Notas de investigación

 

Teorías del desarrollo y el papel del Estado. Desarrollo humano y bienestar, propuesta de un indicador complementario al Índice de Desarrollo Humano en México

 

Development Theories and the Role of The State: Human Development and Welfare, A Proposal for a Supplementary Indicator to the Human Development Index in Mexico

 

Jorge Alberto Ordóñez Tovar*

 

* Miembro del Grupo de Investigación de Gobierno y candidato a doctor en gobierno y administración pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, de Madrid; profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. ITESM Campus Puebla, Oficina 2506-L, Vía Atlixcáyotl 2301, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, Puebla, México, 72453. Tel. (222) 303 2218. Correo electrónico: jordonez@itesm.mx.

 

Artículo recibido el 3 de octubre de 2012.
Aceptado para su publicación el 10 de enero de 2014.

 

Resumen

El presente artículo propone un indicador complementario al índice de Desarrollo Humano (IDH) para México, el cual además de ser de fácil construcción, pone de manifiesto la relación directa que existe entre desarrollo humano, pobreza, desigualdad y la cobertura social que el Estado brinda a sus ciudadanos, con el objetivo de comprobar empíricamente su relación estadística y poner en la mesa de las modificaciones que el IDH está experimentado, el tema del papel del Estado como un actor relevante del desarrollo.

Palabras clave: desarrollo humano, bienestar, índice de Desarrollo Humano, teorías del desarrollo, mediciones de bienestar.

 

Abstract

This paper proposes a complementary index to the Human Development Index (HDI) for Mexico, which besides being easy to construct, highlights the direct link between human development, poverty, inequality and social coverage that the state provides its citizens, in order to test empirically its statistical relationship and climb to the table of changes that the hdi has been experienced, the issue of the role of the state as a major player in development.

Keywords: human development, well-being, Human Development Index, theories of development, welfare measurements.

 

La evolución del concepto de desarrollo hacia el desarrollo humano

Através de la historia reciente se ha interpretado el desarrollo de diferentes formas. Lo anterior se explica debido a que es un factor complejo de entender y difícil de propiciar; como bien sabemos, depende de múltiples variables y relaciones entre las mismas, y aunque la teoría ha tratado de encuadrar el concepto, el aprendizaje sobre el tema se encuentra en evolución (Alarcón, 2001; Alguacil Gómez, 2008; McGillvray y Clarke, 2006; Rodrik y Subramanian, 2003; Sen, 2000; Spolaore y Wacziarg, 2013; Vázquez Barquero, 2005).

El tema central dentro de la teoría del desarrollo es el tratar de explicar porqué unos países son pobres y otros ricos, y cuáles son los factores que explican tales diferencias. Las diferencias pueden explicarse a través de lo que se conceptualiza como obstáculos para el desarrollo: estructura productiva y sectorial heterogénea, desproporcionada y desarticulada, subempleo, bajos niveles de productividad y salariales, inadecuado funcionamiento de los mercados, una estructura distributiva de la renta concentrada y desigual, aparatos institucionales menos dinámicos y funcionales, y grupos empresariales menos innovadores y rentistas (Ramírez Cendrero, 2008), e incluso algunos estudios proponen que existen profundas raíces históricas ligadas a rasgos culturales que determinan barreras importantes para imitar y adoptar nuevas tecnologías (Spolaore y Wacziarg, 2013).

La visión original sobre el concepto de desarrollo, centrada en la acumulación del capital, ha venido evolucionando hasta centrar el análisis en el papel de las instituciones (Bhupatiraju y Verspagen, 2013; Fontela Montes y Guzmán, 2003; Oriol Prats, 2006).

Para centrar el enfoque de este trabajo, cuando nos referimos a un país o una economía desarrollada, nos referimos a países que han alcanzado altas cotas de bienestar en sus sociedades: el desarrollo siempre ha estado relacionado con el crecimiento económico¹ y con el bienestar (Muñoz de Bustillo, 2011; Ramírez Cendrero, 2008), puesto que se refiere al proceso mediante el cual una sociedad evoluciona progresivamente hacia mejores condiciones de vida de sus ciudadanos. Lo anterior es importante de remarcar, ya que el desarrollo debe ser entendido como un proceso y no como un fin; solamente de esta forma se conservará el enfoque hacia el bienestar.

Con la aparición de los postulados keynesianos² durante los años treinta y cuarenta se favoreció el inicio de lo que ahora se denomina economía del desarrollo. Por una parte, el nuevo enfoque económico permitía el análisis de dos modelos: el del pleno empleo y el del desempleo, y por otra, el redescubrimiento de la visión dinámica y macroeconómica que había quedado relegada hasta entonces en los análisis económicos. Además, por esos años aparecieron nuevas naciones (especialmente en Asia, debido a la descolonización) y prevalecía cierta preocupación en las economías desarrolladas por contener el comunismo y lograr la estabilidad internacional (Ramírez Cendrero, 2008). Todo esto propició que se buscara una forma de impulsar o acelerar el desarrollo en las naciones del Tercer Mundo, lo que originó una atención particular sobre aquellos postulados o teorías que analizaban la economía del desarrollo. Durante estos primeros años, se configuró lo que se denomina la teoría de la modernización, en la que el desarrollo económico equivalía a crecimiento económico. Era generalizada la aceptación de que el crecimiento sostenido de la renta elevaría gradualmente el nivel de vida de las sociedades. Se pensaba que en las etapas iniciales del crecimiento se daría un proceso de incremento de la desigualdad que con el tiempo se compensaría, además de que a través del incremento de la producción y la renta se reduciría la pobreza y se superaría el subdesarrollo. La industrialización, la protección del mercado interno y la intervención del Estado eran las vías para alcanzar el desarrollo (Bustelo, 1991).

Sin embargo la fórmula propuesta no alcanzó los resultados deseados (Ramírez Cendrero, 2008), a finales de los cincuenta era evidente que no se habían alcanzado las metas de crecimiento y empezaron a surgir voces como las de Bauer y Johnson, que proponían el mercado como una garantía de eficiencia y libertad económica y política.³ Por otra parte, surgió a la par lo que se conoce como la teoría de la dependencia (encabezada por Paul Baran) que argumentaba que ningún país periférico podría alcanzar el desarrollo de las economías desarrolladas debido a que las características del sistema capitalista habían moldeado al Tercer Mundo a las exigencias de las economías desarrolladas al integrarlas a la economía mundial. Por ello, proponía "superar" el capitalismo como sistema económico, estableciendo en su lugar un sistema que permitiera un desarrollo popular (Bustelo, 1991).

Hacia finales de los cincuenta, los economistas neoclásicos postulaban que la producción era una función determinada por dos factores: trabajo y capital (modelo de Solow) con rendimientos constantes a escala y rendimientos decrecientes de cada factor, en el que la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita tendería a cero en ausencia de progreso técnico, por lo que llegaría un momento en el que ésta crecería a la misma tasa que la población activa; argumentaban entonces que para lograr un ritmo de crecimiento mayor sería necesario un cambio tecnológico exógeno al sistema, es decir, se creía que la tecnología estaba disponible para todos y que no representaba un costo. Posteriormente, surge la idea de que el cambio tecnológico es endógeno y por lo tanto es parte de la función que determina la producción (modelos de Romer, Lucas, Grossman y Helpman), por lo que las estrategias de crecimiento económico (desarrollo) estaban centradas en la generación, producción y difusión de conocimiento (Hounie et al., 1999).

Si bien hasta este momento las propuestas de desarrollo provenían de las economías avanzadas, desde algunos países "en vías de desarrollo"⁴ comenzaron a surgir algunos cuestionamientos sobre el funcionamiento de la economía. Tal es el caso de la CEPAL⁵ con Raúl Prebich, su primer director, que argumentaba que el subdesarrollo se explicaba a partir de la transformación productiva que experimentaban los países del Tercer Mundo a través de la industrialización y a la inserción de los mismos en la economía mundial. Las principales aportaciones de este análisis "estructuralista" sobre cómo interpretar el desarrollo fueron cuatro: interpretación de la economía a partir del sistema centro-periferia, los obstáculos estructurales para el desarrollo, el análisis de cómo evolucionan los términos de intercambio y la industrialización a partir de la sustitución de importaciones (Ramírez Cendrero, 2008, pp. 45-49; Hounie et al., 1999.

A partir de los setenta se empezó a constatar que el crecimiento económico, los avances en el proceso de industrialización y la mejora de la capacidad productiva que se observaba en los países subdesarrollados no se reflejaba en mejoras en los niveles de vida (incluso en algunos lugares habían retrocedido). Lo que suponía que los medios planteados no habían alcanzado sus fines y esto trajo consigo un cambio en la interpretación del desarrollo, primando los fines, que ahora estaban relacionados con el incremento de las condiciones de vida, especialmente de los sectores más pobres, es decir, de aquellos que no podían satisfacer sus "necesidades básicas": alimentación, vivienda, vestido, agua, educación, sanidad, transporte, empleo y libertades individuales y políticas. Lo anterior dio origen a lo que se denomina nuevas teorías del desarrollo, centradas ya no en comprender el subdesarrollo, sino más bien en el análisis y tratamiento de las personas que padecen sus efectos.

A partir de entonces, el concepto de desarrollo se ha ligado a la idea de las necesidades básicas y ha evolucionado hacia un enfoque de capacidades, que tiene su punto de culminación con el concepto de desarrollo humano y los objetivos del milenio de la ONU.

Un enfoque sistémico muy interesante sobre desarrollo es el que proponen Fontela y Guzmán (2003) denominado "Teoría circular del desarrollo", que surge de los trabajos e interpretaciones clásicas sobre el tema de Myrdal (1957), Kaldor (1957), Perroux (1961) y Nurkse (1955), así como de estudios y aproximaciones más recientes como las de Sanpedro y Martínez Cortiña (1973), Rallo (1998), Pulido (2000), Sen (1998), Karl (2002) y Lagos (2001) en las que abordan el concepto a partir de tres dimensiones: política, económica y social, y que se esquematiza en el siguiente diagrama:

Con este sistema, conformado por las relaciones de interdependencia entre las tres dimensiones, pretenden explicar las diferencias entre los países y al mismo tiempo explicar el proceso de desarrollo.

Desde finales de los años cuarenta, surgieron instituciones de talla internacional para operacionalizar y avanzar en los temas de desarrollo; tal es el caso de la ya mencionada CEPAL, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Uno de los reportes más conocidos elaborados por el PNUD es su informe sobre desarrollo humano, concepto que representa la consolidación de la visión del desarrollo de esta organización y del cual hablaremos en detalle más adelante.

El concepto de desarrollo presenta diversas acepciones dada su naturaleza multidimensional. Sin duda es un tema de gran relevancia puesto que finalmente los esfuerzos de las sociedades están encaminados a alcanzar su desarrollo, y comprender el concepto y sus dimensiones en buena medida contribuye a diseñar mejores estrategias y políticas públicas para alcanzarlo.

 

La medición del desarrollo y el bienestar

Hasta antes de los años noventa, el desarrollo se medía a través del ingreso, de ahí que la medición del PIB per cápita fuera la medida por excelencia. Siguiendo a Muñoz de Bustillo (2011), la explicación de lo anterior "es sencilla": la teoría económica otorga a la renta disponible de los individuos una importancia primordial como determinante de su nivel de utilidad y bienestar y, además, a partir del surgimiento del keynesianismo y de la consolidación de la macroeconomía, se diseñó todo un instrumental para captar la información estadística que permitiera calcular o estimar la producción nacional, que llevó a utilizar el PIB per cápita como una variable relacionada directamente con el bienestar, y no sólo por ser la única disponible, sino por coincidir plenamente con la idea de bienestar individual centrada en el acceso a más y mejores servicios y bienes resultantes del crecimiento económico (Costanza etal, 2009).

Sin embargo, dicha aproximación ha evolucionado desde la aparición de los trabajos de Amartya Sen (1980; 1999; 2000) en los ochenta, quien propuso un cambio de enfoque para entender el bienestar de una manera integral (Fontela Montes y Guzmán, 2003; Harding y Wantchekon, 2010; López-Calva y Vélez Grajales, 2003; McGillvray y Clarke, 2006; Oriol Prats, 2006), un cambio que provocó una evolución del concepto hacia el incremento de las capacidades de las personas y la utilización efectiva de éstas para la satisfacción de sus necesidades (Latouche, 2007; Sen, 1999; 2000). Con lo anterior, el ingreso en sí deja de ser lo relevante, ahora lo importante es el uso que se les da a los ingresos más que el nivel de ingresos en sí mismo (Alarcón, 2001; Domínguez y Guijarro, 2001). En este contexto, las libertades y capacidades se encuentran determinadas por los derechos y oportunidades que las personas tienen dentro de una sociedad, ya que solamente a través de la posibilidad de elegir pueden alcanzar su bienestar (Oriol Prats, 2006).

Sin duda medir el desarrollo y el bienestar es una tarea compleja,⁶ debido a que existen muchas acepciones respecto a lo que es desarrollo y diseñar un indicador que permita recoger todas las inquietudes se presenta como algo imposible, aunado a la carencia de información y a que ciertos aspectos intrínsecos del desarrollo son fenómenos difíciles de medir dada su naturaleza.

 

El concepto de desarrollo humano

El concepto de desarrollo humano representa el enfoque más actual de la evolución de la teoría del desarrollo. Su origen se remonta a los años ochenta y especialmente a los trabajos de Amartya Sen (1980; 1999; 2000) (Fontela Montes y Guzmán, 2003; Harding y Wantchekon, 2010; López-Calva y Vélez Grajales, 2003; McGillvray y Clarke, 2006; Oriol Prats, 2006) y Mahbub Ul-Haq (PNUD, 1990), quienes propusieron entender el desarrollo a partir de un enfoque integral centrado en lo que se conoce como el enfoque de las capacidades, basado en las capacidades de las personas y la utilización efectiva de éstas para la satisfacción de sus necesidades (Latouche, 2007; Sen, 1999; 2000).

El desarrollo se había medido a través de los ingresos, por lo que el crecimiento del PIB per cápita se usó hasta antes de los noventa como la medida del desarrollo por excelencia. Sin embargo, al usar solamente medidas de ingreso, se pierde de vista que lo que se busca con el desarrollo es beneficiar a las personas: no se quiere desarrollo por tener desarrollo, se quiere porque en esas condiciones se puede mejorar significativamente el bienestar de la sociedad. Aunado a lo anterior, aunque las cifras sobre ingresos son útiles, el dato por sí solo no representa la composición de los ingresos ni a los beneficiaros reales, puesto que el cálculo de la renta per cápita no contempla ámbitos o situaciones con una fuerte influencia sobre el bienestar e incluye algunos otros con una menor relación o incluso una negativa;⁷ además, las personas valoran muchos aspectos que quedan fuera del registro de los ingresos, como mejor nutrición, mejores servicios médicos, mayor acceso a la información y al conocimiento, mayor seguridad en sus vidas, empleos con mejores condiciones de trabajo, más ocio, acceso a actividades culturales y de esparcimiento y a actividades políticas (Torre y Moreno, 2010; Alarcón, 2001; Harding y Wantchekon, 2010; Mancero, 2001; PNUD, 1990).

Por lo anterior, los enfoques sobre las capacidades dieron pie a la formulación de nuevas mediciones que superan el enfoque de los ingresos. El PNUD, en su informe de 1990 (PNUD, 1990), publicó el Índice de Desarrollo Humano (IDH) el cual, hasta nuestros días, se presenta como una de las mediciones más importantes en este tema (Oriol Prats, 2006), ya que ha puesto de manifiesto que el crecimiento económico es un medio para alcanzar el desarrollo humano y no un fin en sí mismo (Mancero, 2001).

El enfoque del PNUD para el diseño de su indicador se deriva de la idea de que el objetivo básico del desarrollo es conformar un contexto o ambiente en el cual las personas disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Por ello, entienden el desarrollo humano como un proceso a través del cual se incrementan las oportunidades de las personas para vivir más y de mejor manera, tener acceso a la educación y poder disfrutar de un nivel de vida decente; además de tener libertad política y garantía de cumplimiento de los derechos humanos (PNUD, 1990).

Para medir el desarrollo humano, lo ideal sería incluir una serie de variables que nos ayuden a comprender la situación de una manera holística. Sin embargo, tratar de captar todas las dimensiones del concepto en un indicador requeriría una cantidad importante de información de la cual no se tienen datos, ya sea porque serían temas que no se miden o bien porque no se contaría con series de datos adecuadas; aunado a que una inclusión excesiva de variables en el desarrollo del indicador podría generar una interpretación errónea de los resultados del mismo (Walton, 2010; Harding y Wantchekon, 2010; Mancero, 2001; PNUD, 1990; Veres Ferrer, 2006).

Así pues, el PNUD ha optado por medir el desarrollo humano a través de tres elementos: longevidad, conocimientos y niveles decentes de vida. Para el caso de la longevidad, el indicador utilizado es la esperanza de vida al nacer; que es un indicador que tiene relación con situaciones o beneficios indirectos, como los niveles de alimentación, salud y seguridad. Para el tema de los conocimientos, el indicador utilizado es el alfabetismo que también se refiere al acceso a la educación. Y finalmente, para el tema de los niveles decentes de vida, el indicador utilizado son los niveles de ingreso, es decir, el ingreso per cápita (Mancero, 2001; PNUD, 1990).

La operacionalización de lo anterior se genera a partir de tres índices: un índice de esperanza de vida (salud), otro de educación y otro de PIB per cápita (ingreso). En todos los casos se utilizan los valores mínimos y máximos como puntos de referencia para comparar a los países que conforman el índice; el desempeño se expresa en un valor entre cero y uno.

El índice de esperanza de vida (o salud) se calcula únicamente con la variable de esperanza de vida. El índice de educación se compone de la tasa de alfabetización y la tasa bruta de matriculación combinada, ponderando con dos tercios y un tercio respectivamente. El índice se compone con el promedio simple de las dos dimensiones El índice de PIB per cápita (o de ingreso) se calcula a partir logaritmo del PIB per cápita en dólares ajustado por paridad de poder de compra (PPC). Una vez creados los tres índices, el IDH se calcula con el promedio simple (PNUD - México, 2007) A lo largo de los años, la metodología para el cálculo del IDH se ha venido modificando con la idea de incorporar ciertas mejoras y atender las múltiples críticas que ha suscitado. También es importante destacar que el IDH es un indicador que no contempla la gran amplitud del concepto de desarrollo humano⁸ (PNUD, 2010).

Como ha de suponerse en este punto por lo ya comentado, el IDH presenta algunas fallas propias de su diseño (McGillivray y Noorbakhsh, 2004), que son difíciles de superar si se pretende seguir teniendo un solo índice que permita realizar comparaciones internacionales.

Herrero, Martínez y Villar (2010) resumen los conceptos por los cuales el IDH ha recibido diversas críticas:

a) El número y la naturaleza de las dimensiones seleccionadas, algunas dimensiones relevantes para el desarrollo humano no se consideran.

b) La selección de las variables para medir las dimensiones, se piensa que las variables utilizadas para medir las tres dimensiones que componen el indicador, no son lo suficientemente sensibles.

c) La estructura aditiva del indicador basada en la media aritmética.

d) La falta de justificaciones teóricas para la metodología del índice.

Además de lo anterior, estas fallas están relacionadas con que las mediciones ocultan las amplias divergencias que existen dentro de los diversos grupos sociales, puesto que no se tendrán los mismos niveles de longevidad, conocimiento y nivel de vida entre hombres y mujeres, y entre estratos sociales bajos, medios y altos (PNUD, 1990), aunado a que la dimensión del ingreso per cápita que compone el indicador tiene un gran peso, puesto que las otras dimensiones (longevidad y educación) sólo cambian en el largo plazo (Alarcón, 2001), por lo que el índice es poco sensible al crecimiento económico de largo plazo (León y Espíndola, 2004). Aunque el indicador se diseñó para no seguir usando el PIB per cápita como medida del bienestar, sigue guardando una gran relevancia a la hora de medir el desarrollo (Tilak, 1992; Cahill, 2005); sin embargo, la utilización de un solo indicador a la hora evaluar el desarrollo y tomar decisiones de política es mucho sencilla y ha tenido una mayor penetración y aceptación que usar múltiples datos y medidas (López-Calva y Vélez Grajales, 2003; Colectivo loé, 2008; Mancero, 2001).

Kovacevic (2010), realiza un exhaustivo seguimiento de las críticas suscitadas a lo largo del tiempo⁹ y concluye que éstas se encuentran centradas en dos áreas generales; aquellas que cuestionan la definición del desarrollo humano y la forma en que se miden sus componentes y determinantes, y aquellas que se relacionan con la forma en que se construye un índice de desarrollo humano a partir de diferentes indicadores.

En 2010, el PNUD generó una edición especial del reporte, para celebrar el vigésimo aniversario del nacimiento del concepto, este informe se centra en la tendencia y evolución del desarrollo humano; contrasta diversas hipótesis con un gran número de análisis empíricos y demuestra que no existe un solo camino para el progreso sostenible y que se han logrado avances significativos sin altos niveles de crecimiento económico (PNUD, 2010).

Este informe resalta que los datos de los últimos veinte años, demuestran que no existe una única vía para lograr el desarrollo humano, argumenta que se ha demostrado que los países pueden hacer mucho por el desarrollo humano, y que si bien el crecimiento económico es importante, los cambios no se dan en automático, sino que exigen voluntad política, liderazgo y el compromiso permanente de la comunidad internacional.

Resalta también que en algunos países se han visto retrocesos, los cuales han sido causados por conflictos armados, epidemias de enfermedades como el VIH y la mala gestión política y económica.

Y aunque incorpora tres nuevas mediciones que representan un avance significativo: el IDH ajustado por desigualdad¹⁰ (que había sido una de las principales críticas que había recibido el IDH desde su creación), el índice de desigualdad de género y un índice de pobreza multidimensional,¹¹ sigue reconociendo que debe trabajarse en el tema estadístico, ya que existen dimensiones muy importantes que en el futuro deberían incorporarse: empoderamiento, sostenibilidad y desigualdad. De igual manera, se reconoce que el concepto de desarrollo humano es flexible, por lo que habrá de incorporar los retos que en materia de bienestar se presenten en el futuro.

En México, el PNUD tiene una oficina de representación que se encarga de elaborar los reportes regionales de desarrollo humano. Utiliza la misma metodología que en el terreno internacional, con la ventaja de la homologación de las fuentes de información para todos los estados del país, por contar con fuentes de información unificadas para todos los estados. A la fecha se han generado tres reportes. El último reporte, publicado en 2011, aunque presenta las mediciones del IDG para 2006, aún no presenta al IDH ajustado por desigualdad ni el índice de pobreza (PNUD-México, 2011).

 

El papel del Estado en el desarrollo y el bienestar

La referencia más estudiada y aceptada respecto a la intervención estatal en aras de propiciar el desarrollo y el bienestar es el que se conoce como Estado de Bienestar (EB), el cual se materializa a través de diferentes maneras y modelos; por EB nos referimos a una forma o filosofía de gobernar, ya que el Estado tiene compromisos y responsabilidades para con sus ciudadanos, los cuales está obligado a realizar a través de su actuación. Tenemos que referirnos entonces a derechos que son garantizados y que en términos generales están vinculados al bienestar social.

A partir de las políticas públicas que un gobierno implementa para propiciar el bienestar de sus ciudadanos, se genera lo que se conoce como la política social o de bienestar; este conjunto de políticas conforma una mezcla única de posiciones, intervenciones, incentivos, regulaciones, ayudas y demás instrumentos públicos que un gobierno puede utilizar para alcanzar sus objetivos.

Dada esta mezcla única, es lógico pensar que cada gobierno nacional ha optado por diversas políticas que generan diferentes taxonomías de dichas políticas sociales o de bienestar, por lo que es común hablar de que cada EB es único (Mishra, 2000).

Si se analizan los diversos modelos de bienestar en el mundo, se pueden distinguir ciertos rasgos comunes que permiten identificar al EB como un sistema de cobertura pública ante riesgos involuntarios que sufren los ciudadanos; y que los tres riesgos que tradicionalmente se han cubierto en un EB son los riesgos de caer enfermo, perder el empleo y envejecer. Lo que dio origen desde el siglo pasado a los tres pilares tradicionales de cobertura, al que se le ha sumado el riesgo de nacer o quedar discapacitado, que se ha convertido en el cuarto pilar (Mulas-Granados, 2009). Los EB actuales están siendo transformados de dos formas: por un lado adaptando y dinamizando sus pilares tradicionales y por otro, desarrollando políticas nuevas.

Además de este grupo de cuatro pilares, dentro del EB usualmente se incluye la educación, que tiene que ver más con las preferencias por igualdad de oportunidades que siempre ha acompañado al pensamiento progresista.¹²

Por otro lado, la forma en que el gobierno puede intervenir dentro de dichas áreas se articula con las posibilidades propias de su actuación, es decir, a través de la formulación y puesta en marcha de políticas públicas, ya sea para proveer o regular servicios, transferir beneficios económicos o generar condiciones particulares.

El que existan diferentes concepciones respecto a lo que es e implica un EB es relevante, ya que esto nos revela que existen diversas formas de vertebrar a la sociedad y de intervenir públicamente para ello.

Montoro (2000) realiza una exhaustiva revisión de la literatura sobre el EB y analiza las diversas tipologías existentes, una de las principales aportaciones es su interpretación respecto a que las tipologías en realidad son una proyección de las variables que definen en esencia lo que caracteriza a un EB, de tal manera que estas variables nos ayudan a comprender e interpretar de mejor forma el alcance y naturaleza de los mismos: grado de intervención estatal (Titmuss, 1976), igualdad de oportunidades (Jones, 1985), diferencias en las prestaciones sociales (Therborn, 1989), calidad de los derechos sociales y su acceso (Esping-Andersen, 1993).

Los modelos responden a variables que los diferentes autores han identificado como clave para explicar las diferencias entre las distintas maneras de intervenir públicamente para propiciar el bienestar. Sin embargo, si quisiéramos analizar un determinado régimen de bienestar, nos encontraríamos con que ninguno de los modelos propuestos respondería cabalmente al caso bajo estudio. En la realidad, las opciones se manifiestan y aplican tan diversamente que no sería posible encuadrar en su totalidad a un país dentro de un determinado modelo (Juárez y Sánchez Daza, 2003; Muñoz de Bustillo, 2000; Muñoz Machado et al., 2000), puesto que las particularidades nacionales se han traducido en diferentes estructuras y esferas de actuación respecto a la provisión de los servicios y prestaciones sociales (Ordóñez Barba, 2002).

Dentro del EB, el gobierno funge como garante de ciertas condiciones que repercuten directamente en el bienestar social de sus ciudadanos, debido a que a través de sus intervenciones modela y moldea los mecanismos y esquemas por los cuales se establecen dichas condiciones. El único medio con el que cuenta el gobierno para incidir en el bienestar son las políticas públicas, y éstas pueden ser de diferente índole, debido a que pueden ser utilizadas para definir, regular o entregar los diversos servicios considerados en el EB (Meny y Thoenig, 1992).

En una aproximación podemos decir que el gobierno tiene formas de atender estas temáticas que se pueden catalogar en tres tipos genéricos (Muñoz Machado, et al., 2000): prestar directamente los servicios, regular la prestación de los servicios y transferir recursos a sus ciudadanos.

Es muy importante señalar que una condición primigenia a estas tres formas, y que es fundamental, es que el gobierno ostenta la capacidad de decidir qué es lo que se encuentra dentro de la responsabilidad pública y por ende dentro del EB; es entonces a partir de esta definición que se despliega cada modelo particular de intervención. Todo esto se produce dentro de los usos y costumbres de los regímenes democráticos; recordemos que el sistema político es el fundamento a través del cual las demandas sociales son institucionalizadas, ya que sólo en un régimen autoritario o hegemónico el Estado decide por sí solo las condiciones de su propia existencia.

El Estado, una vez definidas (democráticamente) las áreas en las que intervendrá, puede prestar servicios directamente a sus ciudadanos. Como ejemplo podemos citar los casos de los servicios sanitarios y de educación que prácticamente se ofrecen en todos los países. Respecto a estos dos ejemplos, podemos analizar la forma en la que el gobierno se involucraría: a) para ofrecer directamente este tipo de servicios se requiere una gran cantidad de recursos monetarios y humanos, por lo cual el Estado tiene que conseguirlos mediante diversos mecanismos recaudatorios (lo que implica otro tipo de políticas diferentes a las de sanidad y educación) que generan a su vez repercusiones positivas y negativas en la economía, y b) además, se requiere infraestructura que va a más allá de las escuelas y hospitales, y que involucra a cuadros altamente capacitados para dirigir, operar, monitorear y evaluar la prestación de los servicios; aunado a la necesidad de otro tipo de infraestructura como la de comunicaciones y transportes que es indispensable para la correcta entrega de los servicios.

En suma, la decisión de ofrecer un servicio determinado tiene diversas y complejas implicaciones, ya que una política tendrá relación con otras de diferente índole y esto definitivamente influye sobre el funcionamiento y alcance de un gobierno.

La segunda forma de intervenir de un gobierno es la referente a la regulación de los servicios. Continuando con los ejemplos de educación y sanidad, podemos comentar que en muchos países existen escuelas y hospitales privados a través de los cuales se presentan los servicios. En este tipo de arreglo, el Estado funciona como un regulador o financiador, debido a que las escuelas privadas, por ejemplo, deben respetar el calendario escolar estipulado oficialmente y también tienen que atenerse a los planes de estudio autorizados. Para el caso de los hospitales privados, es necesario que garanticen que sus empleados son profesionales cualificados para llevar a cabo sus funciones. Los dos ejemplos anteriores revelan la forma en la que el Estado se involucra en la prestación de servicios para el bienestar, aun sin brindarlos directamente.

No obstante, existen otras cuestiones, como el empleo, en las que la regulación del Estado es bastante compleja. En muchos países existen regulaciones que tiene que ver directamente con el empleo, como los salarios mínimos, las jornadas laborales y las horas extras. Por otro lado, existe otro tipo de regulaciones que repercuten de manera indirecta, como el caso de las tasas de interés, que encarecen o abaratan el dinero y tienen una influencia significativa en la inversión productiva y, por ende, en la generación de empleo. Además, tenemos las regulaciones comerciales y arancelarias que inciden en las relaciones comerciales de las empresas y también en su productividad y sus rendimientos, lo cual, de nuevo, incide en el empleo. Podemos sumar a los anteriores una serie de elementos que se relacionan, tales como las regulaciones sobre la inversión extranjera, el desarrollo de infraestructura particular para hacer más atractivas determinadas zonas geográficas a los inversionistas, el marco legal y normativo de los acuerdos y contratos comerciales y laborales que ofrecen seguridad, certeza y previsibilidad jurídica a empleados, empleadores e inversionistas, y las políticas de subsidios, entre otras. Todas estas áreas de intervención del Estado implican regulaciones que afectan al empleo; de esta manera podemos hacer palpable la complejidad de la actuación del gobierno cuando se compromete a atender ciertos aspectos del bienestar.

La tercera forma que tiene un gobierno para intervenir en las áreas críticas del EB es a través de la transferencia de recursos económicos a los ciudadanos. El ejemplo más típico se puede encontrar en las pensiones. Sin embargo, también tenemos las ayudas por enfermedad, discapacidad y desempleo. Para llevar a cabo las acciones anteriores se requiere una gran capacidad económica, es decir, se necesitan recursos económicos que tienen que provenir de la sociedad y que afectarán de alguna manera a otros aspectos del bienestar.

Por su parte, Olmeda Díaz (1990) divide las actuaciones públicas en cuatro grandes áreas: producción pública, provisión pública, financiación pública y regulación pública.

Esta división agrega a las tres anteriores la de provisión pública, en este sentido la provisión tiene que ver con el sistema de distribución de bienes y servicios y puede captar la producción privada de los bienes y servicios, que serán comprados por el Estado y que podrían ser distribuidos a través del mercado o de la asignación pública.

Todas las formas de intervención comentadas en los párrafos anteriores deben contextualizarse respecto a otras dimensiones que caracterizan al "tipo" o "modelo" de EB en el que se realizan (i.e. cobertura de los servicios: servicios para todos o sólo para algunos, alcance: educación sí, pero ayudas para el desempleo no). Recordemos por ejemplo la tipología de Titmuss (1976), que presenta diferencias significativas en el grado de involucramiento del Estado en el bienestar, puesto que no es lo mismo ofrecer, regular o transferir recursos según los principios de universalidad que con base en la demostración de necesidades. De ahí que existan tantos modelos y esquemas de EB.

 

Propuesta de indicador complementario al IDH para México

Además de lo ya mencionado sobre el IDH, tenemos que usualmente se construyen diversos indicadores para ofrecer nociones sobre la intervención estatal en el bienestar y el desarrollo, sobre todo se hace referencia al gasto público como porcentaje del PIB, así como también a diversos desgloses que permiten comparar el gasto que se realiza dentro de la política social con respecto a las demás políticas y con el propio PIB. Son mediciones importantes que nos permiten observar el compromiso del Estado, reflejado en términos económicos, en aras de propiciar y asegurar el bienestar de sus ciudadanos.

En este apartado proponemos un índice de bienestar para complementar cualquier análisis que pueda realizarse sobre este aspecto, en el entendido de que la gran mayoría de los indicadores utilizados se refieren al desempeño y no al resultado, quizá el indicador más avanzado en ese sentido (sin estar exento de críticas) sería el IDH, el indicador de bienestar que proponemos podría complementarlo de manera significativa, ya que sin incluir las mismas dimensiones de análisis está estrechamente relacionado como lo demostraremos adelante.

Proponemos utilizar la pobreza y la desigualdad, dos de los principales problemas sociales no sólo de México sino de la mayoría de los países, complementado por la cobertura social, que es un aspecto fundamental para garantizar el acceso a diversos servicios públicos (salud, pensiones, maternidad y vivienda): "derechohabientes/población económicamente activa (PEA) (cobertura social), coeficiente de Gini (desigualdad) y pobreza de patrimonio (que al ser una variable acumulativa, incluye la pobreza de capacidades y alimentaria)".

El cuadro 1 muestra la definición de las variables utilizadas. Dado que el fenómeno que se pretende medir y analizar es complejo, se decidió utilizar la media aritmética de periodos de años para estas variables, para así robustecer y sintetizar el análisis de los datos (Fagerberg y Srholec, 2008).

Los periodos utilizados son los del cuadro 2. Antes de empezar a trabajar con los datos, se realizó un análisis exploratorio de los mismos para comprobar sus principales características descriptivas, así como la normalidad en su comportamiento, lo que nos permitió darnos cuenta de que la mayoría de las variables requerían algún tipo de transformación para garantizar su normalidad. El detalle puede verse en el cuadro 3.

Para comprobar si el indicador que diseñamos es adecuado, partimos de la hipótesis de que a mayores niveles de bienestar deberían relacionarse mayores niveles de desarrollo humano. Para ello, construimos el indicador de bienestar con las tres variables descritas a través de un análisis de componentes principales. El componente resultante de este análisis explica poco más de 76 por ciento de la varianza de las variables consideradas, el detalle de los resultados que justifican estadísticamente la idoneidad de utilizar un análisis de componentes principales (ACP) para construir el índice puede verse en el anexo 1 de este documento.

Una vez construido el índice, se está en posibilidad de analizar su relación con el IDH. Visualmente la relación queda como se muestra en la gráfica 1. Como podemos observar, existe una relación entre los índices; sin embargo se realizó un análisis más riguroso a través de una regresión.

La recta de regresión que describe la relación entre nuestras variables quedó como sigue:

IDH sin ingreso=0.89+0.019 bienestar

El modelo presentó un coeficiente de regresión ajustado de 0.794 (R² corregida); la prueba F (F=120.451 y p<.000) en el análisis Anova es significativa y la prueba T (t = 10.975 y p<.000) en el análisis de coeficientes también lo es, por lo que la relación entre las variables estudiadas es estadísticamente significativa.

El análisis de los residuos arroja que más de 95 por ciento de ellos caen en el intervalo -2 y 2; presentando un ajuste que podría considerarse normal y aleatorio. El detalle de estos resultados se encuentra en el anexo 2.

Con lo anterior, podemos concluir que existe una relación significativa entre el desarrollo humano y el bienestar, además de que nuestra hipótesis se acepta, puesto que mayores niveles de bienestar se relacionan con mayores niveles de desarrollo humano.

 

Conclusiones

El análisis de la literatura nos permite afirmar que el concepto de desarrollo es un concepto multidimensional y que siempre ha estado ligado con el concepto de bienestar. El PIB per cápita ha dejado de ser la medida del desarrollo y en la actualidad el indice de desarrollo humano (sin estar exento de críticas y de ser una aproximación) se ha transformado en el nuevo indicador.

Sin embargo, existen otras dimensiones sumamente importantes que están relacionadas: desigualdad, pobreza y cobertura social; las cuales hemos sintetizado en un indicador para el caso de los estados de México, demostrando empíricamente su estrecha relación.

El indicador que proponemos no pretende sustituir al IDH, sino más bien complementarlo, añadiendo dimensiones que se ha comprobado están estrechamente relacionadas, y que abonan la reflexión respecto a los aspectos a considerar dentro de un concepto tan amplio como el de desarrollo humano.

Este indicador, además de poner de manifiesto de forma empírica la relación entre estas dimensiones, abona al tema de la evolución que el propio IDH está experimentado en la actualidad, al incluir además de las mediciones que recientemente se están considerando, como la pobreza y la desigualdad (que en los reportes del PNUD a escala de países ya se maneja, pero que para el caso de los estados de México todavía no se ha presentado), la dimensión de la cobertura social, que representa una buena forma de incluir en las dimensiones el papel del Estado, es decir, la aportación que de manera directa el Estado brinda a su sociedad, al posibilitar mediante la cobertura social el acceso a situaciones que permitan a las personas mejores condiciones de salud, educación, longevidad, y abatan la pobreza y la desigualdad.

Con lo anterior pretendemos contribuir con el tema al ampliar el entendimiento de las dimensiones que deberían considerarse para impulsar el desarrollo humano (entendido más allá de solamente un indicador como el IDH), al considerarlo como un concepto que contempla un conjunto más amplio e interrelacionado de elementos que necesitan atención pública, para gestar condiciones pertinentes que lo posibiliten: educación, salud, longevidad, desigualdad, pobreza y cobertura social; dimensiones que sin duda nos permitirán reflexionar sobre el alcance y la forma de abordar y construir la política social para impulsar el desarrollo humano y el bienestar.

 

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Notas

¹ Para Alguacil Gómez (2008), hasta los años setenta, el concepto de desarrollo era un subproducto del crecimiento económico.

² A pesar de que Keynes no fue un economista del desarrollo (Bustelo, 1991; Ramírez Cendrero, 2008).

³ Para estos autores el Estado intervenía de manera excesiva y además descuidaba sus funciones esenciales, véase también Ordóñez Tovar (2012).

⁴ Rosende (2000) menciona que las economías latinoamericanas, desde el periodo de la posguerra y hasta principios de los noventa, permanecieron cerradas al intercambio comercial, lo que mermó su capacidad de crecimiento.

⁵ Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU, establecida en 1948. Esta comisión apoya el desarrollo económico y social de América Latina a través de cooperación e integración en el área regional y subregional asistiendo directamente a los gobiernos en temas relacionados con población, comercio internacional, planificación económica y social, desarrollo productivo y empresarial, recursos naturales e infraestructura y asuntos de género (ONU, 2011).

⁶ Una recopilación exhaustiva sobre los distintos indicadores que se han utilizado para medir el bienestar y el progreso social se encuentra en Costanza et al. (2009); Molpeceres Albella (2008); Ordóñez Tovar (2011).

⁷ Muñoz de Bustillo (2011) menciona que el PIB contempla la producción de bienes y servicios que no van dirigidos al consumo, de la misma manera no todos servicios y bienes de consumo contribuyen de igual forma a las condiciones de vida. Además el análisis económico se centra en el estudio del comportamiento económico individual, dejando de lado aspectos sociales que están directamente relacionados con el bienestar, dada la naturaleza social del ser humano.

⁸ A lo largo de la historia se han hecho diez modificaciones.

⁹ En su análisis revisa los trabajos de Lind, Dasgupta y Weale, Srinivasan, Sagar y Najam, Chibber y Laajaj, Murray, Srinivasan, McGillivray, Ravallion, Ogwang, Sugden, Kelley, Diener y Suh, Saisana, Noorbakhsh, Chakravarty, Despotis, Herrero, Desai, Hicks, Foster y Seth, los cuales no citamos por referirse en gran medida a las críticas ya mencionadas.

¹⁰ El cual no se encuentra disponible para los estados de México.

¹¹ Que tampoco se encuentra disponible para los estados de México.

¹² En de la concepción progresista, las diferencias sociales no están sustentadas en diferencias insalvables entre los individuos, sino que pueden ser atendidas puesto que tienen un origen social que está ligado al entorno familiar, intelectual y educativo en el que nos desarrollamos (Mulas-Granados, 2009, p. 7).