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En los últimos veinte años el mundo ha sido testigo de grandes transformaciones en relación con una mayor equidad de género en los cargos de elección popular. Esto ha sido impulsado por campañas locales y globales que muestran que una mayor equidad de género en la política está vinculada con numerosos resultados positivos para la democracia y la sociedad en general (Krook, 2009; Krook y True, 2012). Quienes apoyan estas campañas argumentan que una representación política más equitativa e igualitaria no sólo es lo justo (las mujeres son el cincuenta por ciento de la población y deberían ocupar la mitad de las posiciones de poder), sino que también mejora las posibilidades de que los intereses y preocupaciones de todos los ciudadanas y ciudadanos estén reflejados en las políticas públicas. Esto, a su vez, promueve una mayor participación ciudadana y una mayor confianza en las instituciones públicas (Phillips, 1995; Schwindt-Bayer y Mishler, 2005). Estos mensajes han resonado en la gran mayoría de los países del mundo, que han adoptado numerosas medidas con el propósito elegir a más mujeres, en particular a través de las cuotas de género (Krook, 2009).
Sin embargo, cada vez es más evidente que las estrategias como las cuotas de género no nivelan completamente el campo de juego político. Los ambientes políticos "generizados" en que se adoptan estas leyes, por ejemplo, pueden hacer difícil para las mujeres ser nominadas como candidatas y ejercer su autoridad una vez que son elegidas (Bjarnegárd, 2013; Krook y Norris, 2014; Puwar, 2004; Walsh, 2011). Las iniciativas como las cuotas también pueden desencadenar resistencia y reacciones violentas (backlash) contra la integración política femenina. Estas reacciones van desde actos explícitos de violencia y acoso, hasta el sexismo en los medios de comunicación y las redes sociales, que están dirigidas contra las mujeres por ser mujeres y tienen el propósito de forzarlas a retirarse de la vida política (Krook, 2015; Krook y Restrepo Sanín, 2014). Estas acciones representan una amenaza muy seria para la democracia puesto que les impiden a las mujeres llevar a cabo sus campañas políticas o cumplir con las obligaciones de sus cargos. En este sentido, los procesos electorales son anulados a través de la intimidación y la coerción.
El problema de la "violencia contra las mujeres en política", como estas acciones se conocen, ha aumentado la preocupación de organizaciones de la sociedad civil internacionales (OSC) alrededor del mundo (Bardall, 2011; iKnowPolitics, 2007; Inter-Parliamentary Union, 2014; NDI, 2014; SAP International, 2006; USAID, 2013). Sin embargo, este fenómeno ha recibido más atención en América Latina, donde numerosos actores, como mujeres electas, periodistas, académicas, OSC, e incluso tribunales electorales, han buscado visibilizar este problema. Estas organizaciones buscan combatir la violencia y el acoso político con numerosas estrategias para proteger los derechos de las mujeres a la participación y salvaguardar la integridad de los procesos electorales. Como resultado, cada vez es posible encontrar más evidencia de la violencia contra las mujeres en política en los países de la región. Al mismo tiempo es posible encontrar numerosas soluciones, incluidas leyes para criminalizar estas conductas. Estas experiencias enriquecen las discusiones internacionales puesto que estos debates no se han dado tan ampliamente en otras regiones. Sin embargo, información de otros países, así como aportes de diversas disciplinas académicas, también enriquecen el debate en América Latina, resaltando la ubicuidad de este problema y proporcionando mayor precisión conceptual a los debates.
En la primera sección presentamos el "estado del arte" de los debates que se han dado en la región en torno a la "violencia y el acoso político contra mujeres". Rastreamos cómo activistas en América Latina han definido este concepto de manera inductiva desde sus experiencias y observaciones. Encontramos que el caso de Bolivia, donde una larga campaña realizada por activistas y organizaciones de la sociedad civil culminó en una reforma legal en 2012, ha sido influyente en tres aspectos: nombrando el fenómeno, resaltando formas de abuso tanto físico como psicológico y desarrollando legislación para criminalizar estas conductas. En las tres secciones siguientes ponemos estos descubrimientos en diálogo con los datos globales y la investigación en diversas disciplinas académicas. El propósito es teorizar mejor la violencia contra las mujeres en política, entender qué es y, a continuación, qué pasos se pueden tomar para minimizar su impacto. La conceptualización es fundamental tanto para académicas como para activistas, pues es una manera de comprender y analizar el mundo de una forma más sistemática, así como para desarrollar soluciones efectivas para problemas políticos apremiantes (Goertz, 2006; Sartori, 1970).
En la segunda sección usamos literatura de varias disciplinas académicas para diferenciar la violencia contra las mujeres en política de conceptos similares como la violencia electoral y política, y la violencia contra las mujeres. También usamos estas investigaciones para teorizar por qué ocurre y el significado e importancia de sus diversas manifestaciones. En la tercera sección, incorporamos literatura feminista y no feminista sobre la violencia, para argumentar en favor de una definición ampliada de la violencia contra las mujeres en política. Con base en esto, proponemos dos formas de violencia adicionales a las que se han teorizado: violencia económica y simbólica. También establecemos relaciones entre las diversas manifestaciones. Usamos ejemplos de todos los tipos de violencia, tomados de varios países de América Latina para sustentar nuestros argumentos.
En la cuarta sección consideramos las implicaciones teóricas y prácticas de optar por diferentes definiciones. Proponemos que ampliar el concepto para incluir más dimensiones es vital para entender la naturaleza de este problema y para diseñar diversas soluciones que sean efectivas. Este ejercicio revela la amplia resistencia a una incorporación completa de las mujeres en la política, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Concluimos con una reflexión sobre por qué la violencia contra las mujeres en política debe ser una preocupación de todos los ciudadanos y de la comunidad académica en general. En lugar de descartarla como formas "normales" o "tradicionales" de hacer política, argumentamos que estas acciones deben ser entendidas como un esfuerzo por socavar y debilitar los derechos civiles y políticos de las mujeres, amenazando perspectivas más amplias para la inclusión y la democracia, así como el respeto por los derechos humanos en América Latina y en el resto del mundo.
Debates emergentes en América Latina
La violencia y el acoso político contra las mujeres describe comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres por ser mujeres con el propósito de que abandonen la política, presionándolas para que renuncian a ser candidatas o a un cargo político en particular. En América Latina este concepto apareció primero en Bolivia en el año 2000, cuando varias concejalas se reunieron un en seminario en la Cámara de Diputados para discutir reportes en relación con el acoso y la violencia contra las mujeres en municipios rurales. Diversos eventos que se realizaron a partir de esta reunión jugaron un papel fundamental en toda la región, para dar nombre a este fenómeno, definir sus límites en términos del tipo de acciones que constituyen violencia y acoso político, y privilegiar reformas legales como la estrategia primaria para combatir este fenómeno creciente.
La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) ha sido fundamental en este proceso. Poco tiempo después de su primera reunión, Acobol logró que el Congreso, en el año 2001, se comprometiera a trabajar en legislación para combatir este problema. Una propuesta fue presentada finalmente durante la legislatura de 2005-2006 como una iniciativa de la sociedad civil en conjunto con parlamentarias y organizaciones civiles (iKnowPolitics, 2007, p. 16). Acobol desarrolló un protocolo para rastrear y reportar los casos, a través de un sistema estadístico de información. Para el año 2012, esta organización había recolectado más de cuatro mil demandas de mujeres electas, principalmente en las zonas rurales con población indígena, dando testimonio del impacto negativo que el acoso y la violencia han tenido en su trabajo político (Observatorio de Género, 2012, p. 1). La legislación propuesta fue controvertida. Incluso algunas mujeres indígenas se opusieron a ella argumentando que la ley era contra los hombres (específicamente sus hijos) (Cabezas Fernández, 2014). La propuesta de ley finalmente fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 2012 después del asesinato de la concejala Juana Quispe.
La reforma resultante, Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres1 refleja el trabajo inductivo de Acobol y otras mujeres políticas y activistas, en lo referente al nombre y las manifestaciones de este fenómeno. La Ley 243 protege a las mujeres candidatas, elegidas, nombradas y a aquellas que ejercen funciones políticas, que se enfrentan a esfuerzos por alejarlas de la toma de decisiones en razón de género. La ley define "acoso político" como "al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas" y la "violencia política" como "las acciones, conductas y agresiones que causen daño físico, psicológico o sexual" que tengan como propósito reducir, suspender, impedir o restringir el ejercicio de las funciones de su cargo a una mujer política, o inducirla, en contra de su voluntad, a actuar de una manera particular, o dejar de hacerlo, en relación con su mandato político. El Artículo 8 enumera una larga lista de comportamientos que constituyen acoso y violencia contra las mujeres en la política. Es interesante que, si bien la ley menciona acciones físicas y sexuales, todos los ejemplos dados caen en la categoría de violencia psicológica, probablemente porque hay menos consenso respecto a su definición como "violencia".
Las conductas enumeradas en el Artículo 8 incluyen, dados los estereotipos de género, imponer tareas que no están relacionadas con el cargo,2 dar información errónea o imprecisa que hace que las mujeres hagan su trabajo de manera inadecuada; evitar que mujeres electas o nombradas asistan a las sesiones u otras actividades relacionadas con la toma de decisiones; proveer información falsa o incompleta en relación con la identidad o el sexo de las o los candidatos, a las autoridades electorales;3 impedir o restringir la reelección o nominación de una mujer cuando hace bien su trabajo; restringir el derecho de las mujeres a hablar en las sesiones, comités u otras reuniones que son parte de su trabajo; restringir o impedir a una mujer asumir el cargo para el que ha sido elegida por los procedimientos establecidos por las comunidades indígenas o afrobolivianas; imponer sanciones injustificadas que restringen el ejercicio de los derechos políticos a una mujer; imponer sanciones económicas ilegales o retener el salario de una mujer; divulgar información personal y privada para forzar a una mujer a renunciar o para que solicite una licencia, y obligar a las mujeres electas a firmar documentos o tomar decisiones contra su voluntad usando la fuerza o intimidándolas.
La ley reconoce que estos actos pueden ser cometidos por una o varias personas, directamente o a través de terceros, contra mujeres candidatas y servidoras públicas, así como contra miembros de sus familias. Las violaciones pueden ser denunciadas por la víctima, sus parientes o por otra persona, de manera escrita u oral. Las penas incluyen dos a cinco años de prisión por acoso político, tres a ocho años por violencia física o psicológica, y las sanciones existentes en el código penal en los casos de acoso y violencia sexual. Factores agravantes que pueden aumentar las penas incluyen a) acciones cometidas en contra de una mujer embarazada, mayor de 60 años, con educación limitada o discapacitada; b) acciones cometidas por una persona en una posición de poder dentro de los partidos políticos, movimiento ciudadano, o un oficial público; si la persona ha cometido previamente actos de acoso o violencia contra una mujer, y c) acciones cometidas por dos o más personas. Las oficinas encargadas de hacer cumplir esta ley incluyen el ministerio de justicia, las autoridades electorales y líderes en diferentes niveles de gobierno.
Los debates en Bolivia jugaron un papel fundamental en la discusión de este problema en la región, incluso antes de que se aprobara esta reforma pionera. En 2007, poco después de que el proyecto de ley fuera presentado, en la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se firmó el Acuerdo de Quito en el que se reconoce este problema por primera vez en una escala más amplia. Los firmantes acordaron "Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a los puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos".4 Un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, se desarrolló posteriormente en cuatro países: Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Bolivia. El propósito fue enriquecer la discusión teórica en este tema a través de estudios de caso. El resultado de este trabajo inductivo fue la identificación de conductas adicionales que constituyen acoso y violencia política contra mujeres. Éstas incluyen no notificar a una mujer del día, hora y lugar de reuniones políticas; ocultar o no entregar la correspondencia; negar a una mujer los recursos necesarios para ser una representante efectiva; así como faltarle al respecto, ridiculizarla o descalificar públicamente las propuestas hechas por mujeres (Herrera, Arias, y García, 2011).
Recientemente, diputadas y senadoras en varios países de la región han propuesto leyes en este sentido. En 2011, al mismo tiempo que la propuesta boliviana era considerada, una ley contra el acoso y la violencia política era presentada en Ecuador por la congresista Lourdes Tibán Gualá. La propuesta hacía referencia a varios artículos de la constitución, como el compromiso del Estado de garantizar la equidad real, el derecho de los ciudadanos a una vida libre de violencia, y los principios de no-discriminación, y enumeraba algunos de los desafíos que enfrentan las mujeres que consideran lanzar una campaña política. Entre éstos se encuentran tener menos recursos económicos y la prevalencia de creencias respecto a los roles tradicionales de género que en conjunto disuaden a las mujeres de convertirse en candidatas políticas. Aparte de estos elementos, la propuesta era muy similar a la ley boliviana, usando términos como acoso y violencia, clasificando las acciones en términos de violencia física y psicológica (pero incluyendo "violencia verbal"), e introduciendo factores agravantes como el estado de embarazo, la condición de minoría de las víctimas, o la posición de poder de los victimarios. La propuesta estaba apoyada por otros nueve miembros del Congreso pero fue archivada al considerar que era muy similar a una propuesta de reforma del código penal en el que se reconocía el acoso político como un delito, aunque sin incluir una dimensión de género.5
Una propuesta similar tuvo mayor éxito, aunque sólo parcialmente, en México. Allí, la senadora Lucero Saldaña presentó una ley en este sentido en noviembre de 2012. La ley mencionaba de manera explícita la ley contra el acoso y la violencia política en Bolivia, y muchas frases fueron tomadas del texto original. La propuesta mexicana se diferencia sobre todo porque buscaba modificar legislación existente en lugar de crear nuevas leyes. Este proyecto modifica la ley que garantiza a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y el Código Federal Electoral. El lenguaje y los objetivos son, no obstante, los mismos: criminalizar actos de violencia física, psicológica o sexual perpetrados contra una o más mujeres con el propósito de impedir su acceso a, o desempeñar, un cargo de representación política. La propuesta fue aprobada de manera unánime en el Senado en marzo de 2013, pero no formó parte de la agenda de la Cámara de Diputados. No obstante, el tema persiste en la agenda política, con varios actos organizados en 2014. En estos eventos han participado autoridades electorales, el Instituto Nacional de las Mujeres, así como líderes y representantes de varios partidos políticos. En abril de 2015, en la segunda vuelta de las elecciones de junio, el Senado emitió una opinión exhortando al Instituto Nacional Electoral y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que respondieran al incremento en el número de casos de violencia política contra mujeres reportados en los tribunales electorales locales. El Conapred hizo un llamado a los partidos políticos y distribuyó una guía para elecciones libres de discriminación.6
En otros países de la región también se ha presentado proyectos de ley. En febrero de 2013, la congresista peruana Verónika Fanny Mendoza Frisch introdujo un proyecto de ley para combatir el acoso político contra las mujeres. Aunque la propuesta es muy similar a la ley boliviana, la palabra "violencia" no fue incluida. Esta palabra fue omitida, según algunas fuentes,7 debido a su asociación con la historia de conflicto armado en Perú. Esta propuesta fue firmada por otros siete miembros del Congreso y se enfoca en violaciones y amenazas contra la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres políticas y sus familias. Enumera muchas de las acciones mencionadas previamente, pero incluye comportamientos como maldecir o insultar, y convocar reuniones a horas inadecuadas para la seguridad personal, un problema más complejo para las mujeres que para los hombres. En marzo de 2015 la propuesta fue aprobada en la comisión y fue puesta en la agenda de la Asamblea Nacional, pero aún no ha sido debatida. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones se sumó a las voces que claman en favor de esta reforma, destacando que en las elecciones de 2015 al menos 40 por ciento de las candidatas han sido víctima de acoso.8
En marzo de 2013, una propuesta presentada por Pilar Porras Zúñiga, diputada costarricense, buscaba también prevenir y erradicar el acoso o violencia política contra las mujeres. Esta iniciativa menciona el ejemplo boliviano pero también incluye referencias a las discusiones en Ecuador. Se centra también en manifestaciones físicas, psicológicas y verbales de la violencia, pero incluye la violencia verbal como el texto presentado en Ecuador. Como factores agravantes se incluyen los mismos enumerados en la ley ecuatoriana, pero sin referencia a las minorías étnicas o la falta de educación. Un elemento nuevo es la consideración que esta ley le da al impacto de la violencia psicológica, no sólo lo limita al hecho de que las mujeres renuncien a sus cargos, sino que reconoce que, como consecuencia del acoso y la violencia, pueden sufrir depresión, aislamiento, baja autoestima e incluso suicidio. La ley detalla también una penalidad nueva: la persona condenada por acoso o violencia política perderá su cargo como oficial electo o nombrado si lo tiene, o perderá el derecho a ser candidato para una oficina pública en el futuro.
Estas leyes son un claro ejemplo de la difusión, al menos en los países de la región, de iniciativas para criminalizar el acoso y la violencia política contra las mujeres. Al mismo tiempo, han inspirado un creciente interés en este fenómeno en la academia latinoamericana. Un análisis de la literatura muestra que la mayor parte de los estudios sobre este tema se limitan a las definiciones dadas por la ley boliviana, adicionando nuevos ejemplos, pero manteniéndose dentro del marco de las manifestaciones físicas, psicológicas y sexuales. Como resultado, la categoría "psicológica", en particular, ha crecido para incluir una variedad amplísima de comportamientos que, teóricamente, podrían estar mejor descritos como formas distintivas de violencia. Algunas contribuciones se mueven en esta dirección al mencionar, aunque no necesariamente con profundidad, términos como violencia "económica" o "simbólica" (Cerva Cerna, 2014; Lamas y Azuela, 2009; Machicao Barbieri, 2004; Medina Espino, 2013).
Una segunda tendencia importante en esta bibliografía es explicar a las participantes qué son la violencia y el acoso político. Después de estas explicaciones las participantes responden con una gran variedad de ejemplos a partir de sus propias experiencias (Herrera, Arias, y García, 2011; Incer Brenes, 2014; Machicao Barbieri, 2004). Este ejercicio tiene el efecto de reforzar clasificaciones existentes, al mismo que tiempo estas categorías necesitan ser "estiradas" para acomodar diferentes acciones. En consecuencia, se pierde la oportunidad de usar esta información cualitativa para mejorar los marcos conceptuales existentes respecto a este fenómeno. Más aún, usar el ejemplo de la ley boliviana puede llevar, tanto entre académicas como entre activistas, a sobre-enfatizar las reformas legales como la respuesta primaria contra este fenómeno, ignorando otras estrategias que pueden usarse, junto con, y en lugar de, las leyes.
Definiciones y conceptos
Al tiempo que estas discusiones se llevan a cabo en Latinoamérica, activistas en otras regiones también han identificado un conjunto de acciones, sorprendentemente similares, que han llamado "violencia contra mujeres en política". Un reporte de la Alianza Asia del Sur Internacional (SAP, 2006), por ejemplo, habla de acciones realizadas para dificultar, castigar, o privar a las mujeres del derecho a la participación política. Identifican acciones físicas como golpear, empujar, acosar sexualmente, violar, secuestrar y asesinar. También enumeran varios tipos de violencia psicológica como amenazas, acoso, abuso verbal, coerción, difamación y amenazas contra la familia. De manera sorprendente, este grupo enmarca la violencia contra las mujeres como un fenómeno específico del sur de Asia, sin hacer referencia a las tendencias en otras regiones del mundo.
La creciente conciencia sobre la naturaleza global de este problema inspiró a la Red Internacional de Conocimiento sobre Mujeres en Política (International Knowledge Network on Women in Politics, iKnowPolitics) a organizar un debate en línea sobre este tema en 2007, para entablar una conversación entre activistas y políticas de varias regiones. Este ejercicio mostró más ejemplos de violencia contra mujeres políticas, incluyendo violencia doméstica, acoso mediático, difamación y calumnia, control económico, y la victimización de familiares y seguidores (iKnowPolitics, 2007). Estas discusiones, como las realizadas en América Latina, se han dado con pocas referencias a investigaciones académicas en temas relacionados. Esto no deja claro cómo la violencia contra las mujeres en política es similar o diferente a conceptos relacionados como la violencia política y electoral, o la violencia contra las mujeres. Incluir estos trabajos académicos no sólo ayuda a delinear los límites de este nuevo concepto, sino que también provee importantes reflexiones respecto al porqué de esta violencia, ampliando el significado de estos actos para las mujeres, la política y la sociedad en general.
Violencia política y electoral
La violencia política durante elecciones, o violencia electoral, ha sido definida como "cualquier acto o amenaza, fortuita o deliberada, para intimidar, hacer daño físico, chantajear, o abusar de un actor político con el propósito de determinar, retrasar o influir un proceso electoral" (Fischer, 2001, p. 3). Generalmente toma una de dos formas: casos de conflicto étnico o comunal en los que los incidentes de violencia ocurren o aumentan alrededor de la temporada electoral, o instancias en que diversos actores usan la violencia para determinar los resultados electorales a través de acciones como el fraude electoral o la interferencia en los procesos de inscripción de votantes y candidatos (Höglund, 2009). A pesar de que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de violencia electoral, datos de más de dos mil casos de violencia electoral in seis países entre 2006 y 2010, proporcionados por la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES), revelan patrones particulares respecto a los tipos de violencia experimentada: los hombres tienen mayor posibilidad de sufrir violencia física, mientras que las mujeres fueron víctimas de abuso psicológico o intimidación (Bardall, 2011, p. 13).
"Generizar" definiciones existentes de violencia electoral, reconociendo que mujeres y hombres sufren experiencias de violencia que son al tiempo similares y distintas no captura, sin embargo, que candidatas, activistas y votantes son con frecuencia víctimas de violencia por ser mujeres. Estos ataques pueden ser llevados a cabo en el contexto de las elecciones, pero también pueden ocurrir en los otros tres contextos de violencia contra las mujeres: la familia, la comunidad y el Estado (USAID, 2013). Bardall (2011) propone "violencia contra mujeres en elecciones" como un concepto más amplio que incluye prácticas adicionales a las normalmente reconocidas dentro de la violencia electoral, coincidiendo, pero también ampliando este concepto en nuevas direcciones. Ella argumenta que esta violencia incluye intimidación social o familiar en espacios privados, discursos sexistas, acoso para intimidar a candidatas y activistas mujeres, así como ataques verbales hacia mujeres políticas para disminuir su credibilidad y cuestionar sus capacidades para la política por el hecho de ser mujeres.
Violencia contra las mujeres
La investigación sobre la violencia contra las mujeres está igualmente dividida alrededor de si limitar el término "violencia" para actos que incluyen daño físico, o extenderlo para incluir un rango más amplio de agresiones. Los argumentos en favor de una definición más limitada sugieren el uso de términos como "abuso" para describir formas de agresión diferentes a las físicas (Kilpatrick, 2004). No obstante, un número creciente de investigadores y agencias gubernamentales sostienen que la violencia es multidimensional y es mejor definirla en términos de un continuo de actos violentos (DeKeseredy, 2000). La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) describe la violencia contra las mujeres como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada". Campañas internacionales que argumentan que "los derechos de las mujeres son derechos humanos" se enfocan en la violencia contra las mujeres como una ofensa contra la dignidad humana "específicamente conectada al ser mujer" (Bunch, 1990, p. 486).
Esto no significa que las mujeres no puedan ser víctimas de violencia en la sociedad con pocas implicaciones de género. La violencia cometida contra las mujeres por ser mujeres, sin embargo, tiene un significado adicional como una forma de imponer roles de género, así como una forma de dominación, subordinación y control de las mujeres como grupo (Donat y D'Emilio, 1992). Ser mujer explica tanto por qué ocurre esta violencia como las formas particulares que toma. La violencia contra las mujeres es entonces usada como un mecanismo para "mantener a las mujeres en su lugar, limitar sus oportunidades de vivir, aprender, trabajar y querer como seres humanos completos, dificultar sus capacidades para organizarse y reclamar sus derechos" (O'Connell, 1993, p. iii). En muchas sociedades estas prácticas son naturalizadas, incluyendo el uso de estereotipos de género. Esto hace que muchas de estas prácticas sean vistas como "apolíticas" y que no sean reportadas (Watts y Zimmerman, 2002). Sin embargo, la violencia contra las mujeres en un problema en todos los países que afecta a mujeres en todos los grupos socioeconómicos y en todas las etapas de la vida (True, 2012).
Violencia contra las mujeres en política
Argumentamos que la violencia contra las mujeres en política es parte de, pero es ligeramente diferente de, la violencia contra las mujeres en elecciones. Mientras que ésta incluye acciones dirigidas contra las mujeres candidatas, activistas y votantes durante el proceso electoral, la violencia contra las mujeres en política es cometida contra mujeres, tanto durante las campañas electorales como después, cuando las mujeres asumen posiciones políticas. Es vital reconocer que la crítica y el escrutinio de los candidatos y oficiales electos, así como de sus ideas y desempeño, es necesaria en todos los Estados. Más aún, la libertad de expresión es un elemento fundamental de una sociedad democrática sana. Sin embargo, ciertas conductas "cruzan la raya" cuando están dirigidas contra las mujeres por ser mujeres con el propósito de que se retiren de la contienda política. De esta manera, aunque son contra una mujer en particular, estas acciones están dirigidas, en efecto, contra todas las mujeres.
Cuando las mujeres políticas son atacadas solamente por sus ideas políticas no es un caso de violencia contra las mujeres en política. Sin embargo, la ambigüedad se hace evidente cuando la manera de atacarlas es a través del uso de estereotipos de género, enfocándose en sus cuerpos y los roles tradicionales, principalmente como madres y esposas, lo cual niega o socava su competencia en la esfera política. Usar imágenes o estereotipos de género para atacar a las oponentes mujeres, hace que las acciones se conviertan en un caso de violencia contra las mujeres en política, puesto que sugiere que las mujeres no pertenecen a lo político. Estas acciones tienen un profundo impacto puesto que no están dirigidas contra una sola mujer sino que también tienen el propósito de intimidar a otras mujeres políticas, disuadir a otras mujeres que puedan considerar una carrera política y, peor aún, comunicar a la sociedad en general que las mujeres no deberían participar.
En este sentido, la violencia contra las mujeres en política tiene importantes similitudes con los delitos de odio, puesto que usa mecanismos de poder y opresión contra las personas con una identidad particular como una manera de reafirmar amenazas imaginadas contra las jerarquías tradicionales (Perry, 2001). Como los delitos de odio, la violencia contra las mujeres en política es un "delito mensaje", porque tiene como objetivo negar el acceso igualitario a los derechos, al tiempo que crea un efecto dominó que aumenta la sensación de vulnerabilidad entre otros miembros de ese grupo (Iganski, 2001). No obstante, en ambos casos hay dificultades puesto que no todas las víctimas experimentan la misma sensación de agravio. De hecho, algunas mujeres políticas pueden naturalizar estos comportamientos simplemente como el costo de estar en política, o pueden negar el problema, preocupadas por las acusaciones de ser "histéricas" o de no ser capaces de sobrellevar las demandas del trabajo, por miedo a justificar las acusaciones de que las mujeres no pertenecen a el ámbito político (Gillard, 2014).
La teoría feminista proporciona importantes pistas respecto a cómo y por qué ocurre la violencia contra las mujeres en política. Esta literatura resalta la asociación entre los hombres y la "esfera pública" de la política y la economía, y las mujeres y la "esfera privada" del hogar y la familia, presente en muchas sociedades. Las feministas han notado durante mucho tiempo que la división público-privado está presente en muchos clásicos de la teoría política, que se cimientan en la exclusión de las mujeres como el primer paso para teorizar (Okin, 1979; Pateman, 1988). La incursión de las mujeres en la vida pública representa un reto para las creencias y prácticas reinantes respecto a la política como un dominio masculino (Sgier, 2004). Los actos de violencia contra las mujeres en política buscan restaurar esta división tradicional al forzar a las mujeres a abandonar la esfera pública, o al resaltar sus obligaciones en la esfera privada. Los cuerpos de las mujeres, conectados con sus roles sociales estereotípicos, se convierten en foco central de la violencia.
Estudios académicos de varias disciplinas sustentan esta interpretación y proveen indicios de por qué desafíos a las normas de género inspiran reacciones viscerales tan intensas. La investigación sobre violencia contra las mujeres encuentra, por ejemplo, que los hombres que expresan la mayor hostilidad contra las mujeres tienden a defender más vigorosamente roles tradicionales de género, recurriendo a la violencia contra las mujeres para superar sentimientos de inseguridad y retomar su sentido de poder y control (Stermac, Segal y Gillis, 1990). La investigación en psicología sugiere que tanto hombres como mujeres pueden "castigar" a las mujeres que se comportan de manera contraria a los estereotipos de género al aspirar a posiciones de poder (Rudman y Phelan, 2008). Estas mujeres son evaluadas de manera más negativa que los hombres en posiciones de liderazgo, incluso cuando tienen las mismas calificaciones y niveles de desempeño (Eagly y Karau, 2002). Sociólogas han observado que la sola presencia de las mujeres puede ser perturbadora para los estándares y prácticas reinantes de la vida política, precisamente porque el espacio público se ha construido a partir de la exclusión de las mujeres, lo que las hace muy visibles como "invasoras espaciales" (Puwar, 2004). Actos de violencia contra las mujeres en política encarnan una forma de "contragolpe" (backlash) hacia una mayor inclusión política de las mujeres, resistiendo las ganancias logradas por las leyes de cuotas y otros mecanismos para empoderar a las mujeres en la toma de decisiones (Krook, 2015).
Hacia un marco conceptual revisado
Como mencionamos anteriormente, los debates en América Latina han estado centrados en dos tipos de violencia, física y psicológica, con alusiones ocasionales a la violencia verbal y sexual. No obstante, estas discusiones raramente están informadas por investigaciones académicas. Al mismo tiempo, una mayor difusión de este concepto ha hecho que proliferen ejemplos de acciones dentro de estas categorías. Poniendo estos debates en conversación con los pocos que se han desarrollado en el resto del mundo (recopilados a partir de historias de la prensa, reportes de OSC, investigación académica y entrevistas originales), revelan asombrosas similitudes en estos comportamientos a través de las diversas regiones, para dar constancia de la extensión de este fenómeno. Estos patrones sugieren que una mayor reflexión en la conceptualización de este fenómeno no sólo enriquece los análisis académicos de la violencia contra las mujeres en política, sino que también tiene el poder de informar cómo las activistas entienden este fenómeno. De esta manera es posible capturar de una mejor manera el rango completo de comportamientos que buscan alejar a las mujeres de la política, tanto en América Latina como en el resto del mundo.
Al integrar investigación feminista y no feminista sobre la violencia con los datos globales, proponemos una definición ampliada de violencia contra mujeres en política. Esta definición a) fusiona violencia física y sexual dentro de la categoría violencia física, y b) divide la amplísima categoría de violencia psicológica para distinguir entre violencia psicológica, simbólica y económica. Este esquema reconoce que los límites entre estas tipologías son porosos, y que conductas específicas tienen el potencial de pertenecer a varias categorías. Al mismo tiempo, múltiples formas de violencia pueden ser perpetrados de manera simultánea o intensificarse. Esta superposición, sugerimos, fortalece nuestro argumento de usar un solo concepto para nombrar diversas acciones. Enfatizar las continuidades presentes en diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres en política permite reconocer que diferentes culturas pueden usar diferentes "herramientas" para disciplinar a las mujeres, dándole un sentido particular a acciones específicas y condicionando el grado en el que estos comportamientos son normalizados.9
Al analizar la información global, es posible identificar dos tendencias dentro de los incidentes de violencia. Esto permite ver los diversos tipos como parte del mismo fenómeno y apreciar mejor los costos que este tipo de violencia tiene para las mujeres que buscan una carrera política. La primera es que la sexualidad de las mujeres es un símbolo potente. Las amenazas de violación se aprovechan de las creencias de que las mujeres son vulnerables y que pueden ser castigadas usando acciones de índole sexual. Los cuestionamientos respecto a la moral sexual de las mujeres políticas no son inusuales, y con frecuencia son "acusadas de ser prostitutas, lesbianas, pecadoras o pervertidas" (Bardall, 2013, p. 3) incluyendo tener amoríos extramatrimoniales. Estas acusaciones pueden destruirlas tanto política como personalmente. En segundo lugar, diferente de la violencia política "normal", ejecutada por oponentes políticos, las acciones contra las mujeres en política, al igual que la violencia contra las mujeres en general, puede originarse en varios espacios. La evidencia revela que las agresiones pueden provenir de la sociedad, incluida la familia, los amigos, miembros de su comunidad o líderes religiosos; así como de los medios de comunicación, la política, incluidos colegas, opositores, o miembros del mismo partido, y extendiéndose en algunos casos a servidores públicos, miembros de la rama ejecutiva, y otros actores estatales como las fuerzas de seguridad y la policía (SAP International, 2006).
Violencia física
Clasificamos la violencia física como acciones que afectan la integridad personal de una mujer, así como de miembros de su familia cuando ella es el blanco. Esta definición incluye violencia sexual, que con frecuencia está clasificada como distinta de la violencia física en leyes y tratados internacionales sobre violencia contra las mujeres, probablemente con el propósito de enfatizar la especial importancia que tiene este tema para las mujeres. La evidencia empírica indica que la violencia física puede ser cometida por activistas de otros partidos, pero también puede ser llevada a cabo por rivales dentro del mismo partido, o incluso miembros de su propia familia. Se distingue de otros actos de violencia física puesto que su propósito es prevenir la participación de una mujer por ser mujer, no como individuo o miembro de un partido político como tal. En este sentido, a pesar de la experiencia profunda y personal de abuso, las víctimas de violencia contra las mujeres en política son "intercambiables".
Hay ejemplos abundantes de este y otros tipos de violencia, incluso cuando se limita la discusión a América Latina. La más obvia tal vez es el asesinato. En México, por ejemplo, Guadalupe Ávila Salinas, candidata a presidenta municipal, fue baleada a plena luz del día por el presidente municipal, mientras sostenía una reunión con mujeres de la comunidad. De acuerdo con un diputado federal de la región, este incidente fue el último en una serie de esfuerzos por parte de servidores públicos en el pueblo para "callar la voz de las mujeres". A pesar de los numerosos testigos, la policía local hizo muy poco por capturar al asesino, y desestimó las acusaciones de que este hecho fue motivado por razones políticas (Jarquín Edgar, 2004). Las familias también se convierten en blancos importantes: en Oaxaca, el intento de homicidio contra una candidata al Congreso resultó en la muerte de su esposo. Ella y su sobrina resultaron heridas (EFE, 2013).
Otras amenazas contra la integridad física de las mujeres incluyen golpizas y secuestro. Otra presidenta municipal en México, por ejemplo, fue secuestrada por sus opositores políticos y su esposo, después de una campaña llevada a cabo por miembros de su propio partido y de la oposición, para forzarla a renunciar a su cargo, primero divulgando rumores sobre su supuesta infidelidad, y luego usando amenazas con machete. Los miembros del concejo que la apoyaron le dijeron que eso estaba pasando "porque eres mujer". Una tercera presidenta municipal recibió amenazas de secuestro contra sus hijos, lo que hizo que los tuviera que dejar en la casa de su hermano. Luego, ella y su hijo fueron atacados por una multitud en una confrontación con un hombre que quería ser presidente municipal en su lugar (Vásquez García, 2011).
Violencia psicológica
La violencia psicológica afecta el estado mental o bienestar de los individuos, causa ansiedad, depresión y estrés. Lo definimos para incluir amenazas de violencia física, así como actos que tienen como propósito dañar la reputación de la mujer víctima. Los datos limitados sobre violencia contra mujeres en política indican que ésta es una herramienta particularmente usada contra las mujeres (Bardall, 2011). Amenazas de muerte y violación son comunes. En Colombia, una mujer miembro del equipo de trabajo del alcalde de Bogotá fue acosada sexualmente, y recibió amenazas de violación y muerte por parte de un colega. También fue acusada de tener un amorío con el alcalde (Hoyos et al., 2014). El acoso sexual contra las mujeres políticas es con frecuencia normalizado y se asume que es una conducta apropiada dentro de las instituciones políticas. En El Salvador y Costa Rica, las participantes en un estudio sobre este tema reportaron que los piropos eran usados como una estrategia de manipulación por parte de los hombres, quienes buscaban denigrar a las mujeres que no hacían lo que ellos querían (Escalante y Méndez, 2011; Herrera, Arias, y García, 2012).
En otros casos las mujeres políticas son víctimas de difamación. En México una concejala de origen indígena que denunció la corrupción en su pueblo fue amenazada y acusada falsamente de corrupción (Lamas y Azuela, 2009). En otros casos esto se hace de manera más indirecta. En Costa Rica, una concejala reportó que recibió amenazas y fue acusada de negligencia y maltrato contra su padre. Las personas del pueblo también la cuestionaban por el estado de limpieza de su casa y su jardín (Herrera, Arias y García, 2011). En otros casos, una mujer que quedó embarazada y otra que llevaba a su hijo de cuatro meses a las sesiones, les dijeron que "se fueran para la casa a cuidar de su bebé" (Incer Brenes, 2014). Estas acusaciones de que una mujer es una mala esposa, madre o hija pueden ser especialmente perjudiciales en comunidades pequeñas donde las familias comparten una red de contactos y lazos sociales más densa. Acusaciones falsas de corrupción también perduran durante más tiempo en la memoria colectiva en los pueblos pequeños, afectando la carrera política de las mujeres (Medina Espino, 2013; Vásquez García, 2011).
Violencia económica
El abuso económico es cada vez más reconocido como una forma de violencia contra las mujeres (Fawole, 2008). Definimos violencia económica en política como actos que buscan controlar el acceso, o las actuaciones de las mujeres en la arena política, restringiendo sistemáticamente el acceso a recursos económicos que están disponibles para los hombres. El objetivo es hacer el trabajo político tan difícil o frustrante que las mujeres no tienen más opción que renunciar o retirarse. Este tipo de violencia también disminuye las posibilidades de que las mujeres realicen su trabajo de manera efectiva, lo que afecta sus carreras políticas. La evidencia global sugiere que la falta de apoyo financiero crea barreras más grandes para las mujeres que para los hombres, puesto que ellas con frecuencia no tienen acceso a las mismas redes formales e informales que brindan apoyo económico para las campañas, o no tienen los recursos personales necesarios para compensar los gastos políticos que les son negados (Sidhu y Meena, 2007). En este sentido, las diferencias de género en el acceso a recursos en la sociedad en general puede exacerbar las consecuencias que tiene para las mujeres políticas la retención de recursos económicos necesarios para conducir sus campañas políticas o realizar su trabajo político.
Hay quienes argumentan que la violencia económica (así como la simbólica, discutida más adelante) no deberían ser consideradas al mismo nivel que la violencia física y psicológica. Estos tipos generan el menor consenso intercultural como formas de "violencia". No obstante, los estudios muestran que el control coercitivo, una característica primordial de la violencia económica, se puede sentir incluso como algo peor que la violencia física para algunas mujeres. El control coercitivo incluye esfuerzos por "herir, humillar, intimidar, explotar, aislar y dominar" a las víctimas. Una estrategia fundamental de esta conducta es la negación o apropiación de recursos económicos (Stark, 2007, p. 5). Más aun, la violencia económica y simbólica raramente están aisladas, sino que forman parte de un patrón más amplio de agresiones que, en conjunto, tienen el efecto de crear un ambiente de trabajo hostil para las mujeres políticas.
La violencia económica raramente se menciona de manera explícita en la literatura sobre la violencia y el acoso político en América Latina (con la excepción de Medina Espino, 2013). Sin embargo, es posible encontrar ejemplos en las numerosas listas que se han generado, incluso es posible encontrar alusiones en la influyente legislación boliviana, bajo la categoría de "violencia psicológica". Este tipo de violencia puede iniciarse en el periodo de campaña. En México, por ejemplo, una reforma de 2008 buscaba estimular la participación política de las mujeres al requerir que los partidos políticos destinaran 2 por ciento de su financiamiento público para desarrollar actividades para promover el liderazgo femenino. Sin embargo, cuando las cuentas fueron revisadas en 2011 fue evidente que estos fondos se usaban para otros propósitos, como la compra de suministros de limpieza, papelería y servicios de fumigación (Romero, 2011). Incluso después de que Instituto Federal Electoral publicara una guía, miembros de los partidos políticos le preguntaban abiertamente a los auditores cómo podían evitar destinar estos recursos para su propósito real. Mientras tanto, los grupos de mujeres al interior de los partidos políticos expresaban indignación y frustración dada la imposibilidad de acceder a estos fondos.10 Problemas similares con fondos reservados para capacitación de las mujeres se han encontrado en Costa Rica, donde los partidos políticos han sido reacios a reportar cómo han gastado este dinero (Incer Brenes, 2014).
Cuando las mujeres están en campaña política la violencia económica implica negarles a ellas, pero no a los hombres, los recursos financieros necesarios para tener una campaña exitosa. Mujeres en Costa Rica, El Salvador y México han expresado con frustración que no sólo les negaron recursos para sus campañas, sino que incluso los recursos que había no fueron distribuidos de manera equitativa entre mujeres y hombres por parte de los partidos políticos (Herrera, Arias, y García, 2012; Incer Brenes, 2014; TEPJF, 2009). Datos del Tribunal Electoral Federal en Brasil muestra de manera dramática que las candidatas reciben menos recursos económicos que los candidatos hombres de manera sistemática y en todos los partidos (Sacchet y Speck, 2012).11 En Panamá, las candidatas se quejan de que les ocultan las reglas para acceder a los recursos de los partidos. Al mismo tiempo, sus materiales de campaña son destruidos, lo que reduce aún más sus escasos recursos (Hoyos et al., 2014).
Una vez que obtienen cargos públicos o son electas, las mujeres enfrentan retos económicos adicionales. El más dramático y costoso es la negación de sus salarios y dietas, en algunos casos durante más de un año, como ha ocurrido en Bolivia (Corz, 2012). En Perú una mujer también reportó que su esposo le negó dinero cuando fue electa concejala (Quintanilla, 2012). La táctica más frecuente en la región parece ser negarse a reembolsar los gastos incurridos como parte del trabajo como oficial electa, como viajar a las áreas rurales a reuniones con las comunidades, o atender reuniones y cursos con grupos estatales o grupos de mujeres, como ha sido reportado en Costa Rica, El Salvador, México y Perú (Escalante y Méndez, 2011; Herrera, Arias y García, 2012; Incer Brenes, 2014; Medina Espino, 2013; Quintanilla, 2012; Vásquez García, 2011).
Las mujeres electas también enfrentan dificultades para obtener incluso los recursos más básicos para realizar su trabajo. En Costa Rica, por ejemplo, varias mujeres electas no tenían oficinas, ni siquiera un teléfono, mientras que sus colegas hombres sí los tenían (Sidhu y Meena, 2007). Adicionalmente, a las mujeres vicealcaldesas (elegidas en parte gracias a la ley de paridad que requiere que los alcaldes y vicealcaldes sean de sexo diferente) el alcalde no les asigna un presupuesto, o no establece funciones claras para este cargo. Una concejala en Perú protestó porque se le había negado una oficina, a pesar de que en el pueblo había oficinas suficientes y los concejales hombres sí recibieron oficinas (Quintanilla, 2012). Mujeres en varios países también han asegurado que han tenido que usar su propio dinero para poder hacer su trabajo, incluso cuando otros miembros del concejo no lo hacían y recibían, en cambio, oficinas, teléfonos e incluso automóviles como miembros del concejo local (Escalante y Méndez, 2011; Herrera, Arias y García, 2012).
Violencia simbólica
La violencia simbólica opera al nivel de las representaciones y busca anular o borrar la presencia de las mujeres en las oficinas públicas. Estos comportamientos sólo han sido tangencialmente teorizados como "violencia" en los reportes de OSC sobre violencia contra mujeres en política. Sin embargo, estudios recientes sobre la misoginia y el sexismo en los medios de comunicación apoyan la conceptualización de ciertos comportamientos como formas de agresión, acoso y discriminación (Perks y Johnson, 2014; Sawer, 2013). Estas acciones no pueden verse como simples "críticas constructivas" o comportamientos groseros o irrespetuosos "normales" por parte de los medios, colegas u oponentes. El tratamiento negativo "cruza la línea" y se convierte en violencia cuando atenta contra la dignidad humana, como cuando se publican imágenes despectivas y altamente sexualizadas, se usan las redes sociales para promover la violencia, o no se reconoce a (o se niega abiertamente la existencia de) una mujer política simplemente por el hecho de ser mujer.
La "violencia simbólica" fue teorizada por Bourdieu (1984) como una manera de disciplinar a otros y confirmar el lugar en la jerarquía social de un individuo. Por lo tanto la violencia simbólica puede ser mucho más poderosa que la violencia física puesto que está inmersa en la cultura, lo que hace que estas formas de violencia se sientan "bien" (Galtung, 1990). En consecuencia, las víctimas son con frecuencia "cómplices" de estos actos, y modifican sus comportamientos y aspiraciones de acuerdo con ellas, pero no los ven como herramientas de dominación. Como Krais (1993, p. 172) nota, la violencia simbólica puede ser muy efectiva para mantener la opresión de las mujeres porque es "sutil, indirecta, invisible", tanto que incluso cuando algunas mujeres reconocen estos actos como ejercicios de poder, no les dan crédito, incluso en sociedades con altos niveles de equidad de género. Dada la gran diversidad de culturas en el mundo, la forma y el contenido de la violencia simbólica varían mucho más que los otros tres tipos, pero está presente en todas las sociedades.
La violencia simbólica contra las mujeres en política busca deslegitimarlas a través de estereotipos de género que les niegan habilidades para la política. Investigación en este sentido muestra que las mujeres con mucha frecuencia son representadas en los medios como inviables, incompetentes o no aptas para oficinas públicas importantes, y se le presta más atención a su apariencia que a sus posiciones políticas (Carlin y Winfrey, 2009). En Colombia, por ejemplo, las calificaciones de las mujeres políticas han sido cuestionadas abiertamente en varias oportunidades por el simple hecho de que son mujeres ocupando posiciones políticas importantes, como fiscal general o ministra de Defensa, que han sido tradicionalmente ocupadas por hombres (Hoyos et al., 2014). En México, pancartas que se referían a la candidata a la gubernatura de Sonora, decían que las mujeres no pertenecían al palacio de la gobernación y que debían estar embarazadas (cargadas) y en un rincón.12
En vez de ser visto como discriminatorio, este cubrimiento suele ser entendido como "el costo de hacer política" y el tratamiento dispar que se les da a hombres y mujeres es visto como "normal". La violencia simbólica es tal vez más evidente cuando se cosifica sexualmente a las mujeres, como con representaciones mediáticas y sociales altamente sexualizadas, o incluso los comentarios salidos de tono de los líderes políticos. En Ecuador el presidente Rafael Correa ha hecho varios comentarios refiriéndose a las "lindas piernas" de las mujeres asambleístas, diciendo que la equidad de género ha mejorado la política puesto que hay tantas mujeres usando minifaldas. Las redes sociales han abierto nuevas oportunidades para este tipo de ataques, como ha ocurrido en Honduras a la congresista Beatriz Valle, quien ha reportado recibir numerosos comentarios y amenazas obscenas y de carácter sexual a través de twitter (Hoyos et al., 2014).
Otras formas de violencia simbólica buscan hacer invisibles a las mujeres como actoras políticas. Esta "invisibilización" puede ser literal. En México el presidente municipal de Oaxaca rompió públicamente las papeletas de votación que certificaban la victoria de Eufrosina Cruz como la nueva presidenta municipal en 2007. Al tiempo que las rasgaba gritaba que "las mujeres no existen aquí", en referencia a los "usos y costumbres" indígenas que, alegaba, prohibían que las mujeres ejercieran cargos públicos como autoridades en la comunidad. Ella también fue víctima de rumores de que tenía una enfermedad mental y problemas con sus padres.13 De manera similar, los líderes de un partido político le pidieron a una mujer en Costa Rica que fuera la segunda en la lista porque no estaba bien que una mujer fuera la primera en la lista (Escalante y Méndez, 2011). En Honduras, una congresista mujer recuerda que mientras otros miembros del Congreso tenían sillas asignadas y placas con sus nombres en la cámara, ella no, y tenía que "saltar de silla en silla" cuando atendía a las sesiones (Hoyos et al., 2014). Las mujeres también pueden ser invisibilizadas de una manera figurada. Una estrategia común que ha sido vista en países como Costa Rica y México es apropiarse de las contribuciones, ideas o proyectos de las mujeres, incluso discutiéndolas cuando ellas no están, y no presentándolos como sus iniciativas, o no reconociéndolos a menos que un hombre los proponga, dándole a él el crédito por dicho trabajo (Barrera-Bassols, 2014; Incer Brenes, 2014).
Otra manera en que la violencia simbólica ocurre es cuando las voces de las mujeres son silenciadas de manera activa, cuando tienen la oportunidad de hablar. En Honduras, el presidente del Congreso de manera repetida le negaba la palabra a la diputada Doris Gutiérrez. En respuesta ella se cubrió la boca con un pañuelo como una manera de protestar. Este acto fue ampliamente reportado por la prensa (Hoyos et al., 2014). En otros casos, los micrófonos son apagados mientras ellas hablan, como ha sido reportado en Costa Rica (Escalante y Méndez, 2011), Ecuador (Arboleda, 2012) y Bolivia (Machiao, 2012). En países como Costa Rica, El Salvador y México, las mujeres políticas también han reportado dificultades para afirmar su autoridad, y en muchos casos ésta es cuestionada por subordinados hombres, como servidores públicos, o miembros del concejo cuando la alcaldesa es una mujer, pues se rehúsan a recibir órdenes de una mujer (Barrera-Bassols, 2014; Escalante y Méndez, 2011).
Finalmente, las mujeres también pueden ser invisibilizadas a través del lenguaje usado para dirigirse a ellas. Este problema es particularmente importante en países donde el idioma oficial usa femeninos y masculinos, como es el caso de América Latina. En muchos países los opositores, de manera deliberada y provocadora, se niegan a usar los sustantivos o títulos en femenino. En Brasil la presidenta Dilma Rousseff, como sus contrapartes en Argentina y Chile, ha adoptado el título "presidenta" pero las dos principales cadenas de televisión continúan llamándola "presidente". Esto también ha ocurrido en Francia e Italia, donde los opositores han justificado su comportamiento basándose en reglas de gramática centradas en lo masculino, reforzando la noción de que esas posiciones no pueden, y no deben, ser feminizadas. Estos conflictos también son evidentes cuando se refieren a los congresistas de manera colectiva como "señores diputados" lo que tiene el efecto de eliminar la presencia de las mujeres de las instituciones políticas. Algunas cámaras en la región han adoptado el lenguaje inclusivo, como en México, donde tanto el masculino como el femenino son usados (diputadas y diputados, senadoras y senadores) cuando se refiere a todos los miembros del congreso.14 En otros países, sin embargo, expertos en el lenguaje y administradores del Congreso han prohibido el uso del lenguaje inclusivo, como ocurrió en Costa Rica en la legislatura de 2006 a 2010 (Palmieri, 2011).
Violencia interrelacionada
La tipología que presentamos distingue cuatro tipos de violencia, pero las manifestaciones específicas pueden estar interrelacionadas en al menos dos maneras. En primer lugar una acción puede tener múltiples significados debido a las diferentes posibilidades en términos de cómo es interpretada o vivida por la víctima u observadores externos. Un ejemplo de esto son los comentarios e imágenes de carácter sexual que una congresista hondureña vio en su cuenta de twitter. Al ser vistos directamente por ella, estos ataques pueden ser categorizados como una forma de violencia psicológica, puesto que hacen que se sienta aislada y decepcionada con su carrera política como lo ha reportado (Hoyos et al., 2014). Al ser enviados públicamente a través de twitter, estos actos pueden ser considerados como violencia simbólica puesto que la representan como un objeto sexual y mandan el mensaje de que las mujeres no tienen valor para la política.
En segundo lugar, los actos de violencia pueden intensificarse con el tiempo, lo que desafía clasificaciones simples, pero sustenta nuestra posición de que estas diferentes formas de violencia deben ser entendidas como parte de un conjunto de prácticas, no como eventos aislados. En Perú, una concejala local que reveló la corrupción del alcalde, fue abusada verbalmente y asaltada físicamente cuando estaba embarazada, lo que resultó en el nacimiento prematuro de su bebé. El alcalde, que era un ginecólogo en el hospital local, cambió su historia médica y le dijo que ella iba a pagar por el mal que le había hecho, señalando "todo el que me ha hecho mal está muerto". Los aliados del alcalde publicaron fotos del bebé de ella en facebook, sugiriendo que la bebé era hija del alcalde.15 En este sentido, la concejala en cuestión fue inicialmente sometida a la violencia física y psicológica. Cuando esto no funcionó, los opositores recurrieron a la violencia simbólica para poner en duda su carácter, y perjudicar a su familia, incluida su hija menor de edad.
Tal vez el caso más famoso de escalamiento es el de Juana Quispe, una concejala en Bolivia. Su asesinato precipitó la aprobación de la ley en 2012. En esta instancia, la violencia física fue la culminación de una serie de agresiones psicológicas, económicas y simbólicas. Poco tiempo después de ser elegida, Quispe fue acosada y presionada por el alcalde, sus aliados y algunos miembros del concejo, para que renunciara. Cuando ella no hizo lo que ellos querían, cambiaron los horarios de las reuniones y se reusaron a dejarla entrar al recinto del concejo. Cuando esto falló, la suspendieron de su posición. Cuando fue reincorporada después de siete meses de batalla legal, se le negó el salario del tiempo que estuvo suspendida, bajo el pretexto de que no estaba presente durante las sesiones del concejo. Un mes después fue asesinada. A pesar de la evidencia, la policía afirma que su asesinato fue por un intento de robo, invisibilizando aún más la violencia que sufrió por su trabajo en política (Acobol, 2012; Corz, 2012).
Conceptos y soluciones
La conceptualización es importante porque puede expandir o restringir la manera como se entiende un problema particular. Esto, a su vez, transforma el alcance de las acciones para desarrollar soluciones. Las campañas en América Latina se han enfocado en teorizar formas físicas y psicológicas de violencia, y en la legislación como la respuesta primaria al creciente problema de violencia contra las mujeres en la política. Nuestra conceptualización ampliada para incluir cuatro dimensiones, (violencia física, psicológica, económica y simbólica), sugiere que las iniciativas legislativas pueden no ser suficientes para alcanzar los compromisos de reconocer, incorporar y empoderar a las mujeres como actoras políticas. En su lugar, es necesario buscar estrategias múltiples en las que tanto actores estatales como de la sociedad civil participen, para abordar estas diversas formas de resistencia, resaltando la necesidad de un acercamiento más completo.
Esto no quiere decir que las reformas legales no tengan poder, puesto que juegan un rol muy importante al nombrar y promover acciones políticas particulares. La experiencia de una colaboradora del alcalde mayor de Bogotá resalta la necesidad de tener legislación que aborde este problema explícitamente, así como la idea de que estos comportamientos son "normales" en la política. Las amenazas de violación que recibió por parte de un colega no pudieron ser procesadas, se ha dicho, porque no fueron realizadas desde la oficina, lo que hizo que se descartaran como acoso sexual en el trabajo. Estas amenazas tampoco se pudieron procesar como un caso de violencia contra las mujeres porque no constituían "violencia doméstica" como tal. Los colegas de ella le dijeron que no podía volver a la oficina a trabajar y la presionaron para que renunciara.16 Su frustración en este caso revela la importancia de crear un marco legal que asegure que las mujeres pueden cumplir con sus funciones como funcionarias públicas.
Sin embargo, es necesario mencionar que la ley boliviana, que ha inspirado propuestas similares en otros países de la región, no ha alcanzado sus objetivos innovadores. De más de 300 casos interpuestos por Acobol, sólo un caso, el de la concejala Magda Haase Pérez, ha sido exitoso. Después de reportar haber sido coaccionada por seis concejales y el alcalde para que renunciara, el Tribunal Supremo Electoral dictaminó que había sido víctima de violencia contra las mujeres en política y que debía ser reincorporada en el concejo. Una dificultad para asegurar el cumplimiento de la ley es que la policía local tiende a atribuir estos actos de violencia política a la "inseguridad general" en lugar de ser violencia que nace a partir de la discriminación contra las mujeres en la esfera política. En un esfuerzo por asegurar que la legislación sea respetada, Acobol ha iniciado un proyecto para monitorear la implementación de la ley y presionar por la resolución oportuna de los casos.17
Si bien la violencia física puede ser tratada de manera más apropiada a través de canales legales, las otras tres formas de violencia contra las mujeres en política (psicológica, económica y simbólica) pueden requerir otro tipo de intervención conjunta, o no, con propuestas legislativas. Aunque han recibido menos atención, hay ejemplos de otras iniciativas en la región, y en el mundo, que pueden servir como inspiración adicional para campañas en América Latina. Para llamar la atención y apoyo del público, grupos de la sociedad civil pueden crear redes y asociaciones para monitorear, documentar y combatir la violencia contra las mujeres en política. En Ecuador, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Municipalistas recogió testimonios de mujeres en la política local para proponer un borrador de propuesta de ley. En total hablaron con cien concejalas y representantes de la sociedad civil en 2007. La red también creó una central de llamadas para proporcionar asesoría legal y política, y para recoger más testimonios, reconociendo que la falta de datos contribuye a la negación del problema (NDI, 2014).
Además de trabajar para conseguir compromisos públicos por parte de las élites políticas para garantizar la seguridad de las mujeres durante las elecciones, el interés por la perspectiva de género también puede integrarse a las misiones de observación electoral (Muñoz-Pogossian, 2013). El Instituto Nacional para la Democracia (NDI) ha empezado a tener en cuenta la violencia electoral basada en el género en su análisis de la observación electoral, y a reportar y compartir estrategias para mitigar la violencia durante sesiones de entrenamiento para las mujeres candidatas (NDI, 2014). Las iniciativas para recolectar fondos en política brindan una oportunidad para contrarrestar la violencia económica durante la fase de candidaturas. Países en varias regiones han establecido incentivos para los partidos que nominen o elijan más mujeres (Krook y Norris, 2014). Un ejemplo reciente de esto es Chile, donde se introdujeron bonificaciones financieras por elegir mujeres como parte de un paquete de reformas electorales aprobado a principios de 2015.
La violencia simbólica parece ser una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres en política, al tiempo que es la más naturalizada. Visibilizar y aceptar a las mujeres como actoras políticas puede ser difícil, dado el arraigo de las normas sociales de género en muchas sociedades. Dentro de las instituciones legislativas, un camino prometedor es promover lo que la Unión Interparlamentaria llama "parlamentos sensibles al género", repensando prácticas y normas de los parlamentos, y la política desde una perspectiva de género (Palmieri, 2011). Además de a establecer políticas contra el acoso sexual e introducir políticas para un mejor balance entre la vida laboral y familiar, estos cambios implican crear espacios dentro de los edificios legislativos para mostrar y reconocer a las mujeres dentro de la política, combatiendo la tendencia a incluir sólo estatuas y retratos de hombres. En Brasil, por ejemplo, hay exhibiciones fotográficas que muestran a todas las mujeres diputadas y senadoras en los corredores con mayor tráfico de políticos, los medios de comunicación y el público. De manera similar, los visitantes del palacio presidencial, o el sitio web18 de la reelección de la presidenta, ven de manera prominente el título "presidenta".
Movilizar a la prensa tradicional y las redes sociales, finalmente, puede representar un medio muy poderoso para exponer y combatir la violencia contra las mujeres en política. Programas financiados por la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos en varios países promueven el entrenamiento en género para periodistas y reclutan reporteras mujeres en las secciones de política, como una estrategia dual para mejorar la sensibilidad al género en el cubrimiento mediático, incluyendo una mayor atención a los actos de violencia contra las mujeres en política (Krook et al., 2014). Las redes sociales pueden ser especialmente poderosas para que la ciudadanía, de manera individual y colectiva, exponga actos de violencia y consiga apoyo para proyectos que empoderen a las mujeres en política. Programas de entrenamiento para candidatas mujeres también pueden enfocarse en cómo disminuir la vulnerabilidad y responder de manera efectiva a los ataques en línea (Bardall, 2013).
En suma, las iniciativas legales son sólo una de muchas estrategias potenciales que pueden emplearse para combatir el problema de la violencia contra las mujeres en política. La necesidad de desarrollar un acercamiento tan completo, no obstante, sólo es evidente en su totalidad cuando se usa una definición expandida de este concepto. La perspectiva que proponemos está en línea con la teorización inductiva de este fenómeno que se ha desarrollado en años recientes. Académicas y activistas enumeran prácticas de violencia económica y simbólica dentro de sus definiciones de acoso y violencia política en América Latina, pero las incorporan dentro de la amplia concepción de la violencia psicológica. Nosotras argumentamos que un vocabulario revisado y más preciso refleja mejor la amplia literatura sobre "violencia" al tiempo que abre nuevas oportunidades para comprender y articular este problema, lo que a su vez permite desarrollar intervenciones más efectivas para hacer una política más incluyente para las mujeres, dándoles tanto acceso como voz dentro de las instituciones políticas.
Conclusiones
La violencia contra las mujeres en política cada vez es más reconocida alrededor del mundo, pero especialmente en América Latina, como una táctica emergente para impedir la participación política de las mujeres como candidatas y oficiales electas. En este artículo evaluamos cómo se ha definido este concepto por académicas y activistas en la región, principalmente en términos de violencia física y psicológica. Luego incluimos datos e investigación alrededor del mundo, en varias disciplinas académicas, para proponer expandir este concepto e incluir dos formas adicionales de violencia: económica y simbólica. Estas formas de violencia, enfatizamos, ya se encuentran de manera implícita en muchas de las definiciones existentes de violencia contra las mujeres en política, pero no han sido teorizadas como tales. Proveemos ejemplos de todos estos tipos de violencia en América Latina. Luego consideramos un amplio número de soluciones que pueden ser implementadas por actores civiles y estatales a la luz de esta definición ampliada. Argumentamos que un acercamiento más profundo a este concepto es la mejor manera de combatir la violencia en todas sus formas.
Creemos que prestar atención a estos problemas es importante no sólo para las mujeres que buscan desarrollar una carrera en la política, sino también para la ciudadanía y la comunidad académica en general. Las políticas mujeres son quienes se ven más directamente afectadas, pero estudios realizados por osc sugieren que incidentes de violencia dejan a las mujeres desmoralizadas, las excluyen de los centros donde se toman las decisiones, o hacen que las mujeres dejen la política después de servir menos términos (Herrera, Arias y Garcia, 2011; SAP International, 2006). En Bolivia, por ejemplo, 48 por ciento de las mujeres que dejaron cargos políticos en 2010 reportaron haber sido víctimas de este tipo de violencia (Acobol, 2012). En contextos donde las mujeres son mucho menos dadas a considerar una carrera en la política (Lawless y Fox, 2005) estas experiencias pueden, a su vez, reducir las ambiciones políticas de las mujeres en general. Estas dificultades evidencian retos existentes respecto al acceso de las mujeres, y nos recuerdan que el acceso de las mujeres a la política no se soluciona fácilmente con la introducción de las cuotas de género y otras tácticas para empoderar a las mujeres en la política.
Sin embargo, las acciones que identificamos en este artículo también representan una violación fundamental a los principios de equidad y no-discriminación que forman parte de los marcos legales alrededor del mundo, resaltando las profundas implicaciones de estas acciones en los valores democráticos. Las constituciones de más de 130 países, por ejemplo, garantizan explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres.19 Más aún, el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, firmada por 188 países, dice que los gobiernos "tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país" y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a "Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales". Los esfuerzos para bloquear la inclusión de las mujeres por ser mujeres pueden enmarcarse como una violación fundamental a los derechos políticos de las mujeres.
La violencia contra las mujeres en la política también es una amenaza contra los valores democráticos. Los casos evaluados por el Comité sobre los Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria,20 son muy similares a los actos de violencia contra las mujeres en política, lo que sugiere que estos actos pueden incluso ser calificados como violaciones a los derechos humanos, representando una amenaza tanto para la ciudadanía como para la integridad del sistema político como tal. Además, organizaciones internacionales y gobiernos nacionales reconocen la necesidad de adoptar o revisar la legislación sobre la violencia contra las mujeres. Las Naciones Unidas han impulsado la adopción y el cumplimento de leyes que aborden y castiguen esta forma de violencia para 2015. Finalmente, la democracia es amenazada cuando se usa la intimidación y la coerción para evitar que las y los oficiales públicos cumplan con las tareas para las que han sido elegidas(os) o nominadas(os) (Herrera, Arias y Garcia, 2011). La violencia contra las mujeres en política no sólo amenaza los compromisos nacionales e internacionales para que la toma de decisiones sea balanceada en términos de género, sino que también afecta la integridad de la democracia como tal.
