Introducción

En octubre de 2011, Bolivia tomó su lugar en los anales de la historia moderna cuando los electores bolivianos acudieron a las urnas a elegir directamente a sus jueces de jurisdicción nacional. La temprana experiencia boliviana con esta innovación institucional ofrece un ejemplo profético de las promesas y retos del "nuevo" constitucionalismo latinoamericano (^{Gargarella, 2011}, ²⁰¹⁶; ^{Nolte y Schilling Vacaflor, 2016}). La adopción de elecciones judiciales directas coincidió con un giro mundial de "democratizar" los procedimientos de selección judiciales al expandir el alcance de los actores políticos involucrados en la selección de autoridades judiciales para incluir a profesionales legales, académicos y a la sociedad civil en general (^{Garoupa y Ginsburg, 2009}; ^{Ríos Figueroa, 2011}; ^{Driscoll y Nelson, 2012}, ²⁰¹⁵). En el caso de Bolivia, fuerzas convergentes vieron la elección directa de jueces como pieza integral de una revolución social más amplia en la cual se refundó el país como Estado Plurinacional de Bolivia, donde se reafirmó con éxito la soberanía de las etnias indígenas bolivianas, y donde la crisis de representación que enfrentaba el gobierno nacional por fin terminó (VanCott, 2000; ^{Anria, 2016}; ^{Wolff, 2016}). Los reformadores creían que la elección directa de jueces inyectaría nueva vida y legitimidad a un sistema judicial tan criticado, y le otorgaría mayor autonomía, independencia y capacidad institucional.

El 3 de diciembre de 2017, los bolivianos acudieron a las urnas a elegir directamente a sus autoridades judiciales nacionales por segunda vez.¹ Al igual que con la elección inaugural, y siguiendo la Constitución de 2009, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) distribuyó información sobre los candidatos antes de la elección, pues las campañas a favor o en contra de algún candidato estaban prohibidas. Aunque se reportaron algunas irregularidades menores, los observadores internacionales confirmaron que los procesos se habían llevado a cabo competentemente sin incidentes, y calificaron al proceso electoral libre y justo. Como en el año 2011, el partido gobernante felicitó a los electores bolivianos por su participación en la elección de sus jueces nacionales, afirmando que el proceso de elección directa de los jueces nacionales era intrínsecamente más legítimo que el antiguo, cuando era asunto exclusivo de la legislatura nacional.

Visto en el panorama más amplio de la política boliviana, este optimista hecho ocultó un escenario mucho más sombrío. Sólo cinco días antes de las elecciones judiciales de 2017, los magistrados en turno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) derogaron la prohibición constitucional sobre el límite temporal para los funcionarios de elección popular, lo que dejó el camino libre al presidente en turno, Evo Morales, para competir en las elecciones de 2019. Si resulta elegido, sería su cuarto periodo consecutivo en el cargo y, por lo tanto, extendería la posición hegemónica del Movimiento al Socialismo (MAS) en su segunda década en la presidencia.² El dominio del TCP no sólo desoyó la Constitución, sino que su decisión fue en contra de los resultados del referéndum constitucional de 2016, donde la mayoría absoluta de bolivianos votó en contra de una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial.³ Tras esta relevante decisión, los electores bolivianos volvieron a acudir a las urnas para elegir a los nuevos jueces; una supermayoría de los electores (65.8%) votaron en blanco o anularon su voto deliberadamente (^{Driscoll y Nelson, 2014}).

Muchos consideran, incluidos los funcionarios del OEP, que el voto nulo fue un reflejo de la insatisfacción ciudadana con la decisión del TCP y una objeción abierta a las intenciones declaradas del presidente Morales de volver a contender en 2019. Los observadores también resaltan que, en comparación con las elecciones judiciales de 2011, los resultados de la elección de 2017 llevaron a menos candidatas mujeres e indígenas a los escaños de las cortes nacionales que antes. Por su parte, el partido dominante tiene poco que decir sobre el resultado o sobre la gran proporción de votos nulos, y en cambio se ha enfocado en sus propios prospectos electorales, con el presidente Morales muy cómodo al timón.

Aunque las elecciones judiciales se proclamaron originalmente como una forma de expandir la representación de los juristas indígenas y mujeres, y para llenar las cortes de apoyo público y legitimidad, estas especulaciones ensombrecen tales aspiraciones. Tomamos esos objetivos y observaciones como punto de partida para evaluar sistemáticamente los resultados de las elecciones judiciales bolivianas de 2017 para llenar los puestos vacantes en el Tribunal Constitucional Pluri-nacional. Primero evaluamos los resultados de los votos válidos, identificando los determinantes procedimentales e institucionales del éxito de los candidatos victoriosos, y describimos sus consecuencias para la composición resultante del Tribunal Constitucional. Después pasamos a un análisis sistemático del voto nulo y evaluamos la hipótesis de que los altos niveles de anulación deliberada de votos están fundados en la insatisfacción con el proyecto de la campaña de reelección del presidente Morales. Al analizar tanto los resultados electorales como los datos de encuestas sobre la intención de voto de los ciudadanos en las elecciones judiciales, afirmamos que el voto nulo refleja que los electores bolivianos desaprueban la reelección presidencial. Además, el apoyo al presidente Morales se ha erosionado entre los votantes indígenas, un grupo que ha sido central para sus éxitos electorales (^{Anria y Cyr, 2017}; ^{Driscoll, 2017}). Aunque el presidente Morales haya afirmado que volver a contender por la presidencia es su destino, y que, al hacerlo, simplemente está cumpliendo los deseos de la mayoría de los bolivianos (^{Página Siete, 2017b}), argumentamos que los resultados de la elección indican que muchos electores bolivianos no están satisfechos con el statu quo político. A pesar de la promesa de "democratizar" las cortes nacionales, nuestra investigación sugiere que las elecciones de las autoridades judiciales nacionales en Bolivia han consolidado el control del Ejecutivo sobre un Poder Judicial ya débil, y que han puesto a las cortes de lleno en la mira del conflicto político que define al orden constitucional posliberal boliviano (^{Gargarella, 2011}; ^{Wolff, 2016}; ^{Whitehead, 2016}).

Elecciones judiciales bolivianas: de 2009 a 2017

Empezamos por revisar las motivaciones citadas para implementar esta reforma constitucional histórica y describimos algunos rasgos básicos del procedimiento de las elecciones judiciales en Bolivia. Con la ratificación de la Constitución en 2009, Bolivia se convirtió en el primer país del mundo moderno en constitucionalizar la elección directa de sus jueces nacionales.⁴ Al igual que con la adopción de las elecciones judiciales directas en la Francia revolucionaria (^{Haynes, 1944}), en las naciones centroamericanas postindependencia y en los estados de Estados Unidos, la decisión de elegir jueces directamente en Bolivia refleja una desconfianza más general del statu quo político, y un giro hacia los mecanismos de democracia directa (^{Shugerman, 2010}; ^{Driscoll y Nelson, 2013}).⁵ Dejar el destino de los candidatos judiciales directamente en manos de los electores -afirman los reformadores populistas- asegura la elección de juristas más cercanos a la sociedad boliviana, lo que les dará incentivos para responder a los electores que los llevaron al poder, independientemente de la influencia partidista o política (Delgado citado en ^{Chivi, 2010}).

En octubre de 2011, los electores bolivianos eligieron directamente a sus jueces nacionales para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Consejo de Magistratura y el Tribunal Agroambiental (^{Driscoll y Nelson, 2012}, ²⁰¹⁵). La Constitución de 2009 exige que todos los candidatos judiciales sean preseleccionados y aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para poder contender en la elección. La ALP evalúa públicamente las credenciales meritocráticas de los aspirantes y asegura el cumplimiento de las cuotas legales de género y etnia. El último requerimiento para la preselección del candidato es una aprobación de dos tercios de la ALP bicameral para todos los candidatos. Entonces, todas las facetas de la administración electoral se delegan al Órgano Electoral Plurinacional, encargado del diseño de las boletas y de todos los aspectos de las campañas informativas. Todas las campañas, proselitismo y maquinarias para conseguir votos a favor o en contra de algún candidato en particular están explícitamente prohibidas, con el fin de que el público elector boliviano haga una consideración objetiva y meritocrática de los candidatos. En Bolivia el voto es obligatorio; en las elecciones judiciales, los electores tienen que seleccionar al candidato de su preferencia, votar en blanco o anular el voto (^{Driscoll y Nelson, 2012}). El proceso electoral inaugural se caracterizó por una alta incertidumbre entre los votantes y un boicot abierto del proceso por parte de la oposición política. No obstante, 42.1 por ciento de los electores bolivianos emitieron votos válidos para los candidatos judiciales de su preferencia, y eligieron directamente a una lista de candidatos que constituirían la corte nacional más diversa en la historia del hemisferio occidental (^{Driscoll y Nelson, 2014}, ²⁰¹⁵).⁶

Una comparación cercana del proceso y resultado de las primeras dos contiendas electorales revela dos similitudes entre 2011 y 2017, y una gran diferencia. Primero, y al igual que con el proceso electoral en 2011, el MAS ejerció un duro control sobre el proceso de nominación de candidatos para asegurar que todos los candidatos de la lista fueran aceptables para el partido dominante. En consecuencia, buena cantidad de los juristas y magistrados que asumieron sus cargos en 2018 tienen lazos directos con el partido en el gobierno (^{Página Siete, 2018}). Segundo, las reformas electorales que reestructuraron tanto la asignación de escaños para magistrados como el diseño de las boletas influyeron en la elección de magistradas mujeres e indígenas en la elección de 2017, lo que llevó a una reducción de la proporción de magistradas constitucionales mujeres o de minoría étnica. Tercero, el único indicador del éxito electoral entre los candidatos judiciales de 2017, y uno de los indicadores más fuertes de la elección de 2011, fue su lugar en la boleta, posición determinada por un proceso aleatorio.

El éxito de los candidatos en las elecciones de 2017

Cualquier candidata para un cargo político trae consigo un portafolio de características, tales como sus cualificaciones formales, tendencias ideológicas y experiencias de vida únicas. En cualquier contienda electoral donde los electores eligen entre candidatos, los primeros deben sopesar sus consideraciones, aunque la importancia que cada votante le otorga a cualquier característica particular varía mucho entre votantes. Por ejemplo, algunos electores podrían escrutar cuidadosamente la experiencia y las cualificaciones profesionales, otros podrían valorar más la afiliación partidista del candidato, y otros más podrían elegir a los candidatos que compartan con ellos rasgos identitarios clave, como la etnia o el género.

Al mismo tiempo, uno de los hallazgos empíricos más robustos en el estudio del comportamiento político es que muchos votantes ignoran las facetas incluso más básicas de la política (^{Grönlund y Milner, 2006}; ^{Gallego, 2010}). Para superar estas inconveniencias de información incompleta, los votantes se basan en atajos heurísticos o informativos para simplificar el cálculo político de la decisión de voto, como la afiliación partidista, la titularidad o las identidades de los candidatos. En consonancia, las elecciones judiciales bolivianas, con su entorno informativo estrechamente controlado, es un sitio bastante útil para entender cómo los votantes toman decisiones en ausencia de información. Nos basamos en investigaciones previas que documentan el éxito de los candidatos en ambientes con poca información, con atención especial en las investigaciones sobre elecciones judiciales (^{Baum, 1987}; ^{Hall, 2001}; ^{Hall y Bonneau, 2006}; ^{Bonneau y Hall, 2009}; ^{Rock y Baum, 2010}). Empíricamente, analizamos la proporción de voto de los candidatos a nivel municipal, la cual explicamos como una función de la etnia, el género y las credenciales profesionales y políticas de los candidatos, así como de las identidades y de la afiliación política inferidas de los votantes en los municipios. Aunque nadie valoraría intrínsecamente la representación descriptiva, el deseo de representación descriptiva probablemente sea un factor decisivo entre la población que ha estado históricamente subrepresentada en el congreso. Por lo tanto, para entender el éxito de los candidatos, necesitamos evaluar las características de la lista de candidatos y del electorado; para esto, además de analizar los efectos directos de las características de los candidatos, también nos interesa el efecto condicional que tienen esas características en los votantes que más o menos "reflejan" al candidato en términos demográficos o de afiliación partidista.

Una motivación declarada para adoptar tales elecciones judiciales era la necesidad de diversificar el poder judicial para que reflejara mejor el carácter plurinacional del pueblo boliviano, prioridad que se reflejó en las cuotas de género y etnia que estipularon la inclusión de un conjunto diverso de candidatos en cada contienda electoral. En el contexto de las elecciones judiciales estadounidenses, los votantes reconocen que el género es un factor importante en sus cálculos para decidir, y las investigaciones han mostrado que el apoyo a candidatos negros decae con fuerza cuanto más blanca sea la concentración geográfica de un distrito (^{Hojnacki y Baum, 1992}; ^{Lovrich et al., 1988}). Dada la prioridad declarada de la diversidad en el caso boliviano, junto con investigaciones previas que sugieren que las características de los candidatos demuestran ser determinantes del éxito de los candidatos en otros contextos, anticipamos que los candidatos indígenas podrían beneficiarse de su estatus minoritario en las elecciones bolivianas de 2017, pero sobre todo en municipios con alta concentración de votantes indígenas.

Aunque la Constitución boliviana de 2009 prohíba formalmente todo proselitismo y campaña política en las elecciones judiciales (artículo 181, sección 9), tanto en 2011 como en 2017 los medios de comunicación hicieron publicidad a las conexiones de muchos candidatos con el gobierno en turno y subrayaron sus experiencias como organizadores de partido, apoyo legislativo, asesores legales o funcionarios de bajo nivel (Semana Siete, 2011; ^{Layme, 2017a}). Ciertamente, la simple publicidad y el reconocimiento de nombres que dio este tipo de cobertura pueden bastar para aumentar la proporción de voto para los partidistas reconocidos del gobierno, pero particularmente en los distritos donde el MAS había tenido éxito electoral previo (^{Baum, 1987}; ^{Kam y Zechmeister, 2013}). Especialmente, en su estudio sobre los estados de Estados Unidos, ^{Rock y Baum (2010)} demuestran que el nivel de voto partidista aumenta linealmente si los votantes tienen información sobre los candidatos, incluso en elecciones formalmente no partidistas (^{Baum, 1987}).

Finalmente, la investigación existente demuestra que las cualificaciones formales de un candidato afectan los resultados de su elección; los candidatos con mayor educación y experiencia profesional tienen mejores resultados el día de la elección (^{Carson et al., 2007}; ^{Stone et al., 2004}). Como los jueces tienen la función de interpretar la ley, su trabajo se distingue del de ejecutivos y legisladores por el conocimiento legal, la formación profesional y la experiencia técnica requerida. Aunque los críticos de las elecciones judiciales argumentan que los votantes carecen de información sobre las cualificaciones de los candidatos (^{Geyh, 2003}), en el análisis empírico más exhaustivo sobre elecciones judiciales a la fecha ^{Bonneau y Hall (2009}; ^{Hall y Bonneau, 2006}) encuentran que la proporción de voto de los titulares de las supremas cortes estatales está inversamente relacionado con las cualificaciones profesionales de su contrincante, lo que sugiere que los votantes sí sopesan la experiencia profesional de los candidatos judiciales cuando las contiendas son importantes y hay bastante información.

Realizamos un análisis similar al de ^{Driscoll y Nelson (2015)}, que reúne la información sobre proporción de voto para los candidatos de cada municipio con la información agregada sobre la composición sociodemográfica de los municipios. Para evaluar el efecto de los atributos políticos y sociodemográficos de los candidatos, codificamos una variedad de indicadores para los candidatos a partir de la información contenida en su currículum disponible en el sitio web de la ALP después del proceso de selección de candidatos. Registramos el género de los candidatos (mujer) y la etnia (autoidentificado indígena) como variables dicotómicas. Además, medimos las cualificaciones del candidato de dos formas. Primero, agregamos información sobre los logros educativos de los candidatos, incluyendo credenciales de licenciatura y posgrado, así como especializaciones, en una variable de conteo que evalúa la educación de cada candidato. Segundo, se codificó a los candidatos por su experiencia previa como juez, ya sea nacional o departamental. Por último, clasificamos a los candidatos por su experiencia previa como afiliado al gobierno si había tenido antes alguna posición en la rama ejecutiva, en la ALP o en la Asamblea Constitucional en cualquier momento desde 2005. Toda esta información se tomó de los currículum de los candidatos publicados por el OEP, que estaban disponibles para los votantes mediante las campañas informativas del Estado.

Más allá de la correlación de los atributos de los candidatos con su proporción de votos resultante, evaluamos el grado en el cual la posible demografía de los votantes se tradujo en el éxito electoral de algunos candidatos y no en el de otros. De acuerdo con esto, combinamos nuestros datos sobre las características de los candidatos y proporción de votos a nivel municipal con la información demográfica agregada sobre los distritos en los que se emitieron los votos. Para medir la concentración probable de los votantes indígenas, nos basamos en una medida de proporción de indígenas, que mide la proporción de ciudadanos mayores de cuatro años cuya primera lengua no sea el español (i.e. quechua, aymara, guaraní u otra lengua nativa) según el censo nacional de 2001.¹⁴ El segundo indicador de nivel distrital que incluimos, como medida de apoyo a nivel distrital para el gobierno, es la proporción de voto por el MAS en las elecciones presidenciales de 2014. Si resultara que la afiliación de los candidatos al partido del gobierno fuera un impulso electoral, esperaríamos que fuera así sobre todo en distritos con altas concentraciones de votantes previos del MAS.

El cuadro 3 reporta los estimados de un modelo lineal jerárquico de la proporción de voto de los candidatos a nivel municipal como función de la demografía, de las características políticas y profesionales de los candidatos, así como de cierta información política y demográfica de los votantes en los distritos donde compitieron tales candidatos. Aunque no se reporte aquí, incluimos intersecciones aleatorias para cada candidato (N = 36), para explicar las observaciones repetidas de los candidatos entre municipios del mismo departamento. La variable resultado, proporción de voto del candidato, tiene una distribución bastante normal entre 0 y 0.8, con una media de aproximadamente 0.25 y una mediana ligeramente por debajo de la media; la unidad de análisis es candidato-municipio.

Al examinar la lista de coeficientes, encontramos poca evidencia sistemática de que las características profesionales o políticas de los candidatos estén sistemáticamente relacionadas con su éxito electoral. Ninguno de los coeficientes iniciales para nuestros indicadores demográficos (género o autoidentificación indígena) o profesionales (afiliado al gobierno, credenciales educativas o juez) son estadísticamente significativos, lo que significa que no podemos rechazar la hipótesis nula de no asociación estadística entre características del candidato y su proporción de votos. Los términos de interacción, que unen las características de los candidatos a la composición distrital, tampoco logran significancia estadística en toda la gama de variables de nivel distrito, hecho que se confirma en la gráfica 1. La falta de asociación para las credenciales profesionales y para la afiliación al gobierno no debe sorprender: como sucedió en 2011, éste era un ambiente electoral con extremadamente poca información, y es probable que muchos electores simplemente no hayan tenido acceso a la información como para diferenciar entre candidatos en este sentido (^{Driscoll y Nelson, 2014}).¹⁵ Sin embargo, con los mismos criterios, ^{Driscoll y Nelson (2015)} reportan que los votantes indígenas resultaron decisivos en la elección de candidatos indígenas en la contienda de 2011. En 2017, esa misma dinámica no se mantuvo y, para la mayoría, no podía mantenerse.

Fuente:^{OEP (2017)}, ^{Atlas Electoral de Bolivia (2017)}, ^{INE, (2002)}. Nota: Ninguno de los efectos alcanza significancia estadística para ningún valor de las características asociadas al electorado. La variable resultado es proporción de voto para cada candidato a nivel municipal tomada del sitio web del ^{OEP (2017)}, ^{Atlas Electoral de Bolivia (2017)} e ^{INE (2002)}.

GRÁFICA 1 Efectos marginales de afiliación al gobierno y de autoidentificación indígena 

Un último punto para rescatar de nuestro modelo de regresión jerárquica se refiere al efecto de posición en la boleta. ^{Driscoll y Nelson (2015)}, muestra que, más allá de los votos probables de los electores indígenas para candidatos indígenas, el indicador más fuerte de proporción de voto para candidatos en las elecciones judiciales de 2011 fue la posición en la boleta: los candidatos más cerca de la parte superior de la boleta aumentaron su proporción de voto entre 2 y 4 por ciento en todos los distritos, al compararlos con los ubicados en la parte inferior de la boleta. A la luz de que el orden de aparición en la boleta se estableció aleatoriamente, ^{Driscoll y Nelson (2015)} concluyen que un proceso aleatorio, junto con identificación indígena de candidatos y electores, fue un factor determinante en la elección de candidatos de 2011.

El rediseño de la boleta que se implementó para las elecciones de 2017 redujo mucho la cantidad de candidatos que los votantes tenían que considerar. Esta nueva boleta pudo haber sido ideada para remediar la abrumadora influencia del orden en la boleta, aunque ese factor no se citó como motivación primaria para el cambio de diseño de la boleta. Como podemos ver en el cuadro 3, la boleta rediseñada puede haber reducido, pero no eliminado por completo, tal efecto. Aunque el OEP no haya asignado o publicado los números de los candidatos en la campaña electoral de 2017, la posición de los candidatos en la boleta también se determinó aleatoriamente (^{Los Tiempos, 2017b}). Cabe resaltar que los candidatos ubicados en el cuadrante inferior derecho de la boleta (posición 4), obtuvieron en promedio 12 por ciento menos votos que los ubicados en la parte superior izquierda de la boleta (posición 1), una diferencia enorme dado que los candidatos ganaban sólo si obtenían la mayoría del voto. De esta forma, como sucedió en 2011, más allá de la influencia que pudo ejercer el MAS en el proceso de selección de candidatos, el proceso de generación de datos que distingue a los candidatos victoriosos de los perdedores fue esencialmente aleatorio.

¿Qué podemos decir de una elección donde el orden de aparición en la boleta importe más que cualquiera de las características del candidato o del electorado? Es importante considerar los resultados de esta elección en concordancia con el proceso mediante el cual los electores pudieron emitir su voto, así como en el contexto de un panorama más amplio de la política boliviana contemporánea. Recuérdese que, a diferencia de muchas otras competencias electorales en el mundo, los candidatos son preseleccionados antes de aparecer en la boleta. El control supermayoritario del MAS de la legislatura bicameral, junto con una delegación legislativa sumamente disciplinada que aprueba a los nominados, les permitió a los líderes del MAS seleccionar candidatos judiciales unilateralmente, sin consultar con los miembros de la oposición. Así, todos los candidatos eran mínimamente aceptables para el partido del gobierno, sin importar qué candidatos se eligieran por la vía popular.

Mientras que el proceso de selección claramente benefició al gobierno en turno, trajo consigo otros costos políticos tangibles. Miembros de la oposición tradicional hicieron una llamativa campaña a favor del voto nulo, apelando a la exclusión y a las ventajas procedimentales del MAS como evidencia de un proceso electoral fundamentalmente ilegítimo y no democrático (^{Quiroga et al, 2017a}, ^2017b). Lo que es más, una amplia mayoría de electores bolivianos -mucho más de 35-40 por ciento del electorado boliviano que vota rutinariamente por los partidos de oposición- emitió votos en blanco o los anuló deliberadamente. En la siguiente sección tratamos de interpretar los votos blancos y nulos para evaluar el grado en el que estas formas de voto se fundaron en la insatisfacción con el régimen político actual. Pero como deja claro la discusión en marcha, las realidades procedimentales que favorecieron al MAS, junto con la abrumadora falta de información sobre los candidatos (^{Layme, 2017b}), implica que incluso los electores que emitieron un voto válido por un candidato en especial no estaban -y de hecho no podían estar- muy informados sobre el resultado.

Votos válidos, votos nulos y votos para cambiar el statu quo

Que el éxito de los candidatos no estuviera atado a las características del candidato ni del electorado no implica que los votantes hayan tomado sus decisiones de manera aleatoria. Uno de los resultados más importantes de esta elección fue la cantidad sin precedentes de boletas anuladas deliberadamente: una mayoría absoluta de 50.9 por ciento de los votantes bolivianos anularon su voto en la contienda de 2017 para el Tribunal Constitucional Plurinacional, cifra que aumenta a 65.8 por ciento si se suma con los votos en blanco. Para entender la naturaleza histórica de la anulación en esta elección, la gráfica 2 despliega la distribución de los votos válidos, blancos y nulos en las elecciones bolivianas recientes, incluidas la adopción en 2009 de la Constitución boliviana, la elección presidencial de 2014 y las elecciones judiciales de 2011. Aunque las elecciones judiciales de 2011 también hayan presentado una gran cantidad de votos blancos y nulos, la contienda de 2017 excedió esos niveles. Además, la cantidad de anulación de votos en elecciones judiciales es anómala: ni los referendos constitucionales ni las elecciones presidenciales tuvieron tal cantidad de anulación de votos.

Fuente:^{Atlas Electoral de Bolivia (2017)}.

GRÁFICA 2 Distribución de tipos de votos en las elecciones recientes de Bolivia 

¿Por qué sucede esto? La oposición política hizo campaña explícita para el voto nulo, y se cree ampliamente que la decisión de los jueces en turno del TCP que liberaron el camino para que el presidente Morales se volviera a postular para la reelección en 2019 tuvo un efecto polarizador en la opinión pública (^{Carballo, 2017}).¹⁶ Para evaluar la posibilidad de que las perspectivas de los votantes bolivianos sobre la reelección presidencial hayan influido en su comportamiento electoral en las elecciones judiciales, nos basamos en los análisis de dos diferentes fuentes de información. La primera es una encuesta de opinión pública original realizada durante las tres semanas previas a la elección judicial, que consultó a los votantes sobre su apoyo al gobierno, ideología e intención de voto.¹⁷ Después, consideramos los datos sobre la proporción de votos válidos, en blanco y nulos emitidos a nivel municipal, que volvimos a asociar con las características distritales. Así, tenemos información sobre un subconjunto de intención de voto declarada antes del fallo del TCP y de las elecciones judiciales, así como datos agregados sobre resultados en elecciones previas.¹⁸

La variable resultado de nuestro análisis a nivel individual es una variable politómica que pregunta a los encuestados sobre sus intenciones de voto si las elecciones judiciales se llevaran a cabo la misma semana de la encuesta. Se les dan a los encuestados las opciones de votar por un candidato específico, votar en blanco, anular el voto o abstenerse, con dos categorías adicionales para "No sabe" y "No contestó". La distribución de esta variable se muestra en el cuadro 4. Los resultados de nuestra encuesta indican que en las semanas previas a la elección, la mayoría de los encuestados estaban indecisos o eran abiertamente hostiles: 31 por ciento de nuestra muestra reportó intenciones de anular el voto, mientras que casi la misma proporción (29%) indicó no haber decidido todavía cómo iba a votar. Aun así, sólo uno de cada cinco encuestados reportó que emitiría un voto válido por un candidato si las elecciones fueran esa semana. A la luz de que la oposición política estaba haciendo campaña abierta por el voto nulo, y de que otras encuestas de opinión sugerían que muchos sabían muy poco sobre los candidatos judiciales (^{Layme, 2017b}), primero evaluamos las correlaciones de las intenciones de voto declaradas de nuestros encuestados en un modelo multivariado.

El cuadro 5 muestra los resultados de una regresión logit multinomial sobre la intención de voto declarada de los encuestados en las semanas previas a la elección judicial. A la luz de la gran proporción de votantes que se declaran "indecisos", registramos la variable resultado de tal forma que la respuesta "No sabe" fuera la categoría base, y evaluamos una cantidad de posibles explicaciones para la intención de voto de los encuestados.¹⁹ Incluimos como covariables explicativas un indicador dicotómico de partidario del MAS, así como la oposición de los encuestados a la intención del presidente Morales de proponerse para la reelección en 2019 (Oposición a la candidatura de 2019) con una escala de siete puntos.²⁰ Mientras que los electores indígenas han constituido la médula del éxito electoral hegemónico del MAS desde 2005, incluimos una medida de autoidentificado como indígena para todos los encuestados que afirman pertenecer a alguno de los pueblos originarios de Bolivia. Para evaluar la intención de voto de los encuestados como función de la información o conocimiento sobre el proceso, incluimos una escala de cinco puntos de frecuencia de noticias, así como un índice de conocimiento judicial y de educación (una escala de 10 puntos).²¹ Finalmente, controlamos por ingreso (una escala de 16 puntos) y género (mujer).

Encontramos cierto sustento para la hipótesis de que el apoyo ciudadano al MAS y su oposición a la intención del presidente Morales de contender por la reelección alimentó su intención de votar en blanco o anular deliberadamente el voto. Los simpatizantes del MAS fueron 17 por ciento menos proclives a reportar su intención de anular deliberadamente el voto antes de la elección, aunque no fueron más o menos proclives a declarar su intención de votar por un candidato que a reportar incertidumbre general. Los coeficientes para oposición a la candidatura de 2019, en contraste, son positivos en las tres categorías de resultados y estadísticamente significativos para el caso de las intenciones de voto en blanco y nulo de los encuestados. En relación con los encuestados que reportaron incertidumbre en su intención de voto, por cada unidad de aumento en oposición a la candidatura de 2019, la probabilidad de que los encuestados planearan votar en blanco o nulo aumentó en un factor de 1.16. Al moverse sobre el rango de la oposición, tal efecto corresponde a un aumento de 13 por ciento de la probabilidad de declarar una intención de invalidar deliberadamente el voto. Un tanto sorprendente es que ese mismo patrón aparezca en el caso de los encuestados que se autoidentificaron como indígenas: aunque la identidad indígena haya sido un punto focal durante mucho tiempo en torno al cual el MAS ha reunido una base de apoyo (^{Zuazo, 2009}, ²⁰¹⁰), los resultados de este análisis sugieren que los encuestados indígenas en realidad fueron 9 por ciento más proclives a planear invalidar su voto que los encuestados no indígenas. Esto es consistente con los reportes del referéndum constitucional de 2016 (^{Driscoll, 2017}), que mostraron la proporción de voto del "No" sobre el referéndum constitucional en los municipios con altas concentraciones de indígenas bolivianos.

Hay evidencias mezcladas con respecto al efecto de varios indicadores relacionados con el acceso a la información. El coeficiente de conocimiento judicial es un indicador positivo y estadísticamente significativo para votar en blanco, y los encuestados con mayores niveles de educación fueron más proclives a reportar planes de invalidar deliberadamente su voto. Estas últimas correlaciones son consistentes con el trabajo de ^{Driscoll y Nelson (2014)}, en donde muestran que los votos nulos fueron más prevalentes entre bolivianos más educados en las elecciones judiciales de 2011. Sin embargo, si se considera la falta de relaciones estadísticamente significativas entre los demás resultados autorreportados y en las demás variables explicativas, sólo tenemos pruebas limitadas para indicar que las decisiones de los electores de emitir un voto válido, en blanco o nulo, tuvieron razones informativas.

Antes de pasar al análisis agregado de los resultados de la elección, es importante reconocer algunas de las fuerzas y limitaciones de nuestro análisis a nivel individual. Sobre todo, nuestra encuesta no fue una muestra representativa a nivel nacional y, por lo tanto, no se puede generalizar a la población boliviana sin advertirlo. La encuesta también se realizó antes de la decisión del TCP y de la elección misma, así que es probable que nuestros resultados hubieran sido distintos de haber preguntado a los encuestados sobre su voto después de la decisión de los proyectos de reelección de Morales. No obstante, esto ofrece una ventana crítica hacia un subconjunto de votantes bolivianos que nos permite evaluar las correlaciones entre la participación de los individuos reportada como votos válidos en oposición a los votos nulos en las elecciones judiciales de 2017. Nuestro análisis multivariado nos permite probar múltiples hipótesis simultáneamente, y controlar por correlaciones posiblemente confusas. Dicho todo esto, nuestro análisis sugiere que la decisión de los electores bolivianos de emitir votos nulos o en blanco estuvo en parte arraigada en su oposición al proyecto de la reelección presidencial, aunque ni siquiera los simpatizantes del presidente estaban dispuestos a reportar definitivamente sus planes de emitir un voto válido.

Pasando ahora al análisis de los resultados agregados de las elecciones judiciales, y siguiendo la decisión del TCP, el cuadro 6 muestra tres regresiones de proporción de voto a nivel municipal de votos válidos, en blanco y nulos, según reportes del sitio web del ^{OEP (2017)}. Incluimos dos indicadores de apoyo previo al presiente Morales y al MAS: la proporción de voto a nivel municipal para el MAS en las elecciones presidenciales de 2014, así como la proporción de voto municipal a favor del "No" en el referéndum constitucional de 2016 sobre la reelección perpetua. Para captar bases de apoyo tradicionales a favor y en contra del MAS, incluimos el porcentaje de indígenas como indicador de la concentración de población indígena, un indicador dicotómico de la presencia de una mina,²² y un indicador para los departamentos del Este sobre la oposición Media Luna. Más allá de esos predictores, incluimos una variedad de indicadores a nivel municipal que podrían indicar el grado en el que los votantes tuvieron acceso a información sobre la elección (porcentajes urbano, educación primaria, hogares con televisión y hogares con internet). Finalmente porcentajes de hogares con instalación sanitaria interna es un indicador del estatus socioeconómico de determinado municipio.

Los resultados de las tres regresiones lineales que se muestran en el cuadro 6 confirman en gran parte los resultados de nuestra encuesta preelectoral, aunque sean distintas en varios aspectos. Sobre todo, la oposición al proyecto de la candidatura del presidente Morales, según la proporción del voto "No" en el referéndum constitucional de 2016, es un indicador estadísticamente significativo de la distribución de los votos válidos, en blanco y nulos en las elecciones judiciales de 2017. Los municipios con mayores concentraciones de votos para el "No" en 2016 reportaron menores proporciones de votos válidos en 2017 y mayores proporciones de votos en blanco y nulos. Además, mientras que los simpatizantes del MAS fueron menos proclives a reportar una intención de anular sus votos en nuestra encuesta, la concentración del voto pro-MAS-Morales en la elección de 2014 muestra una correlación positiva con la proporción de votos en blanco en las elecciones judiciales de 2017. Estas tendencias están acordes con los resultados de los datos de las encuestas que analizamos arriba.

Además, al reflejar los resultados de la encuesta, encontramos pruebas de que el electorado que ha sido durante mucho tiempo simpatizante fiel de Morales y del MAS -los votantes indígenas- no resultaron apoyar al partido ni al presidente como antes. Los análisis demuestran que los municipios con mayores concentraciones de votantes indígenas también tuvieron menores proporciones de votos válidos y mayores proporciones de votos en blanco. También hay que recordar los resultados del análisis a nivel individual: la identidad indígena de los encuestados fue un indicador estadísticamente significativo de su voluntad de reportar un voto nulo. Todos los resultados juntos sugieren que el apoyo anterior y repetido de los votantes indígenas al MAS y al presidente Morales no necesariamente se tradujo en un voto válido en las elecciones judiciales de 2017. Al contrario, parece que dichos votantes pueden haber anulado sus votos en lugar de apoyar al candidato en las urnas.²³ En las conclusiones discutimos las implicaciones de la erosión de la base del MAS.

Aunque encontramos algunos efectos mixtos de la posible influencia de información a nivel individual, los resultados son más contundentes en el análisis agregado. Tanto porcentaje de televisión como de internet tuvieron una correlación negativa con la proporción de votos válidos, y positiva con los votos blancos o nulos. En el caso del acceso a internet, parece que un mayor acceso a información ayudó a informar a los electores y tuvo una correlación negativa con la proporción de votos en blanco, aunque una correlación positiva fuerte con la proporción de votos nulos. Además, un mayor acceso a información vía la televisión estuvo asociado con un aumento en la proporción de votos nulos y con una disminución en la proporción de votos válidos. Aunque tanto la televisión como internet hubieran sido fuentes críticas de acceso a la campaña mediática estatal sobre los candidatos judiciales, tenemos pocas pruebas para indicar que esto se tradujo en mayores proporciones de votos válidos.

Una crónica distinta sobre el poder

La ratificación de la Constitución boliviana de 2009 significó una reconstitución del Estado Plurinacional Boliviano, uno que sería más equitativo, más incluyente, que incorporaría más formalmente a la mayoría indígena tanto tiempo desdeñada, más abiertamente progresista en lo económico que antes (^{Van Cott, 2000}; ^{Gargarella, 2011}; ^{Wolff, 2016}). En su reorganización del sistema político boliviano, los miembros de la Asamblea Constituyente vislumbraron un sistema nacional de cortes que cosechara los beneficios de la elección directa de los magistrados. La conexión electoral, argumentaban los constitucionalistas prominentes, conferiría a las cortes la legitimidad requerida para asegurar la efectividad institucional, y le otorgaría "al pueblo" una participación significativa en el sistema nacional judicial que durante mucho tiempo había sido ajeno a la vasta mayoría de los bolivianos. Con esta legitimidad, las cortes serían más poderosas, menos corruptas, más independientes y más eficaces que las cortes nacionales anteriores.

En realidad, esta reforma se quedó corta, pues hay poca evidencia para sugerir que la legitimidad vía la conexión electoral corresponda a mayor independencia judicial, ya sea en teoría o en la práctica. En Estados Unidos, la introducción de elecciones judiciales estuvo asociada con judicaturas cada vez más empoderadas que estaban dispuestas a vigilar que otras ramas del gobierno no traspasaran los límites constitucionales (^{Shugerman, 2010}, ²⁰¹²; ^{Nelson, 2014}; ^{Crabtree y Nelson, en prensa}). En Bolivia, aunque la contienda inaugural sí resultó en la judicatura nacional más diversa de la historia del país, el papel tan grande del gobierno demostró tener un impacto polarizador en la evaluación del público boliviano sobre las cortes nacionales (^{Driscoll y Nelson, 2015}). Los jueces y magistrados nacionales bolivianos que se han empeñado en fallar contra el gobierno, se han enfrentado a impugnaciones y juicios penales que, aunque dentro de los límites de la Constitución, se basan en motivaciones políticas y fundamentos legales dudosos.²⁴ Con esta peligrosa realidad en mente, quizá no sorprenda que varios magistrados y jueces hayan resultado ser sirvientes dóciles del gobierno en turno, lo que liberó el camino para la reelección del presidente Morales tanto en 2013 como en 2017. Hemos afirmado y descrito las formas en las que se desarrollaron las segundas elecciones judiciales de formas muy similares a las de 2011. Se caracterizaron por un proceso de preselección de candidatos dominado por el MAS, y el indicador más fuerte de las elecciones de 2017 fue la ubicación de los candidatos en la boleta. Desafortunadamente, en un fuerte alejamiento de los resultados de las elecciones de 2011, las reformas electorales resultaron en un notorio declive de la representatividad descriptiva de las cortes nacionales bolivianas. Aunque las elecciones de 2011 hayan resultado en un aumento drástico de la representación de juristas indígenas y mujeres, tales avances se han revertido.

Esto no es para condenar el proceso como un flujo fallido en sí mismo, sino más bien para ilustrar un ejemplo de retos y contradicciones endémicas de un experimento de alto perfil en el "nuevo" constitucionalismo latinoamericano (Uprimny, 2011; ^{Gargarella, 2011}, ²⁰¹⁶). Para ser claros, no hay nada intrínsecamente incorrecto con la elección directa de jueces nacionales, ni nada de esto es culpa de los electores bolivianos que fielmente acudieron a las urnas para participar en la forma que consideraran apropiada. El proceso de selección de candidatos tan centralizado y la disposición del liderazgo del MAS de politizar abiertamente las cortes, en contraste, nos lleva a creer que la situación sería a grandes rasgos la misma, incluso aunque los procedimientos para seleccionar jueces fueran distintos.

En una escala mayor, el ascenso del voto nulo y la anulación deliberada de votos por parte de 50.8 por ciento de los electores bolivianos, representa la tercera vez en el pasado reciente en que los electores bolivianos han rechazado formalmente un proyecto patrocinado por el MAS en las urnas. Las primeras elecciones judiciales presentaron una absoluta mayoría de votos en blanco y nulos (^{Driscoll y Nelson, 2014}), mientras que las segundas elecciones judiciales expandieron ese margen a más de 65 por ciento . Esos resultados, interpretados junto con el resultado del referéndum constitucional de 2016 (^{Driscoll, 2017}), muestran que, a pesar del control total de las instituciones estatales bolivianas, la hegemonía electoral del MAS no es impermeable. Ciertamente, éstos son tres ejemplos separados donde una mayoría de electores bolivianos, incluidos algunos que han sido tradicionalmente simpatizantes del MAS, dejaron clara su insatisfacción con el statu quo político.

Seremos cautelosos sobre nuestra interpretación del voto del "No" de 2016 y de los votos nulos, para no presentarlos como un presagio definitivo. Hacerlo sería exagerar la fuerza y la coherencia de la oposición política, y subestimar el potencial político del presidente Morales y del MAS. Ciertamente, varios hechos pesan mucho a favor del presidente Morales para las futuras contiendas electorales. Primero, a pesar de la mayoría absoluta de electores bolivianos que votaron en contra de la reelección presidencial en 2016 y que anularon el voto en la elección judicial, la oposición boliviana sigue estando fragmentada y débil en términos organizativos. Aunque haya unidad en torno a la oposición al presidente Morales, está dividida en muchos otros frentes, lo que ha evitado que se articule una alternativa política coherente que resuene en una mayoría de electores bolivianos. Además, entre 35 y 40 por ciento del electorado boliviano ha votado por partidos de oposición en el pasado reciente,²⁵ pero este bloque ha dividido consistentemente sus votos entre varios candidatos, cuyas organizaciones muchas veces son maquinarias personalistas más que movimientos políticos vibrantes o partidos de bases. Entre los líderes de la oposición, hay pocos candidatos focales como opositores viables al presidente Morales, algunos tienen bases de apoyo político geográficamente concentradas, mientras que los que tienen reputaciones nacionales cargan un bagaje político en contra que el presidente Morales y el MAS ya explotaron para beneficio electoral.

A esta falta de alternativa coherente y a la falta de coordinación entre los líderes de la oposición, las reglas electorales que rigen la elección presidencial dan la ventaja al presidente Morales. Aunque haya ganado elecciones nacionales recientes con más de 60 por ciento del voto,²⁶ la Constitución boliviana sólo exige que un candidato gane o 40 por ciento de los votos con un margen de 10 puntos, o una mayoría absoluta, para evitar una segunda ronda electoral. Esto implica que la oposición no sólo debe coordinarse en torno a un candidato, sino que los líderes de la oposición deben resistir cualquier tentación de entrar en competencia entre sí, lo que desviaría los votos de una alternativa focal y dividiría el voto de oposición. Si la miríada de líderes de oposición -cada uno con sus propias ambiciones y razones para autopromoverse- puede comprometerse creíblemente a evitar que el candidato Morales gane en la primera ronda, sigue siendo la batalla cuesta arriba de la cual depende su futuro colectivo.

En diez años, una abrumadora proporción de votos en blanco y nulos en las elecciones judiciales de 2017, junto con el voto del "No" al referéndum constitucional serán citados como el inicio de una nueva página de la democracia boliviana, o como un efímero incidente de descontento de los electores dentro del dominio hegemónico del presidente Morales y del MAS. Está por verse si esta apertura y oportunidad política se convierte en coyuntura crítica y no en una página olvidada en los anales de la historia de la democracia boliviana.