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Introducción
En numerosos países de América Latina, y en el marco de la llegada al poder institucionalizado de gobiernos que se autodefinen -o que son denominados, tanto por sus defensores como por sus detractores- como “progresistas” o de “izquierda”, los albores del siglo XXI han involucrado una serie de mutaciones que según opinión de algunos especialistas plantean la inauguración de un nuevo “ciclo histórico” (Danani y Beccaria, 2011, p. 106), especialmente en el campo del bienestar y la protección social de la población. Uno que, como todos, se erige y justifica a partir de la confrontación -de las distancias o quiebres- respecto a su antecesor, en este caso el neoliberalismo. Las transformaciones involucradas no se han circunscrito al plano discursivo, han tenido efectos a nivel político-institucional con consecuencias para la vida de la gente. La región en este milenio ha experimentado cambios profundos en sus políticas sociales y su concepción de ciudadanía social en un contexto de fin de la modernización conservadora (Filgueira, 2013). En este sentido, el giro que se ha producido en Latinoamérica, en opinión de varios autores, ha puesto “de manifiesto la necesidad de reconsiderar las formas de conducción política, en particular las relacionadas con el tratamiento de los costos sociales vinculados a la puesta en práctica del nuevo modelo de desarrollo” (Midaglia y Antía, 2007, p. 131-132).
Sin embargo, no siempre se logra otorgar una inteligibilidad superadora a tales mutaciones. En el caso que nos ocupa, una que pueda “sacarle ventaja” a los análisis de política social que han dominado el campo. Para dar ese salto cualitativo se requieren teorías, conceptos y categorías que echen nueva luz sobre ese maremágnum de acciones y efectos y permitan hacerle renovadas preguntas a tal recorte de la realidad. Por ello interesa trabajar en torno a la noción de régimen de bienestar (Esping Andersen, 1993; 2000) que permitió trascender tanto los clásicos estudios de los Estados de bienestar como más recientemente los análisis técnicos y focalizados de política social y pobreza. Como recuerda Valencia (2010, p. 65), en América Latina “han dominado más los estudios sobre políticas sociales y la creación de instituciones sociales, y […] el estudio de las políticas públicas frente a la pobreza”. La idea de régimen de bienestar posibilita construir una mirada integral de las intervenciones sociales más allá de la fragmentación de los sectores de política (educativa, sanitaria, seguridad social, etc.); exceder la mera aproximación cuantitativista del monto de dinero que se gasta, de las coberturas o de la cantidad de prestaciones que se brindan; considerar no solamente la esfera público-estatal como productora de bienestar y cuidados sino también tener en cuenta otros ámbitos de provisión como el mercado, la familia y la comunidad y, fundamentalmente, no perder de vista que el objetivo investigativo último es dar cuenta del modelo de sociedad que se edifica con tales intervenciones y sus efectos.
La importancia de esta aproximación radica no sólo en generar aportes para la construcción de un objeto de estudio diferente al que vislumbran los estudios mayoritarios ligados al mainstream de la política social o los estudios sobre pobreza, sino al hecho de que los pocos trabajos sobre América Latina que han utilizado el andamiaje teórico-conceptual propuesto se han detenido en gran parte en la etapa neoliberal o en sus antecedentes, y no han avanzado en lo acontecido a partir de sus intentos de impugnación y desarme. El hecho de que en América Latina históricamente los regímenes de bienestar no tuvieron presencia central del Estado justifica de manera contundente que ahora se realicen nuevas investigaciones y propuestas de marcos teóricos, conceptuales y metodológicos que den cuenta de un escenario donde esa presencia estatal se redefine cuantitativa y cualitativamente, con todas las consecuencias que eso acarrea para la provisión de servicios, prestaciones y bienes de bienestar y cuidado.
Es objetivo del presente artículo realizar un análisis de las apropiaciones que se han llevado a cabo en América Latina en torno a los textos seminales sobre regímenes de bienestar (pensados para los países desarrollados) y la crítica feminista a tales aportes. Fruto de este trabajo, se procede a discutir cómo podrían ampliarse las perspectivas de análisis con la finalidad de comprender el bienestar en el periodo de poshegemonía neoliberal en el continente latinoamericano, y observar cómo éstas se configuran en un momento de fuertes transformaciones estatales sin hacer tabula rasa respecto al pasado próximo.
El estudio de los regímenes de bienestar en Europa
Los análisis sobre regímenes de bienestar se desarrollaron y aplicaron para pensar y analizar los países desarrollados y fundamentalmente se basaron en las perspectivas de la economía política, el neomarxismo y la sociología comparada. Aquí debe citarse el trabajo seminal de Gøsta Esping-Andersen The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990, publicado en castellano en 1993). Su principal objetivo fue complejizar la mirada que hasta ese momento se tenía sobre los Estados del bienestar. De acuerdo con Esping- Andersen al menos existían tres enfoques en los estudios anteriores.
El primer enfoque asumía que el nivel de gasto social reflejaba ajustadamente el compromiso del Estado con el sistema de bienestar. Sin embargo, tales erogaciones resultaban epifenómenos respecto a la “sustantividad teórica de los Estados del bienestar” (Esping-Andersen, 1993, p. 39), es decir no puede asumirse que todo gasto social debe considerarse por igual. Así, sería lo mismo gastar en subsidios para mantener privilegios de funcionarios públicos, gastar en asistencia social con comprobación previa de condiciones de vida para determinar el derecho a recibirla, o invertir en protección fiscal en forma de desgravaciones para planes privados de pensión que beneficiarían a las clases medias y medias-altas. Otro enfoque distinguía entre Estados del bienestar “residuales e institucionales” (Titmuss, 1958). En el primer caso el Estado asume responsabilidades en los casos en que “falla” la familia o el mercado y limita su intervención a grupos marginados y excluidos, especialmente “merecedores”; en el segundo, se trata de un Estado proactivo que está comprometido con las demandas y necesidades de bienestar de todos los estratos de la población, en este sentido es universal, e incluye un pacto institucional de protección social. De esta manera, este segundo abordaje traslada el foco de la simple “caja negra de los gastos al contenido de los Estado del bienestar” (Esping-Andersen, 1993, p. 40), aunque aún de una manera excesivamente dicotómica.
El tercer abordaje buscaba capturar los criterios con los cuales se juzgan a los tipos de Estados del bienestar, comparando los Estados reales con un modelo abstracto y clasificando sus programas concretos. Pero éste es ahistórico y no aprehende “los ideales o los proyectos de Estado que los actores históricos pretendían realizar en sus esfuerzos por lograr el Estado del bienestar” (Esping-Andersen, 1993, p. 40). Desde aquí el autor danés plantea que si se toma como punto de partida que la ciudadanía social constituye la idea central de la formación estatal del bienestar, ésta debe implicar “concesión de derechos sociales”. Si entonces se le da a los derechos sociales una condición legal y práctica similar a los derechos de propiedad, y si se conceden con base en la condición de ciudadanía (con lo que esto implica en términos de igualdad y universalidad) y no del comportamiento real de los individuos (en el mercado) supondrá necesariamente la desmercantilización de los ciudadanos respecto al mercado y un estatus que como ciudadano disputará o incluso sustituirá su posición de clase social (Esping-Andersen, 1993, p. 41). En este sentido, para el autor la desmercantilización “se produce cuando se presta un servicio como un asunto de derechos y cuando una persona puede ganarse la vida sin depender del mercado” (Esping- Andersen, 1993, p. 41), es decir, cuando se sustraen la efectivización de derechos sociales y la subsistencia de la esfera mercantil.1
La dimensión de ciudadanía social es complementada por el entrelazamiento de las actividades del Estado en aquellas del mercado (y, como veremos, en análisis posteriores se añaden la familia y la comunidad). Es decir, con los restantes espacios y agentes proveedores de bienestar. Desde este lugar el autor danés puede dar el salto conceptual hacia la idea de régimen de bienestar. Si se trata precisamente de buscar las variaciones en los derechos sociales y en la estratificación del bienestar, se llega a que esto se debe a ordenamientos cualitativamente diferentes entre Estado y mercado (y posteriormente familia y comunidad); es decir, suponen principios diferentes de comprensión y gestión de los riesgos sociales. Asimismo, hablar de “régimen” denota el hecho de que, en la relación entre las mencionadas esferas de provisión del bienestar y el cuidado, están “entremezclados sistemáticamente un complejo de rasgos legales y organizativos” (Esping- Andersen, 1993, p. 18) que sustantivizan y hacen efectivo el mencionado vínculo público y privado.
Las críticas por la infravaloración de la esfera familiar
Desde este aporte se generaron una multiplicidad de investigaciones que intentaron hacer esfuerzos más explícitos y sistemáticos para capturar la interrelación de las medidas públicas y privadas. Sin embargo, en la mayoría, incluido el trabajo de Esping-Andersen de 1993, prácticamente está ausente el papel de la familia. Esto quedó evidenciado por el propio autor, quien en su obra posterior, Social Foundations of Postindustrial Economies (1999, publicado en castellano en 2000), afirma que: “se puede definir un régimen del bienestar como la forma conjunta e interdependiente en que se produce y distribuye el bienestar por parte del Estado, el mercado y la familia. En la perspectiva de la economía política comparativa, sin embargo, esta última tiende a desaparecer. La economía política tiene que hacerse más sociológica” (Esping-Andersen, 2000, p. 52-53). De hecho sostiene que esta nueva contribución busca entre otras cuestiones responder a dos importantes interrogantes que surgieron de su trabajo precedente: el primero acerca de la clasificación de los regímenes de bienestar y el segundo sobre la falta de reconocimiento “de las diferencias de sexo y, de manera más general, con mi análisis de la familia, gravemente deficiente. Esta crítica será objeto de bastante más atención, debido, ante todo, a que resulta urgentemente necesario recordar que el núcleo familiar es un componente fundamental de cualquier régimen de bienestar” (Esping-Andersen, 2000, p. 22-23).
Esta autocrítica surge en parte del impulso de la investigación conducida por corrientes feministas en la década de 1990 que cuestionaban lo que denominaban una visión masculina “dominante” del bienestar (Orloff, 1993, 1996; Sainsbury, 1996, 1999; Skocpol, 1992; entre otros).2 Dicha crítica se concentraba en buena medida en el concepto de desmercantilización: los individuos están mercantilizados y su bienestar depende de los grados en que dicha mercantilización resulta relativizada. El problema, según estas autoras, es que esto puede describir la relación entre los Estados del bienestar y el trabajador masculino con alta dedicación al trabajo del periodo keynesiano-fordista de los “treinta gloriosos”, pero no es extrapolable a las mujeres cuando su papel económico en la mayoría de los casos no está mercantilizado en su totalidad. “La desmercantilización, como una dimensión de los regímenes de política pública, debe ser entendida en el contexto de las relaciones de género y también debe complementarse con una nueva dimensión analítica: la medida en que los Estados garantizan a las mujeres el acceso al empleo y los servicios que les permitan a su vez equilibrar el trabajo en el hogar y las responsabilidades del trabajo remunerado, así como los mecanismos e instituciones que implementan estas garantías” (Orloff, 1993, p. 317, traducción propia).
Para las voces feministas, los análisis de los power resources (como los de Esping-Andersen o Korpi, 1985) han prestado más atención a la “división del trabajo” entre Estados y mercados en la provisión de bienestar que a las relaciones entre Estados, mercados y familias. De hecho, la distinción entre lo público y lo privado se considera una distinción entre la política y el mercado y las familias son ignoradas en tanto se las concibe como proveedoras “privadas” de bienes y servicios de bienestar. Incluso, la prestación de asistencia social sólo “cuenta” cuando se produce a través del Estado o el mercado, mientras que el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar se ignora (Orloff, 1993, p. 312). Esping-Andersen (2000, p. 53) asumía la crítica y reconocía que: “en todas partes el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres sigue constituyendo una importante -y, en algunos países, predominante- fuente de bienestar; que la familia nunca ha dejado de ser productora. De hecho, el sesgo del Estado de bienestar de la posguerra a favor del varón como fuente de ingresos se pudo mantener gracias al servicio social que prestaban las propias familias”.
La idea de la premercantilización alude a que el bienestar se deriva del hecho de estar inmerso en el mundo de la familia, por ello, para una gran cantidad de mujeres, el problema no es la dependencia hacia el mercado sino hacia la familia, o en otras palabras “la independencia femenina necesita ‘desfamiliarizar’ las obligaciones relativas al bienestar” (Esping-Andersen, 2000, p. 65). De esta manera, el cuestionamiento feminista ha obligado a modificar los conceptos medulares que hasta ahora se habían trabajado en torno al análisis de los regímenes de bienestar. La incorporación que realiza Esping-Andersen, en la revisión de su trabajo original, de las nociones de “familiarismo” y “desfamiliarización” va en esta línea. Ahora bien, es importante indicar, como aclara Esping-Andersen, que la desfamiliarización no tiene un contenido o connotación “antifamiliar”. Más bien alude a las modalidades en que se relativizan o reducen las responsabilidades ligadas al bienestar y los cuidados de la unidad familiar, sea esto porque las provee el Estado de bienestar o porque las provee el mercado o la comunidad. Un esquema familiarista, que no supone “‘pro familia’, es aquel en el que la política pública presupone -en realidad exige- que las unidades familiares carguen con la responsabilidad principal de sus miembros” (Esping- Andersen, 2000, p. 74). De esta manera, “la desfamiliarización indicaría, en primer lugar, el grado en que la política social (o, quizás, los mercados) hace a la mujer autónoma para poder mercantilizarse, o para establecer núcleos familiares independientes” (Esping-Andersen, 2000, p. 74).
Dicha crítica motivó también un giro en los trabajo de investigación de Korpi (2000, 2010) combinando un análisis de patrones de inequidad de género y clase para la elaboración de una nueva tipología de Estados de bienestar. Korpi (2000, p. 134) observa las inequidades de género a través de los niveles de “agencia de género” en tres arenas: la política democrática, el sistema educativo y la fuerza laboral. Desde ahí plantea que se “pueden distinguir tres amplios modelos típicos ideales de instituciones del Estado de bienestar en clave de género, éstos son los modelos de apoyo general a la familia, apoyo a proveedores duales, y políticas orientadas al mercado” (Korpi, 2000, p. 144, traducción propia). Con esta tipología estudia 18 países desarrollados donde también observa la influencia de instituciones como la Iglesia y los partidos políticos en la política social y en las previsiones públicas.
Con posterioridad a estos trabajos algunos autores apuntan la necesidad de introducir otra esfera: la comunidad o sociedad civil (Adelantado, Noguera y Rambla, 2000; Gallego, Gomà y Subirats, 2003). Aunque se encuentra citada en diversos estudios, existen pocos trabajos empíricos que la contemplen. Cabe decir que considerar la esfera comunitaria puede ser útil para introducir la variable “etnia” en los trabajos sobre bienestar, indispensable en muchos países de América Latina.
La introducción del debate sobre regímenes de bienestar en América Latina
Hasta aquí un breve recuento de la evolución del análisis del régimen de bienestar con un eje en los países europeos centrales y otros del mundo desarrollado. Con posterioridad se ha buscado ampliar el análisis a otros lares del planeta, focalizando en los países mediterráneos (Castles, 1995; Ferrara, 1996; Moreno, 2000) o bien en Asia, África y América Latina (Gough y Wood, 2004; Valencia, 2010). Según Sánchez de Dios (2015) algunos han caracterizado estos últimos como “Estados del bienestar del Tercer Mundo” (Kurtz, 2002), “Estados de bienestar emergentes” (Gough y Wood, 2004) o “Estados de bienestar en desarrollo” (Riesco, 2009).
Primeras clasificaciones de Estado social e introducción del concepto de régimen de bienestar
En la región latinoamericana en la década de 1980 encontramos los primeros esfuerzos por clasificar los modelos de Estados sociales, y de aplicar posteriormente, una década más tarde, el concepto de régimen de bienestar. Ahora bien, cabe dejar apuntado que algunos autores defienden la necesidad de no adoptar el término de régimen de bienestar sino otros conceptos (por ejemplo, Huber y Stephens [2005] optan por el término “regímenes de política social” y Aponte [2012] por el de “Estado social”).
Mesa Lago elaboró a mitad de la década de 1980 una de las primeras clasificaciones de países en América Latina. En aquellos trabajos utilizó el momento de introducción de los programas de seguro social de pensiones y enfermedad-maternidad, y el nivel de desarrollo que consiguieron éstos (tomando en consideración once indicadores). En Mesa Lago (2005, pp. 14-15) se sintetizan aquellos primeros hallazgos, dibujando tres grupos: pionero-alto, intermedio y tardío-bajo. Los países del primer grupo (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Uruguay) fueron los primeros en instaurar sistemas de seguridad social en las décadas de 1920 y 1930, con mayor cobertura y desarrollo, aunque con problemas de “estratificación, altos costos, déficit creciente y desequilibrio financiero y actuarial”. Los países del segundo grupo (Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela) llevaron a cabo la introducción de programas de este tipo en las décadas de 1940 y 1950 a partir del impulso dado por el Informe Beveridge y los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consiguiendo una cobertura y desarrollo medio, con un costo menor pero mejor situación financiera. Los países que forman parte del tercer grupo (El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana) desarrollaron los programas en las décadas de 1960 y 1970, con sistemas más unificados y con menos problemas financieros, pero con menor cobertura y desarrollo.
Fue Filgueira (1998) uno de los pioneros en aplicar las contribuciones de Titmuss (1958), Korpi (1983) y Esping-Andersen (1993, 2000) a la realidad latinoamericana aunque actualizándolas con perspectivas locales. Su estudio se concentró también en la “época dorada”, es decir, el periodo que va aproximadamente desde 1930 hasta mediados de la década de 1970 y que coincidió, en el plano económico, con la vigencia del esquema de industrialización por sustitución de importaciones. En su investigación identificó tres patrones según su grado de protección, rango de beneficios, condiciones de acceso, estratificación de servicios y reproducción o alteración de la pauta de estratificación social inicial. Así, estableció como países de “universalismo estratificado” a Uruguay, Argentina y Chile con políticas de bienestar amplias pero segmentadas según la inserción ocupacional; países “duales” en los que se combinan universalismo estratificado en sectores urbanos y exclusión en sectores rurales, tales como Brasil y México y, finalmente, países con esquemas “excluyentes”, con Estados reducidos y casi nula asignación de recursos donde estarían República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.
Desde tal contribución se aseguraba la aplicabilidad de la noción de régimen de bienestar (de manera parcial, y aunque no utilizara este concepto) a realidades latinoamericanas y su comparación entendiendo la advertencia metodológica realizada por el propio Esping-Andersen acerca de la necesidad de construir “clasificaciones tipológicas y no de continuo” (Filgueira, 1998, p. 7). Asimismo, las explicaciones de los diferenciales desarrollos nacionales no se reconocían por no ser de “carácter lineal y evolutivo, sino de tipo pathdependent y estructurales”; es decir, “la naturaleza de los sistema de bienestar en la región encuentra claves explicativas en variables estructurales y secuencias históricas, antes que en puntos de partida temporales singulares y en los grados de madurez correspondientes” (Filgueira, 1998, p. 7). Estas primeras clasificaciones de los sistemas de bienestar que utilizaron un enfoque heterodoxo se basaron fundamentalmente en indicadores de cobertura y gasto, a pesar de la crítica antes referida. Según Filgueira esta decisión no renunciaba a entender los “tipos” de Estado sociales antes que grados de desarrollo de Estados sociales.
A pesar de revelar lo fructífero que resultaba utilizar la literatura sobre regímenes de bienestar, estos estudios exponían algunos vacíos teóricos y empíricos, ya que la unidad de análisis seguía siendo “el Estado antes que el régimen de bienestar” y “el género y la división sexual del trabajo estaban ausentes de los arreglos sociales que dan lugar a los regímenes de bienestar” (Martínez, 2008, p. 13); así como tampoco se ponía excesivo énfasis en la informalidad de los mercados de trabajo y la fragilidad del Estado. Esto resultaba un contrasentido teniendo en cuenta que en su mayoría se trataba de regímenes de bienestar no estatales (Martínez y Voorend, 2009, p. 5), carácter que se profundizó con la introducción de las reformas que siguieron al Consenso de Washington. Así pues, según estos autores, si bien la noción de régimen de bienestar fue inicialmente pensada para dar cuenta de las variedades del capitalismo en el mundo desarrollado y se trataba de sociedades en las que el Estado tenía una importante presencia, la adaptación para dar cuenta de los países de la región latinoamericana debía capturar que ahí los Estados y las políticas distributivas resultan frágiles y menos extendidas y, por ende, en general se trata de regímenes de bienestar en donde el Estado cumple un papel subsidiario. Dicho esto, la presente constatación no supone dejar de analizar al Estado, ya que por acción u omisión participa en las políticas de extracción de recursos para distribuir los, define la regulación de los mercados, en particular el laboral, e interviene por ello en la regulación de las relaciones sociales entre capital y trabajo, entre ciudadanía y Estado y entre hombres y mujeres (Macaulay, 2000, p. 345 citado en Martínez y Voorend, 2009, p. 5).
Regímenes de bienestar en el periodo del Consenso de Washington
Durante la primera década del siglo XXI, aparecen la mayor cantidad de aportaciones (Filgueira y Martínez, 2002; Barrientos, 2004, 2009; Del Valle, 2010; Gough y Wood, 2004; Barba, 2003, 2004, 2005 y 2007; Marcel y Rivera, 2008; Filgueira, 2005, 2013; Martínez 2007, 2008 y 2008a) centradas fundamentalmente en el análisis de la etapa neoliberal.3 Así pues, Filgueira y Martínez (2002) realizan un primer estudio identificando las respuestas de algunos gobiernos ante las crisis económicas de la década de 1980, graduales o radicales, mostrando una suerte de bifurcación entre dos vías, la estatista (Costa Rica y Uruguay) y otra liberal (Argentina y Chile).
Barrientos (2004), se enfoca en la transición hacia el ciclo neoliberal en la región, y argumenta que se ha pasado de unos regímenes de bienestar informal-conservadores a otros informal-liberales a través de un análisis descriptivo de las principales características de “la específica articulación de hogar, mercado y Estado en la producción de bienestar” (Barrientos, 2004, p. 124). La transición de conservador a liberal se produjo por los esquemas de privatización y desfinanciación de los tres componentes básicos de la provisión de bienestar: la seguridad social, la protección laboral y el financiamiento público de salud y educación. La informalidad se refiere a una característica particular de la región: mercados laborales que tienen grados muy variables para integrar formalmente a la población y a través de ésta ofrecer cuidado y protección social. En una obra posterior Barrientos (2009, p. 103) añade una nueva caracterización del régimen liberal informal como hyphenated refiriéndose a la degradación de los trabajadores insertos en el marcado laboral formal y a la emergencia de programas de asistencia social con débiles arreglos institucionales.
La principal fuente de protección en la región han sido sistemas estratificados de seguridad social, asociados al empleo y destinados exclusivamente al empleo formal. El trabajo informal, por su parte, estuvo atado a estrategias familiares y a sus ingresos para hacer frente a riesgos sociales como vejez y enfermedad. Por ello la producción de bienestar previa a las reformas neoliberales se ha caracterizado como corporativo-conservadora en su protección al trabajo asalariado e informal en relación al trabajo noasalariado. Del Valle (2010) sostiene una tesis similar y apunta la necesidad de profundizar en la dimensión productivista presente en los regímenes de bienestar de la región. Este debate se sitúa en el marco de la tipología que hacen Gough y Wood (2004) entre regímenes de Estados de bienestar con economía capitalista y democracia liberal consolidada; los regímenes de seguridad informal, básicamente en América Latina y el este asiático y los regímenes de inseguridad, como en África subsahariana.
Barba (2003) también utiliza el concepto de “régimen de bienestar” para analizar los efectos de las reformas económicas y sociales del contexto neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 en la región, con procesos de ajuste y estabilización económica y la inauguración de una nueva agenda social. En un trabajo posterior, Barba (2005) presenta los conceptos de “paradigmas” y “regímenes” de bienestar. Desde aquí se indica la necesidad de ir más allá del enfoque original de Esping-Andersen y distinguir entre construcciones heurísticas (paradigmas) y reconstrucciones empíricas (regímenes). La importancia de abordar la política social desde una perspectiva de paradigmas de bienestar se encuentra en el reconocimiento, por un lado, de la centralidad del poder en la definición de los problemas a ser resueltos por la política social y los procedimientos para resolverlos y, por otro, que “detrás de cada decisión de política social suele haber teorías implícitas o explícitas, además de supuestos apriorísticos” (Barba, 2005, p. 16). Si el concepto de régimen de bienestar y su definición se refiere a “la forma conjunta en que se produce y distribuye el bienestar por parte del Estado, el mercado y la familia” (Esping-Andersen, 2000, p. 52), los paradigmas hacen referencia a tipos ideales o “marcos estructurales que son puestos en movimiento una y otra vez en el diseño, operación, discusión, conceptualización y crítica de la política social” (Barba, 2005, p. 55).
Se sostiene que en cada régimen, en distintas etapas, diversos paradigmas pueden articularse, yuxtaponerse o incluso entrar en conflicto. Barba construye los paradigmas a partir de un recorrido histórico de las fases de expansión en las formas de intervención social, desde la filantropía privada donde la Iglesia juega un rol esencial hasta la fase de seguridad social y de Estado de bienestar. Los paradigmas ponen atención a tres ejes de la política social: el económico, donde es central el grado de desmercantilización; el político, que revela la operación de la política social sobre los procesos de legitimación, control social y gobernabilidad, y el social, donde se observa el nexo entre demandas sociales y procesamiento institucional (Barba, 2005, p. 29). Estos ejes se traducen a su vez en funciones de la política. Desde estas consideraciones identifica cinco paradigmas de bienestar como tipos ideales weberianos4 al recoger y comparar varias dimensiones para cada función, como el tipo dominante de solidaridad, los conceptos fundamentales que lo definen, sus instituciones centrales, su concepción de pobreza, las clases de regímenes políticos que le dieron origen, y el enfoque económico en el que se funda, entre otros.
Con un enfoque distinto, que cuestiona la relación de doble vía entre régimen de bienestar y cohesión social en la región, y utilizando un análisis de conglomerado basado en los proveedores de bienestar, Marcel y Rivera (2008) identifican cuatro tipos de regímenes de bienestar para América Latina.5 Una de las innovaciones del análisis presentado por los autores es la inclusión del elemento “informalidad” en la constelación de esferas tradicionalmente abordadas: Estado, mercado, empresa y familia. Marcel y Rivera (2008, p. 179) entienden la “informalidad” como proveedor de bienestar en tanto “conjunto de mecanismos de generación de ingresos o consumo al margen de regulaciones y contratos formales”; así, la informalidad pasa de ser una característica regional (Barrientos, 2004) a una esfera de provisión de bienestar.
Martínez recupera no sólo la literatura seminal sobre la temática y la crítica feminista al enfoque continental, sino fudamentalmente sus aplicaciones en la región y realiza un importante esfuerzo comparativo para estudiar las realidades del bienestar en América Latina. A través de un estudio de 18 países de la región en el periodo 1998-2003 establece tres rasgos compartidos: la existencia de mercados laborales ineficientes, políticas públicas débiles y un rol central del ámbito doméstico y del trabajo femenino; dichos rasgos determinan el carácter informal de los regímenes de bienestar en la región (Martínez, 2007, p. 85). La tipología la realiza “según el papel del Estado y el grado de familiarización del manejo de riegos” (Martínez, 2007, p. XI), y en este sentido observa cuatro dimensiones: 1) el grado de mercantilización de la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad del mercado laboral para proveer trabajo remunerado de calidad; entre los indicadores que se utilizan se encuentran las tasas de ocupación y desempleo, si existe o no acceso a trabajo con protección social, y los ingresos obtenidos. 2) El grado de desmercantilización en el sentido de Esping-Andersen; aquí se observa la cobertura de los servicios básicos, el gasto público, los criterios de acceso a la inversión pública, e indicadores de gasto y consumo. 3) El grado de familiarización que refleja la autonomía del bienestar frente a la disponibilidad de trabajo femenino no remunerado (Martínez, 2007, p. 12); indicadores relevantes son, entre otros, la existencia de familias extensas y en ellas de miembros menores de 12 años y mayores de 65, la presencia de cónyuges sin trabajo remunerado, la ausencia de servicio de guarderías y regulaciones estatales como licencia por maternidad y paternidad. 4) Desempeño, es decir, los resultados en las condiciones de vida (Martínez, 2007, p. 11-13).
Con base en un análisis estadístico de conglomerados que utiliza 34 indicadores vinculados a las cuatro dimensiones previamente descritas, la autora identifica tres tipos de regímenes de bienestar: estatal-productivista,6 estatal-proteccionista7 y familiarista.8 En los dos primeros el Estado tiene un papel importante, pero, mientras en el primero “el Estado interviene en aquellas áreas en que el mercado no resuelve o para la cual el intercambio mercantil no es suficiente”, en el segundo “el Estado interviene aun en áreas que podrían ser de predominio del mercado” (Martínez, 2007, p. 24) enfatizando la protección social, sobre todo de quienes tienen trabajo formal. Los regímenes familiaristas en cambio dependen fuertemente de la capacidad de las mujeres, familias y comunidades para mitigar los riesgos sociales debido a un Estado debilitado y políticas públicas casi inexistentes; al tener un Estado débil los niveles de desmercantilización son bajos. Los dos principales aportes del trabajo de Martínez son haber construido una tipología de regímenes de bienestar ajustada a la realidad de América Latina y, dentro de ella, identificar “mundos de bienestar” que dan cuenta de la convivencia de “grados variables de mercantilización, desmercantilización y familiarización” dentro de cada régimen a través de un análisis desagregado por condición económica y por división sexual del trabajo.
Martínez (2005, p. 37), que tiene muy en cuenta que en América Latina los Estados tienen una presencia relativa, y que sus mercados laborales tienen grados variables de capacidad para integrar formal y masivamente a la población y las familias y redes de apoyo cumplen un papel predominante, decide trabajar con indicadores del mercado laboral pero da gran relevancia a las mediciones indirectas.9 Por ejemplo, encuestas de uso del tiempo (Martínez 2005, Martínez y Voorend, 2009), análisis cualitativos de documentación y estudios sobre programas clave (como los de transferencias monetarias condicionadas) e incluso incorpora fuentes primarias como entrevistas y grupos focales10 (Martínez y Voorend, 2009, pp. 110 y 111).
Finalmente, si bien hemos indicado la ausencia de trabajos e investigaciones para entender los regímenes de bienestar en la región luego de la etapa neoliberal, se debe citar un reciente aporte de Filgueira (2013) que ha avanzado en un inicial esfuerzo para entender lo sucedido. Ahí sostiene que la región procesa actualmente un cambio fundamental en sus políticas sociales y su concepción respecto a la ciudadanía social que estaría involucrado en una transformación más amplia (de época) respecto al “fin de la modernización conservadora tal como la concibiera Barrington Moore en su seminal trabajo” (Filgueira, 2013, p. 17). El giro a la izquierda en América Latina, según el autor, debería ser comprendido como “una solución política a la segunda y final crisis de incorporación de una pauta de modernización conservadora, cuyo último proyecto fue el ‘Consenso de Washington’” (Filgueira, 2013, p. 17).
Ahora bien la transformación hacia políticas sociales universales estaría dada, según Filgueira, por la posibilidad de enfrentar al mismo tiempo el corporativismo estrecho y la focalización restringida características de nuestras acciones en el campo del bienestar, así como de la economía política que sustenta a ambas. El esquema de corte contributivo basado en el mercado formal de trabajo, en intervenciones focalizadas ligadas a la necesidad y a la comprobación de medios de vida y de provisión de bienestar para los sectores medios y altos mediante el mercado, debería dar paso a uno que incorpore al menos tres elementos: un fuerte componente no contributivo, un conjunto de prestaciones básicas de corte universal y un pilar adicional de corte contributivo o de mercado para aseguramiento y acceso a servicios y bienes no fundamentales (Filgueira, 2013, pp. 43-44). Si bien no habla estrictamente de regímenes de bienestar ni de las dimensiones asociadas a este denso concepto que se configurarían en este escenario, parecería que de su planteamiento emergen al menos dos tipos: uno de corte corporativo y excluyente y otro de garantía de un universalismo básico.
Apuntes para estudio de los regímenes de bienestar en la América Latina del siglo XXI
Con el triunfo electoral en 1998 de Hugo Chávez en Venezuela se abre un periodo de cambio de hegemonía en América Latina,11 esto es, empieza a agotarse la aceptación de lo estipulado en el Consenso de Washington. Si bien cada experiencia nacional de transformación política despliega sus propias especificidades, buena parte de éstas han asumido -al menos discursivamente- como objetivo desarmar los puntos más cuestionados del paradigma neoliberal y reconquistar para el Estado las funciones clave ligadas al bienestar social y la regulación económica (Ramírez, 2006, p. 33). Tales procesos han buscado revertir (con mayor o menor éxito) las condiciones materiales y simbólicas heredadas de la implementación durante más de dos décadas de políticas de corte neoliberal, las cuales se caracterizaron por promover la liberalización y la desregulación económicas, la flexibilización laboral, la privatización de servicios públicos, la apertura de las cuentas comercial y financiera, la reducción del tamaño del Estado, etc. (Falconí y Muñoz, 2012, p. 77). Estas medidas terminaron provocando, entre otros efectos, el aumento de la desigualdad y la pobreza, una (re)distribución más regresiva del ingreso, así como la reproducción de una estructura productiva ociosa y rentista, enfocada más en los beneficios del comercio exterior de materias primas que en la satisfacción de las necesidades del país.
Los trabajos de Martínez (2007, 2008a), que construyen la más reciente y completa tipología de bienestar en la región, se basan en datos del último periodo del ciclo neoliberal. Deja pues por el momento lagunas para pensar las transiciones que, con sus continuidades, cambios y hasta vacíos, parecen experimentarse en aquellos países que han impugnado las orientaciones normativas y las políticas del modelo laissez faire.12 Tanto en el ámbito político y de producción de política pública como en el ámbito del debate académico se identifican cambios y por eso es necesario adaptar el instrumental analítico a la realidad de este siglo XXI. Así pues, pueden haberse modificado no solamente la configuración de los regímenes de bienestar en los Estados, sino que también se pueden haber recompuesto las clasificaciones establecidas para otros momentos históricos. Por lo tanto, para entender la realidad actual conviene no sólo actualizar datos en las tipologías ya elaboradas sino también repensar los conceptos y herramientas metodológicas.
Los estudios sobre la prestación de bienestar, protección y cuidados en las décadas de 1980 y 1990 introdujeron como novedad los trabajos comparativos que establecieron tipologías (no continuos), así como también la consideración de la existencia de diversas esferas productoras de bienestar (sobre todo la pública y la privada). Ampliando la complejidad, los trabajos realizados a partir del cambio de milenio prestaron atención de manera importante a la esfera familiar, así como a la informalidad del mercado de trabajo, y no sólo desde el discurso sino también desde las aproximaciones empíricas. De esta misma manera, para poder captar las especificidades del nuevo periodo post-Consenso de Washington sería interesante, en la realización de nuevas tipologías, enfatizar tres elementos de análisis: la comunidad como esfera prestadora de servicios y bienes (vinculada a la cual puede estudiarse la variable de etnia), la recuperación (o construcción) de un rol central del Estado y las nuevas agendas de bienestar.
En primer lugar: la comunidad como nueva esfera de estudios de los regímenes de bienestar. Algunos autores ya han apuntado la importancia de la esfera comunitaria, además de la estatal, mercantil y familiar (Adelantado, Noguera y Rambla, 2000; Gallego, Gomà y Subirats, 2003). Ésta abarcaría los servicios, protecciones y cuidados que recaen en la cooperación voluntaria de la ciudadanía, pudiendo tomar como mínimo dos formas distintas: las organizaciones formalizadas del tercer sector (organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones sectoriales, etc.) o las experiencias más informales pero no por eso menos consistentes de auto-organización social. Ambas formas han tenido y siguen teniendo gran importancia en muchos países de América Latina para garantizar ciertos estándares de calidad de vida y sin su consideración se escapa una parte importante de la comprensión de la realidad, así como se establecen bases precarias para la elaboración de políticas públicas exitosas. Además, profundizar en la segunda puede ayudar a comprender mejor los regímenes de bienestar en países con alta población indígena, con sus arreglos comunitarios, importantes en toda la región y que toman particularidades propias entre esos grupos.
En segundo lugar: la centralidad del Estado. En el periodo del Consenso de Washington el Estado dejó de desarrollar funciones sociales y económicas centrales en muchos países de América Latina, y éstas fueron llevadas a cabo, de manera residual y precaria, por organizaciones sociales, organismos internacionales, empresas y familias. La cuestión de la presencia estatal en la garantía de determinadas funciones de bienestar y de gobierno de la economía ha generado una discusión bastante fructífera en la literatura sobre el Estado de bienestar y políticas sociales y conviene recuperarla para el caso del análisis de los regímenes de bienestar en América Latina en un contexto en el que se están revirtiendo de manera generalizada ciertas dinámicas de las décadas pasadas. No es de extrañar que las opciones progresistas que alcanzan diversos gobiernos estatales en este cambio de milenio tengan como uno de los objetivos principales la recuperación del Estado desmontando el legado de apuesta por la disminución de la presencia estatal. Este retorno (o construcción) del Estado está respaldado por la histórica debilidad de la esfera estatal en la región y lo que éste podría garantizar en términos de intereses comunes y compartidos, gratuidad, acceso universal, publicidad (contrario a lo secreto), entre otras características.
En tercer lugar: las nuevas agendas de bienestar. Las necesidades y aspiraciones de bienestar en las sociedades de pleno siglo XXI no son las mis mas que en los “treinta gloriosos” post-Segunda Guerra Mundial. Algunos debates académicos y políticos colocan nuevas cuestiones a ser tratadas. Así pues, algunos hablan de “nuevos riesgos sociales” a los que debería hacerse frente mediante políticas de bienestar y que en palabras de Del Pino y Rubio (2013, p. 45) serían, entre otros, “el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral, la maternidad-paternidad individual, la fragilidad de la tercera edad, la posesión de habilidades obsoletas o escasas y la insuficiente cobertura de la protección social”.13 Ahora bien, cabe decir que no sólo desde los países desarrollados se apuntan nuevas agendas. Es destacable en este sentido la introducción de apuestas por el “Buen Vivir” o el “Vivir Bien” que suponen una impugnación del concepto de desarrollo clásico en países como Ecuador o Bolivia (Minteguiaga y Ubasart, 2015a). Se introduce la preocupación por los derechos de la naturaleza y la crítica al consumismo; la centralidad de los cuidados y de los valores post-materiales y la importancia de la participación ciudadana, la transparencia, el control social y la proximidad en las políticas.
Finalmente, la laicidad aparece de manera latente como una cuestión en la que todavía no se ha profundizado mucho, pero que nadie duda que es un elemento que está causando importantes debates en el campo de las intervenciones estatales y las políticas sociales en el continente latinoamericano. Esto es, cómo compaginar la garantía de conformar en el ámbito de la producción del bienestar y el cuidado “un espacio público abierto a todos, incluso a las Iglesias, pero que está organizado y funciona sin ellas, según reglas que no dependen de ellas” (Poulat, 2012, p. 15); que la cosa pública se constituya en un verdadero ámbito de encuentro entre diferentes, más no desiguales.14
En definitiva, los estudios sobre regímenes de bienestar en América Latina deben tener presentes las características propias de la región a partir de las que se producen las transformaciones actuales: la debilidad de la institucionalidad estatal y la dificultad de producción de política pública de la que parten, el importante peso de la informalidad en el mercado de trabajo, o la relevancia de la esfera familiar y, en algunos casos, la comunitaria, como proveedora de bienestar y cuidados. Además, cabe considerar como operadora en la estructura social en diversos países de la región -aparte de la desigualdad de clase, género y hábitat (rural-urbano)- la variable de la etnia. Es imperativo, pues, construir instrumentales cada vez más complejos que permitan captar con más exactitud la realidad de la prestación del bienestar y cuidados en América Latina.
