En el popular libro Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, ^{Acemoglu y Robinson (2013)} presentan, exploran y descartan varias posibles hipótesis; una de ellas: quizá los países fracasan por falta de conocimiento; no se han producido propuestas de política pública que luego puedan ser implementados desde los órganos del Estado. ¿Será el caso de México?

En el libro colectivo ^{Las políticas sociales de México. Derechos constitucionales, arquitectura institucional 2000-2018}, Rolando Cordera y Alicia Ziccardi compilaron una obra de 30 capítulos, escritos por 33 autoras y autores de universidades de México, Argentina y España. Pertenece a la colección La Cuestión Social,¹ coeditada por Siglo XXI Editores, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), El Colegio de la Frontera Norte y el Centro Universitario de

Como el título nos anuncia, el libro se enfoca en el periodo posterior a la alternancia partidista y previo a la actual administración; sin embargo, condensa el trabajo de discusión, elaboración, análisis y evaluación de políticas sociales que el conjunto de autoras y autores viene realizando desde hace varias décadas en las comunidades científicas a las que pertenecen. Así, por ejemplo, Rolando Cordera contrasta distintas visiones del rol del Estado en la economía, y señala críticamente:

El Estado no es “esbelto y eficaz”, como se propuso en el discurso del cambio estructural globalizador, sino financieramente débil y erosionado en cuanto a sus capacidades para formular y llevar a la práctica proyectos de largo alcance. La travesía de la “gran transformación” mexicana recoge excesos y errores en todos los flancos, tanto en lo económico como en lo político y lo social (p. 80).

En la primera parte del libro, “Las políticas sociales: el contexto internacional y nacional” ofrecen elementos para comprender el contexto en donde se inscriben los avances en el reconocimiento de derechos en el entorno internacional y nacional, la heterogeneidad en la concepción del Estado de bienestar en diferentes partes del mundo y las consecuencias sobre sus capacidades para responder a las crisis. Laura Pautassi presenta un minucioso análisis del avance en el desarrollo de métodos orientados a la definición e implementación de indicadores de progreso en el cumplimiento de derechos que vayan más allá de la cobertura y atiendan aspectos de fondo, como la calidad, adaptabilidad, disponibilidad y grado de adecuación. A su vez, Mario Luis Fuentes analiza los crecientemente precarizados escenarios de violencias en los hogares, escuela, trabajo y espacio público.

En la segunda parte del libro, Hugo Alejandro Concha y Miguel Alejandro López caracterizan el marco legal de los derechos constitucionales y el rol que tienen el derecho, las instituciones y los marcos regulatorios en la construcción y ejecución de las políticas sociales en México.

Con textos de Curtis Huffman, José Gasca Zamora, Marina Contreras-Saldaña, Patricia Solís y Lorenza Villa Lever, en la tercera parte del libro se atienden las políticas sociales sectoriales en relación con los derechos a la salud, alimentación, vivienda y educación.

El ámbito local es materia de la parte IV, en donde el libro rebasa el ámbito nacional y nos regala la oportunidad de asomarnos a Barcelona y a varias ciudades de Latinoamérica. Las y los lectores encontrarán particularmente interesante el vistazo panorámico a Santiago de Chile, Montevideo, México y Buenos Aires que se encuentra en el Anexo del texto de Vilma Paura (pp. 316 y 317).

La desigualdad, la vulnerabilidad y la pobreza son los temas de las últimas dos partes del libro. Los textos de una decena de autores y autoras nos llevan de la reflexión antropológica de las políticas públicas como configuradoras de normas y valores (Comas d’Argemir, 2011:175 y 176, cit. en ^{Castañeda, 2022: 398}), al Programa Progresa-Oportunidades-Prospera y su “implosión como programa innovador en el régimen de bienestar dual mexicano” (^{Valencia y Barba, 2022:513-532} ).

El balance del periodo de 2000 a 2018 es el de una tensión constante entre el universalismo y la focalización (incluso la hiperfocalización). El saldo no es positivo, queda distante de los derechos consagrados jurídicamente. En palabras de Pablo Yanes, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL):

En lo que se lleva recorrido del siglo XXI, el país ha experimentado una transformación profunda (y virtuosa) de su marco normativo, pero ello contrasta con la persistencia de una significativa brecha de implementación. Del derecho al hecho aún hay mucho trecho. Así lo han señalado los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los cuales México tiene un alto cumplimiento en indicadores estructurales (o normativos, si se prefiere), mediano en indicadores de proceso y bajo en indicadores de resultados (Prólogo, p. 15, énfasis nuestro).

En suma, ^{Las políticas sociales de México. Derechos constitucionales, arquitectura institucional, 2000-2018} se constituye como una evidencia para refutar la hipótesis de la ignorancia o la falta de propuestas de política pública. Como aciertan en señalar ^{Acemoglu y Robinson (2013)}, se trata más de un asunto político. Pero no podemos atribuir la responsabilidad solamente a la clase gobernante y a los poderes fácticos, las y los académicos necesitamos hacer (o seguir haciendo) labor de divulgación y de colocación de temas en la agenda pública, así como de educación ciudadana y promoción del diálogo para incentivar la demanda política (véase ^{Tello, 2018}). Pero también es cierto que no, no es falta de cariño.