The Politics of Property Rights desafía la clásica visión según la cual la estabilidad política resulta ser un requisito necesario, aunque no suficiente, para asegurar un irrestricto respeto por los derechos de propiedad privados y, por consecuencia, incrementar las tasas de crecimiento económico. Así, Stephen Haber , Armando Raz o y Noel Maurer sostienen que bajo ciertas condiciones, la violencia política, junto con los recurrentes cambios en las identidades de los gobiernos, no afectan el sistema de derechos de propiedad en una economía. Esto sucede cuando una coalición del tipo rent-seeking se consolida e influye en el gobierno, para que éste respete sus derechos de propiedad, y al mismo tiempo el gobierno recibe rentas por encima de los costos de proporcionar servicios públicos. Aunque esta solución es económicamente ineficiente, reconocen los autores, puede dejar intacto el sistema de derechos de propiedad.

De esta manera, los autores ponen en tela de juicio la existencia de un vínculo estable entre estabilidad política y el respeto por los derechos de propiedad. Luego concluyen que debido a que este vínculo no siempre es estable (podría resultar positivo, negativo o cero), el crecimiento económico de una economía no siempre se ve comprometido debido a la inestabilidad política. En particular, Haber, Razo y Maurer exploran las condiciones bajo las cuales la inestabilidad política no tiene impacto en el crecimiento económico de un país.

Para verificar la validez de esta hipótesis, Haber, Razo y Maurer la probaron en México, donde se creó un sistema selectivo de derechos de propiedad durante el gobierno autoritario de Porfirio Díaz (1876-1911). Dentro de este marco, los autores llevaron a cabo un estudio comparado para analizar el vínculo entre estabilidad política y el respeto por los derechos de propiedad en México desde el inicio del Porfiriato hasta 1929. Este estudio comparado centra su atención en periodos de relativa estabilidad política versus periodos de profunda inestabilidad política y sus respectivos impactos en el sistema de derechos de propiedad mexicano.

Es así que, para determinar el impacto político en el sistema de derechos de propiedad, los autores acertadamente llevaron a cabo un detallado estudio microeconómico en los principales sectores económicos mexicanos. Tanto el argumento central del libro como su instrumentación empírica resultan sumamente provocativos para la academia. Haber, Razo y Maurer no sólo intentan llenar vacíos en la literatura de la economía institucional y de la economía política, sino que ponen en tela de juicio mucha literatura reciente que hace hincapié en la relevancia de las instituciones (no sólo las referidas a los derechos de propiedad) para incrementar las tasas de crecimiento económico.

Aunque Haber, Razo y Maurer centran sus esfuerzos en contestar una importante pregunta en el campo de la economía política: ¿cuál es el vínculo entre estabilidad política y derechos de propiedad?, los autores también aseguran que, bajo ciertas condiciones, existe un vínculo nulo entre la inestabilidad política y el crecimiento económico. Para analizar este vínculo, Haber, Razo y Maurer también toman en cuenta la reciente literatura sobre crecimiento económico, la cual considera como relevante el aporte de los derechos de propiedad. El argumento básico radica en que los derechos de propiedad bien definidos reducen los costos de transacción y consecuentemente facilitan la movilidad de los factores de producción en una economía.¹

Sin embargo, otros factores también resultan relevantes para explicar las tasas de crecimiento económico, tales como el tamaño de la población, el stock de capital físico y la inversión, el capital humano, el conocimiento tecnológico que no puede ser privatizado, y los distintos tipos de instituciones que promueven o desalientan las ineficientes actividades de rent-seeking. Estos factores nos llevan a preguntarnos si existen claras correlaciones entre la inestabilidad política y alguno de estos factores. Mucho se ha escrito, por ejemplo, sobre la causalidad entre corrupción, recurrentes golpes de Estado y actividades de rent-seeking, y las tasas de inversión en un país, tasas que finalmente influyen poderosamente en las tasas de crecimiento de un país.

Lamentablemente, estas relaciones de causalidad entre inestabilidad política, estos factores y crecimiento económico no fueron consideradas cuidadosamente por los autores. El ejercicio metodológico llamado ceteris paribus fue así obviado y, por lo tanto, no se pudo aislar claramente la relación entre inestabilidad política, derechos de propiedad y crecimiento económico del efecto de otros factores que también podrían influir sobre el crecimiento ante cambios en la estabilidad política. Entonces, resulta imposible concluir que el efecto neto de la inestabilidad política sobre el crecimiento económico sea cero debido exclusivamente a los derechos de propiedad, aun para el caso mexicano.

Haber, Razo y Maurer justificaron la ausencia de este tipo de análisis debido al elevado número y complejidad de las variables institucionales. Sin embargo, la investigación empírica, a través del uso de regresiones, siempre está sujeta a todo tipo de limitaciones y disyuntivas, que en parte encuentran alivio cuando se trabaja con datos de panel, lo que permite la introducción de más variables. De cualquier modo, los autores no intentan seguir este camino, ni ofrecen una alternativa válida que aísle convenientemente las relaciones causales de los distintos factores. La otra justificación que usaron los autores fue que las cifras del producto bruto mexicano entre 1876 y 1929 no resultan confiables. Esto nos lleva a preguntarnos si las fuentes que usaron fueron relativamente más confiables. Por otro lado, si no resultaban muy poco confiables hasta 1950, ¿por qué no seleccionaron un periodo más reciente u otros países?

De esta forma, la ausencia de un análisis multivariado mella sustancialmente el alcance del argumento central de este libro y lo reduce sólo a la relación entre inestabilidad política y el respeto por los derechos de propiedad. Además, esta deficiencia de contenido (además de metodológica), no es la única que se puede identificar en este texto. Otras de carácter menos trascendente debilitan el argumento sobre la existencia de una correlación cero entre inestabilidad política y el respeto por los derechos de propiedad.

En primer lugar, el estudio comparado se centra en un solo país: México. No sólo el tamaño de la muestra resulta insuficiente para verificar la hipótesis en cuestión y ofrecer generalizaciones, sino que también no deja margen para un estudio comparado que tomara en cuenta no sólo variaciones temporales, sino también variaciones institucionales entre distintos países. La incorporación de otros países al análisis comparado (por ejemplo, países con gobierno limitado), con distintas características institucionales y con distintos niveles de estabilidad política, hubiera enriquecido el análisis.

En segundo lugar, como sabemos, tanto en México, como en la mayor parte de América Latina, el respeto por los derechos de propiedad siempre ha sido deficiente si lo comparamos por ejemplo con los estándares del mundo anglosajón. Esto nos lleva a preguntarnos si sólo el análisis comparado temporal resulta suficiente para analizar la conexión entre inestabilidad política y derechos de propiedad. Tal vez, los cambios en el respeto a los derechos de propiedad tienden a exhibir una volatilidad mucho menor a los de la estabilidad política en un país latinoamericano como México. Por ejemplo, si seguimos los argumentos de ^{Douglas North (1990)}, podríamos incorporar en el análisis el grupo de instituciones que tienen carácter informal, y que son capaces en buena medida de afectar los derechos de propiedad (que no están contemplados como inestabilidad política). Este tipo de instituciones de carácter cultural no sólo tiene un carácter menos volátil, sino que también ejercería una poderosa influencia en reducir la volatilidad en el sistema de derechos de propiedad.

De ser cierto esto último, no podríamos aseverar con plena seguridad que la correlación cero encontrada por los autores entre inestabilidad política y el respeto por los derechos de propiedad no sea simplemente espuria. Este aspecto tampoco lo discuten los autores del libro.

En tercer lugar, tomando en cuenta los argumentos referidos a la volatilidad de las variables, cabría preguntarnos si el intervalo seleccionado por los autores resulta suficiente para analizar la relación entre inestabilidad política y el respeto por los derechos de propiedad, al menos para el caso mexicano. Si la volatilidad del respeto por los derechos de propiedad es relativamente pequeña, un periodo más largo de análisis podría ofrecer conclusiones más confiables. Además, aunque resulta difícil saber por cuánto tiempo la inestabilidad política y los cambios en el sistema de derechos de propiedad afectan la tendencia de crecimiento de largo plazo, este problema puede ser resuelto incorporando más años en un análisis econométrico. Así podríamos tener una mejor aproximación para determinar si efectivamente el periodo de inestabilidad de la década de 1920 no tuvo efecto alguno en la tendencia del crecimiento económico mexicano. Este ejercicio tampoco fue llevado a cabo por los autores.

Finalmente, supongamos por un momento que la lista de reservas mencionadas en los párrafos anteriores no tuviera validez alguna. Luego, resulta claro que Haber, Razo y Maurer seleccionaron un periodo histórico en el cual la economía mexicana no estaba tan diversificada, por lo que sí podría ser cierto que las principales coaliciones y sus intereses pudieron influir en las acciones del gobierno para que el sistema de derechos de propiedad no experimente cambio alguno. Sin embargo, vale la pena preguntarnos si tal efecto podría ser encontrado en el México actual con la misma intensidad o en otros países con economías altamente competitivas y diversificadas. En otras palabras, ¿qué porcentaje de la economía representan estas coaliciones? ¿Es este porcentaje relevante como para poder afirmar que el sistema de derechos de propiedad no ha sido alterado?

Para concluir, aunque resulte provocativo e innovador el argumento del libro, todas estas debilidades metodológicas y de contenido que trae consigo no lo vuelven convincente. Sin embargo, este esfuerzo plantea nuevas interrogantes para continuar investigando sobre la interacción entre instituciones políticas y económicas, y sus consecuencias en los sistemas de derechos de propiedad y en el desarrollo económico de un país. El estudio de estos temas merece más atención.