A más de 60 años de que se reconociera el voto femenino, los problemas en torno a la participación de las mujeres en la política mexicana han evolucionado de manera muy lenta. Los estudios existentes fueron sobre todo impulsados por las agendas de los organismos internacionales y en el resto de América Latina, no tanto así en nuestro país. En México sorprende que el tema se siga abordando desde la opinión pública más como si se tratara de una posición de concesión que debe dar la misma sociedad a las mujeres que intentan participar en la vida pública.¹Hasta 2018, México ha tenido sólo siete gobernadoras en su historia² y en el caso de Jalisco, las alcaldesas son menos de 30.³ Sólo en el caso del Congreso local es donde puede hablarse de una cantidad mayor. Incluso a nivel académico, es necesario recordar el concepto de representación descriptiva⁴ de Pitkin (1967) para “justificar” de manera académica los esfuerzos en que los derechos políticos sean garantizados no para una minoría, sino para la mitad de la población de la democracia mexicana. Por ello este libro que coordina Flavia Freidenberg es de obligada lectura para cualquiera que busque analizar la representación de las mujeres y hombres desde un punto de vista institucional. Hay dos grandes aportaciones que podemos encontrar en el libro para su análisis y crítica. Primero, que presenta la información ordenada en índices, que dan posibilidad de hacer estudios comparados en todos los niveles y en distintos periodos de tiempo. La segunda es que se le otorga mayor importancia a las instituciones y sus reglas por sobre otras variables socioculturales para explicar la representación de las mujeres. A lo largo de los capítulos el lector encontrará elementos interesantes para este debate.

En el primer capítulo se presenta el índice de fortaleza del diseño electoral de género (IFDEG) propuesto por Caminotti y Freidenberg (2016) a través de cinco rubros: 1) tamaño de la cuota (que refiere al porcentaje); 2) mandato de posición (es decir, no asignar el porcentaje de la cuota a distritos que los partidos saben perdidos o poco relevantes); 3) enforcement (la capacidad de penalizar por incumplimiento); 4) alcance de la cuota (si se trata de “fórmula completa” o si la suplencia puede ocuparse por el sexo opuesto), y 5) las válvulas de escape (la previsión de situaciones para evitar la norma). Éste se analiza entre 1993 y 2016, tomando 244 observaciones a los congresos estatales y al federal de México. Una de las conclusiones más relevantes es que entre 1996 y 2008 existieron válvulas de escape, es decir que en las elecciones internas en los partidos, éstos podían omitir la norma. Esto cambió hasta que en 2014 se consiguieron reglas sobre la paridad que fortalecieron el IFDEG notablemente. Las conclusiones refieren que las medidas adoptadas de manera subnacional en aras de incrementar la participación política de las mujeres fueron pocas pero claves, reconociéndose que al incorporarse y homologarse las reglas federalmente, adquieren mayor potencia, siendo ahora nuestro país el 7° en el mundo respecto a mujeres legisladoras. Para los autores del capítulo las barreras estructurales y culturales resultan las más ásperas, motivo por el cual las autoridades han tenido que intervenir modificando las normas.

En el segundo capítulo se aborda la calidad democrática desde la representación tanto en términos de legitimidad como de igualdad política. Si bien en 2014 hubo una reforma con intención de homologar las normas en el país, la tradición federalista había otorgado a cada entidad la capacidad de diseñar sus propias reglas, y con ello se generaron escenarios diversos sobre la representación. Se examinó el periodo comprendido entre la Legislatura de 1989 a 1991 y la de 2015 a 2018, encontrándose un aumento del 30.8% en la Cámara de Diputados y 17.0% en el Senado de la República. Con la información tabulada se concluye que si bien ha existido un incremento en el número de puestos ocupados por mujeres y esto es producto de las modificaciones legales, existen aún debilidades dentro de las mismas en lo que respecta al financiamiento de las campañas o a cobertura que los medios le dan a las candidaturas de las mujeres, siendo ésa una de las mayores dificultades que enfrentan al presentarse a elecciones.

En el tercer trabajo se exploran las causas que explican los porcentajes disímiles a nivel subnacional entre 1998 y 2016, siempre en la dimensión institucional, es decir, en la fortaleza de la cuota, los años de vida de la misma y el activismo judicial. Se retoma el IFDEG y se mide el activismo judicial tanto por el número de sentencias a favor en materia de género aprobadas en la Salas Superior y Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la jurisprudencia elaborada sobre el tema. Se evidencia que desde finales de la década de 1990 existe una tendencia a la alza en lo que respecta al porcentaje de mujeres en los congresos estatales, aunque no de manera homogénea. En otras palabras, las variaciones al comparar las entidades federativas no son menores, ya que el promedio nacional es de 37.43% pero 20 de los 32 cuerpos legislativos se encontraban por debajo de la media.

En la cuarta intervención, la hipótesis es que existen debilidades en lo que refiere al mandato de posición, pues se siguen asignando las candidaturas de mujeres a los distritos menos competitivos -o distritos perdedores según la propuesta de clasificación de Aparicio y Langston (2009, 2011)-. Se observaron para este estudio los procesos electorales de 15 de las 17 entidades federativas que los tuvieron, específicamente para el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática. El análisis concluye que sólo tres de las 15 unidades observadas contaban con lineamientos referentes al mandato de posición, resultando así un sesgo de género notorio. Se refieren de igual manera algunos retos, por ejemplo, evaluar a nivel municipal la paridad y fortalecer los mecanismos para medir el nivel de competitividad de los partidos, para con ello poder hacer cálculos más precisos al momento de designar las candidaturas.

El quinto análisis se centra en identificar en qué modo los partidos políticos fomentan, dificultan o impiden la representación política y representación de las mujeres a través de cuatro ejes: 1) la presencia de mujeres en las candidaturas y cargos de elección; 2) la normativa y estructura de los partidos; 3) la existencia de condiciones que posibiliten tener injerencia en la toma de decisiones al interior de los mismos, y 4) la forma en la que se cubre la agenda de género en ellos, es decir, mediante el índice de igualdad de hombres y mujeres en los partidos políticos (IIHMP) por partido para el periodo 2012-2018 en el Senado y 20152018 en el Congreso de la Unión. Las conclusiones versan sobre aspectos que falta fortalecer a pesar del avance en la materia, especialmente en apuntar a la transformación de valores y prácticas, utilizando para ello la normativa. Se reconoce el protagonismo e importancia de los partidos en el sistema político, así que por ello se les insta también a actuar con perspectiva de género.

El sexto capítulo problematiza uno de los puntos más controversiales que gira en torno a las acciones afirmativas (llámense cuotas o paridad) y sugiere que la centralización a partir de las reformas de 2014 permitió garantizar las disposiciones paritarias, pero sacrificó la democracia interna de los partidos al intervenir en los procesos de selección de candidaturas y con ello el vínculo entre representantes y representados al sostener que la reelección es una forma de cristalizar la aprobación o rechazo que el electorado pudiera tener con su representante. El análisis es a partir de 2014 e incluye una revisión de artículos de la Constitución, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos para contrastar las disposiciones legales sobre cada tema. Se concluye que la reelección busca aumentar la relación entre votantes y votados y la rendición de cuentas, pero que esta aseveración puede verse mermada por priorizarse la paridad.

El trabajo subsecuente se refiere al financiamiento público al que acceden las mujeres en México, haciendo un análisis entre 2008 y 2015. Para dicha labor se identifica cuánto dinero recibió cada partido y lo que le debía asignar en porcentaje a los institutos de los mismos encargados de promover la participación de las mujeres a través de la comparación entre actas constitutivas, programas anuales de trabajo, que es operacionalizado en una matriz que reúne los proyectos para facilitar la identificación del rubro del gasto, los objetivos, las metas, los beneficios y la estrategia de integralidad. Se concluye que los recursos se aplican obedeciendo el presupuesto de cada partido y su estructura organizativa, aunado a sus capacidades para implementar las actividades con perspectiva de género; sin embargo, se señala que aún no se consigue contar con información sobre quiénes resultaron beneficiadas con los programas, a la vez que resulta necesario incluir a los hombres en estos procesos transformativos.

El último trabajo es un análisis sobre la violencia política hacia las mujeres, explorando las reacciones, resistencias y manifestaciones de violencia no sólo hacia las mujeres no-electas sino también hacia las electas. Se revisa la Ley General en Materia de Delitos Electorales, encontrándose que no existe una tipificación sobre la violencia política, aunque se destaca la firma por parte del Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El abordaje resalta la importancia de la conceptualización y tipificación de la violencia política de género para poder combatirla. En miras de tal objetivo menciona la “Propuesta de Ley Marco CIM” de la Organización de los Estados Americanos. En lo que respecta a la clasificación, retoman las autoras a Restrepo Sanín y Krook (2016) para definirla como “cualquier agresión física (física y sexual) y psicológica (psicológica, económica y simbólica) ejercida por responsables partidarios y otros actores políticos para resistir la presencia de mujeres en la vida pública”. Otra cuestión radica en diferenciar que tanto hombres como mujeres sufren violencia; sin embargo, los ataques son distintos pues se enmarcan en un sistema de género que actúa sobre cada uno de forma asimétrica. Se estudian distintos casos en el país y se demuestra que aún hay resistencia para incumplir las normas, para impulsar las carreras políticas de las mujeres y prevalecen los discursos y frases denigrantes en contra del empoderamiento de las mujeres, así como la afirmación de que las mujeres no quieren o no están preparadas para incursionar en la vida pública y, por si fuera poco, no son pocas las amenazas de violencia física. Para combatir esto se proponen estrategias de prevención (estatutarias, formativas y divulgativas), protocolos claros y concisos que definan, tipifiquen y establezcan procedimientos de denuncia y sanción aunados a estrategias de sanción que introduzcan una perspectiva de género en las instituciones y órganos que imparten justicia.

Sin duda, el tema de las mujeres y su inclusión en el sistema político se ha visto obstaculizado por el desarrollo democrático en nuestro país. Después de 70 años de una política que dependía de las dinámicas del partido hegemónico, poco a poco las estructuras de poder se han modificado hasta lograr una mayor inclusión de la oposición. En los últimos 18 años ha habido un avance en torno a la competencia electoral, el desarrollo de una pluralidad partidista y de candidatos independientes. En este libro podemos constatar la importancia del mandato institucional para mejorar las condiciones competitivas de las mujeres. Pero en un entorno donde los datos de feminicidios son cada vez más alarmantes y la respuesta ciudadana y académica sigue una lógica de recelo respecto a los estudios de género, vale la pena preguntarnos si será suficiente con los esfuerzos institucionales para construir una sociedad más paritaria.