1.1. El nivel de complejidad

La noción nivel de complejidad alude al tipo de relaciones sociales que median la obtención de recursos sindicales. Mientras que ciertos ingresos provienen de aportes directos, otros son el fruto de operaciones que involucran a un conjunto de relaciones e intercambios mercantiles.

Un sindicato es una organización de la clase obrera cuyos primeros recursos económicos provienen de los aportes de los trabajadores y de los empresarios. Se trata de transferencias directas de dinero, por lo que estas son consideradas mecanismos más simples e inmediatos. En otros casos, los mecanismos que permiten la obtención de recursos se complejizan, pues por regla general comprenden procesos en que intervienen una mayor cantidad de estructuras y mediaciones sociales, es decir, ya no únicamente son los trabajadores y los empresarios quienes aportan dinero al sindicato en una operación de simple transferencia sin valor agregado, sino que ese dinero tiene mayor circulación y se vuelca a otras estructuras, como pueden ser cooperativas o emprendimientos de negocios, o bien, se producen intercambios mercantiles, relaciones de compra-venta, en que los objetivos y funciones otorgadas al dinero pueden diversificarse (el mismo puede estar destinado al consumo -M-D-M’- o a la valorización -D-M-D’-).

De esta manera, se entiende que un gremio interviene en su dinámica reproductiva en múltiples relaciones con diferentes grados de complejidad. Según queda evidenciado en el análisis empírico, las distinciones de los circuitos y funciones del dinero no se presentan en forma clara, lo que da lugar a categorías híbridas, como la de “mini-circuito”, dentro del sistema de crédito (^{Harvey, 1990}). Se utiliza esta categoría para caracterizar las operaciones de la cooperativa de crédito ya que, si bien la misma realiza préstamos, según se verá más adelante, los intereses no son parte de la plusvalía que el capital prestado ayuda a producir, esto porque los préstamos están destinados al consumo de los trabajadores.

Atendiendo a esta dimensión, se han clasificado los mecanismos reproductivos según los distintos niveles de complejidad de las relaciones sociales que median la obtención de ingresos.

1.2. Los efectos sobre la estructura organizativa y patrimonial del gremio

Los mecanismos de reproducción material pueden ser analizados también en función de sus efectos, expansivos o contractivos, sobre la estructura organizativa y patrimonial de un gremio en determinado momento histórico.

Analizar los efectos supone tener en cuenta la dinámica de los determinantes (empleo, salarios, negociación colectiva) que permiten que los distintos mecanismos puedan cumplir con su función reproductiva. La expansión o contracción de esos determinantes tendrá un efecto análogo sobre los ingresos que generen tales mecanismos.

Así, los mecanismos de reproducción material pueden tener efectos expansivos si, impulsados por los determinantes, generan un crecimiento de los ingresos, lo que se cristaliza en la estructura organizativa y patrimonial de la organización, o contractivos si lo impiden.

El análisis se complejiza al incorporar la perspectiva de las funciones del dinero en los distintos circuitos que el mismo recorre. Existe la posibilidad real de que la organización sindical active mecanismos que se independicen de aquellos determinantes y cuyo fin inmediato sea la valorización. En este caso, la expansión patrimonial no se traducirá en la ampliación del fondo de consumo gremial (hoteles, campos de recreo, etc.), sino en la conformación de unidades de negocios (empresas privatizadas, administradoras de fondos previsionales, etc., como sucedió en los años noventa).

Por lo tanto, de acuerdo a este criterio, puede evaluarse en cada periodo histórico si los mecanismos son expansivos o contractivos y si esos movimientos encuentran su fundamento en el consumo o en la valorización.

1.3. La relación con la economía política de los trabajadores

Por último, el análisis de la relación entre los mecanismos reproductivos de un gremio y la economía política de los trabajadores se basa en la propuesta que hace Michael ^{Lebowitz (2005)} en su libro Más allá de El Capital. La economía política de la clase obrera en Marx, acerca de reponer el ciclo de producción del trabajo asalariado en el estudio del capital como un todo, en el supuesto de que los sindicatos son fundamentales en este ciclo.

Lebowitz argumenta que El Capital es una obra epistemológicamente incompleta,² ya que según él Marx omite analizar el proceso de producción del trabajo asalariado, el cual constituye un segundo ciclo diferente al de producción del capital. En él, el trabajador consigue artículos de consumo para satisfacer sus necesidades en la esfera de la circulación y los aniquila en el proceso de su propia producción para luego regresar a la esfera de la circulación como vendedor de fuerza de trabajo.

Ambos procesos de producción -el del capital y el del trabajo asalariado- son opuestos, se excluyen entre sí y es esta oposición excluyente la que da significado a la lucha o, en términos de Lebowitz, al enfrentamiento entre dos economías políticas, la del capital y la del trabajo asalariado. Tanto el capitalista como el trabajador tienen como objetivo la reproducción ampliada: el primero busca el aumento de la plusvalía, el segundo el crecimiento del valor de uso, es decir, la satisfacción de crecientes necesidades espirituales y sociales.

La lucha de clases es lo que determina el grado en que los trabajadores logran satisfacer sus necesidades. Esa lucha se expresa en múltiples dimensiones. Una de ellas busca impedir que se rebaje el precio de la capacidad laboral con respecto a su valor, lo que se presenta al menos en dos planos: uno refiere al incremento de los salarios, lo que implica mayores ingresos para satisfacer en forma individual las necesidades producidas por el capitalismo, y otro a la satisfacción colectiva de necesidades como la educación y la salud. En este contexto, los sindicatos ocupan un lugar central. Si bien han proclamado metas más radicales, las principales prácticas que desarrollaron en forma temprana y sostenida (la negociación colectiva y la provisión de servicios a los afiliados) los convierten en una herramienta fundamental para la satisfacción de las necesidades de los trabajadores en ambos planos de lucha.

En este marco, los sindicatos se conformaron como asociaciones solidarias dirigidas a acrecentar la satisfacción de las necesidades sociales de los trabajadores o, en otros términos, a expandir el ciclo de producción del trabajo asalariado.

Poner en relación los mecanismos sindicales de reproducción material con la economía política de los trabajadores implica analizar si el modo en que un gremio se sostiene económicamente se articula con su función de contribuir a la reproducción material de sus representados.

Hasta ahora, el estudio de los efectos de los mecanismos reproductivos de un gremio se orientaba a captar la eficacia de su funcionamiento en términos económicos, en tanto que los mismos le permiten obtener ingresos. En este punto, en cambio, se pretende evaluar la relación de tales mecanismos con la lucha por la expansión del ciclo reproductivo del trabajo asalariado.

De este modo, cabe hablar de mecanismos más articulados con la economía política del trabajo asalariado si su funcionamiento se dirige a ampliar al mismo tiempo el consumo de los trabajadores, o menos articulados si está disociado de tal objetivo. En este último caso, se presenta la posibilidad de que los mecanismos reproductivos del gremio estén más ligados a la economía política del capital, es decir, aquella que tiene como fin la valorización y que se expresará en el fenómeno del sindicalismo empresarial.

Estas tres dimensiones permiten caracterizar a los mecanismos de reproducción material de una organización sindical, y la primacía de los distintos mecanismos con sus características distintivas marcará cuáles son las etapas que recorre la vida material de un gremio (si estos son simples o complejos, con efectos expansivos o contractivos, articulados o no a la economía política del trabajo asalariado).

Como se ha señalado, se considera que la validez de esta propuesta sólo puede ser estimada en el análisis empírico, por lo cual se ha propuesto estudiar el caso de LYFCF de Argentina en distintas etapas.

2.1. 1943-1976. La expansión material

Entre 1943 y 1976, LYFCF puso en funcionamiento diversos mecanismos de reproducción material con creciente complejidad. Entre los primeros, y más simples, se ubican la cuota social, un aporte solidario de los trabajadores afiliados al gremio, y el aporte extraordinario a la firma de cada nuevo convenio, una porción de la masa salarial total deducida de los ingresos de los trabajadores.

Los primeros estatutos de LYFCF establecieron una cuota mensual nominal (ARS 1.00 en 1943 y 1947, ARS 2.00 en 1950), y luego el estatuto de 1958 determinó porcentualmente el aporte sobre los salarios, lo cual le permitía al sindicato actualizar sus ingresos de acuerdo a la dinámica de la negociación colectiva. En ese año, la cuota se fijó en el 4.5 por millar del salario correspondiente a la categoría d del convenio con diez años de antigüedad, y en 1974 se elevó al 10 por millar (1%).

La cláusula según la cual los trabajadores debían efectuar un aporte extraordinario al sindicato por la firma del convenio apareció por primera vez en el CCT de 1948 con carácter voluntario, y a partir de 1958 se transformó en obligatorio. De esta manera, el gremio pasó a contar -tras la firma de cada convenio- con toda la masa de incrementos salariales de los trabajadores representados.

Fijados los porcentajes, la magnitud del dinero obtenido en virtud de estos mecanismos obedeció a un conjunto de determinantes: la cantidad de afiliados y de trabajadores bajo convenio (ligados ambos a la evolución del empleo), los salarios y la dinámica negociadora.

En esta primera etapa, además de incrementarse los porcentajes, hubo un movimiento general ascendente de los determinantes, lo que hizo que el dinero recibido por la organización experimentara un importante crecimiento. El empleo y la dinámica negociadora son los determinantes que mejor explican hoy día la evolución de los recursos captados por el gremio, dado que los salarios reales sufrieron un comportamiento oscilante.

Con respecto a la evolución del empleo, aunque se carece de series completas de datos es posible estimar que la misma se asemeja a la de la cantidad de afiliados, considerando que LYFCF cuenta históricamente con altos niveles de asociación. En diciembre de 1943 tenía trescientos socios efectivos; en el mismo mes de 1944 contaba con 3 800; en diciembre de 1945, 8 600, y en junio de 1946, 11 500 (^{Dinamis, 1946}). Veinte años después, el secretario de Hacienda declaraba administrar el aporte de aproximadamente 28 500 afiliados activos (^{Dinamis, 1965}). Por último, para 1975 el dirigente Juan José Taccone informaba que los afiliados de LYFCF eran 30 000 (^{Taccone, 1976}).

En relación a la negociación colectiva, entre 1945 y 1975 LYFCF renegoció escalas salariales en trece oportunidades, dinámica que impulsó la recaudación del gremio vía aportes extraordinarios del total de los trabajadores representados.

Por último, con respecto a la evolución salarial, si bien las escalas implicaron un aumento nominal, el comportamiento no fue idéntico en términos reales. Por el contrario, la evolución salarial deflactada por el índice de precios tuvo una leve tendencia decreciente (del 8% entre 1945 y 1975), aunque en el corto y mediano plazo experimentó fuertes oscilaciones (^{Haidar, 2015c}).

Los aportes de los empresarios fijados convencionalmente para formar los fondos sociales representaron los mayores ingresos para la organización. Estos aportes también constituyen una relación social simple sostenida en la transferencia directa de dinero al sindicato, y al ser el monto de ese dinero un porcentaje de la masa salarial total, los determinantes son una vez más el empleo y los salarios.

El mayor peso de estos ingresos en la economía gremial obedece a que mientras que las cuotas sociales tuvieron un porcentaje comparativamente menor y los aportes extraordinarios sólo se retenían una vez (al momento de negociar), los aportes de los empresarios experimentaron un crecimiento progresivo de su porcentaje (desde el 2%, en 1958, al 7.5%, en 1975, destinados a residencia de vacaciones, vivienda, fondo compensador, cultura, educación y deporte), y su percepción era mensual.

La enorme cantidad de dinero que conformaba los fondos sociales implicó la posibilidad cierta de ponerlo en circulación en circuitos más complejos. Uno de los más significativos fue el depósito bancario a cambio de intereses, lo que permitía obtener mayores recursos y evitar los efectos devaluatorios de la inflación. Otro circuito, contenido dentro de la propia funcionalidad de los fondos sociales, se organizó en torno a la venta de mercancías a los afiliados.

En esta dinámica, las cooperativas aceitaron la circulación del ahorro obrero en operaciones que implicaron intercambios mercantiles, aunque dentro de límites estrictos. La cooperativa de consumo -por medio del llamado autoservicio sindical- vendía mercancías que eran consumidas por los trabajadores en forma directa (alimentos) o como instrumentos de consumo (electrodomésticos, materiales para la construcción, etc.).

La de seguros, por su parte, era heredera de las funciones que habían asumido las primeras organizaciones mutuales respecto a la cobertura de riesgos (incendio, robo, fallecimiento). En este caso, la venta de pólizas se dirigía no sólo a los trabajadores, sino también a los empleadores del sector, que quedaban comprometidos a lo acordado en los convenios colectivos (el seguro de vida estaba reservado por convenio a la cooperativa).

La cooperativa de vivienda, por su parte, realizaba préstamos a los afiliados, a cambio de intereses, para comprar terrenos y materiales y construir viviendas, mientras que la de créditos completaba esta función otorgando a los trabajadores créditos cuyo destino era mayormente el consumo de mercancías vendidas por el propio sindicato.

En ambos casos, las cooperativas comprometían los créditos con valores de uso específicos, lo que hace que estas estructuras, aun la crediticia, no sean homologables al capital a interés. Su carácter asociativo, el hecho de que los créditos se dirijan a un grupo limitado de consumidores y que los intereses cobrados estén por debajo de la media dificultan igualmente esa definición. Más apropiado, en cambio, resultaría interpretar a las cooperativas que otorgan créditos como un mini-circuito (^{Harvey, 1990}), entendido como aquel en que el pago de intereses no constituye una porción directa de plusvalía que el capital prestado ayuda a producir, sino que conecta a una unidad económica que tiene excedentes (el sindicato) con otras que lo necesitan para diversos fines (los trabajadores).

Lo distintivo de la cooperativa de crédito es que fue interviniendo en forma progresiva en arreglos financieros más sofisticados y agregó a sus operaciones comunes otras que involucraban el manejo de valores ficticios, es decir, no respaldados por una transacción real de mercancías. En este orden se encuentra la adquisición de acciones en bolsa y de títulos públicos en nombre de los trabajadores.

La magnitud de los ingresos de las cooperativas se fue apartando así de los determinantes que la afectaban en las relaciones sociales más simples, pero esa distancia no significó total independencia, puesto que el funcionamiento de estas estructuras estaba vinculado a la negociación colectiva (como en el caso de la cooperativa de seguro) y a las mismas relaciones sociales simples que contribuían a la conformación del ahorro obrero.

Los mecanismos reproductivos tuvieron un efecto expansivo sobre la materialidad de la organización, que se vio impulsada por el comportamiento positivo de los determinantes. Dicha expansión encontró su fundamento en el consumo, que a su vez se reflejó en la evolución del patrimonio que para mediados de los años setenta llegó a estar conformado por ocho hoteles, ocho campos de recreo, cuatro jardines de infantes, el hogar del niño, el hogar de jubilados, ocho cine-teatros, el autoservicio, la imprenta sindical, la biblioteca, además de los centros educativos de nivel secundario y de formación profesional (^{Dinamis, 1973}).

Al mismo tiempo, los mecanismos no implicaron solamente un mayor consumo de la organización, sino que ese proceso se desarrolló vis a vis con la ampliación del ciclo de la economía política del trabajo asalariado o, en otros términos, la reproducción ampliada de los trabajadores, es decir, aquel proceso por el cual estos trabajadores aumentan sus posibilidades de consumo.

En principio, los convenios beneficiosos para los trabajadores suponían al mismo tiempo más ingresos para el consumo directo del sindicato que, por lo demás, constituía una forma de propiedad colectiva (con la posesión de hoteles, lugares de recreo, etc.). Junto a ello, la conformación de fondos sociales con base en el aporte directo de los empresarios se dirigía a incrementar el consumo obrero. Las cooperativas que se ocupaban de la compra-venta de mercancías a precios ubicados por debajo del mercado estuvieron apuntalando este proceso.

Se entiende así que uno de los rasgos más salientes de esta etapa fue la estrecha relación entre los MSRM y el ciclo productivo del trabajo asalariado, siendo que, aun cuando se complejizaron, los primeros estaban montados sobre y orientados hacia la satisfacción de las necesidades de la familia obrera. En ese sentido, se entiende que la reproducción de la organización quedaba subordinada a la de los trabajadores.

Esta conexión estaba mediada discursivamente por la concepción del “sindicalismo múltiple”, según la cual el gremio debía no sólo reclamar por salarios y condiciones de trabajo, lo que se consideraba una tarea meramente reivindicativa, sino ocuparse además de las necesidades de los trabajadores y sus familias desde que nacen hasta que mueren. Con la experiencia histórica del mutualismo, el sindicato se erigió desde entonces en la entidad impulsora de la solidaridad y la felicidad obreras. Los aportes volvían a los trabajadores, según la fórmula sindical.

El balance del periodo indica que entre 1943 y 1976 se expandió la economía gremial de la mano de mecanismos reproductivos que asumieron las siguientes características:

2.2. 1976-1992. La crisis material

El golpe militar de 1976 abrió un nuevo periodo en la economía gremial, el cual se extendió durante el primer Gobierno democrático (1983-1989) y alcanzó su punto más álgido con la privatización de la empresa estatal de energía eléctrica Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), en 1992. Durante dicho periodo se implementaron políticas que socavaron el esquema vigente hasta entonces y que, más allá de los vaivenes, condujeron a un tendencial deterioro de la lógica reproductiva del sindicato.

En esta dirección, los mecanismos simples de reproducción material y sus determinantes fueron atacados. A su vez, los mecanismos más complejos, que suponían la circulación del ahorro obrero constituido sobre los anteriores, también se vieron comprometidos.

En este esquema general, la particularidad de la dictadura militar residió en que no sólo fue contra los determinantes de los mecanismos, sino que los cortó de manera directa. Desde este dato podemos leer la suspensión de las afiliaciones aplicada en el marco del decreto 385/77, que anulaba contribuciones compulsivas (como las cuotas extraordinarias) y derogaba una disposición anterior según la cual las cuotas sindicales alcanzaban a todos los trabajadores. Tras este intento de atacar las bases mismas del gremio, en abril de 1981 se redujo un cien por ciento el importe correspondiente a la cuota sindical (^{Cronista Comercial, 1992}).

Así, se apuntalaba la desfinanciación de la organización, que tuvo como principal herramienta el ataque al convenio colectivo de trabajo, producido en febrero de 1977, con la implementación de la Ley 21.476/76, que anulaba todas las cláusulas que estuvieran por encima de lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo. Ello supuso la ampliación de la jornada laboral y la anulación de conquistas históricas como las bonificaciones, el régimen de vacaciones y los aportes al gremio.

Estas medidas fueron resistidas duramente por los trabajadores, pero tras la desaparición forzada del secretario general Oscar Smith, el sindicato fue derrotado y perdió las cláusulas convencionales que hasta entonces le habían permitido obtener un enorme caudal de ingresos. La anulación, primero, y después la disminución de la cuota de afiliación, la eliminación de los aportes extraordinarios y empresarios, la pérdida de control sobre el fondo compensador y la inactividad en la que cayeron las cooperativas significaron una brutal caída de recursos para la organización.

Al mismo tiempo, junto con el ataque a tales mecanismos, se erosionaron sus determinantes, con lo cual quedó comprometido el funcionamiento presente y futuro de la organización. Mientras que en 1974 la dotación de SEGBA era de 25 962 trabajadores, en 1984 pasó a 21 336, un 18% menos, descenso que puede explicarse por las cesantías producidas en virtud de la ley de prescindibilidad (^{Senén González y Bosoer, 2009}; ^{Rodríguez, 2012}) y la reorganización empresarial. Asimismo, a nivel macroeconómico, entre 1976 y 1982 los salarios reales fueron en promedio 32.8% más reducidos que los de 1974, esto debido a la fuerte devaluación de la moneda, el llamado sinceramiento de los precios y el congelamiento de los salarios (^{Arceo, et al., 2008}).

Con el primer Gobierno democrático, en lo que constituyó una suerte de interludio en la tendencia general del declive económico para el sindicato, hubo una recuperación parcial de sus mecanismos reproductivos y de los determinantes que había estructurado el periodo previo, lo que sin embargo no fue suficiente para alcanzar los niveles previos a la dictadura. En este orden se puede situar el crecimiento del número de empleados en SEGBA, que pasó de 20 135 en 1983 a 22 269 en 1989 (^{Dinamis, 1991}), aumento que implicó el incremento de afiliados activos de 17 401 a 19 582 en el mismo lapso, según datos de la Secretaría de Organización de LYFCF. A su vez, los aportes extraordinarios no fueron restituidos y los de los empresarios, si bien restablecidos en el convenio, se ubicaron en el 4%, es decir, por debajo del porcentaje alcanzado en el momento de auge de la economía gremial.

Los mecanismos de mayor complejidad que se habían desarrollado sobre los más simples se vieron igualmente afectados. En ese fenómeno se ubican la desfinanciación de la caja compensadora, motivada por el resentimiento de la relación activos-pasivos (en la primera etapa era de 6 a 1, mientras que en 1987 pasó casi a 1 a 1) (^{Dinamis, 1987}), y la merma de la actividad cooperativa, que además de ver afectado el número de asociados perdió la prioridad de contratación que había obtenido en los convenios de los años setenta. Contraídos los ingresos de los fondos solidarios, se interrumpió la posibilidad de ponerlos en circulación.

El proceso de crisis encontró su punto más alto en 1992 con la privatización de SEGBA. La empresa pasó de tener 22 809 trabajadores en 1989 a 6 867 en 1998 (^{Duarte, 2001}), descenso que continuó hacia el 2002, según puede estimarse a partir de los datos de Edesur.³ Esta distribuidora tenía, en 1992, 7 541 empleados efectivos, 5 051 en 1993 y 2 251 en 2002 (Ministerio de Economía de la Nación, s/f; ^{Edesur, 2002}), lo que representa una reducción del 70% en diez años.

Esta contracción implicó la caída del número de afiliados activos, que pasó de 19 582 en 1989 a 3 986 en 2002, y con ello una drástica reducción de dinero, al tiempo que los aportes de los empresarios, si bien experimentaron un crecimiento del porcentaje del 4% al 6%, no lograron equilibrar el drenaje de recursos que supuso la contracción del empleo efectivo (que demostró ser el determinante más importante en la evolución de los ingresos gremiales).

Sumado a ello, y como consecuencia de la privatización, el sindicato asumió el control de la obra social⁴ y del fondo compensador, institutos que en el contexto de inversión de la relación entre activos y pasivos (para 1992 había 1.5 pasivos por cada activo), lejos de generar nuevos ingresos, se tradujeron en déficit sostenido.

Siguiendo la tendencia del periodo, las cooperativas, desfinanciadas, se convirtieron en estructuras intermediarias en la compra-venta de mercancías, y recuperaron la prioridad de contratación en los convenios, lo que, sin embargo, no parecía ser suficiente para revertir la crisis. El mensaje fue afrontar la reforma con pragmatismo, lo que LYFCF tradujo en la negociación de paliativos, como las indemnizaciones para los trabajadores eléctricos que aceptaban los retiros o la permanencia en la obra social de los tercerizados.

El ataque a los mecanismos reproductivos tuvo un efecto contractivo que se expresó en la reducción de la estructura y los gastos corrientes de la organización. Así, se pasó del abandono de las instalaciones por parte de la intervención militar a su recuperación en el Gobierno de transición a la democracia y luego, con la privatización, a una reducción de la estructura organizacional y la concesión de los hoteles adquiridos en la etapa anterior.

Asimismo, debe señalarse que a pesar de ello se mantuvo la articulación y subordinación de la reproducción del sindicato respecto al ciclo de la economía política del trabajo asalariado, sólo que la tendencia viró de la expansión a la contracción. Como la reproducción del sindicato continuó ligada a los determinantes que afectaban en primer lugar a los propios trabajadores -el empleo y los salarios-, la erosión de los mismos implicó también una disminución de los ingresos y el consumo gremial, lo que generó a su vez una caída de la circulación del ahorro del pasivo en la compra-venta de mercancías o en los préstamos de dinero a los obreros.

Una manifestación de este proceso de contracción de los ingresos de los trabajadores vis a vis con los ingresos del sindicato fue el deterioro de la obra social, que significó tanto un déficit para la organización como un perjuicio para los trabajadores, quienes por primera vez comenzaron a pagar aranceles por prestaciones anteriormente gratuitas. Ante la crisis, el sindicato ajustó sus gastos y, junto con ello, los recursos destinados a satisfacer las necesidades sociales de los trabajadores, a quienes dejó a expensas de las fuerzas del mercado bajo las reglas generales del capitalismo.

Este fue un punto de inflexión en un proceso de crisis más amplio de la economía gremial, que comenzó en 1976 y que tuvo las siguientes características principales:

2.3. 1992-2003. La expansión capitalista: el “sindicalismo empresarial”⁵

Para afrontar la severa crisis económica atravesada, el gremio capitalino impulsó dentro de la federación nacional una solución que no se limitaba al ajuste de gastos, sino que permitía generar nuevas fuentes de ingresos: la estrategia denominada sindicalismo empresarial, que consistió en la participación activa en las reformas de mercado, como las privatizaciones de empresas públicas y del sistema de seguridad social.

LYFCF, si bien realizó una incursión menor en la adquisición de unidades de negocio, impulsó la iniciativa y negoció su aprobación dentro de la FATLYF, al tiempo que aportó su patrimonio como garantía.

El sindicalismo empresarial fue interpretado desde las producciones académicas como una deriva más o menos natural del modelo y estilo sindical dominante en Argentina. Para algunos investigadores, constituyó un esfuerzo por sostener un esquema organizativo de carácter corporativo y burocrático (^{De la Garza, 2001}; ^{Novick, 2001}); para otros, significó el producto de un espacio de negociación con el Gobierno que fortaleció los recursos organizativos (^{Murillo, 1997}; ^{Etchemendy, 2001}); mientras que para una tercera línea fue la prolongación de un tipo clásico de sindicalismo de servicios (^{Ranis, 1995}; ^{Palomino, 1999}).

Estas lecturas, aun con matices, tienden a destacar los elementos de continuidad de prácticas y tradiciones previas, pero no logran captar la singularidad del fenómeno. Desde una perspectiva disímil, en este trabajo se sostiene que los emprendimientos que dieron contenido al sindicalismo empresarial (empresas eléctricas, aseguradoras de riesgos del trabajo, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, etc.) constituyeron nuevos mecanismos complejos de reproducción material que venían a desplazar de su lugar central a los tradicionales, dado que, al estar en crisis, estos ponían en jaque el ingreso de dinero.

La estrategia no necesariamente fue exitosa, pero más allá de los resultados lo distintivo es que el gremio utilizó el ahorro obrero con una nueva función y objetivo: constituirse en capital y valorizarse, para lo cual montó un holding empresarial que operaba en las esferas comercial, financiera y productiva.

La iniciativa más visible dentro del circuito comercial fue la creación de dos agencias de turismo (Volt’s y TurLyfe) que transformaron esta área, de cara a la tradición de acción social del gremio, en una mercancía lanzada a un mercado que trascendía a la familia lucifuercista, todo con el fin de obtener ganancias. Junto con ello, el sindicato intervino en forma sistemática en los circuitos del capital financiero, que estaba centrado en el sistema de crédito y la creación de formas ficticias de capital (^{Harvey, 1990}). Habilitada por las reformas de mercado y como parte de la estrategia empresarial, la FATLYF formó una complejísima estructura de negocios financieros: la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), las aseguradoras satélites y la aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

En 1994, creó la AFJP Futura S. A. con la participación de otros gremios y del Banco UNB, cuya presencia se previó como temporal hasta que la federación formara su propio banco, ambición que no concretó. Lo notable de esta iniciativa fue la magnitud del negocio financiero que el sistema integrado de jubilaciones y pensiones constituía, un sistema de capitalización per se tal como fuera diseñado. Al 28 de febrero de 1998 la AFJP (donde la FATLYF tenía el 78% de las acciones) había colocado cerca de ARS 200 000 000.00 en un porfolio de valores ficticios: acciones en sociedades anónimas, títulos públicos, fideicomisos financieros, obligaciones negociables, letras hipotecarias y títulos de fondo de inversión directa (^{Contacto, 1998}).

El plan previsional lucifuercista incluyó además un diseño integral para que la AFJP trabajara de modo coordinado con otras dos sociedades anónimas de seguros: Fuerza S. A. y Lúmina S. A. La primera era la adjudicataria de la atención del seguro de vida e invalidez y la segunda la encargada de proporcionar servicios de renta vitalicia o jubilación programada. La ART posteriormente creada, Luz S. A., constituyó otro tipo específico de intermediación financiera, construida en este caso para atender el negocio de la salud laboral, cubriéndose así todas las aristas del sistema mercantilizado de seguridad social.

Además de intervenir en los negocios comerciales y financieros, el gremio por primera vez en su historia participó en forma planificada y sistemática en la esfera productiva del capital, que posee la particularidad de ser la única que produce plusvalor. En este sentido, realizó algunos emprendimientos modestos, como la adquisición de un laboratorio farmacéutico (Laformed S. A.) y una droguería (Medilyf S. A.), y otros mucho más ambiciosos, como la compra, administración y fundación de empresas ligadas a la energía.

Lejos de resistir las privatizaciones, entre 1993 y 2003 la FATLYF se constituyó como copropietaria de cuatro centrales eléctricas (NOA, Sorrento, Patagónicas, Litoral), dos transportadoras (TRANSNOA, TRANSNEA) y dos distribuidoras (EJSED, EDESE); participó sin éxito en la licitación de seis empresas eléctricas (Centrales San Nicolás, Hidráulicas de Río Negro, Hidroeléctrica Diamante, Distrocuyo, EDEER, ESEBA); y por fuera de su actividad principal adquirió parte de la empresa productora de carbón YC Río Turbio y de una distribuidora de gas (GASNEA).⁶ Al mismo tiempo, el gremio creó empresas de servicios para asistir a las compañías eléctricas.

Así, la adquisición de empresas de electricidad durante el proceso privatizador constituyó una iniciativa más de entre otras muchas formas de negocios, las cuales no sólo fueron respuestas negociadas políticamente con el Gobierno, sino que constituyeron en sí mismas mecanismos de reproducción material de carácter complejo. Lo distintivo de esta etapa es la magnitud, sistematicidad e intencionalidad que adoptó el proceso.

En términos cuantitativos, la multiplicidad de operaciones en los circuitos de capital en que se ubicaron las diversas unidades de negocio da cuenta de las dimensiones de la estrategia empresarial, que buscó aprovechar todas las posibilidades que ofrecían las reformas a fin de captar, y hasta de producir, plusvalía. En esta línea se inscriben también la ampliación del mercado en que operaba el gremio, el cual trascendió a la familia lucifuercista para alcanzar a los consumidores en general, y el abandono de la práctica de vender mercancías a los precios más baratos del mercado.

Asimismo, desde una óptica cualitativa, la estrategia empresarial presentó además transformaciones con respecto a los mecanismos reproductivos dominantes en etapas previas, principalmente debido a que el propósito constitutivo de la identidad sindical, esto es, representar a los trabajadores y satisfacer sus necesidades, apareció mucho más distante.

La federación volcó sus recursos a la adquisición de múltiples unidades de negocios, las cuales no constituyeron un fondo de consumo destinado al disfrute de los trabajadores, sino un capital fijo constituido para captar más valor. En otros términos, la expansión no estaba fundada en el consumo, sino en la valorización.

Muchos de los nuevos mecanismos reproductivos se asentaron sobre estructuras preexistentes ligadas a los servicios sociales (como la constitución de la AFJP con base en el fondo compensador), pero estas quedaron desarticuladas respecto a los trabajadores, en tanto ya no tenían como objetivo inmediato satisfacer crecientes necesidades sociales, sino apropiarse de diferentes formas de plusvalía, distanciándose así de la lucha por la expansión del ciclo reproductivo de los trabajadores.

Las relaciones de los trabajadores con estas estructuras y su identidad con respecto al gremio se complejizaron. Además de afiliados, los dirigentes se referían a los trabajadores como propietarios de las empresas, en tanto miembros de la organización, y como clientes de las unidades de negocios. Al mismo tiempo, cuando la FATLYF pasó a ser propietaria de compañías eléctricas, a la clásica relación representantes-representados se le yuxtapuso la de empleadores-empleados. En un proceso complejo, la estrategia empresarial entrañó para el gremio la contradicción de representar trabajadores y personificar capital.

Tanto la federación nacional como la filial capitalina del sindicato intentaron articular a través del discurso lo que materialmente estaba desarticulado. Desde este enfoque se lee la presentación de los emprendimientos empresariales como una expresión más del sindicalismo múltiple, operación que, como se ha sostenido en trabajos previos (^{Haidar, 2016}), coincide con una de las interpretaciones del fenómeno en términos del business unionism, o de prolongación del sindicalismo de servicios.

En esta investigación, en cambio, se entiende que las características predominantes que asumieron los mecanismos reproductivos en esta etapa difieren cualitativamente de aquellas que primaron bajo el llamado sindicalismo múltiple, desarrollado en el primer periodo. Esquemáticamente, estas son:

Este fue un proceso complejo que estuvo atravesado por múltiples matices y contradicciones, pero más allá de las mismas y del grado de eficacia de la estrategia, es posible reconocer la existencia de una tercera etapa que se ha caracterizado como de expansión capitalista del sindicato, esto es, de acercamiento a la economía política del capital, aquella que tiene como fin la valorización y que implica una distancia de la lucha por la ampliación de la reproducción del trabajo asalariado.