Cómo las detenciones afectaron al PRI

Como se señaló en la sección anterior, la primera parte de mi argumento es que el castigo a personas concretas puede tomarse como prueba de que redes enteras de instituciones son permisivas, si no cómplices, de prácticas corruptas. Desarrollo este argumento mostrando que las detenciones moldearon el discurso público en torno al PRI. En particular, presento pruebas cualitativas para ilustrar que las detenciones específicas no se consideraron sólo como casos de individuos que abusaban de su cargo público, sino como ejemplos que evidenciaban la connivencia del partido con el comportamiento revelado por las detenciones.

En ningún lugar fue esto más claro que durante la detención del “peor gobernador de la historia” (^{Agren, 2018}), Javier Duarte de Veracruz (2010-2016). Desde el inicio de su mandato, Duarte fue acusado públicamente de irregularidades⁶ y de la intensificación de la violencia bajo su gobierno, incluyendo el asesinato de periodistas. Pero en mayo de 2016, un mes antes de las elecciones para gobernador, una investigación denunció que el gobierno de Duarte había estado desviando millones de dólares utilizando una red de empresas fantasma (^{Animal Político, 2016}). Ante las acusaciones, Duarte renunció a pocas semanas del final de su mandato, alegando que “se enfrentaría a sus acusaciones”. Dos días después de esta renuncia, desapareció, sólo para ser arrestado en Guatemala en abril de 2017.

Sin duda, el caso de Duarte fue el que más impactó en la figura del PRI. La figura de Duarte se ha convertido en una referencia cuando se habla de corrupción criminal, en parte porque encarnaba la depredación en un grado casi trastornado.⁷ Sin embargo, en parte, la magnitud de su operación de malversación sugiere que operó con el conocimiento, si no con la participación activa, de decenas de funcionarios públicos y políticos que miraron para otro lado. Así pues, no es raro encontrar artículos de opinión y análisis políticos que sugieren que la detención de Duarte no sólo evidencia sus acciones delictivas personales, sino la existencia de redes e instituciones que lo permitieron. Declaraciones como “Duarte es la prueba de que la corrupción no es obra de una sola persona, sino de una red de nexos y complicidades que involucra a personas públicas y privadas”(^{Peschard, 2017}) o “[a]nte los tribunales deben presentarse los ex funcionarios y también los testaferros y cómplices que hicieron el gran robo [de Duarte] posible”⁸ describen cómo el caso de Duarte evoca instituciones y actores más allá de él mismo.

Pero Javier Duarte no es un caso único. Una investigación sobre el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge (2011-2016), fue denominada “Los piratas de Borge”, en referencia a las redes que involucraron a más de 50 de sus colaboradores acusados de participar en la estafa al erario público (^{Ibarra y Meza, 2016}). César Duarte, ex gobernador de Chihuahua quien fue arrestado en Miami en julio de 2020, después de años de encontrarse prófugo, también fue acusado de operar dentro de una red de políticos y operadores que permitieron su enriquecimiento ilícito (^{Torres Cofiño, 2017}).

En todos estos casos, el PRI suele identificarse como la red que permitió la corrupción y la impunidad. Esta asociación entre el partido y sus candidatos no fue casual: justo antes de las elecciones de 2012, el candidato priista Peña Nieto apareció en el programa de televisión “Tercer ^{Grado” (2012)}, donde elogió a los “jóvenes actores de la nueva generación política” del PRI, y en especial al gobernador de Quintana Roo, Beto Borge, al de Veracruz, Javier Duarte, y al de Chihuahua, César Duarte, todos ellos procesados años después. Al hacerlo, el candidato presidencial no sólo calificó a su partido como renovado -una etiqueta que perdió su capacidad de persuasión unos años después-, sino que también creó claramente un grupo de políticos “nuevos” o “renovados” afiliados al PRI. Así, afirmaciones como “el priismo hizo de la corrupción un estilo de vida y una forma de ejercer el poder” (^{Torres Cofiño, 2017}) o “[g]obernadores que en su día simbolizaron el renacer del Tricolor [...] a cinco meses de las elecciones presidenciales [2018], ilustran su decadencia” (^{Ferri, 2018}), muestran que la pertenencia al PRI de todos estos gobernadores ayudó a los votantes a dar sentido a las acusaciones y detenciones. Es importante señalar que esta asociación del PRI con sus gobernadores corruptos también se extendió a su candidato presidencial en 2018, José Antonio Meade, incluso cuando nunca fue acusado de corrupción: “El talón de Aquiles del PRI y su candidato presidencial es la corrupción” (^{Zuckermann, 2018}). Así pues, al menos en los medios públicos de comunicación, los enjuiciamientos penales de los gobernadores no se consideraban casos de malversación individual descubiertos, sino que se describían como casos que mostraban prácticas a nivel institucional y partidista del tricolor.

Conviene hacer dos aclaraciones antes de avanzar. En primer lugar, la veracidad de la afirmación de que la corrupción fue efectivamente posibilitada por redes partidistas no es importante para el mecanismo que propongo. Por el contrario, es crucial que el discurso público que rodea a las detenciones de gobernadores reproduzca la idea de que tales detenciones son casos de prácticas generalizadas en el PRI. En segundo lugar, el argumento que propongo va más allá de un simple ejercicio de “voto retrospectivo”. Es decir, mi argumento no es que los gobernadores hayan gobernado mal y que eso desencadene un castigo para el próximo candidato a gobernador. En cambio, sostengo que, debido al comportamiento inapropiado e ilegal de los gobernadores en sus cargos, los votantes podrían castigar a los candidatos del mismo partido que se postulan para diferentes cargos. Ambas aclaraciones son relevantes porque, como se verá en la siguiente sección, la asociación de gobernadores criminales con el PRI en general impactó directamente los resultados electorales del candidato presidencial del PRI.

Antes de desarrollar la segunda parte de mi argumento, es necesario hacer otra aclaración. Este artículo se centra principalmente en los gobernadores del PRI que han sido procesados, pero ni de lejos se asume que los gobernadores de otros partidos sean intachables o dignos de confianza. De hecho, una encuesta realizada en 2017 reportó la confiabilidad de los partidos políticos, y las cifras fueron abismales: sólo 17.8 por ciento de los ciudadanos confía en los partidos políticos, y ese porcentaje es aún menor en entidades como la Ciudad de México (alrededor de 7%) o Oaxaca (11.8%) (INEGI, 2017). Pero, como se ha señalado anteriormente, las características institucionales particulares del PRI hacen que sea más probable observar el mecanismo específico. Dado que una proporción abrumadora de los gobernadores procesados son de este partido (sólo un gobernador no priista, el panista Guillermo Padrés de Chihuahua fue detenido en este periodo frente a siete gobernadores priistas), el PRI se asocia más frecuentemente con gobernadores criminales, aunque el caso de Padrés también invoca ideas de redes de corrupción.⁹

Cómo las detenciones (y el mismo PRI) afectaron las oportunidades de su candidato presidencial

Comienzo esta sección proponiendo una implicación observable sobre la existencia del mecanismo expuesto en este artículo. Si en efecto el PRI hubiera sufrido una pérdida de reputación debido al enjuiciamiento penal de sus gobernadores, esta pérdida no afectaría necesariamente a todos los votantes por igual, porque no todos los votantes prestan igual atención a los escándalos políticos y a los discursos que los rodean. Es plausible que los votantes de los estados con un gobernador criminal se habrían visto más expuestos a la reproducción de esos discursos en los medios de comunicación que aquellos votantes de los estados sin gobernadores criminales. Esto es así porque los votantes están más interesados, o expuestos al menos, a las noticias y los artículos de opinión sobre su propio gobernador que sobre otros gobernadores. Además, también es plausible que los ciudadanos gobernados por un gobernador que resultó ser corrupto hayan sufrido las consecuencias de tales acciones directamente, haciendo más probable la aceptación del discurso de la corrupción como red (^{Ang, 2019}). Por lo tanto, una implicación observable del mecanismo propuesto aquí es que los votantes de los estados con un gobernador criminal deberían ser más sensibles a la representación del PRI como un facilitador de las prácticas corruptas sistemáticas sufridas en sus estados de modo que serían quienes tendrían mayores probabilidades de castigar al PRI.

La comparación de los resultados electorales a lo largo del tiempo no aportaría pruebas convincentes del argumento que se presenta aquí. Demostrar que hubo una disminución de los votos emitidos para el PRI a lo largo de los años sería insuficiente, ya que hay muchos factores que cambian de una elección a otra. La gráfica 1, que muestra los resultados electorales presidenciales de todos los principales partidos para los candidatos presidenciales desde 2000, ilustra la deficiencia de la simple comparación a lo largo del tiempo: la gráfica muestra una fuerte disminución del porcentaje de votos emitidos para el PRI entre 2012 y 2018, disminución que es comparable a la sufrida entre 2000 y 2006. Sin embargo, los casos de corrupción entre estos dos conjuntos de elecciones no son iguales, ni tampoco las características de estas elecciones. Así pues, para demostrar que los resultados electorales de 2018 se vieron efectivamente afectados por estos escándalos de corrupción, mi análisis debe mostrar que el último resultado electoral es consecuencia del escándalo de corrupción y no de otras razones, como la calidad del candidato presidencial o de la oposición.

Fuente: Elaboración propia con base en resultados electorales reportados por el ine. Nota: La gráfica muestra los principales partidos políticos en México. PRD y PAN formaron una coalición y presentaron un solo candidato en las elecciones de 2018. El partido Morena se fundó después de las elecciones de 2012, pero el candidato ganador que compitió en 2018, Andrés Manuel López Obrador, ya había competido como candidato del PRD en 2006 y 2012.

Gráfica 1 Resultados electorales presidenciales (2000-2018)  

Propongo, en cambio, presentar un diseño de investigación que aproveche tanto la variación geográfica como temporal de la persecución de la corrupción para explicar el voto presidencial obtenido por los candidatos presidenciales del PRI.¹⁰ Lo hago en dos pasos distintos pero complementarios. Las siguientes subsecciones explican cada uno de estos análisis a profundidad.

Estimaciones D-e-D de la pérdida electoral del PRI

Comienzo presentando un diseño de diferencias en diferencias (véase ^{Lechner, 2011}), que compara un conjunto de unidades en dos momentos temporales distintos, algunas de las cuales habrán experimentado un tratamiento entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Al comparar el cambio producido en las unidades tratadas a lo largo de los dos momentos temporales con el cambio producido en las unidades de control, podemos identificar un efecto del tratamiento en el resultado. Para este primer conjunto de estimaciones, el resultado de interés son los votos recibidos por los candidatos presidenciales del PRI en 2012 y 2018 en cada uno de los distritos electorales. Los distritos de los estados con gobernadores del PRI involucrados en corrupción criminal son considerados unidades que han recibido tratamiento, y son comparados con los distritos sin gobernadores criminales del PRI. De esta manera, la hipótesis derivada de la discusión anterior puede ser reescrita para establecer que la diferencia de votos del PRI en distritos con gobernadores corruptos priistas frente a los distritos sin gobernadores priistas corruptos será mayor en 2018 que la diferencia de votos del PRI entre estos dos grupos de distritos en 2012. Pongo en práctica el resultado de interés utilizando la variable PRI voto, que reporta las boletas emitidas únicamente para el PRI en un determinado distrito electoral como una proporción de los votos efectivos en ese distrito.

La variable independiente relevante, o de tratamiento, es si el gobernador del estado estuvo involucrado en un caso de corrupción criminal entre 2012 y 2018. De las 32 entidades federales, identifiqué 74 gobernadores que habían estado en el poder durante o después de las elecciones de 2012. Dado que en México los gobernadores sólo pueden ser procesados penalmente después de un juicio político,¹¹ o una vez que han dejado su cargo, quité a los que seguían en el cargo durante las elecciones de 2018. De los 46 gobernadores de esta lista, identifiqué a siete priistas en seis estados que habían sido arrestados o que habían recibido una orden de arresto debido a su participación en actividades corruptas.¹² Formalmente, podemos escribir la estrategia empírica de la siguiente forma:

Donde la principal variable dependiente, o resultado de interés (PRI voto _d,s,y ) es la proporción de votos emitidos a favor del candidato presidencial del PRI en cada distrito electoral (d ) en el estado s, en el momento t (ya sea 2012 o 2018). El primer conjunto de estimadores, µ_d son interceptos específicos de los distritos, que captan el promedio de apoyo recibido por el PRI en cada distrito.¹³ La variable criminal_PRIs es una variable indicadora que toma el valor de 1 si al menos un gobernador del estado s fue del PRI y estuvo involucrado en algún proceso penal en algún momento entre 2012 y 2018, y 0 en caso contrario. La variable y_2018 también es un indicador que toma el valor de 1 si la elección observada es en 2018, y 0 si es en 2012. Así, el coeficiente δ capturará la diferencia promedio de los votos recibidos por los candidatos presidenciales del PRI en todos los distritos desde la elección de 2012 hasta la de 2018.

El estimador τ es el principal estimador de interés, ya que está asociado a la interacción entre la variación geográfica, criminal_PRIs, y la variación temporal, y_2018. Esta interacción tomará el valor de 1 si el distrito observado se encuentra en un estado con un gobernador corrupto después de que el gobernador haya estado involucrado en un proceso penal, y 0 en caso contrario. Tras el análisis anterior, espero que τ sea negativo y estadísticamente distinguible de 0 porque la asociación de un gobernador corrupto con un partido corrupto debería ser mayor en los estados en los que el gobernador estuvo involucrado en un caso de corrupción criminal.

El término final X _d,s,y captura una serie de variables de control. En primer lugar, y lo más importante, ya que no todos los gobernadores corruptos terminan siendo procesados, o incluso investigados, podría ser que la variable criminal_PRIs por sí misma no sólo mida la corrupción criminal, sino más bien la corrupción en sí misma. Si esto fuera cierto, el estimador de interés (τ) podría estar “recogiendo” los efectos de gobernadores corruptos, o incluso muy corruptos. Resuelvo esto añadiendo una variable que captura la participación de un determinado gobernador en un escándalo de corrupción entre 2012 y 2018 (escándalo_PRIs). Para cada gobernador del PRI, realicé una búsqueda para ver si había sido acusado de corrupción, y marqué 1 cuando encontré pruebas de las acusaciones.¹⁴

También incluyo dos medidas de desempeño político: crecimiento_económico _s y homicidios _s . La primera variable reporta el crecimiento económico promedio del estado el año anterior a las elecciones. Esta variable explica la posibilidad de que los gobernadores que tienen un mal desempeño puedan ser simultáneamente más propensos a ser procesados y menos capaces de obtener votos. La segunda variable, homicidios _s es un posible factor explicativo crucial, en particular en el caso de México, donde la violencia relacionada con las drogas ha aumentado en todas partes, pero no al mismo ritmo. En particular, la delincuencia organizada en México está tan estrechamente relacionada con los políticos que los estudiosos coinciden en que a veces es difícil desenredar las estructuras del tráfico de drogas y las estructuras del Estado (^{Bataillon, 2015}; ^{Illades, 2015}). Así pues, podría ocurrir que los gobernadores que permiten que la delincuencia organizada opere libremente tengan más probabilidades de ser detenidos y de perder el apoyo de los votantes. Doy cuenta de esta posibilidad controlando los homicidios por cada 100 000 personas que se cometen en la entidad estatal en el año civil anterior a las elecciones. El modelo final también incluye la población de cada distrito (en transformación logarítmica), y el acceso a internet como covariables. Esta última variable se incluye porque podría ser que los ciudadanos de los estados que tienen más acceso a la información tuvieran más probabilidades de encontrar y denunciar las acciones delictivas de sus gobernadores y menos probabilidades de votar por el PRI.

Antes de presentar las estimaciones, examino un supuesto crucial, que no haya “efectos de derrame”, ya que es fundamental en la aproximación de diferencias en diferencias. Este supuesto es necesario para que τ sea una estimación imparcial del efecto de los juicios penales en el resultado electoral. Por supuesto, es difícil argumentar que esta suposición se mantiene en los datos utilizados: después de todo, los gobernadores criminales llegaron a ser noticia a nivel nacional, y es más que probable que los votantes de todo el país siguieran estos casos. Sin embargo, cualquier efecto indirecto disminuiría la diferencia entre los distritos tratados y los no tratados, sesgando τ hacia 0. Así pues, los efectos indirectos harían aún más difícil encontrar un efecto de los gobernadores penales en los distritos que recibieron el tratamiento incluso cuando hay uno. Por lo tanto, las estimaciones que presento aquí pueden ser vistas como el efecto piso o mínimo. Dado que el propósito de este análisis estadístico es presentar evidencia a favor de la implicación observable de mi argumento, y no proporcionar una estimación puntual exacta de los efectos, la violación del supuesto de derrame no debería dañar irreversiblemente mi argumento.

El cuadro 1 presenta los resultados de la estimación de interés. La primera línea reportada muestra la diferencia promedio de votos para el candidato presidencial en distritos con gobernadores criminal_PRI, en 2012, es decir, antes de que fueran procesados, y la segunda línea reporta una comparación similar, pero entre políticos que estuvieron involucrados en un escándalo. Es importante señalar que todos los gobernadores del PRI en criminal_PRI estuvieron involucrados en un escándalo_PRI, por lo que la comparación global debe incluir estos dos coeficientes. En resumen, criminal_PRI sólo es estadísticamente significativa cuando se incluyen gobernadores involucrados en un escándalo (modelos 2, 4 y 5). En conjunto, lo que estas dos estimaciones sugieren es que los gobernadores escandalosos no procesados obtuvieron en promedio 5 por ciento más de votos efectivos para el candidato priista Enrique Peña Nieto, quien ganaría las elecciones de 2012. Los candidatos que estuvieron involucrados en un proceso judicial también le dieron más votos que los gobernadores no escandalosos a Peña Nieto, pero menos que los gobernadores del PRI acusados de corrupción que no fueron procesados.

La tercera fila, y_2018, muestra que el candidato presidencial del PRI perdió, por distrito, un promedio de 16 por ciento de los votos efectivos entre las elecciones de 2012 y las de 2018 (resultado estadísticamente significativo en todas las especificaciones). En perspectiva, el margen electoral a nivel nacional entre el ganador de 2018, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el candidato del PRI, José Antonio Meade, fue de 36.8 por ciento. Por lo tanto, esta pérdida de 16 por ciento no habría cambiado al ganador, pero podría haber colocado al PRI en el segundo lugar, ya que el candidato del pan Ricardo Anaya obtuvo 22.3 por ciento de los votos (frente a 16.4% obtenido por Meade). Por supuesto, esta pérdida puede atribuirse a una serie de factores que cambiaron entre 2012 y 2018. Por ejemplo, podría ser que esta pérdida se deba a diferencias en la calidad de los candidatos presidenciales del PRI o a las diferencias en los candidatos presentados por la oposición. Otra posibilidad, que está directamente relacionada con el tema de los gobernadores delincuentes, es que al menos parte de este efecto esté siendo impulsado por los escándalos de corrupción. Es decir, como se examinó en la tercera sección, los escándalos de corrupción fueron noticia de portada, y algunos de ellos eran tan conocidos que dieron forma a la representación del PRI en los medios de comunicación. Por supuesto, como este coeficiente está captando la diferencia entre 2012 y 2018, no puede ser atribuido únicamente a los gobernadores: después de todo, el presidente del PRI, Peña Nieto, también estuvo involucrado en un conocido caso de corrupción, que también podría estar impactando en los votos del PRI en todo el país (cuadro 1).

El principal coeficiente de interés se indica en la cuarta fila. Esta estimación está asociada a una variable que toma el valor de 1 si el distrito electoral se encuentra en un estado con un gobernador criminal después de que el gobernador haya sido arrestado o se haya emitido una orden de arresto. Como se ha explicado, esperamos que este coeficiente sea negativo y estadísticamente significativo, ya que se esperaría que la conducta delictiva infligiera más daños electorales en los lugares que sufrieron directamente esa conducta. Dicho de otro modo, estos son los distritos en los que esperaríamos una mayor pérdida de apoyo electoral para el PRI porque los votantes de estos distritos estaban más expuestos al discurso de la corrupción institucionalizada del PRI. Las estimaciones muestran un efecto estadísticamente significativo y negativo de esta variable, si bien no es espectacular (alrededor de 2.5%).

Notablemente, este efecto es robusto ante la inclusión de la variable de control escándalo_PRI, incluida como tratamiento en los modelos 2, 4 y 5. En conjunto, estos modelos muestran que el debilitamiento electoral del PRI en estados con gobernadores corruptos no sólo se atribuye a la corrupción en sí misma, sino a su persecución legal. Además, los modelos 2, 4 y 5 no muestran ninguna evidencia que sugiera que los gobernadores escandalosos cuesten más electoralmente al PRI que los gobernadores que no produjeron escándalos de corrupción: en ambos modelos no encuentro ninguna diferencia estadísticamente significativa entre estos dos grupos. Por supuesto, esta falta de efecto también podría deberse al tamaño de la muestra. Sin embargo, la inclusión de esta variable me permite mostrar que el enjuiciamiento de los gobernadores y que los gobernadores solamente corruptos afectan al voto de manera diferenciada.

El modelo 5 muestra que la población de un distrito es estadísticamente significativa y positiva, lo que sugiere que los distritos más poblados votaron con mayor frecuencia por el PRI en promedio. Por último, las dos variables que midieron el desempeño de los gobernadores, el crecimiento económico y los homicidios por cada 100 000 habitantes, muestran algunos resultados interesantes. Por un lado, el crecimiento económico es negativo y estadísticamente significativo, lo que sugiere que, en efecto, los gobernadores que tuvieron un desempeño deficiente recibieron menos votos, en promedio, para el PRI. Es interesante, sin embargo, que la violencia en un estado no está estadísticamente asociada con los votos recibidos por el candidato del PRI, un hallazgo que es interesante a la luz de la literatura existente que vincula el comportamiento electoral y la violencia (véase Altamirano y Ley en este número).¹⁵

El cuadro 1 también incluyó, para todas las especificaciones, la variable acceso a internet. Esta variable se incluyó como una forma de controlar que los estados con ciudadanos más informados son estados que tienen más probabilidades de procesar a los gobernadores por mala conducta y menos probabilidades de votar por el candidato del PRI. Si éste fuera el caso, entonces la adición de esta variable de control afectaría nuestras principales conclusiones y el coeficiente de interés desaparecería. Sin embargo, el principal resultado de interés es bastante robusto a la inclusión de las variables de control. Además, el coeficiente asociado al acceso a internet es negativo y estadísticamente significativo en todos los modelos, lo que sugiere que los distritos más informados efectivamente emiten menos votos por el PRI. Por supuesto, debemos tener cuidado de no sobreinterpretar este coeficiente en particular, ya que simplemente se añade como una variable de control en estas estimaciones.

Estimación transversal del voto para el PRI

Complemento las pruebas presentadas anteriormente con una estimación transversal del voto a José Antonio Meade en 2018, explicado a partir de acceso a internet. La lógica subyacente en este segundo conjunto de estimaciones es la siguiente: si efectivamente el discurso de los enjuiciamientos del PRI como prueba de la corrupción institucional afecta al sentido del voto porque los ciudadanos están más expuestos a él, entonces los votantes que tienen más acceso a internet deberían tener menos probabilidades de votar por el candidato presidencial del PRI. Una vez más, dada la falta de datos a nivel individual sobre la elección del voto, me baso en los resultados agregados a nivel de distrito, y utilizo la variable acceso a internet que indica el porcentaje de casas con internet a nivel de distrito (inegi, 2015). El modelo estimado puede formalizarse de la siguiente manera:¹⁶

El voto del PRI en un distrito determinado en el año 2018 depende de si el estado tenía un gobernador que terminó siendo procesado (coeficiente γ’), y de la proporción de hogares que tienen acceso a internet (coeficiente δ’). Según la discusión anterior, esta última estimación debería ser negativa y estadísticamente significativa: los votantes de los distritos en los que el acceso a internet es mayor, sostengo, estarán más expuestos a las noticias de los delitos, así como a la idea de que esos delitos son prueba de redes de corrupción más grandes. Además, los modelos 3 a 4 añaden un efecto de interacción entre estas dos variables. El coeficiente τ ’, asociado a este efecto de interacción, mide el efecto adicional del acceso a internet en los estados cuyos gobernadores fueron procesados por mala conducta.

Incluyo un conjunto similar de variables de control para tener en cuenta otras posibles explicaciones. En primer lugar, añado la variable escándalo_PRI que, como se ha dicho, podría ser el motor de la pérdida general de votos para el PRI, en contraposición a la penalización de la corrupción. También incluyo variables de desempeño (crecimiento económico y homicidios por cada 100 000 ) para explicar la posibilidad de que los gobernadores corruptos sean malos para gobernar y, entonces, sea más probable que sean castigados por una mala administración. Finalmente, los modelos 3 y 4 incluyen la variable acceso a telefonía, que mide la proporción de hogares que tienen líneas telefónicas fijas. Esta variable se incluye como una forma de explicar la posibilidad de que el coeficiente de interés, δ ’, capte no sólo el efecto de un mayor acceso a los medios de comunicación públicos, sino también de los votantes con mayores ingresos. Dicho de otro modo, podría darse el caso de que los distritos con mayor acceso a internet sean también distritos con ciudadanos más ricos, que tienen patrones de votación distintos. Como la información sobre los ingresos medios o la situación socioeconómica no está disponible a nivel de distrito, opto por representarla mediante el acceso telefónico, una medida que debería estar correlacionada con las características socioeconómicas pero que no es un determinante directo de la exposición a los medios y los discursos.

La primera línea del cuadro 2 presenta la diferencia media de votos obtenidos en los estados con un gobernador criminal frente a los que no lo tienen. El cuadro muestra que todas las estimaciones promedio son negativas, lo cual es de esperarse, pero sólo son estadísticamente significativas (p < 0.05) en el modelo 4, donde incluimos la variable escándalo_PRI. Esto significa que en tres de los cuatro modelos, no podemos rechazar la hipótesis de que los votantes gobernados por un gobernador del PRI enjuiciado votaron menos, en promedio, que los votantes que no fueron gobernados por un gobernador del PRI enjuiciado. Aunque se trata de un resultado sorprendente, cabe señalar que este análisis contiene un número relativamente bajo de observaciones (sólo 300), lo que haría más difícil encontrar efectos pequeños.

El hecho de que todas las estimaciones sean negativas sugiere que podría ser así. En la tercera línea se muestran los coeficientes asociados al acceso a internet, que son los principales coeficientes de interés. Como puede verse, estos resultados apoyan la existencia del mecanismo propuesto: en todas las estimaciones, un mayor acceso a internet se asocia con menores votos para el PRI. Este resultado es bastante similar en todas las especificaciones: alrededor de 0.12 por ciento menos votos en promedio para el PRI cuando se comparan distritos sin casas con acceso a internet con todos los hogares que tienen acceso a internet. Es importante señalar que este resultado es robusto frente a la inclusión de la variable accesso a telefonía (modelo 4), lo que puede tomarse como evidencia de que el efecto del acceso a internet no captura completamente las características socioeconómicas del electorado de cada distrito.

Por último, el cuadro muestra que el coeficiente asociado al efecto de interacción (τ ’) es sistemáticamente negativo, lo que concuerda con el mecanismo que se examina aquí, pero no es estadísticamente significativo en ninguno de los modelos. Esta falta de resultados sugiere que los votantes con mayor exposición a los discursos mencionados anteriormente en los estados con gobernadores criminales no eran necesariamente menos propensos a votar por el PRI en comparación con los votantes con mayor exposición en los estados sin gobernadores criminales. Esta ausencia de evidencia no debe confundirse con evidencia de ausencia del efecto. En primer lugar, los efectos de la interacción requieren un mayor número de observaciones para poder ser estimados.¹⁷ Además, podría ser que la variable acceso a internet no capte adecuadamente el concepto subyacente de exposición a los escándalos de corrupción. Por consiguiente, el cuadro 2 no ofrece pruebas que respalden el mecanismo explicado anteriormente, al menos cuando se pone en práctica de esta manera.

Es importante señalar que los resultados presentados en el cuadro 1 son sólidos en cuanto a la inclusión de otros posibles factores de control, así como su estimación sin el estado de Veracruz. En primer lugar, podría ser que en los estados en que el PRI se desempeña muy bien desde el punto de vista electoral, los gobernadores se sienten más cómodos abusando de los cargos públicos y es más probable que sufran mayores pérdidas. Para comprobar si éste es el caso, el modelo 3 del cuadro A2 en el apéndice incluye la variable de Voto_legislativo_pasado_PRI, que capta el desempeño electoral del PRI en la elección federal anterior (legislativa). Esta variable no es estadísticamente significativa, ni modifica los resultados sustantivos presentados anteriormente. En segundo lugar, el modelo 4 del cuadro A2 incluye la variable Proporción_secciones_urbanas, que capta la proporción de secciones electorales que se encuentran en zonas urbanas para cada distrito. Esta variable se incluye para controlar la posibilidad de que los gobernadores de los estados con mayores tasas de urbanización tengan mayores probabilidades de sufrir consecuencias electorales por su comportamiento delictivo, y aunque la variable es efectivamente negativa, no cambia los principales resultados de interés. Por último, el cuadro A4 del apéndice presenta el mismo conjunto de estimaciones pero eliminando a Veracruz de la muestra. Incluyo estas estimaciones porque el caso de Duarte es paradigmático en cuanto a la cantidad de fondos malversados, lo que podría estar impulsando los principales hallazgos. Nuevamente, no encuentro evidencia de que éste sea el caso: incluso quitando a Veracruz de la muestra encuentro que los gobernadores que fueron arrestados efectivamente bajan los votos obtenidos por su partido en sus estados.

Votos para el PRI y sus aliados

Antes de ofrecer algunas observaciones finales, discuto algunas cuestiones con la operacionalización de la variable dependiente, voto para el PRI. El sistema electoral mexicano permite a los ciudadanos marcar varios partidos en la boleta presidencial, siempre y cuando estos partidos postulen al mismo candidato. El conjunto de resultados anterior se estimó utilizando sólo las boletas que se marcaron para el PRI, con lo que se eliminaron otros votos que seleccionaron al PRI y a otros partidos. La razón por la que sólo se observan los votos del PRI es precisamente que el mecanismo que he expuesto aquí era específico del PRI. Es decir, no hay razón para pensar que los partidos que presentaron el mismo candidato partidario que el PRI también sufrieron electoralmente como consecuencia de los acusaciones contra gobernadores priistas.

Aprovecho esta característica y presento el mismo conjunto de estimaciones que en el cuadro 1 utilizando la variable PRI+voto, una variable que informa de la proporción de votos efectivos que se marcaron para el PRI y otros partidos de su coalición electoral.¹⁸ Considero que estas estimaciones son una prueba de plausibilidad de mi mecanismo: dado que no hay razón para pensar que otros partidos sufrirían pérdidas electorales tan intensamente como el PRI, no deberíamos observar un cambio tan repentino en las preferencias electorales que se expresaron para estos aliados del PRI.

Los resultados presentados en el cuadro 3 apoyan mi interpretación. El principal coeficiente de interés, asociado al término de interacción criminal_PRI*y_2018 es negativo, pero sólo estadísticamente significativo en los modelos 1 y 3, ninguno de los cuales incluye la variable escándalo_PRI. Una vez que agregamos esta variable, los efectos desaparecen. Esto sugiere, una vez más, que el mecanismo por el cual los votantes castigaron electoralmente la corrupción criminal fue, al menos en parte, a través del PRI. Con base en estas estimaciones, no hay razón para sugerir que los partidos que se aliaron con el PRI sufrieron a causa de los problemáticos gobernadores de este último. Así pues, la pérdida de reputación examinada en la tercera sección parece haber afectado únicamente al PRI.