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Política y gobierno

versión impresa ISSN 1665-2037

Polít. gob vol.21 no.1 México ene. 2014

 

Artículos

 

Cultivos ilícitos y confianza institucional en Colombia

 

Illicit Crops and Institutional Trust in Colombia

 

Miguel García Sánchez*

 

* Es profesor asistente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Carrera 1, núm. 18A 10, edificio Franco, piso 3, Bogotá, D. C., Colombia. Tel. +57 (1) 339 49 49, ext. 2612. Correo electrónico: m.garcia268uniandes.edu.co.

 

Artículo recibido el 18 de septiembre de 2012.
Aceptado para su publicación el 11 de julio de 2013.

 

Resumen

Este trabajo examina, para el caso colombiano, la relación entre cultivos ilícitos, estrategias de erradicación de los mismos y las calificaciones ciudadanas de confianza hacia las alcaldías municipales y la policía. A partir de una encuesta del Barómetro de las Américas y datos contextuales sobre la presencia de coca y estrategias de erradicación, y a través de un análisis multinivel, se comprobó que la mayor incidencia del narcotráfico en una municipalidad tiene una relación negativa con los niveles de confianza ciudadana en las alcaldías. Esta relación no es homogénea, pues se encuentra mediada por factores de tipo individual, como las evaluaciones de la economía y la provisión de bienes públicos.

Palabras clave: cultivos ilícitos, confianza institucional, modelos multinivel, Colombia.

 

Abstract

This paper studies, for the Colombian case, the relationship between illicit crops, coca crops eradication strategies and citizens' perceptions of trust on the local executive and the police. Using survey data from the America's Barometer and contextual level data on coca crops and eradication strategies it was possible to conclude: a higher local incidence of illicit drugs trafficking has a negative relationship with citizens' perceptions of trust on the local governments. These relationships are not homogeneous as they are conditioned by individual level variables such as evaluations of the economy and the provision of public goods.

Keywords: illicit crops, institutional trust, multilevel models, Colombia.

 

La existencia de una relación entre el fenómeno del narcotráfico y la política colombiana ha sido materia de numerosos estudios académicos que han demostrado que las organizaciones criminales dedicadas al cultivo, producción y comercialización de drogas ilícitas han tenido una gran repercusión en el incremento de la violencia política (Thoumi, 2002b, p. 165), en los niveles de corrupción (Tullis, 1995) y en la calidad de la democracia (Hartlyn, 1993). Asimismo, estas organizaciones han "capturado" algunas estructuras estatales y han modificado la cultura política (Duncan, 2009). No obstante, la producción académica respecto al vínculo entre narcotráfico y política en Colombia ha ignorado completamente la influencia de este fenómeno sobre las actitudes políticas de los individuos.

Más allá de los estudios sobre las consecuencias políticas del narcotráfico, la literatura comparada sobre la trascendencia de los contextos sociales en la formación de opiniones y articulación de comportamientos políticos ha crecido significativamente durante las últimas décadas (Zuckerman, 2005). Sabemos que los contextos sociales y políticos tienen efectos sobre la participación política (Huckfeldt, 1979; Giles y Dantico, 1982; Leighley, 1990; Kenny, 1992; Johnston y Pattie, 2005) y las decisiones electorales (Huckfeldt y Sprague, 1993; Kenny, 1998; Beck et al., 2002; Levine, 2005). Recientemente, algunos autores también han explorado el papel de los contextos políticos en relación con la confianza en las instituciones estatales (Hakhverdian y Mayne, 2012). Este último tema es de crucial relevancia en tanto existe evidencia según la cual una mayor confianza en las instituciones estatales redunda en un fortalecimiento de los valores democráticos (Seligson y Carrión, 2002). Igualmente, allí donde la ciudadanía confía en el Estado y sus instituciones, éstas pueden actuar sin recurrir a la fuerza y no necesitan consultar cada decisión con la ciudadanía (Espinal et al., 2006; Mishler y Rose, 1997).

En un país en el que las instituciones estatales enfrentan competidores ilegales como las guerrillas, los grupos paramilitares y las mafias dedicadas al negocio de la droga (Bejarano y Pizarro, 2010), resulta crucial entender hasta qué punto estas circunstancias políticas afectan los niveles de confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales. El énfasis de este trabajo estará puesto en el impacto del narcotráfico, visto como una realidad contextual, sobre la confianza de los ciudadanos en las alcaldías municipales y la policía. Así, la pregunta general que intenta responder este artículo es ¿cuál es la incidencia de la presencia de cultivos ilícitos y de las distintas estrategias de erradicación de los mismos en las calificaciones ciudadanas de confianza hacia agentes estatales?

Al preguntarse por la repercusión de algunas manifestaciones del narcotráfico y de las estrategias utilizadas por el Estado colombiano para la eliminación de cultivos ilícitos en las actitudes políticas de los ciudadanos, este trabajo parte del supuesto según el cual la conducta política no puede ser entendida exclusivamente a partir de factores de carácter individual sino considerando también la relación de los ciudadanos con su entorno social y político (Huckfeldt, 1986). Si el fenómeno del narcotráfico ha generado lo que algunos han llamado una "cultura mafiosa", la conducta y las actitudes políticas de los ciudadanos que viven en contextos afectados por las distintas manifestaciones del negocio de las drogas ilícitas debería diferenciarse de aquellas de quienes no viven en esos contextos. La literatura cualitativa sobre los efectos sociales de las organizaciones ilegales ha demostrado que el narcotráfico ha sido capaz de modificar la definición de hábitos y valores de ciertas poblaciones colombianas (Duncan, 2009). Si esto es así, sería factible argumentar que estas transformaciones estructurales impulsadas por el narcotráfico deberían manifestarse en cambios en la conducta y las actitudes políticas de los ciudadanos.

Este artículo consta de cinco secciones. Después de la introducción, la segunda presenta una breve revisión de la literatura sobre la trascendencia política del narcotráfico y los trabajos sobre los determinantes de la confianza institucional. En esta sección se presentan algunas intuiciones teóricas para entender la relación entre el fenómeno del narcotráfico y las actitudes políticas de los ciudadanos. La tercera parte describe los datos usados para el análisis empírico y presenta la estrategia analítica. La cuarta sección discute los resultados empíricos y la última, resume las principales conclusiones de este estudio.

 

Narcotráfico y confianza institucional

Desde un punto de vista teórico, este trabajo se nutre de dos tradiciones analíticas: por una parte están los trabajos sobre los impactos políticos del narcotráfico en Colombia y por otro lado aparece una vasta literatura internacional sobre los determinantes de la confianza institucional. Este apartado busca hacer una breve presentación de estas dos corrientes analíticas con el propósito de identificar al narcotráfico como un fenómeno contextual y derivar algunas expectativas teóricas sobre el vínculo entre narcotráfico y confianza institucional.

 

Narcotráfico, política y sociedad

La investigación sobre las repercusiones sociales y políticas del narcotráfico en Colombia ha demostrado que los efectos de este fenómeno han sido grandes y diversos. En términos generales, los autores que han trabajado el vínculo entre narcotráfico, sociedad y política se podrían clasificar al menos en tres grupos. Por una parte, están quienes han estudiado la relación entre el narcotráfico y las numerosas crisis políticas que ha sufrido Colombia desde los años ochenta (Leal, 1990; Hartlyn, 1993). En segundo lugar, están quienes han enfatizado la relación entre narcotráfico, grupos armados ilegales y aumento de la violencia política (Vargas, 1994; Tickner et. al., 2011) y finalmente se encuentran los estudios que demuestran el papel del narcotráfico en la alteración de prácticas sociales y políticas. Aquí aparecen quienes hablan del vínculo entre el negocio de las drogas y el aumento de la corrupción, la desestabilización institucional e incluso la generación de nuevos "órdenes" sociales. Este trabajo se ubica en la última tendencia analítica.

Los estudios sobre la relación entre narcotráfico, prácticas sociales y políticas pueden dividirse a su vez en dos grupos. Por una parte aparecen los trabajos que intentan comprender las mafias del narcotráfico y su relación con ciertas características de la sociedad colombiana, que van desde el caciquismo, la existencia histórica de economías ilegales vinculadas al contrabando, la debilidad institucional del Estado, la ausencia de modernidad e incluso lo que algunos han llamado los "imaginarios" de la ilegalidad (Betancourt y García, 1994; Hernández, 1997; Salazar, 2001). Una segunda línea dentro de esta tendencia analítica la componen los trabajos que han analizado las transformaciones sociales y políticas producto de la penetración de la llamada cultura de la ilegalidad. Este tipo de estudios enfatizan la construcción de pactos o la convivencia entre agentes ilegales y representantes del orden legal, así como la adopción de prácticas mafiosas por parte de algunos agentes estatales. Aquí, buena parte de la producción académica ha mostrado cómo el narcotráfico, en un intento por sostener sus inversiones, ha desarrollado redes de influencia sobre el poder político y estatal dando paso a fenómenos generalizados de corrupción, a la infiltración mafiosa de algunas agencias estatales, la financiación de políticos con dineros ilícitos y ha terminado por estimular modelos de orden social basados en la "dominación brutal armada" (Camacho, 1988; Camacho et al., 1999; Thoumi, 2002a).

Estudios recientes que se centran en un seguimiento del impacto político de la ilegalidad en el ámbito local han ido más allá al argumentar que el narcotráfico, asociado con los actores armados (particularmente los paramilitares) y algunos políticos locales, ha terminado por consolidar lo que algunos han llamado nuevos "órdenes sociales". Esta idea supone que el narcotráfico habría tenido la capacidad de redefinir, a escala local, los modos de producción, el ejercicio del poder político, los grupos y relaciones sociales, los aparatos estatales e incluso los valores y hábitos de la población (Duncan, 2009, p. 165). De manera más precisa, la construcción de esos "nuevos órdenes" sociales supone el desmonte del Estado central y la aparición de estructuras y relaciones sociales y políticas contrarias a la idea de una sociedad moderna.

Como se mencionó arriba, este trabajo se enmarca en los estudios que señalan la capacidad del narcotráfico para modificar el funcionamiento de las prácticas sociales y políticas. Sin embargo, a diferencia de las investigaciones precedentes, el énfasis de este artículo está en la relación entre el narcotráfico y las actitudes políticas individuales. Si la incidencia del fenómeno de las drogas en algunas regiones del país ha dado origen a transformaciones del orden social, se podría afirmar que la conducta y las actitudes de los individuos también sufrirían modificaciones significativas.

 

Confianza institucional en un contexto afectado por el narcotráfico

La literatura sobre la confianza individual en las instituciones públicas puede agruparse en tres grandes corrientes analíticas. La primera propone que ciertas características de la personalidad tendrían un efecto en las percepciones ciudadanas de confianza. Estos rasgos de personalidad se adquieren en las primeras etapas del desarrollo psicológico y tendrían que ver con las experiencias del individuo con sus cuidadores (Gabriel, 1995). Así, algunos individuos poseen una visión optimista de la vida, están dispuestos a ayudar a otros y tienen una orientación hacia la cooperación y la confianza interpersonal. Como consecuencia, este tipo de personas suelen también confiar en las instituciones públicas (Newton y Norris, 2000).

Una segunda aproximación atribuye las variaciones de las evaluaciones individuales de confianza a ciertas situaciones y experiencias de la vida de los individuos. Por ejemplo, la educación, la participación comunitaria o la vinculación con asociaciones voluntarias serían todas experiencias que tendrían un resultado positivo sobre las percepciones individuales de confianza institucional (Doring, 1992; Inglehart, 1999; Mishler y Rose, 1997).

Finalmente, otros estudios atribuyen las variaciones de la confianza institucional a las percepciones ciudadanas sobre el desempeño institucional (Espinal et al., 2006; Mishler y Rose, 1997; Catterberg y Moreno, 2005; Chang y Chu, 2006). Así, aspectos como la inflación, el crecimiento económico, los escándalos de corrupción o la calidad de los servicios públicos son elementos que afectan la percepción que tienen los ciudadanos del desempeño gubernamental y en consecuencia de la confianza institucional. Esta aproximación analítica ha demostrado tener una gran capacidad para explicar la confianza institucional, pues independientemente de la personalidad o incluso de las características sociales, la confianza institucional parece ser sobre todo una función de las experiencias políticas de los individuos. Ciudadanos con distintas personalidades y características sociales podrían confiar igualmente en el Estado o en algunas de sus instituciones, siempre y cuando compartan una misma visión sobre su desempeño.

Esta última aproximación sugiere además que los contextos locales de tipo social y político son fundamentales a la hora de entender la confianza institucional (Levi y Stoker, 2000). Así, los factores de carácter individual no pueden explicar enteramente las acciones y opiniones de los ciudadanos. Junto con estos factores, las actitudes políticas deben ser entendidas en términos de la relación de las personas con el entorno y los factores ambientales que afectan las opiniones individuales (Huckfeldt, 1986). En otras palabras, las decisiones y opiniones políticas de los ciudadanos están ubicadas en la intersección entre las características personales de los ciudadanos y las oportunidades y restricciones impuestas por el contexto. La confianza institucional, en tanto una opinión individual, dependería del contexto social y político en el que se ubican los individuos. Es sorprendente que, a pesar de la evidencia del peso de los contextos sobre las actitudes y las opiniones políticas, son muy pocos los trabajos que han abordado la confianza institucional desde esta perspectiva (Hakhverdian y Mayne, 2012), y no existe ningún trabajo en el que la relación entre contexto y confianza institucional evalúe la incidencia del narcotráfico como un factor de carácter contextual. El propósito de este trabajo es explorar este vacío.

De acuerdo con los estudios sobre la trascendencia del contexto social en la conducta política, existen por lo menos dos mecanismos a través de los cuales los ambientes políticos y sociales pueden afectar las preferencias y acciones políticas de los ciudadanos. En primer lugar están los contextos impuestos estructuralmente (Huckfeldt, 1986; Huckfeldt y Sprague, 1987); éstos son condiciones sociales y políticas externas al individuo que pueden tener un efecto directo sobre la conducta política debido a que limitan las experiencias y decisiones de los ciudadanos. Tal es el caso de factores como la composición étnica y socioeconómica de un vecindario, la distribución de preferencias políticas en el lugar de trabajo o la violencia política. Por otra parte, aparecen los contextos sociales y políticos definidos en términos de redes sociales, que son interacciones interpersonales que, aunque son producto de decisiones individuales, se ven afectadas por las oportunidades y limitaciones del contexto social (Huckfeldt y Sprague, 1987). Aquí el contexto tiene una influencia sobre la conducta de los individuos en la medida en que las personas intercambian sus puntos de vista con otros ciudadanos o se exponen a nueva información.

El narcotráfico modificaría lo que se ha llamado el contexto estructural, en la medida en que este fenómeno es capaz de alterar aspectos como el funcionamiento de la economía y la política, las relaciones sociales o el uso de la violencia, llegando incluso a redefinir los "órdenes sociales". En zonas con incidencia del narcotráfico, las organizaciones mafiosas desempeñarían un tripe papel: reemplazarían algunas funciones del Estado, "defenderían" a la ciudadanía del Estado y "defenderían" a la ciudadanía de sí misma (Gutiérrez, 2008). Así, estas organizaciones contribuirían al debilitamiento del Estado o aparecerían como sus competidoras. De manera más específica, la incidencia del narcotráfico sobre la confianza institucional se daría vía el papel que desempeña este fenómeno como motor de las economías locales, como garante de la seguridad y como "actor" político. En síntesis, en áreas con una importante incidencia del narcotráfico, los ciudadanos entenderían que el funcionamiento de las esferas política y económica no dependería plenamente de los procedimientos y las instituciones asociadas al Estado.

Teniendo como punto de referencia algunos estudios comparados sobre la confianza en las instituciones gubernamentales, que han demostrado que ésta es una función del desempeño de los gobiernos en materias como la economía y la provisión de seguridad (Espinal et al., 2006; Mishler y Rose, 2001), se podrían proponer al menos dos mecanismos a través de los cuales la mayor incidencia del narcotráfico estaría asociada con una reducción de la confianza en las instituciones estatales. Por una parte, si la provisión de bienes y servicios, mediada por agentes ilegales, y si en zonas de cultivo y producción de drogas el funcionamiento de la economía local depende de esta actividad ilícita, sería factible que los ciudadanos no confíen en las instituciones públicas y que aumenten sus niveles de confianza en los agentes no estatales. Desde otro punto de vista, la menor confianza en las instituciones estatales, en zonas afectadas por el narcotráfico, también estaría asociada con las acciones punitivas de agentes del Estado en contra de los capos y de la producción de narcóticos. Aquí, el Estado actuaría en contra de un orden social y político articulado en torno a la ilegalidad.

Por ejemplo, en zonas bajo la influencia del narcotráfico, la confianza en la policía sería menor que allí donde no hay incidencia de este fenómeno. De la misma manera, los esfuerzos estatales para erradicar cultivos ilícitos generarían consecuencias negativas sobre la confianza institucional al afectar las bases de una economía local dependiente de un producto ilegal.

Si bien el fenómeno del narcotráfico está compuesto de una compleja cadena de producción (cultivo, transformación, exportación y distribución), este documento se concentrará en la fase de cultivo. Específicamente se evaluará la relación entre la incidencia del cultivo de hoja de coca y la confianza institucional. La decisión de analizar esta manifestación del narcotráfico se basa en la disponibilidad de información confiable sobre la incidencia de los cultivos de hoja de coca para todos los municipios colombianos,1 y en la posibilidad que ofrece esta medida para capturar el nivel de influencia del narcotráfico en una determinada localidad.

Hecha la anterior aclaración, a continuación se presentan una serie de hipótesis sobre la relación entre el narcotráfico, particularmente la incidencia de cultivos de coca, las estrategias de erradicación de los mismos y la confianza institucional. Vale la pena mencionar que la confianza institucional se evaluará para el caso de dos instituciones estatales: la alcaldía local y la policía.

Hipótesis 1. En los municipios con una mayor incidencia de cultivos de coca, las percepciones ciudadanas de confianza hacia los agentes estatales (alcaldía local y policía) serán significativamente menores que las de aquellas personas que viven en zonas sin incidencia de este fenómeno. Hipótesis 2. En municipios donde el gobierno colombiano ha puesto en marcha programas de erradicación o aspersión aérea de cultivos ilícitos, las percepciones ciudadanas de confianza hacia los agentes estatales (alcaldía local y policía) serán menores que allí donde no se llevan a cabo dichas estrategias.

Las intuiciones teóricas formuladas hasta este punto suponen que el narcotráfico, entendido como un contexto estructural, tendría un efecto homogéneo sobre las percepciones de confianza institucional de los colombianos que viven en áreas afectadas por este fenómeno. Sin embargo, la literatura sobre los efectos de los contextos sociales en la conducta política ha demostrado que éstos tienen un impacto variable según ciertas características de los individuos (Gimpel y Lay, 2005; Huckfeldt y Sprague, 1993; Weatherford, 1982). Desde este punto de vista es válido preguntar ¿qué tipo de individuos serían más "resistentes" a la influencia del narcotráfico? Un estudio acerca del impacto de los contextos violentos en la participación e intención de voto en Colombia demostró que los simpatizantes de los partidos minoritarios fueron más susceptibles al efecto de los contextos violentos que quienes se identificaron como militantes de los partidos tradicionales (García, 2009). Considerando los resultados de investigaciones, se podría pensar que si la confianza institucional es una función de las percepciones sobre el desempeño gubernamental, estas percepciones podrían moderar la relación entre los factores contextuales y la confianza en las alcaldías y la policía. Así, el vínculo negativo que se propone entre incidencia del narcotráfico y confianza institucional, se podría ver neutralizado o aminorado para aquellos ciudadanos que tienen percepciones positivas de la economía o de la provisión de bienes públicos hecha por agentes estatales. Esto supone que a pesar de que el narcotráfico puede sustituir algunas funciones del Estado o articular una economía local, los ciudadanos que perciben positivamente el papel de las instituciones de gobierno no retirarán su confianza en estas organizaciones a pesar de la influencia local del narcotráfico.

 

Datos y método

Para el análisis de la relación entre cultivos ilícitos, estrategias de erradicación de dichos cultivos y confianza institucional, este artículo utiliza información de carácter individual así como de tipo agregado o contextual. La información a nivel individual proviene de una encuesta nacional que llevó a cabo en 2005 el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt. Esta encuesta fue dividida en dos muestras. La primera es un estudio representativo a escala nacional que incluye a 1 487 adultos de 47 municipios de todas las regiones geográficas colombianas (Bogotá, el Atlántico, el Pacífico, el Altiplano, el Occidente y los antiguos territorios nacionales). La segunda es una muestra de 1 596 adultos, representativa de las regiones afectadas por el conflicto armado; esta última muestra entrevistó a individuos provenientes de 28 municipios. Para resumir, el estudio del Barómetro de las Américas entrevistó a 3 083 adultos de 75 municipios colombianos, a quienes se les aplicó el mismo cuestionario. En el ámbito contextual, este trabajo incluye datos sobre la presencia de cultivos de coca, tipo de estrategias de erradicación, niveles de control territorial de los actores armados y características socioeconómicas de los 75 municipios incluidos en la encuesta. Dada la información disponible sobre variables de nivel individual (nivel 1) y de nivel municipal (nivel 2), este estudio se basa en una base de datos de tipo jerárquico.

 

Descripción de las variables

La variable dependiente de este estudio mide qué tanto confían los ciudadanos en la alcaldía local y la policía nacional. Para capturar esta actitud se preguntó a los encuestados "¿hasta qué punto tiene usted confianza en la alcaldía municipal?, y "¿hasta qué punto tiene usted confianza en la policía? A partir de estos interrogantes, los encuestados indicaron en una escala de 1 a 7 su nivel de confianza en estas dos instituciones. Este procedimiento de medición busca obtener una opinión del encuestado sobre las instituciones en sí y no sobre lo que éstas hacen o sobre su desempeño (Mishler y Rose, 1997). La variable dependiente fue codificada de tal forma que 1 representa total confianza en la institución u organización evaluada y 7 representa total desconfianza en la misma. La escala original fue transformada a una escala de 0 a 100. En tanto las variables dependientes de interés son de carácter ordinal, se asume que existe una variable latente continua (confianza institucional) que está asociada con las respuestas de los encuestados. Así, los encuestados con bajos niveles de confianza en la alcaldía local o en la policía tendrán una mayor probabilidad de elegir valores altos en la escala, mientras que las personas con niveles altos de confianza en estas instituciones tendrán una alta probabilidad de elegir los valores más bajos (Raudenbush y Bryk, 2002).

Las principales variables independientes de este estudio, cada una de las cuales fue medida para el ámbito municipal, son Hectáreas cultivadas de coca y Estrategias de erradicación. La primera es una variable continua que mide el número de hectáreas de coca cultivadas para el año 2004 en cada uno de los 75 municipios incluidos en este estudio.2 Por su parte, las estrategias de erradicación se capturaron a través de dos variables dicotómicas: erradicación y aspersión. La primera captura si en un municipio se combatieron los cultivos ilícitos con programas de erradicación manual, y la segunda variable mide si en un municipio se usó la estrategia de aspersión aérea de cultivos ilícitos.3

Este estudio controlará otros factores de carácter contextual e individual. A nivel contextual se incluyen, en primer lugar, la variable "guerrilla" vs. "paramilitares", la cual captura la intensidad del control territorial ejercido en el área municipal por guerrillas y paramilitares. Esta variable se mide en una escala de -4 a 4, donde valores negativos representan distintos grados de control guerrillero y valores positivos indican varios grados de control paramilitar. Esta variable usó información sobre acciones armadas y violencia política ejercida por guerrillas y paramilitares en el periodo 1997-2003.4 En segundo lugar, este estudio también considera las condiciones económicas contextuales,5 esto se mide a través del índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI). Esta variable identifica la proporción de hogares en un municipio que tiene una o más necesidades insatisfechas (Feres y Mancero, 2001), y se mide en una escala de 0 a 100, donde los valores más altos representan niveles más elevados de pobreza.6

Debido a que este análisis trabaja con una estructura jerárquica de datos, es posible controlar por los efectos de variables de carácter individual, por eso se incluye una serie de factores sociodemográficos y algunas variables que, según la literatura, tendrían alguna relación con las percepciones de confianza: éstos son educación, edad, género, estatus socioeconómico, urbanización, sofisticación política, identificación partidista, evaluación sociotrópica de la economía y un índice de provisión de bienes públicos. En el cuadro 1 pueden verse las estadísticas descriptivas de las variables presentadas.7

 

Estrategia analítica

Para analizar la influencia del narcotráfico en las opiniones de confianza de los ciudadanos se estimaron varios modelos jerárquicos de tipo logístico para variables dependientes ordinales, donde las percepciones ciudadanas de confianza institucional fueron modeladas en el nivel 1. En la estimación jerárquica las ecuaciones de nivel 1 se encuentran anidadas en el nivel 2, que aquí corresponde a municipios.8 Estas estimaciones se realizaron en hlm 6.08.9 Para cada variable dependiente se estimaron dos tipos de modelos jerárquicos: el modelo completamente no condicional y el modelo condicional.

El modelo completamente no condicional predice la variable dependiente dentro de cada unidad de nivel 1, con tan sólo un parámetro de nivel 2 (el intercepto β0j). Este modelo proporciona información acerca de la variabilidad de la variable dependiente para cada uno de los dos niveles (dentro de municipios y entre municipios). Así, los componentes de varianza de este modelo representan la variabilidad de la variable dependiente dentro de cada municipio (σ2) y de municipio a municipio (τ00). Al comparar los componentes de varianza, este modelo permite medir el cambio en la variable dependiente que se puede atribuir a factores de nivel 2 (municipales) versus factores de nivel 1 (individuales) y, por lo tanto, proporciona información acerca de si los factores de nivel contextual deben ser considerados para modelar la variable dependiente (Raudenbush y Bryk, 2002, p. 23).

Después de la estimación del modelo no condicional, el siguiente paso fue la construcción del modelo condicional para explicar la variabilidad de la probabilidad de expresar una alta confianza institucional. Este modelo tiene en cuenta predictores de nivel 1 y nivel 2, e intenta entender por qué algunos municipios tienen promedios de las variables dependientes más altos que otros. En este modelo, las unidades de análisis del nivel 1 son individuos y el valor de la variable dependiente para cada persona es una función de sus características individuales. En el nivel 2 las unidades de análisis son los municipios. En este nivel, el intercepto (el resultado promedio) y las pendientes de la ecuación de nivel 1 son las variables dependientes que se explican por ciertos factores contextuales (Raudenbush y Bryk, 2002). En síntesis, el modelo condicional permite establecer si una variación en la incidencia municipal del narcotráfico predice cambios significativos en la probabilidad de expresar una alta confianza institucional.

Los modelos condicionales permiten analizar el efecto directo de las variables contextuales sobre las variables dependientes, cuando el intercepto de la ecuación de nivel 1 es modelado como una función de las variables del ámbito municipal. Así, el modelo condicional permite identificar hasta qué punto los factores contextuales asociados al narcotráfico predicen de manera significativa cambios en los promedios municipales de confianza institucional. Los modelos condicionales también permiten modelar tanto el intercepto como las pendientes de la ecuación de nivel 1 como funciones de factores contextuales o de nivel 2. Esta aproximación, en la que se llevan a cabo interacciones entre niveles, resulta muy útil para identificar qué tipo de personas son más o menos susceptibles a las influencias del contexto social y político.

 

Resultados

Los coeficientes de un modelo logísitico multinivel para variables ordinales representan el cambio en el logaritmo de las posibilidades (log-odds) de seleccionar la categoría más baja de la variable dependiente, como resultado de una unidad de cambio en una variable independiente, después de controlar otros factores. Dado que la categoría más baja en este caso es alta confianza institucional, un coeficiente negativo indica que el incremento en una unidad de una variable independiente de interés está asociado con una reducción en el logaritmo de las posibilidades de caer en la categoría más baja (alta confianza institucional). En resumen, coeficientes negativos representan una menor confianza institucional y coeficientes positivos una mayor confianza institucional (Gracia y Herrero, 2008).

Los resultados de los modelos no condicionales demuestran la necesidad de considerar factores de carácter contextual para entender las variaciones de la variable dependiente (véase cuadro 2, modelos 1 y 4). El primer aspecto de los modelos no condicionales que resulta relevante tiene que ver con el coeficiente del intercepto (γ00), el cual representa una medida global del logaritmo de las posibilidades de expresar alta confianza institucional. Por otro lado, el que los interceptos de los modelos no condicionales sean estadísticamente significativos, indica que la probabilidad de expresar alta confianza tanto en las alcaldías municipales como en la policía varía significativamente entre municipios.

Para facilitar la interpretación de los coeficientes, éstos se pueden transformar en probabilidades, así: p = exp(coef)/(1+ exp(coef)). De esta manera, la probabilidad promedio de estar en la categoría 1 (alta confianza) es 0.13 y 0.18 para la alcaldía municipal y para la policía, respectivamente. Ahora, si se consideran los componentes de varianza de nivel 2 (τ00), se puede observar la variación de municipio a municipio de los promedios de las probabilidades de expresar alta confianza institucional. En el caso de la alcaldía municipal, 95 por ciento de los municipios están ubicados entre 0.06 y 0.27 en relación con la probabilidad de estar en la categoría 1 (alta confianza). Por otro lado, la misma proporción de municipios se ubica entre 0.08 y 0.38 con respecto a la probabilidad promedio de confiar mucho en la policía nacional.10 Estos resultados indican, por un lado, que existe una variación estadísticamente significativa en las probabilidades de confiar altamente en las instituciones estudiadas que estaría asociada con factores contextuales. Por otro lado, los componentes de varianza de cada modelo indican que el rango de variación de la probabilidad de confiar altamente en la policía es notoriamente más alto que la variación de la misma probabilidad para el caso de las alcaldías municipales. Esto quiere decir que hay regiones del país donde la calificación de confianza hacia esa institución es relativamente baja, mientras que en otras alcanza niveles muy elevados.

En el cuadro 2 se estimaron dos tipos de modelos condicionales, el primero incluye únicamente las variables contextuales de interés, el segundo considera estas variables y una serie de controles de nivel 2. Ambos modelos incluyen una serie de variables individuales en el nivel 1.11 La comparación de estos modelos sugiere que la relación entre cultivos ilícitos y estrategias de erradicación y confianza institucional no se ve alterada al incluir los controles contextuales. Además, ninguno de los controles contextuales tiene una relación estadísticamente significativa con la variable dependiente. Por estas razones se analizarán los resultados de los modelos que incluyen sólo las variables contextuales de interés (véase cuadro 2, modelos 2 y 5).

En el caso de la confianza hacia las alcaldías municipales, la única variable contextual estadísticamente significativa es la de cultivos ilícitos. Como se planteó en la sección teórica, el aumento del área cultivada de coca va en detrimento de las evaluaciones de confianza en el ejecutivo local. En aquellos municipios sin incidencia de cultivos de coca, la probabilidad promedio de expresar la máxima confianza institucional es 0.150,12 mientras que la probabilidad promedio de expresar la mínima confianza en la alcaldía municipal es 0.074.13 Manteniendo todos los factores constantes, la gráfica 1 muestra la reducción en la probabilidad de expresar la máxima confianza en la alcaldía, a medida que los valores de la variable hectáreas de coca aumentan. Cuando las hectáreas de coca llegan a 110 hectáreas, el nivel promedio para los municipios de la muestra, la disminución de esta probabilidad es pequeña, al pasar de 0.150 a 0.147. Sólo en aquellos municipios donde las hectáreas cultivadas de coca se acercan al nivel máximo (más de 4 500 ha) para las poblaciones incluidas en la muestra, la probabilidad de expresar alto apoyo institucional cae poco más de nueve puntos (p = 0.058). El que los efectos negativos de los cultivos ilícitos se hagan más evidentes en las zonas donde éstos alcanzan niveles muy altos podría evidenciar que con el incremento del área cultivada de coca, el narcotráfico adquiere mayor injerencia social y política. Esto iría en detrimento de la confianza hacia el ejecutivo local debido a que esta institución perdería capacidad de acción y gestión. Por otro lado, la confianza en la alcaldía podría caer si los ciudadanos perciben que con el aumento del poder del narcotráfico el ejecutivo local termina plegado o al servicio de las mafias de las drogas y no de la ciudadanía.

Respecto al papel de las variables individuales en las percepciones de confianza en las alcaldías municipales, vale la pena destacar que los resultados se dieron en la dirección esperada. La confianza en la alcaldía aparece como una función de las percepciones del desempeño gubernamental, algunos factores políticos y ciertas características sociodemográficas. Los ciudadanos que consideran que el Estado genera una buena provisión de bienes públicos y perciben que la economía nacional va por buen camino tienden a confiar en la alcaldía municipal. Lo mismo sucede con quienes se identifican con los partidos tradicionales. Por su parte, ciudadanos más sofisticados políticamente tienden a confiar menos en la alcaldía que sus contrapartes poco conocedoras de la política. Finalmente, a diferencia de algunos estudios precedentes, los factores sociodemográficos pesan de manera significativa para explicar la confianza en la alcaldía. Así, las personas de mayor edad tienden a confiar más en el ejecutivo local. Sucede lo contrario con las personas de mayor estatus socioeconómico y con los hombres.

En el caso de la policía, tanto los cultivos ilícitos como la estrategia de erradicación manual de cultivos ilícitos producen un impacto significativo sobre la confianza ciudadana en esta institución. Tal como lo indica el intercepto, en municipios sin incidencia de cultivos de coca, la probabilidad promedio de expresar un alto nivel de confianza en la policía es igual a 0.217;14 por su parte, la probabilidad promedio de no confiar nada en la policía es 0.060.15 En contra de lo esperado, el aumento de los cultivos ilícitos incrementa la confianza en la policía, que se eleva casi 20 puntos al pasar de municipios sin cultivos de coca a aquellos con el nivel máximo de hectáreas cultivadas. No obstante, esta relación deja de ser significativa cuando se introducen algunas interacciones entre variables de nivel individual y cultivos ilícitos, mismas que se discutirán más adelante.

Por otra parte, el análisis mostró que la confianza en la policía está relacionada con la erradicación manual de cultivos ilícitos, pero no con la erradicación de cultivos por aspersión aérea. Comparados con los municipios en donde no se ejecutó ningún plan de erradicación de cultivos, en aquellas localidades en las que se pusieron en marcha programas de erradicación manual de cultivos ilícitos los niveles de confianza en la policía fueron significativamente menores. La probabilidad de expresar alta confianza en la policía en el primer grupo de municipios es de 0.217, mientras que en los municipios donde se erradicaron cultivos manualmente esta probabilidad cae a 0.157. Este resultado sugiere varias reflexiones: por una parte, es claro que para la ciudadanía la responsabilidad de la erradicación de cultivos recae en la policía. La percepción de confianza en esta institución fue la única que se vio afectada por el endurecimiento de las estrategias de combate a los cultivos ilícitos. Esto significa que, en este caso, la ciudadanía le pasa la cuenta de cobro al ejecutor de la política de erradicación y no al agente político responsable de su promoción.

A nivel de factores individuales, la confianza en la policía está asociada positivamente con las percepciones de desempeño político y económico, y con la edad del encuestado. Estos resultados sugieren que aunque la policía no es responsable del manejo de la economía o de la provisión de ciertos bienes públicos (excepto seguridad), se beneficiaría de las buenas percepciones que los ciudadanos tienen sobre el desempeño del gobierno.

Como se mencionó antes, se exploraron algunas interacciones entre variables de nivel individual y las variables contextuales. El propósito de estas interacciones es identificar hasta qué punto la influencia de los factores contextuales en las calificaciones de confianza de las alcaldías y la policía se encuentra moderado por factores de nivel individual, particularmente por las evaluaciones de la economía y las percepciones de provisión de bienes públicos. Sólo en el caso de la variable cultivos ilícitos se encontraron interacciones significativas con variables de nivel individual (véase cuadro 3).

Los resultados de los modelos 7 y 8 sugieren un efecto moderador de las evaluaciones sobre el estado de la economía nacional y sobre la provisión de bienes públicos en la relación entre cultivos ilícitos y confianza en las instituciones estatales. En el caso de la confianza hacia la alcaldía municipal, como lo muestra la gráfica 2, el efecto negativo de los cultivos ilícitos sobre la probabilidad de expresar una alta confianza en esta institución se sostiene para personas que consideran que la economía nacional va por mal camino o está igual. Como se esperaba, para quienes la economía nacional va muy bien, el aumento de los cultivos ilícitos no genera una variación importante en la probabilidad de seleccionar la categoría 1 (alta confianza). Es decir, las buenas percepciones sobre el desempeño económico neutralizan el efecto negativo de los cultivos ilícitos; de tal forma que la buena gestión del gobierno nacional podría ayudar a los gobiernos locales a amortiguar los efectos negativos del narcotráfico.

El resultado de la misma interacción en el caso de expresar alta confianza en la policía (véase grafica 3), mostró que para quienes creen que la economía está muy bien (100) y para quienes consideran que la economía no está ni mal ni bien (50), se produce un aumento en la probabilidad de confiar altamente en la policía a medida que aumentan los cultivos ilícitos. El aumento de esta probabilidad es más intenso para el primer grupo de ciudadanos. Para quienes ven que la economía está muy mal, la probabilidad de expresar una elevada confianza hacia la institución policial casi no cambia con el aumento de los cultivos ilícitos. Este resultado sugiere que en zonas altamente afectadas por el narcotráfico, las evaluaciones de la economía nacional inciden sobre la confianza en la policía, de tal forma que el desempeño del gobierno nacional, en esta materia, genera efectos sobre instituciones no relacionadas con el manejo de los temas económicos.

Estos resultados sugieren que en contextos donde el narcotráfico tiene una alta incidencia, los cambios en las evaluaciones ciudadanas sobre la economía nacional producirán percepciones de confianza mucho más dispersas. En zonas donde predominan los cultivos ilícitos, los ciudadanos castigan al ejecutivo local con mayor dureza, cuando perciben problemas de desempeño económico. La percepción de confianza hacia la policía, en cambio, no se ve afectada por las visiones negativas de la economía. Sin embargo, quienes tienen percepciones positivas de la economía y viven en zonas muy afectadas por el narcotráfico, tienen grados mayores de confianza en la policía que los habitantes de zonas no afectadas por los cultivos ilícitos. Es probable que estos resultados se deban a que en zonas dominadas por la economía de las drogas las crisis y las bonanzas económicas generan impactos mucho más radicales y notorios que en otras zonas.

Los resultados de la segunda interacción entre niveles indica que la relación entre confianza hacia la alcaldía municipal y hacia la policía está moderada por las evaluaciones ciudadanas en relación con la provisión de bienes públicos. Como lo indican las gráficas 4 y 5, tanto en el caso de las alcaldías como en el de la policía, para las personas con evaluaciones medias y altas sobre la provisión de bienes públicos, a medida que aumentan los cultivos ilícitos las probabilidades de expresar alta confianza en las instituciones analizadas disminuye drásticamente. Esta disminución es mucho más evidente para personas con una evaluación positiva de la provisión gubernamental de bienes públicos. Para ciudadanos con una mala evaluación de la provisión de bienes públicos, el aumento en los cultivos ilícitos no cambia la probabilidad de confiar tanto en la alcaldía como en la policía. Estos resultados muestran que en zonas con alta incidencia del narcotráfico, las calificaciones ciudadanas de confianza hacia la alcaldía y la policía tienden a converger, de tal forma que el efecto positivo que el desempeño institucional suele tener en la confianza en instituciones estatales se neutraliza. En otras palabras, a diferencia de lo esperado, que un gobierno local sea capaz de hacer una buena provisión de bienes públicos parece no importar en relación con la confianza institucional, en zonas con alta incidencia de cultivos ilícitos. Es posible que esto se deba a que la provisión de bienes y servicios en zonas muy afectadas por el narcotráfico pasa por las organizaciones mafiosas y no por los gobiernos locales.

 

Conclusiones

A través de un análisis del vínculo entre algunas manifestaciones del narcotráfico y la confianza institucional, este artículo indagó si las opiniones políticas de los ciudadanos que viven en zonas afectadas por el narcotráfico difieren sustancialmente de las de aquellas personas que habitan en regiones no afectadas por este fenómeno. Al abordar esta pregunta se buscó indagar si las mafias de las drogas habrían sido capaces de modificar algunos hábitos y valores de la ciudadanía en las zonas donde estas organizaciones cuentan con una mayor influencia.

En términos generales, la evidencia empírica que se presentó en este artículo indica que sí existen diferencias significativas entre las opiniones de las personas que habitan en zonas bajo la influencia de los cultivos ilícitos y las de quienes viven en áreas libres de este fenómeno. De manera más específica, este trabajo demostró que, comparados con las personas que viven en zonas libres de cultivos de coca, los ciudadanos que habitan áreas donde se cultiva este producto reportan niveles de confianza en los ejecutivos locales significativamente menores que quienes habitan zonas no afectadas por este fenómeno. En esta misma línea, los resultados de este artículo también sugirieron que a medida que el Estado colombiano pone en marcha estrategias de erradicación de cultivos ilícitos, los niveles de confianza ciudadana en la policía presentan un declive.

Es importante destacar que las diferencias en las actitudes políticas que se mencionaron antes se hacen evidentes sobre todo en aquellos municipios donde la magnitud de la incidencia del narcotráfico es bastante alta. En otras palabras, los resultados parecen sugerir que se necesita una consolidación del fenómeno del narcotráfico en el ámbito local para que su incidencia en las opiniones ciudadanas sea notoria. Es en estos espacios donde la incidencia del negocio de las drogas sería suficiente para sustituir el papel de las instituciones estatales.

Estos resultados generan un aporte a la literatura sobre confianza institucional, pues indican que los contextos políticos y sociales en los que las personas viven son relevantes a la hora de entender las variaciones subnacionales en la confianza hacia las instituciones del Estado. En otras palabras, más allá del desempeño de los gobiernos, la confianza en las instituciones también depende del contexto en el que estas organizaciones articulan su labor. El narcotráfico es sin duda un fenómeno capaz de alterar ese contexto, al cambiar la lógica de las relaciones sociales y políticas y el mismo vínculo entre ciudadanos y Estado.

El tipo de estrategia analítica utilizada en este artículo permitió complementar con variables de nivel individual el análisis de la incidencia del narcotráfico, como fenómeno contextual, en las opiniones políticas ciudadanas. Además, esta estrategia permitió identificar cómo algunos de esos factores individuales moderan el efecto del narcotráfico en la conducta y opiniones políticas de las personas. Las buenas percepciones sobre el estado de la economía nacional parecen tener la capacidad de neutralizar el efecto negativo que genera el narcotráfico sobre la confianza en las instituciones estatales. Sin embargo, en zonas muy afectadas por este fenómeno las evaluaciones negativas sobre el estado de la economía parecen maximizar el efecto negativo del narcotráfico. Por otro lado, el desempeño gubernamental en materia de provisión de servicios públicos afecta las opiniones de confianza de los ciudadanos que viven en zonas no afectadas por los cultivos ilícitos; donde estos cultivos tienen alta incidencia, el desempeño gubernamental no parece tener ningún efecto sobre las calificaciones de confianza institucional.

Estos resultados son bastante relevantes para la investigación sobre confianza institucional, ya que ponen en evidencia las posibilidades y particularmente las limitaciones de la relación desempeño gubernamental-confianza institucional. En situaciones sociales y políticas extremas, en las que los gobiernos locales enfrentan competidores de la talla de las mafias de las drogas, parece que la gestión de los gobiernos locales en términos de provisión de bienes públicos no tiene incidencia alguna sobre la confianza ciudadana en los ejecutivos locales. Al menos eso sugieren los resultados para el caso colombiano. Así, el vínculo desempeño gubernamental-confianza institucional parece funcionar en contextos políticos estables donde las instituciones gubernamentales no compiten con organizaciones ilegales. Dado que son crecientes las democracias que se enfrentan a este tipo de retos contextuales, este resultado abre una importante línea de investigación en cuanto a las bases de la confianza institucional.

Si bien la relación desempeño gubernamental-confianza institucional se desdibuja un poco en el ámbito local, el desempeño económico del gobierno nacional parece ser capaz de beneficiar al gobierno local. Esto sugiere que vía la acción del gobierno nacional, en cuanto al manejo de la economía nacional, los gobiernos locales que se desempeñan en zonas bajo una fuerte influencia del narcotráfico pueden recuperar la confianza de los ciudadanos. En síntesis, dado el reto que representan las mafias de las drogas, la defensa de las instituciones locales debe contar con un fuerte apoyo del gobierno nacional.

Finalmente, aunque los resultados de este trabajo tienen validez sólo para el caso colombiano, poseen una relevancia regional dada la expansión de las mafias de las drogas en América Latina. En zonas de México y Venezuela, donde el negocio de las drogas ha ganado terreno rápidamente, las instituciones estatales deben estar enfrentando procesos de pérdida de confianza ciudadana similares a los que se observan en Colombia en las zonas donde los cultivos ilícitos tienen una importante incidencia. Igualmente, en esos países, producto de la penetración social de las mafias de las drogas, las organizaciones mafiosas podrían estar gozando de una mayor aceptación por parte de la ciudadanía. Si bien este trabajo sólo estudió las consecuencias sobre las opiniones de confianza institucional de la primera fase (el cultivo) de la industria de las drogas ilícitas, es presumible que en las zonas o países más afectados por el fenómeno del tránsito o comercialización de las drogas, los efectos del narcotráfico sobre la confianza en las organizaciones legales e ilegales sean similares a los aquí expuestos, debido a que lo que en última instancia afecta las opiniones ciudadanas no es la presencia de una mata de coca, sino lo que supone el negocio de las drogas en términos de penetración de las estructuras e instituciones sociales, económicas y políticas.

 

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Notas

Este artículo contó con la asistencia de investigación de Diego Felipe Gómez y Janneth Angélica Vargas. Igualmente, el autor agradece los comentarios de dos evaluadores anónimos.

1 Mientras la incidencia municipal de las otras fases del negocio de las drogas es casi imposible de capturar, la presencia municipal de cultivos ilícitos es monitoreada anualmente, a través de imágenes satelitales, por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina para las Drogas y el Crimen de Naciones Unidas (UNODOC, por su sigla en inglés). SIMCI (2005).

2 Esta variable proviene del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina para las Drogas y el Crimen de Naciones Unidas.

3 Debido a que apenas en un municipio de la muestra se usó exclusivamente la erradicación por aspersión aérea, se decidió unir en la última categoría este tipo de municipios y aquellos donde se combinaron las dos estrategias.

4 Con el uso de una cuenta, ponderada geográficamente, de acciones armadas y violencia perpetrada por cada actor armado, se generó una clasificación de municipios según sus grados de violencia, a través de una metodología conocida como "análisis longitudinal semiparamétrico basado en grupos" (Nagin, 2005). A partir de esa clasificación se generaron las variables que capturan distintos niveles de control guerrillero y paramilitar. Para una descripción detallada del proceso de operacionalización de estas variables, véase García (2010).

5 Esta es una de las variables contextuales que en distintas investigaciones ha demostrado tener una influencia significativa sobre la conducta individual, particularmente sobre la participación política. Al respecto véanse: Giles y Dantico (1982), Huckfeldt (1979), Kenny (1992) y Mondak et al. (1996).

6 Las necesidades consideradas por el índice son: espacio apropiado para vivir, provisión adecuada de servicios públicos, número de personas por habitación, ingreso del hogar y nivel de educación de los miembros del hogar (controlado por edad).

7 Una descripción detallada de estas variables se presenta en el apéndice.

8 Son muy pocos los estudios que usan modelos multinivel de tipo logístico para variables ordinales, algunos ejemplos destacados son Gracia y Herrero (2006, 2008).

9 Es importante mencionar que el poder estadístico de los modelos multinivel depende del número de observaciones para los efectos del nivel 1 (N = 3083), y del número de grupos para los efectos del nivel 2 (N = 75). El número de observaciones dentro de los grupos no es tan relevante como el número de grupos. Véase Kreft y Leeuw (1998).

10 La variación de las calificaciones de confianza se calculó teniendo en cuenta el coeficiente del intercepto y la varianza de nivel municipal τ00 para cada variable dependiente. Para obtener el intervalo de variación se usó la siguiente fórmula: γ00 ± (1.96* √τ00) . Posteriormente los resultados se transformaron en probabilidades.

11 Las variables de nivel individual que se incluyen en los modelos de confianza son: educación, edad, género, estatus socioeconómico, urbanización, sofisticación, identidad partidista tradicional, evaluación sociotrópica retrospectiva y un índice de provisión de bienes públicos.

12 p = exp (-1.721)/(1 + (-1.721)).

13 La probabilidad de la categoría 7 (baja confianza) se obtiene restando a 1 la probabilidad acumulada de responder las categorías 1 a 6. Así, la probabilidad de las categorías ≤ 6 es igual a: exp (-1.721 + 4.242)/(1 + exp (-1.721 + 4.242)) = 0.926.

14 p = exp (-1.2836)/(1 + (-1.2836)).

15 p = 1- (exp (-1.2836 + 4.0310)/(1 + exp (-1.2836 + 4.0310)) = 0.940.

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