Sociedad

 

Biodiversidad y conocimiento local: del discurso a la práctica basada en el territorio¹

 

Mauricio Genet Guzmán Chávez*

 

* Profesor investigador de El Colegio de San Luis, AC. México. mguzman@colsan.edu.mx

 

Fecha de recepción: 05 de mayo de 2006.
Fecha de aceptación: 09 de junio de 2006.

 

Resumen

En este artículo se exponen las implicaciones practicas del discurso de la conservación de la biodiversidad en tanto política cultural. Trata de las formas como las comunidades, los moradores o los productores que viven en las areas naturales protegidas pueden servirse del discurso de la biodiversidad en el proyecto de defensa de su territorio y su identidad cultural. Analiza y compara los casos de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, México, y de la reserva extractivista Chico Mendes, Brasil, areas donde se discuten y se ponen en marcha diferentes alternativas y programas de manejo sustentable de los recursos naturales.

Palabras clave: Territorialidad, conservación, biodiversidad, política cultural.

 

Introducción

El presente artículo propone un análisis de los materiales recogidos en campo a lo largo del año 2001 en la región amazónica de Brasil y el trópico húmedo mexicano, como parte del proyecto de investigación denominado Política global de conservación de la biodiversidad: estudio comparativo sobre las políticas nacionales de conservación en el trópico húmedo de Brasil y México.¹

La amplia temática que supone la política conservacionista de ambos países se ciñe aquí a la comparación de dos áreas naturales protegidas (ANP) en las cuales se permite la presencia de poblaciones humanas; una situada en el estado de Acre, suroeste amazónico de Brasil, y la otra en el estado de Veracruz, en la región meridional del istmo de Tehuantepec. Nos referimos a la reserva extractivista Chico Mendes (REX-CM) y a la reserva de la biosfera Los Tuxtlas (RBT).

En ambos casos el peso del análisis se pone en la dimensión sociocultural, explícitamente en los aspectos relacionados con la territorialidad y la biodiversidad, entendidos en su calidad de política cultural. Este último concepto es empleado por el antropólogo colombiano Arturo Escobar en diversos trabajos (1997, 1999, 2000), para captar el carácter polémico, inserto en lo social, de términos y conceptos tales como desarrollo sustentable y biodiversidad.

Alineado en lo que el propio Escobar (1996) define como análisis pos-estructural del discurso, el concepto de política cultural intenta revelar las ilusiones y las pretensiones incorporadas en el discurso oficial sobre el desarrollo y la conservación, y su ineludible confrontación en los contextos pragmáticos que entraña la realidad empírica. En este sentido, la conservación de la biodiversidad deja de ser simplemente un asunto de carácter científico y técnico y pasa a ser concebido como una especie de dispositivo que al ser accionado hace posible ventilar las diferentes percepciones culturales sobre qué, cómo y cuándo se debe conservar.

La política cultural supone una lectura de la heterogeneidad sociocultural implícita en los procesos de negociación que se establecen desde el momento en que se propone la creación de una ANP hasta la definición y puesta en marcha de un plan de manejo o utilización de los recursos naturales. La dimensión territorial ocupa ahí un lugar sumamente relevante, pues se trata de una redefinición crucial sobre la forma en que serán aprovechados los recursos naturales, las normas, los compromisos y las obligaciones que regularán su uso.

El artículo está dividido en cuatro secciones. En la primera se traza el contexto y se define la problemática. Situamos al lector en la discusión sobre las ANP y hacemos una breve revisión de la polémica entre sociocentristas y biocentristas, también identificados en la literatura como conservacionistas y preservacionistas.

En la segunda sección, Territorio, biodiversidad y política cultural, presentamos las categorías básicas de nuestro análisis; en la tercera, Las tres territorialidades y el conocimiento local, examinamos ciertas dinámicas socioculturales en las políticas conservacionistas implementadas en las dos ANP antes mencionadas. Finalmente, en la cuarta sección cerramos con una reflexión crítica sobre los atolladeros y retos que enfrentan los proyectos de desarrollo comunitario de corte alternativo en las regiones tropicales, prestando especial atención a la reevaluación de las prácticas extractivas: caza y recolección de productos para el mercado.

El objetivo central de este artículo es mostrar, a partir de dos casos que en muchos aspectos son diametralmente opuestos, que las amenazas y los riesgos al intentar llevar adelante un programa de conservación de la biodiversidad y defensa del territorio son muy semejantes. También, que la superación de estos desafíos y amenazas no es imposible, si se abren al debate constante los diversos actores implicados en las dinámicas socioculturales, políticas y económicas que ocurren en las ANP situadas en el trópico húmedo.²

En síntesis, aquí proponemos una reflexión en torno a las unidades de uso sustentable y exploramos hasta qué punto es posible defender la opción de uso y conservación de la naturaleza dentro de un proyecto a largo plazo de reproducción cultural.

 

Contexto y problemática

En los últimos quince años hemos escuchado argumentos a favor y en contra de la viabilidad de la estrategia para conservar la biodiversidad en áreas naturales protegidas (ANP) de uso directo, es decir, áreas en donde se admite la presencia de comunidades humanas como elemento paradigmático del entorno ecológico. En Brasil estas ANP, también conocidas como de uso sustentable o unidades de uso directo, representan la mayor extensión territorial en régimen legal de conservación (5.52% de todo el territorio brasilero y 58% de toda el área protegida); estas ANP contrastan con las unidades de protección integral o uso indirecto, cuya área se ha incrementado en los últimos cinco años, especialmente en la región amazónica, hasta representar 42% de toda la superficie protegida en este país sudamericano.

El Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC) de Brasil está conformado por nueve diferentes categorías,³ entre las cuales destacamos las reservas extractivistas (REX), que son el resultado de un movimiento social de trabajadores rurales que, en el transcurso de tres generaciones, consiguieron reivindicar derechos territoriales amparados en el estatuto de comunidades tradicionales, reconocido en la legislación ambiental. Este tipo de unidades se distingue de las unidades de conservación de uso indirecto (cinco categorías), entre las cuales están los parques nacionales o las estaciones ecológicas que excluyen terminantemente la presencia humana o sólo la permiten con propósitos recreativos, de educación ambiental o investigación. Estas últimas representan apenas 2.61% del territorio nacional de este país.

En México, el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SINAP) incluye seis categorías de conservación, cinco de las cuales (parque nacional, área de protección de recursos naturales, área de protección de flora y fauna silvestre, santuarios y monumentos naturales) se inclinan, al menos en el papel, hacia el régimen de uso restricto de los recursos naturales o conservación de uso indirecto. No obstante, sumadas las áreas de estas cinco categorías (7'584,621 hectáreas), no superan la superficie abarcada por la única modalidad que reconoce explícitamente la presencia humana como factor central en la estrategia de conservación. Nos referimos al modelo de reserva de la biosfera (RB), que en México abarca prácticamente once millones de hectáreas. De esta forma, el área natural protegida representa el 10% de la superficie total del país, una cifra levemente inferior a los veinte millones de hectáreas.

 

Conservacionismo y preservacionismo

Es importante aclarar como punto de partida analítico que, si bien no pasamos por alto las discusiones entre conservacionistas y preservacionistas, desechamos el falso dilema planteado entre una y otra opción. El problema no es si los criterios ecológicos deberían ser los predominantes en todos los casos donde se admite la necesidad de proteger la biodiversidad junto con los imperativos de equidad social. Tampoco pensar que el rescate de ecosistemas en estado crítico será posible apelando exclusivamente al desarrollo sustentable.

Ambas estrategias deben ser practicadas de acuerdo con las condiciones objetivas población/medio ambiente de cada país y región, es decir, reconociendo, por un lado, los procesos de ocupación, las tendencias demográficas, las percepciones culturales y las prácticas productivas, y, por el otro, las condiciones y servicios ambientales necesarios para la manutención de los grandes ecosistemas y la supervivencia de las diversas formas de vida que co-evolucionaron y continúan haciéndolo junto con el ser humano (véase un abordaje socioambiental enciclopédico y holístico en Primack et al., 2001).

El presente texto trasciende la polémica entre conservacionistas y preservacionistas. Sostenemos, en cambio, que las ANP de uso directo son sumamente necesarias como modelos y propuestas agrario-ecológicas no sólo en países como México y Brasil, sino también en aquellos donde aún existen mecanismos e instituciones comprometidas con el acceso y el uso colectivo de los recursos naturales, o donde los grupos humanos dependen directa y casi exclusivamente de ellos para su supervivencia (Alegretti, 1994; Benatti, 1998; Diegues y de Castro, 2001; Gadhil et al., 1999; Toledo, 2001).

En esta línea de reflexión incluimos las RB y las REX, dadas su importancia y su trascendencia en el contexto internacional de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable.

Ponderamos las virtudes de ambos modelos, pero no soslayamos sus limitaciones y los problemas congénitos. Al igual que con la gran mayoría de los proyectos de perfil socioambiental, los caminos están para ser recorridos y evaluados a la luz de las experiencias acumuladas. Esto es particularmente cierto cuando nos vemos en la necesidad de acudir a categorías conceptuales como extractivismo o sociedades tradicionales, anteponiendo los sufijos neo, pluri, multi, como un recurso para captar nuevos contextos, realidades, procesos y dinámicas que confluyen en la conservación de la biodiversidad, específicamente en el trópico húmedo, uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta, biológica y culturalmente hablando.

En esta presentación reflexionaremos a partir de un enfoque comparativo sobre las dinámicas más señaladas en la reserva extractivista Chico Mendes (REX-CM), situada en el estado de Acre en la frontera con Perú y Bolivia, con una extensión de 980 mil ha y la reserva de la biosfera Los Tuxtlas (RBT), localizada en la porción sur del estado de Veracruz y que abarca una extensión de 155 mil ha.

 

Territorio, biodiversidad y política cultural

Definimos territorialidad como la construcción del espacio, la dotación de sentido al lugar que se habita, al cual se pertenece y que existe en virtud de las prácticas cotidianas que en él se desenvuelven. Prácticas mediante las cuales un grupo social consigue reproducir su cultura y apropiarse de los recursos del medio ambiente.⁴

En otros términos, nos referimos al trabajo social, entendido como apropiación y como transformación humana del medio ambiente. Apropiación y transformación que son, ante todo, evidencias de un proceso histórico, donde lo humano y lo natural existen como condición y resultado, como esencias y valores sociales que se estimulan recíprocamente (Krader, 1979). Y bajo esta dialéctica que caracteriza la co-evolución, la territorialidad asume los acontecimientos que han ido modelando las capacidades perceptivas y cognoscitivas de los individuos sobre el territorio, la naturaleza convertida en espacio humano, espacio habitable para los grupos humanos.⁵

Con el afán de trascender la objetividad biologicista implícita en la definición sobre la biodiversidad, hemos incorporando el concepto de política cultural. Con este último queremos revelar los procesos por medio de los cuales los actores modifican y reelaboran sus prácticas y sentidos culturales en contextos de conflicto, o bien en situaciones que ponen de manifiesto las contradicciones entre visiones de mundo diferentes (Escobar, 1997 y 2000; véase también el concepto de interfase de Long, 2002).

Cuando nos referimos a la biodiversidad, queremos hacer alusión a su dimensión proactiva, a las prácticas y los conocimientos de las comunidades tradicionales, pobladores de las ANP y sus virtuales custodios. Prácticas y conocimientos cuya naturaleza los hace proclives a pasar, en el contexto de una política global de conservación de la biodiversidad, como marginales, emergentes, alternativos o residuales.

En otros términos, eso significa que dentro de un orden cultural, político y económico hegemónico, las prácticas y los conocimientos son movilizados, reactivados y, en cierto sentido, puestos a prueba. La cultura, en estos casos, se convierte en un asunto político, precisamente en el momento en que se confrontan significados que tienden a redefinir el poder social. En las regiones tropicales de América Latina, afirma Escobar, esta redefinición acontece dentro de "los sistemas de conocimiento producción" y se ve alentada por la movilización política relacionada con la reconstrucción de las identidades colectivas (Escobar, 1997).

Siguiendo este razonamiento, la biodiversidad trasciende en política cultural en el momento que comienza a dinamizar los campos discursivos y pragmáticos que alimentan y dan sentido a la territorialidad y las identidades colectivas. Las diferentes políticas de conservación de la biodiversidad implican justamente que la gente debe "acomodar" sus prácticas a un determinado régimen discursivo. Esta relación será mejor comprendida cuando examinemos los casos concretos de la RBT y la REX-CM.

De lo anterior resulta que el territorio es uno de los elementos paradójicos de la identidad cultural, una vez que su construcción supone la continuidad y la ruptura de significados que se dan como resultado de la interacción cultura-naturaleza en el proceso de producción, en determinado contexto histórico. Cada alteración o cambio en este proceso puede causar una reacción en cadena y producir una revolución ecológica, o provocar crisis colectivas de identidad, un tipo de anomia, o lo que se conoce en la literatura antropológica como etnocidio.⁶

El territorio es un concepto interrelacional que se construye paralelamente a la emergencia y la reproducción de las identidades colectivas. En este caso, la territorialidad debe ser definida como el sentimiento (carácter subjetivo) que emana de la conciencia de pertenecer a un determinado lugar (carácter objetivo), de forma tal que el territorio es antes todo una categoría vital pero no esencial, dado que no es definitiva; es aprehendida en escenarios que, de alguna forma, por efecto de la globalización y la modernidad, se tornaron contiguos y al mismo tiempo continúan separados, son adyacentes y al mismo tiempo alternos. Esto es así por la circulación de agentes transnacionales y en virtud de los medios de comunicación instantáneos (Mato, 1999; Lins, 1999).

Territorialidades así entendidas son esencialmente heterogéneas, pues los agentes que cohabitan una región no solamente poseen percepciones divergentes sobre el medio ambiente, sino también están ligados y relacionados con actores globales que asumen intereses de la más variada índole.

Históricamente, en el contexto del Estado-nación, acaecieron procesos de integración de los dominios particulares e íntimos, y las élites criollas y mestizas pretendieron borrar a cualquier precio las identidades étnicas. Abierta y dramáticamente se puso en marcha un desmembramiento de las territorialidades construidas antes de la ascensión de dicho Estado. Nuevas demarcaciones, imposición de fronteras y, en fin, nuevas territorialidades fueron impuestas y provocaron graves estragos en los regímenes, los acuerdos y las normas tradicionales que sancionaban el acceso a los recursos naturales y el uso de ellos. Nuevas territorialidades implicaron nuevas relaciones de producción, y viceversa, nuevas formas de producción crearon nuevos territorios.

Los diversos estudios dedicados a esta problemática han sido más o menos sensibles al exponer la dimensión histórica del proceso de erosión de los sistemas nativos a partir de la situación colonial, es decir, se trata de un proceso cuyos antecedentes se remontan al siglo XV. No obstante, en los últimos cincuenta años, por no decir en las últimas tres décadas, justo cuando comenzaron a ser aplicadas las políticas oficiales de desarrollo y modernización rural hoy en boga, estos sistemas fueron seriamente trastocados. Programas oficiales han desvirtuado los sistemas culturales nativos y han erosionado el conocimiento ecológico tradicional, pero también han enfrentado resistencias activas y pasivas que conducen a una refuncionalización de las identidades y, por tanto, a una resignificación del territorio.

Desde la modernidad que nos trasmina, siempre entre la disolución y la resistencia, entre el mercado global y las "culturas del hábitat" (Nabhan, 1997) —culturas que mantienen aún un nexo orgánico con la tierra—, las identidades colectivas parecen querer sintonizarse con la naturaleza esencialmente compleja de los territorios que hoy ocupan. Veamos en qué consiste esta complejidad.

 

Las tres territorialidades y el conocimiento local

Una de las polémicas más incesantes entre biólogos y antropólogos se refiere a la dimensión espacial. ¿Cuáles son los criterios que deben ser usados para definir el tamaño de una ANP? ¿Es la realidad biofísica o es la cultural la que debe predominar?

La dimensión espacial, como la entendemos en este contexto, atañe a los criterios científicos empleados para determinar la extensión de las ANP, sus interconexiones (corredores ecológicos), las áreas núcleo, las zonas de transición (buffer), las zonas de recuperación, etc. Estos criterios, a su vez, deben ser cribados mediante un análisis antropológico que explique los procesos históricos de ocupación, las percepciones culturales sobre el paisaje y la lógica de los entrelazamientos humanos con el territorio. Una dimensión ecológica del espacio no puede perder de vista la co-evolución cultura-naturaleza. En seguida expondremos una argumentación sobre las dimensiones territoriales implícitas en la creación y la gestión de las unidades de conservación de uso sustentable.

 

La reserva extractivista Chico Mendes

La REX-CM fue creada en 1990 con una extensión de 970,570 hectáreas de bosque tropical húmedo, que se extienden a lo largo de seis municipios en el estado de Acre: Xapurí, Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia, Sena Madureira y Capixaba.⁷ Posee una población estimada en 6,028 habitantes, aproximadamente 0.6 habitantes por km².⁸

El padrón de asentamiento se caracteriza por la dispersión de las familias, establecidas en la "colocación" (rancho), desde donde parten las "estradas" o caminos de seringa (árboles de látex natural, hevea brasiliensis). Cada colocación tiene como mínimo tres caminos de seringa, aunque la mayoría fue beneficiada con cinco caminos; cada uno de ellos tiene una extensión de 100 ha, por lo que el área total donde se desarrollan las actividades productivas de una familia dentro de la reserva representa 500 ha aproximadamente.⁹

Existe, evidentemente, una baja densidad de población en la reserva, lo que, al menos teóricamente, debería traducirse en una baja presión sobre los recursos. Pero esto es relativamente cierto. Desde una perspectiva muy amplia, el modelo de REX tal y como ha sido formulado y depurado —una depuración que continúa hasta el día de hoy— nos muestra un escenario donde pareciera viable la conservación de los recursos. Sin embargo, un conjunto de aspectos de carácter sociocultural, económico y político indican que hay mayores dificultades que lo esperado para la conservación.

Cuando se cuestiona la calidad de vida de los pobladores, la accesibilidad a los diferentes servicios, inclusive la eficiencia de las redes y vías de comunicación necesarias para la venta de sus productos, entonces surgen interrogantes difíciles de resolver. A continuación analizaremos, por razones de espacio, tan sólo una de esas interrogantes: la que concierne a la dimensión territorial.

De acuerdo con el antropólogo brasileño Carlos Gonçalves (2001), al estudiar la constitución de la identidad y la territorialidad del seringueiro (colector de látex natural, habitante de las REX), habría "dos territorialidades contradictorias" que son fruto histórico, por un lado, de la permanencia y compenetración con el territorio y la diversidad de recursos naturales que ofrece el bosque, y, por el otro, de la exigencia productivista y la sujeción del trabajador seringueiro al patrón seringalista (cacique), modelo hoy en día caduco, pero que sin duda dejó su impronta en los mecanismos y las estrategias de supervivencia de las poblaciones contemporáneas de la selva.

La extracción de látex en las selvas amazónicas vivió dos ciclos de auge espectaculares: en la segunda mitad del siglo XIX y en la cuarta década del siglo XX. La estructura organizativa que sostenía la empresa seringueira cobró la forma de aviamento, semejante al sistema de raya de las haciendas mexicanas, y se apoyó en el reclutamiento de trabajadores (sistema de enganche) originarios del noroeste del país, una región semiárida y tradicionalmente expulsora de mano de obra.

Los trabajadores eran atraídos con la promesa de que obtendrían salarios altos, y en sus inicios el esquema era montado para que su estancia fuera temporaria. Al paso del tiempo, y como una respuesta a las crisis económicas que sufrió todo el sistema (al comienzo por causa del dinamismo de los mercados asiáticos del hule natural y después por la aparición del látex derivado del petróleo), estos trabajadores fueron fincando residencia, casaron con indias tomadas en las famosas "correrías" y progresivamente se adentraron en la selva para obtener los secretos que les permitiría sobrevivir, sin depender de la tienda de raya (Aquino, 1999).

Gonçalves estudia entonces un caso singular: el de trabajadores migrantes forestales que en el curso de tres generaciones adquieren todas las características de las poblaciones tradicionales. Trabajadores que habrán de protagonizar, si no el primer movimiento de corte agrario-ecologista de la época moderna, sí el más ampliamente difundido internacionalmente, conocido gracias a la actividad desarrollada por Chico Mendes, su líder principal. Chico Mendes fue asesinado en 1988, pero el triunfo del movimiento se habría de concretar un año más tarde con la creación de la REX de Alto Juruá, y, en 1990, con la REXCM.

El estatuto especial que obtienen las REX (contrato de concesión real de uso) es, para el autor arriba citado, un reconocimiento de esta contradicción o dualidad de lógicas productivas, pues la virtud ecológica que se reconoce a su población proviene de una actividad que la ligaba al mercado y la mantenía en régimen de servidumbre pero que ahora se esgrimí como argumento para demostrar una identificación singular con el lugar territorializado.

En esta parte, el análisis de Gonçalves es pertinente pero insuficiente. Esencialmente es correcto al reconocer una lógica dialéctica que opera como base para la construcción y el sustento de las territorialidades. Sin embargo, este análisis es incapaz de reconocer en el movimiento de los seringueiros, en su lucha por la defensa del territorio, algo más que una reivindicación del modo de vida tradicional. En su largo estudio Gonçalves reconoce la importancia de la dimensión ecológica en todo el proceso; observa cómo el líder más carismático y con más amplia visión, Chico Mendes, lo es precisamente por haber ligado la defensa del territorio con una causa ambientalista, buscando con eficacia alianzas no sólo con los grupos indígenas amenazados de la misma forma, sino con el movimiento ambientalista internacional.¹⁰

Gonçalves y otros autores, como Allegretti, valoran el impulso dado al movimiento de los seringueiros a partir de su alianza con el socioambientalismo internacional, pero no se percatan de hasta qué punto esta alianza indujo un conjunto de cambios y acontecimientos dentro de la organización comunitaria, en la identidad del seringueiro y, por supuesto, en la redefinición de espacios productivos y en el elemento territorial. A este proceso nosotros lo hemos caracterizado como la emergencia de una territorialidad de reserva.

La territorialidad de reserva incorpora la noción de que los recursos deben ser explotados atendiendo a un plan de utilización sustentable; que su comercialización debe vehicular los atributos de la conservación de la biodiversidad, de la empresa solidaria y justa, pero también implica —aunque no necesariamente en todos los casos, sí en el que nos ocupa— la derrama de cuantiosas sumas de dinero y la intervención de diversos agentes e instituciones (técnicas, financieras, académicas), cuya presencia tiende a impactar los procesos políticos y los precarios balances de poder comunitario y regional.

Financiamientos externos como los ofrecidos a través del Programa de Protección a las Florestas Tropicales del Grupos de los 7 (PPG-7), con sus tiempos de evaluación y entrega de resultados, aunque orientados por los fines loables de la sustentabilidad y el respeto a las tradiciones locales, generalmente producen objetivos contrarios a lo que se pretende: minan la capacidad autogestiva de las poblaciones y aceleran procesos de explotación de recursos. La territorialidad de reserva se impone así como algo ambivalente: el proceso productivo debe ajustarse a criterios ecológicos, pero en última instancia lo que más importa es la búsqueda de la rentabilidad comercial.

En 2001, cuando realizamos trabajo de campo en el estado de Acre, y específicamente en la REXCM, observamos cómo esta territorialidad, lejos de apuntar hacia una superación de las dinámicas y los procesos contradictorios identificados por Gonçalves en su modelo de análisis, tendía más bien a revelar otros aspectos irreconciliables entre la lógica conservacionista, la eficiencia productiva y la estrategia de comercialización.

Los pobladores estaban siendo conminados a diversificar el abanico de productos de recolección destinados al mercado y de igual forma obligados a respetar los límites establecidos para el ejercicio de la actividad agrícola y ganadera. Entre estos dos aspectos surgen rupturas y cambios en la percepción cultural que merecen ser destacados: ¿Qué implicaciones tiene la diversificación?, ¿qué significado cultural adquiere la agricultura en el nuevo contexto?

Los productores nos comentaron que una de las tensiones más serias que estaban enfrentando era no saber lidiar con la expansión de las labores pecuarias y la agricultura. De acuerdo con los reglamentos aprobados en consenso, las áreas para roza y potreros no deben exceder 10% del área definida como rancho; sin embargo, los vecinos se acusaban entre sí de estar forzando prácticas agrícolas para transformar los campos de cultivo en potreros. En otras conversaciones, nos hicieron saber su intención de imitar a los ganaderos fuera de la reserva, pues el ganado sí era negocio.

De cualquier forma, encontramos contradictorias las declaraciones de los diversos agentes comprometidos con el proyecto: por un lado, veían la necesidad de defender los principios asociativos y los objetivos de la conservación y la producción sustentable; por el otro, nos exponían los vicios del paternalismo, el nepotismo y el fracaso de las cooperativas productivas.

En más de una ocasión los extensionistas y asistentes técnicos nos decían que los seringueiros —refiriéndose explícitamente a los de la REXCM— habían sido muy eficientes para la movilización política, pero que ahora eran incapaces de consolidar la estrategia económica. Argumentaban que la derrama de recursos internacionales había acabado por inhibir las iniciativas locales, de las cuales también no había que esperar gran cosa, considerando el bajo nivel educativo de las personas y las enormes carencias en términos de infraestructura vial y de salud.

Uno de los informes oficiales donde se evaluaba los primeros tres años de un programa de consolidación de REX realizado con ayuda y cooperación internacional reconocía estos problemas e incluía un enfoque más interesante y propositivo para pensar esta nueva realidad. Este reconocimiento es en parte fruto de las evidencias mostradas por diversos estudios e investigaciones académicos realizados en los últimos diez años (Emperaire, 2000).

En principio se reconocía que la estrategia monoextractiva era insuficiente, y que había que pensar en propuestas apoyadas en cultivos perennes diversificados (se usó el concepto de islas de alta productividad) que sustentase un tipo de neo-extractivismo. También se evidenció que prácticamente todas las familias habían dejado de ser exclusivamente extractivistas y que en muchos casos el cultivo y la venta de harina de mandioca era la actividad más importante en términos económicos. Al final se transparentaba en este documento una dosis de impotencia para llevar adelante un proyecto económico basado en la biodiversidad con las características de una empresa cooperativa exitosa en términos comerciales.

El gerente de la cooperativa de productores nos explicó que los seringueiros cooperativistas recurren a embustes para aumentar el peso de sus láminas de hule natural, agregando piedras u otros objetos; mezclan aceite de cocina al puro de andiroba, mientras se dedican sigilosamente a ampliar sus potreros. Los viejos seringueiros se niegan rotundamente a diversificar su producción, mientras que los nuevos no creen más en la explotación del látex como alternativa para mejorar las condiciones de vida. Sin duda, en este caso ha comenzado un proceso de ruptura o transición en la percepción sobre los usos del territorio y sus recursos, y no sabemos cuál vaya a ser su desenlace.

Las enormes dificultades para sacar la producción y concentrarla en los puntos de distribución, así como el fracaso de los sistemas conocidos como islas de alta diversidad, han obligado a que en el plano de la utilización se incorpore la explotación forestal sustentable, con sello de IMAFLORA, una representante del Forest Steward Council, como parte de la estrategia de conservación, algo que de una u otra forma resulta contradictorio con el espíritu original del movimiento, en el que sus miembros se abrazaban a los árboles para impedir su tala.

 

La reserva de la biosfera de Los Tuxtlas (RBT)

En la RBT encontramos la porción más extrema al norte del continente americano de selva tropical húmeda de origen amazónico. Se extiende sobre una cordillera de origen volcánico en la porción sur del estado de Veracruz y comprende una extensión de 155,122 hectáreas, de las cuales 30 fueron designadas como zona núcleo. Su interior es habitado por 25,744 individuos de diferente origen étnico: nahuas, zoques, popolucas y mestizos. La densidad de población se puede considerar alta, es de 16.5 habitantes por kilómetro cuadrado.

La composición heterogénea de la población y su alta densidad son expresiones de una intrincada y compleja estructura de asentamientos, organización social, regímenes de tenencia y propiedad de la tierra, y, por lo mismo, un indicador de la enorme presión que los habitantes ejercen sobre los recursos naturales.

Aunque siete veces menor en tamaño que el área de la REXCM, la RBT es mucho más diversificada y compleja, dada la enorme variación altitudinal, que va de cero a 1,400 m sobre el nivel del mar, los factores y eventos climáticos del Golfo de México, la diversidad de suelo, así como la antigüedad de los asentamientos humanos. Factores que, en su conjunto, han modelado y dado características particulares a los diferentes paisajes que la componen. En realidad, en la RBT tenemos un mosaico sorprendente de ecosistemas costeros, dunas, manglares y sistemas de humedales, bosque mesófilo, diversas asociaciones de bosque templado de pino-encino y selva tropical perennifolia.

La RBT comprende una de las regiones de selva tropical húmeda más estudiadas por los biólogos; en sus alrededores fue criada la primera estación ecológica por donde pasaron los más brillantes ecólogos de México, pero, paradójicamente, es una de las áreas más fragmentadas y degradadas del país.

Presenta en su interior poblaciones humanas con graves problemas de salud y desnutrición, y es uno de los sitios que demandan seguridad nacional especial para detener la tala clandestina de madera, que impera con total impunidad. Los investigadores sociales han hecho estudios importantes para entender las causas y los impactos de la deforestación en esta región, pero la reversión o la detención de procesos y ciclos negativos entraña una tarea titánica (Paré, 1995; Lazos, 1999).

En los meses de septiembre y octubre de 2001, nos unimos al personal de campo de una organización no gubernamental que desarrolla un trabajo de asesoría técnica desde hace varios años en esta ANP. El proyecto Sierra de Santa Marta (PSSM) ha producido una importante base de información en la cual se destaca un estudio de regionalización de los diferentes pisos productivos, su problemática en términos ecológicos y comerciales, así como las condicionantes estructurales que impiden un desarrollo más equilibrado (Paré et al., 1997). Por intermedio del PSSM se han elaborado proyectos productivos tendientes a la recuperación de áreas degradadas, el reforzamiento y la recuperación de sistemas nativos de aprovechamiento y utilización de variedades tropicales con alto valor en el mercado internacional, como la palma camedor, el palmito, el tepejilote, etcétera (www.mx.geocities.com/pssm_ac).

Estos esfuerzos loables, no obstante, se tornan insuficientes frente a las dinámicas férreamente establecidas por la expansión de la frontera ganadera en los últimos cuarenta años. Estamos hablando de los efectos visibles en el paisaje: el desmonte de planicies y lomeríos anteriormente cubiertos por selva, perpetrado por grupos mestizos ganaderos favorecidos por el reparto agrario en las décadas de los treinta y cuarenta del siglo pasado. Como demuestran los estudios de Paré (1995), Lazos (1996) y Lazos y Paré (2000), esta capa o estrato de ganaderos imprimió su huella indeleble en el medio ambiente. Ellos percibían la selva como un obstáculo para su supervivencia y reproducción; la selva no tenía valor en sí, era un escenario del atraso y la falta de vocación productiva de los indígenas.

Unido a este proceso, conforme las economías campesinas fueron atraídas hacia el polo de los cultivos comerciales y se erosionaron las estrategias y los mecanismos de producción y redistribución, sobrevino un proceso de parcelización que puso en jaque la lógica tradicional de aprovechamiento colectivo e integral de los recursos naturales. Lazos y Paré (2000) se refieren a esta parcelización con el término de tragedia de los individuales, pues es una estrategia básicamente egoísta y que se dirige al exterior, modelando las formas de intensificación del trabajo, y que privilegia la intensificación de las actividades productivas en determinados espacio y tiempo.

Durante las dos últimas décadas las condiciones socioeconómicas de la región se han ido deteriorando. Mientras que una parte importante de la población económicamente activa que no podía incorporarse a una actividad productiva en la zona encontraba acomodo en las ciudades petroleras de la región (Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, etcétera), a partir de los años noventa del siglo pasado se quedó sin ninguna opción laboral a causa de los despidos masivos de trabajadores empleados por Pemex, y por primera vez se produjo el fenómeno migratorio fuera de la entidad (Zamudio et al., 2004).

En este contexto crítico, la creación de la RBT en 1998 se planteó no sólo como una medida desesperada para proteger los últimos reductos de biodiversidad en la zona, sino también como la urgente necesidad de establecer un conjunto de normas, estrategias y mecanismos capaces de disciplinar el proceso de ocupación territorial y el aprovechamiento de los recursos. Pero el establecimiento de zonas núcleo y las expropiaciones necesarias para llevar el proyecto no derivaron simplemente en soluciones técnicas.

La territorialidad de reserva, como ha sido definida, propició en este caso una virtual área de acceso abierto, y al mismo tiempo obligó a que los ejidatarios de toda la reserva se sujetaran a una puntual (pero ambigua, por su aplicación) normatividad ambiental. Por citar un ejemplo, no se pueden derribar árboles ni siquiera para las necesidades domésticas, y la recolección de no maderables en ciertas áreas está prohibida.

En entrevista con el director de la RBT, sostenida en 2001, este funcionario admitía con honestidad y sincera preocupación este ambiente de "río revuelto", que se debía, según él, a una exigua (y en los hechos prácticamente inexistente) partida presupuestal que sólo venía a confirmar el papel fantasmagórico de las direcciones de ANp en nuestro país. ¿Cómo entender la presencia de una nueva autoridad, una autoridad ambientalista en un contexto particularmente complicado como el de la sierra de Santa Marta? ¿Con qué capacidad y atribuciones legales para desarticular o disciplinar las redes de trafico ilegal de madera integradas por fuereños y locales?

Para hacer efectiva la territorialidad de reserva en la rbt es imprescindible la conjunción de varios factores, entre los que destacamos: 1. Superar la limitada política sectorial de los organismos gubernamentales, es decir, crear los espacios necesarios para discutir e implementar efectivamente una política de conservación de los recursos y desarrollo rural de perfil multisectorial. 2. Detener toda tentativa (programa o proyecto) de desarrollo basada en la monoproducción, en la homogeneización de los paisajes y la consecuente pérdida de biodiversidad. 3. Establecer criterios de diversificación de la producción que respeten los diferentes pisos agroecológicos desde una perspectiva de largo aliento en que se incluyan estímulos fiscales y recompensas económicas para los productores que asuman el riesgo de alternativas ecológicas. 4. Fortalecer sistemas de vigilancia y control comunitario de los recursos naturales: establecimiento de reglas claras que prevean la constitución de cuerpos de vigilancia ambiental con autoridad y la aplicación de multas y castigos a los infractores. 5. Fortalecer las atribuciones ambientales de los municipios, con miras a la creación de estructuras intermunicipales.

Cuadro comparativo de las áreas naturales protegidas analizadas

 

Extractivismo desde una perspectiva antropológica: conservación y desarrollo rural alternativo

En los dos casos que hemos analizado, los discursos y las prácticas relacionados con la conservación de la biodiversidad han propiciado transformaciones que conciernen a la percepción social de los recursos naturales y, por tanto, una redefinición de lo que se entiende por territorio. Implícita en todo el proceso que va del reconocimiento oficial de la ANP hasta la definición de un plan de manejo o la implementación de programas o proyectos específicos de conservación, restauración o cuidado, encontramos una dimensión socio-cultural definitiva, pero en cierta forma disminuida por los imperativos económicos y de eficiencia comercial. Esta dimensión sociocultural inhibe directamente o posibilita el desarrollo de los programas de conservación, pues no solamente delata las aspiraciones y los valores de los actores sociales para reproducirse, sino el contexto socioeconómico más amplio donde se generan las expectativas de vida de los grupos en determinada región.

De la polémica recientemente entablada por Harvey (2005, 2005b, 2005c) y Toledo (2005, 2005b) entresacamos algunos elementos pertinentes a nuestra investigación: las posibilidades reales de que la conservación de la biodiversidad se convierta en la principal palanca del desarrollo de las comunidades rurales, indígenas o mestizas.

En dicha polémica ambos autores comparten más puntos de vista que diferencias. Es decir, concuerdan en el diagnóstico según el cual la globalización y la economía de mercado han suprimido muchas de las capacidades de gestión de las comunidades, pero al mismo tiempo reconocen que en este contexto se han creado importantes resistencias, entre las cuales se destaca sobre todo la defensa del territorio. En segundo lugar, y en esto parece haber algunas diferencias entre ambos, esta defensa no debe y de hecho no está siendo supeditada a cierto pragmatismo político, sino a una verdadera re-activación de capacidades organizativas que incluyen nuevos modelos y marcos de gestión de los recursos naturales, es decir, formas novedosas de negociar sus productos en el mercado. En realidad ésta parece ser una línea de pensamiento más clara en Toledo y también reconocida en los últimas posturas de Barkin (2001), quienes aprecian cómo va tejiéndose una amplia red de experiencias alternativas en todo lo ancho del planeta que concilian dos asuntos cruciales: conservación de los recursos y desarrollo comunitario.

Evidentemente, en esta postura se tiende a sobrevalorar el papel y el impacto de estas experiencias, y suele hacerse a un lado el análisis más detallado de su importancia en términos regionales. De cualquier forma, el valor de este enfoque de la realidad muestra efectivamente un conjunto de procesos construidos con la participación y el apoyo de diversos sectores de la sociedad tendientes a construir modelos alternativos de desarrollo y conservación de los recursos.

Sin embargo, del contraste que nos permiten las dos experiencias que hemos traído a colación en este artículo, y pensando exclusivamente en relación con los desafíos en la gestión de las ANP situadas en el trópico húmedo, consideramos que no se debe perder de vista el carácter eminentemente conflictivo de la conservación de la biodiversidad, entendida como política cultural.

Los discursos y las prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad no implican necesariamente procesos o instancias que redunden en (o propicien) la afirmación de la identidad y la defensa del territorio. Sobre todo cuando las instancias y los procesos que legitiman la conservación son ajenos y externos a las dinámicas socio-culturales locales y regionales, cuando los programas de asistencia y cooperación generan dependencia, o cuando se inhiben usos o se impiden accesos sin generar alternativas previas a la sanción.

Asimismo observamos que la defensa del territorio en las ANP se ve en cierta forma comprometida cuando el desarrollo queda supeditado a la generación de renta basada en una alternativa productiva, sea el extractivismo, el ecoturismo o la producción orgánica, etc. Cada una de estas actividades debe ser diversa en sí misma y ajustarse a los modos y las capacidades organizativas de las unidades nacionales y de la propia comunidad.

En este sentido, nos parece de la mayor importancia insistir en el valor de la diversidad de los sistemas productivos y de las percepciones culturales como requisitos para la convivencia entre actores sociales con perfiles y cosmovisiones culturales contrastantes. De lo que se trataría es de afirmar la pertenencia a los territorios a partir de la integración y no separación de prácticas y formas de relacionarse con el medio ambiente.

Así concebimos el ecoturismo o turismo rural: como una actividad de enlace y soporte entre las otras actividades productivas que desarrolla la comunidad; y así entendemos la necesidad de dar nuevo impulso a las actividades extractivas. Es precisamente aquí, en la redefinición de este concepto, donde haremos nuestras reflexiones finales.

De acuerdo con Boege y González (1997), el extractivismo —actividad de recolección de productos maderables y no maderables ligada al mercado externo— ha sido una práctica consustancial a casi todos los grupos indígenas y mestizos en México; pero, curiosamente, nunca fue considerado un problema teórico, como sí lo ha sido al menos en las dos últimas décadas en Brasil. La extracción y recolección de productos forestales fue vista como una actividad complementaria a la agricultura y la ganadería, es decir, marginal, poco importante en términos económicos, y subestimada desde un punto de vista ecológico. Esto impidió entender la forma en la cual los mercados estaban ejerciendo presión sobre recursos específicos, alterando la composición de los paisajes y las especies; consecuentemente, impidió también promover políticas y estrategias correctivas (reforestación, recuperación de suelos, investigación básica, etcétera) que redundasen en la adopción de modelos agroforestales diversificados.

Las políticas de desarrollo en el trópico húmedo mexicano recurrieron al extractivismo de forma coyuntural, selectiva y exhaustivamente (recuérdese la explotación del barbasco en los años cincuenta y sesenta), pero fueron incapaces de crear las condiciones para manejos diversificados y de largo aliento.

En Brasil, donde el extractivismo representa la imagen misma de la abundancia, pero también del saqueo indiscriminado y criminal (recuérdese que el palo brasil usado como tinte en Europa y que dio nombre al país fue prácticamente extinto), la explotación del hule no sólo generó las condiciones socioculturales para un tipo de ocupación territorial bien caracterizado, definido y acorde con la disponibilidad y el acceso a los recursos naturales del trópico, sino también propició un verdadero debate sobre sus potencialidades y los marcos normativos necesarios para estimular su reproducción y su mantenimiento (Emperaire, 2000).

De ninguna forma sugerimos que el extractivismo sea la fórmula mágica que resolverá los problemas relacionados con la conservación y el desarrollo de las ANP situadas en las regiones tropicales. Eso sería incurrir en el mismo error de quienes piensan en estos términos sobre el ecoturismo. Lo que nos interesa es valorar la dimensión sociocultural y política del extractivismo como punto de partida para la consolidación de este tipo de ANP. Con esta postura no reivindicamos un extractivismo de corte tradicional, especializado en un solo producto, sino un neo-extractivismo basado en las potencialidades inherentes a los sistemas productivos del trópico; nos inclinamos por una diversificación que ofrezca alternativas eficaces de comercialización ante las súbitas caídas en el precio de productos específicos.

El neo-extractivismo así entendido implica una verdadera re-orientación de prácticas y manejo de ecosistemas, donde es posible recuperar esquemas tradicionales de organización y cooperación, pero no como condición obligada; en todo caso, habrá que crear formas innovadoras y sustancialmente nuevas para gestionar áreas y propiedades que han sido afectadas por recientes regulaciones ambientales o nuevos arreglos en la tenencia de la tierra. La propuesta del neo-extractivismo tiende hacia una mayor integración de las economías interregionales, lo que deberá traducirse en una menor dependencia de los mercados externos.

 

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Notas

1. Proyecto defendido dentro del programa de Doctorado en Sociología Política, en la Universidad Federal de Santa Catarina, en el año 2000, dentro del área de concentración de sociología ambiental. Dicho proyecto fue modificado y resultó en la tesis Lo más profundo es la piel... (Guzmán, 2004).

2. Nos referimos a procesos comunes a otras áreas rurales de América Latina, pero que en el trópico húmedo adquieren matices peculiares; por ejemplo, el autoritarismo presente en las estructuras de poder y autoridad, los bajos niveles educativos y la ausencia de programas integrales de capacitación; el avance de la frontera ganadera y la consecuente pérdida de la cobertura forestal original; la tala clandestina de maderas finas, el saqueo hormiga y las redes de corrupción que acompañan a estas prácticas; los atolladeros y dificultades ecológicas con que se topan los sistemas capitalistas monoproductivos, etcétera.

3. Las unidades de protección integral son: 1. Estación ecológica, 2. Reserva biológica, 3. Parque Nacional, y 4. Refugio de vida silvestre. Las unidades de uso sustentable son: 5. Área de protección ambiental, 6. Área de relevante interés ecológico, 7. Floresta nacional; 8. Reserva extractivista, y 9. Reserva de desarrollo sustentable.

4. El énfasis dado en el presente en esta definición no elude la importancia de los procesos ocurridos en el pasado, la memoria que está inserta y se expresa en la corporalidad de los individuos y que de una forma sutil o grave se hace patente en el paisaje, en la disponibilidad de los recursos y su relativa abundancia o escasez.

5. En esta definición nos aproximamos a la que nos proponen los geógrafos brasileños Santos y Silveira (2001: 21), para ellos, el territorio, la territorialidad, remite a un espacio sobre una dimensión histórica, espacio apropiado en sus diferentes fases, evolucionando con sus formas de uso. Es tanto unidad como diversidad. Y al hablar de usos ellos están pensando en los sistemas técnicos que definen la materialidad, así como los modos de organización y regulación implícitos en la división territorial del trabajo. Sobre el asunto de la percepción y los aspectos cognitivos, es recomendable revisar Ingold (2001).

6. Tomamos el concepto de Carolyn Merchant, en su libro The Theoretical Structure of Ecological Revolutions. La revolución ecológica surge a partir de los cambios, tensiones y contradicciones que suceden entre el modo de producción de una sociedad y su ecología, y entre sus modos de producción y reproducción, cuyas dinámicas albergan la aceptación de nuevas formas de conciencia, ideas, imágenes y mundos de vida (Guzmán, 1998). En relación con el etnocidio, pensamos en los efectos socioculturales derivados de (por ejemplo) la construcción de presas hidroeléctricas o grandes obras de infraestructura y los desplazamientos compulsivos de población, en su mayoría involucrando grupos étnicos.

7. El estado de Acre se localiza en la región sudoeste de la Amazonía brasileña y abarca una superficie de I52'58l,388 km². Posee una población estimada en 557,526 habitantes. La ciudad más grande, que también es la capital del estado, Rio Branco, sobrepasa ligeramente los 250 mil habitantes, prácticamente la mitad de la población total del estado. El territorio acreano se localiza en el área de transición de las tierras bajas amazónicas y la cordillera andina, factor propicio para la presencia de gran variedad de ecosistemas, suelos y provincias florísticas. Hasta 1998 apenas 9.7% de los ecosistemas naturales había sufrido algún tipo de degradación. El actual gobierno, heredero del activismo ambientalista de los años setenta y ochenta del siglo pasado, se ha empeñado en afirmar la vocación conservacionista del estado, para lo cual ha destinado una importante área en régimen de conservación: 48.32% es área natural protegida.

8. En el caso de las REX en general, el Estado brasileño cede las tierras a la población extractiva mediante un contrato de concesión real de uso, mediante el cual han sido consagrados los objetivos de la conservación, las características de la propiedad y la cogestión del área, a ser realizada entre las asociaciones formadas por los pobladores y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (IBAMA) —agencia responsable por la administración de todas la unidades de conservación federales— por intermedio de su órgano, el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable de las Poblaciones Tradicionales (CNPT). Al mismo tiempo que reconoce a los habitantes como sujetos de derecho público con capacidad para negociar y, en su caso, rechazar proyectos de inversión y desarrollo que amenacen su territorio o integridad como grupo humano.

9. En México la única experiencia que se intentó bajo estos moldes fue la dotación ejidal forestal durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, ajustada a los parámetros extractivos del chicle (Manikara zapota), que consideraba 420 hectáreas por ejidatario (Boege y González, 1997: 120).

10. El 13.3% de la superficie del estado de Acre está protegido bajo el régimen de tierras indígenas, las cuales forman parte del Sistema Estatal de Unidades de Conservación.