nova página do texto(beta)
Espanhol (pdf)
Artigo em XML
Referências do artigo
Tradução automática
Enviar este artigo por email
Citado por SciELO 
Similares em
SciELO 
Permalink
Introducción
En el siguiente articulo nos proponemos recorrer las diferentes dimensiones que hacen a la demanda por el reconocimiento como espacio sindical de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (en adelante CTEP). Lo haremos partiendo de una concepción del reconocimiento en términos de “paradigma popular de la justicia” tal como propone Nancy Fraser (2008). Es decir, vamos a dedicarnos a la “referencia política”1 del reconocimiento que como paradigma popular implica un conjunto de concepciones relacionadas sobre las causas y las soluciones de la injusticia. Como plantea la autora, nos proponemos abordar los procesos recientes de economía popular (en adelante EP) en Argentina en términos de demandas que tensionan aquella falsa dicotomía señalada por la autora entre redistribución y reconocimiento, la cual tiende a asimilar las luchas por la primera en términos de clase y por la segunda en términos de identidad. En este punto, el proceso de construcción de demandas de la CTEP nos permite poner en discusión esa división como aporte conceptual fundamental para dar cuenta de las luchas que tienen lugar en la sociedad actual. Pues un análisis preliminar nos llevaría a ubicar nuestra temática en torno al mundo sindical y del trabajo en términos de lucha por la redistribución. Sin embargo, como veremos a lo largo del artículo, las demandas esgrimidas desde la Confederación y su red de alianzas atraviesan elementos de diferente tipo. Es que, sin negar que la demanda por el reconocimiento como actor sindical lleva implícita la necesidad de legitimarse como actor que disputa una mayor justicia en términos socioeconómicos (Fraser, 2008), el hecho es que para hacerlo la Confederación pareciera tener que disputar ese reconocimiento no solamente con el Estado sino con un conjunto de actores del mundo del trabajo para los cuales la EP, o no es parte o bien ocupa un lugar subalterno respecto de un determinado “deber ser trabajador” y “deber ser sindicato”.
En ese sentido, como veremos la EP ha ido construyendo un “nosotros” en los términos “culturales hegemónicos” del modelo de organización del ámbito laboral como aparente estrategia para instalar modalidades nuevas en instituciones anteriores, tensionando entre lo establecido y la especificidad del grupo demandante (Fraser, 2008). Este proceso ha sido analizado también por Fernández Álvarez (2018, 2019), siguiendo la propuesta teórica de Lygia Siguad (2005), como demanda por derechos, “en tanto demanda que no preexistía como tal a la formación de esta organización” (2019: 125).
Pues, sólo a modo de consideración, debemos tener presente que el modelo sindical argentino, amén de sus antecedentes vinculados al socialismo y el anarco-sindicalismo de principios del siglo XIX y su posterior formalización en 1930 bajo la creación de la Confederación General del Trabajo (CGT) consolida su robustez como sindicalismo de masas en 1943 principalmente ligado al trabajo desarrollado por el general Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y en el marco de un proceso de industrialización que fue modificando la estructura económica urbana alrededor de la ciudad de Buenos Aires (Carri, 1967). Será en torno a dicha matriz que se consolidará un movimiento obrero que oscilará, en diferentes coyunturas, entre un rol reivindicativo de carácter profesional y la representación de un movimiento nacional (Carri, 1967).
Por cuestiones de espacio no podemos extendernos en mayores desarrollos sobre los modos en que el movimiento sindical se fue entretejiendo y transformando al calor de los procesos políticos nacionales. Sin embargo, es menester mencionar que las formas que dicho movimiento fue adoptando se han visto fuertemente influenciadas por sucesivas dictaduras militares y el paulatino avance del modelo neoliberal, lo cual fue dando lugar a lo que hoy denominamos como “nueva morfología del trabajo” (Antunes, 2005).
En síntesis, cuando analizamos la demanda de la CTEP por su reconocimiento como actor sindical, nos estamos refiriendo a un conjunto de trabajadores que, producto del proceso de acumulación capitalista, han quedado cristalizados como “desocupados”, “excluidos” y que pugnan por ampliar los marcos de entendimiento del mundo del trabajo y ser reconocidos como colectivo que protege y representa trabajadores que denominan “de nuevo tipo”.
Por lo tanto, veremos a lo largo del artículo los modos en que la CTEP va buscando legitimarse en el marco del denominado movimiento obrero organizado, mayoritariamente representado por la Central General del Trabajo (CGT)2 y en menor medida por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)3, pero también los modos en que las diferentes concepciones en torno a su validez como trabajadores aparecen tensionadas en diferentes voces públicas.
A nivel metodológico, el trabajo se sustenta en el marco de una investigación cualitativa desarrollada en cuatro niveles: (I) un conjunto de instancias de trabajo de campo se desarrollaron en la vía pública, en eventos multitudinarios (registrándose 10 eventos públicos masivos); (II) un segundo ámbito de registro fueron los eventos oficiales organizados en el Congreso de la Nación Argentina en torno a la Ley de Emergencia Social y la temática de la EP en particular (en este sentido se destacan jornadas en las que expusieron reconocidos investigadores del país, así como presentaciones de proyectos de ley por bloques de diputados, así como jornadas convocadas por las organizaciones sociales que conforman la CTEP en alianza con algunos bloques parlamentarios); (III) el tercer nivel fundamental para el desarrollo de la investigación fue la recopilación de la voz pública en torno al proceso estudiado, y (iv) por último, el acervo documental y los registros de las diferentes instancias mencionadas se acompañó de la realización de entrevistas a referentes de las organizaciones que integran la CTEP, cuadros medios y técnicos de áreas gubernamentales vinculadas a la temática y representantes de diferentes bloques parlamentarios y funcionarios del Estado nacional.
De la economía popular en Argentina
El estudio de la EP nos remite, en primer lugar, al proceso de organización de la resistencia de mediados de los años 1990, gestado al calor de la embestida neoliberal y en cuyo marco la desocupación se constituyó como problema social legítimo y junto con él, el sujeto representativo de esa lucha: los movimientos de trabajadores desocupados (Petz, 2010). Allí la fábrica como espacio representativo de la sociedad salarial dejaba de ser el núcleo central de la organización popular, lugar que comienza a ocupar el barrio o aquello que será teorizado como el “territorio”, donde se asienta un entramado militante en expansión (Svampa y Pereyra, 2003; Quirós, 2011; Petz, 2010; Manzano, 2007).
En ese marco, la modalidad de control del conflicto por parte del Estado estuvo marcada tanto por el uso de la violencia física mediante la represión,4 como por el desarrollo de programas de asistencia a desocupados por medio de subsidios monetarios atados a contraprestaciones, como fue el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJYJDH).5 Es preciso mencionar que la vinculación de los movimientos con los “planes” estuvo fuertemente atravesada por el debate político y académico en relación con la autonomía de los mismos respecto del Estado y el problema del poder (Petz, 2010; Dri, 2005).
Sin embargo, la forma de vinculación de aquellos movimientos de organización de la resistencia con el Estado se vio profundamente interpelada a partir del año 2003 con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, así como en los años posteriores de su mandato, y el de Cristina Fernández de Kirchner. Pues apenas iniciada su gestión presidencial, Néstor Kirchner hace un llamamiento a los diferentes espacios organizativos que habían protagonizado el periodo anterior para incorporarse al bloque de gobierno y participar activamente del desarrollo de la política pública (Pérez y Natalucci, 2012). Independientemente de las formas que cada espacio político construyó posteriormente alrededor de o en relación con dichas políticas, el hecho es que se trató de una modalidad de contención del conflicto por parte del Estado que marcó un quiebre con el periodo anterior.
En ese contexto, donde la orientación del gobierno del Estado volvía a ubicar al trabajo en el centro de la política pública, el PJYJDH también fue reordenado. Siguiendo los postulados de la OIT, los beneficiarios son divididos entre aquella población “empleable”, la cual será atendida desde diferentes programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEYSS) y a la “inempleable”6que lo será desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) (Natalucci, 2016). Es en relación con este último caso que se desarrolla un continente institucional bajo el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”7 primero, y Argentina Trabaja, después,8 en el que se alojarán diferentes espacios y experiencias organizativas. Dicho continente irá tomando mayor robustez institucional9 e incorporando como discurso orientador de la política la economía social y solidaria (ESYS).10
En la medida en que, como hemos mencionado, las organizaciones se vieron fuertemente interpeladas a participar del desarrollo de la política pública y, siendo el MDS el ámbito que en mayor medida absorbió las demandas de las mismas, la ESYS comenzó a esgrimirse como un eje de la vida política de las organizaciones en fuerte articulación con el desarrollo de programas, como lo fue por ejemplo el Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” (PAT). El mismo, lanzado en agosto de 2009 tuvo como propósito “la promoción del desarrollo económico y la inclusión social, generando nuevos puestos de trabajo genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y comunitario, incentivando e impulsando la formación de organizaciones sociales de trabajadores”.11 Se trató de la generación de cooperativas de trabajo con contrato exclusivo con el Estado, para realizar tareas de construcción e infraestructura pública urbana y limpieza de espacios públicos, principalmente. A pesar de ser bien recepcionada por las organizaciones, dicha política empieza a ser interpelada por algunas de ellas, principalmente en relación con la ausencia de reconocimiento laboral de los sujetos involucrados, limitación que se acrecentaba en cuanto a la falta de políticas orientadas a dicha población desde el MTEYSS.
En torno a esta demanda y en discusión con el carácter asistencial de la política de ESYS del MDS, se conforma en el año 2011 la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP en adelante), fuertemente impulsada por el Movimiento Evita.12 Bajo la consigna de “somos lo que falta” la CTEP buscó construir un espacio multi-organizacional de carácter sindical que representase a quienes “se inventan su propio trabajo” (Pérsico y Grabois, 2017: 5). Desde su conformación, la demanda constante de dicho espacio fue su atención en el marco del MTEYSS como parte del reconocimiento como trabajadores, de quienes integran la EP, principalmente en materia de derechos laborales (vacaciones, aguinaldo, licencias, entre otros) y por lo tanto la validez de aquella Confederación en términos de representación sindical.
En sus documentos, la CTEP define a las unidades económicas populares como aquellas en las que los medios de producción -herramientas, maquinarias, establecimientos, espacios, materias primas, conocimientos técnicos, etc.- son explotados en forma directa por los trabajadores y el proceso productivo está inscrito en la cultura popular, sin propiedad previa de un capital considerable (Grabois, 2017).
En definitiva, somos informales, precarios, externalizados y de subsistencia. Somos trabajadores excluidos de los derechos y de las instituciones, nadie se responsabiliza por nosotros y nuestras unidades económicas no pueden garantizarnos condiciones dignas y estables de trabajo (Pérsico y Grabois, 2017: 30 y 31).
El argumento a partir del cual la CTEP plantea la necesidad de instancias y vías de institucionalización de la EP radica en la aseveración de que “el trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social predominante del sistema capitalista” (Pérsico y Grabois, 2017: 5). Es a partir de esta caracterización en términos de “excluidos” que la CTEP reclama diversas formas de reconocimiento por parte del Estado, como aquel que debe garantizar una serie de condiciones mínimas de existencia. Sin embargo, agregan que las mismas no deben estar distanciadas de las concepciones ordenadoras del mundo del trabajo, pues el planteo de la confederación sostiene la convicción de que el trabajo es el ordenador por excelencia de la vida social y en ese marco busca legitimarse como un actor más en la representación de un conjunto de trabajadores y trabajadoras, como un actor sindical.
En definitiva, el planteamiento de la CTEP a partir del año 2011 fue marcando un contrapunto entre dos concepciones diferentes: una en la que la ESYS aparecía como una elección de los sujetos en la búsqueda de una alternativa económica y donde el Estado aparecía como garante de derechos; y otra en la cual EP se constituía en un espacio colectivo de representación de un conjunto de sujetos atravesados por diferentes procesos de desigualdad que reivindicaban su reconocimiento como trabajadores por parte de un Estado que los ubicaba como “efectores de economía social y desarrollo local”.13
Vale decir que los argumentos y demandas de la CTEP no fueron dominantes ni en el conjunto de organizaciones vinculadas a las diferentes políticas del MDS (las cuales eran mucho más permeables a la idea de la ESYS como alternativa al sistema capitalista), ni en la escena pública en general sino hasta diciembre de 2015 cuando, en el marco del cambio de orientación política del gobierno nacional, la CTEP, como espacio de representación de la EP, cobra protagonismo en el ámbito público. Pues el inicio de gestión del nuevo gobierno del Estado aparece atravesado por dos elementos aparentemente contradictorios: una serie de medidas de corte neoliberal que atentan contra las posibilidades de sostenimiento de gran parte de la producción nacional pequeña y mediana y, en contrapunto, la concesión de una de las demandas centrales de la CTEP desde su conformación: “la personería social” otorgada mediante la Resolución 32/2016 firmada por el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca a menos de un mes de iniciado el mandato presidencial de Mauricio Macri. Desde la CTEP dicha resolución es interpretada como “la carátula de un nuevo libro de derecho laboral”, en la medida en que “crea un régimen de agremiación complementario, ampliatorio y compatible con el modelo sindical vigente en la argentina” (Grabois, 2017: 13). Es decir, un formato que puede asimilarse a la Ley 23.551 que rige la agremiación de los trabajadores dependientes del sector público y privado,14 permitiéndole a la CTEP inscribirse bajo el nombre de “Asociación de Trabajadores de la Economía Popular”, y crea en su artículo 1° el “Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas”.
Esta resolución resulta relevante en la medida en que el 2 de febrero de 2016, es decir a menos de dos meses de iniciado su mandato, el Gobierno entrante habilita15 una nueva modalidad de vinculación con la CTEP que implica su reconocimiento como asociación de representación de un conjunto de trabajadores/as bajo la órbita del MTESYS. Las modalidades, impactos y nuevas líneas de demanda que ese reconocimiento abrió serán parte del análisis que desarrollamos a continuación.
De las estrategias para el reconocimiento
Efectivamente, la obtención de la personería social al inicio del mandato presidencial de Mauricio Macri modificó los términos de las negociaciones. En ese sentido, el 22 de abril la CTEP realizó su primera Asamblea confederal cuyo objetivo se centró en definir el conjunto de acciones a llevar adelante frente al ajuste provocado por las políticas desarrolladas por el Gobierno nacional. En las definiciones del plan de lucha aparece con claridad la Iglesia católica como aliada principal. En ese sentido, se define realizar una conferencia de prensa con el monseñor Lozano16 el día 25 de abril de 2016 donde se exprese el acuerdo en la necesidad de declarar la emergencia social. Por otro lado, se define el espacio legislativo como ámbito de gobierno en el que se disputará la política para la EP mediante la presentación del proyecto de Ley de Emergencia Social, el 26 de abril de 2016, conjuntamente con la Corriente Clasista y Combativa y la organización Barrios de Pie (presentación que se hace con la presencia del padre Carlos Accaputo de la Pastoral Social de Capital Federal). Y por último, se plantea el acompañamiento a la marcha del 29 de abril del mismo año junto con las otras centrales sindicales (CGT y CTA), que será uno de los primeros indicios públicos de la aproximación entre las mismas y la CTEP.
Asimismo, en el documento final de la asamblea se expresan una serie de reivindicaciones a futuro:
Ampliar el convenio para la construcción y finalización de viviendas a nivel nacional. La adjudicación de las viviendas para los compañeros trabajadores.
Reglamentación y asignación de presupuesto para la Ley Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena.
Promoción de programas de crédito y acceso a la tierra, al agua de riego, a la vivienda rural y a la educación. Rechazo a la Ley de Semillas que favorezca a multinacionales, las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.
Cese de la criminalización y persecución de la lucha por la tierra, los trabajadores de la vía pública, manteros, y cualquier expresión de organización y movilización popular. Exigimos soluciones que nos permitan trabajar con dignidad.
Programa nacional de reciclaje con inclusión social.
El fin de los despidos en el sector público y privado.
Promulgación de una Ley de Emergencia Social.
Tarifas sociales que se ajusten al nivel de ingreso de los trabajadores de la economía popular.
Complemento salarial equivalente a $4,000 para todos los trabajadores de la economía popular.
Programas de contención para los jóvenes con problemas de adicciones y contra el narcotráfico.
El otorgamiento de la personería gremial para la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.17
Aparecen allí, a nuestro entender, una serie de ejes que atravesarán las modalidades con que la CTEP en el periodo 2016-2019 ha buscado instalarse como un actor de representación sindical reconocido como tal. Entre ellos nos detendremos en los modos en que la Confederación fue: instalando sus demandas en los términos instituidos en el mundo del trabajo en Argentina: paritaria social, participación en el consejo del salario, la creación de un salario específico; generando una política de acercamiento a los diferentes sectores y centrales sindicales que se expresa tanto en encuentros y reuniones como en la incorporación y manifestación de acompañamiento al conjunto de demandas y luchas de todo el arco de trabajadores y trabajadoras a lo largo de los últimos años; a la vez que desarrolló el ejercicio concreto de representación de las diferentes actividades productivas y de servicios que nuclea la CTEP.
En los mismos términos
El primer eje que ya mencionamos y que, a nuestra entender, inaugura la etapa que estamos analizando en materia de lucha por el reconocimiento, es la obtención de la personería social. La misma implica para la CTEP:
“El reconocimiento de nuestros compañeros y compañeras como trabajadores y su derecho a organizarse sindicalmente para representar sus intereses colectivos y mejorar sus condiciones laborales”.18
Representa el cierre de un proceso de lucha por un espacio de negociación legítimo en el MTEYSS que hasta el momento alojaba de manera independiente al conjunto de cooperativas y asociaciones de las diferentes organizaciones que componen la Confederación.
Sin embargo, de manera inmediata dicho reconocimiento abre nuevos ejes de disputa vinculados al sentido de esa personería y la necesidad de asimilarla a los derechos que confiere la personería gremial según la Ley de Asociaciones Sindicales (Ley 23.551). En ese sentido los principales puntos de comparación que generarán tensiones son: la posibilidad de crear su propia obra social y la incorporación de sus representados en el sistema previsional; la forma o sentidos detrás de una nueva consigna que planteará la CTEP como derecho a “paritarias populares”, es decir una comisión que replique el modelo de negociación de condiciones de trabajo y salarios llevado adelante por los trabajadores con relación salarial en diálogo con los empresarios y el Estado; y la participación en el Consejo del Salario,19 en tanto ámbito institucional en el que se define, entre otras cosas, el salario mínimo que pueden percibir los trabajadores.
Así lo expresaban en el marco de la Jornada Nacional de Lucha del 19 de mayo de 2016:
La paritaria social implica un aumento de distintos programas que complementan el salario de los trabajadores de la economía popular y hoy han quedado por debajo de la línea de pobreza. La CTEP reclama, también, su reconocimiento como sindicato, con la personería gremial que le corresponde. Por último, siendo hoy un sector fundamental de la economía, con un porcentaje importante de los trabajadores en este sector, exigimos la participación en el Consejo del Salario.20
Estas reivindicaciones formarán parte de diferentes jornadas de lucha por el tratamiento y sanción de la Ley de Emergencia Social21 y algunas de ellas serán conquistadas de una u otra forma a lo largo del periodo analizado.
Ahora bien, ¿cómo se dio ese proceso? En primero lugar, a partir de la consolidación de la red de alianzas que comenzaban a tejerse a finales de 2015. La mayor expresión de las mismas se consolidó en agosto de 2016 bajo el nombre de “Triunvirato de San Cayetano”, compuesto por la Corriente Clasista y Combativa (CCC),22 Barrio de Pie23 y la CTEP. El nombre de dicha comunión, que se asemeja al de la conducción de la CGT en el periodo 2016-2018,24 se gesta en el marco de la inauguración de una nueva modalidad de visibilización que anuda las demandas de los movimientos populares, ahora expresados en términos de EP, con la conmemoración de San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo el 7 de agosto de cada año. La consigna que acompañó la convocatoria, y que se instaló con el correr de los años con una movilización desde la Parroquia de San Cayetano ubicada en el barrio de Liniers hasta la Plaza de Mayo (aproximadamente 15 km), centro cívico de la ciudad de Buenos Aires, fue la de “Pan, Paz y Trabajo”, consigna que fuese acuñada en la lucha de los trabajadores en el contexto de la última dictadura militar y que remite a quien fuera secretario general de la CGT en ese momento, Saúl Ubaldini, “Paz, pan y trabajo, el pueblo está aquí abajo” y “Se va a acabar/ se va a acabar/, la dictadura militar” (Ferraresi y Galasso, 2018: 243).
Es decir, en el marco de la conformación de este triunviro aparece la referencia a una lucha común, la lucha del pueblo en tanto pueblo trabajador frente a un sistema político que instala (en los setenta) o profundiza (en la actualidad) una política neoliberal que atenta contra los derechos de los trabajadores. Se suma a las consignas de los setenta la demanda por “tierra” y “techo”, dos elementos que, como veremos en el tercer apartado, comienzan a ser relevantes cuando revisamos que los mayores contextos de producción de la EP se dan en el ámbito doméstico y que, tanto en las ciudades como en las periferias y en el interior del país, el acceso al espacio de vida es también el acceso al espacio de trabajo: la tierra para producir y el techo para vivir son dos consignas que atravesarán los reclamos que denominaremos sectoriales.
Conformado dicho triunvirato, uno de los procesos de demanda sostenida más importante que se efectuaron durante el primer año de la gestión gubernamental de Mauricio Macri refirió a aquella Ley presentada con el aval de la Pastoral Social el 26 de abril y cuya presentación oficial sería bajo el nombre de Ley de Emergencia Social y organizaciones de la economía popular (en adelante la Ley), proyecto presentado por Diputados por Evita y el Peronismo para la Victoria (Proyecto 3612-16).
Efectivamente, desde el mes de septiembre de 2016, en medio de un sinfín de “ollas populares” y movilizaciones en diferentes partes del país por “los Cayetanos”, los avances en acuerdos con diferentes legisladores y las incertidumbres en torno a posibles vetos por parte del Ejecutivo nacional tuvieron a la Ley en el centro del debate político. A tal punto que el Ejecutivo debió comprometerse a través de la firma de un acta acuerdo a garantizar a las organizaciones el tratamiento y sanción de la ley. Dicha acta fue concebida por Leonardo Grosso25 como la “primera paritaria” de la EP, en la medida en que contenía: un aumento de los sueldos de PAT, Ellas Hacen y Programa de Trabajo Autogestionado (PTA) de 3,600 a 4,000 pesos en diciembre, se cobra en el mes de diciembre un bono de 2,030 pesos en concepto de aguinaldo, y se adelanta el pago de enero de los primeros dos programas al 29 de diciembre; aumento de las partidas de alimentos 40% en comedores de todo el país y 63% en merenderos de todo el país; y distribución de 1’000,000 de canastas navideñas en todo el país.
Vale decir que la paritaria de la EP tuvo sus particularidades. Por un lado, al no haber relación salarial, la misma se desarrolló de manera bilateral con el Estado. Pero en este caso no se trató de los representantes de la cartera laboral mediando entre empresarios y trabajadores, sino que la misma se dirimió entre representantes de todas las carteras ministeriales cuyos fondos se ven comprometidos en los aumentos y programas mencionados, siendo el principal de éstos el MDS.
Pero la paritaria de la EP también tuvo continuidades con las de los demás sindicatos. La misma constó en un acta en la cual no solamente se establecían los acuerdos solicitados por la Confederación, sino que además constaba la siguiente leyenda:
Habiendo alcanzado un acuerdo de este modo, las organizaciones presentes, con la finalidad de colaborar en la conciliación aquí alcanzada se abstendrán de cualquier situación conflictiva, cualquiera que sea su naturaleza. Dicha obligación alcanza a las partes firmantes, de acuerdo con la representación que ostentan, y éstas se obligan, en su propio nombre y en el de sus representados.26
Tanto desde el periodismo progresista y de izquierda como desde el bloque político opositor al Gobierno nacional, esta acta tuvo un impacto profundo y generó un debate fuerte respecto a las posibilidades y capacidades de negociación y/o de claudicación a la que se habían sometido los firmantes. En este sentido, haciendo un breve rastreo notamos que en numerosas actas paritarias de acuerdo salarial de diversos sindicatos institucionalizados se registran cláusulas donde las partes literalmente se comprometen al “mantenimiento (o la preservación) de la paz social”, o la “no formulación de nuevos reclamos”; incluso acordando explícitamente la “ausencia de conflictos” durante el plazo de vigencia del acuerdo.27
En este sentido, resulta interesante pensar los modos en que diferentes sectores sociales siguieron ubicando a la CTEP más como un conjunto de organizaciones que vendieron “la paz social” invisibilizando en cierta medida el alcance de los acuerdos y los sentidos otorgados por la misma en términos de “conquista”.
Independientemente de las críticas y con previas modificaciones del proyecto original,28 en diciembre del mismo año se sanciona por unanimidad y con una sola abstención (Petz y Rabaia, 2017), la Prórroga de la emergencia social (Ley número 27345) en cuyo marco se crean tres elementos significativos: un Consejo de dicho salario, un registro de la EP y un salario social complementario (SSC). Este último se considera un complemento salarial que se suma a los ingresos obtenidos mediante las actividades que llevan adelante los trabajadores de la EP.
Ahora bien, dicho salario se encuentra atado al SMVM, por lo tanto la demanda por participar en el Consejo del Salario empezó a tener cada vez mayor sustento. Hecho que se logra por primera vez en la reunión convocada el 28 de agosto de 2019 motivo de la fuerte devaluación posterior al resultado de las elecciones primarias del 11 de agosto del mismo año, y que debió postergarse para el viernes 30. A los reclamos preexistentes de la CTEP por participar en dicha reunión, se sumó una inmensa movilización realizada el 28 de agosto, en la que se volvía a exigir un lugar para la EP. Finalmente, ese mismo día fue convocado el secretario general de la CTEP Esteban Castro.
Es decir, ese conjunto organizado en torno a la EP y representado hasta el momento por la CTEP comienza a posicionarse en tanto sector específico, instalando sus demandas en términos de búsqueda de institucionalidad, de una institucionalidad laboral, conformado ahora por una red de alianzas que se ubica como uno de los principales actores de disputa frente al “ajuste” del Gobierno entrante y a la vez que se presenta (no sin contradicciones) como el interlocutor central entre el Poder Ejecutivo y las demandas populares.
No es menor decir que el SSC va a ser el elemento que reorganice el presupuesto público orientado a la EP o lo que en la gestión del Estado anterior se conformó como continente institucional en términos de ESYS.
Si tocan a uno, tocan a todos
La participación de la CTEP en diversas manifestaciones de trabajadores de diferentes sectores de actividad fue una constante que marcó el nuevo ciclo iniciado a finales de 2015.
Desde pronunciamientos y participación en conferencias de prensa vinculadas a los despidos de la Empresa Avícola Cresta Roja, así como en las demandas de trabajadores del Estado tanto frente a los despidos como en situaciones de persecución a sus dirigentes.29 En ese marco, la lucha docente también fue el centro de muchas acciones compartidas.
Del mismo modo, la adhesión y participación en todos los paros y movilizaciones convocadas por las dos centrales obreras realizadas durante el periodo presidencial de Mauricio Macri. Allí han sobresalido el aporte numérico de la Confederación así como la incorporación de “ollas populares” a lo largo de las avenidas principales en las que se desarrollaran las movilizaciones, como elemento distintivo de la CTEP y su red de alianzas y como forma de sostener, en el marco del reclamo del movimiento obrero, la demanda por el paquete de leyes30 presentado en 2016, expresando en el reclamo conjunto su propia especificidad.
Así expresaban con motivo del paro convocado por las dos CTA el 14 de junio de 2018:
Este jueves 14 de junio los Movimientos Populares se suman al paro y marcha de las dos CTA para seguir peleando en unidad por los derechos del sector de la Economía Popular y contra este modelo de ajuste y endeudamiento que excluye y hambrea.31
Lo mismo en el paro del 25 de junio de ese mismo año, en donde desde la CTEP se expresa que los movimientos populares se suman al paro de la CGT:
[…] para seguir luchando en unidad por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Desde el sector de la Economía Popular se reclama el aumento del Salario Social Complementario, de la AUH y de todos los programas sociales y de empleo que han quedado absolutamente desfasados con la inflación de la canasta básica de alimentos y las tarifas de los servicios básicos […] desde la CTEP reiteran el pedido del tratamiento urgente en el Congreso Nacional de las cinco leyes […]32
Aparecen entonces dos elementos relevantes en este eje: por un lado la necesidad de acoplarse a unas jornadas de lucha que tienen un impacto directo en la actividad económica del país, sobre todo en los casos en que se adhieren sindicatos que paralizan el transporte de alimentos y caudales, y que habilitan a consolidarse como parte de la clase trabajadora. Pero a su vez, y como segundo punto, ese acoplarse se articula con reivindicaciones propias.
Esta búsqueda de unidad comienza a cristalizarse en una serie de encuentros que llevan adelante “los Cayetanos” y la cúpula de la CGT. La primera el 7 de septiembre de 2016 donde se acordó el acompañamiento de la central obrera de la Ley. Apoyo que se expresó en un acto masivo el 18 de noviembre de ese año frente al Congreso de la Nación, el cual fue decisivo para el tratamiento en sesiones extraordinarias del proyecto. Fueron oradores allí Juan Carlos Schmidt y Carlos Acuña, ambos secretarios de la CGT.
Con posterioridad la CTEP enviará el pedido mediante una nota formal remitida a la CGT el 5 de junio de 2018, en la que solicita integrarse a dicha central, poniendo incluso en consideración el nombre de Confederación y manifestando que la estructura y padrón de afiliados de la misma es similar a la de un sindicato convencional. Si bien en términos formales dicha posibilidad no terminó de concretarse hasta la actualidad, el hecho es que el proceso de unificación del pueblo trabajador en una misma lucha que reconoce algo del proyecto político que acompañó al sindicalismo como movimiento de masas, fue permeando en diferentes sectores. No es menor que a pocos meses de finalizar el mandato presidencial de Mauricio Macrila CTA defina volver a integrarse con la CGT.33 Tampoco es menor que esa búsqueda de unidad en la lucha haya sido permanentemente cuestionada, tensionada o negada por los principales medios de comunicación gráfica del país. Ejemplo de ello pueden ser los titulares publicados por el diario Ámbito Financiero con motivo de la reunión de la CGT y el Triunvirato de San Cayetano en 2016, en los que llegó a adjetivarse como “grave” el encuentro entre ambos espacios.34 Asimismo, bien la permanente diferenciación entre las acciones o participaciones de los “movimientos sociales” y la referencia a éstos, en sucesivas oportunidades, como “piqueteros” para referirse a la CTEP, CCC y Barrios de Pie en diferenciación con los “movimientos de trabajadores”. Es que, como mencionan Fernández Álvarez et al. (2019), detrás de la disociación entre ambos movimientos se encuentran un conjunto de discursos y prácticas moralizantes que tienden a poner en tela de juicio las formas de organización colectiva como “espurias o incluso criminales” (2019: 17). En este sentido, acordamos con Fraser en que “La construcción de un apoyo amplio a la transformación económica exige cuestionar actitudes culturales de desprecio a las personas pobres y trabajadoras […]” (2008: 94).
Por lo tanto, compartimos con las autoras (Álvarez et al., 2019) la importancia por discutir aquella idea de lo popular como universo escindido del mundo del trabajo y proponemos, en ese sentido, que la búsqueda de reconocimiento por parte de la CTEP y su red de alianzas, pone en tensión/ visibiliza el hecho de que son aquellos actores construidos como externos al mundo del trabajo, quienes hoy vehiculizan “algo” del conflicto social que ya no se encuentra expresado (al menos no únicamente) en la representación sindical tradicional, pero que tiene su fundamento político en los sentidos que acompañaron el desarrollo del movimiento obrero en 1945.
De las modalidades de representación de las prácticas económicas populares
Ahora bien, paralelamente a todo el proceso mencionado de búsqueda de legitimidad como actor sindical frente al Estado y frente al propio movimiento obrero, la CTEP ha ido consolidando una representación de los trabajadores y trabajadoras en lo referente a sus condiciones de trabajo. Tarea que se encuentra íntimamente vinculada con el desarrollo territorial que cada organización integrante de la Confederación posee previamente, aunque no en todos los casos.
Nos parece relevante detallar de forma sintética cuáles son las modalidades en que se desarrolla la representación de las propias prácticas económicas populares, pues resulta también una aproximación para comprender parte de la necesidad para el reconocimiento.
Uno de los ejes refiere directamente a la movilización a oficinas públicas para exigir el pago de programas en diferentes partes del país. Sólo por mencionar algunos ejemplos, la demanda por el pago a cooperativas de construcción en Mar del Plata; la demanda de condiciones laborales por parte de las cooperativas de mantenimiento de la ciudad de Buenos Aires; movilizaciones a las oficinas del INAES para la concreción de trámites de creación de cooperativas y federaciones; movilizaciones de la Agricultura familiar por la baja del monotributo social agropecuario; entre otras. En estos ejemplos podemos ver que las demandas versan principalmente sobre los modos de vinculación con el Estado para la generación de empleo mediante la conformación, financiamiento y/o contratación directa de cooperativas.
A su vez, otro de los ejes principales de representación tuvo que ver con el modo en que impactaron las medidas económicas adoptadas en el periodo estudiado en las diferentes ramas de actividad. En ese sentido, uno de los actores más comprometidos fue el de producción de alimentos, el cual el 31 de marzo y 1 de abril de 2016 realizó un paro quintero y “tractorazo” al costado de las principales rutas de circulación de la verdura (ruta 6, ruta 36, ruta 2, ruta 53), y desde allí durante los últimos cuatro años realizaron “verdurazos”, los cuales constaron de la entrega de productos hortícolas en los principales centros de la ciudad de Buenos Aires.
En las declaraciones del 31 de marzo expresaban:
Las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional nos están llevando a una crisis terminal, no damos más, estamos abandonando las quintas. 1) Con la devaluación, los insumos para la producción han aumentado entre un 40 y un 80%, y diariamente suben esos precios; 2) la quita de subsidios para la luz eléctrica, fuente indispensable para el riego, nos aumenta costos entre un 100 y un 300%; 3) los valores de la verdura y flores no han aumentado para los productores, por lo que ¡hoy somos mucho más pobres que antes!35
Y agregan entre sus exigencias:
Subsidio al gas-oil y tarifa social para la electricidad, utilizada para producir, para las familias de pequeños productores.
Precio mínimo sostén para la verdura para el productor, y precio tope para la venta al consumidor.
Medidas ante la emergencia (fondos de insumos, semillas, herramientas etc.) en el camino a lograr un precio mínimo sostén para los principales productos y control de la intermediación.
Regulación de los alquileres hasta tener una ley de arrendamiento que nos tenga en cuenta.
Aprobación de la “Ley de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar”.
Línea de créditos blandos a tasa subsidiada para afrontar la emergencia.
Subsidio compensatorio por un mínimo de seis meses. No nos quedamos callados ni pasivos. Es necesario que la sociedad sepa que la verdura que come todos los días está manchada con la miseria que sufrimos quienes la producimos. Exigimos al gobierno que atienda nuestros reclamos y nos dé respuesta. ¿Quién producirá la verdura si desaparecemos? ¿Qué comerá el pueblo? Por todo esto, el sector se moviliza.36
En un sentido similar el 20 de abril de 2016: trabajadores y trabajadoras del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) integrantes de CTEP se presenta ante el ministro de Energía para exigir tarifa social para la energía de las empresas recuperadas. Ocupación del ministerio el mismo día. A la noche se logra un acuerdo para un registro de las empresas recuperadas para que accedan a la tarifa social.
Otra de las líneas fundamentales de representación se encontró avocada a la protección y defensa de trabajadores de la vía pública, quienes, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en los medios de transporte que conectan el conurbano bonaerense con la misma, han sido víctimas de la persecución y abuso de fuerzas de seguridad.
En otro sentido, en sucesivas asambleas y espacios de discusión otro elemento importante que aparece como parte del ejercicio de representación es la promoción y generación de instancias colectivas de trabajo por parte de las organizaciones que integran la Confederación, principalmente como modo de sortear algunas de las principales dificultades que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de la EP. Un ejemplo de ello puede verse en la creación de la Federación de Cooperativas Textiles el 5 de octubre de 201737 en el marco de una política de creación de polos textiles que permitan facilitar el acceso a mejores condiciones de trabajo.
Ahora bien, todas estas complejidades que también hacen a la representación se encuentran atravesadas por el sostenimiento de una presencia territorial local de las organizaciones que componen la CTEP y que, de alguna manera, van vehiculando las demandas en términos de sector.
A modo de cierre
Como hemos visto a lo largo del artículo, en los últimos años la CTEP ha ido cobrando centralidad como espacio de representación de un sector de la sociedad que no accede a relaciones laborales mediadas por el salario, y que busca discutir la condición estructural de dicha situación y por lo tanto la no transitoriedad de la EP. En ese camino, la CTEP ensaya modalidades de reconocimiento que le permitan instalarse como actor legítimo de un mundo que hasta el momento pareciera haberlo desconocido como parte orgánica del mismo: el mundo del trabajo. Allí desarrolla estrategias que se asemejan a una disputa no sólo por ser parte de una identidad “trabajador”, sino además por ampliar los marcos de entendimiento de lo que esa identidad implica.
Aun así, como también hemos visto en el último apartado, la tarea por la legitimidad como sindicato no se ha escindido del cumplimiento del rol como tal a la hora de buscar la mejora de las condiciones económicas de aquellos representados y representadas. Es allí donde la disputa es por la redistribución o donde se funden reconocimiento y redistribución. Pues, plantea Fraser:
[…] las personas pobres y trabajadoras pueden necesitar una política de reconocimiento para apoyar sus luchas por la justicia económica; o sea, es posible que tengan que construir comunidades y culturas de clase con el fin de neutralizar los daños ocultos de clase y forjar la confianza suficiente para defenderse por sí mismos. Por tanto, es posible que sea necesaria una política de reconocimiento de clase de por sí y para llegar a concretar una política de redistribución (2008: 94).
