Artículos

 

Introducción. Partidos y campañas políticas en México*

 

Allyson Lucinda Benton

 

Este volumen especial de Política y Gobierno se ocupa de las elecciones presidenciales y legislativas de México que se llevaron a cabo el 2 de julio de 2006. Estas elecciones ocuparán siempre un lugar especial en la historia democrática de México por dos razones. Por primera vez dos partidos que habían ocupado la silla presidencial se enfrentaron entre sí: el que estaba entonces en el poder, el Partido Acción Nacional (PAN), y el que fuera durante largo tiempo el partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, hubo un tercer rival importante en las elecciones, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en opinión de muchos fue el que realmente ganó la elección presidencial de 1988 contra el PRI. Lo que importa señalar aquí es que tres de los partidos políticos nacionales entraron a la contienda con la expectativa realista de que podían ganar.

Segundo, y por las razones que acaban de exponerse, se trató de la contienda electoral más reñida de la historia democrática de México. Al cabo de la misma, apenas 233 831 votos, o 0.56 por ciento del total nacional, separaron al PAN, que ocupaba el gobierno, del PRD. La competitividad de las elecciones, combinada con las acusaciones de fraude que el PRD planteó respecto a los resultados de las mismas, los cuestionamientos acerca del papel de organizaciones civiles y grupos empresariales durante la campaña, y de la limpieza de la publicidad, así como la inquietud que perdura hasta hoy entre muchos votantes acerca de la validez de los resultados, le ha asignado a las elecciones presidenciales de 2006 un lugar en la historia democrática del país. De hecho, las preocupaciones y quejas en torno al proceso electoral por parte tanto del PRD como del PRI dieron origen a la reforma del proceso de las campañas electorales, lo que ejemplifica la importancia de ese proceso electoral para las elecciones subsecuentes.

Pese a la naturaleza única de la elección de 2006, que podría hacernos llegar a la conclusión de que se merece por derecho propio un volumen especial, lo que importa señalar acerca de estas elecciones es, paradójicamente, su normalidad. Es decir, aparte de las quejas de fraude posteriores a la elección y de las cuestiones relativas a la interferencia en las campañas de organizaciones cívicas y grupos empresariales, con su frecuente publicidad, el proceso que condujo al 2 de julio fue de rutina, y sirve como ejemplo de las sólidas bases y el funcionamiento de la democracia mexicana, así como de sus instituciones políticas y electorales. Las precampañas para las nominaciones de los candidatos presidenciales se produjeron en 2005.

Se registraron cinco partidos para la contienda. Por la derecha —en relación con los otros partidos políticos en México—, Felipe Calderón Hinojosa representaba al gobernante Partido Acción Nacional (PAN). Por la izquierda —también en relación con los otros partidos políticos en México—, Andrés Manuel López Obrador representaba al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que se unieron, formando una coalición, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia (Convergencia). En una posición más centrista —nuevamente en relación con los otros partidos políticos en México—, Roberto Madrazo Pintado representaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual se unió el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Dos nuevos partidos pequeños, también presentaron candidatos. En el centro–derecha, el Partido Nacional Alianza (Panal) presentó a Roberto Campa Cifrián, mientras que por la izquierda Patricia Mercado Castro representaba al Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (Alternativa). La ley electoral mexicana estipula que los partidos nuevos deben competir solos en su primera contienda electoral nacional.

Las campañas electorales internas de los partidos se iniciaron formalmente el 17 de enero y duraron hasta el miércoles 28 de junio. Durante ese periodo, los partidos nacionales seleccionaron y registraron a sus candidatos legislativos sin ningún incidente; se trata de un proceso potencialmente complicado que incluye la elaboración de listas partidistas de coalición o individuales para los distritos plurinominales que se utilizan para elegir a 32 senadores y 200 diputados, así como la selección de candidatos para senadores estatales y para diputados uninominales. Además, durante la campaña electoral y hasta el 23 de junio, cuando se puso en práctica la prohibición de su difusión pública, se contó de manera regular con datos de una amplia red de encuestadores. En la figura 1 se presentan las tendencias reflejadas por las encuestas entre el 18 de enero y el 23 de junio de un grupo selecto de empresas encuestadoras que publicaron sus resultados en los medios mexicanos. Las limitaciones de espacio restringen el número de estas empresas en la figura. Como se puede observar, los resultados de las encuestas estuvieron caracterizados por una considerable volatilidad de una empresa de opinión pública a otra, e incluso de una a otra encuesta dentro de la misma empresa. Pese a esto, de la figura se desprenden tres tendencias básicas: una inicial, en la cual López Obrador aventajaba a Calderón, una segunda fase en la que Calderón superaba a López Obrador y un periodo final en el cual ambos candidatos estaban prácticamente empatados. Durante la segunda mitad de enero de 2006, López Obrador tenía entre 6 y 10 por ciento más apoyo que Calderón; esa ventaja perduró hasta mediados de marzo, cuando su suerte empezó a cambiar.

En términos formales, el prolongado proceso electoral estaba programado para durar 10.5 meses e incluía varias etapas: la temporada de campaña (17 de enero–28 de junio), la votación (2 de julio), el conteo de votos por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) (durante la semana del 3 de julio), la resolución de quejas por la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) (hasta el 31 de agosto), la certificación de la votación definitiva y la declaración del triunfador por el TEPJF (antes del 6 de septiembre) y la toma de posesión del nuevo presidente (primero de diciembre).

No obstante, si bien el proceso de la campaña electoral se desarrolló de acuerdo con lo planeado, lo cerrado de la contienda hizo que se prestase una mayor atención al proceso de conteo de votos y de resolución de quejas. Para finales de mayo, la mayoría de las encuestas demostraban que los resultados eran tan cerrados que resultaba difícil definir un favorito, ya que la diferencia entre los dos principales candidatos caía con frecuencia dentro de los márgenes estadísticos de error. Las empresas encuestadoras tenían razón al decir que era una carrera cerrada; de hecho, ninguna de las que realizó encuestas de salida el 2 de julio dio a conocer una declaración formal que identificase a un triunfador. El IFE, en lugar de anunciar a un ganador la noche del domingo de las elecciones, utilizando sus resultados del conteo rápido (PREP), se vio obligado a posponer el anuncio del resultado final y a esperar hasta que pudiese llevar a cabo el conteo completo a lo largo de esa misma semana. La noche del 4 de julio, López Obrador denunció que del PREP se habían excluido de manera irregular 2.4 millones de votos, creando así incertidumbre acerca de si persistiría el estrecho margen de victoria de Calderón. El 6 de julio el IFE anunció que éste había obtenido, de acuerdo con su conteo, la mayoría de votos, aunque el margen era mínimo. El conteo definitivo, formal, fue certificado a finales de agosto por el TEPJF que, tras la resolución de quejas contra el proceso electoral, señaló que Calderón había alcanzado una apretada victoria, ganando con apenas 35.9 frente a 35.3 por ciento de los votos que obtuvo López Obrador.

Pese a eso, y al margen de los cuestionamientos que rodearon el proceso electoral, todo se produjo de acuerdo con la ley electoral y dentro de los tiempos establecidos en ella. Dejando a un lado las acusaciones de fraude, que de ninguna manera deseo minimizar, es importante destacar que los mecanismos electorales de la nación funcionaron de acuerdo con la ley, es decir, de manera normal, a pesar de las tensiones políticas y sociales derivadas del voto. Estos artículos deben verse y estudiarse teniendo en mente esta sujeción a la rutina. Antes que tratar de resaltar el carácter único de la contienda, los trabajos documentan la normalidad del proceso que se llevó a cabo, es decir, los artículos cubren todo el proceso electoral mexicano, de principio a fin, incluyendo la subsecuente reforma electoral que inspiró la dinámica posterior a la votación.

De manera más específica, el volumen incluye estudios de Rogelio Hernández Rodríguez y Steven Wuhs sobre los procesos de selección del candidato presidencial que llevaron a cabo el partido en el poder, el PAN, el PRD y el PRI. El trabajo de Wuhs se concentra en el partido gobernante, el PAN y en su principal competidor, el PRD. El autor argumenta que haber mejorado las oportunidades electorales de estos partidos (que a lo largo de la historia han sido de oposición) en los años noventa, durante el gobierno del PRI, detonó serias transformaciones de los procedimientos para la selección de candidatos en ambos partidos políticos, que pasaron de procesos cerrados, de arriba abajo, controlados por las élites de los partidos, a otros que favorecían mayor apertura y participación para los miembros de los mismos. En realidad el PRD terminó por tener procesos de selección de candidatos mucho más abiertos que los que utiliza el PAN. No obstante, Wuhs señala que, si bien la apertura de los procedimientos de selección de candidatos puede democratizar la política partidista interna de México, esa democratización puede conducir a resultados poco usuales e incluso indeseables. Aumentar la necesidad de que los contendientes por la candidatura presidencial de un partido tengan que cultivar el apoyo de una gran diversidad de miembros del mismo recompensará a los políticos carismáticos y a los caudillos, antes que a los candidatos con experiencia pero menos telegénicos, lo que plantea dudas respecto a los beneficios de los procedimientos de la selección interna de candidatos del partido por lo que se refiere a la calidad de los mismos y a la democracia.

Hernández Rodríguez estudia el proceso partidista interno de selección de candidatos dentro del antes hegemónico PRI. A diferencia de lo que ocurrió con el PAN y el PRD, el proceso interno de selección de candidatos del PRI estuvo opacado y, en gran medida, controlado por las diversas élites del partido, que incluían, sin limitarse a ellos, a los dirigentes formales del mismo, los gobernadores y los legisladores. La posición política de que gozaba Roberto Madrazo dentro del PRI —en gran parte gracias a sus años como presidente del partido— lo volvió un precandidato casi imposible de vencer. Como señala Hernández Rodríguez, esto condujo a un resultado perverso. En lugar de seleccionar un candidato carismático que tuviese la posibilidad de ganar una elección nacional, el proceso interno del partido y las maquinaciones de las élites que lo rodeaban dieron por resultado la selección de un personaje políticamente hábil pero con escaso atractivo para el público general. Si bien estos artículos se ocupan de los procesos de selección de candidatos presidenciales para las elecciones de 2006 en los tres principales partidos nacionales, hacen señalamientos más amplios en torno a los procesos de selección de candidatos en México y en otros lugares. En conjunto, los artículos de Wuhs y de Hernández Rodríguez señalan las disyuntivas entre los procesos de nominación sumamente participativos y aquellos más centrados en las élites. Con los primeros se termina por tener dirigentes carismáticos con una habilidad política en ocasiones cuestionable. Con los segundos se acaba con políticos sumamente hábiles pero con un atractivo público dudoso.

Los artículos de Alejandro López y Enrique Cárdenas, así como de Joy Langston y Allyson Benton, cubren dos aspectos de las campañas partidistas. Específicamente, López y Cárdenas documentan el papel de las asociaciones cívicas en el desarrollo de las plataformas de campaña de los partidos, mientras que Langston y Benton analizan la ubicación de los actos de campaña de los principales partidos en el curso de la campaña formal. El estudio de López y Cárdenas es una visión única de los esfuerzos realizados por las organizaciones cívicas de México para mejorar los contenidos y la claridad de las plataformas de campaña de los candidatos, así como el nivel de éxito que alcanzaron esos grupos para lograr que los partidos y sus candidatos respondiesen y mejorasen sus promesas políticas. Los autores observan que la supervisión de los grupos cívicos y la evaluación regular de los mensajes de los candidatos produjeron cambios en las plataformas de los partidos y el mejoramiento en la claridad de los mensajes de campaña. No obstante, encuentran también que Calderón, del PAN, y Madrazo, del PRI, respondieron más a las críticas de estos grupos que López Obrador, del PRD. No obstante, el estudio corrobora el papel de las organizaciones no políticas en exigir la rendición de cuentas de los partidos por sus afirmaciones y, aspecto importante, los efectos significativos que los grupos cívicos pueden tener sobre la política en México. Resulta interesante observar que esto se contrapone a la afirmación generalizada de que la sociedad civil mexicana es débil e incapaz de lograr un cambio político.

Los contendientes por la presidencia de México, como es natural, transmiten sus mensajes de campaña en múltiples espacios políticos. Langston y Benton analizan uno de los métodos más importantes para distribuir mensajes de campaña y reunir apoyo de los votantes: los actos durante las campañas presidenciales. Las autoras, a partir de una serie de datos que documenta los municipios visitados por cada candidato, demuestran que la aparición de los candidatos en los municipios sigue representando gran parte de la estrategia en la campaña por la presidencia, junto con los llamamientos en los medios nacionales. Los candidatos visitan pueblos, pronuncian discursos ante los fieles del partido, hablan con dirigentes empresariales locales, consultan con figuras religiosas y llevan a cabo mítines a gran escala. Sin embargo, su análisis demuestra también que cada partido siguió estrategias diferentes, muy probablemente debido a su distinto apoyo partidista. El candidato del PAN no sólo visitó los municipios más grandes, sino que hizo un esfuerzo especial por ir a aquellos que en las elecciones previas habían votado por el PAN, mientras viajaba también, de manera particular, por los estados en los que gobernaba el PRD. El candidato del PRD, por otro lado, consciente de su apoyo local disperso, se concentró en las ciudades y los pueblos más grandes, reparando menos en el apoyo recibido en elecciones anteriores. El candidato del PRI también visitó los principales municipios, pero puso particular atención en los que se ubicaban en estados priístas, en gran medida para reforzar su menguante apoyo entre los gobernadores del partido.

El artículo de Francisco Abundis y Sandra Ley analiza los fundamentos socioeconómicos y políticos del comportamiento del voto y de los resultados electorales de 2006. Entre otras cosas, los autores demuestran que las opiniones de los votantes acerca del entonces presidente Vicente Fox afectaron de manera fundamental su interés de votar por el PAN; los que mostraban tasas más altas de aprobación tenían más posibilidades de apoyar al candidato de su mismo partido. pese a esto, es importante señalar que, de acuerdo con los autores, las opiniones de los votantes acerca de su situación económica personal parecen haber tenido poco efecto en su decisión, lo que plantea preguntas acerca del valor de la votación retrospectiva y del poder de la aprobación presidencial en el caso mexicano. Además, los cruces de variables mostraron el éxito de Felipe Calderón entre las mujeres y los jóvenes de 20 a 30 años, sobre todo entre los de mayor educación y mayores ingresos. por su parte, Andrés Manuel López Obrador tuvo más éxito entre los adultos mayores de ingresos bajos, y peleó en parte con Roberto Madrazo el voto de los sectores más pobres. De esta forma, las intuiciones en el sentido de que el PAN apela a los votantes más conservadores y de mayores ingresos, mientras que los entonces partidos de oposición PRI y PRD atraen a los grupos de ingresos bajos, se ven confirmadas empíricamente por los datos que analizan estos autores.

En su artículo, Greg Love estudia la calidad de los candidatos y sus efectos sobre la participación de los votos recibidos por los partidos en las votaciones legislativas. Explica cómo los diferentes procedimientos de nominación de los partidos determinaron que se seleccionaran tipos diferentes de candidatos para ocupar las curules, y que el tipo de candidato influyó en su participación final de los votos y sus posibilidades de ganar. El PAN, con sus convenciones de nominación centradas en los estados, se inclinó hacia dirigentes locales del partido y funcionarios electos como candidatos en aquellos distritos en los que eran competitivos. El PRD, con un proceso local y abierto, se basó más en dirigentes sindicales, líderes de grupos sociales y algunos funcionarios electos (muchos de los cuales habían pertenecido antes al PRI). En el caso del PRI, sus tendencias centralizadoras lo llevaron a basarse en su larga lista de miembros del partido que habían desempeñado posiciones de elección popular en gobiernos locales y estatales en el transcurso de las dos décadas previas. De esta manera, la selección de candidatos a diputados y senadores fue similar al proceso de selección de los candidatos presidenciales que se destacan en los demás artículos de este volumen.

En términos de la forma en que los candidatos influyeron en el apoyo al partido en general, Love señala que en las elecciones de 2006 para la Cámara de Diputados el tipo de candidatos propuestos por los partidos tuvo importancia en relación con sus posibilidades de triunfo. A pesar de la inexistencia de la reelección inmediata y del control partidario del proceso de nominación, factores tales como quiénes se presentaron y con qué partido contribuyeron a configurar la composición de la legislatura. Los candidatos con poca experiencia y escasos recursos eran los que tenían menores probabilidades de ganar. Mientras que la popularidad general de los partidos en un distrito era uno de los elementos más sólidos para predecir el desempeño de un candidato (como ocurre en la mayoría de los sistemas, incluso en un país centrado en los candidatos, como Estados Unidos), los rasgos personales y el historial de un candidato determinaban muchas veces si triunfaría o si sería segundo. El artículo de Love resulta relevante porque, en un contexto en el que los candidatos no cuentan con una ventaja personal por estar ocupando el cargo, ya que no pueden ser reelectos de inmediato para ningún puesto de la legislatura, adquieren importancia otros factores, como haber desempeñado algún cargo de elección popular diferente.

Aunque el proceso electoral transcurrió sin problemas, lo que nos permite analizar los procesos de elección de 2006 a fin de entender en términos más generales la democracia en las elecciones de México, el resultado de aquél fue ampliamente criticado, en especial por el PRD y su candidato presidencial, López Obrador, por haber estado tachonado de fraudes. Para ocuparse de estas afirmaciones, así como de si se produjo algún incidente de fraude o si éste pudo haber afectado la votación, José Antonio Crespo y Javier Aparicio analizan los resultados de la elección. Ambos autores, empleando métodos analíticos y empíricos diferentes, llegan a la conclusión de que los resultados electorales y la victoria de Calderón se sostienen. No obstante, lo disputada que fue la contienda y, por lo tanto, la mayor posibilidad de que cualquier irregularidad o fraude hubiese podido modificar los resultados, significa que es necesario hacer cambios fundamentales en la forma en que se cuentan y registran los votos. Minimizar el número de errores elevaría en gran medida la validez del proceso electoral nacional a ojos de los votantes, y debilitaría los intentos futuros de declararlo fraudulento.

Por último, la discusión en torno a la validez de los resultados de las elecciones nacionales, combinada con las protestas sociales y las tensiones políticas que se derivaron de ella, condujo al nuevo gobierno, junto con los partidos de oposición del país, a emprender una importante reforma electoral. Al respecto, Joy Langston analiza las reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de 2007. No obstante, sostiene que, además de las tensiones sociales y políticas que se presentaron como resultado de la cerrada contienda, la reforma fue inducida también por inquietudes políticas tradicionales. Muchos expertos reconocieron que deberían corregirse los errores y las consecuencias no previstas del Cofipe de 1996, tales como la falta de definición de las pre–campañas electorales y la carencia de herramientas para fiscalizar gastos. Desde esa elección se vio el deseo de diversos actores políticos de subsanar algunos de los problemas del proceso electoral, así como el interés por forjar un control más estricto sobre la autoridad electoral por parte de los partidos. Hubo entonces una división en el corazón de la reforma: por un lado los líderes de los partidos buscaban mejorar el funcionamiento de los procesos electorales y, por el otro, querían castigar a diversos actores a los que identificaron como los culpables del proceso electoral de 2006.

El volumen procura, así, analizar las elecciones mexicanas de 2006 y hacerlo de una forma que incluye el análisis del pasado y del futuro electoral de México. Los artículos aquí reunidos cubren las elecciones de principio a fin, pero las ubican también en un enfoque comparativo más amplio. Varios capítulos comparan explícitamente las elecciones de 2006 con contiendas previas, mientras que otros destacan las semejanzas y diferencias entre los procesos electorales mexicanos y los que se llevan a cabo en otras naciones, como Estados Unidos. Al margen de esto, las elecciones presidenciales mexicanas de 2006 nos brindan una oportunidad empírica de poner a prueba diversas teorías acerca de las elecciones mexicanas y, en general, de los procesos electorales.

 

Nota

* Traducción del inglés de Victoria Suchssheim.