Uno de los principios distintivos de la democracia es el papel de las elecciones como mecanismo de control ciudadano sobre los gobernantes y de intermediación -al menos, en alguna medida- entre el Estado, sus corporaciones y burocracias. En su conocido e influyente diagnóstico sobre las democracias latinoamericanas emergidas de las transiciones, Guillermo O'Donnell identificó dos rasgos que le parecieron característicos: las elecciones operaban tan bien como en la parte occidental del hemisferio norte, pero los ciudadanos, sus intereses y organizaciones se ausentaban de la vida política en cuanto el resultado de los comicios era anunciado. Por esto, las democracias, en la región, serían "delegativas". Aunque las elecciones funcionaran de manera adecuada, según las exigencias de las democracias liberales, el Estado no sería democrático y regiría exento de controles internos. La combinación de democracias funcionales con corrupción generalizada en la burocracia, violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del orden, diversas modalidades de autoritarismo e impunidad sería explicada, así, por la presencia simultánea de ambos rasgos.

En este número de Desacatos presentamos un debate al mismo tiempo teórico y empírico sobre las formas de control del Estado en Latinoamérica, por vías democráticas no electorales y por vías burocráticas, exactamente aquellas que O'Donnell juzgó distintivas de la región por ser deficitarias. El debate es relevante en especial para la realidad mexicana en la que la transición instauró la alternancia electoral pero dejó pendiente la democratización del Estado, con excepción de los avances en materia de transparencia y la reciente regulación de ciertas áreas de políticas. Hay asignaturas pendientes que reclaman reflexión y medidas institucionales: la corrupción generalizada en todos los ámbitos del poder público, la impunidad de las violaciones al Estado de derecho y el imperio evidente de poderes fácticos de muy diversas naturalezas.

Esperamos persuadir a quienes lean los artículos y el testimonio que componen la sección temática de este número de Desacatos de que se puede aprender, y la reflexión sobre el control democrático del Estado en México puede enriquecerse, mediante el examen de experiencias notables en el subcontinente, y también, de que la reforma institucional para el control interno -burocrático- y externo -democrático- del Estado es un camino posible.

Sin duda, Latinoamérica presenta, como un todo, tendencias generales muy diferentes e incluso opuestas, pero hay un escenario que va abriendo brecha en el tema del control del Estado. En el plano del control democrático no electoral, participación y formas extraparlamentarias de representación han ido ganando terreno. En dos países que no presentan una convergencia ideológica en los avances en esta materia -hablamos de Colombia y Brasil-, se lleva a cabo una reflexión social e institucional mediante la creación de sistemas nacionales de participación para que dichos controles democráticos no electorales logren una mayor permanencia e integración en el funcionamiento regular del Estado. En el plano del control burocrático o interno del Estado, las experiencias brasileñas del Ministerio Público y del Tribunal de Cuentas de la Unión muestran circunstancias en las que ciertas burocracias se convierten en verdaderos agentes de control del Estado, con agendas propias de consolidación y expansión de sus funciones de rendición de cuentas.

En cuanto a los controles democráticos no electorales, sabemos que se han expandido y que sus formas se han multiplicado en diversos terrenos, incluso en contextos autoritarios en los que la ausencia de elecciones no impide la operación de otras formas de control de las burocracias por parte de la población (^{Isunza y Gurza, 2013}). Sin embargo, en el caso de México, su desarrollo ha sido sorprendentemente limitado por la ausencia de interfaces de relación institucional entre autoridades públicas y ciudadanos en la gran mayoría de los municipios del país. A su vez, la transición, en México, abrió espacio para la creación de dos innovaciones institucionales, de carácter notable, sobre todo si las instituciones de otros países en las mismas áreas son utilizadas como parámetros: el Instituto Federal Electoral y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lamentablemente, estas dos innovaciones han sido objeto de sucesivas iniciativas que han minado sus alcances, o por lo menos, han puesto en riesgo sus funciones de control democrático.

Esperamos que este número de Desacatos contribuya en alguna medida a estimular la reflexión académica e institucional para corregir el déficit de control democrático no electoral y burocrático del Estado mexicano. Es un paso más en una experiencia de la colaboración entre México, Brasil y Colombia, por medio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,¹ el Centro de Estudios de la Metrópoli (CEM),² el Centro Brasileño de Análisis y Planeación, y la Fundación Foro Nacional por Colombia.