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Uno de los temas que más interés ha concitado en la literatura sobre movimientos sociales en los últimos años es el de las tácticas de la protesta colectiva (Taylor y Van Dyke, 2004). Cuando un grupo de personas decide expresar públicamente su descontento con las autoridades, ¿por qué a veces lo hace empleando tácticas pacíficas y convencionales, como una marcha ordenada en una plaza, y en otras lo hace de manera violenta y bulliciosa, por ejemplo destruyendo la propiedad pública o privada? ¿Por qué a veces se utilizan tácticas con alto contenido simbólico, como una performance teatral ridiculizando a un político odiado? ¿Y por qué en otras ocasiones se decide alterar el funcionamiento cotidiano, por ejemplo al tomar un colegio o una fábrica o cortando una autopista?
Este artículo explora los determinantes de las tácticas de la protesta colectiva en Chile entre los años 2000 y 2012. Para ello utilizamos una base de datos de más de 2 300 protestas construida a partir de la metodología del análisis de eventos de protesta (AEP de aquí en adelante), un enfoque crecientemente utilizado en varias partes del mundo pero todavía escasamente empleado en América Latina. El AEP consiste en la construcción y análisis estadístico de una base de datos con información sobre los eventos de protesta que tienen lugar en un espacio y periodo de interés (Koopmans y Rucht, 2002; Kriesi et al., 1995 para revisiones). Esto permite conocer qué tácticas son más o menos utilizadas bajo diferentes condiciones y eventualmente explicar estas variaciones.
Dentro de la investigación sobre movimientos sociales, estudiar las tácticas de la protesta es importante por varias razones. Primero, el empleo de formas de acción "no institucionalizadas" es uno de los principales criterios para diferenciar a los movimientos sociales de otros actores políticos como partidos o grupos de interés (Tarrow, 1998; pero véase Goldstone, 2003, para una visión distinta). Segundo, las tácticas pueden afectar las posibilidades de que los movimientos sociales alcancen los objetivos que se proponen (Morris, 1993). Por ejemplo, algunos estudios muestran que las tácticas disruptivas y violentas pueden ayudar a los movimientos de grupos populares a ser exitosos, mientras que otros estudios sugieren que la violencia genera una reacción negativa de las autoridades que puede terminar desarticulando a los movimientos (Giugni, 1998). Tercero, las tácticas afectan la imagen que tiene la opinión pública sobre los movimientos, lo que puede influir en la medida en que el movimiento puede obtener más recursos y simpatizantes en el futuro. Finalmente, las tácticas pueden reflejar las identidades, marcos culturales (Jasper, 1998) y características organizacionales (Morris, 1981) de los movimientos. Por todas estas razones, pocos aspectos son tan centrales para la constitución y despliegue de los movimientos como sus tácticas.
Chile constituye un caso interesante para estudiar las tácticas de la protesta en el contexto latinoamericano. Desde la transición democrática en 1990 hasta mediados de los dos mil, Chile se caracterizó por bajos niveles de protesta y movilización social, marcando un contraste con otros países más activos como Ecuador, Venezuela, Argentina o Bolivia (Silva, 2009). Desde 2006 en adelante, sin embargo, la protesta aumentó considerablemente a partir de las movilizaciones estudiantiles secundarias (Donoso, 2013), y en años subsiguientes se extendió a una diversidad de grupos previamente desmovilizados. Aquí no hacemos análisis longitudinales ni estudiamos cómo cambian las relaciones entre las tácticas y sus determinantes a lo largo del tiempo -nuestro intento es más exploratorio-. Sin embargo nuestros datos, que van de 2000 a 2012, permiten capturar estos procesos de expansión de la protesta.
Si bien los resultados chilenos obviamente no pueden extrapolarse al resto de América Latina, sí pueden ofrecer algunas pistas en ese sentido. Primero, al igual que en Argentina, Bolivia o -en su momento- Venezuela, buena parte de la protesta en Chile está motivada por un descontento hacia los costos sociales del neoliberalismo y las externalidades negativas de las empresas (Silva, 2009). Segundo, en la última década Chile ha experimentado protestas estudiantiles masivas que exhiben un nuevo repertorio de tácticas dramatúrgicas y con fuerte contenido simbólico. Esto resulta de interés dada la fuerza que han cobrado recientemente los movimientos estudiantiles en países como Colombia o México. Tercero, Chile es uno de los países de la región donde más intensamente se han aprovechado las tecnologías digitales para el despliegue de nuevas tácticas de protesta (Somma, 2015), por lo que su estudio puede anticipar algunas tendencias respecto a otros países más rezagados en ese aspecto.
Conceptualización de las tácticas de la protesta
Aunque el estudio moderno de los movimientos sociales puede datarse en los años veinte en la escuela de Chicago con la teoría del comportamiento colectivo (Park y Burgess, 1921), los primeros estudios sistemáticos sobre las tácticas de la protesta se realizaron a finales de los setenta (Taylor y Van Dyke, 2004). Los principales enfoques previos a los setenta -esencialmente sociedad de masas (Kornhauser, 1969), estructural funcionalismo (Smelser, 1962) y comportamiento colectivo (Turner y Killian, 1957)- enfatizaban los aspectos irracionales y patológicos de la protesta y daban poca importancia al componente racional y estratégico de los movimientos sociales. Al ignorar estos componentes no podía plantearse la pregunta de por qué actores racionales y estratégicos deciden ciertas tácticas en vez de otras.
A partir de los años setenta surgieron dos corrientes teóricas que permitieron abrir el campo de interés hacia las tácticas de protesta: la teoría del proceso político (Tilly, 1978; McAdam 1983; Tarrow 1998; McAdam, Tarrow y Tilly, 2001) y la teoría de la movilización de recursos (McCarthy y Zald, 1977; Jenkins, 1983). Los primeros pusieron el énfasis principalmente en los factores externos del cambio social y el tránsito de los repertorios tradicionales de protesta a repertorios modernos (Tilly, 1978). Los segundos incorporaron el interés por las condicionantes internas de los propios movimientos y su influencia en el despliegue táctico (McCarthy y Zald, 1977; Morris, 1981). Lo que estas dos vertientes tienen en común es que entienden los movimientos sociales como formas racionales, organizadas y estratégicas de acción.
En los ochenta surgió en Europa el enfoque de los "nuevos movimientos sociales" (Touraine, 1981; Cohen, 1985; Offe, 1985), que buscaba comprender las formas de movilización que surgían en el paso de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial. Estos autores consideraban acotado el concepto de "repertorios de contención" acuñado por la teoría de oportunidades políticas. Al referirse a movimientos estratégicamente orientados, este concepto dejaba poco espacio para considerar los "nuevos movimientos", más movilizados por la construcción identitaria y el desafío a marcos culturales (Cohen 1985, Touraine, 1981).
Gracias a estos debates, hoy en día existe un consenso apreciable en la literatura respecto a la distinción entre dos grandes tipos de tácticas de protesta. Las tácticas contenidas (también llamadas "no confrontacionales") son pacíficas, legales y relativamente ordenadas. Las tácticas transgresivas (o confrontacionales), como su nombre lo indica, están orientadas a interferir en las rutinas cotidianas de la población o las autoridades, son ilegales o semilegales, y en ocasiones pueden tornarse físicamente violentas o peligrosas tanto para los activistas como para los transeúntes, las autoridades interpeladas o las fuerzas policiales (Van Dyke, Soule y Taylor, 2005; McAdam, Tarrow y Tilly, 2001; McAdam, 1983).
Si bien esto ofrece una distinción gruesa entre tipos de tácticas, más recientemente se ha sugerido la necesidad de distinguir subgrupos dentro de cada grupo (Van Dyke, Soule y Taylor, 2005; Walker, Martin y McCarthy, 2008). En cuanto a las tácticas transgresivas, un estudio seminal a este respecto resulta ser el de Koopmans (1993), quien establece una distinción entre tácticas confrontacionales no violentas y violentas (diferenciando estas últimas entre violencia leve y violencia directa). Sus resultados muestran importantes diferencias en el empleo de estas tácticas en función de determinantes internos y externos a los movimientos a lo largo del tiempo.
Otros estudios posteriores también han puesto el foco en las tácticas violentas, entendidas como una manifestación especial dentro de las tácticas transgresivas. Se ha estudiado principalmente la relación entre la represión estatal y la escalada de violencia en las protestas (Della Porta, 1995, Koopman, 1997).
Por su parte, las tácticas contenidas o "no confrontacionales" también han sido estudiadas en manifestaciones más específicas, principalmente mediante investigaciones que diferencian entre tácticas convencionales y tácticas culturales. Las tácticas culturales se han problematizado en un primer momento como tácticas internas, en tanto tenían como función reforzar la solidaridad interna de los grupos y la identidad de los manifestantes (Kriesi et al., 1995). No obstante, estudios recientes afirman que las tácticas culturales no sólo tienen consecuencias internas, sino también externas, por lo que se deben considerar como un repertorio de acción más a la hora de buscar un objetivo político concreto (Kimport, Van Dyke y Andersen, 2009).
Así, las tácticas contenidas comprenden las "convencionales" y las culturales. Las convencionales -que como veremos son las más frecuentes en Chile- incluyen marchas, manifestaciones, recolección pública de firmas o dinero para ciertas causas colectivas, y declaraciones públicas orientadas a las autoridades. Las tácticas "culturales" reflejan una intención evidente de simbolizar o representar algún elemento de la causa colectiva por medios artísticos, gráficos, o a través de una coordinación de acciones de los presentes más sofisticada que lo habitual. Incluyen, por ejemplo, representaciones teatrales o artísticas por parte de amateurs o profesionales, "bicicleteadas", vigilias y similares.
Por su parte, las tácticas transgresivas se dividen en "disruptivas" y "violentas". Las disruptivas interfieren en las rutinas cotidianas, e incluyen desobediencia civil, huelgas laborales o estudiantiles, tomas u ocupaciones de edificios y cortes de ruta. Las "violentas" incluyen, por ejemplo, el incendio de vehículos, predios o edificios, destrucción de propiedad pública o privada, saqueos o enfrentamientos violentos con contra-manifestantes o fuerzas policiales (Taylor y Van Dyke, 2004).
Estas nuevas distinciones son relevantes para nuestros propósitos porque, como veremos más adelante, los determinantes de las tácticas convencionales no necesariamente son los mismos que los de las tácticas culturales -y lo mismo ocurre entre tácticas disruptivas y violentas-. A este respecto nos interesa destacar que los análisis de eventos de protesta como el nuestro permiten relevar más de un tipo de tácticas en cada evento. Así por ejemplo un evento de protesta convencional podría tener asociada una táctica cultural. Por eso consideramos tanto táctica principal como táctica secundaria en los análisis (los eventos con más de dos tipos de tácticas son mínimos). Como veremos, hay ciertas tácticas que se suelen emplear más como secundarias que como principales.
Determinantes de las tácticas de la protesta
¿Qué factores explican la presencia o ausencia de los diversos tipos de tácticas discutidos arriba en las protestas colectivas? Hemos tomado cuatro factores que, a partir de la literatura, hemos considerado centrales para el estudio de las tácticas, éstos son: los blancos de la protesta, los grupos que protestan, la presencia o ausencia de organizaciones formales y el número de participantes.
Blancos de la protesta
El "blanco de la protesta" se refiere a la entidad a la que está explícitamente dirigida la protesta. Hasta hace dos décadas se asumía que el Estado era el único blanco al que se dirigían los movimientos sociales para obtener sus demandas. Eso ocurrió debido a la fuerte influencia de la teoría del proceso político, y en particular por la explicación de Charles Tilly de que los movimientos sociales modernos surgen al amparo de la construcción de Estados nacionales (Tilly, 1978, 1995; McAdam, Tarrow y Tilly, 2001; Tarrow, 1998; McAdam, 1982). Pero varios estudios recientes empezaron a disputar la premisa "Estado-céntrica", cuando quedó claro que los movimientos sociales frecuentemente dirigen sus dardos a otras entidades como las empresas privadas, universidades, organismos internacionales u otros (Manheim, 2001; Pellow, 2001; Van Dyke, Soule y Taylor, 2005; King y Pearce, 2010). Por ejemplo, un tercio de las protestas en Estados Unidos apuntan a blancos distintos del Estado, como las corporaciones y las instituciones educativas (Walker, Martin y McCarthy, 2008). Hoy en día, varios "movimientos anticorporativos" se centran en los daños sociales y ambientales causados por las grandes corporaciones del capitalismo contemporáneo (Pellow, 2001). En América Latina, la explotación de recursos naturales (como agua, bosques o minerales) suministró en la segunda mitad del siglo xx un incentivo para la protesta laboral contra empresas extranjeras, a la que ahora se suman la protesta ecologista e indígena.
Los blancos de la protesta no son objetos dados o evidentes. Según la teoría de los marcos de acción colectiva (Snow et al., 1986; Benford y Snow, 2000), son el resultado de un proceso colectivo durante el cual los movimientos combinan evidencias, justificaciones e intuiciones de diverso tipo para terminar atribuyendo la responsabilidad del descontento a un actor particular -autoridades nacionales, locales, empresas u otros-. Los marcos de acción colectiva permiten identificar no sólo a los presuntos responsables, sino también a los actores que podrían actuar de modo tal que resolvería el problema colectivo. Por ejemplo, una empresa privada puede ser percibida como el responsable directo de la contaminación de una comunidad, pero si el Estado es percibido como el ente capaz de regular las emisiones de dicha empresa, la protesta puede orientarse también hacia las autoridades estatales.
Walker, Martin y McCarthy (2008) proveen la teoría más sólida hasta el momento para comprender el rol de los blancos de la protesta en las tácticas empleadas. Su premisa es que las fortalezas y debilidades institucionales de los distintos blancos moldean el tipo de tácticas que se dirigirán hacia ellos. Por ejemplo, como los Estados aspiran a obtener el monopolio de la violencia legítima (Weber, 1964) y concentran grandes capacidades coercitivas, las tácticas violentas contra los mismos suelen terminar en represión severa que supone altos costos para los activistas. Ello no ocurre para instituciones no estatales, que no disponen directamente de dicha capacidad coercitiva y que carecen del aparato legítimo para imponer represión. Y las pocas respuestas de que sí disponen las instituciones no estatales -tales como despidos masivos por parte de empresas o la expulsión de estudiantes por parte de universidades- son poco utilizadas ya que dañan severamente su imagen y legitimidad pública. En consecuencia:
Hipótesis 1: Los eventos de protesta que tienen como blanco al Estado tienen mayor probabilidad de exhibir tácticas contenidas (convencionales y culturales) que los eventos con blancos no estatales.
Hipótesis 2: Los eventos con blancos no estatales tienen mayor probabilidad de exhibir tácticas transgresivas (disruptivas y violentas) que los eventos con blancos estatales.
Grupos participantes
No existe un pleno acuerdo en la literatura sobre las posibles relaciones entre los grupos que protestan (p. ej. trabajadores, estudiantes, indígenas, ambientalistas) y las tácticas que éstos emplean. En parte, la dificultad proviene del hecho de que los grupos sociales no necesariamente actúan de modo cohesivo y bajo un liderazgo unificado, por lo que sus acciones no son completamente predecibles. Para lidiar con estas complejidades, proponemos interpretar a los grupos manifestantes a partir de dos grandes ejes de análisis: su relación con la esfera productiva y su nivel de capital político.
Respecto a lo primero, McAdam (1982) y Schwartz (1988) argumentan que los grupos que se constituyen en torno a la producción económica (como los trabajadores y los empresarios) tienen la capacidad de ejercer "inductores negativos". Esto significa que ocasionalmente pueden optar por abstenerse de cumplir con sus funciones productivas cotidianas con el objetivo de generar un daño a las autoridades (y eventualmente a la sociedad en su conjunto) y de esa manera presionar para obtener sus demandas. Tales grupos deberían apelar a tácticas disruptivas no violentas como hacer una huelga laboral u obstaculizar el abastecimiento de bienes básicos.
Por otro lado, los grupos con alto capital político (por lo que entendemos un fácil acceso al sistema político y alta legitimidad en la opinión pública) tienen mucho que perder, lo que debería hacerlos reacios a las tácticas violentas (Bernstein, 1997; Walker, Martin y McCarthy, 2008). A su vez eso debería hacerlos más proclives a las tácticas convencionales o culturales, que les permiten mantener su buena reputación en el sistema político y la opinión pública y que, en general, no son percibidas como amenazantes (Crozat 1998). Sin embargo, los grupos con bajo capital político tendrían menos que perder y más para ganar, lo que podría inclinarlos a las tácticas violentas (Piven y Cloward, 1979; Van Dyke, Soule y McCarthy, 2001).
Estas relaciones no son automáticas. Para que grupos con distintos niveles de capital político e inserción en la estructura productiva prefieran ciertas tácticas a otras, generalmente resulta necesario que operen procesos de "enmarcamiento" (framing) en donde tales tácticas son definidas como las más adecuadas y viables (Benford y Snow, 2000). Dichos procesos no son lineales y pueden estar atravesados por conflictos y desacuerdos internos, como mostró Benford (1993) para los grupos antinucleares. Además, las identidades colectivas que permean a los distintos grupos impactan en la selección de tácticas, haciendo algunas más atractivas y otras más repulsivas (Polletta y Jasper, 2001).
Aunque diversos grupos protestan en Chile, nos centramos en los trabajadores empleados (públicos y privados) como referencia para establecer sus diferencias con respecto a los otros grupos. Elegimos a los trabajadores, primero, porque según nuestros datos es el grupo que más protesta en Chile, lo que los convierte en un grupo sustantivamente importante. Segundo, los trabajadores son un actor clásico en la protesta latinoamericana (desde los operarios automovilísticos de San Pablo hasta los mineros peruanos o bolivianos, pasando por los cañeros uruguayos o los desempleados argentinos), y aquí nos interesa proveer pistas para la investigación regional. Tercero, los trabajadores se posicionan claramente en los dos ejes definidos arriba, lo que permite establecer una asociación más clara.
Si nuestro razonamiento es correcto, en virtud de su posición en la esfera productiva y su capacidad para interrumpir el proceso productivo, los trabajadores deberían inclinarse en mayor medida que otros grupos por tácticas disruptivas como paros o huelgas. Respecto al capital político, la literatura sobre sindicalismo chileno establece que la cúpula de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la máxima instancia de representación de trabajadores en Chile, ha sido tradicionalmente un coto bajo control de la Concertación (coalición política que reúne a distintos partidos de la centro izquierda) y el Partido Comunista de Chile (Frías, 2008). Esto los lleva a tener un grado de incidencia relevante, aunque no decisivo, en el aparato político. Por tanto, según nuestro razonamiento los trabajadores estarían menos inclinados que otros grupos a adoptar tácticas violentas, que podrían poner en riesgo su considerable capital político.
Algo parecido cabría esperar de las (esporádicas) protestas llevadas a cabo por empresarios (en Chile, principalmente protestas de agricultores propietarios) que tienen la capacidad de ejercer presión por medio de tácticas disruptivas. Pero al mismo tiempo esta inserción los frenaría a adoptar tácticas violentas por ser excesivamente antisistémicas y riesgosas para su capital político.
Pero para el caso de los trabajadores empleados esta relación es más nítida a partir de la larga historia de tácticas disruptivas no violentas del movimiento sindical chileno -uno de los más antiguos y emblemáticos de la región-. En cierto modo, la adopción de estas tácticas (paros, huelgas, tomas de locales) refuerza la identidad colectiva de los trabajadores y les permite conectarse con las prácticas de lucha de sus antecesores, otorgándoles continuidad en el tiempo.
Si esto es correcto, podríamos esperar que:
Hipótesis 3: Los eventos de protesta con presencia de grupos de trabajadores empleados tienen mayor probabilidad de exhibir tácticas disruptivas pero no violentas que otros grupos.
Con "otros grupos" nos referimos específicamente a aquellos con menor inserción en la esfera productiva y con menor capital político. Sobre todo a grupos de pobladores, indígenas, de trabajadores informales, cesantes y las agrupaciones clandestinas de inspiración presumiblemente anarquista (que en Chile reciben el nombre de "encapuchados" por ocultar sus rostros). Estos grupos se caracterizan por poseer relativamente baja inserción en las esferas productivas y tener bajo capital político (Cubillos, 2012; Llancaqueo, 2007). Si bien cada uno de ellos encierra una enorme heterogeneidad interna, en un análisis grueso podríamos esperar que, al ser grupos altamente marginados de las esferas de la producción y del poder, sean menos reacios al uso de tácticas violentas como medio para conseguir sus objetivos que los grupos de trabajadores empleados, quienes tendrían más que perder. Por tanto,
Hipótesis 4: Los eventos de protesta con presencia de grupos de bajo capital político y débil inserción productiva tienen mayor probabilidad de exhibir tácticas violentas que los trabajadores empleados.
Finalmente, tanto las protestas estudiantiles como las protestas de los variados grupos que unimos dentro del término "sociedad civil" (grupos ecologistas, comunales, religiosos, de diversidad sexual, de defensa de derechos humanos, etc.) se caracterizan por tener un bajo nivel de inserción en la esfera productiva pero un nivel intermedio de capital político, principalmente porque han ido ganando mayor legitimidad en la opinión pública y mayor capacidad de procesar institucionalmente sus demandas (Somma y Medel, 2015; Navia y Pirinoli, 2015). No obstante, la enorme diversidad interna lleva a que se movilicen tanto con tácticas que van desde las convencionales hasta las violentas.
Una forma de observar relaciones más finas entre los grupos y el uso de determinadas tácticas es incluir un término de interacción entre los grupos y la presencia, o no, de demandas radicales en la protesta. Con radicalidad de las demandas nos referimos básicamente a demandas que exigen grandes reformas institucionales para ser satisfechas, o bien derechamente demandas antisistémicas.
Consideramos que incluir un término de interacción con los grupos se justifica por varias razones. Primero, porque al tener las tácticas violentas altos costos hoy en día en Chile (riesgo de represión, ley antiterrorista, estigma social) puede ser que aparezcan únicamente ante la combinación de ciertos tipos de grupos y ciertas demandas radicales, que se potencian mutuamente. Por lo tanto, es posible que la presencia de demandas radicales aumente los incentivos para adoptar tácticas transgresivas, que entrañan mayores riesgos y costos para los manifestantes (McAdam, 1986).
En segundo lugar, las demandas más radicales suelen estar vinculadas a sentimientos de privación con respecto a otros (Gurr, 1968). Estas privaciones proveen un suelo fértil para la construcción de marcos de acción colectiva (Snow et al., 1986) que dan lugar a intensas emociones negativas, como rabia, indignación o humillación (Jasper, 1998) e identifican un agente humano responsable de tales privaciones. Las tácticas transgresivas -disruptivas u ocasionalmente violentas- parecen particularmente apropiadas para canalizar estas emociones a pesar de sus mayores costos personales.
Finalmente, las demandas mismas también van configurando una identidad y una forma de protestar. Un grupo pacifista se expondría a serios dilemas identitarios si adopta como táctica el asesinato de políticos que promueven guerras internacionales. Más aún, la identidad de un grupo puede estar fuertemente definida por una demanda en particular (Bernstein, 1997), lo que los puede llevar a usar tipos de tácticas que sean coincidentes con esas demandas.
Por todo lo anterior, nos parece fundamental explorar la interacción entre el tipo de demanda y los grupos movilizados. Aunque no es raro que existan asociaciones entre ambas cosas, un mismo grupo puede adoptar demandas radicales y no radicales en diferentes contextos. Por ejemplo, en ciertas ocasiones los grupos mapuche demandaron la obligatoriedad del lenguaje nativo en las escuelas de ciertas comunas como modo de preservar sus identidades ancestrales (lo que no constituiría una demanda radical), mientras que en otras ocasiones demandaron autonomía de ciertos territorios respecto al Estado (que sí lo sería dado que requiere modificar el alcance territorial del Estado chileno).
Presencia de organizaciones
Piven y Cloward (1979) afirmaron que mayores niveles de organización interna de los movimientos sociales (en términos de presencia de normas formales, regulaciones y jerarquías) disminuyen su espontaneidad y vitalidad, aumentando las chances de cooptación por parte de las autoridades políticas y conduciendo a formas de presión más convencionales e institucionalizadas. Diversas investigaciones han respaldado esta tesis (Koopmans, 1993, Kriesi et al., 1995). Por ejemplo, en un estudio para cuatro países europeos, Kriesi et al. (1995) descubrieron que el involucramiento de organizaciones dentro de un ciclo u ola de protesta debilita el uso de tácticas disruptivas y fomenta su institucionalización. En la misma línea, Staggenborg (1988) encontró que la institucionalización de movimientos organizados por el derecho al aborto en Estados Unidos hizo más recurrentes las tácticas convencionales. Por otro lado, ella muestra cómo una estructura organizacional descentralizada e informal lleva a que sea más común emplear tácticas más innovadoras y disruptivas (Staggenborg, 1988). Esto sugiere que:
Hipótesis 5: Los eventos de protesta con presencia de organizaciones formales tienen mayor probabilidad de exhibir tácticas contenidas (convencionales o culturales) que los eventos de protesta sin presencia de organizaciones formales.
Número de participantes
El tamaño o convocatoria de la protesta es un elemento central a la hora de estudiar el despliegue táctico de los movimientos. Las tácticas que deciden utilizar los activistas en el contexto de una convocatoria masiva no tendrán la misma eficacia que cuando la protesta convoca a sólo un puñado de personas. Así también, la convocatoria no es algo necesariamente externo o contextual a los manifestantes; la decisión de convocar a una gran cantidad de personas, o de movilizarse en grupos pequeños puede ser un cálculo estratégico en tanto se evalúa cuál es el camino más eficaz para generar presión por parte de los grupos que protestan.
La dirección que ha establecido el grueso de la literatura sobre la relación entre el número de participantes y las tácticas es que a mayor tamaño de la protesta, mayor es la posibilidad de observar tácticas transgresivas. Para ciertos autores aumentar el número de participantes disminuye los riesgos de represión para sus integrantes individuales (Oberschall, 1995; Granovetter, 1978; Taylor y Van Dyke, 2004), disminuyendo así los obstáculos para adoptar tácticas transgresivas. Así, un mayor número de participantes aumentaría la propensión hacia la tácticas disruptivas o violentas por la capacidad de anonimato que brindan las convocatorias masivas.
En la misma línea, pero siguiendo un mecanismo más elaborado, otros autores han argumentado que no es el tamaño en sí mismo el que aumenta la probabilidad de la violencia, sino la interacción entre los manifestantes y la represión policial, la que iría desencadenando una escalada de tácticas cada vez más transgresivas (Della Porta, 1995; Francisco, 1995; Koopmans, 1997). De esta manera, la mayor cantidad de manifestantes estaría asociada a la mayor probabilidad de que haya presencia y represión policial (Earl, Soule y McCarthy, 2003). El mecanismo que se podría establecer, por tanto, es que a mayor convocatoria, mayor probabilidad de presencia y represión policial y, por ende, mayor probabilidad de ver tácticas transgresivas por parte de los manifestantes como reacción a esa represión. Dinámicas de este estilo pueden haber nutrido algunas marchas masivas del Movimiento Sin Tierra en Brasil, la "guerra del agua" en Bolivia (1999), las marchas estudiantiles chilenas de 2011, o las movilizaciones mexicanas de 1968. Entonces:
Hipótesis 6: Los eventos de protesta con un mayor número de participantes formales tienen mayor probabilidad de exhibir tácticas transgresivas (disruptivas o violentas) que aquellos con un menor número de participantes.
Datos, variables y métodos
Para probar las hipótesis presentadas arriba recurrimos a datos obtenidos mediante la metodología conocida como "análisis de eventos de protesta" (AEP). Desde los setenta el AEP se utiliza ampliamente en varios países del mundo para estudiar las dinámicas de la protesta colectiva (Koopmans y Rucht, 2002; Kriesi et al., 1995; Olzak, 1989 para revisiones). Este método consiste en construir y analizar estadísticamente una base de datos que recoge los eventos de protesta que tienen lugar en el espacio y periodo de interés. La principal fuente sobre los eventos reside en noticias de periódicos nacionales sobre protestas colectivas en lugares públicos. La información referida a cada evento se codifica en fichas individuales de acuerdo con una serie de atributos del mismo y se procede al análisis estadístico.
Aunque existen posibles sesgos de selección y reporte de los eventos (Koopmans y Rucht, 2002, p. 200; Ortiz et al., 2005; Wilkes y Ricard, 2007), la gran ventaja del AEP es que permite sustituir los juicios vagos o anecdóticos por un conocimiento preciso y detallado sobre la protesta. Entre otros temas, esto ha permitido estudiar las interacciones entre movimientos y contramovimientos (Franzosi, 1999), la evolución y características de las campañas de protesta (Kousis, 1999) y las dinámicas y características internas de los movimientos (Walker, Martin y McCarthy, 2008; Van Dyke, Soule y Taylor, 2005). Hasta donde llega nuestro conocimiento el AEP no se ha empleado en Chile, y sus aplicaciones en América Latina son escasas (p. ej. Almeida, 2008, para El Salvador; Inclán, 2008, para México).
Nuestra base de datos contiene información cuantitativa sobre 2 342 eventos de protesta ocurridos en todo Chile entre enero de 2000 y agosto de 2012. Estas protestas fueron llevadas a cabo por un sinfín de grupos y movimientos sociales motivados por demandas muy diversas. La información proviene de las cronologías de protesta del Observatorio Social de América Latina (OSAL) del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Sobre la base de varios medios nacionales de prensa escrita, radial e internet de diversas ideologías políticas (incluyendo sitios web de activistas), OSAL registra los eventos de protesta que ocurren diariamente en Chile. Justamente, una de las fortalezas de los registros del OSAL en comparación con la mayor parte de los AEP existentes para otros países, es la utilización de una diversidad de medios escritos, radiales y web. Esto permite triangular la información y reducir sustancialmente (aunque nunca completamente) los sesgos de selección (Earl et al., 2004).1
En una breve descripción de cada evento -típicamente un par de párrafos- OSAL brinda información sobre muchas variables de interés para el estudio de la protesta, incluyendo fecha y lugar, número estimado de participantes, organizaciones involucradas, demandas, tácticas, blancos y acción policial. El grado de acuerdo entre los codificadores rondó 90 por ciento, lo que es considerado más que aceptable para estudios de este tipo.
Variable dependiente. Consistente con nuestra conceptualización anterior de las tácticas de la protesta, nuestra primera variable dependiente es una variable categórica con cuatro categorías: convencional, cultural, disruptiva y violenta. Como vimos, las dos primeras son tácticas contenidas; las dos últimas son tácticas transgresivas. Para ello recodificamos en cada uno de estos cuatro tipos un total de 37 tácticas específicas relevadas en el estudio. Adicionalmente, en modelos posteriores empleamos una segunda variable dependiente que indica cuál es la táctica secundaria (si es que ésta se registra). El Cuadro 1 presenta algunos ejemplos (detalles completos disponibles bajo solicitud). Dada la naturaleza categórica de la variable dependiente realizaremos un análisis de regresión logística multinomial (Long, 1997).
Variables independientes. Consideramos cinco blancos de la protesta: Estado, que incluye a los gobiernos y autoridades nacionales, regionales o locales (presente en 72.8% de los eventos; no vimos diferencias significativas entre los distintos tipos de autoridades, tras lo cual decidimos agruparlas en esta categoría general), empresas privadas (nacionales o internacionales, 15.3%), empresas públicas (que requieren una categoría propia porque, si bien pertenecen al Estado, operan con lógica de empresas, 4.8%), instituciones educativas (públicas y privadas, aunque estas últimas son casi inexistentes, 3.2%) y "otros" escasos y difíciles de interpretar (3.9%). Para poder probar las hipótesis 1 y 2, la categoría de referencia es el Estado.
Para explorar las relaciones entre los grupos involucrados en la protesta y las tácticas (hipótesis 3 y 4), consideramos los siguientes grupos (se indica entre paréntesis su porcentaje respectivo en el total de eventos): trabajadores empleados (20.7%), pueblos originarios (incluye protestas, principalmente mapuches, tanto urbanas como rurales, 18.5%), estudiantes (20.9%), grupos de la "sociedad civil" (religiosos, ecologistas, feministas, animalistas, de derechos humanos y otros; 5.8%), pobladores (principalmente grupos organizados en torno a demandas habitacionales, 12.2%), encapuchados2 (5.7%), empresarios (1.8%), trabajadores informales y cesantes (6.1%) y "otros" (que reúne a pequeños grupos con pocas menciones difíciles de interpretar teóricamente; 8.4%). Incluimos una variable categórica que indica la presencia de cada grupo, salvo los trabajadores, que reúnen el mayor número de menciones y operan como la categoría de referencia. Así, los coeficientes de grupos indican las diferencias tácticas entre cada grupo y los trabajadores empleados, que como se discutió arriba, son el foco de nuestro análisis.
Asimismo y relacionada con las hipótesis anteriores, creamos una variable para medir la presencia o ausencia de demandas radicales. Con demandas radicales nos referimos a todas las demandas que supongan demandas revolucionarias o antisistémicas (anticapitalismo, antiempresas transnacionales, antineoliberalismo, anarquistas, okupas y libertarias) o bien demandas que supongan grandes reformas institucionales para ser satisfechas (reforma en reglas políticas, asamblea constituyente, fin al lucro de las empresas, fin a los sistemas de pensiones, devolución de territorios mapuche, condonación de deudas habitacionales) donde el valor uno indica la presencia de demandas radicales (36.4%) y el valor cero la ausencia de ellas o, en su defecto, la presencia de demandas no radicales (63.6%).
La variable que mide la presencia de organizaciones (hipótesis 5) tiene un valor de uno si en la descripción de la protesta se menciona la presencia de alguna organización formal (por ejemplo estudiantil, laboral, indígena, etc.; 43.1%) y cero si eso no ocurre (56.9%).
Finalmente, el número estimado de participantes (hipótesis 6) suele reportarse en las descripciones de los eventos. Cuando la cantidad de participantes difiere entre lo reportado por los organizadores de los eventos y la policía, se le solicitó al codificador calcular un promedio. De acuerdo con nuestra discusión teórica, al aumentar el número de participantes habría mayores chances de observar tácticas transgresivas, ya sea porque disminuyen los riesgos de represión para sus integrantes individuales, al ser menos los obstáculos para adoptar tácticas transgresivas, o bien porque es la misma represión directa en eventos masivos la que provoca una escalada en las tácticas transgresivas. Sin embargo no está claro el punto de corte, es decir desde cuando comienza a haber mayor propensión hacia tácticas transgresivas. Como estas complejidades abren la posibilidad a relaciones no lineales, empleamos cinco categorías que indican el tamaño estimado de la protesta: 1=menos de 50 participantes (32.2%); 2=51 a 100 participantes (15.8%); 3=101 a 1 000 (30.2%); 4=1 001 a 10 000 (16.5%); y 5=10 000 y más (5.4%). La primera categoría opera como referencia.
Variables de control. Para evaluar el impacto "neto" de estos factores en las tácticas de protesta, controlamos por tres variables que investigaciones previas sugieren como relevantes. La primera indica si la protesta tiene lugar o no en la capital del país, con valor de uno para protestas en Santiago (47.9%) y de cero si no es el caso (52.1%). En un país altamente centralizado como Chile, la mayor visibilidad de las protestas capitalinas podría aumentar, para los activistas, los riesgos y costos de emplear tácticas transgresivas (disruptivas o violentas), lo que debería en consecuencia incentivarlos a emplear tácticas contenidas (convencionales o culturales; Van Dyke, Soule y Taylor, 2005; Taylor y Van Dyke, 2004).
En segundo lugar incluimos la variable año como variable continua. Considerando que nuestros datos abarcan doce años, esta variable permite controlar si la presencia de ciertas tácticas se ve afectada por el paso del tiempo. Por ejemplo, podría ocurrir que la cantidad de tácticas culturales o violentas hayan ido adquiriendo mayor preeminencia los últimos años y hayan sido menos relevantes a principios de los años dos mil cuando las formas de protesta pueden haber sido más acotadas a tácticas convencionales y disruptivas.
Finalmente incluimos una variable dicotómica que indica si durante la protesta existieron arrestos (1=21.1%) o no (0=78.9%). Los arrestos son un buen reflejo de la presencia y represión policial, y la represión puede inducir comportamientos violentos durante la protesta (Davenport, 2007). Obviamente, también es plausible que las tácticas transgresivas produzcan acciones policiales, por lo que no pretendemos hacer afirmaciones causales sino simplemente controlar por posibles factores alternativos.
De manera adicional se incluyeron otras dos variables de contexto político, específicamente: presencia de campaña presidencial (cuatro meses antes de la elección) y, presencia de luna de miel (cuatro primeros meses de cada gobierno). Como ninguno de los coeficientes resultó ser significativo y los resultados se mantuvieron sustantivamente idénticos se decidió no incluir dichas variables en el análisis final.
El Cuadro 2 presenta las frecuencias y porcentajes de las variables independientes utilizadas en el estudio.
Resultados
El Cuadro 3 describe nuestra variable dependiente. Para ello consideramos la táctica principal reportada y la táctica secundaria. En 2 294 eventos se registró información de al menos una táctica, y en 877 de ellos se registró una segunda táctica (los registros terceros y subsiguientes de tácticas fueron muy escasos). En la táctica principal, las convencionales son las más frecuentes (44.9%), seguidas por las disruptivas (33.7%), las violentas (17.3%) y finalmente las culturales (4%). En cuanto a la táctica secundaria vemos que esta vez las más frecuentes son las violentas (31.7%), luego las convencionales (29.5%), las disruptivas (26.3%) y las culturales (12.4%). Esto habla en primer lugar de la diversidad táctica de la protesta en Chile y otorga relevancia empírica a la pregunta por sus determinantes. En segundo lugar nos habla de la diferencia entre la primera táctica empleada en la protesta y la segunda; en esta última claramente las categorías que parecían más marginales en la primera táctica (violenta, cultural) cobran mayor relevancia.
Para estudiar las relaciones entre las variables dependientes e independientes es necesario considerar los modelos de regresión multivariados para obtener evidencia firme respecto a nuestras hipótesis. Para ello, el Cuadro 4 presenta dos modelos de regresión logística multinomial, uno con los efectos principales y el segundo con variables de interacción entre grupos y tipo de demandas. Por su parte, el Cuadro 5 presenta el modelo de regresión logística multinomial con efectos principales para la táctica secundaria. También se probó, para la táctica secundaria, con un modelo de interacciones, que no resultaron significativas. Por lo tanto, y debido al menor número de casos, preferimos no exigir más al modelo por lo que se reportan solamente los efectos principales para el caso de la táctica secundaria.
Fuente: Base de eventos de protesta (Proyecto Fondecyt 11121147). Errores estándar entre paréntesis *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01. Log likelihood = (Modelo 1: -1169.8835; Modelo 2: -1140.8227). Pseudo R2 = (Modelo 1: 0.2185; Modelo 2: 0.2379). aCategoría de referencia es el Estado. bCategoría de referencia son los trabajadores empleados. cCategoría de referencia ≤ 50.
Cuadro 4 Regresión logística multinomial de la táctica principal de la protesta (categoría de referencia: táctica convencional)
Fuente: Base de eventos de protesta (Proyecto Fondecyt 11121147). Errores estándar entre paréntesis. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01. Log likelihood = (Modelo 1: -541.5074). Pseudo R2 = (Modelo 1: 0.1896). aCategoría de referencia es el Estado. bCategoría de referencia son los trabajadores empleados. cCategoría de referencia ≤ 50.
Cuadro 5 Regresión logística multinomial de la táctica secundaria de la protesta (categoría de referencia: táctica convencional)
En el caso de la regresión multinomial es necesario operar con una categoría de referencia en la variable dependiente, por lo que se ha tomado la categoría de táctica convencional como referencia, tras lo cual cada táctica será analizada en torno a esa categoría y no al resto. Los modelo incluyen de manera simultánea las siete variables independientes con que trabajamos, cuatro variables independientes centrales (blancos, grupos, presencia organizacional y número de participantes), y las tres variables de control (capital-región, arrestos y año). Lamentablemente los altos niveles de casos faltantes en algunas variables (como el número de participantes o el blanco) reducen sensiblemente el número de observaciones a N=1 341 en el primer modelo (tácticas principal) y a N= 500 (táctica secundaria) en el segundo. A continuación revisamos los resultados para cada una de nuestras hipótesis.
En general los modelos arrojan evidencia consistente con las hipótesis 1 y 2. Tanto las tácticas principales como las secundarias (cuadro 4 y cuadro 5) muestran que los eventos con blancos estatales exhiben tácticas convencionales en mayor medida que los eventos con blancos no estatales (en especial empresas privadas donde las diferencias son altamente significativas en ambos modelos). En la táctica principal, vemos que en referencia al blanco estatal, ningún blanco resulta ser significativo en cuanto a las chances3 de llevar a cabo tácticas culturales. En cuanto a las tácticas disruptivas, hay dos blancos que resultan ser significativos: la empresa privada y la institución de educación tienen 2.3 y 4.8 veces más chances de llevar a cabo tácticas disruptivas respecto al Estado, en referencia a las tácticas convencionales, lo que confirma la hipótesis 2 respecto a que las tácticas transgresivas se dirigen principalmente a blancos no estatales. Finalmente en cuanto a las tácticas violentas, vemos que el blanco de empresa privada es el único significativo, y que resultó tener 3.3 veces más chances que el Estado de recibir tácticas violentas, en referencia a las tácticas convencionales. Es interesante que las instituciones de educación sean atacadas con tácticas disruptivas, pero no con tácticas violentas: es más probable que se ocupen tales instituciones a que se las destruya.
En las tácticas secundarias se mantiene la tendencia en cuanto al blanco de empresa privada, aunque se intensifica la diferencia con tácticas disruptivas (2.8 más chances) y baja levemente para tácticas violentas (2.6 más chances). Por otro lado, pierden significación las instituciones de educación pero ganan las empresas públicas, aumentando las chances de recibir tácticas transgresivas -7.8 para tácticas disruptivas y 6.1 para tácticas violentas- respecto al Estado, en referencia a las tácticas convencionales.
En síntesis, se protesta contra el Estado mediante tácticas contenidas, se protesta contra las empresas privadas mediante tácticas disruptivas y violentas, y se protesta contra las instituciones educativas mediante tácticas disruptivas (pero no violentas).
Respecto a las hipótesis 3 y 4, se aprecian diferencias tácticas considerables en función de qué grupo proteste (aquí enfatizamos el contraste entre trabajadores empleados -la categoría de referencia- y el resto). Y en general nuestra intuición es consistente con la evidencia. Veamos primero la táctica principal. Observamos que la presencia de trabajadores empleados se asocia a las tácticas disruptivas en mucha mayor medida que para todos los demás grupos, incluso más que los empresarios (casi todas las diferencias son estadísticamente significativas). Por ejemplo, la presencia de estudiantes reduce las chances de tácticas disruptivas en casi tres veces (en comparación con eventos con presencia de trabajadores), y la diferencia es mucho más marcada en el contraste con pueblos originarios y "sociedad civil". Si bien el Código Laboral vigente en Chile (que data de tiempos dictatoriales) permite la huelga -una importante táctica disruptiva- sólo en algunas empresas, los trabajadores se han logrado organizar en varios sectores para superar estas barreras. Además, los incentivos para la protesta laboral disruptiva posiblemente se acentúan dada la fragmentación productiva y los nuevos tipos de empleo (Echeverría, 2010). Estos resultados dan sustento al argumento de que el nuevo ciclo de protesta en el movimiento obrero, liderado por los trabajadores subcontratados, ha seguido marcado por tácticas disruptivas, principalmente por huelgas ilegales (Echeverría, 2010; Núñez, 2009).
Respecto a los modelos con términos de interacción, vemos que efectivamente el efecto de ciertos grupos es diferente según haya o no presencia de demandas radicales. Sin interacciones, los encapuchados y los "otros" (grupos indeterminados) son los únicos grupos más probables que los trabajadores empleados de adoptar tácticas violentas; pero al interactuar grupos y demandas, varios grupos (pueblos originarios, sociedad civil y pobladores) son menos propensos a adoptar tácticas violentas que los trabajadores si tienen demandas no radicales, pero más violentos que los trabajadores si tienen demandas radicales.
Lo anterior confirma parcialmente la hipótesis 4 respecto a que efectivamente grupos con menor capital político y menor inserción en la esfera productiva (pobladores, pueblos originarios) serían más propensos que los trabajadores empleados a llevar a cabo tácticas violentas, pero vemos que esto ocurre sólo ante la presencia de demandas radicales. Lo anterior nos sugiere lo complejo que es estudiar estos grupos dado el pluralismo interno y la variedad táctica con que operan según el contexto.
En cuanto a la táctica secundaria, se observa una mayor propensión de la sociedad civil por las tácticas culturales. Esto nos indica que las tácticas culturales operarían más bien como táctica complementaria a una principal (por ejemplo, una performance en una marcha).
En síntesis, se observa una especialización táctica de los trabajadores empleados: comparados con otros grupos, recurrirían más a la disrupción pero dejarían de lado tácticas violentas, en referencia a las tácticas convencionales. Lo anterior corrobora parcialmente la hipótesis 3, ya que los empresarios, por su parte, no se mueven tan cercanos a los trabajadores, sino más hacia tácticas contenidas. Respecto a la hipótesis 4, vemos que los pobladores y pueblos originarios efectivamente se inclinan más por tácticas transgresoras, pero sólo ante la presencia de demandas radicales. Por su parte los trabajadores informales no muestran tendencias muy claras, a diferencia de los "encapuchados", quienes se especializan en las tácticas violentas incluso ante la ausencia de demandas radicales (grupo que se define básicamente en función de acciones violentas). Finalmente, vemos que para el caso de los estudiantes no se pueden sacar tendencias muy claras, lo que habla entre otras cosas de la diversidad táctica del grupo. La sociedad civil da más luces sobre su diversidad táctica, en tanto vimos que lleva a cabo tácticas violentas ante la presencia de demandas radicales como táctica principal, pero se inclina por las culturales como táctica secundaria.
Por otra parte, la evidencia también es parcialmente consistente con la hipótesis 5, relativa a la presencia de organizaciones formales en el evento de protesta. Cuando se reportan organizaciones en la protesta, las chances de observar tácticas transgresivas (disruptivas y violentas) disminuye significativamente en referencia a las convencionales, tanto en la táctica principal como en la táctica secundaria. Resulta interesante además que las chances de observar tácticas culturales también disminuyen de manera significativa con la presencia de organizaciones, y en el caso de la táctica secundaria esta disminución es significativa, lo que sugiere que las protestas culturales no se suelen llevar a cabo por organizaciones formales dentro de una protesta. En síntesis, los roles de coordinación y estructuración de la acción colectiva por parte de las organizaciones parecerían limar los aspectos más transgresivos de la protesta y orientarlas a tácticas convencionales, pero no culturales.
Finalmente, vemos que ambos modelos son inconsistentes con la hipótesis 6, relativa a la cantidad de participantes en el evento. Vemos que, a diferencia de lo que sugiere la literatura, un aumento en el número de participantes disminuye las chances de observar tácticas transgresivas respecto a las convencionales. Estas diferencias son estadísticamente significativas para casi todos los niveles en el caso de la táctica principal, mientras que para la táctica secundaria, si bien la relación es la misma, sólo mantiene significación para los eventos de menos de cien y más de diez mil asistentes. Asimismo, las chances de observar tácticas culturales aumenta en la táctica secundaria, y de manera progresiva, a medida que crece el número de participantes, llegando a tener hasta 7.4 veces más chances en los casos de eventos masivos (más de diez mil asistentes) respecto a grupos pequeños. Resulta sugerente y contraintuitivo que las tácticas transgresivas se lleven a cabo en grupos pequeños y no en eventos masivos en Chile. Ahondaremos este punto en las conclusiones.
Mencionemos brevemente qué ocurre con las variables de control. Como esperábamos, cuando la protesta tiene lugar en la capital prevalecen significativamente más las tácticas convencionales, y menos las tácticas disruptivas y violentas, que cuando se desarrolla en otras regiones. Respecto a la variable año, vemos que el transcurso del tiempo disminuye las chances de utilizar tácticas disruptivas respecto a las convencionales como la táctica principal, y aumentan las chances de llevar a cabo las tácticas culturales con respecto a las convencionales como táctica secundaria. Por su parte, los arrestos, como proxy de presencia policial y represión, no aumentan las chances de observar mayores tácticas transgresivas en la táctica principal respecto a la táctica convencional, cosa que sí ocurre en la táctica secundaria, sobre todo en tácticas violentas cuyo aumento resulta ser significativo.
Conclusiones
Este artículo intentó responder a la pregunta de por qué las tácticas de la protesta colectiva varían entre distintos eventos. El tema es relevante para una comprensión global de los movimientos sociales. Las tácticas influyen en la capacidad de los movimientos para lograr sus objetivos, y en su imagen y legitimidad ante las autoridades y la opinión pública. Todo esto tiene implicaciones para la capacidad de cambio de los movimientos y su propio desarrollo y supervivencia. Aun así, el tema permanece muy poco explorado en la literatura chilena y en general latinoamericana sobre movimientos sociales, al menos con datos de análisis de eventos de protesta como hacemos aquí. En términos operacionales distinguimos entre tácticas contenidas (convencionales o culturales) y transgresivas (disruptivas o violentas), y empleamos una base de datos de eventos de protesta ocurridos en Chile entre 2000 y 2012. Esto nos permite explorar de modo sistemático la diversidad de tácticas y el impacto que tienen sobre ellas distintas variables, que identificamos siguiendo la literatura sobre el tema.
El análisis presenta varios resultados que nos parecen interesantes. Primero, aunque las tácticas convencionales son las más frecuentes, la protesta chilena es variada. Además de marchas y concentraciones convencionales, la protesta también se expresa con bastante frecuencia por medios disruptivos (como tomas de establecimientos, paros de actividades y cortes de caminos), por vías violentas (incluyendo destrozos de propiedad, saqueos e incendios), y ocasionalmente mediante manifestaciones artísticas y culturales.
Segundo, varias características de los eventos de protesta parecen influir en las distintas tácticas adoptadas. Por ejemplo, respecto a los blancos de la protesta, cuando el blanco es el Estado se prioriza el uso de tácticas contenidas, mientras que cuando el blanco es una empresa privada (nacional o internacional) o una institución educativa se priorizan las tácticas transgresivas. Esto es consistente con el argumento de que es más difícil desafiar al Estado mediante la violencia dado que concentra los recursos coactivos, cosa que no ocurre para otras entidades.
También encontramos diferencias interesantes entre los distintos grupos que participan en protestas. Conceptualmente, hipotetizamos que las tácticas varían de acuerdo con el nivel de capital político y la relación de los grupos con la esfera productiva. Específicamente encontramos que, en comparación con otros grupos, los trabajadores prefieren las tácticas disruptivas pero evitan las tácticas violentas y convencionales. Además, los grupos de la "sociedad civil" optan más por las tácticas culturales como táctica secundaria. Resultó útil además haber podido controlar por grupos de "encapuchados", quienes se definen sobre todo por el uso de las tácticas violentas, ya que así pudimos aislar su efecto sobre las tácticas violentas en las otras variables de nuestro interés. Finalmente, vemos que los grupos con menor capital político y menos insertos en la esfera productiva (principalmente encapuchados, pobladores y pueblos originarios) optarían más por tácticas violentas, pero sólo en presencia de demandas radicales, lo que habla de la diversidad interna del movimiento y de la importancia del término de interacción incluido.
Adicionalmente, cuando hay presencia de organizaciones formales en la protesta es bastante menos probable observar tácticas disruptivas y violentas. Al observar la táctica secundaria, veíamos que también era menos probable observar tácticas culturales. Esto es consistente con la tesis de que los movimientos más organizados y estructurados emplean tácticas más aceptables para el status quo que los movimientos más espontáneos.
La única hipótesis que no se comprobó fue respecto al número de participantes en el evento, donde ocurre justamente lo contrario a lo señalado por la literatura (principalmente de países industrializados). A diferencia de lo esperado, a mayor número de participantes, menores son las chances de observar tácticas transgresivas con respecto a las convencionales.
Resulta interesante que en Chile la relación entre tamaño de la protesta y tácticas no siga el mismo patrón que en países industrializados. En Chile, las protestas transgresivas se llevan a cabo principalmente por grupos pequeños. Siguiendo a Koopmans (1993), entendemos que los movimientos sociales son conscientes en la adopción de sus estrategias, y no simples víctimas de las contra-estrategias de las autoridades. De ahí que la reacción de los movimientos ante la represión puede tomar distintas rutas, siendo sólo una de ellas la radicalización de las protestas. En efecto, una de las consecuencias que tuvieron las jornadas de movilización estudiantiles de 2006 en Chile fue un cambio masivo de estrategia por parte de los estudiantes. Al ver que sus jornadas de movilización pacífica estaban siendo duramente reprimidas debido a acciones vandálicas de grupos pequeños, la táctica principal de los estudiantes se vuelca hacia la toma de sus establecimientos. Esto sorprendió a las autoridades por la reacción en cadena que ocasionó y por el nivel de organización de la táctica empleada por el movimiento (Mardones, 2007).
Por otra parte, en Chile hay tácticas disruptivas -como las barricadas en poblaciones, los cacerolazos o la fogatas- que forman parte de una herencia propia de la lucha contra la dictadura de los años ochenta (Valenzuela, 1984; Espinoza 1988; Campero 1987). Mediante estas tácticas se trata de evitar la represión directa de la policía actuando en grupos pequeños y organizados. También ha habido, desde fines de los noventa un aumento de protestas étnicas de reivindicación territorial (Foerster, 1999; Lavenchy, 2003; Tricot, 2009) que suponen disrupción principalmente por cortes de caminos, ataques incendiarios y otros elementos disruptivos que se suelen llevar a cabo por grupos pequeños que buscan evitar el contacto directo con la policía.
Este patrón tentativo hacia la disrupción por grupos pequeños puede no ser propio de Chile, sino también de otros contextos latinoamericanos que han sufrido fuertes patrones de represión estatal a lo largo de su historia (Auyero, 2002).
Todos estos hallazgos sugieren futuras líneas de investigación sobre las tácticas de la protesta en Chile y en América Latina. Primero, valdría la pena realizar estudios que permitan profundizar sobre la situación de movimientos sociales específicos para lograr un conocimiento más acabado sobre su repertorio táctico y explorar el origen cultural e histórico de los mismos. Segundo, sería interesante estudiar cómo la interacción entre movimientos sociales, el Estado y la sociedad civil definen el uso de cierto tipo de tácticas a lo largo del tiempo (McAdam, 1983 para un ejemplo temprano). Por ejemplo, podría estudiarse cómo los niveles de represión, el impacto político de los movimientos y la percepción de la opinión pública definen el despliegue táctico. Tercero, la diversidad de blancos de la protesta que encontramos permite dar sustento empírico a teorías latinoamericanas sobre la constitución de nuevos actores sociales y de un nuevo escenario institucional y societal más complejo (Garretón, 2002; Gómez Leyton, 2010). Esto también abre nuevas posibilidades; por ejemplo, se podría hacer un estudio comparado acerca de cómo distintos niveles de avances del neoliberalismo van delegando mayor peso y responsabilidad pública a instituciones no estatales, exponiéndolas cada vez más a ser blancos de la protesta colectiva.
Finalmente, cabe señalar las limitaciones de este artículo que también abren nuevas posibilidades de investigación. Primero, aunque los AEP permitieron avanzar sustancialmente en el conocimiento de las dinámicas de la protesta, la literatura no ha dejado de insistir en los posibles sesgos de cobertura, información y enfoque de los eventos en los medios de prensa. No todos los eventos de protesta tienen las mismas chances de ser cubiertos por los medios (y por tanto incorporados a la base de datos), no toda la información relevante para el investigador aparece para todos los eventos cubiertos y, ciertamente, existen sesgos en el "enmarcamiento" que dan distintos medios a las protestas, lo cual pueden afectar la información relevada (Wilkes y Ricard, 2007). Aunque nuestra base de datos considera diversos medios de distinta filiación ideológica, y aunque relevamos centenares de eventos para un país relativamente pequeño como Chile, futuros estudios con más recursos que el nuestro deberán incorporar aún más fuentes al relevamiento.
Segundo, aunque siguiendo la literatura hemos asumido que ciertas características de los eventos (como el grupo que protesta o el blanco de la protesta) impactan en las tácticas, naturalmente puede ocurrir lo contrario. Por ejemplo, grupos habituados a adoptar ciertas tácticas pueden sentirse más cómodos enfrentando a ciertos blancos o planteando ciertas demandas.
Todavía no existe en la literatura una respuesta satisfactoria a este problema, para el cual es probable que un estudio mixto que combine técnicas cuantitativas y cualitativas sea una buena ruta hacia ese conocimiento. Otra posible línea futura consiste en estudiar el impacto de las características agregadas de la protesta en un periodo anterior (t -1) sobre las tácticas en el presente (t 0).
Finalmente, aunque aquí realizamos un análisis transversal para estudiar el rol de variables vinculadas al evento mismo de protesta, se podrían hacer futuros estudios de manera longitudinal, que consideren factores del contexto social, político y económico más amplio. Por ejemplo, hay evidencia sólida de que ciertas tácticas se difunden a lo largo del tiempo o el espacio (Myers, 2000). Podría ocurrir que los factores contextuales afecten los factores más inmediatos que aquí consideramos, o también que los primeros reduzcan la importancia de los segundos. Esperamos que este trabajo sirva de inspiración para que otros puedan seguir desarrollando este tipo de estudios en el futuro.
