La relación entre la educación y la justicia social ha tenido diferentes contactos, fricciones y resultados, tanto para entenderse como para conducir intervenciones públicas en distintas arenas y espacios sociales. La justicia social es un concepto amplio, vinculado en sus orígenes a la definición de los bienes y recursos que un grupo social considera valiosos, la forma en que éstos se distribuyen y los criterios que están en la base de su delimitación y distribución. A esta corriente distributiva ya clásica, de raíces económicas y respaldada en el planteamiento de John Rawls, se han agregado nuevas dimensiones como la cultural y la de representación política, sobre todo a partir de las últimas dos décadas del siglo XX. En tales discusiones y reconsideraciones de la dimensión distributiva ubicamos planteamientos relacionados con Amartya Sen, Michael Walzer, Nancy Fraser, Axel Honnet, Iris Marion Young, entre otros.

De este modo, la justicia social ha ido perfilándose sobre el campo educativo en los últimos años, con base en una tríada compuesta por la redistribución, el reconocimiento y la representación. En dicha narrativa convergen estudiosos e investigadores de distintos países angloparlantes y de lenguas latinas, como Linda Darling-Hammond, Marilyn Cochran-Smith, Henry Giiroux, Pablo Latapí, Juan Carlos Tedesco, Axel Rivas, Cecilia Veleda, Francois Dubet, Marie Duru-Bellat, Javier Murillo, Reyes Hernández, Robert/Raewyn Connell, entre otros, con itinerarios diversos según los países y regiones.

Apuntamos que es más o menos evidente el signo positivo de la justicia educativa (o escolar), aunque equidistante de su realización, pero al mismo tiempo su fuerza para diagnosticar injusticias. No obstante que en términos formales la desigualdad escolar ha ido decreciendo, principalmente por la expansión y el fortalecimiento de los sistemas escolares de las últimas décadas, hasta hoy, cuestiones como los ingresos familiares, el lugar de residencia, el sexo/género, la edad, la pertenencia étnica, la discapacidad, ciertos arreglos institucionales, entre otros, son factores que continúan marcando injusticias en los resultados y en los aprendizajes educativos de personas y grupos sociales. En dicho contexto, la escolarización constituye un bien y un recurso que contribuye tanto a la consecución de otros bienes y recursos como al logro de objetivos más amplios. Sin embargo, para vastos sectores de la población, ésta sigue siendo un bien escaso, un derecho parcial e incluso nulamente ejercido, ya sea porque no tienen acceso a ella o porque la que reciben no les resulta pertinente ni significativa para mejorar sus niveles de bienestar.

En este marco global, e Iberoamericano en particular, podemos señalar la emergencia, cada vez con más fuerza, de la idea de justicia educativa o la justicia social en la esfera educativa, tanto en el ámbito de organismos internacionales (basta citar que en 2007 la ONU proclamó el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social) como en los círculos académicos y gubernamentales.

En los discursos académicos se trata de un nuevo aire que pretende renovar el optimismo y el potencial de las escuelas, que haga posible sociedades más justas, o simplemente menos injustas. Sin embargo, también es un campo en disputa con otros conceptos como equidad, igualdad, inclusión, entre otros. En todo caso, apelar a la justicia ha venido convergiendo de manera discursiva, aunque a menudo divergiendo en las prácticas, en el llamado a renovar la apuesta contra el determinismo social de los aprendizajes. Asimismo, se ha postulado como un eje central de las políticas públicas de mejora de la educación, ante tantas decepciones de ensayos previos y vigentes, y hasta de guía o ideal que oriente las acciones en las aulas. Se trata, en fin, de la más reciente tentativa por construir o reconstruir sentidos para los agentes que buscan cambiar las estructuras y la vida cotidiana del campo de la educación y la escolarización, adecuados y justos a los tiempos que corren.

Por las razones planteadas, en este número 46 de Sinéctica convocamos a investigadores y especialistas para abordar la problemática de la educación como parte de la justicia social en el espacio iberoamericano. Debemos señalar que esta iniciativa es parte de un trabajo colectivo cuya sede es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, en el marco del seminario de investigación: Justicia social, inclusión y equidad en la educación mexicana. Dicho colectivo, puesto en marcha a partir de 2014, es coordinado por la doctora Judith Pérez Castro y los doctores Sebastián Plá Pérez y Jesús Aguilar Nery. Se trata de un espacio académico donde convergen investigadores, profesores y estudiantes de diversas instituciones, sobre todo del centro del país, para compartir reflexiones, dialogar y construir conocimiento en estos temas y problemas.

En tal sentido, la convocatoria para este número atrajo la atención de varios académicos en ambos lados del Atlántico, desde diferentes ramas de las ciencias sociales y humanas. No obstante, es preciso reconocer que el contenido del dossier es una pequeña diapositiva de la investigación, el debate y la reflexión acerca de la cuestión citada; sabemos no es representativa de todo el espectro de estudios, pero creemos es indicativa del momento y del contexto que compartimos, para hacerlo inteligible, y tal vez, base de acciones enfáticamente interesadas en la justicia como concepto, teoría, ideal o creencia (entendida como disposición para la acción) o, de modo sucinto, como praxis.