El laberinto de la etnicidad

Antes de analizar si existe una oferta política específica de candidaturas legislativas indígenas, cabe clarificar cómo se concibe este tipo de identidades en el contexto específico del país, para precisar de qué forma podemos captarlas y medirlas. Ello invita a revisar los enfoques que se han desarrollado al respecto en la historia, la antropología, la sociología y la demografía, con herramientas y conceptos que están en discusión.

¿Qué significa ser “indígena” en México?

En las ciencias sociales hay un debate complejo sobre la forma de definir las identidades étnicas. Las élites de estos grupos siempre aluden a criterios supuestamente objetivos para destacar las características que los distinguen y separan de otros grupos humanos. Sin embargo, dichos atributos se apoyan frecuentemente en diferenciaciones subjetivas que cambian según los contextos en los que se enuncian. Desde esta perspectiva, las identidades étnicas son construcciones sociopolíticas contingentes y situacionales, relacionales e intersubjetivas. Por ende, la representación de los rasgos socioculturales que se utilizan para reproducir las fronteras étnicas es mucho más importante que los atributos en sí mismos (^{Barth, 1969}).

En México, los pueblos autóctonos ocupan un lugar peculiar en la construcción simbólica de la nación, ya que forman parte del mito constitutivo que separó la mexicanidad de la identidad criolla de los conquistadores españoles. Se trata de una identidad altamente valorizada en los museos y la memoria colectiva, que sirve como referente central de alteridad en la construcción del mestizaje y de la “raza cósmica”, dentro de un proyecto posrevolucionario de integración asimilacionista que también la asocia tácitamente con la barbarie y el atraso cultural. La palabra “indio” se utiliza de forma despectiva para estigmatizar comportamientos inapropiados, con un fuerte componente clasista no siempre ni necesariamente racial. El concepto “indígena”, en cambio, se utiliza de forma neutra para designar a las poblaciones originarias, aunque también sigue cargado de connotaciones ambiguas y discriminatorias. De ahí la necesidad de cuestionar algunas ideas erróneas fuertemente arraigadas en los imaginarios colectivos.

Cuando se buscan aproximaciones empíricas a estas poblaciones salta a la vista la multidimensionalidad del concepto, en contraste con el carácter maniqueo de las representaciones sociales predominantes. En una perspectiva histórica, el criterio relevante de clasificación es la pertenencia a alguna comunidad prehispánica. Empero, no resulta fácil establecer qué grupos cumplen realmente con dicho requisito, ya que los procesos consecutivos de conquista, colonización e independencia se acompañaron de transformaciones sociodemográficas que remoldearon profundamente el país. Los historiadores reconocen así la existencia de varios miles de “pueblos” (otrora llamados “Repúblicas de indios”) cuyo origen data de la Conquista o, en muchos casos, de los tiempos coloniales (^{Warman, 2003}).

En una óptica cultural, el criterio distintivo suele ser el hablar una lengua indígena. Aprender un idioma -y transmitirlo a sus hijos desde la pequeña infancia- es una decisión estratégica que implica años de interacción estructurada y sólo cobra sentido cuando dicha habilidad representa una necesidad o ventaja efectiva. Como lo ilustra la gráfica 1, el número de mexicanos mayores de cinco años que manifiestan hablar alguna lengua indígena incrementó considerablemente en los últimos 120 años, al pasar de 2 030 714 en el Censo de 1895 a 7 386 791 personas en la Encuesta Intercensal de 2015. Durante el mismo periodo su proporción se redujo en términos relativos, al pasar de 16 por ciento a menos de 8 por ciento a partir de 1990, estabilizándose alrededor de 6.5 por ciento entre 2010 y 2015. Más notable aún es la reducción continua de la población que no habla español: ésta pasó de 1 794 306 a 910 053 personas entre 1900 y 2015 (es decir de 15.4 a 0.8 por ciento del total).

Fuente: Elaboración propia con base en los censos generales de población (INEGI, 1895, 1910, 1921, 1930, 1940, 1950, 1960, 1971, 1981, 2001 y 2011) y en la Encuesta Intercensal 2015 (^{INEGI, 2015}).

GRÁFICA 1 Evolución cuantitativa de los hablantes de lenguas indígenas (1895- 2015) 

Ante el riesgo de subestimar la población indígena se han desarrollado estimaciones alternativas, entre las que destaca la “Población indígena en hogares indígenas”. Un hogar indígena se define como “aquel donde el jefe(a), su cónyuge o alguno de los ascendientes [madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)] declaró hablar alguna lengua indígena”. En 2015, se contabilizó así un total de 11 938 749 personas que vivían en hogares indígenas, es decir 10 por ciento de la población mexicana (^{CDI, 2017}).

Más recientemente, se ha experimentado con nuevas preguntas para estimar la llamada “autoadscripción”. Un primer ejercicio se realizó mediante una submuestra del Censo del INEGI en 2000, que captó 5.3 millones de personas que “se consideraban indígenas”. Éste fue replicado en el Censo de 2010 y en la Encuesta Intercensal de 2015, con una modificación sustantiva del fraseo que amplió su significado al preguntar si “De acuerdo con su cultura, ¿(nombre), se considera indígena?” (^{INEGI, 2015}). Los problemas subyacentes a estas metodologías se reflejan en la evolución de las estimaciones resultantes que contrastan con la evolución del porcentaje de hablantes de lenguas indígenas. Como se observa en la gráfica 2, la proporción de personas que se autoadscriben como (de culturas) indígenas incrementó de forma exponencial, pasando de 6.1 a 14.9 y a 21.5 por ciento entre 2000, 2010 y 2015.

Fuente: Elaboración propia con base en los censos generales de población (INEGI, 1895, 1910, 1921, 1930, 1940, 1950, 1960, 1971, 1981, 2001 y 2011) y en la Encuesta Intercensal 2015 (^{INEGI, 2015}).

GRÁFICA 2 El desfase creciente entre el criterio lingüístico y de autoadscripción (2000-2015) 

A estas estimaciones oficiales cabe agregar las encuestas del Barómetro de las Américas. Al preguntar si “¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata, u otra?”, entre 6.9 por ciento (en 2012), 11 por ciento (en 2014) y 9.5 por ciento (en 2017) de los encuestados respondió que se consideraba “persona indígena”. No obstante, al preguntar si “¿De acuerdo con su cultura, usted se considera indígena?”, entre 43.3 por ciento (en 2014) y 47.2 por ciento (en 2017) de los mismos encuestados respondió de forma afirmativa (^{LAPOP, 2012-2017}).

Más que obedecer a una revolución demográfica, este desfase creciente resulta así de los distintos fraseos y evidencia una transformación paulatina del significado social del concepto “cultura indígena”, que no se refleja en una expansión concomitante de personas que deciden transmitir alguna lengua indígena a sus familiares. En este trabajo, privilegiamos el criterio lingüístico, que subestima el número efectivo de indígenas pero resulta más estable y menos subjetivo, además de poder ser cuantificado en los niveles más finos de la geografía electoral (lo que todavía no es posible para la autoadscripción).

Geografía y sociología mínima de los “pueblos” y “comunidades” indígenas

El Censo de 2010 registró 64 grupos étnico-lingüísticos que se concentraban en 803 municipios, en 4 394 secciones electorales y en 28 338 localidades con más de 30 por ciento de hablantes de lenguas indígenas (^{INEGI, 2011}). Cinco años después, la Encuesta Intercensal de 2015 agregó seis variantes regionales adicionales, por lo que cabe destacar la gran heterogeneidad lingüística de México. Como lo muestra el cuadro 1, solamente 16 grupos cuentan con más de 100 mil habitantes y tan sólo seis tienen una población equivalente o superior al tamaño promedio de un distrito federal uninominal. En cambio, 36 grupos tienen menos de 10 mil habitantes, 22 cuentan con menos de mil y cinco no llegan siquiera a 100 habitantes. Mientras que los náhuatl cuentan así con una masa crítica para constituir un pequeño Estado, otras poblaciones indígenas apenas alcanzan la magnitud necesaria para preservar su autonomía comunitaria.

CUADRO 1 La heterogeneidad demográfica de los grupos étnico-lingüísticos en México 

Lenguas indígenas en México (hablantes de 3 años y más al 2015)
Lengua indígena	Total	Lengua indígena	Total	Lengua indígena	Total
Náhuatl	1 725 620	Cora	28 718	Otras lenguas de América	1 126
Maya	859 607	Chontal de Tabasco	27 666
Tseltal	556 720			Lacandón	998
Mixteco	517 665	Triqui	25 674	Seri	754
Tsotsil	487 898	Yaqui	20 340	Pima	743
Zapoteco	479 474	Huave	18 539	K’iche’	730
Otomí	307 928	Popoloca	18 206	Chocholteco	729
Totonaco	267 635	Cuicateco	13 318	Jakalteko	527
Chol (Ch´ol)	251 809	Pame	12 232	Kumiai	486
Mazateco	239 078	Mam	11 387	Texistepequeño	455
Huasteco	173 765	Tepehua	10 427	Cucapá	278
Mazahua	147 088	Tepehuano del norte	9 568	Paipai	216
				Kiliwa	194
Tarasco	141 177
		Q’anjob’al	8 421
				Tepehuano insuficientemente especificado	170
Chinanteco	138 741
		Popoluca insuficientemente especificado	6 122
Tlapaneco	134 148
Mixe	133 632			Ixcateco	148
Lengua indígena no especificada	101 187	Chontal de Oaxaca	5 064	Qato’k	134
		Sayulteco	4 117	Kickapoo	124
Tarahumara	73 856	Chuj	2 890	Pápago	112
Zoque	68 157	Akateko	2 837	Ixil	103
Amuzgo	57 589	Chichimeco jonaz	2 134	Oluteco	90
Tojolabal	55 442	Guarijío	2 088	Teko	81
Huichol	52 483	Matlatzinca	1 568	Kaqchikel	61
Chatino	51 612	Tlahuica	1 548	Ayapaneco	24
Mayo	42 601	Q’eqchi’	1 324	Aguacateco (Awakateko)	17
Popoluca de la sierra	37 707	Chontal insuficientemente especificado	1 135
Tepehuano del sur	36 543

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2015 (^{INEGI, 2015}).

Esto invita a interrogarse sobre el nivel territorial más propicio para estudiar los comportamientos políticos de las poblaciones originarias. Las 28 mil localidades incluyen miles de caseríos dispersos en los que apenas residen algunas familias aisladas, por lo que resultan demasiado pequeñas para concebirlas como “pueblos” indígenas culturalmente autónomos. A su vez, la apuesta antropológica clásica de estudiar municipios enteros para captar los sistemas de cargos tradicionales y las redes comunitarias de apoyo mutuo, que tenía mucho sentido en las décadas de 1940-1960, se ha vuelto endeble a raíz de la explosión demográfica. Como botón de muestra, el municipio de San Juan Chamula tenía 16 mil habitantes en 1940 pero cuenta ahora con 87 mil habitantes, distribuidos en más de cien localidades organizadas en agencias que guardan relaciones conflictivas con la cabecera municipal.

En una perspectiva económica, cabe destacar la importancia de las formas de propiedad social en el campo. En su obra de referencia, Arturo Warman considera que, en el año 2000, alrededor de 854 mil comuneros y ejidatarios indígenas residían y trabajaban en 5 632 ejidos y comunidades agrarias (^{Warman, 2003}).³ Dichas unidades productivas no operan en el vacío. Como lo demostró Aguirre Beltrán, la economía de las comunidades depende estrechamente de los centros comerciales en los que éstas venden su producción y se abastecen de mercancías foráneas. Por ende, éstas forman parte de sistemas socioeconómicos más amplios, a la imagen de las famosas “regiones de refugio” (^{Aguirre Beltrán, 1967}).

Por ello, resulta útil considerar distintos niveles complementarios de análisis para situar la política comunitaria entre la región, el municipio y la localidad. Sin corresponder exactamente con el nivel de “la comunidad”, las secciones delimitadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) presentan ventajas para el estudio de los comportamientos electorales indígenas. Éstas fueron diseñadas para distribuir la población de una forma equilibrada, por lo que son relativamente homogéneas en su tamaño demográfico. En el ámbito rural donde se sitúan las 3 339 secciones mayoritariamente indígenas, éstas contienen en promedio entre 532 (en 1991) y 1200 electores inscritos (en 2018), por lo que permiten captar la diversidad política interna de los municipios, las diferencias y las tensiones entre las agencias periféricas y las cabeceras que suelen administrar los recursos públicos. El INEGI agregó los datos del Censo de 2010 en este nivel constitutivo de la geografía política mexicana, por lo que contamos con muchos datos sociodemográficos que pueden ser contrastados con los comportamientos electorales en esta escala (^{INEGI-IFE, 2012}).

Para empezar, creamos una variable dicotómica que capta las 3 339 secciones mayoritariamente indígenas y proporciona una primera aproximación de la especificidad de los comportamientos electorales de estas microrregiones, en contraste con las secciones predominantemente mestizas. Como se observa en el cuadro 2, 65 por ciento del conjunto de las poblaciones originarias mexicanas reside en ellas, representando en promedio 85 por ciento de la población respectiva.

CUADRO 2 Distribución seccional de la población por porcentaje de hablantes de lenguas indígenas (2010) 

HLI (umbrales) (%)	Núm. secciones	Población total mayor a 3 años (2010)	HLI mayores a 3 años (2010)	HLI (%)	Total HLI (%)	Total HLI (acumulado) (%)
90-100	1 692	2 759 497	2 674 958	96.9	39.0	39.0
65-90	1 046	1 593 012	1 260 701	79.1	18.4	57.3
50-65	601	906 503	521 357	57.5	7.6	64.9
50-100	3 339	5 259 012	4 457 016	84.8	64.9	64 .9
40-50	475	748 147	337 028	45.0	4.9	69.8
30-40	574	935 288	326 278	34.9	4.8	74.6
0-30	62 294	94 536 794	1 744 629	1.8	25.4	100.0
Total	66 682	101 479 241	6 864 951	6.8	100.0

Fuente: Elaboración propia con base en ^{INEGI-IFE (2012)}.

Al trabajar en este nivel hay que resistir a la tentación de incurrir en falacias ecológicas. Por lo general, cada sección contiene entre dos y cinco localidades rurales, por lo que los promedios seccionales no permiten hacer inferencias para el nivel de los electores individuales. Para situar estas secciones en su entorno económico y sociocultural, también distinguimos siete grandes regiones indígenas, que contienen 2 409 de las 3 339 secciones mayoritariamente indígenas y pueden ubicarse en el mapa 1.

Fuente: Elaboración propia con base en ^{INEGI-IFE (2012)}.

MAPA 1 Ubicación geográfica de siete regiones mayoritariamente indígenas 

¿Cómo se vinculan, ahora, las adscripciones étnico-lingüísticas con las dinámicas recientes de la representación política en la Cámara de diputados?

Un rezago persistente en el ámbito de la representación legislativa

Contrario a una idea recurrente, la presencia de diputados indígenas en el Congreso de la Unión no es novedosa. Como lo indica una investigación realizada entre 2011 y 2012, éstos ocuparon al menos cuatro escaños en la LIV Legislatura del Congreso de la Unión (1988-1991). Sin embargo, las tendencias históricas sí revelan un rezago persistente en el ámbito de la representación legislativa indígena, pese a un incremento efímero en las Legislaturas LX y LXI, electas en 2006 y 2009 (^{Sonnleitner, 2013}).

En 2004 el IFE impulsó una reforma para crear 28 distritos uninominales federales con más de 40 por ciento de población indígena. Con esta medida de discriminación positiva se buscó incrementar el número de legisladores indígenas. En 2006 se eligieron 18 diputados indígenas (uno por representación proporcional y 17 por mayoría relativa), manteniéndose una proporción similar en 2009 con la elección de 17 diputados (once de mayoría relativa y seis de representación proporcional). Empero, los efectos de esta iniciativa no fueron duraderos. En 2012 y en 2015, su número se redujo significativamente a diez, con una disminución continua del número de diputados indígenas electos en distritos uninominales: éste pasó de siete a seis entre ambas Legislaturas, y de nuevo a siete en 2018 (gráfica 3).

GRÁFICA 3 Número y prcentaje de diputados de origen indígena (1988-2018) 

De forma contraintuitiva, desde 2009 se redujo así el número de legisladores electos de origen indígena. Para esclarecer esta tendencia, a primera vista paradójica, analicemos dos problemas complementarios relacionados con el diseño de los 28 distritos uninominales “indígenas” y la definición operativa de quienes pueden registrarse como candidatos en los mismos.

La identidad indígena en disputa: ¿Ser o no ser “candidato indígena”?

En segundo lugar, hay que considerar una variable más compleja, relacionada con la ambivalencia de los criterios para registrarse como candidato indígena. ¿Quiénes compitieron, y quiénes fueron electos en los distritos indígenas?

Las tensiones en torno a la postulación de candidaturas en los trece distritos con mayor porcentaje de población indígena pusieron de manifiesto las dificultades de definir cuáles de ellas podían ser consideradas como “indígenas”. En una perspectiva garantista, el INE adoptó criterios flexibles, privilegió la autoadscripción y permitió acreditar los vínculos comunitarios de formas múltiples; por ejemplo, mediante constancias de haber trabajado para el beneficio de alguna comunidad. Esto generó cuestionamientos sobre un número importante de candidaturas. Al respecto, resultan ilustrativas las impugnaciones que se presentaron en Chiapas en los distritos 02 de Bochil y 11 de Las Margaritas, donde se postularon dos altos funcionarios del gobierno de Manuel Velasco Coello (localmente conocido como “el güero Velasco”). A pesar de que la opinión pública los percibió unánimemente como mestizos, éstos resultaron electos y fueron confirmados por sentencias polémicas, con base en su “autoadscripción calificada” (^{TEPJF, 2018}).

Más allá de los criterios controvertidos que adoptaron las autoridades electorales, quedó clara la complejidad situacional y el carácter intersubjetivo, contextual y relacional de las identidades indígenas en México. En nuestra investigación, logramos recopilar datos sobre las trayectorias de 85 de las 105 candidaturas que se registraron en los 28 distritos con más de 40 por ciento de población originaria. Además de la autoadscripción y de la colaboración comunitaria, consideramos otros criterios complementarios (incluyendo el uso de vestimenta tradicional, el hablar una lengua indígena, el haber ejercido cargos comunitarios o de representación indígena) para evaluar si estas candidaturas se presentaban (y eran reconocidas públicamente) como indígenas. En contraste con su composición de género (45% de mujeres y 55% de hombres), solamente veinte de éstas (23.5%) contaron con un claro reconocimiento público como indígenas (10 mujeres y 10 hombres), mientras que 65 pueden ser consideradas de origen mestizo. En los trece distritos donde los partidos políticos tenían la obligación formal de presentar indígenas se registraron 44 candidaturas (48% de mujeres y 52% de hombres), de las cuales diez fueron de identidad indígena (22.7%) y 26 fueron de identidad mestiza (para las ocho restantes aún no se consiguió información).

En julio de 2018 fueron electos cuatro diputados y tres diputadas federales indígenas. Cinco de ellos compitieron con éxito en alguno de los doce distritos mayoritariamente (42%), mientras que los dos restantes lo lograron en alguno de los otros dieciséis distritos con más de 40 por ciento de población indígena (13%). Persiste así un claro rezago en materia de representación indígena, que se extiende aquí a la paridad de género, particularmente en los trece distritos con más de 60 por ciento de población en hogares indígenas, donde sólo cuatro mujeres fueron electas diputadas (31%) contra nueve legisladores varones (69.2%). El recuadro 1 sintetiza la información biográfica de dichos legisladores y permite ubicar los distritos en los que éstos fueron electos.

RECUADRO 1 Diputados federales electos de origen indígena (2018) 

Estos resultados contrastan con los avances obtenidos en materia de equidad de género. En lugar de incrementarse a raíz de la nueva acción afirmativa, se redujo así el número de legisladores de origen indígena para regresar al mismo nivel que en 2003, antes de que se crearan los 28 distritos indígenas. Para entender la persistencia de estas brechas hay que interrogarse, ahora, sobre la existencia de un comportamiento electoral específicamente indígena.

¿Cómo vota el México indígena?

Para empezar, evitemos caer en falacias culturalistas. La primera consiste en asumir que las elecciones son ajenas, y no les interesan a los pueblos indígenas. Como se observa en el cuadro 4, dicha premisa no tiene sustento empírico. Ciertamente, hasta 2006 las 3 339 secciones con más de 50 por ciento de hablantes de lenguas indígenas se caracterizaron por tasas más bajas de participación electoral. Sin embargo, a partir de entonces las tendencias se invierten y, hoy en día, éstas registran promedios superiores a los observados en las secciones mestizas.

Otra falacia recurrente dicta que la política indígena es unánime y consensual, por lo que las comunidades se oponen a las elecciones multipartidistas. Sin lugar a dudas, en muchas comunidades indígenas se observa un rechazo a los partidos tradicionales y una apuesta por los llamados “usos y costumbres”. Sin embargo, dicho movimiento se enfoca en la renovación de las élites municipales. En las elecciones para presidente y para diputados federales el número efectivo de partidos electorales (Nepel) no presenta diferencias sustantivas entre las secciones mestizas y las mayoritariamente indígenas: tras haberse situado en 1.6 en 1991 (contexto mono- partidista), este índice alcanzó el umbral del bipartidismo desde 1994 (2.6) y del tripartidismo desde 2009, para situarse ahora en un promedio de 3.4 (es decir, en un formato de más de tres partidos relevantes, como el que también se observa en promedio en las secciones mestizas).

Observemos ahora la composición del voto en los distintos contextos multiétnicos (mixtos, mayoritaria y casi exclusivamente indígenas). Para ello, analicemos los resultados en las 4 352 secciones electorales con más de 30 por ciento de hablantes de lenguas indígenas, distinguiendo cinco subcategorías con porcentajes crecientes de poblaciones originarias, para contrastarlas con el resto de secciones mestizas: las 568 secciones con entre 30 y 40 por ciento, y las 473 secciones con entre 40 y 50 por ciento (donde los mestizos cuentan con una fuerte presencia territorial), las 596 secciones con entre 50 y 65 por ciento, y las 1 039 secciones con entre 65 y 90 por ciento (donde los mestizos son minorías visibles) y las 1 676 secciones con más de 90 por ciento de hablantes de lenguas indígenas (donde los mestizos son sumamente minoritarios).

En 2018, tanto Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Anaya en las presidenciales, como Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) en las legislativas, obtienen resultados más bajos en los distintos tipos de secciones indígenas, mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) resisten mejor en ellas que en las secciones mestizas. Esta diferenciación también se refleja en los porcentajes de secciones que logran ganar los distintos candidatos/partidos: AMLO obtiene el primer lugar en 79.6 por ciento de las secciones mestizas pero sólo lo consigue en 61.8 por ciento de las eminentemente indígenas; Meade, en cambio, sólo gana en 5.2 por ciento de las secciones mestizas pero llega en primer lugar en 21 por ciento de las secciones indígenas. En cuanto al “Bronco”, sus votos se concentran claramente en las secciones mestizas. El resto de partidos (el Partido del Trabajo [PT] y el Partido Verde Ecologista de México [PVEM] en particular) capta un caudal ligeramente mayor de votos en los contextos multiétnicos, recibiendo 23.9 por ciento en las secciones con más de 90 por ciento de hablantes de lenguas indígenas. Estas cifras confirman lo que ya mencionamos: a pesar de caracterizarse por una mayor presencia del PRI y del PRD, hoy en día las secciones indígenas tienen una diversidad partidista muy similar a la de las regiones mestizas (cuadro 5).

Sin embargo, sería prematuro concluir que el electorado indígena es más participativo, priista o perredista que su contraparte mestiza. Como veremos enseguida, muchas especificidades del sufragio en estas secciones no se deben necesariamente a sus características culturales sino que pueden deberse, también, a otras variables sociodemográficas.

La categoría “indígena” tampoco capta la heterogeneidad de situaciones en las que viven las distintas comunidades originarias del país. Como botón de muestra, analicemos el voto en siete regiones construidas a partir de las secciones mayoritariamente indígenas. Más que de un comportamiento consistente conviene hablar de una marcada diversidad de votaciones que se relacionan con las dinámicas socio- territoriales de estas regiones eminentemente indígenas. La participación electoral fluctúa mucho entre ellas, pudiendo alcanzar tan sólo 56.6 por ciento en la región huicot-tarahumara, o hasta 84 por ciento entre los mayas de la península de Yucatán.

El éxito de Meade es impresionante en ambas regiones (donde éste gana 53.7% y 42.9% de las secciones) y contrasta con sus resultados mediocres en Guerrero, Oaxaca y el resto de secciones mestizas e indígenas (cuadro 6).

A su vez, los resultados de Anaya varían fuertemente entre las regiones indígenas de Chiapas y Oaxaca (donde el panismo brilla por su ausencia), y aquellas que se sitúan en San Luis Potosí, Puebla y Yucatán (donde el candidato del blanquiazul obtiene entre 28.2 y 31.3 por ciento del sufragio válido). El PRD apenas recibe 2.6 por ciento del voto en la región huicot-tarahumara pero capta 9.9 por ciento en Oaxaca, 9.5 por ciento en San Luis Potosí y 19.2 por ciento en la Montaña indígena de Guerrero. Morena, finalmente, no es la excepción: los resultados de López Obrador fluctúan entre 29.5 por ciento en Yucatán y 64.2 por ciento en Oaxaca, diferencias que remiten al éxito/fracaso de sus campañas estatales y no a variables étnico-lingüísticas.

Llama la atención que en algunas regiones indígenas el voto está más fragmentado que en la zona mestiza, lo que también se refleja en los porcentajes elevados que captan las otras fuerzas partidistas. Esta diversidad electoral del universo indígena se representa en la gráfica 4, que sintetiza la pluralidad política de estas siete regiones indígenas.

Fuente: Elaboración propia con base en ^{INEGI-IFE (2012)} e ^{INE (2018)}.

GRÁFICA 4 La composición del voto en siete regiones indígenas (elecciones legislativas, 2018) 

Escolaridad, lengua y comportamiento electoral (1991-2018)

En segundo lugar, analicemos los resultados electorales de los comicios para diputados federales entre 1991 y 2018, distinguiendo entre las tendencias de las secciones electorales mestizas e indígenas y controlando por el nivel promedio de escolaridad, en vistas de establecer si hubo comportamientos electorales específicos en los territorios indígenas.

Como es bien sabido, en muchos países la participación electoral incrementa a mayor nivel de escolaridad. En México, dicha relación se confirma aunque es más tenue que en las democracias consolidadas (en el nivel de las secciones, la correlación Pearson entre la media escolar y el promedio de la participación electoral entre 1991 y 2018 es de +0.354). Sin embargo, también se observa una clara correlación negativa entre la escolaridad y los porcentajes seccionales de hablantes de lenguas indígenas (-0.341). Por ello, para establecer si existe un voto indígena es indispensable analizar los niveles de participación electoral a la luz de las fuertes desigualdades territoriales de escolaridad.

Para hacerlo, agrupamos las secciones electorales en cuatro categorías que sintetizan los promedios de: las 2 697 secciones mayoritariamente indígenas con una media de escolaridad inferior a seis años (donde 87 por ciento de la población habla alguna lengua indígena); las 11 511 secciones mestizas con un nivel equivalente de escolaridad (en las que sólo 3.8 por ciento de la población habla alguna lengua indígena); las36 727 secciones con entre seis y diez años de escolaridad (en las que 3.6 por ciento habla una lengua indígena);⁴ así como las 15730 secciones mestizas con más de diez años de escolaridad (en las que apenas 1 por ciento habla alguna lengua indígena). Como ilustra la gráfica 5, la participación electoral en México es sumamente volátil: ésta alcanzó 78.3 por ciento en las secciones con mayor escolaridad en 1994, y tocó fondo con 40.3 por ciento en las secciones con escolaridad intermedia en los comicios de 2003. De manera general, ésta siempre incrementa cuando las elecciones legislativas coinciden con las elecciones presidenciales (en 1994, 2000, 2006, 2012 y 2018) y es notablemente más débil en los comicios intermedios. Hasta 2006, la participación fue más elevada en las secciones con mayor escolaridad, sobre todo en los comicios presidenciales. Sin embargo, a partir de 2006 ésta incrementó notablemente en las secciones con baja escolaridad, independientemente de si éstas fueran mestizas o indígenas. Desde 2009, finalmente, la participación electoral es igual, o incluso superior, en las secciones eminentemente indígenas que en las secciones con los mayores promedios de escolaridad.

Fuente: Elaboración propia con base en ^{INEGI-IFE (2012)}, IFE (2012) e ^{INE (2018)}.

GRÁFICA 5 Participación electoral en las secciones mestizas e indígenas (por escolaridad) 

Para completar este análisis, observemos la evolución de las preferencias partidistas en estas mismas cuatro categorías. Desde 1991 y a lo largo de todo el periodo, las secciones mayoritariamente indígenas (señaladas con triángulos) se caracterizan siempre por una presencia mucho más fuerte del PRI (gráfica 6a) y mucho más débil del PAN (gráfica 6b). Las diferencias son particularmente marcadas durante el periodo 1997-2006 y alcanzan niveles impresionantes en las legislativas del año 2000, en las que el tricolor obtiene hasta 29 puntos porcentuales más (y el blanquiazul hasta 35 puntos porcentuales menos) en ellas que en las secciones mestizas con más de diez años de escolaridad.

Fuente: Elaboración propia con base en ^{INEGI-IFE (2012)}, IFE (2012) e ^{INE (2018)}.

GRÁFICA 6 El voto partidista en las secciones mestizas e indígenas (por escolaridad) 

Posteriormente, las diferencias se mantienen pero se atenúan considerablemente. En el caso del Revolucionario Institucional, esto se debe a su debilitamiento generalizado que se observa en todas las categorías pero es más marcado en las secciones con menores niveles de escolaridad. En el caso de Acción Nacional, en cambio, la convergencia se debe a su fuerte debilitamiento en las secciones con mayor educación y a su crecimiento relativo en las secciones con menor educación, relacionado con la diversificación de su electorado. La diferenciación del voto también se observa de forma más atenuada en el caso del PRD que, con la excepción de 1997 (elección de Cárdenas en el Distrito Federal), tiene mayor éxito en las secciones indígenas (gráfica 6c).

Asimismo, cabe destacar la similitud de las tendencias observadas en las secciones mestizas e indígenas con bajos niveles de escolaridad (señaladas con asteriscos y triángulos), lo que proporciona una primera aproximación a los efectos que tiene esta segunda variable sobre los comportamientos electorales. Dichos efectos son particularmente palpables en el caso del PRI, que cuenta con un arraigo muy similar en el conjunto de las secciones con menos de seis años de escolaridad, independientemente de si éstas son mestizas o indígenas. Más que con un comportamiento de tipo étnico o cultural, esta diferencia parece relacionarse con otros factores de índole económica y sociodemográfica. Finalmente, llama la atención la escasa diferenciación del voto del resto de partidos, cuya presencia sí suele ser ligeramente superior en las secciones con mayor escolaridad (con la excepción de 2003), pero cuyo crecimiento a partir de 2009 es contundente e impresionante en las cuatro categorías analíticas.

Este primer ejercicio exploratorio indica que la variable étnico-lingüística sí parece tener efectos sobre los comportamientos electorales, aunque también invita a profundizar el análisis, integrando y controlando por otras variables sociodemográficas.

¿Etnicidad o exclusión? El peso de las variables sociodemográficas y regionales

Para captar el peso específico de la etnicidad sin confundirla con los efectos de otros factores sociodemográficos y territoriales que también pueden incidir en el comportamiento electoral, construimos una serie de modelos multivariables de regresión, con los datos del último Censo de 2010 agregados en el nivel de las 66 682 secciones electorales (^{INEGI-IFE, 2012}).

La variable independiente de interés central es el porcentaje seccional de hablantes de lenguas indígenas (“pHLI”). Asimismo, utilizamos siete variables binarias de tipo “dummy” (“Indígenas_”, codificadas con 1/0) para identificar las secciones mayoritariamente indígenas de cada una de las siete regiones que distinguimos con anterioridad, para explorar la especificidad de los comportamientos indígenas entre los mayas yucatecos, en la Huasteca potosina y poblana, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como en la región Huicot-Tarahumara.

En cuanto a las variables sociodemográficas de control consideramos, además del promedio de años de escolaridad (“MediaEsc”), los porcentajes seccionales de jóvenes entre 15 y 24 años de edad (“Joven15a24”), de la población que residía en otra entidad en los últimos cinco años (“Inmigrantes”), de quienes profesan la religión católica (“Catolica”), tienen acceso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de la proporción de viviendas marginadas que no cuentan ni con electricidad, ni con agua entubada, ni con drenaje (“Sin_ServBas”).

Para facilitar la interpretación y la comparación directa de todos los coeficientes con las siete variables dicotómicas regionales, estandarizamos cada variable independiente continua sustrayendo su promedio y dividiéndola por dos desviaciones estándar (“rs”). Dicho procedimiento sugerido por Andrew ^{Gelman y Jennifer Hill (2007: 56)} no solamente permite centrarlas (por lo que la intersección corresponde así al resultado promedio predicho cuando el conjunto de variables se sitúan en su media respectiva); al dividir cada variable por dos desviaciones estándar (en lugar de por una), un incremento de una unidad entera en dicha variable corresponde entonces a un cambio de una desviación estándar por debajo, a una desviación estándar por encima de su promedio respectivo (lo que equivale aproximadamente al cambio de una variable binaria entre los valores 0 y 1).⁵

Previamente a la estandarización, aplicamos algunas transformaciones simples para aquellas variables cuya distribución resulta sesgada, para que éstas adquieran una distribución razonablemente normal (para ello, utilizamos las raíces cuadradas “Sq_” de las tasas de inmigrantes, católicos y derechohabientes del ISSSTE, así como el logaritmo natural “Ln_” de las viviendas con carencias en servicios básicos). En la medida en que todas las variables se estandarizan con el mismo procedimiento, se eliminan las diferencias entre las distintas escalas de los coeficientes (que pueden ser contrastados directamente con las variables binarias).

De esta forma, la constante representa el promedio pronosticado de la variable independiente de cada modelo (porcentaje de participación electoral, voto por el PRI, PAN, PRD u otros partidos), y los coeficientes de los regresores estandarizados (en este caso, las variables de control) pueden ser interpretados en una escala equivalente a la de los coeficientes de las variables binarias de interés (en nuestro caso, las secciones mayoritariamente indígenas en las siete regiones indígenas analizadas). Como se observa en el cuadro 7, existen correlaciones relevantes entre las distintas variables regresoras. Sin embargo, éstas no son suficientemente fuertes para plantear problemas de colinealidad (los estadísticos de los modelos reportados nunca rebasan 3.8 para los valores FIV, con una tolerancia inferior a 0.262 para la media escolar).

Pasemos ahora al análisis de los datos. Considerando que las variables dependientes (los porcentajes de participación electoral y de votos por el PRI, PAN, PRD y Morena) varían en un rango de 0-100 y que su distribución es prácticamente normal, utilizamos modelos lineales de regresión. Éstos permiten interpretar las constantes como los promedios pronosticados de las variables dependientes cuando todas las variables independientes continuas están en su nivel medio y la variable binaria tiene el valor 0. A su vez, los coeficientes estandarizados corresponden al efecto total que tendría un incremento de dos variaciones estándar de una variable continua, o de una unidad de una variable categórica dicotómica, en puntos porcentuales de la variable dependiente.

Como se observa en los tres modelos del cuadro 8, el promedio general de la participación electoral entre 1991 y 2018 fue de 58 por ciento en las secciones mestizas (como lo indica la constante en la intersección), mientras que el PRI obtuvo 40 por ciento del voto válido durante el mismo periodo, contra 26 por ciento por el PAN y 16 por ciento por el PRD. Como lo muestra el primer modelo univariable, a primera vista las secciones mayoritariamente indígenas no se caracterizan por una diferencia estadísticamente significativa en términos de participación electoral, pero en ellas el PRI sí parece conseguir +4.7 puntos porcentuales más, en contraste con el PAN que capta un promedio en -5.8 puntos inferior que en las secciones mestizas (modelo 1 del cuadro 8). Sin embargo, dichos coeficientes cambian sustancialmente cuando se controla por otras variables sociodemográficas, adquiriendo un valor positivo de +2.1 puntos porcentuales para la participación electoral y reduciéndose a menos de un punto porcentual para la distribución del voto partidista. En efecto, estos otros factores sociodemográficos son mucho más relevantes para explicar las variaciones seccionales del comportamiento electoral de los mexicanos (modelo 2 del cuadro 8).

La participación electoral, por ejemplo, se asocia positivamente con mayores niveles seccionales de escolaridad (+10 puntos), población católica (+3.1 puntos) y viviendas sin servicios básicos (+2.3 puntos), mientras que disminuye en las secciones con mayor presencia de inmigrantes, jóvenes y derechohabientes del ISSSTE y del IMSS. Como lo muestran las r² corregidas de los modelos 1 y 2, en su conjunto estas variables explican 20 por ciento de la varianza total, mientras que la variable étnico-lingüística por sí sola prácticamente no tiene capacidad explicativa. Asimismo, los coeficientes del porcentaje de hablantes de lenguas indígenas pierden su relevancia para explicar el voto partidista. En el caso del PRI, la variable más relevante es claramente la media escolar (-12.1 puntos), que tiene un efecto exactamente inverso sobre el voto del PAN (+12.2 puntos). Éste último partido también se beneficia de la mayor presencia de católicos (+4.5 puntos) y de derechohabientes del IMSS (+4.4 puntos), en contraste con el PRD que tiene mayor éxito en las secciones con más derechohabientes del ISSSTE (+7.5 puntos) y con carencias en servicios básicos (+3.5 puntos).

La escasa capacidad explicativa de la variable étnico-lingüística se debe en buena medida a su heterogeneidad interna. Cuando se introducen las variables “dummy” de las siete regiones indígenas que distinguimos con anterioridad, aparecen variaciones relevantes y estadísticamente significativas. Como ilustra el modelo 3 del cuadro 8, las secciones mayas de la Península de Yucatán se caracterizan por tasas impresionantes de participación electoral (+11.3 puntos porcentuales más que el promedio nacional) y por una presencia mucho más fuerte del PAN (+12.6 puntos) y del PRI (+7.5 puntos), con una debilidad consecuente del PRD (-11.1 puntos porcentuales) y del resto de partidos políticos (-9.0 puntos). Asimismo, la sobrerrepresentación de Acción Nacional en las secciones indígenas de la huasteca potosina (+8.3) contrasta con la sobrerepresentación del tricolor en las secciones huicot-tarahumara (+14.5 puntos) y del Sol Azteca en la Montaña de Guerrero (+19.5 puntos porcentuales). Ello ilustra la gran diversidad de configuraciones partidistas que coexisten dentro del universo indígena, dentro de cual caben muchos mundos políticos (cuadro 8).

Asimismo, construimos otras series de modelos para verificar si el promedio global oculta cambios sustantivos a lo largo del tiempo. Aunque los coeficientes varían ligeramente en su intensidad, los resultados centrales son robustos y consistentes con las tendencias observadas en la gráfica 6. Observemos, por ejemplo, los coeficientes de las mismas variables dependientes para el periodo 1997-2006, caracterizado por la preeminencia del PRI, del PAN y del PRD. A diferencia del modelo 1 que solamente capta los efectos bilaterales de la variable étnico-lingüística (y apenas capta entre 0.4 y 6.2 por ciento de la varianza total), los otros factores sociodemográficos explican entre 13.8 y 40.1 por ciento de la varianza total (por lo que le restan relevancia a la variable lingüística). Sólo las tasas de participación sí son ligeramente más elevadas en las secciones con mayores porcentajes de hablantes de lenguas indígenas.

En efecto, la variable más importante es claramente el promedio seccional de años de escolaridad, con fuertes efectos positivos sobre la participación electoral (+12.2 puntos) y el voto panista (+14.9 puntos), así como negativos sobre el voto priista (-14.6 puntos). A su vez, una mayor proporción de católicos se asocia con mayores niveles de participación electoral (+3.8 puntos) y de votos por el PAN (+5.2 puntos), así como con tasas más bajas de votos por el PRI (-2.6 puntos) y por el PRD (-2.8 puntos). Asimismo, las tasas seccionales de acceso a servicios de salud contribuyen a explicar el mayor éxito del PRD en las secciones con más derechohabientes del ISSSTE (+10.6 puntos), y del PAN en las secciones con más derechohabientes del IMSS (+5.5 puntos porcentuales). Finalmente, las viviendas con mayores carencias de servicios básicos se asocian positivamente con el voto del PRI y del PRD, teniendo un efecto negativo sobre el voto del PAN (-8 puntos porcentuales).

Pero sobre todo se confirma la utilidad de las variables étnico-lingüísticas regionales, no tanto para incrementar la capacidad explicativa de los modelos (cuya r² corregida no incrementa de forma sustantiva) sino en vistas de captar la heterogeneidad de sus efectos (modelo 3 del cuadro 9). Una vez más, las secciones mayoritariamente mayas de la Península de Yucatán se caracterizan por tasas muy elevadas de participación electoral (+10.6 puntos), por una presencia muy fuerte del PAN (+11.9 puntos) y del PRI (+6.7 puntos) y por la debilidad del PRD (que capta -14.7 puntos menos). Asimismo, la sobrerrepresentación de Acción Nacional se confirma en las secciones indígenas de la huasteca potosina (+11.7 puntos), en contraste con la hegemonía del tricolor en las secciones huicot-tarahumara (+12.7 puntos) y del Sol Azteca en la Montaña de Guerrero (+23.4 puntos). De ahí la necesidad de situar las distintas comunidades étnico-lingüísticas en sus contextos territoriales específicos.

Regresemos ahora, brevemente, sobre los resultados de las elecciones federales más recientes, en vistas de situar los perfiles sociodemográficos de los principales partidos, empezando con el voto cambiante del Movimiento de Renovación Nacional antes y después del tsunami electoral desatado por la tercera candidatura presidencial de AMLO. Mientras que en 2015, Morena obtuvo mayor éxito en secciones con mayores niveles de escolaridad (donde prácticamente duplicó sus resultados electorales), su crecimiento exponencial canceló los efectos de esta variable en las legislativas de 2018, otorgándole incluso un perfil inverso en las presidenciales (en las que AMLO obtuvo -8.7 puntos porcentuales menos que en las secciones con baja escolaridad).

En efecto, llama la atención que los efectos de la misma variable se mantuvieron relativamente constantes en el caso del PAN (que obtuvo +11.6 puntos más en las secciones con mayor escolaridad), pero se debilitaron notablemente en el caso del PRI (que solamente perdió -5.1 puntos en las mismas). Asimismo, tanto Morena como AMLO lograron crecer en las secciones con mayores proporciones de jóvenes y de derechohabientes del ISSSTE y del IMSS, cuyas preferencias beneficiaban habitualmente al PRD y al PAN, respectivamente. El único tipo de secciones en el que la penetración de Morena fue más limitada se relaciona con la proporción de católicos (-9.8 puntos), que resultó más favorable al voto del PAN (+4.5 puntos porcentuales) y, en menor medida, al PRI (+2.7 puntos). Por ende, el tsunami electoral de 2018 realmente desdibujó los principales clivajes sociodemográficos que venían estructurando la política electoral mexicana desde la década de 1990.

En cuanto a los comportamientos en las distintas regiones indígenas, AMLO solamente obtuvo una ventaja sustantiva en las secciones mayoritariamente indígenas de Oaxaca (+15.1 puntos) y de Guerrero (+8 puntos), mientras que registró resultados mucho más bajos en la huasteca potosina (-9.1 puntos) y poblana (-4.6 puntos), en la Selva Lacandona y en Los Altos de Chiapas (-9 puntos) pero, sobre todo, en las secciones huicot-tarahumara (-20.7 puntos) y mayas de Yucatán (-21.5 puntos). En efecto, estas últimas regiones permanecieron mucho más leales al PRI y al PAN, de la misma forma que las secciones indígenas de Guerrero siguieron votando en mucha mayor proporción por el PRD (+11.7 puntos porcentuales). En todo caso, llama la atención que en su conjunto el voto de estas regiones no favoreciera en mayor medida a López Obrador, quien obtuvo un saldo electoral negativo en las secciones indígenas. Finalmente, la participación promedio sí fue sensiblemente más elevada en estas últimas, con impresionantes diferencias entre los mayas yucatecos (+14.7 puntos) y los Tarahumaras-Huicot (-11.1 puntos), lo que confirma de nuevo la gran heterogeneidad interna de la variable lingüística.

En resumidas cuentas, la capacidad explicativa de los factores sociodemográficos que utilizamos aquí como variables de control resulta mucho más relevante y robusta para captar los comportamientos electorales seccionales de los mexicanos que el porcentaje de hablantes de lenguas indígenas. Contra el mito recurrente pero erróneo, en promedio las tasas de participación son sensiblemente superiores en las secciones indígenas. Sin embargo, no existe un patrón común de comportamiento electoral en ellas. Coexisten, más bien, regiones indígenas muy participativas (los mayas de Yucatán) y altamente abstencionistas (los Tarahumaras-Huicot o los indígenas de Guerrero), lo que cuestiona la idea de un comportamiento electoral indígena homogéneo o unificado.

Esto es todavía más cierto cuando se analiza la orientación partidista del voto. Como lo muestran los modelos multivariados de regresión, el simple hecho de hablar alguna lengua indígena no tiene mucha capacidad explicativa. En cambio, sí se observan comportamientos fuertemente diferenciados entre las distintas regiones étnico-lingüísticas (con orientaciones marcadamente panistas entre los mayas yucatecos; perredistas entre los mixtecos, nahuas, tlapanecos y amuzgos guerrerenses; o priistas entre los tarahumaras-huicot norteños). Ello ilustra la gran diversidad de los comportamientos electorales de los distintos territorios indígenas. Esta heterogeneidad remite a especificidades geográficas e históricas que merecen ser reconocidas, situadas y exploradas. Por ende, resulta poco útil hablar de “un voto indígena”, y mucho más pertinente pensar en distintas regiones con comportamientos diferenciados.

Un universo plural de mundos indígenas: Cuatro desafíos para mejorar la inclusión política

En suma, cabe subrayar el pluralismo del universo indígena. En 2018 la participación electoral fue más alta en casi todas sus regiones, donde los sistemas de partidos están igual de fragmentados que en el resto del país. Más que de un voto conviene hablar así de diversas votaciones indígenas. En su conjunto, las secciones mayoritariamente indígenas no se caracterizan por ningún comportamiento político específico. Y, cuando se controlan los efectos del porcentaje seccional de hablantes de lenguas indígenas por otros factores sociodemográficos, estos últimos suelen ser mucho más relevantes (en especial la media escolar). Ciertamente, el nivel promedio de participación electoral sí resulta ser ligeramente más elevado en las secciones indígenas que en las mestizas. Sin embargo, éste no es el caso ni para la distribución seccional del voto priista, ni del voto panista, ni del voto perredista, cuya variación sí se explica de forma significativa por los niveles de escolaridad, acceso a servicios de salud o carencia de servicios básicos, así como por la proporción seccional de población joven, inmigrante o católica.

Esto se relaciona con la heterogeneidad interna de la categoría étnico-lingüística. Ésta contiene un conjunto de poblaciones con comportamientos fuertemente diferenciados y en ocasiones diametralmente opuestos, que deben ser estudiados en sus contextos socioterritoriales específicos. En el periodo 1991-2018, los promedios de la participación electoral varían, así, hasta en 18 puntos porcentuales entre las secciones mayas altamente participativas de la península de Yucatán y las secciones abstencionistas de las Montañas de Guerrero, mientras que las diferencias entre la sobre y subrepresentación de los principales partidos alcanzan hasta 24.6 puntos porcentuales para el PAN, 25.3 puntos para el PRI y 30 puntos en el caso del PRD, con coeficientes dos veces más elevados que la escolaridad (la variable sociodemográfica de mayor peso).

Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para la inclusión política de las poblaciones originarias. Contrario al imaginario dualista que las homogeneiza y oculta su diversidad interna, los comportamientos electorales revelan un amplio arcoíris de preferencias políticas que conviven dentro de los territorios indígenas. Esto obliga a situar las identidades indígenas en distintos contextos geográficos, demográficos, económicos y socioculturales. Estamos ante un conjunto de poblaciones sumamente diversas que pueden residir como mayorías indiscutibles en comunidades exclusivamente indígenas, o migrar y vivir en entornos multiculturales, mixtos o mestizos donde se transforman en minorías más o menos (in)visibles.

El diseño de políticas públicas para promover una mayor inclusión política de las poblaciones indígenas debe partir del reconocimiento de su diversidad interna. Un primer desafío se relaciona con el nivel relevante para organizar la representación política: ¿se requiere de dispositivos particulares para las 28 mil localidades, para los 565 municipios, para las 23 regiones o para las diez entidades donde reside la mayoría de las comunidades indígenas?

Como lo vimos, la heterogeneidad demográfica y la distribución territorial de los grupos étnico-lingüísticos de México invitan a repensar la representación política indígena en contextos territoriales multiculturales. Pese a su marcada concentración geográfica, sólo 57 por ciento de los hablantes de lenguas indígenas residen en secciones con más de 65 por ciento de hablantes de lenguas indígenas, mientras que 35 por ciento de ellos habita en secciones con menos de 50 y 25 por ciento en secciones con menos de 30 por ciento de hablantes de lenguas indígenas. Por ende, una parte sustantiva de estas poblaciones reside en contextos culturales mixtos o eminentemente mestizos. ¿En qué nivel y mediante qué dispositivos hay que diseñar, entonces, qué tipo de representación política para qué tipo de sectores indígenas?

Por lo pronto, las reformas en México recurrieron, sobre todo, a mecanismos mayoritarios de gerrymandering afirmativo. Las redistritaciones de 2004-2005 y 2016- 2017 diseñaron 28 distritos con un deliberado sesgo étnico-lingüístico, mientras que las medidas de acción afirmativa impulsadas en 2017 buscaron obligar a postular candidaturas indígenas en al menos trece de esos distritos. Un primer paso consistiría en reconocer que la cuestión no puede ser resuelta únicamente por esa vía y que es preciso utilizar dispositivos complementarios, con lógicas proporcionales de cuotas o con candidaturas reservadas.

Por ejemplo, pudiera crearse una sexta circunscripción federal plurinominal reservada para candidaturas indígenas, tal como se hizo en Colombia para promover la representación legislativa de las poblaciones indígenas y afromestizas. Otra opción sería generar incentivos para que los mismos partidos incluyan a candidatos indígenas en sus listas de representación proporcional, incluyendo eventualmente sistemas de cuotas en entidades o regiones con fuerte presencia indígena. Asimismo, cabe citar la experiencia exitosa de “malaporcionamiento afirmativo” de Panamá, donde la creación de circunscripciones con dos o tres escaños en las comarcas indígenas permite sobrerrepresentarlas con respecto a los circuitos uninominales mestizos (^{Sonnleitner, 2010}). En todo caso, se podría aprovechar que México cuenta con un sistema de representación mixto, por lo que la ingeniería electoral abre muchas posibilidades para combinar mecanismos mayoritarios (para aquellas comunidades que residen en territorios indígenas) y proporcionales (para quienes residen en contextos mixtos o mestizos).

En tercer lugar, cabe destacar el desafío de la marginación socioeconómica. La exclusión social no sólo aqueja a las poblaciones indígenas, sino que afecta también a amplios sectores de la población mestiza. Sin embargo, la mayoría de las comunidades originarias vive en contextos de alta marginación o de extrema pobreza, que conspiran en contra de la inclusión política. Su representación no puede ignorar las condiciones de desigualdad material en las que compiten quienes aspiran a cargos públicos.

Finalmente, no debe olvidarse un último desafío, relacionado con los efectos contraproducentes que puede generar la discriminación positiva: al reconocer formalmente las identidades indígenas como sujetos de políticas públicas exclusivas, también se corre el riesgo de crear dinámicas inesperadas de exclusión y resentimiento entre los sectores no indígenas. Esto pudiera alimentar o reproducir viejas y nuevas prácticas de paternalismo y de racismo, bajo el manto de discursos benevolentes que pudieran romper el consenso existente sobre la legitimidad de la inclusión política indígena.