nueva página del texto (beta)
Español (pdf)
Artículo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar artículo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
Introducción
Una de las dificultades más importantes en el estudio de los procesos de selección de candidaturas es contar con herramientas que permitan identificar las características centrales del modo en que se llevan a cabo dichos procesos, al mismo tiempo que ayude a comparar diversos procesos realizados por un partido en distintos momentos, por diferentes partidos en una misma elección o por partidos que compiten en diversos niveles del sistema de partidos y emplean, según el tipo de cargo y el tipo de elección, diferentes mecanismos de selección.
La literatura comparada carece de un instrumento que permita medir comparativamente la dimensión más importante de la democracia interna de los partidos políticos, como la selección de las candidaturas que representarán a la organización política, ya sea en clave dicotómica (hubo o no democracia interna) (Serra, 2011; Kemahlioglu et al., 2009; Carey y Polga-Hecimovich, 2006) o, en su caso, de manera continua en relación con que hubiera procesos más o menos democráticos (Rahat y Hazan, 2001; Rahat et al., 2008, Freidenberg, 2009).
La selección de las candidaturas para cargos de representación popular es "una de las funciones centrales de un partido político en una democracia" (Katz, 2001, p. 278; Rahat, 2013, p. 136) y uno de los momentos más conflictivos de una organización (Gallagher, 1988; Michels, 1980), toda vez que esas decisiones suelen ser tomadas por un grupo pequeño que concentra el poder dentro de la organización (Cross, 2013, p. 100). Conseguir una candidatura es un recurso de poder clave cuando para los miembros del partido ganar elecciones se convierte en la meta principal (Epstein, 1980) y el nombramiento como candidato significa la perspectiva de un cargo y del desarrollo de la carrera política (Kirchheimer, 1980, p. 344).
Las características normativas y empíricas son clave para comprender cómo funcionan internamente los partidos, cómo se toman las decisiones (Cross, 2013, p. 100), cómo se distribuyen los incentivos políticos y los recursos de poder (candidaturas, cargos de confianza, puestos de dirección internos, entre otros) (Rahat, 2013, p. 136), cómo se resuelven los conflictos al interior de la organización (Freidenberg, 2009), cómo se satisfacen las expectativas de carrera política de sus miembros, cómo se equilibran los niveles de participación, competitividad e inclusión (Rahat et al., 2008) y cuál es el modo en que los miembros de la agrupación interpretan, respetan o manipulan las reglas de juego (cultura partidista).
La investigación sobre la selección de candidaturas se justifica por diversas razones. Primero, se trata de un proceso que debe realizarse en toda organización, sea cual fuere el nivel de pluralismo, ideología o participación de militantes en los procesos de toma de decisiones. Todo partido político debe resolver quien es su candidato, incluso cuando esa decisión es tomada por un solo líder (Cross, 2013, p. 100). Hasta en las organizaciones más oligárquicas, las élites partidistas deben encontrar un mecanismo que permita resolver este histórico dilema organizativo, dado que tiene consecuencias significativas sobre otras dimensiones del partido y del sistema de partidos (Rahat y Hazan, 2001).
Segundo, porque aun cuando el proceso sea resuelto por un líder o una coalición dominante muy cerrada y con poca circulación de cuadros dentro de la organización, la decisión debe ser legitimada ante la militancia, los otros dirigentes de la organización, la opinión pública y, en algunas ocasiones, incluso ante los organismos electorales con atribuciones sancionatorias sobre la vida interna de los partidos (como ocurre en México o Panamá). Aun cuando existe un proceso cada vez mayor de "presidencialización de la política", incluso en sistemas parlamentarios (Poguntke y Webb, 2005), que supone cada vez menos márgenes para la deliberación de las decisiones y que describe situaciones en las que esas decisiones son tomadas por un único líder (Cross, 2013, p. 100), la selección de las candidaturas es un recurso de poder demasiado importante como para no prestarle atención.
Si bien el estudio de la manera en que los partidos seleccionan a sus candidatos ha sido ampliamente desarrollado respecto a los partidos europeos (Gallagher, 1988; Katz, 2001; Rahat y Hazan, 2001; Rahat, 2013), incluso con la discusión de los niveles de democracia interna de esos procesos (Lundell, 2004; Billie, 2001; Pennings y Hazan, 2001; Rahat et al., 2008; Bruhn, 2010); en las últimas dos décadas comenzó a generarse un creciente interés por el modo en que los partidos latinoamericanos seleccionaban a sus candidatos (Reveles Vázquez, 1996; Langston, 2001, 2006; Freidenberg y Sánchez López, 2002; Freidenberg, 2003, 2007a; Siavelis y Morgenstern, 2008; Freidenberg y Alcántara Sáez, 2009) debido a que un número significativo de partidos reformaron sus prácticas internas con la pretensión de generar mayores niveles de competencia en su interior, encontrar mecanismos que resolvieran conflictos internos o legitimar sus prácticas ante la opinión pública.
Algunos partidos tradicionalmente oligárquicos incorporaron mecanismos más competitivos y participativos en sus estructuras sin que la ley los obligara (como el Partido Revolucionario Institucional o el Partido Acción Nacional en México), mientras otros nuevos partidos se convirtieron en adalides de "hacer política de otra manera" (como el Frente País Solidario en Argentina, el Movimiento al Socialismo en Bolivia o Alianza País en Ecuador), al asociar la selección de candidaturas por convenciones, por negociación o por decisión de las élites con la "mala política tradicional" (Freidenberg, 2016). En algunas oportunidades, mecanismos de selección de candidaturas más competitivos, como las elecciones internas abiertas a la ciudadanía, se hicieron cuando un grupo dirigente mayoritario creía que no iba a poder imponer a sus candidatos en una convención y buscó legitimarse ante la opinión pública (México, Argentina). Entonces, estos dirigentes proponían hacer elecciones, convencidos de su capacidad de movilización de los militantes y de la ciudadanía en los procesos internos, creyendo que podrían controlar los resultados al interior de la organización.
En otros casos (como en el Partido Revolucionario Democrático en Panamá), los procesos se hicieron más competitivos e incluyentes cuando los grupos dirigentes minoritarios creían que no iban a poder negociar (suficientes) espacios en las listas (Taylor-Robinson, 2001). Finalmente, los grupos dirigentes (mayoritarios y minoritarios) se pusieron de acuerdo y negociaron la conformación de las listas y de las candidaturas sin hacer elecciones internas, para maximizar sus opciones internas, pero luego utilizaron los órganos internos para legitimar esas decisiones previas (como en Argentina antes de las paso) (De Luca et al., 2009).
El objetivo de este trabajo es triple. Primero, se discute una serie de dimensiones para estudiar los procesos de selección de candidaturas de los partidos. Segundo, siguiendo y reelaborando la propuesta anterior de Freidenberg (2007a), se analiza el nivel de competitividad, descentralización e inclusión de los procesos para seleccionar candidaturas. A partir de esto, se propone un Índice de Democracia Interna (IDI) que mide, agregando las tres dimensiones, los niveles de democracia de los procesos de selección de candidaturas para cargos uninominales. Tercero, esta propuesta teórico-metodológica se aplica a nueve procesos de selección de candidatos celebrados en los tres principales partidos mexicanos -Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, entre 1999 y 2012, con el fin de mostrar cómo funciona el índice y cómo refleja los diversos niveles de democracia interna de los partidos.
El argumento sostiene que los niveles de democracia de los procesos de selección de candidaturas presidenciales en los principales partidos mexicanos difieren tanto entre los partidos como en el tiempo y que, aplicando el IDI a todos los procesos realizados, el PAN es el partido con mayores niveles de democracia interna en comparación con el resto. El artículo muestra que el Índice de Democracia Interna es una herramienta útil para la medición de estos niveles diacrónica y sincrónicamente y que permite captar las diferencias entre los diversos procesos de selección.
La estructura del texto se desarrolla en tres partes. La primera realiza una propuesta teórica del proceso selección de candidatos que gira en torno a tres dimensiones: competitividad, descentralización e inclusión. La segunda parte operacionaliza la propuesta teórica con una serie de indicadores para la construcción del Índice de Democracia Interna (IDI) que permite medir los niveles de la democracia de dicho proceso. La tercera ofrece el estudio de nueve procesos de selección presidencial en México entre 1999 y 2011 y se aplica el IDI a cuatro de ellos que cumplen con las condiciones mínimas necesarias (más de un candidato en la contienda, nominación por tres o más personas y ausencia de candidatos proscritos) que permiten considerar el proceso como mínimamente democrático.
Dimensiones a analizar en un proceso de selección de candidaturas
Al estudiar la selección de candidatos de manera comparada aparecen bastantes dificultades teóricas y metodológicas, que tienen que ver con la débil y poco clara operacionalización de las variables, los problemas para encontrar datos concretos y los pocos esfuerzos realizados hasta el momento para explicar dichos procesos y sus efectos sobre otras dimensiones de los partidos y del sistema de partidos.1 Aun cuando se han elaborado interesantes propuestas sobre cómo medir diversos aspectos de los procesos de selección de candidaturas,2 pocos trabajos han facilitado herramientas que comparen las diferencias existentes entre los niveles de democracia interna de los procesos de selección de candidaturas desde una estrategia multidimensional, que facilite la comparación de manera diacrónica en un mismo partido o sincrónica entre partidos de un mismo país.3
Este trabajo considera el nivel de democracia interna de la selección de candidaturas como un concepto de tres niveles (Goertz, 2006). En el primero, se encuentra el concepto de selección de candidaturas en términos teóricos. En el segundo nivel se determinan las dimensiones constitutivas (Goertz, 2006, p. 6) o atributos conceptuales (Munck, 2009, pp. 48-50). El tercer nivel corresponde a la operacionalización y a los respectivos indicadores (véase la tercera sección). Aquí se propone que el nivel de democracia interna de los procesos de selección de candidaturas puede observarse a partir de tres dimensiones: a) la competitividad del proceso de selección; b) la descentralización del proceso de nominación del candidato, y c) la inclusión de los actores en la definición de la nominación.
La operacionalización y agregación de esas tres dimensiones sirve para construir un índice que mide el nivel de democracia de un proceso de selección de candidaturas. Como sostiene Rahat (2013, p. 136), es posible pensar las dinámicas internas de los partidos a partir de los criterios que definen la democracia estatal. Se trata de observar en qué medida estos procesos responden a los criterios de valoración de un proceso democrático general entendido en los términos de elecciones libres, justas y competitivas, en las que se respetan los requisitos, como la igualdad en el acceso de los candidatos a los recursos, la información plural, ausencia de fraude, manipulación y coacción o la existencia de una instancia independiente para dirimir los conflictos.
Nivel de competitividad del proceso de selección de candidaturas
La competitividad manifiesta el grado de rivalidad en un proceso de se lección de candidaturas. Éste tendrá altos niveles de competitividad cuando compitan varios candidatos, que tengan posibilidades reales de ganar y cuando exista equidad en el acceso a los recursos. Asimismo, el margen de victoria será reducido, es decir, la diferencia en términos de preferencias y resultados entre los dos más votados será muy pequeña, lo que supone un alto nivel de incertidumbre del proceso. Esta dimensión, que es central para analizar la democracia interna (Rahat, 2013; Freidenberg, 2007), se mide a partir de tres variables:
El número de candidatos que compiten por cada nominación es una manera de conocer si hay competencia en el proceso de selección (Rahat y Hazan, 2001; Lundell, 2004; Rahat, 2013). Se presupone que la presencia de al menos dos candidatos está indicando algún tipo de com petencia. Si bien ésta no es una condición suficiente, sí se presenta como una condición necesaria: para que exista competitividad debe al menos darse algún tipo de competencia (más de un candidato).
El nivel de conflictividad interna da cuenta del tipo de competencia que se produce dentro de una organización. El número y tipo de facciones que compiten, y la densidad organizativa de esas facciones, ayudan a conocer el nivel y tipo de competitividad de la organización. Cuanto más densamente organizadas, jerárquicas y verticales sean las facciones, más cerrada y reñida será la competencia.
El nivel de incertidumbre permite conocer cuán reñido es un proceso de selección de candidatos y puede ser observado tanto a través del potencial electoral de los candidatos como por el margen de victoria existente entre ellos.4 Si bien un número elevado de candidatos no garantiza la existencia de competencia ni un alto nivel de competitividad, el peso que tengan los candidatos en cada proceso en cuanto a sus posibilidades reales de ganar una nominación presupone un mayor nivel de competitividad. Así, importa tanto que haya varios candidatos (con cierto margen de diferencia entre ellos) como que varios (por no decir todos) tengan posibilidades reales de ganar la nominación.
El nivel de descentralización del proceso de nominación del candidato
Otra de las dimensiones tiene que ver con el grado de descentralización de la nominación (Epstein, 1980; Lundell, 2004; Langston, 2006; Rahat y Hazan, 2001). Conocer el número de personas que participan en el proceso, los diferentes pasos que se dan para definir la nominación, los avales que tienen las candidaturas (si están dispersos o concentrados en el territorio), los niveles territoriales en los que se discute esa decisión y los órganos del partido que participan en cada distrito en el proceso (Lundell, 2004, p. 34), permite hacerse una idea respecto al grado de descentralización de la nominación.
El grado de centralización que tienen los mecanismos de selección enun ciados en los Estatutos partidistas (Pennings y Hazan, 2001; Rahat y Hazan, 2001; Vidal Correa, 2013) dan cuenta del modo en que se toman (de manera formal) las decisiones dentro de una organización. En ese sentido, el componente territorial del proceso de nominación también resulta importante al observar el nivel de participación de un órgano en la definición de la candidatura (Billie, 2001, p. 367). Cuanto menor sea el papel asignado a los dirigentes nacionales en la definición del candidato, mayor será la descentralización del proceso de nominación.
¿Quién toma la decisión de la nominación o quién apoya a un militante para que sea candidato? Cuando la nominación es realizada por el mismo candidato o por una única persona (dirigente del partido), el proceso es tan centralizado que pierde la posibilidad de ser evaluado su nivel de democracia interna. Por lo tanto, un proceso de selección de candidaturas requiere que la nominación sea realizada por más de una persona para poder evaluar su nivel de democracia. Precisamente, esto funciona como una condición necesaria para la medición de la democracia interna.
Nivel de inclusión de actores en el proceso de selección
El nivel de inclusión de actores políticos es otro de los criterios más empleados para analizar las diferencias para seleccionar candidatos (Rahat, 2013; Rahat y Hazan, 2001; Taylor, 2000). Diferentes métodos reflejan distintos tipos de lazos entre los participantes. El nivel de inclusión puede analizarse de dos maneras (Rahat, 2013; Rahat y Hazan, 2001): a) respecto a quién puede ser candidato (el derecho a postularse a un cargo) y b) en relación a quiénes eligen al candidato (una persona, todos los miembros de la organización o los electores, "selectorado").
Esta dimensión da cuenta del nivel de apertura del mercado. La ausencia de restricciones a quienes quieran presentarse permite medir el nivel de inclusión del proceso. El problema que presenta es que no siempre es fácilmente identificable una proscripción hacia un militante o dirigente ni existen registros públicos que permitan rastrear si se ha impedido o no la presentación de una candidatura. Sólo un buen conocimiento de la vida partidista por parte del investigador y la posibilidad de dar seguimiento de lo que ocurre en el proceso de nominación puede ayudar a identificar la existencia de precandidaturas proscritas, tanto formal como informalmente. La ausencia de candidatos proscritos funciona como una condición necesaria para poder medir el nivel de democracia de un proceso de selección.
La inclusión también tiene que ver con quién puede ser candidato. Un partido empleará procesos más inclusivos cuando cualquier ciudadano pueda ser candidato. El tipo de requisitos que un candidato debe cumplir para poder ser nominado se clasifica en un continuo que va desde un mayor nivel de inclusión hacia otro que supone una mayor exclusión (Freidenberg, 2007a; Freidenberg y Sánchez, 2002; Rahat y Hazan, 2001). Las reglas estatutarias del partido son las que indican quién puede ser candidato: todos los ciudadanos, los miembros del partido o sólo los militantes del partido que cumplan con una serie de requisitos. Cuando son todos los ciudadanos los que pueden presentarse como candidatos, el proceso resulta más amplio e inclusivo que en aquellos otros que estarían en el lado opuesto del continuo, en los que sólo pueden participar los militantes que cumplen una serie de requisitos.
La inclusión también tiene que ver con quién define quien va a ser candidato. Rahat y Hazan (2001, p. 304) construyeron un continuo que va de menor a mayor inclusión de los actores y consiguen diferenciar y ubicar distintos métodos en la definición de la candidatura en este continuo. Freidenberg y Sánchez (2002), a partir de la revisión de los Estatutos partidistas de más de sesenta partidos latinoamericanos, adaptaron la propuesta de Rahat y Hazan (2001) a la experiencia de la región latinoamericana. Ambas propuestas establecen que, en un extremo, el mecanismo implica un alto grado de inclusión, ya que el partido consulta a los electores de las elecciones internas sobre quién debe ser el candidato, mientras que en el otro extremo es sólo un líder el que lo elige y participa de esa decisión.
De este modo, los partidos políticos pueden emplear distintos mecanismos de selección en función de quiénes pueden ser candidatos y de cuáles son los actores involucrados en la nominación. Los niveles de inclusión de los métodos de selección de candidaturas varían en los países democráticos, dentro de ellos, e incluso dentro de los partidos en diferentes momentos, dis tritos y regiones (Rahat, 2013, p. 138). Los mecanismos se distinguen de mayores a menores grados de inclusión de la siguiente manera: pueden ser los electores, a través de una elección directa (electorado, simpatizantes y militantes en internas abiertas); sólo los miembros registrados en el partido (militantes en internas cerradas); un órgano de gobierno partidista (dirigentes), la designación del líder o los líderes del partido (nacionales o locales) o la autonominación (el propio candidato).
La realización de elecciones internas abiertas (también denominadas primarias), donde puede haber candidatos militantes y también candidatos auspiciados de fuera del partido, y con todos los electores como "selectorado", que participan directamente en la definición de quién va a ser el candidato, supone el mayor nivel de inclusión en el proceso de toma de decisiones de un partido.5
El Índice de Democracia Interna (IDI): Una propuesta de medición
La medición del grado de democracia interna incluye las tres dimensiones descritas: el nivel de la competitividad, la descentralización de la nominación y la inclusión de los actores en el proceso de toma de decisiones. El Índice de Democracia Interna (IDI) operacionaliza estas tres dimensiones (atributos definitorios); cada una se mide a partir de tres y cuatro indicadores, siendo uno de ellos una condición necesaria. Se combinan estrategias y datos cualitativos y cuantitativos y se siguen las reglas de agregación propuestas por Goertz (2006) y por Munck (2009, pp. 48-51). El IDI se propone para evaluar el grado de democracia interna en la selección de candidaturas a cargos de elección uninominales.6
En términos agregados, el IDI adquiere valores entre menos uno y más uno y así abarca tanto los casos democráticos como los que no lo son. La operacionalización se realiza en tres niveles y las reglas seguidas en cada nivel se derivan de la relación teórica entre las dimensiones y las variables. El primer nivel corresponde a las condiciones necesarias, una en cada dimensión. Éstas sirven para decidir si el proceso es mínimamente democrático o no. Si se cumplen todas estas condiciones, esto es, se trata de un proceso democrático, los valores en los demás indicadores sirven para definir qué tan democrático es dicho proceso. Por el contrario, si no se cumple al menos una de las condiciones necesarias, el proceso es considerado no democrático; qué tan no democrático resulte depende del número de condiciones no cumplidas.
Los procesos no democráticos reciben valores entre -1 y -1/3, de acuerdo con el número de condiciones necesarias con las que no cumplen. La regla de agregación es aditiva simple; esto es, si no cumplen con una de las condiciones, el valor es -1/3; si violan dos condiciones necesarias, el resultado es -2/3. En caso de no cumplir con ninguna, el valor final es de -1. Por tanto, incluso entre los procesos de selección de candidaturas no democráticos puede haber matices. Mientras se cumpla con una o dos (pero no con todas) condiciones necesarias, el proceso es considerado parcialmente no democrático; en caso contrario (no se cumple con ninguna), se cataloga como totalmente no democrático.
En la primera dimensión, la variable "competencia" -medida a través del número de candidatos que participan en la selección- supone tal condición. Si hay un solo candidato en la contienda, no se evalúa la selección como democrática. Por tanto, para que puedan encontrarse niveles mínimos de democracia interna, tienen que competir al menos dos candidatos.7 Esta misma lógica se aplica a la siguiente dimensión, la del grado de descentralización, en relación a la variable "definición de la nominación". Según sea el propio candidato el que define la candidatura o una única persona (diferente del candidato) la que define la nominación, la selección no se considera como mínimamente democrática, ya que no existe pluralismo, dado que es una o dos personas solas las que toman la decisión, y tampoco tiene sentido mirar el nivel de inclusión de los actores porque sería nulo. Lo mismo ocurre con la dimensión del grado de inclusión de los actores, en relación a la variable "candidatura", en concreto al indicador "ausencia de candidatos proscritos". Si hay un candidato proscrito al que no se le deja participar en el proceso de selección, el proceso se valora directamente como no democrático y, por tanto, no tiene sentido pensar en las otras dos dimensiones (ni sus indicadores).
El segundo nivel refleja la relación entre las tres dimensiones propuestas del concepto de democracia interna para los casos mínimamente democráticos. Cada dimensión adquiere valores de cero a uno, reflejando cero el nivel menos democrático de cada aspecto y uno el nivel más democrático. La relación entre las dimensiones se considera como no interactiva8 y no compensatoria9 y, por tanto, la regla de agregación es la del "valor mínimo" (Munck, 2009, p. 50),10 esto es, el valor final de IDI corresponde al valor mínimo de las tres dimensiones. La relación no interactiva supone que bajos valores en una de las dimensiones no influyen (teóricamente) en el valor de las otras dimensiones (y, por tanto, los valores no se multiplican). El hecho de que la relación no sea compensatoria significa que los altos valores en una de las dimensiones no pueden compensar los bajos valores en la otra. Así, si uno de los valores es cero, el resultado agregado también es cero y el proceso de medición supone que sólo se da el cumplimiento de los requisitos mínimos de democracia interna.
Fuente: Adaptación a partir de Freidenberg (2007a).
Cuadro 1 Proceso de selección de candidaturas: dimensiones de análisis, variables e indicadores.
El tercer nivel en el proceso de operacionalización tiene que ver con la relación entre las diferentes variables y los indicadores particulares de cada una de ellas al interior de cada dimensión. Nuevamente, los valores van de cero a uno. La relación es no interactiva y parcialmente compensatoria y, en consecuencia, se aplica la regla de la "media aritmética" (Munck, 2009, p. 50; Goertz, 2006, pp. 135-139). De manera parecida a la relación entre las dimensiones, el vínculo entre las variables (indicadores) se considera no interactivo y, a diferencia de lo anterior, se valora como parcialmente compensatorio, dado que se supone que altos valores en una de esas variables se puede compensar por los bajos valores en otras de las variables (indicador).
La operacionalización y las relaciones entre las dimensiones del IDI y el cálculo del valor final del mismo se pueden formalizar de la siguiente manera:
Se tienen tres dimensiones i, donde i ∈ {1, 2, 3}
Sea ci la condición necesaria correspondiente a la dimensión i donde ci ∈ {0, 1}
Sea ni el valor final correspondiente a la dimensión i donde ni ∈ [0, 1]
Sea mji el indicador j11 de la dimensión i, donde i ∈ {1, 2, 3} y donde mji ∈ [0, 1]
Aplicación del IDI: la selección de la candidatura presidencial en los partidos mexicanos (1999-2012)
El Índice de Democracia Interna (IDI) se aplica a nueve procesos de selección de candidaturas presidenciales en México: el Partido Acción Nacional en 1999-2000, 2005 y 2011-2012; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1999, 2005 y 2011-2012 y el Partido de la Revolución Democrática en 1999, 2005-2006 y 2011-2012. El objetivo de esta investigación es doble. Por un lado, mostrar cómo funciona el IDI y la validez de la operacionalización del concepto. Por otro, el contexto mexicano presenta una buena oportunidad para poner a prueba el IDI, dada la gran variedad de procesos de selección de candidaturas realizados entre 1999 y 201212 y el contexto de cam bio que experimentó este sistema de partidos en las últimas décadas, desde un sistema hegemónico a uno de corte más competitivo (Valdés Zurita, 2002; Becerra et al., 2000). En cuatro (de los nueve) procesos se cumplen los mínimos estándares democráticos (superan las condiciones necesarias) observados en el primer nivel de medición del Índice de Democracia Interna.13
Los procesos realizados en el PRD entre 1999 y 2012 nunca cumplieron con las condiciones necesarias para medir sus niveles de democracia interna de acuerdo con la propuesta metodológica aquí presentada (Cuadro 2), aun cuando este partido ha sido considerado como uno de los más fraccionados en términos de su dirigencia (Martínez, 2005). Esto podría hacer suponer la necesidad de emplear mecanismos competitivos para poder dirimir sus enfrentamientos. Lo interesante es que precisamente estos procesos no cumplieron con la condición mínima de competitividad, esto es, la presencia de al menos dos candidatos en la contienda, para que pudieran ser considerados como "mínimamente democráticos" y que el Índice de Democracia Interna asuma valores negativos.
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 2 Procesos de selección de candidaturas presidenciales en México (1999-2012).
En la elecciones presidenciales de 2000, Cárdenas impuso su propia candidatura (Camp, 2008) y, tras ello, su principal adversario, Muñoz Ledo, se fue del partido. En 2006, Cárdenas finalmente no se presentó, resultando candidato oficial Andrés Manuel López Obrador. En las últimas elecciones de 2012 la decisión interna se tomó de acuerdo con una encuesta de opinión pública diseñada por el partido para estos fines. Sus resultados favo recieron a López Obrador y, por consiguiente, Marcelo Ebrard declinó su candidatura. El hecho de no haber presentado al menos dos candidatos en cada proceso de cara a la elección presidencial (1999 y 2005) y de haber empleado un procedimiento como el de las encuestas como mecanismo de selección (2012) dificulta la aplicación del índice en estos casos, debido a que no se cumplen las condiciones necesarias mencionadas.14
Las condiciones necesarias tampoco se cumplieron en el PAN para las elecciones de 2000, ya que hubo un solo candidato (Vicente Fox), y aunque hicieron elecciones internas, sirvieron para proclamarlo y no para elegirlo. Por tanto, el proceso no cumplió con la condición necesaria de competitividad. Tampoco se dieron las condiciones necesarias en el PRI, en 2012, ya que hubo nuevamente un solo candidato (Enrique Peña Nieto), tras la declinación de la candidatura presidencial de Manlio Fabio Beltrones y el registro oficial de Peña Nieto como único candidato priísta.15 En los cinco casos no se cumplió la condición necesaria de competitividad y, por ende, el valor del IDI es de -1/3 y los procesos no pueden ser considerados como democráticos.
Los casos democráticos analizados
El proceso de selección de la candidatura presidencial en el Partido Acción Nacional en México en 2005
El proceso de selección del candidato presidencial de 2005 fue muy diferente de lo que había vivido hasta ese momento el Partido Acción Nacional.16 Históricamente, el PAN se ha comportado "como una confederación de partidos a nivel estatal pero con un liderazgo nacional" (Vidal Correa, 2013, p. 176). La intención del Consejo Nacional era no inmiscuirse en los procesos de selección, más que como asesoría o acompañamiento a las autoridades estatales, que eran las que tenían más poder sobre los procesos internos. En este punto, el proceso era de carácter descentralizado. La militancia también ha sido un elemento muy importante para favorecer, mediante su respaldo, la candidatura de un miembro por encima de la de sus oponentes (Reveles Vázquez, 1996).
El incremento de la competitividad electoral y el éxito inicial del 2000 llevó al PAN a cambiar las reglas para la nominación de candidatos tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, a nivel federal y a nivel local (Vidal Correa, 2013, p. 176). Para 2005, el proceso de selección fue una elección interna, en la que podían votar los militantes y adherentes, que se llevó a cabo en tres etapas y que contó con candidatos de las diversas líneas del partido: como Felipe Calderón, Santiago Creel y Alberto Cárdenas, que acreditaron apoyos suficientes para avalar sus postulaciones. El proceso contó con reglas creadas ad hoc por la Comisión de Elecciones,17 que funcionó como autoridad del proceso, tras un pacto entre los sectores tradicionalistas y neopanistas que generaron una serie de acuerdos que facilitaron la elección interna (Alarcón Olguín y Freidenberg, 2007).
El proceso de mediación de la Comisión de Elecciones permitió el registro de representantes de los precandidatos. La Comisión decidió el número de boletas a ser impresas (un millón cien mil) y el orden de aparición de los precandidatos en la papelería electoral. También se fijaron condiciones para la realización de tres debates televisados con agendas y formatos previamente establecidos (de los cuales se celebró uno) y se acordó que los candidatos perdedores se comprometían a apoyar pública y activamente al ganador, así como también a respetar las propuestas programáticas que se estaban discutiendo paralelamente.
La convocatoria fijó como plazo para el registro de candidaturas del 7 al 10 de julio; tres fechas de elecciones -11 de septiembre, 2 y 23 de octubre, más una eventual segunda vuelta fijada para el 6 de noviembre- así como un tope global de 35 millones de dólares para el gasto electoral. El país se dividió en tres regiones, las que mantenían entre sí una distancia significativa en cuanto al tamaño del padrón (poco más de 100 000 votos entre la primera y la tercera región y de 50 000 entre la segunda y la tercera). Además, el número de estados involucrados en cada etapa fue muy dispar: diez, ocho y catorce. El padrón de militantes se dividió entre miembros activos y adherentes, teniendo derecho a participar poco más de 215 000 militantes activos y cerca de 900 000 miembros adherentes, a los cuales se sumaron 891 afiliados residentes en el extranjero (Alarcón Olguín y Freidenberg, 2007).18
En la primera votación regional, Calderón alcanzó 45.69 por ciento de los votos de la militancia y Creel 35.53 por ciento. La victoria se explicó en el abstencionismo (cerca de 70%), además de que el voto de los miembros activos pesó más que el de los adherentes, siendo éstos las fuentes de apoyo de Creel y Cárdenas. El panista más comprometido y vinculado al partido fue el que definió la elección. En dos estados el discurso doctrinario de Calderón fue crucial para conseguir un resultado exitoso: el Estado de México y Nuevo León.
En la segunda etapa, Calderón logró alzarse con 50.61 por ciento y Creel con 36.23 por ciento. Calderón consiguió su victoria clave en Yucatán; consolidó su presencia en estados con militantes muy tradicionales como Veracruz y Chiapas, lugares en donde se había magnificado el apoyo a Creel, quien por su parte apenas pudo ganar en Oaxaca y Tabasco. La derrota de Creel en la segunda ronda fue significativa, a pesar del alto despliegue de promotores del voto y de la alianza de última hora con Cárdenas.
Durante la última jornada electoral, los incidentes fueron mínimos y las tendencias de votación se desplazaron a favor de Calderón, con la única excepción del triunfo de Cárdenas en Jalisco, su estado natal. La elección se realizó en medio de la tensión previa que habían suscitado las amenazas de Creel y Cárdenas de abandonar el proceso en caso de que no se eliminaran las supuestas irregularidades encontradas en la votación del estado de Yucatán. Al final de las tres rondas, Calderón obtuvo la candidatura con el 51.45 por ciento, con una ventaja relativa de 12 puntos porcentuales sobre Santiago Creel, el candidato favorito del presidente Fox y del gobierno federal (Alarcón Olguín y Freidenberg, 2007, p. 762).
El proceso de selección de la candidatura presidencial en el Partido Acción Nacional en México en 2011-2012
En 2011-2012, el Partido Acción Nacional (PAN) realizó nuevamente un proceso de selección presidencial competitivo, a través del "método ordinario",19 en el que sólo podían votar los militantes activos y los adherentes, quienes debían aparecer en el listado nominal de electores del PAN, acreditándose con la credencial de elector y, en caso de no contar con ésta, con la credencial expedida por la Comisión Nacional de Elecciones.
A través de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) en 2008, que reemplazó a la Comisión de Elecciones20 y los cambios organizativos generados en la Asamblea Extraordinaria de 2011,21 el pan separó el proceso de selección del espacio de decisión de los órganos burocráticos del partido (Myers, 2014) y dotó de atribuciones específicas a éste para "preparar, organizar y vigilar" el proceso de selección presidencial.22 El 17 de noviembre de 2011 se hizo la convocatoria, estipulando que la fecha de registro de sus precandidatos sería entre el 5 y 7 de diciembre de 2011, dejando aproximadamente diez días a la CNE para validar las solicitudes de los precandidatos (El Universal, 2011).
El día de la votación se instalaron 1 689 centros de votación y 2 845 mesas en todo el país, en una jornada que fue de las 10:00 a las 16:00 horas. Fueron impresas 1 800 000 boletas para los militantes activos y adherentes panistas, de los cuales más de 298 000 eran miembros activos, en su mayoría funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno y 1 461 000 adherentes (Myers, 2014). Si se presentaban tres o más precandidatos se tenía que prever una segunda vuelta (CNN México, 2011), razón por la cual se fijó el 5 de febrero de 2012 para la primera votación y el 19 del mismo mes para la segunda. En caso de que un precandidato saliera electo en primera vuelta, para lo cual necesitaría una mayoría absoluta de más de 50 por ciento o un mínimo de 37 por ciento de los votos, más una ventaja mínima de 5 por ciento sobre su más cercano seguidor. Para poder oficializar su precandidatura, los aspirantes debieron presentar como mínimo el aval de 10 por ciento de apoyo del total de los miembros activos del partido.23
En la elección interna se presentaron tres candidaturas: la de Josefina Vázquez Mota, la de Ernesto Cordero y la de Santiago Creel, siendo cada uno de ellos articulador de diferentes grupos internos (Alarcón Olguín y Freidenberg, 2007; Reynoso, 2007). El proceso fue altamente competitivo, se celebró en una sola elección, ya que Vázquez Mota obtuvo 53.2 por ciento de la votación total emitida en la primera ronda, lo que se tradujo en una ventaja de más de diez puntos porcentuales sobre Cordero Arroyo, quien obtuvo 39.4 por ciento de los sufragios. Creel Miranda sólo logró 6 por ciento de los votantes panistas. Vázquez Mota conquistó 26 de las 32 entidades y 34 por ciento de los votos obtenidos los consiguió en sólo cinco estados (Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán).
No hubo incidentes que pusieran en juego la selección, aunque se realizaron denuncias por irregularidades y acusaciones de "acarreos" y "embarazo" de urnas por parte del equipo de precampaña de Cordero. La principal fuente de controversia en la organización del proceso fue, como en 2005, si la votación se abría a toda la ciudadanía (como exigía una de las líneas internas liderada por Santiago Creel) o si se limitaba a la participación de los militantes. Finalmente, se definió que el "selectorado" fueran sólo los militantes, a pesar de las amenazas de algunos sectores de abandonar el proceso interno. La CNE calificó la participación de la elección como histórica, ya que votaron 547 040 panistas, es decir, 30.45 por ciento de los que tenían derecho a elegir a su candidato presidencial.24
El proceso de selección a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional en 1999
Por primera vez en 70 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizó elecciones internas para que sus militantes, y los ciudadanos que quisieran, pudieran elegir al candidato del partido para las presidenciales de 2000. De este modo, el partido hegemónico -en términos de Sartori (1992)- modificó una tradición altamente institucionalizada dentro de la agrupación, denominada como "dedazo" (Langston, 2001, 2007; Valdés Zurita, 2001; Espinoza, 2006), y quitó la facultad histórica del presidente de la República de designar a su sucesor en Los Pinos.
Una de las características clave del PRI fue el alto nivel de centralización en el proceso de toma de decisiones: el poder central ejercía una especie de poder de veto sobre las otras instancias internas y sus cargos electos a nivel estatal, como los gobernadores (Langston, 2001, p. 504). La organización desarrolló un sistema de "reglas formales e informales que fueron fundamentales para garantizar la unidad de un partido atrapa-todo" (Vidal Correa, 2013, p. 177). En este partido, a diferencia del PAN, han sido las élites nacionales las que han controlado de manera sistemática los procesos internos.25
La elección interna se llevó a cabo el 7 de noviembre de 1999 y participaron diez millones de personas, lo que ha hecho suponer que este proceso era altamente incluyente al entremezclarse el "selectorado" con el mismo electorado mexicano. Las normas establecían que ganaba quien tuviera más distritos en el país. El árbitro de la contienda fue el dirigente nacional del partido, José Antonio González Fernández. Los requisitos para ser candidato eran restrictivos: ser militante, estar al día con la cuota del partido, conocer los principios fundamentales del partido, conocer y cumplir lo dispuesto por los Estatutos priístas, presentar un programa de trabajo, tener al menos diez años en el partido y no haber ocupado cargo de representación destacado en otro partido antagónico, entre otros.26
El dirigente priísta Francisco Labastida ganó con 61 por ciento de los apoyos, obteniendo 273 de los 300 distritos y obtuvo 32 puntos porcentuales de diferencia al otro candidato, Roberto Madrazo, ex gobernador de Tabasco, quién consiguió 19 distritos y estaba dispuesto a encabezar una corriente crítica dentro del partido. También compitieron como candidatos Manuel Bartlett (ganó en seis distritos) y Humberto Roque Villanueva (que no ganó ningún distrito).
La contienda estuvo muy cuestionada por las líneas internas y por denuncias por acarreo y compra de votos, la mayoría de ellas contra el grupo de Labastida Ochoa. Los tres contendientes derrotados, Madrazo, Bartlett y Roque Villanueva, acusaron al presidente, Ernesto Zedillo, y al aparato del partido de volcarse en apoyo de Labastida. Madrazo denunció el papel del aparato y del gobierno a favor del ganador y arremetió contra la dirección de su propio partido y las políticas aplicadas hasta ese momento. Eso hizo que muchos militantes no lo apoyaran y se resintieran: "A los priístas no les gustaron esas patadas en las espinillas del PRI" (El País, 1999).
El proceso de selección a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional en 2005
El 28 de septiembre de 2005 el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) emitió oficialmente la convocatoria para la elección de candidatos, siguiendo lo establecido en los Estatutos.27 Las reglas para seleccionar al candidato se articularon desde la misma dirigencia del partido (El Universal, 2005b),28 que decidió que la convocatoria quedaría abierta a miembros y simpatizantes a diferencia de la elección de 1999 y que los candidatos debían cumplir una serie de exigencias para presentar sus candidaturas.29 La fecha de la elección fue fijada para el 13 de noviembre, en una sola ronda para 30 estados y el Distrito Federal (Hidalgo se haría en otra fecha); el registro de aspirantes para el 7 de octubre; el tope de gastos de la campaña interna de 30 millones de pesos (2.15 millones de euros) (El Universal, 2005); la precampaña debía tener una duración de 30 días y para la elección se instalarían 25 mil casillas en todo el país, una por cada tres secciones electorales y se imprimirían alrededor de diez mil boletas.
Roberto Madrazo hizo público su interés de presentar su candidatura el 18 de julio en Monterrey. Poco después, renunció a su cargo en la dirigencia partidista, cargo que, según los Estatutos, debía quedar en manos de la secretaria general Elba Esther Gordillo. Sin embargo, y a pesar de haberse reunido en diversas ocasiones con la secretaria general para acordar la sucesión, en la práctica no ocurrió así. Madrazo se concentró en contar con el apoyo del Comité Político Nacional (Langston, 2007, p. 21), que era la instancia que decidía las condiciones, el método y los tiempos para elegir al candidato presidencial y colocó a otro miembro del partido como su sucesor en el CEN.30
Se creó un grupo de oposición interna a la candidatura de Madrazo, denominado Unidad Democrática (UD) e integrado por Miguel Ángel Núñez (ex gobernador del estado de Hidalgo), Tomás Yarrington (gobernador del estado de Tamaulipas), Enrique Martínez (gobernador del estado de Coahuila), Enrique Jackson (presidente del Senado) y Arturo Montiel (ex gobernador del Estado de México). El grupo, también conocido como Tucom (Todos unidos contra Madrazo), fue la unión de los gobernadores, ex gobernadores, legisladores y otros grupos con "el propósito de detener a Madrazo en su ambición de alcanzar la candidatura a la presidencia de la República" (Espinoza, 2006, p. 30).
El 27 de julio, Unidad Democrática formalizó el método de selección de su aspirante a la precandidatura del PRI y suscribió un acuerdo con Transparencia Mexicana para contratar a tres empresas encuestadoras que serían las encargadas de sondear quién debería ser el candidato idóneo entre las precandidaturas del Tucom que se iba a enfrentar a Madrazo.31 La victoria como precandidato para enfrentar a Roberto Madrazo fue para Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México.
Una vez abierto el registro de candidatos el 7 de octubre, además de Madrazo y Montiel, otros miembros del partido solicitaron el registro como Everardo Moreno, el único precandidato sin carrera política conocida; Rubén de León, miembro de la organización de militantes de Unidad Revolucionaria; Marcela Zúñiga, miembro de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Guillermo Mastache. Sin embargo, la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) negó sus registros a De León, Zúñiga y Mastache por no cumplir con los requisitos exigidos en la convocatoria (El Universal, 2005a). Tras una serie de denuncias públicas y en un clima de fuerte confrontación interna, el 21 de octubre Montiel renunció a su precandidatura presidencial por el PRI.32
Finalmente, el proceso de elecciones internas se celebró entre Madrazo y Everardo Moreno, quien participó como parte de la estrategia de Madrazo para legitimar el proceso de selección. Votaron 2 608 853 militantes, siendo 73 110 votos nulos (Aguilera y Reniu, 2007, p. 20). La diferencia de votos entre los dos precandidatos por entidad da cuenta de que la precandidatura de Moreno fue más bien testimonial. Madrazo sacó 90.9 puntos porcentuales de apoyos (2 307 099 votos) y ganó en todos los estados mientras que Moreno Cruz consiguió sólo 8.1 puntos porcentuales de los militantes (228 644 votos) (Aguilera y Reniu, 2007, p. 20). La elección interna culminó como lo había anunciado el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto: "como una crónica de una victoria anunciada" (La Jornada, 2005).
El IDI aplicado
La aplicación del IDI permite la comparación interpartidista e intrapartidaria. Los datos dan cuenta de la capacidad del IDI para discriminar los valores entre los procesos y también permiten identificar en qué dimensiones los procesos y los partidos han conseguido mayores grados de democracia interna. El cuadro 3 presenta los valores de la aplicación del IDI y la justificación de los casos no democráticos (PAN 1999; PRI 2011-2012; PRD 1999, 2005 y 2011-2012). El IDI resulta siempre negativo para los procesos de selección de candidaturas presidenciales del PRD, pues ninguno de los casos cumple con las condiciones necesarias de mínima democracia en el proceso de selección de candidaturas.
Fuente: Elaboración propia. Valores a partir de la información detallada en el Anexo.
Cuadro 3 Proceso de selección de candidaturas presidenciales en México entre 1999 y 2012.
Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo del IDI.
Cuadro 4 Proceso de selección de candidaturas presidenciales en México entre 1999 y 2012 (por dimensiones).
Entre los procesos mínimamente democráticos, el PAN 2005 presenta los mayores niveles de democracia interna de los cuatro casos, ya que se cumplen los requisitos necesarios y el IDI es de 1/2, seguido por el PAN 2011-2012 (0.25) y por PRI 1999 y PRI 2011 (0). El índice también permite distinguir en qué dimensiones los niveles de democracia interna son mayores. En el PAN 2005, los mayores grados se dan en la competitividad, debido a la presencia de grupos internos y el potencial electoral de los candidatos contendientes (5/6). En esta dimensión se encuentra la mayor diferencia entre los casos analizados. Tanto PRI 1999 como PRI 2011 manifestaron niveles de 0 en esta dimensión. El IDI también permite comparar los niveles de descentralización organizativa, siendo el PAN 2005 y el PRI 2011 los que mayores niveles manifiestan (1/2), en particular por la posibilidad de que diferentes órganos e instancias dentro de la organización participen en la definición de los candidatos.
La dimensión en la que los cuatro casos son más parecidos es la de inclusión, ya que adquieren valores de 3/5 (PAN 2005, PAN 2012, PRI 2011) mientras que el PRI 1999 fue el proceso más inclusivo (2/3), ya que en ese momento el partido facilitó la participación de la ciudadanía en el proceso de selección de la candidatura presidencial (véase cuadro 3). Las principales reformas que se han realizado en ambos partidos (PRI y PAN) han sido en el nivel de inclusión, es decir, en el número de militantes y dirigentes que pueden tomar la decisión de la nominación, quedando estables las otras dimensiones.
Algunas conclusiones preliminares
Este trabajo propone el Índice de Democracia Interna construido a partir de tres dimensiones: competitividad, descentralización e inclusión. Al aplicar el IDI a los nueve casos en México, en cuatro (PAN 2005; PAN 2011-2012; PRI 1999 y PRI 2005) se cumplen las condiciones necesarias para poder encontrar niveles mínimos de democracia interna en los procesos de selección de candidaturas presidenciales. En los otros cinco casos, los procesos fueron no democráticos y, por ende, los valores del IDI son negativos (-1/3).
Estos casos dan cuenta de la posibilidad de que los valores de IDI varíen en un mismo partido en el tiempo (incluso empleando similares mecanismos de selección) y entre partidos en un mismo año, dependiendo de la capacidad de las leyes electorales, de las prácticas internas o del contexto para determinar los niveles de democracia interna de un partido.
La investigación muestra que el PAN 2005 presenta los mayores niveles de democracia interna, seguido por el PAN 2011-2012, el PRI 1999 y el PRI 2011; que el nivel de competitividad es la dimensión que más difiere entre los dos partidos; que el nivel de descentralización es el que más varía tanto entre partidos como entre procesos y que en los cuatro casos analizados los niveles de inclusión de actores (militantes, dirigentes) en el proceso de selección de candidaturas son similares y relativamente altos (aun cuando el PRI 1999 fue el más incluyente al permitir el voto de los ciudadanos en un proceso interno). Los casos no democráticos lo son porque no cumplieron con el requisito de al menos dos candidatos en la elección, lo que impide medir el nivel de competitividad de ese proceso.
El Índice de Democracia Interna de los procesos de selección de candidaturas es una herramienta que permitirá comparar los procesos tanto entre partidos de un mismo país como entre diferente países. Esto ofrece mayores posibilidades para comparaciones regionales y utilizar el IDI tanto como variable dependiente como independiente en diferentes diseños de investigación de carácter explicativo. En ese sentido, este estudio ha sido uno de los pocos que ha podido comparar los diferentes procesos de selección de candidatos presidenciales de los partidos mexicanos, generando con ello una "gran comparación" diacrónica y sincrónica. Asimismo, otros trabajos podrán explorar la posibilidad de aplicar el IDI a la selección de cargos uninominales en el terreno subnacional o a la selección de autoridades internas de los partidos políticos.
Analizar estas cuestiones se presenta como fundamental para poder comprender el modo en que los partidos toman sus decisiones, se rompe con la ley de hierro de la oligarquía, que de manera tan determinística postulaba Michels (1980) y se explica cómo comportan las organizaciones en las democracias actuales. Este conocimiento resulta clave para los legisladores, la academia y los organismos de cooperación internacional que promueven reformas respecto a qué tipos de procesos son más eficientes para la democratización del sistema político.
