La tesis de la acción gubernamental

La primera tesis explicativa sobre el origen y agravamiento de la violencia en México podría definirse como la tesis de la acción gubernamental, ya que alrededor de ella convergen aquellos autores que, en términos generales, sostienen que las acciones que el gobierno federal implementó a partir de 2006 fueron el principal factor detrás del aumento de los homicidios en México. En especial, los argumentos que desarrollaron estos autores se centran en dos tipos de acciones: los operativos y las detenciones de líderes de organizaciones criminales.

En un principio, en la discusión pública, muchos de los comentaristas de medios de comunicación parecían compartir la preocupación de que las acciones emprendidas por el gobierno federal hubieran contribuido a exacerbar la violencia en el país. Fernando ^{Escalante (2009)} atajó dichos cuestionamientos haciendo notar que la tendencia de la tasa de homicidios en México no correspondía al escenario que se sostenía en la discusión pública. Escalante usó los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre homicidios y notó que, si bien en 2006 hubo un aumento de los mismos, la tendencia no se repitió al siguiente año. Para Escalante, en ese momento, la discusión estaba en los bordes de la exageración, aunque reconoció que se necesitaba mejor información estadística.

Sin embargo, en el campo de la demografía se comenzaron a cuestionar los efectos de la política de seguridad sobre la tasa de homicidios en México. Héctor ^{Hernández Bringas y José Narro (2010)}, tras estudiar las tendencias del homicidio en México desde 2000 hasta 2008, argumentaron que en los estudios demográficos en México había consenso alrededor del hecho de que el homicidio iba en franco descenso desde el año 2000. Desde la perspectiva demográfica -insistieron- no había forma de explicar el aumento de los homicidios a partir de 2006 si no se consideraba la política de operativos del gobierno federal. Hernández Bringas y Narro fueron los primeros en afirmar que los operativos del gobierno de Felipe Calderón estaban causando el aumento de la violencia en México.

Posteriormente, Escalante revisó su posición en dos artículos publicados en la revista Nexos, en los que reconoció que los homicidios estaban aumentando en ciertas partes del país, mismas que denominó como territorios violentos (^{Escalante, 2009a}). Poco después, en un ensayo publicado también en Nexos, vinculaba la implementación de los operativos del gobierno federal con el aumento de los homicidios en México (^{Escalante, 2011}). Aunque en un inicio José ^{Merino (2011a)} negó que el aumento en la violencia se debía a los enfrentamientos entre organizaciones criminales y autoridades, al final coincidió con Hernández Bringas, Narro y Escalante en que, efectivamente, los operativos del gobierno federal habían provocado un aumento de la violencia en diversas regiones del país (^{Merino, 2011}).

Esta controversia se debió, en parte, a la utilización de la base de datos que proveía el Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre “personas fallecidas en enfrentamientos con el crimen organizado”. Esta base de datos fue severamente cuestionada, no sólo porque tenía una discordancia con los datos de homicidios del INEGI o el Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais), también porque criminalizaba a las víctimas de dichos homicidios sin investigación judicial (^{Hope, 2012}).

Cuatro estudios estadísticos posteriores confirmaron que los operativos causaban un aumento de los homicidios. Mario Morales ^{Gómez (2012)} ajustó el estudio de Merino y replicó sus resultados con nueva información del Sinais relativa a homicidios cometidos con arma de fuego; nuevamente encontró una clara relación entre los operativos y los homicidios. Javier ^{Osorio (2015)} obtuvo el mismo resultado usando métodos estadísticos de carácter espacial. ^{Espinal y Larralde (2015)}, coincidiendo con Osorio, sostuvieron que el incremento de la violencia en México tuvo como epicentro el municipio de Uruapan, Michoacán. Sin embargo, Valeria ^{Espinosa y Donald Rubin (2015)} agregaron un matiz importante: aunque los operativos sí causaban el aumento de los homicidios en México, en algunas ciudades el efecto era el opuesto, es decir, en ciertos lugares los operativos cumplían con su objetivo de contener la violencia.

En general, para los autores que sostienen esta tesis, hay dos formas en las que los operativos han propiciado un aumento de la violencia. En algunos casos, ante la mayor presencia del ejército y la policía federal, las organizaciones criminales reaccionan contra el gobierno federal y los gobiernos locales, ejecutando a miembros de esas corporaciones. Por otro lado, los operativos y el aumento de la precisión estatal afectaron el equilibrio y la confianza dentro de las organizaciones criminales, así como entre unas y otras, en algunos casos, al grado de obligar a las organizaciones criminales a desplazarse territorialmente, lo cual devenía en conflictos o enfrentamientos entre grupos criminales por el control del espacio.

Para muchos autores, las detenciones de líderes de organizaciones criminales también habían incidido en la dinámica y en los umbrales de violencia. Más allá del probable impacto de los operativos, algunos autores han asociado los aumentos más drásticos en la cantidad de homicidios a la detención y ejecución de los líderes de las organizaciones criminales (^{Hope, 2013}). ^{Eduardo Guerrero (2012)} sostuvo esta tesis después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva a manos de la Secretaría de Marina el 16 de diciembre de 2009. A su vez, Brian ^{Phillips (2015)} sostuvo que los homicidios aumentan en mayor proporción cuando el líder de la organización criminal es ejecutado por las autoridades que cuando es detenido. Asimismo, ^{Dickenson (2014)} afirmó que había un efecto diferenciado del aumento de los homicidios cuando un líder era ejecutado en la entidad de donde es originaria la organización que dirigía y cuando la entidad donde sucedió la ejecución era otra. Igualmente, ^{Calderón y colaboradores (2015)} sostienen que el aumento de homicidios tras la detención de un líder de alguna organización criminal dura, en promedio, seis meses. Por eso, la llamada estrategia kingpin (palabra en inglés con la que se denomina la estrategia de detener líderes de organizaciones criminales para desarticularlas) tuvo como efecto inesperado causar momentos especialmente violentos. Esta estrategia, cabe señalar, fue desarrollada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) en 1992 para atacar a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas (^{Kenney, 2005}).

Otro ejemplo de la difusión de esta estrategia en México y de sus efectos en los niveles de violencia fue la detención de los líderes de la organización de los hermanos Arellano Félix y su posterior aumento en las entidades donde esta organización tenía presencia (^{Jones, 2013}).

La proporción de detenciones realizadas por el gobierno de Calderón superó a sus antecesores. Es decir, aunque en los sexenios anteriores se realizaron detenciones, su uso de manera más recurrente en el segundo gobierno del PAN fue más que evidente.

Según los autores que hemos mencionado, hay dos formas en que la detención o ejecución de un líder de organización criminal afecta el número de homicidios. Por un lado, las organizaciones criminales reaccionan de manera violenta contra el gobierno por el descabezamiento de su organización y, por el otro, la falta de liderazgo en estas organizaciones provoca una violenta reacción que puede llevar a una recomposición interna que dura varios meses hasta que un nuevo líder o líderes tomen las riendas de la organización. El posible efecto secundario del reacomodo interno es que, dependiendo de la estructura de la organización, puede dar pie a dinámicas violentas. Si la organización parte de una junta familiar entonces el reacomodo será entre familiares para decidir al nuevo líder. En cambio, si se trata de una serie de bandas criminales organizadas en una asociación o federación, entonces pueden suceder varias cosas, pero vale la pena subrayar dos: o un nuevo líder las mantiene unificadas o la organización se fragmenta en más organizaciones. El primer caso, por ejemplo, corresponde a La Familia Michoacana y el segundo a los Beltrán Leyva.

La tesis del conflicto criminal

En la segunda tesis, los expertos sostienen que uno de los principales factores detrás del aumento de la violencia en México es el conflicto criminal que ya se encontraba en pleno desarrollo antes del primer operativo del presidente Calderón. Entre los autores hay funcionarios del gobierno e investigadores que buscaron matizar algunos de los argumentos desarrollados por los académicos de la primera tesis.

Entre los funcionarios, Alejandro ^{Poiré (2011)}, entonces vocero del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno federal, argumentó que no habían sido los operativos los causantes del aumento de la violencia en México y que estaba en franco aumento desde el sexenio de Vicente Fox. Para el funcionario panista era claro que las organizaciones criminales se habían vuelto mucho más ambiciosas y, por lo tanto, más proclives a competir violentamente por la captura de rutas y mercados. Más tarde, en un nuevo estudio estadístico, Alejandra ^{Sota, vocera del gobierno federal, y Miguel Messmacher (2012)}, subsecretario de Hacienda, descartaron que los operativos hubieran causado un aumento en el número de homicidios. De igual manera, ^{Poiré y María Teresa Martínez (2011)} objetaron que las detenciones de líderes criminales habían causado un aumento de la violencia y, para demostrar sus hipótesis, los funcionarios utilizaron el caso de la ejecución de Ignacio Coronel Villarreal, líder del cártel de Sinaloa, a manos del Ejército. Sin embargo, la información que utilizaron provenía de la controvertida base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) sobre homicidios realizados en enfrentamientos con el crimen organizado.

^{Franco Vivar (2011)} criticó el estudio de Poiré y Martínez por errores estadísticos evidentes, como la falta de significancia estadística, problemas de autocorrelación de los datos utilizados y falta de variables de control. Joaquín ^{Villalobos (2010)}, ex guerrillero del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador y asesor externo del presidente Calderón, criticó a quienes cuestionaban la estrategia del gobierno federal. Para Villalobos, la prueba de que los operativos no habían causado el aumento de la violencia es que durante el sexenio de Vicente Fox ya se habían realizado y no hubo un aumento de los homicidios. Más aún, ^{Villalobos (2012)} argumentó que la fragmentación de las organizaciones criminales en México precedía al gobierno de Calderón. Sin embargo, Alejandro ^{Hope (2012a)} respondió a Villalobos con la misma crítica que se había hecho a los estudios de Poiré, Martínez, Sota y Messmacher: las tesis de Villalobos descansaban en la base de datos del SNSP.

Aunque los resultados de estos funcionarios fueron rápidamente cuestionados, otros investigadores, apoyados en la información del INEGI, coincidieron en dos puntos: a) en que el aumento de la violencia sí había iniciado antes del sexenio de Calderón y b) en la existencia de un conflicto armado entre las organizaciones criminales ajeno a la intervención estatal. No obstante, estos autores no descartaron que los operativos y la detención de líderes de las organizaciones criminales hayan intensificado la dinámica violenta en México.

^{Eduardo Guerrero (2012a)} y ^{Viridiana Ríos (2013)} reconocieron que, antes de desatarse la guerra de Calderón, ya había un conflicto criminal, acotando que se debía a un cambio en el mercado internacional de drogas. Paralelamente, Carlos ^{Vilalta (2014)} utilizó los datos del INEGI para probar que la violencia sí venía en aumento en ciertas regiones del país desde antes del inicio de la administración de Felipe Calderón. Por su parte, Elena ^{Azaola (2012)} sostuvo que el conflicto criminal databa de administraciones previas. De igual manera, ^{Espinal y Larralde (2015)} afirmaron, por medio de un análisis temporal de redes, que el conflicto violento en México inició en 2006 en Uruapan, antes del comienzo del gobierno de Calderón.

Los autores que se inscriben en lo que he llamado tesis del conflicto criminal comparten una serie de premisas. Entre ellas se sostiene que las organizaciones criminales no son sólo reactivas a la acción gubernamental, sino que también tienen una dinámica propia. De igual modo, coinciden en apuntar que la violencia había aumentado antes del inicio del periodo de Calderón y que dicha administración había reaccionado ante tal aumento. Sin embargo, estas premisas no llegan a negar de manera contundente el hecho de que las acciones del gobierno muy probablemente potenciaron los alcances del conflicto criminal.

La tesis de la descoordinación intergubernamental

En una tercera tesis, aunque los investigadores avalaron la existencia de altos umbrales de violencia criminal o incluso de un conflicto criminal antes de la llegada al poder de Felipe Calderón, también atribuyeron el alza repentina en los niveles de violencia y en la tasa de homicidios a la falta de coordinación intergubernamental entre los ámbitos federal, estatal y municipal. Así, para Viridiana ^{Ríos (2012}, ^2013a), la falta de coordinación intergubernamental daría lugar a un “equilibrio violento” entre la acción gubernamental y la criminal. Aun así, para Ríos era inevitable que el gobierno federal actuara de la manera en que lo hizo. En otros tres estudios ^{Urrusti (2012)}, ^{Velázquez de la Madrid (2011)} y ^{Durante y Gutiérrez (2013)} enfatizaron que la falta de coordinación intergubernamental tiene efectos perniciosos en numerosos municipios de México. Por otro lado, ^{Durán-Martínez (2015)} sostiene que no todos los países con presencia de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas tienen dinámicas tan violentas como la de México, por eso, la autora argumenta que la falta de coordinación intergubernamental tiene un efecto negativo especialmente importante en términos de homicidios con un aparato de seguridad débil y fragmentado como el de México.

En la tesis sobre la descoordinación hay una narrativa que señala la falta de cooperación de los gobiernos locales con el federal como el problema. Sin embargo, Guillermo ^{Trejo y Sandra Ley (2015}, ²⁰¹⁶) tienen una respuesta diferente sobre la descoordinación. Los autores sostienen que los intentos de las organizaciones criminales por capturar los presupuestos locales de las presidencias municipales en México han detonado episodios violentos. Por medio de una base de datos sobre atentados violentos -de amenazas a asesinatos- a presidentes municipales y candidatos, Trejo y Ley pudieron encontrar varios patrones. El primero era que estas amenazas aumentaban en municipios gobernados por partidos de oposición al gobierno federal debido, en parte, a una menor protección por parte de agencias federales de seguridad, contrario a lo que sostuvo Ríos con respecto a la falta de coordinación. El segundo es que los atentados aumentaban en años electorales, lo que fue especialmente claro en Michoacán durante 2011. En último lugar, sostienen que a partir de 2007 los municipios adquirieron relevancia como centros de protección de las organizaciones criminales, como consecuencia del relativo control que ejerció el gobierno federal sobre los gobiernos estatales gracias al despliegue de los operativos conjuntos. El estudio de Trejo y Ley se diferencia de otros previos al considerar elementos comunicacionales y de judicialización en su análisis.

Desde la perspectiva analítica de Trejo y Ley queda en evidencia un mecanismo especial de la ocurrencia de la violencia en ciertas regiones y municipios del país: no es una falta de voluntad política, sino una franca indefensión de los municipios ante los ataques criminales y una desigual distribución de la presencia policial por razones políticas. En cambio, desde la perspectiva de Ríos y Urrusti, el esquema federal y de diversidad política tuvo efectos inesperados en la violencia en México.

La tesis de la debilidad del Estado

La cuarta tesis no surgió, como las anteriores, de una discusión entre académicos sobre el origen de la violencia en México, sino de las condiciones estructurales que permitieron el aumento. En ese sentido, ^{George Grayson (2011)} y ^{George Friedman (2008)} afirmaron que México estaba al borde de ser un Estado fallido tomado por las organizaciones criminales. Para ambos, el Estado mexicano no era capaz de contener tal aumento de la violencia derivada del conflicto criminal. Sin embargo, el mismo ^{Friedman (2010)} reconoció que el gobierno había demostrado, después de unos años, su capacidad para contener el problema.

Los críticos de la tesis del Estado fallido no se hicieron esperar. ^{Morton (2012)} criticó el uso del término por parte de Friedman, Grayson y la prensa estadounidense, haciendo eco de la creciente literatura crítica del uso de este concepto como inoperante, generalizador, sin matices y surgido de los organismos de inteligencia de Estados Unidos que querían investigar si los Estados débiles incubaban la violencia terrorista. También, desde la perspectiva de la violencia en ambientes de tráfico de drogas, ^{Paul Rexton Kan (2011)} considera que es una exageración atribuir a la debilidad del Estado el papel preponderante de la violencia en México.

Por otro lado, ^{Paul Kenny y Mónica Serrano (2012)}, en un análisis crítico de las tesis del Estado fallido como causa de la violencia en México, sostienen que detrás de la intensidad del conflicto se encuentra un colapso del sistema de seguridad. Sin embargo, para ^{Serrano (2012)} la dinámica violenta que aqueja al país no podría explicarse sin considerar las complejas relaciones que se establecieron entre diversos ámbitos del Estado, el mundo del narcotráfico y el crimen organizado a lo largo de décadas.

En esta línea de investigación sobre las relaciones del Estado con el crimen, tanto Wil ^{Pansters (2012)} como ^{Alan Knight (2012)} afirmaron que el gobierno federal interviene en regiones del país en cuanto las instituciones locales son incapaces de controlar el fenómeno criminal. Es decir, estos autores señalan que el conflicto entre las organizaciones criminales no es en modo alguno nuevo y que dicho conflicto obedece, en parte, a la lógica de la competencia criminal; insisten en subrayar que el Estado ha desempeñado un papel importante en la reproducción de la violencia como un conflicto de larga duración. Es, en buena medida, el argumento clásico de ^{Charles Tilly (1985)}, quien afirmaba que el Estado surgió precisamente del conflicto violento, como si fuera una banda criminal compitiendo contra otras.

En ese sentido, ^{Benítez Manaut (2015)} y ^{Garay y Salcedo-Albarán (2012)} han sostenido que la debilidad del Estado ha dado pie a su captura parcial por parte de las organizaciones criminales en los últimos años, por medio del amplio poder corruptor de las organizaciones criminales, devenido de los recursos financieros del narcotráfico. Argumento coincidente con los de Trejo y Ley. Esto, en esencia, también refleja el argumento clásico de ^{Skocpol (1979)} sobre como la debilidad del Estado es una oportunidad para la insurrección violenta.

Sin embargo, hasta la fecha no ha habido estudios empíricos que hagan operativo el concepto de debilidad estatal en el análisis de sus efectos sobre la violencia. En ese sentido, el posible desarrollo de esta perspectiva requeriría algún indicador desagregado en tiempo y espacio para tomar en cuenta sus efectos. Asimismo, dichos estudios deberían considerar que la debilidad de las instituciones locales en México parece ser más una constante que una variable, al menos con respecto al gobierno central.

La tesis de la influencia externa

En la tesis de la influencia externa encontramos a aquellos autores que atribuyen gran parte del crecimiento de la violencia en México a influencias, valga la redundancia, externas. Por un lado, es importante mencionar el conjunto de investigadores que han puesto énfasis en las consecuencias de larga duración de las políticas de control de drogas y en los cambios dentro del mercado internacional de narcóticos. Algunos asociaron el inicio de la escalada violenta en México a eventos clave como la implementación del Plan Colombia, los cambios observados en el mercado del maíz o el fin de la prohibición de la venta de armas de asalto en Estados Unidos.

En cuanto a las políticas de control de drogas y el mercado internacional de estupefacientes, algunos autores argumentan que las organizaciones criminales fueron presionadas por la baja de los precios de la cocaína y las metanfetaminas en el mercado internacional. Esta presión en los precios había sido precedida por un incremento de las capacidades financieras de las organizaciones criminales (^{Bagley, 2012}; ^{Palacios y Serrano, 2010}; ^{Astorga y Shirk, 2010}). Aunque coinciden en que el aumento de la violencia fue propiciado por la disputa entre organizaciones criminales, estos autores reconocen e incluso subrayan el peso de variables exógenas. ^{Kenny y Serrano (2012b)}, por ejemplo, afirman que las políticas de los operativos y la detención de líderes de organizaciones criminales no fueron una innovación de la administración de Calderón, sino que ya eran parte del repertorio de medidas desplegadas por diversos gobiernos en el marco del régimen internacional de prohibición en México.

En ese mismo sentido, ^{Castillo y colaboradores (2014)} sostienen que la contracción del mercado global de la cocaína incidió en la dinámica e intensidad de la violencia en México. En su opinión, la implementación del Plan Colombia en 1999 provocó que aumentaran los homicidios en México en las regiones donde se recibían los estupefacientes de origen colombiano. De esta manera, los efectos de larga duración del plan estadounidense en Colombia obligaron a los gobiernos de Fox y Calderón a reaccionar ante el despunte de la violencia. En la misma tónica, ^{Juan Carlos Garzón y John Bailey (2016)} sostienen que la reducción de la oferta de cocaína en América Latina tiene cuatro efectos, 1) “el efecto balón”, por el cual se desplazan las rutas de las organizaciones criminales a otra ubicación, 2) “el efecto diáspora”, mediante el cual las organizaciones criminales buscan una nueva ubicación segura ante la acción del Estado, 3) “el efecto mariposa”, por el cual una intervención en un territorio lejano puede afectar a otra zona sin conexión clara y 4) “el efecto perforación”, en el cual la necesidad de perseguir a las organizaciones criminales distrae recursos de otras políticas como la prevención del delito.

El impacto del mercado de armas estadounidense en los niveles de violencia en México ha sido otra variante externa objeto de análisis. Por ejemplo, ^{Dube y colaboradores (2013)} notaron que después del levantamiento de la prohibición de la venta de armas de asalto en Estados Unidos, en 2004, hubo un aumento considerable de los homicidios con armas de fuego en los municipios del norte del país. Como estos autores subrayaron, a partir de ese año las organizaciones criminales contaron con mejores armas para realizar sus actividades. Además, su investigación sugiere que el aumento de los homicidios se produjo de manera más acentuada en los municipios gobernados por un partido diferente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y, en otro estudio, ^{Dube, García Ponce y Thom (2014)} encontraron que el sector de drogas en México produce más mariguana cuando hay un decremento de los precios del maíz. Eso quiere decir que las organizaciones criminales aprovechan la reducción de las ganancias legales en la agricultura para convencer a los agricultores de cambiar a cultivos ilegales.

Las tesis que subrayan la dimensión externa no descartan los efectos de la política de seguridad del presidente Calderón, pero sí refuerzan la idea de que el aumento de los homicidios no sólo se debe a los operativos y las detenciones de líderes de organizaciones criminales; nos hacen considerar que no puede estudiarse el crecimiento de la violencia en México sin tener en cuenta los efectos de los mercados de drogas, de armas o incluso del maíz. Además, agregan un factor importante en el análisis de la violencia en México: difícilmente se podría entender la dinámica criminal en México sin considerar que está inserta en las campañas internacionales de control de drogas.

Sin embargo, al igual que con la tesis de la debilidad del Estado, se requiere estudiar en una dimensión mucho más regional los efectos de los cambios de estos mercados en la violencia mexicana. En el caso de ^{Dube, Dube y García Ponce (2013)} queda claro que el efecto en su momento fue más amplio en los municipios del norte del país, pero en los demás estudios habría que hacer esfuerzos mucho más focalizados. Por ejemplo, para el caso del mercado de la cocaína o de los precios del maíz se podrían estudiar ciertas regiones rurales que resienten los efectos, como Michoacán y Guerrero.

La tesis de la guerra criminal

El agravamiento de la violencia en México y las expresiones que ésta ha adquirido en diferentes partes del país ha llevado a algunos expertos a hacer comparaciones con situaciones de guerra o conflicto bélico; a partir de eso han encontrado en la literatura sobre conflictos armados herramientas analíticas de cierta utilidad para dar luz al fenómeno criminal que vive nuestro país.

Un grupo de investigadores, y un ensayista, afirman que México se encuentra en una guerra civil. Así, por ejemplo, ^{Romero, Magaloni y Díaz-Cayeros (2014)} han usado elementos de la literatura de guerras civiles para decir que el gobierno mexicano no sólo compite en el ámbito de la seguridad con las organizaciones criminales, sino que también lo hace en el campo de la opinión pública como si fuera un Estado en guerra.

En ese mismo sentido, ^{Héctor Aguilar Camín (2015)} y ^{Andreas Schedler (2013)} también han apuntado que México vive una guerra civil. Sin embargo, en una obra más reciente, ^{Schedler (2015)} parece matizar su afirmación anterior adscribiéndose a la tesis de Mary Kaldor sobre las nuevas guerras civiles.

Según esta tesis, las nuevas guerras civiles, más que un trasfondo político, tienen motivaciones económicas. Para probar esta noción, ^{Kaldor (2012)} recurre a los sucesos de la guerra en Bosnia a finales del siglo pasado. En esta línea de argumentación, ^{Collier y Hoeffler (2004)} subrayan que, además de los agravios políticos, la codicia económica puede ser una motivación suficiente para un grupo armado. Igualmente, ^{Gutiérrez Sanín (2008)} ha resaltado el peso de la ambición económica en la trayectoria de la violencia en Colombia. Al retomar esta tesis, Schedler concluye que México vive una nueva guerra civil de carácter económico porque en medio de la disputa está el mercado ilegal de drogas y la extorsión en la economía legal.

Más allá de las motivaciones económicas o políticas, muchos autores han resaltado el papel de las oportunidades que se dan para la violencia criminal en ciertos contextos económicos o políticos. Mientras que ^{Serrano (2012)} ha llamado la atención sobre las oportunidades criminales generadas por la prohibición, ^{Boix (2008)} ha destacado el papel que desempeñan las oportunidades asociadas a un sistema de justicia y seguridad colapsado.

El recrudecimiento de la violencia en México ha alcanzado niveles inusitados y el comportamiento de la tasa de homicidios ha llevado a autores como Schedler, Aguilar Camín, Díaz-Cayeros, Magaloni y Romero a aludir al concepto de guerra civil. Sin embargo, no es tan fácil clasificar lo que ocurre en el país como una guerra civil. Sin duda, los más de 121 mil homicidios que se registraron al concluir el sexenio de Felipe Calderón ^{(Guerrero, 2015)} colocan a México como un país en conflicto armado interestatal según la Universidad de Uppsala; igualmente catalogan a México, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, como un país inmerso en un auténtico conflicto armado (^{ICRC, 2008}). No obstante, como recuerdan ^{Kalyvas (2008)}, ^{Sambanis (2004)}, ^{Fearon y Laitin (2001)}, una guerra civil es un conflicto que tiene lugar dentro de los confines de un país, que enfrenta al Estado y a otros agentes armados y, ante todo, es un conflicto de carácter político. En una guerra civil los actores armados buscan tomar control del aparato gubernamental. Como respondiera ^{Kalyvas (2001)} a Kaldor, puede haber intereses económicos que fundamenten la actuación de las guerrillas, pero la motivación es preponderantemente política.

Sin embargo, como apunté antes, varios autores han encontrado en la investigación sobre guerras civiles elementos interesantes para comprender el conflicto que enfrenta al Estado mexicano contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Desde hace tiempo ^{Farer (2000)} y ^{Tokatlian (2010)} habían llamado la atención sobre varios Estados de América Latina que habían adoptado tácticas comunes de una guerra civil contra las organizaciones criminales.

Como ^{Kalyvas (2015)} recuerda, aunque no se pueda concluir que la violencia criminal que impera en México corresponde a una guerra civil, algunas de las herramientas analíticas de la literatura de conflictos bélicos y guerras civiles pueden resultar útiles para analizar las interacciones el Estado y las organizaciones criminales. Éste es, por ejemplo, el caso de las tácticas militares (^{Kalyvas, 2005}). Si bien Kalyvas acepta que puede surgir una guerra cuando el Estado se enfrenta a organizaciones criminales, ésta no es de carácter civil sino una guerra criminal; así, el actor que desafía no es una guerrilla sino una organización dedicada a la economía ilegal. En contraste, en las guerras civiles hay una clara intención por suplantar al gobierno nacional, lo que no es el caso en las guerras criminales.

Apoyados en la literatura de guerras civiles, algunos autores han analizado la dinámica violenta entre las organizaciones criminales y entre éstas y el Estado. Por un lado, Benjamin ^{Lessing (2015)} ha estudiado la dinámica violenta de Brasil, Colombia y México y concluyó que, dependiendo de los actores involucrados y la forma en que se utiliza la violencia, se podía clasificar el conflicto. Si en el conflicto sólo hay actores criminales y una participación intermitente del Estado, entonces hay una guerra criminal (turf war); ése es el caso de Brasil. En cambio, si en el conflicto se involucran tanto el Estado como las organizaciones criminales, entonces hay una guerra criminal contra el Estado (cartel-State war). Lessing sostiene que la violencia en este escenario de conflicto obedece a lógicas de competencia contra el Estado, pero para que esto suceda se requiere que haya un involucramiento claro del gobierno contra las organizaciones criminales, como sucedió en México durante la administración de Felipe Calderón.

Por otro lado, en dos recientes textos se ha explorado, de manera regional, la capacidad explicativa de la literatura de guerras civiles aplicada al crimen organizado. En mi tesis de maestría (^{Zepeda, 2016}), para el caso de Tierra Caliente, se pueden apreciar las motivaciones y oportunidades para la violencia que expone ^{Boix (2008)}. En el documento expongo que, para esa región del país, la tesis del trasfondo socioeconómico puede verse como motivación y los cambios externos, la debilidad estatal y la descoordinación intergubernamental como oportunidades para que se desatara tanto el conflicto criminal como la guerra entre el Estado y las organizaciones criminales. Además, la debilidad del Estado puede reconsiderarse como una precondición necesaria para el surgimiento de la violencia (^{Mann, 2008}; ^{Lange y Bailan, 2008}), aunque no como causa de la misma.

Otra forma de observar el fenómeno de México es desde la perspectiva de las tácticas de guerra. Como destaqué arriba, muchas de las estrategias violentas de las organizaciones y del Estado son similares a las que se despliegan en las guerras civiles entre el Estado y las guerrillas. Los ataques violentos de las guerrillas y los intentos del Estado por fragmentarlas en organizaciones más pequeñas parecen similares al efecto que causó el gobierno federal al enfrentar a ciertas organizaciones criminales (^{Pearlman y Gallager, 2012}; ^{Woldermariam, 2011}; ^{Tamm, 2014}). Esto queda de relieve en la investigación realizada por ^{Pantoja (2016)} sobre la violencia en el estado de Guerrero. Estos estudios, más que buscar explicaciones concretas, investigan los mecanismos causales detrás de las explicaciones.