El significado de las elecciones en la transición a la democracia en México ha ido mucho más allá del conteo del voto ciudadano y sería un grave error pensar que la celebración de elecciones competidas en todo el país aseguraría la existencia de la democracia electoral. El consentimiento de los actores políticos respecto de las reglas electorales establecidas ha probado ser fundamental para garantizar que los resultados registrados en las urnas realmente definan a los ganadores y perdedores de una contienda, en lugar de que se haga en negociaciones informales paralelas, llevadas a cabo a espaldas de los electores o forzadas por movilizaciones de protesta. El libro de Todd Eisenstadt, Courting Democracy, examina las estrategias de los partidos políticos en México durante el prolongado proceso de apertura democrática en el que los partidos subvirtieron los resultados electorales mediante movilizaciones poselectorales, negociaciones cupulares con el régimen y otros mecanismos (semilegales) con el objeto de ganar espacios políticos.

Las instituciones electorales son de suma importancia para el estudio de los procesos de transición democrática y, aun cuando disten mucho de ser imparciales en los regímenes autoritarios, constituyen una arena de negociación política en la que los partidos de oposición pueden darse a conocer, presentar sus plataformas, desafiar las reglas electorales del régimen autoritario y contender legalmente. Mediante el uso de algunos de los supuestos y herramientas del análisis neoinstitucional, Eisenstadt analiza en esta obra la manera en que las instituciones informales han contribuido notablemente a estructurar el terreno de la competencia electoral en México.

Desde un punto de vista teórico, este estudio viene a llenar una laguna existente en el campo de la ciencia política, ya que no se ha prestado suficiente atención al cambio institucional que ocurre durante los procesos de democratización y, sobre todo, al consentimiento de los actores que participan en la consolidación de las nuevas reglas y estructuras que la democracia electoral supone. Por lo general, los teóricos del institucionalismo han dado preferencia al examen de la influencia de ciertos arreglos institucionales (presidencialismo, parlamentarismo, regla de mayoría, regla de representación proporcional, régimen federal o centralista, etc.) en los resultados políticos, dando por sentado que, una vez creadas las nuevas estructuras, el consentimiento de los diversos actores políticos está garantizado. En este sentido, en el campo del análisis institucional no abundan los estudios en los que lo que se analicen las estrategias de los actores políticos respecto de un marco institucional (formal e informal).

Mediante un diseño de investigación que combina el análisis estadístico de conflictos postelectorales locales durante el periodo 1989-2000 en 15 estados del país con estudios de caso de esas disputas en Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guanajuato y Baja California, en diferentes momentos, Courting Democracy no es sólo un recuento de las enormes diferencias entre las instituciones electorales formales e informales en México, sino una explicación de gran rigor analítico y empírico sobre el uso de los medios extralegales de protesta postelectoral por parte de los partidos políticos y su gradual abandono para comenzar a recurrir a los medios institucionales previstos en las leyes electorales.

Mientras que las estrategias del PAN durante la transición parecen haber fluctuado entre la “búsqueda del patronazgo” y la “búsqueda de la transición”, las del PRD oscilaron entre una estrategia “antirrégimen” y otra de “búsqueda de la transición” (Eisenstadt, 2004, p. 18). La combinación de las estrategias de los partidos con una política del régimen de conceder victorias electorales a los candidatos del PAN en el ámbito local ‒iniciada durante la administración de Carlos Salinas‒ a cambio de su apoyo para llevar a cabo ciertas reformas legislativas contribuyó a la disolución del vínculo entre el PRI y las instituciones del Estado mexicano.

Tres son los objetivos principales que el autor se plantea en esta obra: uno, explicar la influencia de los conflictos postelectorales y de las mesas de negociación de los partidos previa a la creación de los tribunales electorales en el avance del proceso de democratización electoral; segundo, especificar las condiciones especiales en que ocurren las transiciones graduales o “prolongadas” (protracted transitions), dada la insuficiencia del modelo de transición de pacto para explicar el caso mexicano; y tercero, demostrar que, incluso una vez creados los tribunales electorales, los partidos políticos no respondieron de inmediato a los incentivos que las nuevas instituciones formales creaban, sino que el peso de la herencia histórica y los conflictos políticos de largo plazo siguieron orientando la conducta partidista, al menos durante algún tiempo.

Las condiciones esenciales que distinguen las transiciones graduales de otras transiciones a la democracia son tres: primero, la élite autoritaria gobernante debe tolerar la celebración de elecciones a intervalos regulares y en la mayor parte de los ámbitos de gobierno, aunque el campo electoral no sea el idóneo. Segundo, debe existir cierta dispersión en el espacio de las políticas en el que un partido autoritario “agarratodo” (“catchall” authoritarian incumbent party) ocupe el centro, mientras que los partidos de oposición ocupan los extremos derecho e izquierdo del espectro político. Hay diferencias sustanciales en las plataformas y estrategias de los partidos de oposición, por lo que las posibilidades de que esos partidos se coaliguen son muy reducidas. Tercero, existe un patrón de relaciones clientelares conforme al que la élite autoritaria en el poder recompensa la lealtad de los miembros de su propio partido ‒el patronazgo, y no el mérito, es la vía preferida de promoción política‒ y seduce a los de la oposición.

Dado cierto equilibrio, en el que los partidos habían encontrado suficientes beneficios de la subversión de los resultados electorales ‒en ocasiones, debido a la percepción de que se había cometido fraude electoral, pero, en otras, simplemente, por tratar de obtener los triunfos que se les habían negado en las urnas‒, el autor analiza las circunstancias particulares en que los partidos de oposición comenzaron a acatar los resultados electorales o, bien, en caso de desacuerdo, turnaron sus denuncias a los tribunales electorales para que éstos resolvieran las disputas poselectorales.

¿Cuándo y por qué abandonaron los patrones establecidos de negociación informal los partidos de oposición? La respuesta de Eisenstadt tiene que ver con cierta percepción por parte de los partidos de que valía la pena someterse a las decisiones de los tribunales electorales, en lugar de negociar paralelamente fuera de éstos; pero esa percepción por parte del PAN y del PRD no fue simultánea ni inmediata al establecimiento de los tribunales electorales: cada uno de esos partidos fue “ajustando” gradualmente sus estrategias a la nueva estructura de incentivos provista por las leyes y estructuras electorales.

Cabe recordar que, antes de la creación de los tribunales electorales estatales, no existía una respuesta institucional a los conflictos postelectorales y lo que comúnmente se practicaba era el fraude electoral y la represión (Eisenstadt, 2004, p. 119); sin embargo, los gobernadores priístas utilizaron dos procesos semilegales para canalizar las tensiones sociales: 1) la creación de consejos municipales plurales, encabezados siempre por un presidente municipal del PRI, pero donde se permitía a los partidos de oposición estar representados, y 2) “limpiar” los resultados electorales mediante las comisiones estatales electorales controladas por el PRI, un mecanismo muy utilizado hasta mediados de la década de 1990.

El debilitamiento del vínculo entre el PRI y las instituciones del Estado mexicano marcaron un cambio fundamental en el tema de la protesta postelectoral. La dirigencia nacional del PAN dejó de contar con la certeza de que las decisiones acordadas entre su partido, el ejecutivo federal, la dirigencia nacional del PRI y la Secretaría de Gobernación serían puestas en práctica. A raíz de que le fueron arrebatados al priísmo local varios triunfos electorales en ese ámbito ‒para otorgar las gubernaturas y presidencias municipales en disputa al PAN‒, se produjeron varias fracturas en el partido oficial, se rompió la disciplina priísta y sus miembros salieron a las calles a demandar la restitución del daño ocasionado a sus militantes. Las “concertacesiones” entre el régimen y la dirigencia nacional del PAN hicieron que las movilizaciones de protesta se extendieran a los militantes priístas en los estados.

Baste recordar que, durante la época clásica del autoritarismo mexicano, el presidente de la república, por medio de su partido y las instituciones del Estado, regulaba el ascenso y caída de las facciones priístas en los estados. Desde mediados de la década de 1980, esa disciplina comenzó a resquebrajarse debido a ciertos factores estructurales y a otros circunstanciales. Estructuralmente, las políticas de patronazgo del gobierno aseguraban la lealtad de los líderes y las maquinarias regionales, lo cual disminuyó sensiblemente con la crisis económica y las políticas neoliberales de “adelgazamiento” del Estado de esa década (Eisenstadt, 2004, p. 31). Los retrocesos autoritarios persistieron incluso después de las elecciones federales de 2000, orquestados por los gobernadores autoritarios del PRI que se negaban a aceptar la competencia multipartidista.

Cabe señalar que, aun en presencia de elecciones limpias y transparentes, las negociaciones partidistas paralelas a las decisiones de los tribunales electorales socavaron notablemente las posibilidades de contar con una verdadera justicia electoral. La autonomía de los tribunales electorales respecto del ejecutivo no era una condición suficiente para resolver el problema de los conflictos postelectorales, puesto que faltaba obtener el consentimiento de la oposición con las resoluciones de dichos tribunales.

Una de las conclusiones más importantes de esta obra es que las instituciones no han determinado el consentimiento de los actores, sino que el consentimiento de la oposición ha dependido más de la medida en que se recurrió en el pasado al uso de canales institucionales extralegales (Eisenstadt, 2004, p. 16). Es decir, si los partidos de oposición se beneficiaban de las mesas de negociación informales ‒formadas por miembros de la oposición e integrantes del régimen‒ para obtener puestos políticos, era de esperarse que continuaran recurriendo a esos medios.

Uno de los hallazgos más interesantes del libro, contrario al sentido común, es el de que “los activistas del PRD llevaran a cabo más movilizaciones postelectorales en los estados donde las leyes y los tribunales electorales eran relativamente más autónomos ‒al menos formalmente‒ respecto del poder Ejecutivo que en los estados con instituciones formales débiles” (Eisenstadt, 2004, p. 17), patrón de comportamiento que no se mantuvo en el caso del PAN. En cierta medida, la respuesta del autor a esta incógnita es que, para el PRD, los actos de movilización postelectoral han representado manifestaciones de conflictos sociales de mayor envergadura, resultado de la existencia de grandes desigualdades en el ámbito local.

En este punto valdría la pena preguntarse si las estrategias de movilización por parte de los partidos de oposición, especialmente el PRD, como una alternativa al uso de los canales institucionales, constituyen un expediente del pasado o un arma que puede activarse en cualquier momento, sobre todo en los estados del sureste del país, en donde las situaciones de arbitrariedad y abuso de los derechos humanos por parte de los caciques regionales son muy comunes.