Reseñas

 

Equidad social y parlamentarismo. Balance de treinta años

 

Carlos Barba Solano*

 

* Profesor investigador titular "C", adscrito al Departamento de Estudios Socio Urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.

 

El libro intitulado Equidad social y parlamentarismo. Balance de treinta años, publicado por la editorial Siglo XXI y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IEDT) y coordinado por Ricardo Becerra, quien es presidente de dicho instituto, constituye una magnífica síntesis de una reflexión colectiva realizada a lo largo de más de 20 años.

El IEDT fue fundado luego del agudo conflicto postelectoral de 1988 y desde un principio se empeñó tanto en impulsar la construcción de un auténtico sistema de partidos, que expresara la pluralidad del país y diera cause a la diversidad política, como en advertir que la democratización del país exigía algo más que elecciones limpias: abordar el fracaso de los gobiernos autoritarios del PRI para lograr el bienestar social de la mayoría de los mexicanos.

Democracia y equidad social han sido las dos vías sobre las que se han desarrollado las reflexiones en el IEDT y también son el punto de partida de fructíferos diálogos entre varios de los participantes de este libro.

Aunque esta obra se escribió antes de las elecciones recientes, sus autores asumen el gran desencanto que existe con respecto a la vida política del país, pero, a diferencia de muchos críticos del desempeño de los gobiernos panistas, no consideran que el tema central de este momento sea el descontento frente a la pluralismo ni el déficit de gobernabilidad, sino la incapacidad de sucesivos gobiernos para hacer frente al tema de la desigualdad y la pobreza.

En ese contexto político y teórico debe ubicarse el libro coordinado por Ricardo Becerra. Un balance sobre equidad y democracia en México a lo largo de las tres últimas décadas. Un diagnóstico de claro-oscuros que, por una parte reconoce la innegable apertura a la diversidad política en las instituciones del Estado (aunque esté lejos de ser perfecta) y, por otra, como afirma José Woldenberg, observa que en lo que corresponde al bienestar social, la realidad es cada vez más precaria porque no ha habido un crecimiento económico sostenido, los empleos formales que se crean son muchos menos de los que son necesarios, la informalidad crece y las condiciones de vida de la mitad de los mexicanos se mantienen en la precariedad o la miseria; además, millones de jóvenes viven sin opciones de educación ni trabajo, y porque todo esto repercute en la erosión de la cohesión social y en un deterioro de la imagen de la democracia (p. 282).

Una convicción está detrás de esta publicación y algunos de sus autores lo han afirmado en distintos foros: ha llegado la hora para una segunda transición que permita, como propone Woldenberg, cerrar las enormes brechas de clase, la aparición de nuevas castas, grupo, tribus y pandillas que han mutilado a este país¹ (p. 282).

Pero ¿Cómo hacerlo?, ¿mirando hacia al pasado?, ¿siguiendo el mismo camino de los últimos 15 años?, o ¿proponiendo un horizonte alternativo?

Estas preguntas son el punto de partida compartido por 20 autores que gozan de gran prestigio, provenientes de instituciones de educación superior, organizaciones civiles, fundaciones, revistas e instituciones públicas, todos cercanos al IEDT, que a lo largo de 17 capítulos, divididos en tres secciones, las abordan reflexionando en distintos ámbitos.

En conjunto este esfuerzo apunta a enfrentar una visión asumida por círculos políticos, académicos y periodísticos cercanos al proyecto de liberalización de la economía que ha adquirido el carácter de verdad indiscutible y ha difundido, nos dicen, "una retórica acerca del presente mexicano" que, aunque reconoce que el país se ha estancado y que su economía acusa un desempeño mediocre, sostiene que esto ha ocurrido porque en los últimos doce años no se han realizado las reformas estructurales que hacían falta, debido a que el Congreso y el pluralismo que éste representa, han funcionado como obstáculos insalvables, lo que los convierte en disfuncionales, atávicos y obstaculizadores de la modernidad del país.

Para los autores de Equidad Social y Parlamentarismo, una afirmación de este tipo se acerca peligrosamente a la idea autoritaria de que sólo un gobierno fuerte y sin contrapesos es capaz de ser eficaz. Por eso rechazan el diagnóstico de que el mayor problema de México es un déficit de gobernabilidad del que sería responsable la pluralidad política representada en el Congreso (pp. 278-279).

Como afirmaba Pierre Bourdieu, hay que tener cuidado con cualquier "ilusión de consenso generalizado", en especialmente cuando se refiere a la liberalización de la economía y la sociedad, porque esto suele utilizarse para crear un clima favorable al retraimiento del Estado y a la sumisión de la vida social a los valores de la economía, para glorificar la destrucción del concepto de responsabilidad colectiva y para censurar a las víctimas y responsabilizarlas por su propia desgracia² (Bourdieu, 1999: 18-19).

Bourdieu tenía razón cuando afirmaba que "no existe una auténtica democracia sin un auténtico contrapoder crítico". Un contrapoder capaz de someter a escrutinio riguroso cualquier presupuesto que dañe a la sociedad. Entre ellos: que "el crecimiento máximo —y por tanto la productividad y la competitividad— es el fin último y único de las acciones humanas; o que es imposible resistir a las fuerzas económicas"; que es imprescindible separar lo económico de lo social, dejando esto último en el mundo marginal de la sociología; que "flexibilidad, adaptabilidad, desregulación" forman parte de un mensaje universal de liberación, sin observar que cuando el Estado abandona lo social, "la consecuencia es una cantidad extraordinaria de sufrimientos de todo tipo, que no afectan únicamente a las personas golpeadas por la miseria extrema" (Bourdieu, 1999: 22, 45-46).

En mi opinión, el libro "Equidad social y parlamentarismo" forma parte de este contrapoder crítico porque se propone responder a esa retórica que también predomina en México, señalando que no es para nada claro que en nuestro país se requieran más "reformas estructurales" para continuar el proceso de liberalización económica. Por el contrario, su tesis es que el pluralismo que se ha afianzado en el país y la incipiente democratización son factores que ponen en cuestión la pertinencia de esas decenas de "reformas estructurales" que ya se realizaron en el último cuarto de siglo y que no cumplieron sus promesas de crecimiento y mucho menos de prosperidad.

El peso de estas afirmaciones es aún mayor en un momento como el que estamos atravesando, cuando a marchas forzadas se debate el proyecto de reforma laboral enviado por el presidente Calderón como iniciativa preferente al Congreso, proyecto que poco abona al tema del bienestar social y que probablemente no se alejará del diagnóstico realizado por el coordinador del libro que estamos reseñado, quien califica los últimos 30 años como "decepcionantes" en términos de los logros de las reformas estructurales.

Becerra señala que hace falta una explicación sobre el impacto de las reformas estructurales, reflexionar sobre la pertinencia de su continuidad y sobre la búsqueda de una solución de fondo que abra paso a una perspectiva de futuro, en un momento de profundo pesimismo, que podría resumirse en la idea de "malestar en democracia", es decir: una democracia sin crecimiento ni bienestar (pp.7-36).

Esta tarea se acomete a lo largo de las tres secciones del libro, la primera, dedicada a ubicar el caso mexicano en el contexto internacional; la segunda, a reflexionar sobre el problema de la desigualdad social, y la tercera, a discutir la conveniencia o la necesidad de cambiar el tipo de régimen político vigente.

La sección dedicada a profundizar en el tema de la desigualdad inicia con el capítulo de Raúl Trejo Delarbre quien resalta que durante los últimos 30 años hemos experimentado transformaciones muy positivas, como un profundo cambio demográfico que nos ofrece una magnífica oportunidad para convertir en prosperidad el bono demográfico que no se agotará hasta el tercer decenio del siglo XXI; o el derrumbe del viejo sistema autoritario y la creación de uno nuevo, más libre y democrático. Sin embargo, nos indica que esas transiciones han quedado ensombrecidas por el estancamiento económico (pp. 69-97).

En el siguiente capítulo, Ricardo Becerra señala que vivimos en un contexto socioeconómico que ofrece bases duras para el pesimismo que reina en nuestro país. El carácter excluyente de nuestra sociedad es innegable, no sólo la mitad de nuestra población es pobre, sino que la pobreza tiende a repuntar, pues entre el año 2000 y el 2010, 5.3 millones de personas se convirtieron en nuevos pobres. A pesar de que nuestra economía experimentó numerosas reformas para liberalizarla en los años ochenta y noventa, no ha logrado crecer; los datos son contundentes: entre 2000 y 2010, el Producto Interno Bruto sólo ha aumentado en promedio 1.6% anual, con un crecimiento per cápita para el mismo periodo de sólo 0.3% anual, datos semejantes a los de la década perdida de 1980 (pp. 8-9).

Más tarde, Enrique Provencio exhibe uno de los motores de la desigualdad: un comportamiento errático de la economía, que durante los últimos 30 años se ha comportado como una montaña rusa, tanto en la vieja etapa proteccionista, como en la estrategia liberalizadora (pp. 98-130).

Por su parte, Rolando Cordera y Nahely Ortiz analizan los costos de esta estrategia en términos de la inseguridad civil y también de la social, de la pérdida de un horizonte optimista para el futuro, de la incapacidad para generar una estrategia exitosa de inserción en la economía global, de la interrupción de la movilidad social, la imposibilidad de participar en el consumo o de tener acceso a la seguridad social para segmentos enormes de la sociedad mexicana (pp. 131-156).

A continuación, Ciro Murayama subraya que el surgimiento de los estados de Bienestar, hacia la segunda mitad del siglo XX en numerosos países y en distintas modalidades, hace evidente la posibilidad de acompasar democracia política y equidad social. Advierte que es imprescindible construir un Estado de Bienestar en México para fortalecer a nuestra joven democracia y para hacer frente a los dos problemas sociales de mayor gravedad y hondura que enfrentamos: la pobreza masiva y la desigualdad extrema. En su opinión, ésta es la vía para lograr combinar una economía de mercado abierta con una democracia incluyente en lo social, pero en México el camino que hemos recorrido combina un crecimiento frágil y una gran acumulación de rezagos sociales³ (pp. 157-160).

Este autor subraya el gran desequilibrio estructural que prevalece en el mercado laboral, que se refleja en condiciones precarias de ocupación, incapacidad de generar el empleo formal y de buena calidad que requiere el nuevo perfil demográfico de México. El crecimiento más rápido de la población que desea trabajar que el de la ocupación, la precariedad y la inestabilidad reinantes, exigen formas alternativas para ofrecer protección social, que sólo un Estado de bienestar podría garantizar a través de un servicio nacional de salud, un sistema único de seguridad social y un seguro de desempleo. La construcción del Estado de bienestar, nos dice, exige un pacto social a favor de la equidad, capaz de realizar una reforma que permita sortear la trampa de baja recaudación fiscal que históricamente ha caracterizado a nuestro país (pp. 64-187).

En seguida, Pedro Salazar inicia su contribución señalando que la Constitución de 1917, que durante mucho tiempo fue considerada un fetiche, delineaba las coordenadas básicas para la conformación de un Estado Social democrático y de derecho, pero que todavía esto no ha sido alcanzado porque la "constitución material" de nuestra realidad ha desbordado y escapado de este diseño constitucional. Sin embargo, el autor reconoce que no todos los saldos son negativos, particularmente en lo que corresponde a los derechos humanos, ya que la reforma constitucional de 2011 sentó las bases para una transformación profunda de las prácticas políticas, jurídicas y programáticas en esta materia (pp. 189-191).

Dicha reforma, afirma Salazar, fue la culminación de un largo proceso y repercute en el ensanchamiento de la titularidad de derechos, la especificación de las obligaciones de las autoridades, el fortalecimiento de las instituciones de protección y el acento en la protección de los derechos desde las políticas públicas. Los derechos humanos, nos explica, se convirtieron en el núcleo sustantivo de un proyecto de justicia que busca garantizar para todos los ciudadanos un piso de igualdad material y de satisfacción de necesidades básicas, así como un amplio catálogo de derechos civiles y políticos. Sin embargo, advierte el autor, lograr que esta agenda se materialice requiere la acción concertada de numerosos actores políticos y sociales: los ciudadanos comunes, los estudiosos del derecho, la escuelas de derecho, los litigantes, los jueces quienes tienen que superar viejas prácticas y asimilar nuevos conceptos para que la reforma logre realizarse en la constitución material de nuestra sociedad (pp. 191-211).

En este mismo orden de ideas, Rollin Kent, Leonardo Lomelí, Marta Lamas, Rafael Cordera, Luis Emilio Giménez Cacho, Julia Carabias y Raúl Trejo definen y analizan los alcances de los derechos sociales con los que contamos los mexicanos en materia de educación, salud, igualdad de género, derechos de los jóvenes, derechos laborales, medio ambiente y derecho a la información.

En el primer caso, Rollin Kent reconoce el esfuerzo realizado durante los últimos 20 años para ampliar la matrícula escolar, pero señala que no sólo persisten grandes distancias de cobertura social entre niveles educativos sino que, de cada 100 niños que empiezan la primaria, sólo 18 sobreviven el trayecto escolar de 12 años para tener posibilidades de ingresar al nivel superior. Nivel que, de acuerdo con el Banco Mundial, tiende progresivamente a convertirse en la "nueva educación básica", es decir, en la escolaridad necesaria para desarrollarse productiva, cultural y políticamente en el mundo contemporáneo (p. 214). Kent advierte que no es suficiente evaluar al sistema educativo, hace falta analizar la organización política y el gobierno del sistema educativo y no seguir respaldando acríticamente el corporativismo sindical que se ha convertido en un enorme obstáculo para hacer cumplir el derecho a la educación (pp. 212-218).

Por su parte, Leonardo Lomelí indica que el sistema de salud mexicano muestra rezagos importantes en tres indicadores centrales: equidad, calidad y cobertura financiera. Afirma que la desigualdad es la característica general en la operación de este sistema, tanto en términos de acceso a la salud, como de infraestructura sanitaria, lo mismo entre individuos y grupos sociales que entre regiones. Destaca que el sistema es segmentado y no es financiado adecuadamente, que la inversión en salud es inferior a la que corresponde a un país con el nivel de desarrollo de México y que la reforma de 2004, cuya figura emblemática es el Seguro Popular, no parece la solución para los problemas apuntados (pp. 219-227).

A su vez, Marta Lamas aborda el tema de la desigualdad de género en México, que se expresa en una brecha sustantiva de recursos y oportunidades sociales entre hombres y mujeres. La autora señala que, desgraciadamente, esta desigualdad es funcional para la marcha de la sociedad y que esto no podrá superarse sin una propuesta de paridad en la participación de los dos sexos, no sólo en los ámbitos de toma de decisiones, sino dentro del hogar. La idea es enfrentar la brutal desigualdad en la distribución del trabajo de cuidado doméstico que prevalece en perjuicio de las mujeres, agravada por la carencia de servicios públicos, la precariedad laboral y la informalidad. Un tema central, nos dice, es redefinir el cuidado como parte de las obligaciones y derechos ciudadanos. Otro es la necesidad de tomar en consideración la subjetividad como un obstáculo muy relevante en la construcción de equidad social, porque prevalece una cultura excluyente que ha sido interiorizada por amplios sectores sociales (pp. 228-235).

En el capítulo siguiente, Rafael Cordera Campos habla del "desastre juvenil" en México, provocado por la poca importancia que se ha otorgado al papel estratégico de los jóvenes para el desarrollo del país. El autor subraya la incapacidad del sistema educativo para retener y formar a los jóvenes en los niveles de educación media, debido a la baja calidad de este servicio social, los altos índices de reprobación y la pobre eficiencia terminal. Considera que los jóvenes son las víctimas principales del agravamiento de las desigualdades, la ausencia de oportunidades, la exclusión, la pobreza y el debilitamiento de los vínculos sociales. Por ello, propone: estudiarlos, invertir en ello, desarrollar políticas juveniles y estrategias para su incorporación al sector productivo (pp. 237-244)

Luis Emilio Giménez Cacho reflexiona sobre la transformación radical del trabajo en México, caracterizada no sólo por el gran crecimiento de la PEA durante los últimos 40 años, o por la urbanización del trabajo, sino por la preponderancia que ahora tienen los servicios y el comercio, que en la actualidad alcanza 59.0% de la ocupación. El ingreso masivo de las mujeres al mundo del trabajo es también otro cambio muy significativo. En estos momentos, cuatro de cada diez personas ocupadas son mujeres. Pero estos cambios han sido acompañados por tendencias muy preocupantes, ligados a la liberalización económica de las últimas décadas: agudización de la polarización social, altos niveles de subempleo, pobreza, informalidad, vulnerabilidad, deterioro de las condiciones de protección de quienes tienen empleo. Algunos factores clave para entender este proceso son las políticas de contención salarial, el desgaste de la capacidad de negociación de los asalariados, la actitud pro-empresarial de los últimos cuatro gobiernos, la crisis del sistema de justicia laboral, el incumplimiento generalizado del derecho del trabajo, la precarización laboral, que es muy aguda en los micro y pequeños negocios y la generalización de los contratos de protección. El autor considera que es indispensable una reforma que reconozca a los trabajadores como constructores libres de su propio destino en la empresa y los sindicatos y ante la ley para configurar un régimen laboral moderno y equitativo. Tenemos que admitir que lo que hemos presenciado durante las últimas semanas en materia de reforma laboral no se acerca mucho a las recomendaciones de Giménez Cacho (pp. 245-252).

A continuación, Julia Carabias utiliza el concepto de desarrollo sustentable para insistir en que es menester crecer y satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. La autora advierte que las tendencias de desarrollo actuales corren en sentido opuesto, que estamos hipotecando el derecho al desarrollo de las generaciones futuras y que resulta muy difícil conducir una política de Estado que incorpore los intereses de quienes aún no han nacido, debido a que se requiere un compromiso ético y moral del que nuestra sociedad carece. Una frase final de un trabajo previo de la autora en coautroría con Mario Molina y José Sarukhán resume el dilema actual: "Ninguna generación... previa a la nuestra ha tenido la cantidad de información sobre los efectos de nuestra actividad sobre el ambiente de la Tierra; ninguna generación del futuro tendrá el tiempo que nosotros tenemos para actuar" (pp. 253-261).

Finalmente, Raúl Trejo Delarbre aborda el tema de la información y los medios de comunicación como derecho de ciudadanía. Para empezar, señala que en México el derecho a comunicar ha sido acaparado por unos cuantos, tanto en el campo de la televisión comercial, como de la radio y de los periódicos, todos protegidos por el gobierno mexicano, mientras hay muchas restricciones para radiodifusoras comunitarias. Este grado de concentración es atípico en el mundo y es resultado de los privilegios, subsidios y financiamiento por parte del Estado a particulares. Por ello, el autor señala numerosas asignaturas pendientes en materia de derechos de los ciudadanos en el campo de la comunicación, en términos de contenidos, publicidad, programación y horarios para niños y adolescentes, noticias, diversidad cultural, respeto a la vida privada y la dignidad de las audiencias y los participantes en los programas, o, en el caso del derecho de réplica cuando un ciudadano considera que ha sido afectado por algún medio de comunicación. Trejo afirma que esos derechos no existen en México, o se cumplen con grandes limitaciones, que no contamos con organismos reguladores independientes y que el peso de los poderes fácticos en este campo es muy grande (pp. 262-266)

En la tercera sección, que propone el cambio de régimen político, se aborda el tema del desencanto con la incipiente democracia, las razones que se deben considerar para cambiar de régimen político, el funcionamiento del parlamentarismo y los cambios constitucionales que serían indispensables para optar por la vía que aquí se propone.

Abre esta sección José Woldemberg, mostrando los datos del informe de Latinobarómetro de 2010 que indican que en México sólo 49% de los encuestados consideró que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, tan sólo 41% juzgaba que la democracia permite solucionar problemas, únicamente 28% se sentía satisfecho con la democracia,21% consideró que el gobierno actuaba para beneficiar al pueblo, y apenas 8% estimaba que la situación económica era muy buena o buena (pp. 271-273).

Este autor destaca una paradoja: a pesar de avances importantes en la coexistencia de la pluralidad política en las instituciones del Estado, de nuevas leyes e instituciones en materia de transparencia de la información, del incremento de la libertad de expresión y del surgimiento de nuevas agrupaciones y agendas desde la sociedad, observamos un gran malestar con la democracia y una mala imagen de la política y los políticos. La primera evaluada como ineficiente, los segundos considerados incapaces (pp. 271-274).

Este malestar, nos propone Woldemberg, deriva de una fórmula de gobierno en la que el presidente, antes omnipotente, se halla ahora acotado por poderes constitucionales y fácticos. Proviene de lo difícil y tortuoso que es la toma de acuerdos. Por eso, continúa, el régimen de gobierno es cada vez más puesto en tela de juicio. El autor señala que las iniciativas de reforma han sido fragmentarias y ambiguas, que la añoranza del pasado crece y que ello ha llevado a propuestas para construir artificialmente una mayoría parlamentaria absoluta a través, por ejemplo, de la reducción de la representación proporcional. El autor concluye ponderando la alternativa propuesta por el IEDT que es: un cambio de paradigma, transitar del presidencialismo al parlamentarismo, porque este último obliga a la formación de coaliciones para formar una mayoría de la cual emerja el gobierno (pp. 276-283)

En ese mismo tenor, Jorge Javier Romero reflexiona sobre las razones históricas para cambiar de régimen, señalando que durante el siglo XIX, tanto en el constituyente de 1836 como en el de 1843, se pensaba que bastaba con poner reglas formales para transformar el viejo centralismo colonial en un orden republicano, y que la Constitución de 1857 no logró resolver la tensión existente entre un poder legislativo plural y un presidente que quería ser fuerte. La solución de facto, nos recuerda, fueron los gobiernos de Juárez o de Porfirio Díaz que gobernaron atendiendo un orden informal en contradicción con el diseño democrático. Así, la Constitución del 57 se convirtió en una ficción (pp. 295-298).

Romero afirma que la revolución mexicana permitió desarrollar una nueva Constitución en 1917, en la que se reconocían los derechos de propiedad de los pueblos, comunidades y campesinos sin tierra y se daba a la presidencia la capacidad administrativa para resolver por decreto el cambio de propiedad a través de la expropiación. Pero nuevamente, nos señala el autor, la tensión entre representación plural y capacidad de gobierno se mantuvo en los mismos términos, lo que condujo otra vez a sustituir las reglas formales inadecuadas por otras de facto. La solución fue crear el PNR en 1929, un arreglo corporativo a partir de 1938 y, desde 1940, crear un sistema electoral controlado por el Ejecutivo, quien se convirtió en el encargado de nombrar a su sucesor y de repartir los puestos de elección popular. El diseño constitucional, concluye Romero, nuevamente fracasó. El resultado insostenible en términos sociales y políticos llevó, después de décadas, primero a una ampliación de la representación y, finalmente, a la democratización del sistema, pero no al cambio de régimen político. El autor señala que ha llegado el momento de hacer lo que hicieron los ingleses en 1649 y los franceses en 1793: "cortarle la cabeza al rey", aunque ahora de manera metafórica, abandonando el diseño presidencialista que entraña siempre un conflicto potencial entre Ejecutivo y Legislativo, a favor de un régimen que permita la existencia de un Ejecutivo fuerte pero democrático, que refleje la existencia de coaliciones estables, que son imperativas en el marco de un régimen parlamentarista (pp. 286-310)

Siguiendo con esta argumentación y retomado las mismas premisas, Lorenzo Córdova se aboca a exponer cómo funciona el parlamentarismo y su idoneidad para propiciar una gobernabilidad democrática. Primero aborda los orígenes y evolución histórica tanto del presidencialismo como del parlamentarismo. En el caso de este último, a partir de la historia política de Inglaterra desde el final de la Edad Media, el autor subraya un rasgo distintivo: el fortalecimiento gradual y constante de los poderes del parlamentarismo frente a las potestades reales. En segundo lugar, compara las características y el funcionamiento del parlamentarismo frente al sistema presidencial, destacando un aspecto crucial: en el caso del primero, el gobierno emana del Poder Legislativo. Este poder se conforma a través de una elección directa, mientras que el Poder Ejecutivo, lo hace a través de una elección indirecta. Un punto decisivo en este tipo de régimen es que la existencia de una mayoría es una condición de existencia y subsistencia del gobierno. Córdova también aborda el carácter dual del Ejecutivo que se desdobla en una jefatura de Estado y otra de gobierno, señalando que al segundo le corresponde la determinación y la conducción de las políticas públicas, mientras el primero tiene un papel de representación política del Estado, que es básicamente simbólico, salvo en situaciones de crisis cuando asume el papel de mediador entre las partes y garante del orden constitucional. También se analizan en este capítulo otros aspectos, como los procedimientos para nombrar al gabinete o las crisis de gobierno cuando hay conflictos entre el Legislativo y el Ejecutivo y la posibilidad de disolver el parlamento y convocar a elecciones anticipadas. Después de este recorrido, el autor concluye que esta forma de gobierno sería más adecuada para la realidad mexicana (pp. 311-340).

Finalmente, Mariano Sánchez argumenta por qué un régimen parlamentario acompañado de un sistema electoral proporcional sería el formato constitucional óptimo en el contexto político mexicano actual. La razón primordial, nos dice, es que este arreglo induce los acuerdos de gobierno pluralistas y la cooperación inter-partidista, lo que permite simultáneamente una gobernación eficaz y una representación equitativa de las preferencias políticas de una sociedad plural como la nuestra. Su tesis principal es que un régimen parlamentario multipartidista estaría mejor equipado para procesar los cambios necesarios para lograr reducir la desigualdad y fortalecer al Estado. No obstante, indica que un cambio de tipo de régimen requiere una revisión integral y una nueva redacción tanto de la Constitución federal como de las constituciones locales, por lo que esto debe ser un tema central en la agenda de reforma (pp. 341-359).

Para concluir, quisiera señalar que Equidad social y parlamentarismo cumple ampliamente con el propósito de ubicar el debate nacional donde debe estar: en la evaluación de las consecuencias reales de un cuarto de siglo de reformas para liberalizar la economía y en el urgente giro hacia la igualdad y hacia un mínimo sentido de cohesión social, tras 15 años de vida democrática caracterizados por un presidencialismo ineficaz.

Sus autores afirman con gran fuerza que la reforma que realmente requiere nuestro país es una que esté encaminada a atemperar e interrumpir la desigualdad y la pobreza. Y que esta reforma será más fácil de alcanzar si se abandona el régimen presidencialista y se opta por el parlamentarismo, para facilitar la construcción de coaliciones entre distintos partidos, capaces de hacer frente a los grandes problemas nacionales.

 

Notas

Becerra, Ricardo (coord.), (2012) Equidad social y parlamentarismo. Balance de treinta años. México: ietd y Siglo XXI.         [ Links ]

1. IEDT (2010), "Cambiar a México: Equidad Social y Parlamentarismo".         [ Links ]

2. Bourdieu, Pierre (1999) Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Barcelona: Anagrama.         [ Links ]

3. Murayama señala que la idea del Estado de bienestar no es ajena a la tradición demócrata cristiana que alimenta al PAN, ni a la historia de creación de instituciones sociales durante los gobiernos del PRI ni al perfil social demócrata del PRD, aunque sí lo es para otros actores sociales, con expresiones en los medios masivos de comunicación que respaldan un liberalismo económico extremo (pp. 160-161).