida el 1 de enero de 1917, con un delegado por cada mil obreros o fracción mayor de 500;⁵¹ cinco de los diez obreros que integraron la mesa directiva provenían de Cananea. Curiosamente esta medida, con pretensiones de control sobre los trabajadores, resultó todo lo contrario a un remedio para los conflictos laborales; pero permitió que la voz de los obreros se escuchara en un foro con el legislativo local —sitio vedado a la representación trabajadora— donde se podrían canalizar sus demandas para que fueran resueltas por los diputados sonorenses.⁵²

Durante ocho meses de existencia de la Cámara, resultó el foro más apropiado para canalizar las viejas demandas obreras en contra de las compañías mineras. Efectivamente se le otorgó a la Cámara facultades para formar su reglamento interior, estudiar las organizaciones y los sistemas sociales que produjeran bienestar al obrero, asimismo emitir juicios periciales sobre accidentes laborales para otorgar indemnizaciones. En especial esta última atribución generó expectativas en muchos mineros lisiados que demandaban indemnización por parte de las empresas.⁵³

Los diputados obreros integrantes de la Cámara, tomaron muy en serio su papel de representantes de los trabajadores sonorenses, en especial de los mineros. Durante su efímera tarea legislativa recogieron y revisaron un conjunto de asuntos, a saber: señalaron a las empresas que no cumplían con los reglamentos de seguridad e higiene, exigieron constantemente el pago del salario mínimo y fijaron importantes indemnizaciones para reparar el daño físico de los mineros accidentados.⁵⁴ Su pujante gestión incomodó a los gobernantes locales, pues amenazaba con salirse de control; además, generó una cruda oposición entre las empresas mineras.

Estas últimas idearon algunas medidas de presión. Los gerentes de la 4C, la Moctezuma Copper Co., y el Tigre Mining celebraron en Arizona una reunión secreta, con el propósito de definir la estrategia que aplicarían para detener el obrerismo del gobernador De la Huerta.⁵⁵ Inmediatamente después de la junta, la 4C tomó la decisión de trasladar sus oficinas a otro lado de la frontera en la vecina ciudad de Douglas. Una medida extra, más severa que la anterior, fUe decretar un nuevo lock–out en octubre de 1917; mientras que la Moctezuma despidió a algunos trabajadores.⁵⁶ Estos actos surtieron el efecto esperado por parte de las compañías extranjeras, pues se dio la intervención del gobierno local en la conciliación de intereses entre el trabajo y el capital. Por otro lado, los aprietos en las finanzas públicas obligó a los gobernantes a obtener oportunos préstamos de parte de las compañías extranjeras a cuenta o bonificación de futuros impuestos.

No cabe duda, que la penuria financiera en que se debatía el erario estatal cambió los propósitos de los líderes revolucionarios de aplicar medidas de justicia social en beneficio de los trabajadores; pues estaban atrapados en la necesidad de mantener abiertas las puertas de financiamiento, favoreciendo así una política represiva en contra de los principales dirigentes obreros.

En Cananea una operación profiláctica expulsó a todos los trabajadores identificados con la Industrial Workers of the World, de tendencia anarcosindicalista y que, como se sabe, tenía una importante membresía en ambos lados de la frontera.⁵⁷ Sobra decir que la lista negra salió del departamento de nóminas de la 4C. El saldo más negativo para el movimiento obrero de aquella época fue el asesinato de Lázaro Gutiérrez de Lara en la población del Sáric.⁵⁸ De esta forma los regímenes locales Constitucionalistas decidieron favorecer los intereses de las grandes empresas, urgidos de negociar el reconocimiento político. No es exagerado pensar que las acciones tomadas en Sonora eran parte del paquete negociado entre el gobierno mexicano emanado de la revolución para reestablecer relaciones políticas con las autoridades estadounidenses.

 

CONSIDERACIÓN FINAL

Se puede señalar que durante esos años de revolución resaltaban los afanes de los líderes revolucionarios locales por fijar una posición de corte nacionalista frente a los inversionistas extranjeros. El objetivo resultó difícil y sólo se cumplió de manera parcial. Las complejidades de la guerra civil obligaron a cambiar permanentemente sus políticas locales. Como se demostró, los minerales resultaron una atractiva fuente de hombres y recursos; sin embargo, por tratarse de territorios controlados por empresas estadounidenses, los gobernantes de Sonora extremaron precauciones para evitar conflictos diplomáticos con el Departamento de Estado del país vecino.

Más importante aún, en este trabajo se rescató el proceso de autonomía que se experimentó en los centros mineros de Sonora durante la revolución, con mayor énfasis en la fase armada de 1913 a 1915; pues pretendo desmitificar algunas ideas socorridas en cierta historiografía que sostiene que la clase trabajadora sonorense participó decididamente —en masa como ejército— en la revolución, o bien que mantuvo una actitud pasiva ante la coyuntura que abrió el proceso revolucionario. En este estudio, por el contrario, sostengo —de acuerdo con Katz y Guerra— que si bien los centros de producción minera resultaron santuarios de la producción, al mismo tiempo no perdieron su condición de espacios polarizados y jerarquizados, lo que permitió que los trabajadores tuvieran excelente ambiente político para demandar y obtener un conjunto de demandas sociales; lo cual explica, en parte, la creación temporal de comunas obreras, con un alto grado de autonomía.

También se destaca la capacidad política y de organización que muestran los mineros frente a los intersticios de poder que dejaron los grupos hegemónicos en la revolución, de ello da cuenta primero la formación de la Unión Obrera y, posteriormente, la participación que tuvieron en los asuntos laborales y sociales durante la efímera existencia de la Cámara Obrera; esto último sin negar que los gobiernos revolucionarios tenían su propia estrategia de poder y, seguramente, la intención de controlar a los contingentes obreros; por esta razón debe considerarse a los grandes centros mineros como santuarios de la producción. Sin embargo, debe señalarse que la estabilidad fue siempre precaria y no exenta de intenso ajetreo político sindical por parte de los obreros que entendían y aprovechaban de manera distinta el nacionalismo de la época. Sus acciones y posición política muestran un movimiento social de resistencia dentro de la revolución.

 

ARCHIVOS Y FUENTES

Archivo Histórico General del Estado de Sonora (AHGES)        [ Links ]

Archivo del Departamento de Estado, Washington D. C., University of Arizona        [ Links ]

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NOTAS

¹ Friedrich Katz, La guerra secreta en México, México, Era, 1983.

² François–Xavier Guerra, "Territorio minado. (Más allá de Zapata en la revolución mexicana)", en Nexos, vol. 6, núm. 65, 1983, pp. 45–47.

³ Michel T. Gonzales, "II. S. Copper Companies, the mines worker's movement, and the Mexican Revolution, 1910–1920", en The Hispanic American Review, vol. 76, núm. 3, agosto, 1996, pp. 503–534.

⁴ Nicolás Cárdenas, "La revolución en los minerales", en Inés Herrera Canales (coord.), La minería mexicana de la Colonia al siglo XX, México, Instituto Mora, 1998, pp.205–239. Este tema ha sido tratado con mayor profundidad por Nicolás Cárdenas, en Empresas y trabajadores en la gran minería mexicana, 1900–1929, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1998.

⁵ Acerca del panorama que reflejaba la intensa actividad minera en suelo sonorense véase Juan Manuel Romero Gil, "Minería y sociedad en el noroeste porfirista", en Siglo XIX, Cuadernos de Historia, año I, núm. 1, octubre, 1991, pp. 34–73.

⁶ Ibid.

⁷ Juan L. Sariego, et al., El Estadoy la minería mexicana. Política, trabajo y sociedad durante el siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 45.

⁸ Guadalupe Nava Oteo, "La minería", en Daniel Cosío Villegas (coord.), Historia Moderna de México, tomo VII: El Porfiriatoy vida económica, México, Hermes, 1965, pp. 179–291.

⁹ Alan Knight, "La oposición", en La Revolución mexicana. Del Porfirato alnuevo régimen constitucional, vol. 1, México, Grijalbo, 1996.

¹⁰ Juan Luis Sariego, Enclaves y minerales en el Norte de México. Historia social de los mineros de Cananea y Nueva Rosita 1900–1970, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1988.

¹¹ Juan Manuel Romero Gil, El Boleo, Santa Rosalía, Baja California Sur. Un pueblo que se negó a morir, Hermosillo, Universidad de Sonora, 1991.

¹² Información detallada acerca de la huelga de Cananea en documentos sobre minería en el Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora (en adelante AHGES), 1911, tomo 2749; y Juan L. Sariego, op. cit., 1988, pp. 182–184.

¹³ Arturo Rodríguez A., "Cananea en la Revolución", en Cananea, Boletín del Departamento de Estudios Históricos y Culturales, año I., núm. 3, 1988, pp. 1–10.

¹⁴ Francisco R. Almada, Diccionario de Historia, Geografía y Biografías Sonorenses, Hermosillo, Instituto Sonorense de Cultura–Gobierno del Estado de Sonora, 1990, pp. 307–308.

¹⁵ "Benjamín Hill, aplica multa a capataces norteamericanos", en AHGES, tomo 2749.

¹⁶ "Carta que envía el cónsul americano en Nogales al Secretario de Estado, microfilms", en Archivo del Departamento de Estado, Washington, D.C. University of Arizona, film. 334, m. 274, rollo 167, documento 0308; y "Telegrama que envía el Gobernador de Sonora al Despacho de Relaciones Exteriores informando que la fianza fue reducida a un mínimo de trescientos pesos", en AHGES, tomo 2749.

¹⁷ "Información sobre el conflicto en el mineral de Las Chispas, Distrito de Arizpe", en AHGES, 1911, tomo 2749.

¹⁸ "La 4C envía al gobierno del Estado de Sonora, cuenta de gastos realizados por la División 'Defensores de la Patria'", en AHGES, 1911, tomo 2764.

¹⁹ Acerca del paso del orozquismo sobre tierras sonorenses y su impacto en los minerales serranos véase Francisco R. Almada, La revolución en el estado de Sonora, México, Patronato del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1971, pp. 55–72; y Antonio G. Rivera, La revolución en Sonora, México, Imprenta Arana, 1969, pp. 255–276.

²⁰ "Martín Quevedo, minero en La Colorada, publicó un incendiario manifiesto llamando a defender a la patria y denunciando arbitrariedades de los norteamericanos", en AHGES, 1912, tomo 2912.

²¹ "Informe del presidente municipal de La Colorada acerca del sentimiento antinorteamericano que provocó en los directivos de la empresa la intención de suspender actividades si no les brindaban protección", en AHGES, 1912, tomo 2749.

²² Expediente acerca de la huelga en el mineral de La Dura, en AHGES, 1912 tomo 2870; sobre el movimiento en La Colorada, microfilme del Departamento de Estado en Washington D.C. University of Arizona, film 334 m. 274, rollo 167, documento 0323; y para la huelga en Cananea, véase AHGES, 1912, tomo 2946.

²³ "Opinión del gobernador interino, Ismael Padilla sobre la detención de los dirigentes obreros", en AHGES, 1912, tomo 2946.

²⁴ "Telegrama del gobernador José María Maytorena al Sr. General J. R. Velasco Jefe de la Zona", en AHGES, 1912, tomo 2892.

²⁵ Ibid.

²⁶ "Telegrama del gobernador José María Maytorena al Secretario del Estado Ismael Padilla", en AHGES, 1912, tomo 2892.

²⁷ "Informe que rinde el Prefecto de Moctezuma acerca del asalto de los orozquistas al mineral El Tigre", en AHGES, 1912, tomo 2892.

²⁸ "Telegrama del Despacho de Gobernación a las autoridades sonorenses", en AHGES, 1912, tomo 2892.

²⁹ "Protesta de la Embajada Americana por daños causados al Ferrocarril Sonora Rail Way Compañy", en AHGES, 1912, tomo 2892.

³⁰ "Protesta de la Embajada Americana por la muerte de trece ciudadanos norteamericanos", en AHGES, 1912, tomo 2829.

³¹ Sobre la política económica impulsada por los sonorenses véase Francisco Almada, op. cit., 1971, pp. 83–100; Antonio Rivera, op. cit., 1969, pp. 286–379; y decretos AHGES, 1913, tomo 2968.

³² "El diputado Alberto B. Piña, informa al gobernador del Estado la compra de harina por parte de la 4C", en AHGES, 1913, tomos 2960 y 2968.

³³ Juan Castro Castro, "Economía de guerra durante la Revolución mexicana", en Memoria del XVI Simposio de Historia y Antropología de Sonora, Hermosillo, Instituto de Investigaciones Históricas–Universidad de Sonora, 1993, vol. I, p. 428.

³⁴ "Correspondencia sobre pago de iguala por producción minera", en AHGES, 1913, tomos 2960, 2968 y 3126.

³⁵ "Carta abierta a la 4C por la 'Unión de Obreros de Cananea'", en AHGES, 1913, tomo 3016.

³⁶ "Telegrama que envía Salvador Alvarado al Gobernador del Estado", en AHGES, 1913, tomo 3016.

³⁷ "Comunicación del Gobernador Interino a Ignacio L. Pesqueira a Salvador Alvarado", en AHGES, 1913, tomo 2968.

³⁸ "Comunicación del Prefecto Agustín Preciado al Gobernador Interino Ignacio L. Pesqueira en donde informa sobre el movimiento obrero en Nacozari y Pilares", en AHGES, 1913, tomo 2960.

³⁹ 'Telegrama que envía el Gobernador Interino Ignacio L. Pesqueira al presidente municipal de Cananea", en AHGES, 1913, tomo 3016.

⁴⁰ Para esos años Sonora contaba con una población de 265 000 personas, de ese total 63 000 vivían en los distritos típicamente mineros, lo que representaba un 23.7 por ciento. Los cuatro centros mineros más grandes, a saber: la 4C, la Moctezuma, Nacozari–Pilares y el Tigre albergaban a 30 mil almas, es decir la mitad de la población que vivía en esa zona serrana y fronteriza.

⁴¹ Linda B. Hall, "La Frontera, las minas en la Revolución mexicana (1910–1920)", en Historia Mexicana, vol. 32, núm. 3 [127], enero–marzo, 1983, p. 408.

⁴² "Correspondencia entre el Prefecto del Distrito de Arizpe, F. A. Platt y el Gerente de la 4C, James Douglas en donde tratan el asunto de la presencia de 'agitadores profesionales' en el mineral", en AHGES, 1914, tomo 3016.

⁴³ "The mining companies in Northern Sonora", en The Engineering and Mining Journal, mayo 8, 1915, p. 839.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Marvin D. Bernstein, The Mexican Mining Industry, 1890–1950. A Study of the Interaction of Politics, Economics and Technology, Nueva York, State University of New York, 1964, pp. 95–126.

⁴⁷ "Decreto de Plutarco E. Calles para obligar a las compañías mineras a cubrir sus impuestos en oro. Campamento, agosto 20 de 1915", en AHGES, 1915, tomo 3045.

⁴⁸ Marvin D. Bernstein, op. cit., 1964, p. 109.

⁴⁹ María Guadalupe Soltero Contreras y Juan Manuel Romero Gil, "La Cámara Obrera una iniciativa constitucionalista 19161918", en Memoria del XIV Simposio de Historia y Antropología de Sonora, Hermosillo, Instituto de Investigaciones Históricas–Universidad de Sonora, 1990, vol. 1, p. 470.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Francisco R. Almada, op. cit., 1990, p. 112.

⁵² María Guadalupe Soltero Contreras, op. cit., 1990, p.471.

⁵³ Ibid., p. 471.

⁵⁴ "Informe de la Cámara Obrera de Sonora. Hermosillo, Sonora 8 de junio de 1917", en AHGES, 1917, tomo 2127.

⁵⁵ Juan Luis Sariego, op. cit., 1988, pp. 160–164.

⁵⁶ "Información sobre el lock–out de la 4C y el despido de trabajadores por parte de la Moctezuma Copper Co., en microfilms", en Archivo del Departamento de Estado, Washington D.C., University Of Arizona, film. 334, m. 274, rollo 212, documentos 0141 y 0145; y AHGES, tomo 3128.

⁵⁷ Archivos Nacionales de Washington, films. 334, m. 274, rollo 212, documento 0239; y Juan L. Sariego, op. cit., 1988, pp. 153184.

⁵⁸ Francisco R. Almada, op. cit., 1990, p. 299.