Comúnmente se acepta que la transición democrática de México se basa en tres verdades canónicas: que el PRI hegemónico comenzó a tener problemas de legitimidad en la década de 1970; que esta crisis llevó a un extraordinario despliegue de reformas electorales a partir de 1977 que continúan hasta el presente, y que al permitir una competencia electoral libre y justa, estas reformas causaron la transición democrática de México. En Transición a la democracia en México, Irma Méndez de Hoyos acepta la primera verdad canónica, y examina críticamente la relación entre la segunda y la tercera. El resultado final es una impresionante obra que compila, por primera vez, una documentación completa de las reformas legales que llevaron a la competencia electoral en combinación con innovadoras medidas empíricas de competencia, en los tres niveles del sistema federal de México. De esta manera, este libro debe servir como una fuente útil para cualquier estudioso o ciudadano interesado en entender los hechos que subyacen a la transformación electoral de México.

Una de las principales innovaciones conceptuales del libro es la lúcida distinción entre competencia y competitividad. Siguiendo a Sartori, la autora explica que la competencia es el grado en que las leyes electorales permiten una competencia multipartidaria justa, mientras que la competitividad es el nivel de competencia que realmente tiene lugar en un momento y sitio dados (pp. 19-20). El vínculo entre las dos puede parecer obvio, pero la profesora Méndez de Hoyos señala atinadamente que en México “no todas las reformas electorales garantizaron una competencia libre y justa” (p. 13). Aun si admitimos que fue la crisis de legitimidad lo que obligó al PRI a aprobar reformas electorales para aumentar la competitividad, también sabemos que muchas reformas buscaban ayudar al PRI a mantener su dominio en la arena electoral. De esta forma, no todas las reformas fueron creadas iguales, y no se puede suponer que una reforma en particular realmente conduciría a una mayor competitividad.

La solución de la profesora Méndez de Hoyos es recopilar y evaluar información detallada sobre casi 200 reformas electorales ‒nueve federales y 181 estatales‒ entre 1977 y 2003. La autora evalúa en cada caso el grado en que la reforma efectivamente mejoró el nivel de competencia, comparando las disposiciones de las leyes con los estándares legales adoptados por la Unión Inter Parlamentaria. Este análisis es una de las principales fortalezas del libro. En mi conocimiento, ningún otro libro ha recopilado tal cantidad de datos sobre la desconcertante serie de reformas de las leyes electorales en México. En este sentido, el libro se compara favorablemente con otros importantes trabajos que documentan el curso de la transformación electoral mexicana con gran detalle, como El tiempo de la legitimidad de Juan Molinar o El poder compartido de Alonso Lujambio.

La cuidadosa evaluación de las leyes le permite a la autora demostrar que sólo a partir de 1990 las reformas electorales realmente llevaron a una mayor competencia (véase el capítulo 2). Luego, procede a elaborar mediciones empíricas de la competitividad (en el capítulo 3) y a demostrar estadísticamente que la competitividad está muy relacionada con los niveles de competencia, así como con los indicadores estándar del desarrollo socioeconómico (véase el capítulo 4). Por lo tanto, afirma, las mejoras en la competencia fueron críticas para la transición democrática porque transformaron el sistema de partidos, permitiendo que los grupos de oposición organizados compitieran limpiamente en la arena electoral.

El razonamiento del libro se enfrenta con dos dificultades. La primera se refiere a la relación entre las elecciones federales de 1988 y la argumentación teórica del libro. El razonamiento general del libro es que “no fue la mera aprobación de las reformas electorales lo que influyó en la competitividad electoral, sino el grado en que las nuevas reglas […] movieron a los sistemas electorales federales y estatales hacia elecciones más justas, libres y transparentes” (p. 228). A lo largo del texto, la autora sostiene que la competitividad es el resultado de una mayor competencia. Sin embargo, es difícil ubicar las elecciones de 1988 en este marco, pues el análisis de la autora muestra que las reformas electorales aprobadas entre 1977 y 1990 no aumentaron el nivel de competencia. Más bien, el oleaje en competitividad evidente en las elecciones de 1988 precedió a la reforma electoral significativa cuando menos dos años. Además, este caso no puede sencillamente descartarse como una aberración: de hecho, la autora repetidamente lo clasifica como un “parteaguas” que tuvo un enorme efecto en los subsecuentes desarrollos en el campo electoral. De manera más general, el lector podría sospechar que la competencia es endógena a la competitividad y a los factores socioeconómicos subyacentes que la generan (véanse las pp. 17-18, por ejemplo).

La segunda dificultad es una extensión de la primera. Si se dejan de lado los problemas de endogenidad y se acepta momentáneamente que la competencia es la fuente de la competitividad e, indirectamente, de la transición democrática de México, el lector de todos modos podría preguntarse: ¿qué provocó las reformas electorales que llevaron a mayores niveles de competencia? En otras palabras, ¿por qué un partido hegemónico como el PRI decidió amenazar su propia supervivencia política aprobando reformas significativas que eliminaron su ventaja electoral? La respuesta más común que se encuentra en la bibliografía es la primera verdad canónica de la transición mexicana: el PRI se vio obligado a ofrecer cambios electorales debido a una crisis de legitimidad. ¿Pero es esto realmente cierto? La crisis de legitimidad surgió en la década de 1970 y se profundizó a principios de la de 1980. Sin embargo, la profesora Méndez de Hoyos demuestra convincentemente que las reformas adoptadas en esos años eran una mera fachada; de hecho, algunas de ellas incluso disminuyeron la imparcialidad de la arena electoral. Sólo después, cuando el país estaba experimentando una recuperación económica moderada, el gobierno aprobó reformas importantes. Por tanto, la impresionante evidencia acumulada en este libro podría ayudarnos a cuestionar una de las creencias fundamentales y comunes acerca de las fuentes de la transición democrática en México. Con seguridad, hay más en este desarrollo que la crisis de legitimidad.

Desde luego, este libro no busca responder directamente preguntas sobre las razones o el impacto político de la crisis de legitimidad; y la profesora Méndez de Hoyos tampoco pretende ofrecer una descripción sistemática de los determinantes de la competencia (aunque ofrece algunas sugerencias útiles, especialmente en los capítulos 4 y 5). Por tanto, no planteo que estas cuestiones sean críticas al libro, o que minimicen su contribución a la bibliografía: la contribución es sustancial. Más bien, mi objetivo es mostrar que Transición a la democracia en México se suma al animado debate en el campo de la política mexicana, cuyo objetivo más amplio es entender todas las facetas de la democratización mexicana. Al documentar y analizar cuidadosamente los cambios en las reglas electorales de México y los resultados electorales, la profesora Méndez de Hoyos ha generado una importante contribución al estudio de la prolongada transición electoral de México. Pero, como suele ser tentador y atractivo de los estudios sobre la transición mexicana, una buena investigación siempre plantea igual número de preguntas nuevas que de respuestas.