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Introducción
El proceso electoral federal 2017-2018 no sólo se caracterizó por haber sido el más grande en la historia de México por el número de puestos de elección popular que se eligieron,1 sino también por haber sido el más violento. Desde el inicio del proceso, el 8 de septiembre de 2017, hasta el fin de las campañas el 27 de junio de 2018, se registró el asesinato de 48 precandidatos y candidatos a puestos de elección popular en todo el territorio nacional.2 Sin duda, el tema de la violencia electoral, en particular los asesinatos de candidatos rumbo a las elecciones federales y locales de 2018, fue uno de los temas que más llamaron la atención de esta elección. La Organización de los Estados Americanos (OEA), la delegación de la Unión Europea en México, en conjunto con las embajadas de Noruega y Suiza, manifestaron su preocupación por la violencia e intimidación durante dicho proceso electoral. Diversos actores políticos y sociales también mostraron su preocupación por el asesinato de candidatos. En un contexto de violencia criminal generalizada, cabe preguntarse si aún podemos afirmar que “en la brillante superficie de la democracia mexicana, la situación en general parece estar bien” (Schedler, 2014: 10), o si atestiguamos el inicio de una “subversión social [criminal] de la democracia”.
¿A qué se debió esta ola de asesinatos políticos sin precedentes? ¿La violencia responde a incentivos de la competencia electoral, o más bien puede atribuirse a organizaciones criminales? Nuestro argumento es que los asesinatos de candidatos observados en México en 2017-2018 no son el resultado de una competencia política férrea entre partidos políticos, pues, a diferencia de otros sistemas electorales, en México el acceso al poder y la competencia política siguen mayormente la ruta institucional. Los asesinatos de candidatos más bien están relacionados con las actividades de organizaciones criminales en los municipios en que ocurrieron los asesinatos. Nuestra evidencia estadística sugiere que en algunos estados los candidatos fueron víctimas del ambiente de violencia criminal que vive el país; además, en los estados de Puebla y Guerrero es posible afirmar que los candidatos asesinados fueron el blanco específico de organizaciones criminales. El fenómeno de la violencia político-electoral parece también ser un fenómeno local, pues la mayoría de las victimas competían por cargos a nivel municipal. En una democracia en proceso de consolidación resulta importante determinar si las muertes de candidatos tienen su origen en procesos puramente políticos; es decir, si son el producto de un proceso de debilitamiento institucional en el que actores políticos de enclaves de autoritarismos subnacionales recurren al asesinato como estrategia para perpetuarse en el poder; o si bien, y no por ello menos grave, si los asesinatos son producto de contextos de violencia criminal.
Por lo tanto, este artículo tiene dos objetivos. Primero, distinguir si la ola de candidatos asesinados tiene su raíz en motivaciones políticas basadas en la competencia electoral, o si son el resultado de estrategias emprendidas por organizaciones criminales. Durante el proceso electoral se plantearon dos grandes posibles hipótesis como causas de los asesinatos. La primera relacionada con la competencia electoral. En otras partes del mundo se ha observado que la violencia electoral surge particularmente en situaciones en las que las elecciones ofrecen una posibilidad real de cambiar las relaciones de poder existentes, y es precisamente en competencias cerradas en las que los políticos tienen incentivos para hacer uso de la violencia. La segunda hipótesis que se planteó es que organizaciones criminales podrían usar los asesinatos políticos como estrategia para capturar políticamente a los funcionarios de Estado, y así obtener una ventaja comparativa frente a otras organizaciones criminales.
Segundo, después de identificar que el fenómeno del asesinato de candidatos está relacionado con la presencia y operación de organizaciones criminales, nos dimos a la terea de determinar si los candidatos asesinados fueron un blanco específico de las organizaciones criminales o si fueron víctimas del ambiente de violencia que se vive en muchas zonas del país. Para ello, usamos una prueba binomial exacta (exact binomial test) para someter a prueba la hipótesis de que a nivel estatal los candidatos son más proclives a ser asesinados que la población en general.
Este artículo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, revisamos la literatura sobre crimen y violencia electoral, y los incentivos que tienen tanto las organizaciones criminales como los partidos políticos para hacer uso de ella. Después, a partir de una minuciosa revisión de prensa y de la literatura presentamos algunas expectativas teóricas sobre las causas de los asesinatos de candidatos en México, es decir sí obedecen a la competencia electoral o si están relacionados con las actividades de organizaciones criminales. Enseguida, presentamos un análisis cuantitativo de los municipios que se encuentran ubicados en estados que sufrieron al menos un asesinato de precandidatos o candidatos (710 municipios excluyendo Oaxaca), con el propósito de someter a prueba ambas narrativas e identificar los patrones políticos y sociales que incidieron en los asesinatos de candidatos. En las conclusiones, presentamos los hallazgos de la investigación y las implicaciones para la calidad de la democracia.
Violencia electoral, ¿competencia electoral o violencia criminal?
La violencia electoral tiene dos acepciones comunes, en primer lugar puede entenderse como un subconjunto de actividades dentro de un conflicto político de mayor magnitud, la mayoría de las veces como parte de una trayectoria de violencia étnica dentro de sociedades divididas (Fjelde y Höglund, 2016; Wilkinson, 2004), y en segundo lugar como el uso intencional de la fuerza como estrategia para influir en los resultados electorales (Hafner-Burton et al., 2014; Höglund, 2009). A su vez, la violencia electoral suele ser empleada por dos actores principalmente; primero, por gobiernos y partidos políticos -para permanecer en el poder o perjudicar a sus contendientes- (Hafner-Burton et al., 2014; Höglund, 2009); y en segundo lugar, por grupos criminales que buscan amedrentar a sus opositores o apoyar a políticos aliados y obtener así protección para sus actividades ilícitas (Albarracín, 2018; García-Sánchez, 2016; Ley, 2018; Ponce, 2019; Trelles y Carreras, 2012). Dependiendo de quien sea el perpetrador, la violencia electoral tendrá lógicas distintas pues atiende a objetivos distintos.
En primer lugar, examinaremos la violencia electoral ejercida por gobiernos o partidos políticos. Los partidos en el gobierno pueden recurrir a varias estrategias de manipulación electoral, tal vez la más extrema de ellas sea el uso de la violencia. La violencia electoral surge particularmente en situaciones en las que las elecciones ofrecen una posibilidad genuina de cambiar las relaciones de poder existentes. Por lo tanto, los partidos políticos que enfrentan elecciones cerradas tendrán mayores incentivos para fomentar la violencia como medio para acceder al poder (Höglund, 2009, Straus y Taylor, 2009). Además, existen otros factores que interactúan con la competencia electoral y que fomentan el uso de la violencia; por ejemplo, un partido en el gobierno tiene incentivos para hacer uso de la violencia preelectoral si anticipa un resultado electoral desfavorable y si además existen controles institucionales débiles sobre el Ejecutivo (Hafner-Burton et al., 2014). Por ejemplo, en África, los partidos en el gobierno han estado más asociados con el uso de la violencia política, especialmente en sistemas con democracias poco consolidadas (Onapajo, 2014; Straus y Taylor, 2009) y con débiles controles institucionales (Onapajo, 2014).
Además de la competencia electoral, también existe un vínculo entre la violencia electoral y las reglas electorales. Los sistemas electorales mayoritarios son proclives a generar violencia en lugares donde grupos étnicos han sido sistemáticamente excluidos del poder y en donde existen desigualdades económicas significativas. En contraste, las reglas de representación proporcional hacen más probable que incluso candidatos de minorías étnicas se comprometan a respetar las reglas de la competencia democrática, pues estas reglas electorales les garantizan un mínimo de representación para permanecer en la arena electoral hasta la siguiente elección (Fjelde y Höglund, 2016). Un mínimo de representación política reduce los incentivos de recurrir a la violencia electoral.
Por su parte, los grupos criminales también tienen incentivos para involucrarse en procesos electorales. No sólo en México, sino en otras partes del mundo, como en Italia (Alesina et al., 2016; Dal Bó et al., 2006; Daniele y Dipoppa, 2017), Brasil (Albarracín, 2018) y Colombia (García-Sánchez, 2016) existen ejemplos de cómo grupos criminales se involucran en asuntos políticos. Sobre ellos, se suele asumir que actúan motivados principalmente por intereses económicos; por ejemplo, para defender y controlar mercados criminales (Osorio, 2015). Sin embargo, también actúan motivados con fines políticos o en reacción a variables políticas.
La literatura reconoce al menos cuatro razones por las que las organizaciones criminales atacan a políticos en funciones o a candidatos. En primer lugar, los traficantes alrededor del mundo usualmente evitan la confrontación abierta, y prefieren técnicas menos visibles (como la corrupción) para minimizar los impactos de la actuación policial y la aplicación de la ley; pero cuando el Estado emprende medidas represivas de forma indiscriminada, los narcotraficantes responden atacando violentamente a agentes estatales (Lessing, 2015).
En segundo lugar, las guerras territoriales entre diferentes organizaciones criminales inducen a los carteles a modificar la balanza del juego electoral para capturar a los agentes del Estado, y con ello obtener una ventaja para controlar el mercado. Los políticos pueden convertirse en el blanco de la violencia criminal cuando deciden no cooperar con organizaciones criminales y combatir mercados ilícitos (Albarracín, 2018). En consecuencia los grupos criminales hacen uso de la violencia para infundir temor entre los votantes y afectar negativamente la participación electoral (Ley, 2018; Trelles y Carreras, 2012), muchas veces con el propósito de disminuir las posibilidades de victoria de adversarios políticos en zonas sobre las cuales ejercen un control territorial (García-Sánchez, 2016). En casos extremos tratan de eliminar la competencia electoral mediante amenazas o asesinatos a políticos rivales (Albarracín, 2018; Daniele y Dipoppa, 2017; Ponce, 2019). Cabe mencionar que la política electoral criminalizada, en la que hay un uso intencional de la fuerza por grupos criminales para influir en la política, es predominantemente un fenómeno local. La política electoral criminalizada puede ocurrir a nivel nacional o regional, pero se requiere un Estado de derecho débil y una limitada rendición de cuentas ante la sociedad civil para que resulte atractiva para los grupos criminales (Albarracín, 2018).
En tercer lugar, los grupos armados pueden atacar a autoridades subnacionales en un intento por extraer recursos económicos de los gobiernos locales (Cubides, 2005), y emplearlos para para fortalecer su presencia militar (Chacon, 2018). Esta estrategia de captura de rentas se activará sólo si la cantidad de recursos que pueden extraer supera los costos de corromper o coaccionar a las autoridades (Dal Bó et al., 2006). Finalmente, las organizaciones traficantes de drogas pueden obtener múltiples beneficios si logran capturar las elecciones subnacionales: mayores facilidades para el transporte de drogas ilegales, menos obstáculos para el lavado de dinero, información de inteligencia, lograr la protección de la policía local, e incluso apoyo de la policía para combatir organizaciones rivales (Ponce, 2019). Por tal motivo, los ciclos electorales, en particular las campañas electorales, estimulan la violencia, ya que es más costoso para las organizaciones criminales capturar a políticos en funciones, quienes en teoría cuentan con mayor protección policial, que a candidatos que buscan el poder (Ponce et al., 2019). En consecuencia, los carteles mexicanos toman ventaja de las oportunidades que brindan los ciclos electorales locales, y la escasa protección del gobierno central hacia algunos políticos, y atacan a alcaldes o candidatos para obtener control sobre gobiernos locales y así poder establecer “regímenes subnacionales de gobernanza criminal” (Trejo y Ley, 2019).
Asesinatos de candidatos en México
Durante el proceso electoral 2017-2018 varios actores se pronunciaron sobre las causas de la ola de asesinatos de candidatos que vivió el país. En conferencia de prensa ofrecida el 27 de mayo de 2018, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, aseguró que los asesinatos de candidatos no estaban vinculados a razones ideológicas ni a la competencia político-electoral, y “aseguró que entre las causas de estos homicidios están las disputas de la delincuencia organizada, y temas de índole personal y familiar” (Salgado, 2018). Por su parte, Rubén Salazar, director de Etellekt, consultora que desarrolló un detallado conteo de agresiones en contra de candidatos en 2017-2018, afirmó que una posible explicación de los asesinatos es que “la democracia ha dejado de ser la herramienta para dirimir diferencias en la competencia política” y que se está empleando la violencia “como el recurso más efectivo para obtener un cargo público y hacer a un lado en la contienda a aquellos aspirantes que integran la oposición” (EFE, 2018). ¿Cuál de las dos narrativas se ajusta mejor a las causas de los homicidios de candidatos? ¿Deben atribuirse a condiciones de competencia electoral o vincularse con actividades de organizaciones criminales?
Un primer acercamiento a las causas de los asesinatos de candidatos y precandidatos en el pasado proceso electoral es hacer una descripción general sobre las principales características de las víctimas. Como se indicó en la nota al pie número dos, los datos que empleamos sobre homicidios de candidatos provienen de la revisión de notas de periódico.3 El conteo que realizamos arrojó que, entre el 8 de septiembre de 2017 -inicio del proceso electoral federal- y el 27 de junio de 2018 -fin de las campañas electorales-, fueron 48 los políticos asesinados; 20 eran candidatos ya con registro oficial y 28 precandidatos.4 Si comparamos la cifra de 2018 con otros procesos electorales federales y locales de los últimos diez años en México observaremos un dramático crecimiento en el número de candidatos asesinados. En procesos electorales anteriores (federales y locales) la cifra osciló entre dos y ocho candidatos asesinados (gráfica 1 ).
De los 48 políticos asesinados, 26 aspiraban a una presidencia municipal, ocho a una regiduría, diez a una diputación local y dos más a una diputación federal. Estas cifras, conforme a la establecido en la literatura (Albarracín, 2018), ponen en evidencia que las víctimas fueron en su mayoría candidatos a puestos a nivel local. Por otra parte, las cifras de estos asesinatos muestran que del total de candidatos asesinados, 41 eran hombres y siete eran mujeres. Esto nos hace suponer que los asesinatos no son del todo aleatorios, ya que si lo fueran observaríamos una proporción similar de asesinatos entre hombres y mujeres debido a que en México se ha logrado que se postule una misma proporción de candidatos y candidatas como consecuencia de la adopción de cuotas de género, e incluso más recientemente por la adopción de la paridad de género (Freidenberg y Alva, 2017).
Sobre la afiliación política de las víctimas, 12 pertenecían al PRI, 11 al prd, seis a Morena y cinco al pan (gráfica 2). Puesto que prácticamente todos los partidos políticos que postularon candidatos a puestos de elección popular fueron víctimas de la violencia política, pareciera que la orientación política no es una variable que pueda asociarse con la ocurrencia de los asesinatos. Ello apunta a que los asesinatos de candidatos ocurrieron mayormente en los estados más afectados por la violencia criminal.
Fuente: Elaboración propia a partir de notas periodísticas.
GRÁFICA 2 Candidatos asesinados por partido político
La entidad federativa que registró más asesinatos políticos, según la información recabada, fue Guerrero, con 12; le siguen Michoacán, Oaxaca y Puebla con cinco asesinatos cada uno, y el Estado de México y Jalisco con cuatro asesinatos (gráfica 3).
Fuente: Elaboración propia a partir de notas periodísticas.
GRÁFICA 3 Candidatos asesinados por estado
La hipótesis de competencia electoral
Gobiernos y partidos políticos pueden recurrir a la violencia electoral como estrategia para permanecer en el poder (Hafner-Burton et al., 2014), sobre todo en contextos de una intensa competencia política (Höglund, 2009). Algunos asesinatos de candidatos en México parecen ajustarse a esta hipótesis. Por ejemplo, Aarón Varela Martínez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Ocoyucan, Puebla, fue asesinado el 28 de febrero de 2018. Si bien no hay líneas de investigación claras, militantes de Morena manifestaron ante medios de comunicación que suponen que la muerte de Varela ocurrió por razones políticas. Ocoyucan lleva casi tres décadas bajo el control del PRI, con apoyo de Antorcha Campesina, y Aarón Varela era la figura política con más fuerza que representaba una posibilidad real de acabar con ese dominio (Ayala, 2018).
Si bien la literatura sobre violencia política apunta a que las elecciones cerradas o competidas pueden inducir a los actores políticos a usar la violencia para influir en el resultado electoral; es posible que esto sea menos probable en el contexto mexicano. En primer lugar porque, como resultado de un largo proceso histórico-institucional, los partidos políticos parecen haber internalizado que las elecciones y no la violencia son la vía para acceder al poder, y en segundo lugar porque el sistema de partidos en México durante un largo periodo mostró un alto grado de institucionalización (Greene y Sánchez-Talanquer, 2018),5 lo cual da estructura y estabilidad a la competencia político-electoral.
El que los partidos políticos internalizaran que la competencia electoral es la vía para llegar al poder es producto de un largo proceso histórico. Después de la revolución, México vivió un periodo de inestabilidad política caracterizado por el uso de violencia para llegar al poder. En 1920, 1923, 1927 y 1929 hubo importantes rebeliones en contra del Poder Ejecutivo y en torno a la sucesión presidencial. México estaba esencialmente gobernado por numerosos señores de la guerra, caudillos regionales y locales. Esta situación comenzó a cambiar con la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929. Según Jeffrey Weldon (1997), “[e]l partido fue diseñado para prevenir las revueltas militares y las guerras civiles electorales entre los miembros de la familia revolucionaria” (p. 247). El nuevo partido coordinó la selección de candidatos a la mayor parte de los puestos de elección popular y además garantizó que quienes competían bajo la bandera del partido resultaran electos; ambos elementos fueron un fuerte incentivo para evitar deserciones dentro de la familia revolucionaria. El resultado fue que “[p]ara 1935, tenemos pruebas de que el elemento principal de la institucionalidad, la disciplina, había permeado todas las capas del poder” (Lajous, 1979: 657).
En segundo lugar, los sistemas de partidos institucionalizados dan estructura y estabilidad a la competencia partidista, lo que a su vez hace que las interacciones entre partidos sean estables y predecibles (Mainwaring, 2018). Asimismo, como ya se mencionó, la violencia electoral es menos frecuente a mediada que un país alcanza mayores niveles de estabilidad democrática y de institucionalidad (Hafner-Burton et al., 2014; Onapajo, 2014). El sistema de partidos en México está relativamente bien institucionalizado en comparación con otros países de América Latina. Dicha institucionalización tiene su origen en un sistema electoral competitivo, aunque viciado a favor del PRI. Al igual que otros regímenes autoritarios, el PRI prefirió ganar poder a través de elecciones regulares (aunque no del todo libres y limpias) en lugar de cerrar la arena electoral. Estas elecciones regulares crearon mecanismos de sucesión que ayudaron a estabilizar las relaciones de poder entre contendientes políticos porque los incentivaron a competir a través del partido en lugar de levantarse en armas (Greene y Sánchez-Talanquer, 2018). Ambos elementos de institucionalidad, que tienen su origen en la época de dominación del PRI, hacen menos probable que los partidos políticos recurran a las armas como vía para llegar al poder, incluso en casos de elecciones cerradas o competidas. De lo anterior, desprendemos la siguiente hipótesis:
H1. En México, una mayor competencia electoral no estará relacionada con una mayor ocurrencia de asesinatos de candidatos.
La hipótesis de la violencia criminal
La literatura sobre violencia criminal reconoce que los grupos criminales pueden hacer uso de la violencia en contra de agentes estatales, en primer lugar como retaliación por ataques del gobierno (Lessing, 2015); segundo, para intimidar a sus adversarios políticos (Albarracín, 2018; Ponce, 2019) o para castigar a políticos que no les proporcionan la protección esperada (Albarracín, 2018; Daniele y Dipoppa, 2017; Ponce, 2019); tercero, para capturar rentas que puedan emplear en su guerra contra otras organizaciones criminales (Cubides, 2005; Chacón, 2018; Dal Bó, 2006); o finalmente, como estrategia para capturar a los candidatos cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad -durante las campañas y cuando carecen de la protección del gobierno central (Ponce, 2019; Trejo y Ley, 2019)-. Un caso emblemático en el cual organizaciones criminales parecen haber recurrido a la violencia en contra de candidatos, es el asesinato de Fernando Purón Johnston, candidato a diputado federal por el PRI, en el distrito I de Coahuila.
Purón había sido alcalde de Piedras Negras entre 2014 y 2017; su administración se caracterizó por una lucha frontal en contra de organizaciones criminales, en particular contra los Zetas. Durante su campaña como candidato a diputado federal ya había recibido algunas amenazas. Fue asesinado el 8 de junio de 2018, cuando salía de un debate entre candidatos que tuvo lugar en la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Piedras Negras. Ahí, se había pronunciado duramente contra el crimen organizado. El gobierno de Coahuila capturó a los autores materiales del asesinato de Purón y confirmó que éste fue planeado y ejecutado por integrantes de organizaciones criminales (Agencia Reforma, 2018).
Otros casos, en los que posiblemente las organizaciones criminales que operan en el país estuvieron detrás de los asesinatos, se presentan en el cuadro 1. Nótese que tres de ellos ocurrieron en Chilapa -en la Montaña Baja de Guerrero-, uno de los municipios más violentos del país, en el que dos grupos se disputan el control de la zona productora de amapola: los “rojos” y los “ardillos”.
CUADRO 1 Asesinatos imputados al crimen organizado
| Nombre | Municipio de ocurrencia | Estado | Cargo al que aspiraba |
|---|---|---|---|
| Fernando Purón Johnston | Piedras Negras | Coahuila | Diputación federal |
| Abel Montufar Mendoza | Pungaranato | Guerrero | Diputación local |
| Liliana García | Ignacio Zaragoza | Chihuahua | Regiduría |
| Guadalupe Payán Villalobos | Ignacio Zaragoza | Chihuahua | Alcaldía |
| Dulce Nayely Rebaja Pedro | Chilapa | Guerrero | Diputación local |
| Antonia Jaimes Moctezuma | Chilapa | Guerrero | Diputación local |
| Francisco Tecuchillo Neri | Chilapa | Guerrero | Alcaldía |
Fuente: Elaboración propia a partir de notas periodísticas.
La presencia mayor de organizaciones criminales parece estar relacionada positivamente con la incidencia de asesinatos de candidatos y precandidatos. Ello por varias razones: primera, hay evidencia de que un mayor número de organizaciones criminales operando en un municipio está asociado con mayores niveles de violencia relacionada con grupos criminales (Osorio, 2015), y con asesinatos de “políticos que quedan atrapados en medio de narcoconflictos resultantes” (Blume, 2017: 67). También se ha documentado que incrementos en la violencia entre organizaciones criminales de un territorio están asociados positivamente con un aumento de la violencia entre organizaciones criminales de zonas vecinas (Osorio, 2015). Tanto el efecto directo por el número de organizaciones criminales, como el efecto de derrame o contagio de la violencia podrían afectar la seguridad de los candidatos que participan en política en estas zonas. Por lo tanto, se puede derivar la siguiente hipótesis:
H2a. A mayor número de organizaciones criminales presentes en un municipio, mayor la probabilidad de que ocurran asesinatos de candidatos.
Dado que el indicador más reciente del número de organizaciones criminales con que contamos data de 2012 (Coscia y Ríos, 2012), también incluimos el número de homicidios como medida alternativa de violencia criminal. El número de homicidios es la medida empleada con mayor frecuencia en los estudios de violencia. De acuerdo con Ponce (2019: 234) “la principal ventaja de esta medida es su consistencia y simplicidad en como las tasas de violencia se calculan a través del tiempo”. En otros casos, la tasa de homicidios también puede ser un indicador de la presencia de organizaciones criminales. En Italia, por ejemplo, “la tasa de homicidios en regiones con presencia de la mafia es siempre mucho mayor que en regiones sin presencia de la mafia” (Alesina et al., 2016: 18). Por lo anterior, deberíamos observar la siguiente relación:
H2b. A mayores índices de violencia en un municipio, mayor la probabilidad de que ocurran asesinatos de candidatos.
Datos y métodos
Para someter a prueba las hipótesis anteriores, se realizó un análisis cuantitativo a nivel municipal de los estados en los que ocurrieron asesinatos de candidatos en el proceso electoral 2017-2018. Esto representa 909 municipios de 12 estados del país (véase la gráfica 3). Se escogió el municipio como unidad de análisis ya que la mayoría de los candidatos asesinados aspiraban a cargos de elección popular locales (alcaldes, regidores y diputados locales); sólo un candidato a un cargo federal (diputado federal) fue asesinado.
Para llevar a cabo el análisis incluimos dos medidas de la variable dependiente. En primer lugar, tenemos una variable dicotómica que identifica si en el municipio en cuestión ocurrió o no el asesinato de al menos un candidato o precandidato. La variable toma el valor de uno si ocurrió al menos un asesinato, y cero en caso contrario. La segunda variable dependiente es un conteo del número de candidatos asesinados por municipio. En algunos municipios, como el de Chilapa, ocurrieron hasta tres asesinatos de candidatos en el pasado proceso electoral (el cuadro 1A, en el apéndice, muestra la estadística descriptiva de las variables empleadas).
Las medidas de las variables independientes son tres. Primera, número de organizaciones criminales que operan en cada municipio para probar el efecto que tiene la presencia de organizaciones del crimen organizado en los asesinatos de candidatos (Coscia y Ríos, 2012). Segunda, índices de violencia usando la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes por municipio, reportadas en el primer semestre de 2018, justo antes de la jornada electoral.6 Esta variable es continua y sus valores van de 0 a 131 homicidios por cada 100 mil habitantes. Tercera, nuestra medida de competencia electoral está instrumentalizada como la resta del porcentaje de votos obtenidos por el primer lugar menos el porcentaje obtenido por el segundo en los comicios municipales de 2018.7
Los controles incluidos se desprenden de variables que la literatura señala como posibles predictores de violencia electoral, en particular los asesinatos de candidatos a elección popular. El primer control, tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia y de la presencia de un Estado de derecho. Un sistema legal eficiente ordena las relaciones sociales, pero su ausencia o las “zonas marrones” con menor presencia del Estado inducen a problemas de gobernabilidad (O’Donnell, 2004) y de inseguridad (Aguirre y Herrera, 2013). Para medir el impacto de la fortaleza institucional y presencia del Estado incluimos el número agentes del ministerio público y fiscalías a nivel estatal.8
También se ha argumentado que la alternancia en la oficina del gobernador puede producir mayores niveles de violencia, debido a que la rotación de partidos en el gobierno estatal erosiona redes informales de protección que habían facilitado la operación de organizaciones del crimen organizado bajo gobiernos unificados ( Trejo y Ley, 2018). Para probar este efecto incluimos una dummy que identifica a los estados en los que hubo alternancia antes de 2018. Asimismo, se ha argumentado que la violencia política es más común a nivel local y en comunidades más pequeñas (Albarracín, 2018; Daniele y Dipoppa, 2017), por ello incluimos una variable que mide el porcentaje de la población que vive en poblaciones con menos de 2 500 habitantes.9 Adicionalmente incluimos la incidencia de robos a nivel municipal, medida con el número robos a transeúntes en vía pública con violencia.10 Esta variable se incluyó pues en la revisión de prensa observamos que en algunos casos los asesinatos de los candidatos fueron producto de robo con violencia, por lo que podría suponerse que una mayor incidencia de robos a nivel municipal está relacionada positivamente con el asesinato de candidatos. Finalmente, incluimos el Índice de Desarrollo Humano Municipal para controlar por factores estructurales de la violencia como la calidad de vida.
Análisis estadístico
Las hipótesis planteadas anteriormente se sometieron a prueba usando dos tipos de modelos estadísticos. Primero, modelos de regresión logística para explicar la presencia o ausencia de asesinatos políticos en el ámbito municipal (modelos 1 y 2). Como además se quiere identificar qué variables inciden en el número de candidatos asesinados por municipio, también empleamos modelos binomiales negativos que tienen como variable dependiente el número de asesinatos ocurridos en cada municipio (modelos 3 y 4). Adicionalmente, hacemos una distinción entre el municipio en que ocurrió el asesinato del candidato (modelos 1 y 3), y el municipio por el cual estaba compitiendo el candidato (modelos 2 y 4). Procedemos de esta forma ya que en algunos casos el candidato no fue asesinado en el municipio por el cual estaba compitiendo, sino en algún municipio vecino.
Los resultados de las regresiones 1 y 2 (cuadro 2) revelan que la ocurrencia de asesinatos de candidatos está estrechamente relacionada con las actividades de organizaciones criminales. Así, a mayor número de organizaciones criminales operando en el municipio se incrementa la probabilidad de que ocurran asesinatos en el municipio en cuestión. Además, la tasa de homicidios dolosos con arma de fuego en el municipio es un predictor importante de la ocurrencia de asesinatos de candidatos. A pesar de encontrar esta relación positiva significativa entre nuestros dos indicadores de actividades de organizaciones criminales con los asesinatos de candidatos, aún es necesario usar métodos de investigación alternativos para esclarecer el mecanismo causal por el cual se observa esta relación. Un mecanismo que puede explicar esta relación es que las organizaciones criminales eliminen de forma preventiva a candidatos que crean que pueden afectar sus actividades ilícitas de ser electos. Otro mecanismo es que las organizaciones criminales lleven a cabo un ajuste de cuentas con políticos involucrados en actividades criminales o con políticos que no cooperen con ellos. Lo único que podemos afirmar a partir de este análisis estadístico es que una mayor presencia de organizaciones criminales tiene un impacto estadísticamente significativo en la ocurrencia de asesinatos de candidatos.11 Por su parte, la variable de competencia política no muestra una asociación estadística con la ocurrencia de asesinatos en el municipio en que tuvo lugar el homicidio (modelo 1), pero sorprendentemente mayores márgenes de victoria se relacionan positivamente con la ocurrencia de asesinatos en el municipio en el que competía el candidato (modelo 2). Resulta lógico que márgenes estrechos de competencia no incidan en los municipios en que ocurren los asesinatos, sino en los municipios en los que estaban compitiendo los candidatos; pero lo que debería observarse es que una mayor competencia electoral -márgenes más estrechos de victoria- haría más probable la ocurrencia de asesinatos.12 Cuando empleamos como medida de competencia política el margen de victoria observado en la elección inmediata anterior a la de 2018, no se observa una asociación estadística con la ocurrencia, ni con el número de asesinatos.
CUADRO 2 Asesinatos de candidatos en México (2018)
| Ocurrencia de asesinatos Logit | Número de asesinatos Binomial negativo | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | |
| Núm org. criminales | 0.372*** (0.0716) | 0.307*** (0.0845) | 0.362*** (0.0837) | 0.326*** (0.0986) |
| Tasa de homicidios | 0.0278*** | 0.0228*** | 0.0342*** | 0.0255*** |
| 2018 | (0.00679) | (0.00393) | (0.00885) | (0.00359) |
| Margen de victoria | 0.0109 | 0.0210** | 0.00305 | 0.0157** |
| (0.0124) | (0.00980) | (0.0113) | (0.00750) | |
| Número MP | -0.0600 | -0.0367 | -0.0777* | -0.0552* |
| (0.0389) | (0.0269) | (0.0444) | (0.0334) | |
| Comp. electoral 2018 | 0.508 | 0.577 | 0.788* | 0.785* |
| (0.378) | (0.399) | (0.430) | (0.468) | |
| Porcentaje rural | -0.00986 | -0.00875* | -0.0119 | -0.0106* |
| (0.00719) | (0.00525) | (0.00748) | (0.00586) | |
| Robos | 0.000165 | 0.000339 | 0.000230 | -0.000165 |
| (0.00154) | (0.00152) | (0.00137) | (0.00135) | |
| IDH | -1.016 | -1.862 | -3.074 | -2.210 |
| (1.984) | (4.549) | (2.966) | (4.595) | |
| Constante | -2.8054 | -2.3456 | -1.2317 | -1.9718 |
| ( 1.5276)* | (3.2772) | ( 2.2964) | (3.3680) | |
| N | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Prob > chi2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Pseudo R2 | 0.1046 | 0.0786 | 0.1032 | 0.0848 |
Fuente: Elaboración propia. Errores estándar agrupados por estado entre paréntesis. *p < 0.10; **p < 0.05; ***p < 0.01.
Dado que los coeficientes de regresión logística no se pueden interpretar de forma directa, se hizo una simulación para estimar los cambios en la probabilidad de ocurrencia de asesinatos,13 manteniendo el valor del resto de las variables en sus medias. Cuando el número de organizaciones criminales operando en un municipio es cero, la probabilidad de que en ese municipio ocurra al menos un asesinato de un candidato es de 2.10 por ciento, ceteris paribus; cuando el número de organizaciones criminales se incrementa por ejemplo a tres, la probabilidad sube a 6.15 por ciento; y si el número de organizaciones criminales llega a nueve, que es el valor máximo observado en la muestra, la probabilidad llega a 37.90 por ciento. En los modelos 1 y 2, que estiman el impacto de las variables en el hecho de que ocurran o no asesinatos de candidatos (regresiones logit), ninguna de las variables de control resultó estadísticamente significativa, aunque todas muestran el signo esperado conforme la teoría. La única excepción es la variable que controla por el porcentaje de habitantes en cada municipio que viven en una población rural, que en el modelo 2 muestra una relación negativa y significativa con la ocurrencia de asesinatos.
Los análisis de las regresiones binomiales negativas, que utilizan el número de candidatos asesinados por municipio como variable dependiente (modelos 3 y 4), son semejantes a las regresiones logísticas en cuanto a los resultados de las variables independientes, pero tienen algunas diferencias en lo que respecta a las variables de control. Hay también una asociación estadística significativa entre el número de organizaciones criminales y la tasa de homicidios, con el número de candidatos asesinados en el municipio en que ocurrió el asesinato y también con el municipio en que competían los candidatos. Estos hallazgos refuerzan la idea de que el asesinato de candidatos en el pasado proceso electoral en México es un fenómeno que está estrechamente relacionado con las actividades del crimen organizado. A diferencia de las regresiones logísticas, en el análisis binomial negativo se identifica una asociación negativa entre el número de agentes del ministerio público con el número de asesinatos. Esto sugiere que una mayor presencia del Estado, en particular de las instituciones encargadas de investigar delitos, tiene un impacto decreciente en el número de asesinatos de candidatos. Algunos autores ya han argumentado que la falta de instituciones de impartición de justicia, ya sean locales o estatales, resulta en un ambiente institucional que contribuye a la impunidad y a la violencia (Aguirre y Herrera, 2013). En línea con los hallazgos de Trejo y Ley (2018), quienes reportan que la alternancia política y la rotación de partidos en el gobierno estatal están asociados con un incremento en la violencia entre carteles, nuestros resultados de los modelos 3 y 4 muestran que la alternancia en el gobierno estatal está positivamente relacionada con la ocurrencia de asesinatos de candidatos. El resto de los controles parece no tener ninguna relación estadística con el fenómeno estudiado.
Como hemos mencionado, la variable de competencia política no resultó significativa en los modelos 1 y 3 (logit y binomial negativa para los municipios en que tuvieron lugar los asesinatos) y resultó con un signo contrario al esperado en los modelos 2 y 4 (municipio en que competían los candidatos). Adicionalmente, usando modelos de regresión logística para eventos raros, la variable de competencia política no resultó significativa en ninguno de los modelos. Por tal razón, se procedió a realizar un análisis de regresión discontinua como medida adicional de robustez para terminar de descartar o, en su defecto identificar, un efecto de la variable de competencia política. La estrategia de regresión discontinua típicamente se emplea para evaluar el impacto de una intervención sobre una variable dependiente. En los diseños de regresión discontinua nítida se utiliza una variable observable Z i , que es una variable continua de focalización que determina la elegibilidad para ser incluido en el tratamiento, o no, a partir de un umbral z _. “El estimador de regresión discontinua se basa en la observación de que los individuos justamente a la izquierda del umbral deben ser muy parecidos a los individuos justamente a la derecha del umbral, excepto que los primeros participan en el programa y los segundos no” (Bernal y Peña, 2011: 202).
En nuestro análisis usamos el margen de victoria como instrumento de focalización
Z, bajo el supuesto de que tal vez debajo de cierto umbral
en el margen de victoria fuera más probable que se observara el asesinato de
candidatos. Incluimos varios umbrales de focalización
¿Víctimas de la violencia general o blanco de organizaciones criminales?
En la sección anterior se identificó que los asesinatos de candidatos están relacionados con la presencia y operación de organizaciones criminales en sus municipios. Sin embargo, esta relación estadística no nos permite determinar si los candidatos asesinados fueron un blanco específico de las organizaciones criminales o si fueron víctimas del ambiente de violencia que se vive en muchas zonas del país. La tasa de homicidios a nivel nacional en el primer semestre de 2018 fue de 29.27 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de candidatos y precandidatos asesinados a nivel nacional fue de 55.39 por cada 100 mil candidatos. Estas cifras indican, a primera vista, que durante el proceso electoral 2017-2018 murieron más candidatos que población en general. Lo anterior nos lleva a plantear la siguiente proposición:
P1. La probabilidad de homicidio entre la subpoblación de candidatos es mayor que entre la población en general.
Siguiendo a Bartman (2018), quien analiza el asesinato de periodistas en México, usamos una prueba binomial exacta (exact binomial test) para someter a prueba la hipótesis de que a nivel estatal los candidatos son más proclives a ser asesinados que la población en general. La prueba binomial exacta evalúa si existe una desviación significativa de la distribución binomial. Es apropiado usarla cuando hay dos resultados discretos para una misma variable categórica, por ejemplo dos resultados para cada estado. La hipótesis nula es que la proporción de éxitos es igual a una proporción en particular. En este caso, la prueba calcula la probabilidad de observar k (o más de k) candidatos asesinados en un estado con una con una probabilidad p de homicidios de la población en general, dado que la probabilidad de ser asesinados sea la misma tanto para candidatos como para la población en general (ecuación 1). Si la prueba es significativa indica que la probabilidad de homicidios de candidatos difiere de la de la población en general.
Donde, n = número de candidatos por estado, p = probabilidad de homicidios de la población en el estado, y k = número de candidatos asesinados por estado. Para realizar dicho cálculo se requiere el número de candidatos asesinados por estado,15 el número total de candidatos que participaron en el proceso electoral en el estado (cuadro A3, en el apéndice),16 el número de homicidios por estado,17 y la población en general por estado (Conapo, 2018).18
Al comparar las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes o candidatos, resulta que la tasa de homicidios de candidatos es mayor a la de la población en general en los estados de Quintana Roo, Colima, Guerrero, Puebla, Jalisco y Coahuila (gráfica 4). Sin embargo, en los estados de Quintano Roo y Colima, tan sólo hubo un candidato asesinado, por lo que su aparente alta tasa de homicidios de candidatos puede deberse a que ese homicidio está siendo ponderado por una población de candidatos muy pequeña. En el resto de los estados la tasa de homicidios de candidatos es igual o menor a la de la población en general.
Fuente: Elaboración propia.
GRÁFICA 4 Comparación de probabilidades de homicidios de candidatos y población en general
Para determinar si estas diferencias son significativas aplicamos la prueba binomial exacta. El cuadro 3 muestra los p-valores de prueba binomial exacta para los 12 estados en que ocurrieron asesinatos de candidatos y precandidatos en el proceso electoral 2017-2018.19 La tasa de homicidios difiere significativamente en sólo dos estados: Puebla y Guerrero. Por lo anterior, en esos dos estados se confirma la proposición 1: la probabilidad de homicidio entre la subpoblación de candidatos es mayor que entre la población en general. Los estados con los mayores niveles de homicidios no son per se los estados que experimentan más homicidios en contra de candidatos en las elecciones mexicanas. A partir de la evidencia presentada en esta sección, podemos concluir que la presencia y las operaciones de organizaciones criminales pueden incidir en el asesinato de candidatos como bajas de daños colaterales, es decir, que no necesariamente se enfocan en asesinarlos; pero en los estados de Puebla y Guerrero, sí existe evidencia estadística de que las altas tasas de asesinatos de candidatos son producto de estrategias en las que las organizaciones criminales se enfocan en eliminar candidatos.
CUADRO 3 P-valores de prueba binomial exacta
| P-valores | |
|---|---|
| Coahuila de Zaragoza | 0.1719 |
| Colima | 0.2252 |
| Chihuahua | 0.4574 |
| Guanajuato | 0.5041 |
| Guerrero | 0.0011 |
| Jalisco | 0.5868 |
| México | 0.3278 |
| Michoacán de Ocampo | 0.8226 |
| Puebla | 0.0741 |
| Quintana Roo | 0.2006 |
| San Luis Potosí | 1.0000 |
| Sinaloa | 0.6296 |
Fuente: Elaboración propia.
Discusión
La violencia electoral, entendida como el uso intencional de la fuerza como estrategia para afectar los resultados electorales, puede ser empleada por gobiernos y partidos políticos (Hafner-Burton et al., 2014), así como por grupos criminales (Albarracín, 2018; García-Sánchez, 2016; Ley, 2018; Ponce, 2019; Trejo y Ley, 2019; Trelles y Carreras, 2012). Los asesinatos de los precandidatos y candidatos que participaron en el proceso electoral 2017-2018 tienen múltiples causas. A partir de un análisis estadístico de los municipios ubicados en los estados afectados por la violencia política, encontramos que los asesinatos de candidatos en el pasado proceso electoral están relacionados con la presencia (número) de organizaciones criminales y con la tasa de homicidios en los municipios donde ocurrieron los asesinatos, así como de los municipios en que competían los candidatos. En conjunto, tanto la evidencia recabada de la prensa, como la evidencia del análisis estadístico, apuntan a que las actividades del crimen organizado son una de las variables más importantes detrás de los homicidios de candidatos en el proceso electoral. A diferencia de otras regiones del mundo, la competencia electoral no parece ser una causa directa de los asesinatos de candidatos en México.
Una vez establecido que los asesinatos de candidatos se relacionan con las actividades de organizaciones criminales, procedimos a evaluar si los asesinatos son producto de una estrategia en la que los candidatos son el blanco específico de asesinatos por parte de organizaciones criminales o si sus muertes pueden ser atribuidas al contexto general de violencia que vive el país, es decir si fueron muertes por “daño colateral”. En dos estados del país (Puebla y Guerrero) encontramos que la probabilidad de homicidios de candidatos difiere significativamente de la de la población en general, y que por lo tanto es factible asumir que en esos estados los candidatos asesinados sí fueron un blanco de organizaciones criminales.
Por otra parte, el análisis estadístico también sugiere que existe una relación negativa entre el número de agentes del ministerio público operando en cada estado -un proxy de la capacidad del Estado- y el número de asesinatos de candidatos a puestos de elección popular en cada municipio. Esto señala que una mayor presencia de las agencias de seguridad del estado, en particular de las encargadas de iniciar y dirigir las investigaciones penales en representación del estado, puede ser un elemento que disuada a los integrantes de las organizaciones criminales de ejercer actos de violencia en contra de los candidatos. De forma similar, Trejo y Ley (2019: 2) también concluyen que las organizaciones criminales atacan y amenazan de forma particular a los políticos (en funciones o candidatos) que “se encuentran política y militarmente desprotegidos por las autoridades centrales.”
Los hallazgos permiten argumentar que, en la medida en que se incrementan los costos de ejercer la violencia electoral, al tener un mayor número de agentes encargados de activar y ejercer la justicia penal en las calles, es menos probable que ocurran asesinatos de candidatos a puestos de elección popular. Por el contrario, cuando los costos de ejercer la violencia electoral disminuyen, al haber un mayor número de organizaciones criminales operando en un municipio dado y observar una mayor tasa de homicidios, es más probable que se incrementen los asesinatos políticos. Si consideramos de forma conjunta ambos hallazgos, podríamos argumentar que la violencia electoral obedece primordialmente a incentivos materiales de competencia entre organizaciones criminales y a un débil Estado de derecho.
¿Qué implicaciones tienen estos hallazgos para la calidad de la democracia? ¿Cuál es el papel que las organizaciones criminales tendrán en el corto y mediano plazo en la democracia mexicana? Aunque se ha afirmado que las organizaciones criminales no tienen de entrada ni los medios ni la intención de apropiarse del estado o el territorio (Lessing, 2015), ni de modelar a su antojo instituciones de gobernanza electoral (Schedler, 2014), no cabe duda de que la reciente ola de asesinatos de candidatos ha dañado la arena electoral. La seguridad de candidatos locales en muchos estados del país no parece estar garantizada. Si el hecho de postularse a cargos de elección popular a nivel local en ciertas regiones del país representa un riesgo a la vida de los candidatos: ¿Quién se postulará? ¿Disminuirá el número y la calidad de los candidatos que deciden postularse? Ponce (2019) ha encontrado, por ejemplo, que el número de candidatos disminuye significativamente en los municipios más violentos. Futuras investigaciones podrían además determinar si en los estados más afectados por el asesinato de candidatos se observa una disminución en los años de experiencia de los candidatos u otros indicadores de calidad de los mismos. Adicionalmente, y con miras a diseñar políticas públicas tendientes a disminuir la incidencia de este problema, podrían implementarse programas piloto durante periodos electorales en los que se incremente la presencia de agentes del ministerio público en las zonas más afectadas por la violencia en contra de candidatos y observar su efecto en la ocurrencia de ataques en su contra. Si bien, en el proceso electoral 2017-2018 observamos un incremento significativo en el número de candidatos asesinados, aún estamos a tiempo de contener su expansión y efectos nocivos.
