Reseñas

Judges Beyond Politics in Democracy and Dictatorship. Lessons from Chile, por Lisa Hilbink

Ana Belén Benito Sánchez

Nueva York, Cambrigde University Press, 2007, 304 pp.

Universidad de Salamanca

¿Por qué los jueces chilenos, adiestrados y designados por gobiernos democráticos, facilitaron, condonaron y legitimaron las prácticas ilegales y antidemocráticas durante el régimen de Pinochet? Lisa Hilbink responde a esta pregunta de investigación evidenciando la importancia del diseño institucional y sus efectos sobre la conformación de la judicatura como instancia de control y garantía de las libertades públicas. Para ello aborda el estudio del desempeño judicial en Chile desde 1964 (cuando el país alcanza los más altos niveles de respeto a las garantías democráticas en la región) hasta el año 2000 y demuestra que las preferencias políticas personales, la filosofía legal imperante, los intereses de clase y variables propias del régimen (miedo y control del Ejecutivo) no son suficientes para explicar el comportamiento colaboracionista y legitimador en este trascendental periodo de la historia de Chile. Hilbink elabora una sólida hipótesis en favor del argumento institucional como factor explicativo del conservadurismo y conformismo que han caracterizado la conducta judicial a lo largo del tiempo y destaca el efecto significativo tanto de la propia estructura como de lo que denomina ideología institucional.

Este complejo entramado de ingeniería institucional tiene sus raíces en la tradición legalista positivista decimonónica, cuando el apoliticismo se exhibía como garantía de independencia y férrea línea divisoria entre ley y política. Sin embargo, lejos de la neutralidad, los jueces chilenos trabajaron a favor del régimen (la mayoría de forma pasiva y otros activamente) al no invocar el respeto a la ley y los derechos fundamentales frente a los abusos de la dictadura. En esta identificación de los patrones de la conducta judicial se observa una regularidad en el comportamiento, que arranca en este estudio con el mandato de Eduardo Frei y se extiende más allá del régimen de Pinochet. Una suerte de inercia institucional que condiciona el desempeño judicial en Chile bajo el régimen autoritario y en la democracia.

El análisis teórico del papel de la judicatura en los procesos de democratización en general (capítulo I) y la conformación institucional del activismo conservador chileno en particular (capítulos II–V) se acompaña de un exhaustivo trabajo cuantitativo consistente en el examen del contenido político y el razonamiento legal de las sentencias recogidas en los Repertorios de Jurisprudencia y revistas especializadas del país (1964–2000). Se presta especial atención a las decisiones, declaraciones y actos públicos de la Corte Suprema, por su especial relevancia en cuanto órgano de dirección judicial con funciones de control y disciplinarias sobre las instancias judiciales inferiores.

Judges Beyond Politics muestra cómo durante la etapa anterior al golpe de Estado (1964–1973), el conservadurismo fue la respuesta reaccionaria de unos jueces que, sin ataduras institucionales, combatían desde los tribunales los logros democráticos de Frei y Allende. En el periodo autoritario, la autora distingue dos etapas (19731980) y (1981–1990), con el propósito de advertir los efectos en el comportamiento judicial del diseño que emerge tras la derogación de la Constitución de 1925. El nuevo orden pinochetista no necesitará rodearse de jueces afectos al régimen o interferir en la toma de decisiones violentando la separación de poderes. Todo lo contrario, la judicatura le brindará un manto de legitimidad (e impunidad) durante más de 17 años y permanecerá al servicio del régimen militar incluso cuando nuevos actores, como el Tribunal Constitucional o miembros aislados de la carrera judicial, intentaron limitar las extraordinarias prerrogativas del gobierno. En esta etapa es cuando se manifiestan claramente los efectos perversos del apoliticismo institucionalizado: una estructura burocrática autónoma y una ideología apartidista dieron el sesgo conservador a esta institución que se convirtió así en perfecta aliada del régimen militar. La vigilancia constante de la Corte Suprema sobre las instancias judiciales inferiores y la reinterpretación e imposición del concepto de independencia judicial como intervención política no permitida aseguraron que, salvo unos pocos y excepcionales jueces, se abstuvieran de defender y hacer valer los más elementales principios democráticos. Este comportamiento persistirá en la etapa siguiente de transición formal a la democracia (1990–2000) y no se atisbará ruptura hasta la detención de Pinochet en Londres y los esfuerzos reformistas en la década de los noventa.

Como demuestra este trabajo, la independencia judicial no es suficiente para producir una defensa comprometida de los derechos y libertades públicas por parte de la judicatura. El entramado institucional no sólo modela actitudes preexistentes sino las metas, la identidad profesional del cuerpo judicial y es responsable de la continuidad y/o ruptura en la asignación de roles. Cuando los jueces están limitados institucional e ideológicamente para comprometerse con la política (en el sentido más amplio del término) son incapaces de cultivar los atributos profesionales necesarios para defender y promover los principios del constitucionalismo democrático liberal. De esta manera, concluye, una judicatura apolítica es el traje más conveniente para los regímenes autoritarios.

Una de las aportaciones del libro es la identificación de los patrones que rigen la conducta judicial a lo largo del tiempo y los distintos regímenes y que transcienden el caso chileno (capítulo VI). El argumento institucional de Hilbink puede verificarse en otros países que comparten un proceso de transición a la democracia en su historia reciente. La estructura institucional y la ideología profesional basada en el apoliticismo son variables significativas cuya ausencia puede explicar jueces más combativos, como los de Argentina y Brasil. Por el contrario, el rol de la judicatura en España, Italia, Japón o Sudáfrica presenta pautas institucionales similares que confirman la valiosa contribución de este trabajo y abre nuevas perspectivas de análisis en el ámbito de la política comparada.