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Política y gobierno

versión impresa ISSN 1665-2037

Polít. gob vol.19 no.2 México dic. 2012

 

Artículos

 

Coaliciones preelectorales y competencia partidista en México a nivel federal y local (1994-2011)

 

Pre-electoral Coalitions and Partisan Competition in Mexico at the Federal and Local Levels (1994-2011)

 

Irma Méndez de Hoyos*

 

* Profesora-investigadora de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México) y coordinadora nacional de la Red de Investigación de la Calidad de la Democracia en México. Carretera al Ajusco 377, col. Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan, 14200, México, D. F. Tel./Fax. 30 00 02 00, ext. 260. Correo electrónico: imende@flacso.edu.mx.

 

Artículo recibido el 24 de enero de 2012 y
aceptado para su publicación el 9 de abril de 2012.

 

Resumen

Las coaliciones preelectorales en México constituyen una de las tendencias actuales de la competencia partidista en elecciones locales y federales. Se examina su frecuencia, composición y grado de éxito, y se pretende mostrar qué factores relevantes del diseño institucional, junto con factores políticos, están asociados al aumento gradual de la formación de coaliciones. Los hallazgos muestran que la normatividad electoral, que establece los costos y los beneficios de aliarse, así como la competitividad electoral están asociados positivamente a la integración de coaliciones preelectorales. Asimismo, se destaca que, pese a la percepción contraria, la ideología es un factor relevante en el proceso de coordinación estratégica entre los partidos. La evidencia que sustenta esta investigación consiste en el análisis de seis elecciones para diputados federales y tres para presidente entre 1994 y 2009; y 96 elecciones para gobernador en 32 estados entre 1994 y 2011.

Palabras clave: coaliciones, partidos, elecciones locales, reglas electorales, competitividad y distancia ideológica.

 

Abstract

Pre-electoral coalitions in Mexico constitute one of tendencies of party competition in federal and local elections. Their frequency, composition and level of success are examined and it pretends to show that relevant institutional and political factors are associated to the tendency of growing number of pre electoral coalitions. Findings show that electoral rules that establish costs and benefits, as well as electoral competitiveness are positively related to building coalitions. In addition, and despite opposite perception, ideological compatibility is also important in the process of building coalitions. The evidence that supports these findings consists on the analysis of six federal deputies elections and three presidential elections between 1994 and 2009; and 96 governor elections in 32 states between 1994 and 2011.

Keywords: coalitions, parties, local elections, electoral regulations, competitiveness and ideological distance.

 

Introducción

La coordinación estratégica de los partidos en las elecciones ha sido una práctica común en las democracias occidentales y un tema predilecto en los estudios comparados. En ellos domina el análisis de las llamadas coaliciones de gobierno (government coalitions) que se constituyen después de las elecciones y han sido recurrentes particularmente en las democracias parlamentarias. En contraste, las llamadas coaliciones preelectorales (pre-electoral coalitions) han sido escasamente estudiadas.1 Según Golder —quien desarrolla uno de los primeros trabajos sistemáticos sobre el tema— mientras hay una bibliografía muy desarrollada sobre coaliciones gubernamentales, con modelos empíricos y formales, hay muy poca investigación empírica y teórica que analice las coaliciones preelectorales, pese a su regularidad (Golder, 2006, pp. 194-195).2

En México, como en varios países de América Latina, con una democracia presidencial y una estructura de poder federal, las coaliciones preelectorales han sido la regla más que la excepción, y una práctica creciente entre partidos políticos tanto en el ámbito federal como el estatal. Las coaliciones gubernamentales, por el contrario, son casi inexistentes, aunque podrían estar en vías de desarrollo, como lo evidencian los acuerdos firmados por los candidatos ganadores y las dirigencias de los partidos aliancistas en las elecciones locales de 2010.3 De cualquier manera, las diferencias entre ambas son relevantes. Una de ellas recae en los procesos de formación. En el caso de las coaliciones preelectorales, la coordinación estratégica entre partidos se da antes de las elecciones. Golder (2006) señala que dicha coordinación puede tomar múltiples formas. Una posibilidad es que los líderes partidistas anuncien al electorado su intención de formar un gobierno unificado si ganan las elecciones; y otra es que simplemente acuerden competir con un candidato en común con listas conjuntas o acuerdos de candidaturas. El punto en común entre estas dos posibilidades es que los partidos nunca compiten en las elecciones como entidades realmente independientes y que la coordinación de las estrategias partidistas es hecha pública (Golder, 2006, p. 195). En el caso de las coaliciones gubernamentales los procesos de negociación comienzan después de que los votos se han contado y, por lo tanto, no pueden influir en la probabilidad de una victoria electoral.

Una segunda diferencia es el peso de la compatibilidad ideológica. Los límites de esta compatibilidad podrían ser mayores antes de las elecciones para las coaliciones preelectorales que después de las elecciones para las coaliciones gubernamentales (Golder, 2006, p. 196; Debus, 2009).

En su estudio, Golder encuentra que las coaliciones preelectorales son más propensas a formarse entre partidos ideológicamente compatibles, cuando el tamaño de la coalición esperada es grande (pero no muy grande) y los partidos para la potencial coalición son similares en tamaño. También señala que son más propensas a formarse si las reglas electorales son desproporcionadas y existe un número amplio de partidos (Golder, 2006, pp.210-211).

Estos hallazgos incitan a hacer varias preguntas para el caso de México. ¿Qué tantas coaliciones preelectorales o alianzas se han formado? ¿Cuál es su composición? ¿Qué tanto éxito han tenido? ¿Qué tan compatibles ideológicamente son los partidos que las forman? ¿Qué incentivos institucionales y políticos hay en México para formar coaliciones electorales? ¿Qué tan desproporcionado es el sistema electoral mexicano, tanto el federal como los estatales, para incentivar la formación de coaliciones?

A pesar de la creciente tendencia a la formación de coaliciones preelectorales, o alianzas electorales en México, estas han sido escasamente estudiadas.4 Este artículo pretende comenzar a responder algunas de estas preguntas, aunque de manera limitada. En primer lugar se hace un análisis descriptivo de la frecuencia, composición y grado de éxito de las coaliciones preelectorales en México en el periodo 1994-2011. En segundo lugar, se analiza la normatividad electoral, con el propósito de valorar los costos y beneficios que impone la ley en la formación de las alianzas. En tercer lugar, se examina la relación de las coaliciones preelectorales con la desproporción del sistema electoral, que muestra la distancia entre la proporción de votos y asientos obtenidos por los partidos. A lo anterior se añade el análisis de la contigüidad ideológica5 y la competitividad como posibles factores políticos asociados a la formación de alianzas en México.

La hipótesis central que guía esta investigación es que el incremento de las coaliciones preelectorales en México está asociado, en primer lugar, al diseño institucional, conformado por las normas electorales que regulan las coaliciones a escala federal y local; y la desproporcionalidad del sistema electoral. Asimismo, se asocia la formación de alianzas con factores políticos como la contigüidad ideológica, la competitividad y la expectativa de votos, algunos de ellos señalados por la literatura comparada como factores asociados al incremento en la formación de alianzas. La evidencia que sustenta este argumento central, y los secundarios que se presentan a lo largo del texto, consiste en el análisis de seis elecciones para diputados federales y tres para presidentes entre 1994 y 2009; y 96 elecciones para gobernador en 32 estados entre 1994 y 2011.6

 

Coaliciones preelectorales: frecuencia, composición y grado de éxito

Las coaliciones preelectorales son estrategias de acción colectiva entre partidos que implican un proceso de negociación, en ocasiones bastante complejo, que determina los costos y beneficios que obtiene cada una de las partes y que están hipotéticamente dispuestas a pagar por no competir de manera independiente. ¿Cuántas coaliciones se han formado en elecciones federales y locales en México? ¿Qué partidos se juntan para competir? ¿Qué tanto éxito tienen cuando compiten juntos?

La historia de las coaliciones electorales en México no comienza con la transición democrática en 1988. Sin embargo, en la elección crítica presidencial de ese año se inaugura la era de las coaliciones o alianzas electorales que tienen alto potencial competitivo y representan, por lo tanto, una amenaza real para el partido en el gobierno, características que marcan una diferencia crucial respecto a las alianzas electorales del pasado. Vale la pena recordar que en 1988 se formó una gran coalición entre partidos de izquierda y algunos anteriormente leales al Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamada Frente Democrático Nacional (FDN), para postular a Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia de la república. De acuerdo con los resultados electorales, el FDN logró un apoyo inusitado, al obtener 31 por ciento de la votación nacional efectiva, lo que significó que por primera vez el candidato del PRI ganara la presidencia con 50 por ciento de los votos, frente a sus predecesores que obtenían más de 65 por ciento. La elección federal de 1988 representó la ruptura de la hegemonía del PRI, que posteriormente desencadenaría la transición a la democracia en el país. Ahora bien, la coalición electoral que dio nacimiento al FDN fue producto de la postulación de un "candidato común", figura permitida en la ley electoral vigente en 1988, y que fue eliminada en la normatividad posterior, aprobada en 1990 (pese a haber sido uno de los mecanismos privilegiados del PRI para lograr postulaciones multipartidistas en el pasado). De hecho, para algunos, lo que motivó la sobrerregulación de las coaliciones que caracterizó a la ley electoral aprobada en 1990 —el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)— fue la formación del FDN en 1988, y el gran reto que esta representó para el PRI en la elección presidencial de ese año (Molinar, 1993; Gómez Tagle, 1994; Méndez, 2006).

Pese al gran interés que despierta el estudio de las coaliciones electorales anteriores, el objeto de estudio de la presente investigación son las coaliciones de la transición y la consolidación democráticas que se llevan a cabo en dos condiciones políticas inexistentes en el pasado: la sobrerregulación de las coaliciones y una alta competitividad electoral.

La primera gran coalición preelectoral ya en la era democrática fue en el 2000, cuando se genera por primera vez la alternancia en la presidencia de la república. En dicha elección una coalición electoral de partidos encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN) gana las elecciones con Vicente Fox como candidato. En el cuadro 1 se muestran las coaliciones preelectorales en las elecciones federales del periodo 1994-2009. Como se observa, en las elecciones de 2006, la competencia se concentró entre dos coaliciones preelectorales, una encabezada por el PRI Alianza por México— y la otra encabezada por el PRD Alianza por el Bien de Todos— y el PAN, que formalmente compitió solo.7 La elección para diputados federales de 2009 muestra la expansión de la política de coaliciones preelectorales, pues por primera vez se da entre dos coaliciones —Alianza Primero México y la Alianza Salvemos a México— y el PAN, con resultados desastrosos para este último.

A escala estatal, las coaliciones preelectorales de la era democrática se registran desde 1994, pero se intensifican a partir de 1997. En el cuadro 2 se muestra el número de coaliciones preelectorales por estado y año de elección para gobernador y el número de partidos que compiten independientemente. Como se observa, respecto a las elecciones para gobernador en las entidades federativas las alianzas se han incrementado elección tras elección, mientras que el número de partidos que compiten solos ha disminuido drásticamente. Destacan los casos de San Luis Potosí, Baja California Sur, Tlaxcala y Veracruz, donde la tendencia a la conformación de alianzas es claramente a la alza, mientras que en el Distrito Federal, Guerrero e Hidalgo se ha "estancado" (dos alianzas). Sobresale el caso de Jalisco, donde sólo ha habido una alianza, y el número de partidos que compiten solos se ha mantenido muy alto. En términos del número total de alianzas por año, se observa primero un incremento paulatino entre 1998 y 2003; y después, un aumento dramático entre 2004 y 2011. Con todo, es 2010 el año en el que mayor número de coaliciones preelectorales se presentaron en elecciones para gobernador: 22 en total. Pero, ¿qué partidos son los que forman las coaliciones preelectorales? ¿Qué partidos son los más aliancistas?

En el cuadro 3 se describe el número de alianzas formadas por cada uno de los partidos por año de elección para gobernador, así como el total en el periodo.

Como se observa en el cuadro 3, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es el partido más aliancista de todos, con 53 coaliciones preelectorales formadas entre 1994 y 2011. El segundo partido más aliancista es el PRD con 52 alianzas en el periodo, mientras que en el tercer lugar se ubica el Partido del Trabajo (pt), con 50 alianzas en total. En cuarto lugar se ubica el PRI con 46 alianzas en total, mientras Convergencia se ubica en el quinto. El pan, por su lado, ha sido el partido que menos coaliciones preelectorales ha impulsado, aunque en 2010 formó parte de siete coaliciones. Destaca, sin duda, el caso del Panal que obtiene su registro en 2006 y que en el periodo 2006-2011 formó parte de 23 coaliciones formales, más las que informalmente haya podido formar. También destaca la evolución gradual de esta práctica partidista, pues es claro que partidos como el PRI, que perdieron la presidencia en 2000 y 2006, han ido incrementando su impulso a las coaliciones con el fin de lograr mejores resultados y, con ello, retener gubernaturas o, en su caso, desplazar a un gobierno de otro partido. En suma, sobresale que no sólo los partidos minoritarios forman coaliciones preelectorales, sino también los partidos medianos y grandes como el PRI, el PAN y el PRD. Pero, ¿competir en alianza o coalición preelectoral significa ganar? ¿Qué grado de éxito tienen las coaliciones-preelectorales por partido?

La gráfica 1 muestra el número total de alianzas por partido, en números absolutos, y el promedio de la tasa de éxito de las coaliciones electorales en elecciones locales para gobernador.8 Como se observa, en términos del promedio de la tasa de éxito de las coaliciones preelectorales en todo el periodo 1994-2011, el partido más exitoso es el Panal, con 68 por ciento de éxito en promedio en las elecciones para gobernador. El segundo partido más exitoso es el PRI con 63 por ciento de la tasa de éxito en promedio; seguido por el PVEM en tercer lugar con 46 por ciento. Lo que más sorprende, sin duda, es que uno de los partidos más aliancistas, el PRD, es el que tiene la tasa de éxito promedio más baja, tan sólo 38 por ciento. En términos de la tasa de éxito de las alianzas por partido por año de elección, parece haber una gran variación. En el caso del PRI, mientras que entre 2003 y 2007 su tasa de éxito fluctuó entre 50 y 67 por ciento, en las elecciones para gobernador de 2009 y 2010 la tasa de éxito se elevó dramáticamente a casi 80 por ciento, lo que significó incrementar su poder y presencia a escala estatal y confirmar la rentabilidad de la estrategia aliancista. En el caso del pan, su participación en alianzas no ha significado tener asegurada la victoria. La tasa de éxito que ha obtenido en las elecciones para gobernador del periodo 2000-2011 varía mucho, pues va de 33 por ciento en 2004 y 2007, a 43 por ciento en 2010, y 50 por ciento en 2011. El PRD, por su parte, ha sido uno de los partidos que más alianzas ha formado, aunque con una tasa de éxito en elecciones para gobernador muy variable. En 2000 y 2001 obtuvo una tasa de éxito media de 50 y 67 por ciento. Sin embargo, en elecciones posteriores, su estrategia aliancista pareció rendir menos frutos. En 2005, 2010 y 2011 su tasa de éxito cayó a 33 por ciento. Un partido exitoso en la formación de alianzas por año de elección es, sin duda, el PVEM, pues su tasa de éxito en 2005 y 2009 fue de 67 por ciento, y en 2010 de 73 por ciento.

En general, parece que la inversión de la estrategia aliancista tiene una rentabilidad variable, pues tiende a la baja para algunos partidos como el PRD, y a la alza para otros como el PRI. Además, es necesario reconocer que la rentabilidad de una coalición preelectoral está también en función de otros muchos factores, entre los que destacan, en primer lugar, la distribución de votos acordada y plasmada en el convenio de coalición, que a su vez afecta el número de curules y el mantenimiento del registro; el financiamiento otorgado a la coalición para el desarrollo de la campaña y la distribución de los diputados y alcaldes de acuerdo con los términos del convenio de coalición firmado, entre otros.9 Ahora bien, ¿qué combinación de partidos coaligados tiene más éxito?

En el anexo 1, cuadro B, se presentan las combinaciones de partidos coaligados encabezados por los tres principales partidos: PRI, PAN y PRD. Como se observa, la composición partidista de las coaliciones preelectorales es muy heterogénea, lo cual refleja, en alguna medida, el sello de las estrategias locales en la selección de los socios de las alianzas y el peso relativo de la compatibilidad ideológica. Aun así, es posible reconocer que los tres partidos más grandes tienen socios o aliados predilectos con los que negocian y forman la mayoría de las coaliciones. En el caso del PRI, su aliado predilecto es el PVEM con quien ha encabezado 15 coaliciones, con una tasa de éxito promedio de 52 por ciento. Ha formado también seis coaliciones con el mismo PVEM y el PT un partido de centro-izquierda— con una tasa de éxito promedio de 26.4 por ciento. Ahora, la combinación más exitosa para el PRI es cuando se coaliga con el PVEM y el Panal, pues de las diez elecciones para gobernador en las que ha formado esta alianza ha ganado en seis y ha obtenido una tasa de éxito promedio de 50 por ciento.

En el caso del PRD, el partido más aliancista del sistema, destaca que se ha coaligado diez veces con el PT, a pesar de haber ganado sólo una vez y tener, por lo tanto, una tasa de éxito muy baja, de 6.7 por ciento en promedio. Sus alianzas más exitosas las ha formado con la dupla PT y Convergencia, con los cuales se ha coaligado en diez ocasiones. En el caso del pan, destaca que se ha coaligado en cinco ocasiones con el Panal y otras cinco con la dupla PRD-Convergencia, en ambos casos con tasas de éxito bajas.

Las coaliciones más exitosas en las que ha participado son las que ha formado con partidos locales. Destacan finalmente las alianzas que no se han formado y que sugieren la importancia relativa de la ideología. El PRI, por ejemplo, nunca se ha coaligado solo con el PT, ni con Convergencia. El PAN, por su parte, no se ha coaligado solo con el PRD ni con el PT, aunque sí ha formado cinco alianzas con la dupla PRD-Convergencia. Esto sugiere, en alguna medida, que la selección de socios no es puramente pragmática.

 

Las reglas del juego: la sobrerregulación de las coaliciones preelectorales

La normatividad federal de coaliciones electorales cambió radicalmente en las últimas dos décadas, al pasar de normas muy laxas en 1988, cuando la ley electoral entonces vigente contemplaba las candidaturas comunes, a la aprobación del Cofipe en 1990, que estableció múltiples requisitos para formar una alianza. Sin embargo, la sobrerregulación de la formación de coaliciones, que elevó los costos de aliarse con otros partidos, se combinó con el otorgamiento de beneficios casi invaluables, como la determinación de la distribución de los votos entre los partidos coaligados y el mantenimiento del registro como partido político, con los recursos económicos que ello significa, particularmente para los partidos chicos. En el caso de los partidos grandes, los altos costos de coaligarse se vieron compensados por elevar su capacidad competitiva y, con ello, las posibilidades de éxito electoral.

El análisis de las legislaciones electorales federales y locales muestra que hay al menos tres criterios cruciales que condensan los costos y beneficios en la formación de coaliciones preelectorales, y que representan incentivos (positivos y negativos) para coaligarse, los cuales son los siguientes:

• Presentación de partidos coaligados: aquí las leyes señalan si los partidos deberán presentarse bajo un solo emblema formado con los partidos coaligados o, por el contrario, presentarse cada uno con su emblema. La enorme diferencia entre estas dos alternativas está en la posibilidad de contabilizar los votos que obtiene cada partido y, con ello, determinar tanto su apoyo electoral, como su cumplimiento o no con el umbral mínimo de votación para mantener el registro, y las curules obtenidas, en su caso. Por el contrario, si aparecen como un solo partido, bajo un solo emblema, la distribución de los votos está sujeta a la negociación entre los partidos coaligados, misma que se asienta en el convenio de coalición. La conservación o pérdida de registro para los partidos coaligados constituye el eje toral de su pertenencia o no al sistema de partidos y, por lo tanto, el requisito fundamental para recibir financiamiento público.

En todos los códigos se señala que los partidos coaligados podrán conservar su registro si la votación de la coalición es equivalente a la suma de los porcentajes de 1.5 o 2.0 por ciento (umbral) de la votación (nacional o estatal) que requiere cada partido coaligado. El efecto de esta norma que regula la pérdida del registro como partido político depende de la distribución de los votos entre partidos. Si dicha distribución es producto del acuerdo o negociación entre partidos coaligados, se genera obviamente un alto incentivo, primero para coaligarse y, segundo, para buscar negociaciones que les garanticen su permanencia en el sistema de partidos. Si la distribución de los votos depende del apoyo electoral de los ciudadanos, los incentivos para coaligarse disminuyen.

• La distribución de los votos: las leyes electorales señalan si los votos deben contarse para cada partido o si se establece dicha distribución en el convenio de coalición. Como se expuso en el punto anterior, en la medida en que la ley permite que sea a través de una negociación, en lugar de en las urnas, que un partido obtenga votos y ratifique su registro y financiamiento, se crean incentivos perversos para que los partidos busquen coaligarse antes de las elecciones, dejando de lado cuestiones como la compatibilidad ideológica, la posibilidad de impulsar ciertas políticas públicas y de formar gobiernos de coalición formal o informalmente.

• Forma para ejercer prerrogativas: en las leyes electorales se especifica si los partidos deberán ejercer las prerrogativas en radio y televisión como si fueran un solo partido o por separado, cada partido en lo individual. Es de suponer que ejercer en común las prerrogativas genera altos costos en las negociaciones entre partidos grandes y chicos.

A lo anterior se añade la forma para ejercer el financiamiento y topes de campaña: en este caso también las leyes electorales oscilan entre el ejercicio del financiamiento como si fueran un solo partido, y su ejercicio independiente, pero señalando los montos de aportación de cada partido a la coalición. Conforme a ello, es de suponer que el ejercicio en común del financiamiento genera también altos costos en la negociación, que disminuyen cuando se ejercen por separado y sólo se aporta cierta cantidad. Finalmente, destacan los requisitos del convenio de coalición. En esta materia parece haber un conjunto de requisitos básicos o estándar que no sufren grandes modificaciones en el tiempo, como el señalamiento de los partidos que conforman la coalición, la elección en la que se coaligan, el nombre de los candidatos y cargo al que postulan; emblema o emblemas de la coalición y la plataforma electoral. A ello se suman los que han variado a lo largo del tiempo a través de las diferentes reformas: forma de ejercer las prerrogativas (financiamiento y televisión), orden de prelación para conservar el registro; distribución de los votos; pertenencia de candidatos a partidos; programa de gobierno y representación de la coalición.

El cuadro 4 muestra los tres criterios clave mencionados y la valoración de los costos-beneficios de las reglas electorales que norman las coaliciones a escala federal de 1988 a 2008. En el Cofipe de 1990 desaparecieron las candidaturas comunes, y se obligó a los partidos que deseaban competir juntos a celebrar un convenio de coalición con muchos requisitos, entre los que destacan el compromiso de sostener una plataforma común aprobada por los órganos partidistas de dirección, la prelación para conservar el registro y la forma de distribución del financiamiento y ejercicio de prerrogativas en materia de radio y televisión como si fueran un solo partido. Estos costos de aliarse con otros partidos se vieron en realidad matizados ante la presencia de dos normas que garantizaron altos beneficios. La primera fue la relativa a la presentación de los partidos. Según el Cofipe de 1990, "la coalición participará en el proceso electoral con el emblema y color o colores de uno de los partidos o con el emblema formado con los de los partidos coligados; en este podrán aparecer ligados o separados" (Cofipe, 1990, art. 59). Esto representó para los partidos pequeños la oportunidad de cobijarse con la estructura e imagen de los partidos grandes y aparecer junto con ellos en la boleta electoral. La segunda se refiere a la distribución de los votos. La regulación de 1990 estableció explícitamente que para la coalición de diputados de mayoría relativa se especificaría en el convenio de coalición la forma para distribuir los votos entre los partidos políticos para efectos de la representación proporcional (Cofipe, 1990, art. 62). Sin embargo, se deduce que para el resto de los cargos para los que podrían coaligarse los partidos —presidente de la república, diputados de representación proporcional y senadores de mayoría relativa— se especificaría también en el convenio de coalición. De esta manera, a partir de 1990 la distribución de los votos entre los partidos coaligados comenzó a ser parte de la negociación y, por lo tanto, del convenio de coalición, en lugar de depender del apoyo otorgado por los votantes a cada uno de los partidos.

Al parecer, estas normas incentivaron la formación de coaliciones, pues para ganar o sobrevivir, según fuera el caso de partidos mayoritarios o chicos, los partidos debían lograr buenas negociaciones con otros partidos, en lugar de mejorar su desempeño ante el electorado. Además, hizo imposible conocer la fuerza electoral real de cada partido, en la medida en que la ley obligaba a los partidos a aparecer como un solo partido, bajo un mismo emblema.10 El único costo elevado fue el relativo al uso de las prerrogativas en materia de radio y televisión, pues la ley estableció que debía realizarse como si fueran un solo partido. Esto permitió que la presencia de los partidos chicos se viera opacada o subsumida por la de los partidos grandes, algo que se ha bautizado como efecto "popote". Pese a todo, los costos altos fueron compensados por los beneficios enormes de coaligarse garantizados por el Cofipe de 1990.

En el Código Electoral de 1996 los requisitos del convenio de coalición se mantuvieron prácticamente iguales. En 2006, sin embargo, se añadió una regla profundamente restrictiva que prohibía a los partidos con nuevo registro celebrar convenios de coalición en su primera elección federal, y los obligó a competir independientemente.11 Esto los colocó en una situación de desventaja frente a los partidos medianos y grandes, y frente a las coaliciones, lo que generó una competencia desigual y poco justa.

En 2008 se elevan algunos de los costos de aliarse con otros partidos, pues se elimina un beneficio crucial: definir la distribución de los votos en el convenio de coalición. Según el Cofipe de 2008, aún vigente, cada uno de los partidos aparecerá con su propio emblema en la boleta y los votos se sumarán para el candidato de la coalición, pero contarán para cada uno de los partidos (Cofipe, 2008, art. 95.9). Se mantiene la obligación de la coalición de registrar el programa de gobierno, junto con la plataforma electoral, aprobados por los órganos partidistas. También se mantiene la obligación de señalar las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como el procedimiento de selección de candidatos. A diferencia de las regulaciones anteriores, el acceso a las prerrogativas en radio y televisión se garantiza tanto para la coalición como para los partidos en lo individual, con reglas diferenciadas en el caso de coalición total o parcial, lo que sin duda disminuye los costos de coaligarse en esta materia y evita el efecto "popote". En este sentido, el Cofipe de 2008 establece que a la coalición total le será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión, en 30 por ciento que corresponda distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido pero, a la vez, cada uno de los partidos coaligados participará de 70 por ciento proporcional a los votos, en los términos y condiciones establecidos por el Cofipe. Esta norma representa un beneficio alto, pues permite que cada partido mantenga su identidad y, sobre todo, su presencia ante el electorado, lo que parece destinado a compensar los costos altos de aparecer separados en la boleta y depender cada uno de su apoyo electoral.

En suma, la gran diferencia entre la regulación federal de 2008 (hoy vigente) y la de 1990 tiene que ver con la modificación de los incentivos para coaligarse, lo que eleva algunos costos, asociados a la obligación de aparecer separados en la boleta y, por lo tanto, depender del apoyo electoral individualmente obtenido, en lugar de depender de sus socios de la coalición, al dejarlo como materia de negociación entre partidos. Al mismo tiempo, disminuyen otros costos asociados al uso de prerrogativas en materia de radio y televisión. Con estos cambios en la ley, los ciudadanos recuperan su voto como un arma poderosa para decidir el destino de los partidos, al incentivar a estos últimos para que respondan a los intereses de los ciudadanos.

En el ámbito estatal domina la heterogeneidad de las reglas que regulan las coaliciones. En el cuadro 5 se resumen los costos-beneficios de los 2 primeros criterios cruciales en la formación de coaliciones en los estados. Lo más significativo, sin duda, es que las leyes electorales estatales —salvo en tres estados, Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz— no incluyen la modificación sustantiva aprobada a escala federal en 2008, a partir de la cual se obliga a los partidos coaligados a aparecer cada uno con su propio emblema en la boleta. Tampoco se incorporó el ejercicio diferenciado de las prerrogativas. Así, la mayoría de los estados reproducen hasta ahora las normas electorales que permiten la presentación de los partidos coaligados con un solo emblema en la boleta, y la definición de la distribución de los votos en el convenio de coalición. Esto implica que a escala estatal los incentivos colocados por la normatividad electoral para coaligarse siguen siendo muy altos, con costos bajos y beneficios altos, independientemente de la afinidad ideológica o programática.

Como se observa en el cuadro 5, la mayoría de los estados establece costos bajos y beneficios altos en la presentación de los partidos coaligados, en la medida en que las leyes establecen que participarán en el proceso electoral con el emblema y color o colores de uno de los partidos, o con el emblema formado por los partidos coaligados, y que en este podrán aparecer ligados o separados. Para los partidos pequeños un emblema único representa la oportunidad de descansar o recargarse en la estructura partidista de los partidos grandes. Parece significativo que estas normas no se modifican en una década y media, de 1994 a 2011 en la mayoría de los estados. Destacan por supuesto los casos de Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz. Estos tres estados modifican sus normas electorales después de 2008 e incorporan la obligación de los partidos de presentarse cada uno con su propio emblema y contabilizar los votos para cada uno por separado. Esto representa, sin duda, costos altos y beneficios bajos, que sólo parecen compensarse con la norma que permite ejercer sus prerrogativas en radio y televisión por separado, garantizando así presencia propia ante el electorado. Las leyes en estos estados señalan que cada partido coaligado accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus derechos por separado, y que el convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de los medios para los candidatos de la coalición y para los de cada partido. Además, añade que los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje.

En el caso de las normas que regulan la distribución de los votos destaca que en la mayoría de los estados otorgan costos bajos y beneficios altos, en la medida en que se establece que el convenio de coalición deberá contener la forma para distribuir entre los partidos coaligados los votos para efecto de la elección de que se trate. Esto permite que la distribución de los votos sea parte de la negociación entre partidos, en lugar del reflejo fiel del apoyo electoral otorgado por los ciudadanos.

En el ejercicio de las prerrogativas destaca que en la mayoría de los estados se establece que los partidos coaligados ejercerán sus prerrogativas como un solo partido, lo que significa subsumir su imagen a la de los partidos grandes. Esto representa un costo alto por coaligarse, pues tiene un impacto negativo en su presencia ante el electorado y, por lo tanto, un beneficio bajo.

Respecto a los requisitos que debe tener el convenio de coalición también domina la heterogeneidad, aunque es posible identificar algunas semejanzas. En el cuadro 6 se resumen los requisitos similares entre los estados y los particulares vigentes para algunos.

Como se observa en el cuadro 6, los requisitos comunes que se exigen a los partidos que desean coaligarse en las elecciones locales de la mayoría de los estados no son pocos ni sencillos, e implican un proceso de negociación ardua, con costos y beneficios para cada uno de los partidos. Entre estos requisitos destacan, sin duda, los procedimientos de selección de candidatos, la plataforma electoral y los acuerdos relativos a la distribución de prerrogativas como el financiamiento público, y el tiempo en radio y televisión. A ello se añade el siempre espinoso asunto de los gastos de campaña y la aportación de cada uno de los partidos coaligados.

Entre los requisitos que no son comunes a todos los estados destaca, en primer lugar, la prelación para conservar el registro, pues esto repercute directamente en su sobrevivencia como parte del sistema de partidos y en el número de puestos que pueden obtener directamente, en caso de triunfo. También destaca, sin duda, la aprobación de los candidatos por parte de los partidos coaligados, pues esto sujeta las decisiones de cada partido al veto de los otros partidos. Adicionalmente, sobresale la exigencia de un programa de gobierno a las coaliciones en Baja California y Campeche, pues en alguna medida los obliga a establecer un mínimo compromiso después de las elecciones.

Es importante mencionar que en un amplio número de estados se incluye una norma excluyente que erosiona la competencia partidista democrática (también vigente a escala federal), al establecer que ningún partido político de nueva creación podrá formar parte de una coalición hasta en tanto no haya participado de manera individual en un proceso electoral local.12 Con dicha norma es difícil no augurar el fracaso, muerte o desaparición de los partidos nuevos, que se enfrentan no sólo a partidos con más experiencia y estructura, sino a coaliciones, lo que produce una competencia inequitativa e injusta que los coloca en desventaja total frente a los partidos viejos, chicos, medianos o grandes, que lograron su registro antes de la aprobación de esta norma pro statu quo.

En conjunto, es necesario reconocer que la tendencia creciente a la formación de alianzas es casi contraintuitiva, si sólo se toman en cuenta los costos asociados a la formación de coaliciones preelectorales. Sin embargo, en la medida en que la distribución de los votos y el mantenimiento del registro y, con ello, el cuantioso financiamiento público federal y local, pueden depender de la negociación entre partidos, los costos disminuyen frente a los beneficios esperados. A esto se suman factores políticos que también incentivan la formación de alianzas, como una alta competitividad. Por lo pronto, a continuación se exploran algunos de los factores asociados en la literatura comparada de la tendencia creciente a la formación de las alianzas electorales.

 

Coaliciones preelectorales: competitividad y desproporcionalidad13

Un rasgo característico de las elecciones en México desde principios de los años noventa ha sido la elevada competitividad en las contiendas. Esta fue el motor de la transición a la democracia, en la medida en que permitió, en principio, romper el ciclo de competencia limitada que había dominado las elecciones, donde las normas electorales favorecían al partido en el poder y la oposición era tan débil que era incapaz de cambiar dichas reglas. Desde 1994 la competitividad se ha mantenido elevada prácticamente en todas las elecciones en los ámbitos federal y local, y para todos los puestos: presidente, diputados federales y locales, senadores, gobernadores y alcaldes.

La gráfica 2 muestra la competitividad en las elecciones presidenciales y para diputados federales medida por el indicador compuesto de competitividad (IC), que toma en cuenta no sólo el margen de victoria (MV), sino también la fuerza de la oposición y la distribución de victorias distritales por partido.14 Como se observa, la evolución de la competitividad ha sido gradual; el primer salto importante en la competitividad se registra entre 1994 y 2000, mientras que el segundo salto, menos dramático, se registra en 2006.

En el caso de las elecciones para diputados federales, la competitividad comenzó a elevarse en 1994, y su tendencia a la alza se extendió en 2000 y 2006. Sin embargo, en las elecciones intermedias de 2003 y 2009 la competitividad disminuyó más de 10 puntos porcentuales, lo que sugirió una posible modificación en la estructura del sistema de partidos y de la competencia misma, e incluso en el número de competidores efectivos.

En el caso de las elecciones locales, la competitividad medida por el IC no tiene un patrón único o uniforme, incluso dentro de un mismo estado. Lo notable es precisamente la variación entre las elecciones en un mismo estado y después entre entidades. Destacan por ejemplo Aguascalientes, Baja California Sur, Michoacán y Puebla, por las grandes fluctuaciones primero hacia abajo, con un declive pronunciado, y después hacia arriba en la última elección. También sobresalen las entidades con tendencia a la baja en las últimas elecciones para gobernador: Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México y Sonora. Si la competitividad se reduce al mv, la tendencia es más claramente positiva, hacia más competitividad con menores márgenes de victoria (véase el anexo 1, gráfica A).

¿En qué medida la competitividad es un factor asociado a la formación de coaliciones preelectorales? La elevación paulatina de la competitividad ha coincidido claramente con la búsqueda estratégica de socios para competir y enfrentar a un adversario que se percibe y detecta fuerte. Uno de los hallazgos más claros de Reynoso es que la mayor competitividad dispara una señal para que los partidos se alíen electoralmente en la siguiente elección con la expectativa de producir un resultado más favorable. Ahora bien, Reynoso también encuentra que hay una "relación dinámica entre competitividad y alianzas", esto es, que cuanto menor es el margen de victoria en una elección, más probable es que se presente una alianza electoral y a su vez la presencia de alianzas electorales en una elección hace más probable que haya resultados estrechos (Reynoso, 2011, p. 30).15 Esta tendencia a la formación de alianzas pareciera no ser negativa en sí misma, si no fuera por el efecto reductor de las candidaturas asociado a la formación de coaliciones preelectorales que, sin duda, afecta negativamente las opciones que se le presentan al electorado. Como dice Gary Cox: "la buena coordinación electoral implica, necesariamente, la reducción del número de competidores" (Cox, 1997, p. 4). ¿Cuánta reducción hay en el número de candidatos con las coaliciones preelectorales en México?

La reducción de candidatos es evidente a partir del contraste entre el número nominal de partidos y el número efectivo de partidos/candidatos, según la fórmula para calcular el número efectivo de partidos de Laasko y Taagepera (1979).16 El número nominal de partidos en las elecciones para diputados federales se mantiene arriba de ocho en todo el periodo entre 1994 y 2009. Sin embargo, el número efectivo de partidos/candidatos es en promedio tres para el mismo periodo. Lo mismo sucede en el caso de las elecciones presidenciales en el periodo 1994-2006.

Este mercado cerrado contribuye además a que la formación de alianzas se lleve a cabo entre los partidos que están adentro del sistema de partidos. Así, en los hechos, las coaliciones preelectorales están asociadas a dos fenómenos. Primero, a una reducción drástica de las opciones partidistas, que no necesariamente reflejan la agregación de preferencias del electorado, sino las decisiones y negociaciones de las élites partidistas. En segundo lugar, a la formación de coaliciones que, en la mayoría de los casos, no están asociadas a coaliciones gubernamentales, políticas públicas o programas de gobierno, y donde la ideología desempeña un papel limitado.18

Como resultado de lo anterior, se tiene la práctica de las coaliciones preelectorales, sin sus potenciales beneficios, entre los que destacan aliviar —según Golder (2006)— los problemas de representación al permitirles a los votantes identificar las alternativas de gobierno al momento de la elección (y no después), así como incrementar la transparencia democrática y proveer coaliciones de gobierno con una mayor legitimidad y mandatos más fuertes (Golder, 2006, p. 194). La teoría de la formación de coaliciones preelectorales, utilizada por Golder, se enfoca así, en los beneficios de la victoria y las políticas a implementar, y la lógica que sigue es que, al reducir la incertidumbre de los votantes sobre qué coalición se puede formar en el gobierno y, por lo tanto, qué políticas van a implementar, los partidos que forman una coalición preelectoral pueden atraer más votos. Si las compatibilidades ideológica y programática tienen sólo un peso relativo en muchos casos en la formación de alianzas en México, ¿qué otro factor explica su existencia?

Algunos estudios políticos comparados señalan a la desviación de la proporcionalidad (o desproporcionalidad) como una de las causas más directas de la formación de coaliciones preelectorales (Golder, 2005 y 2006; Debus, 2009). Definida como la diferencia entre el porcentaje de votos y asientos que obtiene cada partido (Taagepera y Shugart, 1989, p. 104), la desproporcionalidad está asociada a la medida en la cual la conversión de votos en escaños refleja lo más fielmente posible los votos obtenidos por los partidos o, por el contrario, favorece a unos y perjudica a otros, cuestión que depende de dos factores, según Rae (1967), la fórmula electoral y la magnitud del distrito. ¿Qué tanta desproporcionalidad hay en México? ¿Se aplica esto a las coaliciones electorales en los estados?

En el cuadro 7 se muestra el grado de desproporcionalidad efectivo u observable19 en las elecciones para diputados federales de 1991 a 2009.

Como se observa, la desproporcionalidad se incrementó entre 1991 y 2000, y desde entonces ha ido disminuyendo. Vale la pena recordar que en el Cofipe de 1996 se estableció el tope a la sobrerrepresentación en 8 por ciento. Así, el artículo 12.3 señalaba que "en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida". Como se observa, el efecto de ese umbral es claro, sobre todo a partir de 2003. En el caso de las elecciones para diputados locales del periodo 2001-2011, la desproporcionalidad efectiva u observable muestra una tendencia ascendente en un número muy importante de estados. Hay casos en que el incremento es dramático, como en Chihuahua, Durango, Michoacán, Tabasco y Tamaulipas. Destacan también los casos en los que baja la desproporcionalidad: Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas. Según la literatura, las coaliciones preelectorales son más propensas a formarse en sistemas electorales desproporcionados cuando hay muchos partidos (Golder, 2005, p. 647; Strom et al., 1994, p. 316, citado por Golder, 2005). Esto lleva a suponer que a mayor desproporcionalidad y presencia de varios partidos, hay mayores incentivos para formar coaliciones electorales.

A partir de lo presentado en los cuadros 7 y 8, parece claro que la competitividad y la desproporción son dos factores que muestran una tendencia ascendente en el ámbito local. ¿En qué medida podría haber una relación causal entre estos factores y la formación de alianzas? En el siguiente apartado se explora la relación entre las variables expuestas. Es importante reiterar el carácter exploratorio de este ejercicio aplicado sólo a las elecciones locales —por el número limitado de observaciones disponibles a escala federal.

 

Explorando las relaciones20

Como se mencionó al inicio, el argumento central en el artículo es que la formación de coaliciones preelectorales se explica, en primer lugar, por la normatividad electoral que, pese a imponer altos costos por coaligarse, al mismo tiempo garantiza jugosos beneficios, como el mantenimiento del registro para los partidos chicos y la capacidad competitiva y expectativa de éxito para los grandes.21 En segundo lugar, las coaliciones se explican por la desproporción del sistema electoral que, en general, en el ámbito local, muestra una tendencia a la alza. En tercer lugar, por la competitividad, que es un factor político dinámico muy importante claramente identificado como causa de la formación de alianzas en el ámbito local en México (Reynoso, 2011). Finalmente, a estos factores se suma primero una medida aproximada de separación o contigüidad ideológica entre los partidos —a falta de datos sobre polarización ideológica en el ámbito local señalada como factor definitorio en la formación de coaliciones preelectorales (Golder, 2006)— y segundo, la expectativa de votos, esto es, los votos que los partidos coaligados supondrían que pueden obtener al competir juntos.

Para realizar este ejercicio exploratorio se transformó la variable dependiente de la formación de coaliciones preelectorales en diadas, siguiendo a Golder (2006), lo que permitió multiplicar las observaciones. Las diadas reflejan todas las posibles combinaciones entre los partidos y se codifican de la siguiente manera: como 1 (uno) si efectivamente fueron partidos coaligados en las elecciones para gobernador del periodo 1994-2011 y 0 (cero) si no formaron una coalición. En total son 2 366 diadas y el porcentaje de diadas que efectivamente se convierte en coalición es de 14.4 por ciento, lo que equivale a 340 diadas.

En el caso de las variables independientes, en la dimensión de diseño institucional se estimaron los costos y beneficios de las leyes electorales locales en lo relativo a la formación de coaliciones, privilegiando el criterio de distribución de votos; mientras que la desproporción se estimó a partir del índice de desviación de la proporcionalidad (Taagepera y Shugart, 1989, p. 105). También se estimó una variable interactiva de la desproporción y el número nominal de partidos, con el propósito de probar la hipótesis de Golder en el sentido de que las coaliciones son más probables de formarse en sistemas desproporcionados con un número grande de partidos. En el caso de los factores políticos se estimó la competitividad mediante cuatro indicadores: índice compuesto de competitividad; margen de victoria; fuerza de la oposición, y desigualdad en la distribución de victorias, siguiendo lo planteado en Méndez (2006).

La separación o contigüidad ideológica se estimó para cada diada a partir de la ubicación hipotética de los partidos políticos nacionales y locales en el espectro izquierda-derecha, de acuerdo con la siguiente distribución: el PRD se ubicó en la izquierda con un valor de 1; al pt se le asignó el valor de 2; Convergencia valor de 3; PRI en el centro con valor de 5; al PVEM con valor de 6 en el centro derecha; al Panal valor de 8, y al PAN en la derecha con un valor de 10. Esta ubicación hipotética se realizó de acuerdo con los hallazgos centrales de Moreno (2010). Con lo anterior se pudo hacer frente a la falta de datos o información sobre polarización ideológica en el ámbito estatal para un periodo de casi dos décadas. Sin embargo, en la medida en que la información de las diadas se basa en una distribución hipotética y no empírica de la contigüidad ideológica entre partidos, es imposible equipararla a la distancia ideológica (o polarización ideológica). De acuerdo con la medida de separación o contigüidad ideológica entre partidos propuesta en este ensayo, a mayor contigüidad es más probable que la diada se convierta en coalición.

La expectativa de voto es otra variable estimada para cada diada a partir de la suma del porcentaje de votos de los partidos que forman cada diada en la última elección que compitieron separados. Finalmente, el análisis de regresión se realizó a través de un modelo logístico binomial para todo el periodo 1994-2011. El cuadro 9 muestra los resultados. En el anexo metodológico se describen todas las variables.

Como se observa en el cuadro 9, el porcentaje global de clasificación correcto indica que el modelo en su conjunto tiene un nivel explicativo aceptable,22 y que las variables independientes incluidas alcanzan a explicar casi 83.6 por ciento de la variación de la dependiente. En otras palabras, que el margen de victoria, la fuerza de la oposición, la desigualdad en la distribución de victoria, el índice de desviación de la proporcionalidad de los congresos combinada con el número absoluto de partidos, la contigüidad ideológica, la expectativa de voto y los beneficios-costos de la normatividad electoral en materia de coaliciones electorales constituyen factores que efectivamente contribuyen a explicar la formación de alianzas en las elecciones para gobernador en México en el periodo 1994-2011.

Ahora bien, según este ejercicio exploratorio de regresión logística binomial la capacidad explicativa de estos factores varía. La competitividad, medida por el índice de desigualdad en la distribución de victorias, es positiva y significativa y con el signo esperado, lo cual indica que a mayor distribución de victorias entre los partidos, hay mayor probabilidad de que se formen coaliciones. La variable margen de victoria también es significativa, pero tiene un signo no esperado, pues es positiva, al indicar algo casi contra intuitivo: que a mayor mv, más probabilidad de alianzas. La fuerza de la oposición es también significativa y negativa, de acuerdo con lo esperado, lo que sugiere que mientras mayor es la fuerza de la oposición en conjunto, es menor la probabilidad de formar coaliciones preelectorales.

La variable de separación o contigüidad ideológica es negativa y significativa, lo cual indica que a mayor separación ideológica entre los partidos, hay menos probabilidad de formar coaliciones. Destaca que esta variable no tiene el signo esperado, y al ser negativa sugiere que la ideología sí constituye un factor relevante en la búsqueda de socios para formar coaliciones. En alguna medida esto cuestiona las afirmaciones sobre el carácter netamente pragmático de las alianzas señalado por Reynoso (2011). La variable que mide los costos-beneficios marcados por la normatividad electoral resultó positiva y significativa, lo que sugiere que, de acuerdo con lo esperado, las reglas electorales que imponen costos y beneficios a los partidos que deciden coordinarse para no competir solos, sí contribuyen a explicar la formación de coaliciones en las elecciones locales para gobernador en México en el periodo 1994-2011.

Destaca sin duda el rechazo de la hipótesis principal de Golder respecto a que las coaliciones preelectorales son más probables de formarse en sistemas desproporcionales si existe un número suficientemente amplio de partidos. Según el análisis de regresión, la variable de interacción del índice de desviación de la proporcionalidad del Congreso y el número nominal de partidos es negativa y significativa, lo que indica que a mayor desproporcionalidad y número de partidos, es menor la probabilidad de formar alianzas. Esto sin duda abre una importante beta de estudio, pues parecería que las coaliciones locales en México no responden a los factores institucionales relevantes en los estudios comparados.

Finalmente, destaca que, de acuerdo con el análisis de regresión realizado, la variable de expectativa de votos resultó no significativa y negativa, lo que genera una serie de cuestionamientos empíricos y metodológicos importantes para tratar de responder la falta de significancia de un factor relevante para cualquier partido político —ganar más votos— y según la investigación cualitativa realizada.

 

Conclusiones

La coordinación estratégica de los partidos en las elecciones es una práctica común y aceptada en las democracias occidentales. Ya sea que los partidos se coaliguen después de las elecciones, dando forma a las coaliciones gubernamentales; o antes de las elecciones, en coaliciones preelectorales. En cualquier caso, para Cox (1997), Sartori (1976) y más recientemente Golder (2006) y Debus (2009), las coaliciones pre o postelectorales son siempre el resultado de un proceso de negociación entre líderes partidistas preocupados por las políticas públicas y los potenciales beneficios en puestos (policy and office benefits) y están vinculadas de una u otra manera a la formación de gobiernos que se pueden distinguir por cierto sello o identidad ideológica; por una mayor o menor legitimidad; por más o menos compromiso con la aplicación de ciertas políticas públicas, o por más o menos mandatos claros.

En México el tipo de coaliciones que predomina son las preelectorales, esto es, aquellas que se llevan a cabo antes de las elecciones y que pretenden, por lo tanto, influir en la votación. Además, a diferencia de la tendencia en las democracias más consolidadas, en México las coaliciones preelectorales no constituyen el preludio de la integración de gobiernos (de coalición) más legítimos y más comprometidos. Además, destaca que, pese a la marcada tendencia creciente a la formación de alianzas electorales en México, estas han sido escasamente estudiadas.

El propósito de este artículo fue estudiar, en primer lugar, las coaliciones preelectorales en México: su número, composición y grado de éxito. Al mismo tiempo, se pretendió avanzar en la exploración de algunos factores asociados a la formación de alianzas, de los cuales algunos han sido señalados por la literatura comparada como relevantes, como la desviación de la proporcionalidad y el número de partidos, y la compatibilidad o distancia ideológica. Otros factores que se incluyen son la competitividad electoral, relevantes específicamente para el caso mexicano y otros menos explorados como la normatividad electoral y la expectativa de votos. Así, se pretendió responder primero a preguntas simples (descriptivas) como, ¿cuántas alianzas se han formado en México en los últimos años? ¿Qué partidos forman las coaliciones? ¿Qué tanto éxito tienen las diversas coaliciones? Y, en segundo lugar, a preguntas relativas a los factores que explican la formación de coaliciones, ¿en qué medida son la competitividad electoral, la expectativa de votos y la contigüidad ideológica los factores que explican la formación de coaliciones? ¿Qué tanto contribuye el diseño institucional conformado por las normas electorales y la desviación de la proporcionalidad en la formación de coaliciones?

De acuerdo con la evidencia presentada, la coordinación estratégica entre partidos comenzó a incrementarse en el ámbito local desde 1994 y se extendió paulatinamente a todos los estados y a escala federal. Desde 2004 es ya una estrategia cotidiana entre partidos tanto en contiendas federales como en las locales, lo que contribuye de manera significativa a la alternancia en el poder y al desplazamiento del PRI en varios estados. Según las estimaciones realizadas, los partidos más aliancistas o que más alianzas han impulsado son, en primer lugar, el PVEM, y en segundo, el PRD, mientras que en tercero y cuarto lugar se ubican el PT y el PRI. Sobresale sin duda que no sólo los partidos minoritarios forman coaliciones preelectorales, sino también los partidos medianos y grandes: PRI, PAN y PRD.

Ahora bien, encabezar o formar alianzas preelectorales no asegura el triunfo. En términos de tasa de éxito, el partido aliancista más exitoso es el Panal, seguido por el PRI y en tercer lugar el PVEM. Sorprende, sin duda, que uno de los partidos más aliancistas, el PRD, sea el que tiene la tasa de éxito promedio más baja de tan sólo 38 por ciento. Las estimaciones también muestran que la competitividad medida por el IC en elecciones para presidente de la república, gobernadores y diputados federales y locales se ha elevado de manera importante en el periodo estudiado. Asimismo, se encontró que, de acuerdo con Cox (1997), las coaliciones implican una reducción en el número de contendientes. En el caso de las elecciones para presidente, la reducción es muy drástica, igual que para las elecciones locales para gobernador, mientras que el contraste entre el número nominal de partidos en elecciones para diputados federales y el número efectivo para partidos en esas elecciones es un poco menos significativa, sin ser de menor importancia.

La composición de las coaliciones preelectorales es muy heterogénea, por lo que parecerían orientadas por intereses puramente estratégicos o pragmáticos —mantenimiento del registro o éxito electoral— más que por el objetivo de formar gobiernos con cierta orientación ideológica o por determinados objetivos de política pública comunes. Sin embargo, el análisis de regresión realizado en la última sección muestra el peso relativo de la ideología en el proceso de formación de coaliciones.

La normatividad electoral federal y local en materia de alianzas se caracteriza por la sobrerregulación de las coaliciones a partir de 1990, así como por el establecimiento de normas que por un lado elevan los costos de aliarse con otros partidos en las elecciones y, por el otro, otorgan beneficios casi invaluables, como la determinación de la distribución de los votos entre los partidos coaligados y el mantenimiento del registro como partido político, con los recursos económicos que ello significa, particularmente para los partidos chicos. Para los partidos grandes, los altos costos de coaligarse son compensados por elevar su capacidad competitiva y con ello las posibilidades de éxito electoral. Esto ha constituido un poderoso incentivo para coaligarse tanto para las elecciones federales como para las locales, cuestión que se modifica sensiblemente a escala federal a partir de 2008.

En el caso de las posibles variables explicativas de la formación de coaliciones destaca la competitividad, que se ha elevado gradualmente y es hoy un signo distintivo de las elecciones en México en todos los niveles. En este trabajo la competitividad se midió a partir de tres indicadores: el margen de victoria, la fuerza de la oposición y la desigualdad en la distribución de victorias por partido. En el caso de la desproporcionalidad, parece claro que en la mayoría de las entidades la distancia entre el número de votos obtenidos y el número de asientos es alto, aunque también se encontraron casos en los que la desproporcionalidad baja. Siguiendo a Golder se creó la variable de interacción entre la desproporcionalidad y el número absoluto de partidos, con el propósito de probar en qué medida las coaliciones preelectorales tienen más probabilidades de formarse en sistemas desproporcionales si existe un número suficientemente amplio de partidos políticos. En el caso de los costos-beneficios establecidos por la normatividad electoral sobresale que, pese a los numerosos requisitos, los beneficios otorgados son casi invaluables, pues están asociados al mantenimiento del registro, la obtención de votos y curules, y la posibilidad de éxito al elevar la capacidad competitiva de los partidos. La contigüidad y la expectativa de votos fueron variables estimadas únicamente para el modelo de regresión.

Los resultados del análisis de regresión logística binomial sugieren que hay una asociación positiva y significativa ente la competitividad y la formación de coaliciones preelectorales —estimadas en forma de diadas— en el ámbito estatal en elecciones para gobernador. Esto significa que, a mayor competitividad —medida por el margen de victoria, MV, la fuerza de la oposición, FQ, y la desigualdad en la distribución de victorias, DV mayor número de coaliciones preelectorales. Destaca sin duda que la DV tuvo mayor nivel de significancia como variable explicativa de las alianzas.

Asimismo, la contigüidad ideológica mostró ser significativa y negativa, sugiriendo que a mayor separación ideológica hay menor probabilidad de formar coaliciones preelectorales. Esto sin duda revela que la ideología sí mantiene un peso relativo en la coordinación estratégica entre los partidos. Vale la pena destacar que ante la falta de información sobre distancia ideológica a escala estatal se optó por estimar la contigüidad ideológica a partir de la distribución hipotética entre partidos en el espectro ideológico izquierda-derecha. Esto tiene varias implicaciones: primero, es imposible equiparar la estimación hipotética de la contigüidad ideológica a la distancia o polarización ideológica, por lo que los resultados del modelo de regresión deben ser tomados con cautela y ser considerados como una aproximación al papel de la ideología en la formación de las coaliciones locales en México; segundo, es necesario incluir la polarización ideológica como uno de los temas de investigación relevantes que deberían ser estudiados para comprender, entre otras cosas, su comportamiento a escala subnacional y el papel de dicha polarización en la dinámica del sistema de partidos y la formación de alianzas.

Finalmente, se comprueba que los costos-beneficios que establece la normatividad electoral en materia de alianzas es también un factor relevante al estar relacionado positiva y significativamente con la formación de coaliciones. Desafortunadamente, la expectativa de votos resultó una variable no significativa, mientras que en el caso de la desproporcionalidad combinada con el número de partidos resultó significativa pero con el signo contrario al esperado. En suma, la competitividad, la distancia ideológica y la normatividad electoral parecen ser factores que contribuyen a explicar la formación de coaliciones preelectorales en las elecciones locales para gobernador en el periodo 1994-2011 en México. Con estos resultados se pretende, pues, contribuir para entender algunas de las decisiones más importantes en la vida política de los partidos y su impacto en la competencia política. Quedan, sin duda, abiertas numerosas preguntas que apuntan a la necesidad de ampliar la investigación sobre elecciones estatales. Parece relevante, por ejemplo, indagar los procesos de negociación entre los partidos en la formación de alianzas y conocer así las motivaciones políticas y factores adicionales que influyen en la decisión de formar coaliciones. También sería importante indagar los términos de los convenios de coalición entre partidos, para tener una idea más clara e integral de los costos y beneficios para cada partido que participa en la coalición. Por supuesto sería también relevante estudiar las aportaciones financieras de los partidos a las coaliciones y, en general, el manejo del financiamiento público por parte de las coaliciones con el propósito de valorar su transparencia y rendición de cuentas. Respecto al sistema de partidos, vale la pena estudiar el impacto de las coaliciones preelectorales en la dinámica del sistema de partidos y conocer cómo éstas modifican la estructura de la competencia y ver si incentivan el voto estratégico de los ciudadanos ante la compactación del número de contendientes. Incluso falta analizar en qué medida las coaliciones repercuten negativamente en la oferta partidista al generar una competencia centrípeta, y afectan en esa medida la calidad de las elecciones que depende, en alguna medida, del desempeño de los partidos políticos. En fin, todas estas betas de estudio y las preguntas que generan fueron dejadas de lado en el presente artículo que pretende ser una contribución inicial al estudio de las coaliciones electorales en México.

 

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Notas

Este artículo se elaboró en el marco del proyecto "Seminarios académicos El Colegio de México-IDEA Internacional para fortalecer el proceso electoral federal mexicano 2011-2012", en el que se presentaron los avances de esta investigación.

Agradezco a Claudia Wittig su invaluable apoyo como investigador junior. Sin su trabajo de alta calidad, dedicación y compromiso, este artículo no hubiera sido posible. También le extiendo mi especial agradecimiento a Rodrigo Salazar por sus valiosas sugerencias para el diseño de los modelos de regresión y la construcción de variables.

1 En este artículo se usa indistintamente alianzas electorales, coaliciones electorales y coaliciones preelectorales. Este último término es el más utilizado en la literatura comparada sobre coaliciones. Se usan indistintamente en la medida en que los tres términos cumplen dos condiciones relevantes: primero, hacen referencia a la coordinación estratégica entre partidos antes de las elecciones; y segundo, apelan al propósito de los partidos de no competir solos.

2 Golder (2006) realiza un análisis sistemático de las coaliciones preelectorales en democracias parlamentarias a partir de una base de datos nueva —construida por el autor— que contiene información sobre las potenciales diadas de coaliciones preelectorales en 20 democracias parlamentarias industrializadas de 1946 a 1998. De las 292 elecciones estudiadas en esa investigación, 44 por ciento tuvo al menos una coalición preelectoral, y casi un cuarto de los gobiernos formados después de las elecciones estuvieron basados en acuerdos preelectorales.

3 Francisco Reveles (2011) señala que el Partido Acción Nacional y sus aliados que triunfaron en las elecciones formularon una serie de compromisos para el ejercicio de sus respectivos gobiernos. La agenda común cuenta con doce ejes rectores (y varios puntos específicos en cada uno): 1) gobiernos de alianzas pluripartidistas; 2) pluralismo de gobierno; 3) reconciliación de la sociedad; 4) preservar la vitalidad de las alianzas; 5) uso de recursos de manera transparente y responsable; 6) impulsar una agenda de reformas para la transición democrática; 7) procuración de justicia y seguridad pública; 8) diversidad social y regional; 9) políticas sociales de gran calado; 10) desarrollo económico; 11) transición democrática, y 12) participación ciudadana.

4 Uno de los esfuerzos más destacados es el estudio realizado por Diego Reynoso sobre alianzas electorales y margen de victoria. En él señala que la formación de alianzas electorales no depende de la proximidad ideológica de sus integrantes, sino que estas son el resultado endógeno de los cambios en las condiciones de la competencia electoral, y a la vez un acelerador de esos cambios (Reynoso, 2011). Diego Reynoso respalda sus hallazgos acerca de la relación dinámica entre competitividad y alianzas electorales, así como del pragmatismo de los partidos políticos que las conforman en el análisis de 96 elecciones para gobernador realizadas en los 32 estados desde 1988 hasta 2006 (Reynoso, 2011).

5 No existen datos disponibles sobre polarización ideológica en la escala estatal, por lo que se decidió elaborar una variable de contigüidad ideológica en la que, a partir de una distribución hipotética de los partidos en el espectro izquierda-derecha, se calcula la cercanía ideológica de los partidos que forman las coaliciones.

6 El periodo seleccionado obedece a tres factores: primero, son coaliciones del periodo de transición y consolidación democrática y no anteriores; por lo tanto, suponen la existencia de condiciones mínimas para elecciones libres, limpias y transparentes, como la existencia de órganos autónomos de administración electoral; segundo, comparten marcos normativos electorales que se caracterizan por la sobrerregulación de las coaliciones (que a escala federal inicia en 1990 y en el ámbito local en 1993), condición que antes de 1990 no se cumple; y tercero, se presentan en condiciones políticas de alta competitividad electoral.

7 Informalmente el PAN realizó una coalición electoral con el Partido Nueva Alianza para postular a un candidato común, Felipe Calderón.

8 Los datos completos de la gráfica se presentan en el anexo 1, cuadro A.

9 La estimación más precisa de los "costos y beneficios" de las coaliciones electorales para cada partido forma parte de una agenda futura de investigación.

10 Las implicaciones de la norma que hace imposible conocer la fuerza electoral real de cada partido, en la medida en que los partidos coaligados aparecen como un solo partido, bajo un mismo emblema, son múltiples. En primer lugar hace imposible conocer el apoyo electoral de cada partido y su variación en el tiempo; en segundo, hace imposible estimar el número de asientos legislativos que debería obtener según la fórmula electoral. Hace también imposible estimar indicadores como la volatilidad, la fragmentación, el número efectivo de partidos, entre otros, necesarios en la tarea de cualquier investigador.

11 Según el artículo 56 del Cofipe de 2006 "no podrán realizar un frente, coalición o fusionarse los partidos políticos nacionales durante su primera elección federal inmediata posterior a su registro como partido político nacional".

12 Esta cláusula está vigente en Michoacán, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán.

13 Es importante reiterar el carácter netamente exploratorio del análisis de los factores que están asociados o explican en alguna medida la formación de coaliciones preelectorales en las elecciones federales y locales en México en el periodo 1988-2011.

14 La fórmula y componentes del IC son: IC = (100-mv) + FO + DV /3 donde IC es el índice de competitividad, MV el margen de victoria, FO la fuerza e la oposición y DV la distribución de los votos. Para ampliar, véase Méndez (2006).

15 La causalidad inversa entre alianzas y competitividad encontrada por Reynoso muestra la compleja relación entre ambas variables y la necesidad, por lo tanto, de ampliar los modelos de exploración y de muestra de elecciones en estados para conocer qué tan consistente es el resultado. Efectivamente parecería que en ciertas condiciones las alianzas podrían explicar la competitividad, cuestión que trató de ser analizada en el presente texto a partir de la estimación de la competitividad pasada (variable lagg), que desafortunadamente no resultó significativa.

16 La fórmula para calcular el número efectivo de partidos es:

17 El artículo "La calidad de las elecciones y la imparcialidad de los órganos de administración electoral en las elecciones locales de 2010" muestra cómo la legislación electoral ha tendido a elevar las barreras para la entrada de nuevos partidos. Véase Méndez (2011 ).

18Golder (2006) reveidica que la emergencia de coaliciones preelectorales es sieMpre el resultado de un proceso de negoCiación entre líderes partidistas preocupados por las políticas públicas y potenciales beneficios en puestos (policy and office benefits) y que, en cualquier caso, los líderes deberán valorar y sopesar los incentivos para formar coaliciones electorales frente a los incentivos para competir independientemente.

19La desviación de la proporcionalidad que se reporta en los cuadros 7 y 8 es la efectiva u observable, y por lo tanto hipotéticamente tendria que reflejar los topes de sobrerepresentación que contemplan las leyes federales y locales.

Fuente: Laasko y Taagepera (1979). Cabe destacar que Diego Reynoso (2011) realiza la "adapatación" de esta fórmula al hacer equivalente el número efectivo de partidos con el número efectivo de canditatos que resulta relevante para los fines de este artículo.

20 Agradezco profundamente a Rodrigo Salazar, profesor-investigador de Flacso-México y coordinador de la Unidad de Métodos, Investigación y Estadística de la misma institución, por su apoyo en el diseño del modelo para explorar la relación entre variables, y por sus valiosos comentarios.

21 Vale la pena mencionar que la normatividad electoral como factor causal y la expectativa de votos son una aportación de este trabajo al estudio de las coaliciones preelectorales en México.

22 Se reporta la R2 del modelo de porcentaje de clasificación correcta por ser una medida más cercana o que refleja de mejor manera la capacidad explicativa del modelo logístico binomial aplicado.

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