Discurso electoral conflictivo

Para la mayoría de los ciudadanos, las acusaciones de fraude electoral funcionan como pronunciamientos negativos de campaña, excepto para un grupo específico que premia al candidato que las hace. Esta afirmación es contraintuitiva por tres motivos. Primero, en un régimen democrático la lucha por la democratización (y la protesta electoral que está asociada) no son elementos que los candidatos usen regularmente para obtener apoyo popular, en especial porque la democracia no es un bien que algún candidato pueda brindar una vez que llegue al poder, sino que es un bien que el sistema político provee a los ciudadanos en su conjunto cuando unas elecciones creíbles llevan a cualquier candidato al poder. De hecho, las preferencias individuales sobre la democratización y la lucha contra el fraude electoral pueden entenderse como consideraciones expresivas (^{Riker y Ordeshook, 1968}) que no brindan ningún beneficio material directo¹ pero que son capaces de motivar el comportamiento político. Segundo, y esto es esencial, la indignación causada por el fraude electoral no tiene por qué ser exclusiva de un solo grupo opositor. Todo partido que sufra (o haya sufrido) las desventajas de ser víctima de fraude electoral debe ser igualmente proclive a denunciarlo, a menos que un partido encuentre útil encuadrar una derrota electoral como resultado de un fraude y otros partidos encuentren que hacerlo es nocivo para su estrategia política de largo plazo. Finalmente, no todos los ciudadanos tienen que estar de acuerdo con la idea de que viven bajo una democracia para que ésta califique como tal. Las reglas del juego son las que definen a una democracia, y no lo que los ciudadanos piensen de ellas. Sin embargo, el hecho de que algunos ciudadanos puedan tener mayores "déficits democráticos" (^{Norris, 2011}) que otros subraya la instrumentalidad política de esta brecha en las actitudes públicas.

Si un partido es capaz de encuadrar con éxito su derrota como el resultado de un fraude, entonces puede aprovecharla para recabar apoyo político para la siguiente elección. Encuadrar un evento político es una estrate gia que favorece la acción colectiva, específicamente para grupos minoritarios que bus can el cambio social. Hacerlo permite la creación de narrativas comunes que tienen el potencial de unificar los esfuerzos de todos los miembros (^{McAdam et al., 1996}). La lucha contra el fraude en un contexto donde aún es memoria reciente puede propiciar la formación de una narrativa que puede funcionar como bandera para unificar el apoyo de los simpatizantes de un partido. Consideraciones expresivas como el compromiso con la democracia (^{Riker y Ordeshook, 1968}) o la importancia del voto (^{Przeworski, 2010}) son parte del armamento narrativo con el que los candidatos pueden atraer la atención de los votantes (^{Vavreck, 2009}). En consecuencia, los partidos tienen incentivos para asociar su imagen a estos temas si un segmento lo suficientemente relevante del electorado se interesa en ellos. Este tipo de consideraciones expresivas se vuelven políticamente instrumentales (^{Chong, 1996}) porque los partidos que les dan seguimiento durante la campaña reciben un bono de popularidad de los ciudadanos a quienes les importan. Una vez establecida la asociación entre estas consideraciones y la identitdad política de estos ciudadanos, es posible decir que el partido "es dueño" del tema (^{Petrocik, 1996}) y que tiene un fuerte incentivo para mantenerlo vivo en la mente de sus simpatizantes. Consdieraciones expresivas como la democratización y el fraude electoral no requieren el conocimiento o el interés en nociones abstractas como la reforma política o el desarrollo institucional del país. Pueden operar como un "tema fácil" (^{Carmines y Stimson, 1980}) que, usando mecanismos simbólicos y atajos cognitivos, recuerda el enojo y la indignación venida de ver a su candidato perder una elección por medios que, a sus ojos, fueron ilegales.

Los incentivos políticos para el discurso conflictivo electoral

La estructura de los incentivos para el discurso político conflictivo en una de mocracia joven como la mexicana están influidos por su historia como un régimen autoritario competitivo, en donde la arena electoral estaba fuertemente sesgada en contra de los partidos de oposición. ^{Levitsky y Way (2010, p. 5)} definen a un régimen autoritario competitivo como uno "donde existen instituciones democráticas formales y son ampliamente vistas como los principales medios para acceder al poder, pero donde el abuso que hace el titular del gobierno [de los recursos] del Estado lo colocan en ventaja significativa frente a sus oponentes". Levitsky y Way afirman que estos de sequilibrios de poder en la arena electoral favorecen el uso de protestas, el boicot o incluso la violencia para asegurar la supervivencia de un partido opositor, aun a costa de la maximización de los votos a su favor. Sin embargo, algunas de estas estrategias pueden resultar maximizadoras del voto si un partido enfrenta las condiciones adecuadas para "adueñarse" de ellas. Esto no significa que la protesta electoral o las acusaciones de fraude sean maquinaciones de partidos "antisistema" (^{Sartori, 1992} [1976]) o "semileales" (^{Linz, 1978}) que busquen obtener una victoria a costa del régimen democrático. Al contrario, la protesta electoral y las acusaciones de fraude son instancias de una exigencia por más democracia. Lo que tienen en común con los partidos "antisistema" es que se sitúan en los umbrales de la democracia, donde el orden institucional está en un estado fluctuante y se vuelve relevante tanto para élites como para votantes.

La protesta electoral en regímenes autoritarios competitivos tiene, por lo tanto, un estatus ambiguo. Se puede interpretar como una llamada a la movilización en favor de la democracia (^{Schedler, 2009}), como un fracaso de coordinación entre élites contendientes (^{Beaulieu, 2014}) o, dados los beneficios de la victoria, se puede interpretar también como promoción de un candidato (^{Schedler, 2014}).

Sin lugar a dudas, México calificó como régimen autoritario competitivo hasta épocas recientes. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se formó en 1929 tras la Revolución Mexicana con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, una coalición de políticos que evolucionó para formar el partido hegemónico (^{Sartori, 1992} [1976]) que regiría el país durante décadas. Contaba con una "ventaja de hipertitularidad" (^{Greene, 2007}), basada en clientelismo, gasto público y uso selectivo de violencia y fraude. Y ella le bastó para permanecer en el poder. Según Levitsky y Way, México se convirtió en una democracia formal tras la reforma electoral de 1996, que rompió el vínculo formal entre el Ejecutivo y el Instituto Federal Electoral (IFE). El año 2000 dio más pruebas de las credenciales democráticas del régimen, cuando el PRI perdió la presidencia en favor del Partido Acción Nacional (PAN) por primera vez en la historia. Esto no significa que el conflicto electoral perdiera su poder para movilizar votantes.

Por el contrario, se volvió parte del repertorio de estrategias de conflicto (^{Tilly y Tarrow, 2007}) de los partidos de oposición, usado sobre todo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) (^{Eisenstadt y Poiré, 2006}). El uso del conflicto electoral como herramienta de movilización depende, como cualquier otra estrategia, de la creencia en que tendrá exito. Tal estructura de oportunidad (^{Tarrow, 1998}) se estableció en el escándalo electoral de 1988. Poco antes de la elección, Carlos Salinas de Gortari había sido elegido como candidato del PRI. En protesta, Cuauhtémoc Cárdenas, ex gobernador de Michoacán, dejó el partido y formó el Frente Democrático Nacional (FDN) junto con un grupo de partidos de izquierda y organiza ciones sociales y se convirtió en el primer contendiente creíble de la hegemonía del PRI. Esta coalición se mantuvo unida por la promesa del clientelismo, el carisma de Cárdenas y su lealtad a las doctrinas tradicionales de la Revolución Mexicana (^{Bruhn, 1997}). La elección de 1988 resultó ser extremadamente controvertida, en especial porque Cárdenas estuvo cerca de ganar. Los partidos de oposición alegaron un fraude rampante, cobijado por la "caída" deliberada del sistema de resultados preliminares, mismo que los agentes gubernamentales encargados de supervisar la elección desconectaron cuando los resultados de distritos urbanos empezaron a llegar favoreciendo a Cárdenas. El cómputo oficial otorgó a Salinas 50 por ciento de los votos, mientras que Cárdenas se acercó a un tercio. Muchos siguen considerando que la elección fue resultado de un fraude de gran escala, aunque los resultados se asemejan a los de las encuestas preelectorales disponibles al público en ese momento (^{Domínguez y McCann, 1998}).

Manuel Clouthier, candidato del PAN, fue el primero en denunciar un fraude. Se unió a Cárdenas en protestas masivas aunque luego el liderazgo Panista las abandonó cuando se volvió evidente que Cárdenas sería el único beneficiado (^{Bruhn, 1997}). Además, el electorado panista parecía averso a la protesta y la dirigencia del PAN creyó que ésta minaría su apoyo (^{Loaeza, 1999, p. 368}). Es poco releante si los votantes panistas pensaban que las acusaciones de fraude eran creíbles o si las consideraban una razón para salir a las calles: su dirigencia desestimó la opción e ignoró la protesta como herramienta de movilización. Aunque el PAN haya sido también víctima del fraude, su dirigencia nunca lo usó para movilizar a sus bases y, en consecuencia, éstas nunca llegaron a responder a ellas como pronunciamiento de campaña. Por otro lado, la magnitud del escándalo desencadenado por la derrota dio a Cárdenas y al FDN amplias oportunidades para usar el fraude como una llamada a cerrar filas y movilizar a sus bases. Este "encuadre maestro" (^{McAdam et al., 1996}) resultó especialmente útil para unificar esfuerzos entre los miembros del FDN, especialmente después de que se desin tegrara y se creara el PRD a principios de 1989.

Los repertorios de conflicto se copian y se adaptan según las circuns tancias (^{Tilly y Tarrow, 2007}), en parte porque dependen de trayectorias y decisiones tomadas en el pasado (^{Pierson, 2004}): el uso del conflicto electoral como estrategia de movilización es favorecido por un ciclo de retroalimentación positiva que surge de la interacción entre la necesidad que tienen las élites para encontrar un encuadre maestro, i.e. la lucha por la democrati zación, y el deseo manifiesto de sus simpatizantes de que haya de mocracia en el país y, desde luego, que su candidato gane la elección. Los partidos de oposición en México han usado el llamado a la democratización como mecanismo de movilización, hablando durante la campaña sobre lo que saldrá mal en la elección, incluso si las elecciones se han vuelto más creíbles y competitivas (^{Vázquez del Mercado, 2013}). Algunos de los votantes que apoyan a partidos de oposición responderán positivamente a las acusaciones y apoyarán al candidato que las hace (cerrando el ciclo de retroalimentación), mientras que otros no lo harán. Esta interacción entre estrategias partidistas y demandas ciudadanas traza la evolución de los temas políticos (^{Carmines y Stimson, 1989}), en particular la "dimensión del régimen" fincada en consideraciones expresivas como la democratización (^{McCann, 2012}), que el PRD explotó desde su creación.

Una ilustración de la adopción de las acusaciones de fraude como estrategia discursiva de conflicto fue la crítica del PRD al recién actualizado Registro Federal Electoral en 1994, por incluir nombres falsos y duplicados. El gobierno de Salinas se había propuesto enfáticamente legitimar las elecciones y organizó un segundo debate, además del primer debate televisado en México entre los candidatos, donde el director general del Registro discutió con un abogado y representante del PRD las virtudes de todos los dispositivos de seguridad utilizados en las credenciales para votar (^{García y Figueiras, 2006, p. 118}). Seis años después, en 2000, la victoria del Panista Vicente Fox contra el pri pareció vacunar al ambiente político contra el conflicto electoral, pero la luna de miel no duró mucho. Conforme se acercaba la elección de 2006, el PRD se quejó de que el PAN y el PRI maniobraban para reducir su representación en el consejo general del IFE. Los perredistas previeron que se avecinaba otro fraude. La noche de la elección, los resultados preliminares fueron demasiado cerrados como para declarar un ganador. Felipe Calderón, del PAN, ganó por un margen de 0.58 por ciento, y Andrés Manuel López Obrador (candidato del PRD) denunció que se había cometido un fraude en su contra y exigió un recuento total de los votos. El tema de si Calderón se había "robado" la elección resultó ser polarizante. El escenario estaba listo para que se desplegara el poder de las acusaciones de fraude y movilizar a los perredistas en torno a la bandera que ondeaba López Obrador, especialmente porque, para entonces, esa era la reacción que se esperaba de él (^{Bruhn, 2009}).

La relación entre las creencias sobre el fraude y el comportamiento de protesta

^{Norris y sus coautores (2015)} han observado que la relación entre la prevalencia de elecciones conflictivas y el nivel de democratización del país en el que suceden sigue una curva con forma de U invertida. La frecuencia de las protestas electorales es mayor cuando los regímenes autoritarios competitivos celebran elecciones bajo circunstancias claramente desiguales, dando a los partidos de opo sición amplias razones para desconfiar de las instituciones electorales. Los partidos de oposición mexicanos experimentaron esto durante décadas. Incluso ahora que México califica como una democracia electoral, ^{Norris y sus coautores (2015, p. 143)} muestran que su nivel de conflicto electoral sigue siendo alto, cercano al de otras democracias jóvenes como Kenia, Ucrania y Filipinas.

La desconfianza en los procedimientos electorales es una actitud que antecede al comportamiento electoral conflictivo. Los ciudadanos de re gímenes electorales autoritarios y de democracias jóvenes que piensan que las elecciones fueron injustas, o que incluso atestiguaron sucesos de corrupción electoral, son más proclives a apoyar actividades de protesta o a participar en ellas. ^{Sedziaka y Rose (2015)} observaron esto en su investigación sobre las actitudes de los ciudadanos rusos tras las elecciones de la Duma en 2011, que fueron fuertemente criticadas por la prevalencia de manipulación. Según sus resultados, los encuestados que creían que la elección había sido manipulada tuvieron una probabilidad mayor de apoyar el comportamiento conflictivo tras la elección. ^{Norris (2014)}, usando los resultados de la sexta ronda de la Encuesta Mundial de Valores, concluyó que, en todo el mundo, los ciudadanos que sienten que las elecciones están manipuladas tienen mucha menos confianza en sus instituciones electorales, apoyan menos su democracia y tienen comportamientos conflictivos con mayor frecuencia. En particular, los ciudadanos mexicanos tienen opiniones más negativas de sus elecciones recientes que las evaluaciones de los expertos (^{Norris, 2014, p. 107}), lo que indica que los ciudadanos desconfían de las elecciones más de lo necesario. Además, las actitudes sobre integridad electoral dependen de los resultados de elecciones pasadas: perder elecciones hace que los ciudadanos confíen menos en la democracia. Este efecto es aún más intenso en los ciudadanos que votaron por partidos que han estado fuera del poder durante un periodo muy largo y, aún más, si su partido nunca ha llegado al poder (^{Anderson et al., 2005}). En particular, votar por un candidato que perdió una elección aumenta en gran medida el "potencial de protesta" de una persona, esto es, su intención de participar en comportamientos conflictivos como marchas o mítines públicos. Este efecto es mayor en ciudadanos de democracias jóvenes (^{Anderson y Mendes, 2005}).

Las actitudes negativas están relacionadas con el comportamiento de protesta, pero no necesariamente con el comportamiento electoral. ^{Schedler (2009, p. 184)} postula que "la manipulación conseguirá que los votantes democráticos le den la espalda al gobierno [...] dependiendo del nivel en que los ciudadanos valoren los bienes políticos democráticos y perciban que el régimen político vigente viole los preceptos democráticos". Sin embargo, es necesario especificar mejor quiénes son esos votantes y la forma como las élites pueden comunicarse con ellos. En especial porque las pruebas a la mano dibujan un cuadro mucho menos romántico de los votantes mexicanos, quienes parecen estar menos preocupados por la democracia que por el desempeño gubernamental. No hay evidencia significativa (o más bien, hay muchos resultados negativos) en los Estudios PANel México de 2000 y 2006 (^{Magaloni y Poiré, 2004}; ^{Moreno, 2009}) de algún vínculo entre el comportamiento electoral y las consideraciones sobre la necesidad de una reforma política para asegurar una competencia electoral justa. ^{Zechmeister (2008)} mostró que la concordancia entre las preferencias ciudadanas respecto a la reforma política y las posiciones de los candidatos no influyó en la decisión electoral. En suma, la noble noción de una reforma política que lleve a una competencia electoral más equitativa no ha influido en las decisiones electorales de la mayoría de los votantes. La única excepción son los votantes que sentían que el problema más importante del país antes de la elección de 2000 era político, mismos que tenían una probabilidad mayor de votar por el PRD (^{Magaloni y Poiré, 2004, p. 308}).

En resumen, creer que las elecciones fueron robadas promueve el comportamiento político conflictivo y estas creencias son más predominantes, en general, entre los ciudadanos que votaron por los perdedores en una elección. Para que éstos sean relevantes para una campaña electoral es necesario que un grupo responda de forma positiva a las acusaciones de fraude. Por el momento hay evidencia, aunque no mucha, de que el PRD se ha logrado "adueñar" del tema. Para darle un sustento más sólido a esta hipótesis es necesario especificar con precisión los mecanismos de formación de opiniones bajo el efecto de los encuadres.

La psicología de las acusaciones de fraude y los incentivos para hacerlas

Un candidato que pierde una elección puede encuadrar su derrota como resultado de un fraude, enfatizando en su descripción de los eventos ciertos rasgos de la elección (e.g. la violación de regulaciones) en lugar de otros (e.g. el candidato no logró movilizar suficiente apoyo). En general, al escoger cuáles rasgos de un evento resaltar y cuáles ignorar, las élites aprovechan los efectos de encuadre que les permiten influir en el proceso de formación de actitudes en su audiencia de interés. Los efectos de encuadre dependen tanto de las estrategias de comunicación de las élites como de las características de los individuos que las reciben (^{Druckman, 2001}). Esto tiene implicaciones importantes para el estudio de los efectos de acusaciones de fraude en la evaluación del acusador, porque su intento por encuadrar su derrota como resultado del fraude no necesariamente será creído por todo aquel que lo escuche.

Los encuadres influyen en las consideraciones que vienen a la mente en el momento de la formación de una opinión y su "fuerza" depende de la disponibilidad de estas consideraciones, así como de su aplicabilidad en el objeto evaluado (^{Chong y Druckman, 2007}). Esto significa que las élites que encuadran sus mensajes de cierta forma no tienen control completo sobre las consideraciones que efectivamente llegan a la mente ni sobre los efectos que puedan tener en la formación de actitudes. En particular, su "fuerza" depende del contexto en que el ciudadano formó sus predisposiciones (e.g., si un encuadre fue repetido con frecuencia). Además, si los encuadres activan consideraciones existentes que tienen un efecto negativo en las opiniones, pueden resultar contraproducentes y tener un efecto opuesto al esperado. Dado que el efecto de los encuadres depende de su contexto y de las predisposiciones, y éstos a su vez varían entre individuos, no afectarán de igual manera las actitudes de todos quienes lo reciban; el mismo encuadre puede tener un fuerte efecto en una persona y dejar a otra inalterada.

Otro mecanismo psicológico con el que las élites influyen la formación de actitudes son los atajos cognitivos (^{Popkin, 1994}). Éstos son un ejemplo de los procesos de la llamada "racionalidad satisfaciente" descrita por ^{Simon (1985)}, que permite a los individuos procesar pequeñas cantidades de información y generar opiniones que son "respuestas semiautomáticas" (^{Lau y Redlawsk, 2006, p. 13}) a estímulos sencillos, en lugar de cálculos com plejos de costos y beneficios. En esencia, esta es una de las herramientas principales de la comunicación política, "usar la retórica para detonar los mecanismos psicológicos que distorsionan el juicio" (^{Kuklinski y Quirk, 2000, p. 168}). Pero estos detonantes no son homogéneos para todos los ciudadanos; están mediados por la identidad política y las circunstancias sociales. Esto es lo que les da el poder de movilizar de manera selectiva a grupos particulares (véase ^{Hillygus y Shields, 2009}). Por ejemplo, sin importar el estado actual de las instituciones electorales, las quejas de las élites sobre fraude electoral pueden ser usadas como un atajo por cierto grupo de votantes (para quienes el régimen es aún proclive a robarse las elecciones) para determinar la legitimidad de una elección. Sin embargo, las mismas acusaciones pueden significar para otro grupo de votantes (cuyo candidato haya ganado la elección) que el acusador es un mal perdedor y se queja de la falta de honradez de los resultados, pues no tiene nada más que decir excepto aceptar su derrota. Pero otro grupo de votantes (que decidió no ir a votar porque no le interesa la política) puede no hacer caso de las acusaciones ya sea porque el fraude es algo esperado o porque no es algo que le preocupe. Nótese que estos efectos se dan bajo el mismo estímulo. La diferencia en las reacciones depende de sus predisposiciones y la más poderosa entre ellas es la identificación partidista.

La identificación partidista es una autoconcepción que, como la identificación religiosa, está fuertemente influida por las socializaciones tempranas y viene con sus propias "posiciones doctrinales", defendidas por otros simpatizantes (^{Green et al., 2002, p. 4}). Los vínculos partidistas influyen en la percepción de los sucesos políticos y en la evaluación de los actores políticos, e incluso tiñen la evaluación de las instituciones electorales. Por ejemplo, Green y sus coautores citan resultados de encuestas sobre los sucesos en torno a la disputada elección presidencial de 2000 en Estados Unidos, que indican que los votantes evaluaron la legalidad de los procedimientos según el candidato por el cual habían votado. Un historial de abusos electorales y de derrotas continuas sólo agravará la desconfianza de los perdedores. Pero su desconfianza está fincada inicialmente en la ambigüedad de los resultados y en la complejidad de los procesos electorales. En lugar de discernir si las elecciones fueron legales o si las acusaciones son válidas, los ciudadanos prefieren recurrir a su identificación partidista como heurístico para decidir quién ganó y cómo se llegó a tal decisión (^{Doherty y Wolak, 2012}).

Las élites no pueden simplemente escoger cualquier tema de su interés y relacionarlo inmediatamente con la identidad de sus partidarios. Es relativamente fácil movilizar su apoyo apelando a posiciones, prejuicios u otras consideraciones, pero es mucho más difícil hacerlo usando un tema ya asociado con su identidad partidista. ¿Esto significa que un partido tiene que existir antes de que se asocie algún tema con él? No necesariamente: por ejemplo, si los miembros del FDN que más tarde formarían el PRD perciben que el tema del fraude electoral los afecta y sus líderes refuerzan esta percepción, entonces el tema del fraude puede ser transferido a los perredistas una vez establecido el partido. Y habría permanecido en la mente de los perredistas durante el tiempo que las élites lo mantuvieran vivo.

Los partidos trabajan para crearse una reputación que les permita asociarse con posiciones ideológicas en las mentes de los votantes. Una vez que un partido tiene la reputación de darle seguimiento a un tema, goza del "bono" en la mente de sus partidarios (^{Sniderman y Stiglitz, 2012}). Resultados experimentales muestran a individuos que evaluán de forma partidista a candidatos hipotéticos según las políticas que promueven, especialmente si la propuesta coincide con sus preferencias; lo hacen incluso sin conocer el partido del candidato, infiriendo que eran sus copartidarios por las posiciones que toman. Este proceso aporta una lección metodológica importante: los participantes en un experimento que se identifican con cierto partido pueden inferir la filiación partidista de un candidato hipotético con la condición de que dicho partido se haya "adueñado" del tema. Tal diseño experimental previene que el efecto de la filiación partidista del candidato se confunda con el efecto de sus pronunciamientos, al tiempo que permite a los ciudadanos evaluarlos usando su propia identificación partidista. Este diseño se usará en el experimento aquí presentado.

Para terminar, es necesario recordar que la capacidad de los partidos para asociar la identidad de sus partidarios con un tema político depende de la longevidad del sistema de partidos. ^{Brader y Tucker (2009)} muestran cómo los participantes en sus experimentos en Gran Bretaña tienen una tendencia marcada a calificar de forma favorable las propuestas políticas que impulsa el partido con el que se identifican, comparada con la tendencia de menor magnitud registrada entre los participantes en Hungría. Esta tendencia no fue en absoluto observable en los participantes de Polonia. Hungría ha tenido un sistema de partidos más estable desde el colapso del régimen comunista, y el sistema polaco ha sido mucho menos estable. Estos resultados prueban que la estabilidad de un sistema de partidos es necesaria para consolidar identificaciones partidistas que no sólo permitan que los votantes se clasifiquen a sí mismos, sino también para permitirles usar la identidad como un heurístico para la formación de actitudes y la toma de decisiones. ¿Qué ha pasado en México? El sistema de partidos mexicano ha sido relativamente estable: el PRI dominó el sistema durante más de siete décadas, mientras que el PAN fue creado en 1939. El PRD fue creado en 1989, una existencia de poco más de dos décadas que, según el análisis de los resultados húngaros de Brader y Tucker, debería bastar para crear y mantener una identidad partidista. Esta identidad responde a las acciones de los partidos, especialmente cuando están en el gobierno (^{Fiorina, 1981}) y es de esperar que sucedan cambios en la identidad de ciertos individuos conforme se acerquen o alejen de lo que hacen los partidos. Crisis severas pueden causar realineamientos masivos en la identidad política de una sociedad. Aun con ello, la identidad no pierde su capacidad para anclar la formación de opiniones y el comportamiento político aunque los niveles agregados de identidad partidista fluyan con las circunstancias.²

Expectativas

Se ha observado que los ciudadanos ponen más atención en la información negativa (^{Soroka, 2014}), lo que aumenta el incentivo de los candidatos para usarla. Sin embargo, desplegar una campaña negativa tiene costos. Los candidatos que se embarcan en campañas negativas son capaces de degradar la opinión del candidato que atacan, pero generalmente pagan un precio similar en la opinión que tiene de ellos el público en general; los ciudadanos generalmente no consideran aceptable la negatividad del mensaje (^{Fridkin y Kenney, 2004}; ^{Lau et al., 2007}). Una acusación de fraude, en especial una hecha antes de la elección (ya sea recordando hechos pasados de fraude o denunciando violaciones presentes) constituye un pronunciamiento de campaña negativa porque es la denuncia contra los agentes o instituciones a cargo de organizar la elección; se dice algo inherentemente negativo de ellos y el acusador se expone a pagar el precio por hacerlo. Se puede, en consecuencia, crear una primera expectativa general de los efectos de acusaciones de fraude: una acusación de fraude funcionará como declaración de campaña negativa y causará una caída en la evaluación del acusador.

Los encuadres varían en cuanto a los rasgos que resaltan y, con ello, también varían sus efectos sobre la evaluación del acusador. En general, la manipulación electoral implica una falla de las instituciones que deben garantizar la legalidad y la equidad de la elección (^{Schedler, 2002}), lo que puede afectar la legitimidad del resultado (^{Tyler, 2006}). Históricamente, las acusaciones de fraude han sido encuadradas poniendo énfasis en estas fallas de las instituciones, aunque el desarrollo de la democracia las ha hecho menos frecuentes (o menos conspicuas). Por esta razón, dada la magnitud del escándalo postelectoral de 2006, es de esperar que el encaudre de fallas institucionales tenga menos fuerza que uno que recuerda la demanda reciente por un recuento. Se deriva una segunda expectativa: una acusación basada en la descripción de una falla de las instituciones tendrá un efecto menor que una acusación que recuerde un escándalo reciente.

Dado que los rasgos de las acusaciones pueden variar, será necesario controlar por su negatividad de manera general. Esto permitirá que el efecto de estos rasgos sea observado con más claridad. Si las acusaciones tienen un efecto adverso en las opiniones sobre el acusador porque son negativas, independientemente del efecto que tengan otros rasgos, entonces es posible especificar una tercera expectativa: una medida general de negatividad tendrá un efecto independiente del de cualquier acusación. Por otro lado, la credibilidad de un encuadre depen de en parte de su contexto y, en consecuencia, la credibilidad de una acusación de fraude depende del resultado de la elección. En particular, un margen electoral estrecho se puede interpretar como prueba de corrupción (^{Hartlyn y McCoy, 2006}). Se deriva una cuarta expectativa: el contexto electoral, en forma de un margen electoral estrecho, dará credibilidad a la acusación y reducirá su efecto negativo en la evalaución del acusador.

Aún es necesario explorar si el efecto de las acusaciones de fraude es homogéneo en la población. Si lo es, ya sea porque todos los ciudadanos son indiferentes o porque todos rechazan las acusaciones, entonces ningún candidato tendrá incentivos para hacer acusaciones más que el de promover el desarrollo democrático. De otra forma, si los ciudadanos de cierto grupo responden a las acusaciones de forma positiva, entonces estas funcionan como pronunciamientos de campaña negativa que han logrado movilizar al electorado. Tal efecto positivo mostraría que las acusaciones de fraude funcionan como un "tema polémico" (^{Hillygus y Shields, 2009}) que atrae sólo a segmentos específicos del electorado y que pueden usarse para movilizarlos a través de comunicación masiva. Si en realidad el PRD "es dueño" del tema de las acusaciones de fraude y sus partidarios responden a ellas como si fuera un pronunciamiento de campaña (pero ningún otro partido lo hace), entonces se puede formular una quinta expectativa: los encuestados que se identifiquen con el PRD recompensarán al acusador, mientras que los encuestados que se identifiquen con otros partidos (o con ninguno) reducirán la calificación del acusador.

Finalmente, debe tomarse en cuenta la edad de los participantes para aclarar el efecto del paso del tiempo en la disponibilidad de los encuadres; puede formularse una sexta expectativa: los encuestados más viejos recordarán las fallas institucionales con mayor frecuencia y reducirán su evaluación del acusador al escuchar el encuadre que las describe. Una hipótesis complementaria tiene que ver con la capacidad de las causas políticas para movilizar a los ciudadanos jóvenes que buscan su "realización personal" a través de la participación en movimientos sociales (^{Rossi, 2009}), en este caso promocionar la democratización del país con la victoria de su candidato. En la medida en que los ciudadanos jóvenes prefieren a un candidato cuyo partido se haya presentado exitosamente como opción viable para la democratización, se puede desplegar una expectativa alterna: un candidato que hace una acusación de fraude será mejor evaluado por los encuestados jóvenes que se identifiquen con su partido.

Diseño de investigación

Este proyecto propone analizar acusaciones de fraude usando un experimento en el que se lee una narrativa a los encuestados; ésta presenta una elección hipotética cuyas características históricas y contextuales varían de forma sistemática, pero en la que no se revela la membresía partidista de ningún candidato. Este diseño tiene la desventaja de minimizar la información presentada a los encuestados, pero les permite enfocarse en los rasgos de la acusación y el contexto que la rodea, al tiempo que evita que los participantes evalúen al acusador por su membresía partidista en vez de hacerlo por sus pronunciamientos. Es cierto que este diseño afecta la validez externa de sus resultados, en especial porque los candidatos reales son evaluados usando otras consideraciones (como las políticas, el desempeño o la personalidad) que competirían con sus pronunciamientos, pero este es el precio pagado por observar que los ciudadanos reaccionan a las acusaciones de formas políticamente relevantes.

Las condiciones experimentales fueron diseñadas para reflejar sucesos históricos ocurridos. Por ejemplo, antes de la elección presidencial de 1994 la oposición hizo continuas referencias a fallas institucionales, tales como como la existencia de nombres duplicados en el registro de electores. Y, en el escándalo postelectoral de 2006, las denuncias estuvieron acompañadas de una demanda por un recuento (memorable por el canto "voto por voto, casilla por casilla"). Estos escenarios se presentan en dos acusaciones distintas: la primera hace referencia a las fallas institucionales, mientras que la segun da no se refiere explícitamente a las fallas, pero exige un recuento; además, la primera hace referencia al escándalo sucedido hace más de dos déca das, mientras que la segunda alude a un escándalo reciente. Con el fin de maximizar la credibilidad de las acusaciones, y por lo tanto la validez del diseño experimental, las acusaciones se ubicaron temporalmente con respecto a la elección según sucedieron. La acusación "institucional" sucede antes de la elección, y la exigencia de recuento sucede (necesariamente) después. Aunque este rasgo de los tratamientos sigue la pauta histórica, tiene el resultado desafortunado de confundir el efecto de la naturaleza "institucional" de la acusación con el de su temporalidad respecto de la elección. Se analizará un tercer tratamiento combinado, que se llamará "negatividad generalizada", el cual se usará para evaluar el efecto de la negatividad del mensaje de forma independiente de las características de cada acusación. Estará compuesto por una variable que indique si el encuestado escuchó alguna de las acusaciones o escuchó ambas.

El experimento tuvo un diseño de 2x2x2x2, en el que se leyó a los encuestados una descripción seleccionada al azar con información sobre la elección.³ Como introducción, se pedía al encuestado que pensara en una elección hipotética en la que competían dos candidatos:

A continuación le voy a pedir que hablemos del proceso electoral. Imagine que en una elección para presidente de la república sólo compitieron dos candidatos: uno del partido que gobierna y otro del partido en la oposición.

Y después se leía uno, o una combinación, de los siguientes tratamientos:

Acusación "institucional":

A continuación le voy a pedir que hablemos del proceso electoral. Imagine que en una elección para presidente de la república sólo compitieron dos candidatos: uno del partido que gobierna y otro del partido en la oposición.

Demanda por un recuento:

El candidato de la oposición denunció que hubo un fraude y pidió un recuento voto por voto.

Resultados electorales cerrados:

El IFE anuncio que el candidato del partido en el gobierno ganó la elección por 200 mil votos, menos de uno por ciento del total de los votos.

A los encuestados del grupo de control sólo se les leyó la siguiente frase: "el IFE anunció que el candidato del partido en el gobierno había ganado la elección". La variable dependiente será la calificación del acusador medida con un termómetro de 100 puntos (media=51.5, e.s.=0.48). Más detalles sobre la variable dependiente y el experimento se incluyen en el apéndice. El efecto de las variables moderadoras se probará haciendo cortes en la muestra en los valores medianos de su distribución. Los resultados del experimento, incluyendo los tratamientos básicos, así como el modelo completo que incluye la "negatividad generalizada", serán analizados con una regresión MCO. El experimento se diseñó de la siguiente forma: antes del experimento, se midió el nivel de identificación con los partidos políticos. A cada encuestado se le leyó sólo un escenario seleccionado al azar e inmediatamente después se preguntó la calificación del acusador.

Dado que el candidato no es identificado por nombre ni afiliación partidista, los encuestados pueden "llenar los espacios en blanco", esto es, reconstruir su perfil con cualquier consideración que les parezca aplicable. Por esta razón, la regresión MCO incluirá un conjunto de variables de control que podrían afectar la calificación del acusador y cuyo efecto podría ser confundido con el efecto de los tratamientos. El primer conjunto de controles medirá los niveles de identificación con los tres partidos principales (PRI, PAN y PRD), así como la opinión de sus candidatos en la elección presidencial de 2006. Estos controles servirán como indicadores de la afinidad que sienten los encuestados por el perdedor de una elección, sin importar cómo se comporte tras la derrota. También se añadirá al control una medida de confianza en el IFE para controlar los resultados por su efecto legitimador en el comportamiento del perdedor; en la medida en que la confianza en el árbitro electoral lleve a tener mejores opiniones sobre la competencia y sobre todos los candidatos involucrados, se espera que haya mayores niveles de confianza para mejorar la calificación del perdedor. Finalmente, los modelos controlarán los efectos de variables sociodemográficas como género, edad y nivel educativo. El género se ha asociado con conservadurismo político: en particular se ha observado que las mujeres tienen una preferencia pequeña (pero estadísticamente significativa) por el statu quo y por los candidatos del partido en el gobierno (^{Moreno, 2003}), lo que conduce a la expectativa de que también preferirán a los ganadores y, a la inversa, serán más críticas con los perdedores. Por su parte, debido a su mayor propensión a participar en actividades políticas no institucionales (como firma de peticiones y unirse a protestas) en un contexto electoral, se espera que los ciudadanos más jóvenes tengan una mejor opinión del perdedor (^{Norris, 2014}). Finalmente, durante mucho tiempo se ha observado que la educación ofrece actitudes más críticas con respecto a las instituciones electorales y una mayor exigencia de democracia (^{Norris, 2011}). Sin embargo, no queda claro si una mayor educación debería llevar a mejores actitudes sobre el perdedor de la elección.

La encuesta fue realizada por el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en septiembre de 2009. En total se entrevistó a 3 985 personas seleccionadas de una muestra representativa nacional. La encuesta fue levantada poco después de las elecciones intermedias de la Cámara de Diputados. En contraste con el escándalo postelectoral de 2006, estas elecciones fueron bastante ordenadas, sin impugnación discernible de los resultados previa o posterior a la elección. Por lo tanto, los efectos medidos en el experimento se deben con alta probabilidad a consideraciones existentes sobre escándalos pasados y no a controversias en torno a la elección intermedia.

Resultados

El Cuadro 1 presenta, en la columna izquierda, los resultados de la regresión MCO, e incluyen sólo los tratamientos y su interacción con "resultados electorales cerrados". Se omiten otras variables de control en el cuadro, pero están disponibles en los resultados completos en el apéndice. El primer dato sorprendente de este experimento es que, sin la medición de la "negatividad generalizada" en el modelo, ningún tratamiento muestra un efecto significativo. Esto es resultado de los efectos cruzados que indujo la inclusión de "resultados electorales cerrados" en el modelo, evidentes en los resultados diferentes que tiene según la acusación con la que interactúe. Estas interacciones complejas son resultado de los efectos combinados del encuadre, su contexto y las predisposiciones de los encuestados, todo lo cual puede hacer que los efectos de encuadre sean difíciles de predecir (^{Chong y Druckman, 2007}). Cuando se incluye la negatividad generalizada en el modelo, así como su interacción con "resultados electorales cerrados", los resultados -mostrados en la columna derecha- son mucho más claros. El efecto de la "negatividad generalizada" es significativo y negativo. Al decir algo negativo sobre la elección, la calificación del acusador cae seis puntos. Esto indica que a los ciudadanos sí les importan las acusaciones de fraude, independientemente de sus rasgos, y demuestra que funcionan como declaraciones de campaña negativa que no son bien recibidas; los ciudadanos castigan al candidato que las hace.⁴ También cabe resaltar que la interacción de la "negatividad generalizada" con los "resultados electorales cerrados" tiene un efecto positivo pero no es estadísticamente significativo. Esto debilita la interpretación de que una elección cerrada aumenta la credibilidad de las acusaciones y las hace menos proclives a ser interpretadas como una campaña negativa. Su falta de significancia estadística indica que el público no cree en una acusación porque el contexto la respalda, lo que tiene implicaciones interesantes para teorías del efecto que tienen los conflictos políticos en la opinión pública: al público en general no le gustan mucho, ni siquiera cuando sus justificaciones son creíbles; esto también limita la capacidad de grupos que incitan a la protesta para movilizar el apoyo del público en su favor.

Fuente: Elaboración propia. Negatividad generalizada indica la presencia de una acusación, ya sea previa, posterior o ambas. Las entradas son coeficientes MCO, con los errores estándar robustos entre paréntesis. Resultados completos de la regresión en el apéndice. ** - sig. al 0.01, * - sig. al 0.1.

Cuadro 1 Costo de la negatividad para el acusador. 

Esto es observable también en el efecto negativo y significativo de la interacción entre la demanada por un recuento con el margen electoral estrecho, escenario que se asemeja mucho al escándalo de 2006. Este efecto resulta de eliminar el efecto positivo, pero no significativo, de su interacción con la negatividad generalizada. Incluso tres años después del escándalo, los ciudadanos mexicanos muestran fuertes reacciones en su contra, lo que ilustra cómo un encuadre puede interactuar con su contexto porque sigue estando disponible, y sigue siendo bastante aplicable, en las mentes de los ciudadanos que evalúan a un acusador que exige un recuento. El grueso del electorado mexicano sigue recordando a López Obrador y su protesta -y no lo recuerda de la mejor forma-. Es posible concluir que un conflicto electoral de tal magnitud no es fácil de olvidar y los líderes de tales movimientos que intentan movilizar al público con las protestas deberían considerar sus consecuencias negativas de largo plazo.

La identificación partidista modera los efectos de las acusaciones de fraude. El Cuadro 2 contiene los coeficientes relevantes de las regresiones MCO para participantes cuyo nivel de identificación (medido en una escala de cinco puntos) es superior al valor mediano para el PRD, el PRI y el PAN. Los perredistas recompensan al acusador por una acusación creíble. Aumentan significativamente su calificación, en casi 31 puntos, si hace una acusación de fraude -el efecto de la negatividad generalizada- que viene acompañada de una declaración de resultados electorales cerrados.⁵ El tamaño del efecto es bastante grande, lo que sugiere que no sólo mitiga el efecto de la negatividad al oír que el resultado electoral apoya la acusación, sino que recompensa al acusador significativamente por hacerla. Además, nótese que la interacción entre "negatividad generalizada" con "resultados electorales cerrados" tiene un efecto muy positivo, y que el encuadre que recuerda el escándalo de 2006 no tiene efecto en absoluto. Esto indica que los perredistas responden al discurso negativo sobre las elecciones en general cuando el contexto electoral le da credibilidad, lo que sugiere su exigencia continua de democratización. Asimismo, la acusación institucional también provoca que los perredistas aumenten la calificación del opositor en once puntos (aunque este coeficiente es significativo al nivel 0.5 para una prueba de una cola). Estos resultados son una fuerte indicación de que el PRD "es dueño" del tema de la democratización, de forma que sus partidarios dan fuertes incentivos a sus candidatos para hacer acusaciones de fraude. En la medida en que la democratización es un "tema fácil" para los perredistas, estos resultados muestran que los candidatos del PRD han logrado activar con facilidad el tema del fraude en la mente de sus seguidores y cosechado los frutos de su movilización. Esto podría significar una alerta para quienes están preocupados por la estabilidad de un régimen democrático en el que los perdedores pueden llevar a las calles a sus partidarios para protestar por una derrota electoral. Si el régimen estuviera bajo presión económica o social, las protestas podrían contagiar a otros grupos en una escalada de retos a la gobernabilidad. Este sería un escenario que recordaría lo que ^{Sartori (1992)} describe como problemático en regímenes "plurales polarizados", donde los partidos antisistema pueden estar cerca de derrocar al régimen para obtener ganancias políticas. Esta interpretación, sin embargo, no es del todo correcta.

Fuente: Elaboración propia. Negatividad generalizada indica la presencia de una acusación, ya sea previa, posterior o ambas. Las entradas son coeficientes MCO, con los errores estándar robustos entre paréntesis. Resultados completos de la regresión en el apéndice. ** - sig. al 0.01, * - sig. al 0.1, + - sig. al 0.2.

Cuadro 2 Costo de la negatividad para el acusador moderado por la identificación partidista. 

Los perredistas que participan en el experimento también mostraron una reacción negativa contra las acusaciones de fraude. A pesar de su entusiasmo por un candidato que hace una acusación cuando el contexto electoral lo respalda, los perredistas muestran una tendencia a castigarlo cuando su candidato hace un pronunciamiento negativo sobre las elecciones; oír que perdió en una elección reñida también provoca que lo castiguen. El efecto principal de la negatividad generalizada indica una caída de 16 puntos en la calificación del acusador (aunque es significativo al nivel 0.1 en una de una cola). De igual forma, el efecto principal del margen electoral estrecho causa una caída de 12 puntos en su calificación, quizá como recordatorio de tiempos turbulentos.⁶ Juntos, estos resultados se contraponen a la llamada "cultura de protesta" de los perredistas (^{Estrada y Poiré, 2007}), quienes tienen una reacción ambivalente ante las acusaciones, el escándalo y los sucesos conflictivos que los acompañan. Estos resultados imponen límites claros a lo que un candidato puede hacer para movilizar a sus simpatizantes, si éstos están interesados en profundizar la democratización, antes de que se tornen en su contra. Y, en términos más generales, los actores sociales capaces de movilizar ciudadanos con acciones de protesta pueden esperar que sus simpatizantes se distancien de ellos. Estos resultados muestran que el apoyo a la política y al discurso conflictivos tiene una naturaleza autolimitante.

Para completar el análisis del efecto de la identificación partidista en la recepción de las acusaciones de fraude se llevó a cabo un análisis de encuestados que se identifican con el PRI, con el PAN y otros con ninguno de los partidos. Como respaldo a la afirmación de que el PRD "es dueño" del tema del fraude electoral, ni los priístas ni los Panistas respondieron de modo significativo a los encuadres.⁷ Dado que el nivel de identificación partidista se midió para cada partido individualmente, se definió a los independientes como aquellos encuestados que indicaron no identificarse con ninguno de los partidos (tres grandes y cuatro más pequeños que se omitieron en el presente análisis debido a su reducido número de simpatizantes). Los resultados, significativos al nivel 0.1 de una prueba de una cola, sugieren que los ciudadanos que marcadamente rechazan la identificación con cualquier partido responden a las acusaciones de forma similar a los perredistas, que castigan al perdedor por hacer una acusación, pero que lo recompensan por hacer una acusación creíble. Estas similitudes son importantes porque arrojan luz sobre la probabilidad de que las actitudes de los ciudadanos que no se identifican con ningún partido estén basadas en actitudes de desconfianza en partidos y elecciones y, por lo tanto, que su respuesta a las acusaciones de fraude sea bastante similar a la de ciudadanos que han tenido experiencias de derrota electoral. Esto da a las acusaciones de fraude el potencial de movilizar ciudadanos más allá de los seguidores habituales de un partido, lo que quizá profundice los incentivos para hacerlas.⁸ Y da también una pauta a candidatos independientes del potencial que tienen los pronunciamientos negativos sobre las elecciones para movilizar ciudadanos que no se identifiquen con ningún partido o que abiertamente los rechacen; es decir, un segmento creciente de la ciudadanía.

Para analizar la posibilidad de que la fuerza del encuadre dependa de la exposición previa al mismo, en particular la acusación relacionada con nombres repetidos en el registro de electores, la muestra se dividió entre aquellos que ya tenían edad para votar en 1994 y los más jóvenes. Los encuestados que en 1994 tenían 18 años y habían cumplido 33 en 2009; como la edad se codificó en grupos de cinco años, los votantes más jóvenes entraron en las categorías de 30-34 y menores, y los demás en la categorías de 35-39 y mayores. El Cuadro 3 contiene estos resultados. Contra la expectativa de que la acusación institucional sería más creíble para encuestados mayores, los más jóvenes mostraron ser mucho más sensibles a ella. No es posible evaluar si esto es porque la juventud se impresiona más fácilmente con la protesta electoral o porque los votantes más grandes se han vuelto insensibles al respecto, pero quizá sea una combinación de ambas. Como los perredistas, que muestran una tendencia apenas significativa a castigar al acusador, los encuestados más jóvenes no son tolerantes con la negatividad (bajan 16 puntos en la calificación), pero en respuesta a la negatividad creíble incrementan su calificación en 20 puntos. A diferencia de los perredistas, los jóvenes recompensan al acusador por exigir un recuento y aumentan su calificación nueve puntos, pero lo castigan por exigirlo después de una elección cerrada y hacen caer su calificación 16 puntos. Estos resultados aparentemente contradictorios se explican porque la respuesta de los jóvenes también está relacionada con su identificación partidista. Los jovenes en general parecen resentir el escándalo postelectoral de 2006 y castigan al acusador por exigir un recuento tras una elección competida, mientras que los jóvenes que también se identifican con el PRD no lo hacen. Nótese, en los resultados del Cuadro 3, que la recompensa que dan los jóvenes perredistas al candidato que hace una acusación creíble es un aumento de 60 puntos en la calificación, pero también le restan 38 puntos cuando es negativa sin ser creíble. Estas son más pruebas de que los perredistas, en especial los jóvenes, que tienen reacciones más extremas, tienen poca paciencia para acusaciones infundadas. Usar alegatos de fraude como herramienta para la movilización es una espada de doble filo, aun entre los partidistas más comprometidos.

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de experimento en encuesta. Negatividad generalizada indica la presencia de una acusación, ya sea previa, posterior o ambas. Las entradas son coeficientes MCO, con los errores estándar robustos entre paréntesis. Resultados completos de la regresión en el apéndice. ** - sig. al 0.01, * - sig. al 0.1, + - sig. al 0.2.

Cuadro 3 Costo de la negatividad para el acusador moderado por la edad y la identificación con el PRD. 

Finalmente, los coeficientes de las variables de control (mostradas en el apéndice) se comportan de forma interesante. Dado que ya se han controlado los efectos de las acusaciones, las variables restantes pueden interpretarse como la opinión sobre el perdedor. Estos resultados no varían mucho entre distintas especificaciones del modelo y muestran cómo los encuestados que se identifican con los dos partidos que perdieron en la elección de 2006 tienen una opinión más positiva del perdedor: los coeficientes son pequeños y apenas significativos para los priístas, y mucho mayores y significativos para los perredistas, lo que no es sorprendente dado el alto perfil que ganó su candidato después de la elección. Estos resultados se observan también en el efecto de la evaluación de los candidatos. Tener una opinión positiva de López Obrador tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la evaluación del perdedor, mientras que tener una opinión positiva de Roberto Madrazo (el candidato del PRI) tiene un efecto de la mitad de tamaño. Ni la identificación con el PAN ni la opinión sobre Felipe Calderón tienen efectos significativos. Por otro lado, el IFE tiene un efecto legitimador sobre el perdedor: niveles crecientes de confianza en el instituto están asociados con mayores calificaciones para éste. Esto es válido para todos los encuestados salvo para los perredistas, cuya opinión sobre el perdedor de la elección empeora con mayores índices de confianza en el IFE. Este último resultado muestra la ambivalencia que los perredistas sintieron tras el escándalo de 2006: el ataque de su candidato a las instituciones electorales contravino la simpatía que sentían por ellas. Al observar las variables demográficas, el género mostró tener un efecto significativo: las mujeres son menos afectas a un perdedor que los hombres. Esto puede estar relacionado con la preferencia, observada con anterioriedad, que las mujeres han mostrado por el PRI. Además, los encuestados más viejos tienen una ligera tendencia a sentir antipatía por el perdedor. En vista del efecto mucho mayor que las acusaciones tienen en los encuestados más jóvenes, su tendencia a evaluar positivamente al perdedor es un indicador de que pueden estar poniendo más atención a lo que pasa durante las elecciones y quizá estén más dispuestos al cambio político que los ciudadanos de mayor edad. Finalmente contra las expectativas de que la educación llevaría a mejores actitudes con respecto al perdedor, no se observó ningún efecto significativo en ninguna de las especificaciones del modelo.

Discusión

Estos resultados deberían hacer reflexionar a los candidatos interesados en explotar el potencial de las acusaciones de fraude para deslegitimizar a los ganadores: en general, los votantes no toman a la ligera tales acusaciones y prefieren creer que sus instituciones funcionan; no les gusta oír sobre fraude. Este resultado probablemente esté relacionado con el actual estado de la democracia mexicana: su transición terminó y la exigencia por democratización ahora es residual en ciertos sectores de la población. Esto es importante para la estructura de costos y beneficios del acusador, cuyas opciones son hacer la acusación de fraude o aceptar los resultados. Las consideraciones sobre legitimidad electoral en un régimen democrático en consolidación tienen efectos no triviales en el comportamiento electoral. Un caso de este tipo es la llamada "cultura de protesta" de los perredistas, cuyo estatus perenne como ajenos a la oficina de la presidencia (y una dirigencia crónicamente dispuesta a hacer acusaciones de fraude) los ha condicionado a responder a los discursos negativos sobre instituciones como si fueran un "tema polémico". Esta estrategia ha demostrado ser muy polarizante, además de agravante incluso para los perredistas, quienes parecen estarse volviendo más escépticos sobre las acusaciones de fraude que han hecho sus candidatos.

Para la campaña de 2012, el PRD parecía haberlo aprendido. Antes de la erupción del movimiento #yosoy132, López Obrador había estado dirigiendo una campaña relativamente tranquila, incluso en sus primeros spots televisivos ofrecía "su mano franca, en señal de reconciliación, de amistad, a quien [podía] haber afectado en [su] determinación de luchar por la democra cia y la paz".⁹ Su tono cambió tras la elección, tildó de "inequitativo" (^{Nieto y León, 2012}) el proceso pero pidió que no hubiera violencia ni protestas de gran escala, y luego dijo que la elección había sido una "desgracia nacional" porque el IFE no haría el recuento (^{Nieto, 2012}). El proceso terminó con disturbios fuera de la Cámara de Diputados el primero de diciembre de 2012, mientras el priísta Enrique Peña Nieto asumía el cargo de presidente.

Tanto ^{Beaulieu (2014)} como ^{Norris (2014)} mencionan esto como instancias recientes de conflicto bajo circunstancias ambiguas. Hubo indicaciones de que los manIFEstantes, que no se identificaron con ningún partido, estaban asociados con el PRD. A finales de diciembre la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México enmendó una ley que concedía libertad bajo fianza a la gente que resultara culpable de alterar la paz social (un remanente del pasado autoritario), y los perredistas miembros de la Cámara de Diputados federal pagaron para liberar a las 14 personas que seguían presas (^{Milenio Diario Online, 2012}). Parecía como si el PRD se hubiera apegado a su estrategia de movilizar votantes apelando a sus consideraciones sobre el régimen. Pero esta vez había aprendido que hacer pronunciamientos negativos tiene un costo y que trató de evitar con una campaña segura, integrándose a movimientos sociales que ya florecían o alentando actividades de protesta sin estar abiertamente asociado con ellas. Las actitudes de los perredistas son consecuentes con su estrategia dual. Este comportamiento podría ser signo de una estrategia más sofisticada, una que se adapte a tiempos y preferencias públicas cambiantes. Conforme las instituciones democráticas van ganando credibilidad en el grueso del electorado, las acusaciones de fraude y protesta disminuyen su capacidad de movilización. Asumiendo que no suceda una crisis electoral significativa, los costos de hacer pronunciamientos negativos en las elecciones deben aumentar con el tiempo, hasta el punto de que sólo unos cuantos votantes permanecen atentos a las llamadas de protesta. Su potencial para la movilización sigue estando ahí: justo antes de la elección, los perredistas eran más proclives (52%) que los Panistas (33%) o los priístas (29%) a creer que las elecciones no serían limpias, y seguían considerando ampliamente que el regreso del PRIa la presidencia era un problema para la democracia mexicana (79%), aún más que los Panistas (55%).¹⁰