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Desacatos

versión On-line ISSN 2448-5144versión impresa ISSN 1607-050X

Desacatos  no.48 México may./ago. 2015

 

Esquinas

 

México: una transición fallida

 

Mexico: A Wasted Transition

 

Ilán Bizberg

 

El Colegio de México, Distrito Federal, México. ilan@colmex.mx

 

Recepción: 14 de enero 2014.
Aceptación: 7 de julio 2014.

 

Resumen

En este artículo se analiza el periodo que va del año 2000 a los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto en tres áreas -la economía, la seguridad y la democracia-, con el objeto definir si México pasa por un proceso de democratización o de desdemocratización. Tilly considera que la democracia se define no sólo por el grado en el que un sistema político está abierto a recibir las demandas de su población, sino también por la capacidad que tienen los Estados para implementar sus decisiones, lo que define como la capacidad estatal. Lo que interesa es si un país se democratiza o si el proceso va en el sentido contrario. Discutimos la idea de que en los últimos 14 años México ha transitado por un proceso de desdemocratización.

Palabras clave: transición, democratización, capacidad estatal, México, movimientos sociales.

 

Abstract

This article analyses the period spanning from the year 2000 to the first two years of the presidential term of Enrique Peña Nieto in three areas -economy, security and democracy-, in order to define whether Mexico is going through a process of democratization or, on the contrary, de-democratization. Tilly believes that democracy is defined not only by the extent to which a political system is open to the demands of its population, but also by the capacity of the State to implement its decisions. What interests us is whether a country advances in the direction of democratization or, on the contrary, if it de-democratizes. We discuss the idea that during the last 14 years Mexico has gone through a process of de-democratization.

Keywords: transition, democratization, state capacity, Mexico, social movements.

 

En este artículo analizaremos el periodo que va de la alternancia en la presidencia de México a los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto en tres áreas: la economía, la seguridad y la democracia. Estas tres dimensiones son cruciales para definir, según Charles Tilly (2007), si México está en un proceso de democratización o de desdemocratización. Este autor considera que la democracia es definida no sólo por lo que comúnmente se entiende por este término, es decir, el grado en el que un sistema político está abierto a recibir las demandas de su población y se ve comprometido y presionado a responder a ellas -una característica que Tilly denomina "democracia" con minúscula-, sino que también está determinada por la capacidad que tienen los Estados para llevar las demandas a la práctica, implementar sus decisiones: lo que se considera la capacidad estatal. De esta manera, la "Democracia" -con mayúscula- es la combinación entre lo que se conoce por lo general como democracia y la capacidad estatal: "ninguna democracia puede funcionar si el Estado carece de la capacidad para supervisar la toma de decisiones democráticas y poner en práctica sus resultados" (Tilly, 2007: 15). Asimismo,

un Estado muy débil puede proclamar el principio de evitar que sus ciudadanos sean maltratados por agentes estatales, pero puede hacer poco cuando esto sucede [mientras que] un Estado con una gran capacidad corre el riesgo contrario: las decisiones de los agentes estatales tienen tal peso que se sobreponen a todas las consultas entre el gobierno y los ciudadanos (Tilly, 2007: 15).

Por otra parte, lo que le interesa a Tilly -y a nosotros en este trabajo- no es tanto si existe o no democracia en un país determinado o si un país es más democrático que otro, sino si un país en particular es más o menos democrático en el presente que hace unos años. Tilly concibe a la democracia como un proceso, más como democratización, que puede avanzar en el sentido de la democratización o retroceder en el de la desdemocratización (Tilly, 2007: 7-11). La democratización y la desdemocratización dependen tanto del aumento o la disminución de la apertura del sistema a las demandas de la sociedad, como de la capacidad estatal. En ese sentido, en el presente artículo defendemos la idea de que durante los últimos 14 años México ha transitado por un proceso de desdemocratización, contrario al que recorrió de 1977 a 2000, en el que el país pasaba por un proceso de democratización. Hemos intitulado este trabajo "una transición fallida" en la medida en que a lo largo de estos 14 años se falló en ambos registros.

En el registro de la capacidad del Estado, a pesar de que se ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica, desde el cambio del modelo de sustitución de importaciones por el exportador, el Estado ha sido cada vez menos capaz de incrementar los niveles de bienestar de la población. Ha crecido el número absoluto de pobres, a pesar de que el número relativo ha disminuido ligeramente, la economía ha sido incapaz de crecer a un ritmo sostenido para generar el número de empleos necesarios, fomentar la productividad, los salarios y reducir la desigualdad, que está hoy casi en el mismo nivel que hace 30 años: el índice de Gini, que era 49.7 en 2002, bajó apenas a 48.1 en 2012. Por otra parte, aunque la economía mexicana logró recuperarse rápidamente de la crisis global de 2008, luego de una fuerte caída cercana a 5% en 2009, los gobiernos posalternancia han sido incapaces de resolver los problemas estructurales, con la desconexión entre el sector exportador y la producción orientada hacia el mercado interno como el problema estructural más significativo.

En lo que a capacidad estatal se refiere, el debilitamiento del Estado mexicano, aunque no surge a raíz de la llamada "guerra contra las drogas", se ha acentuado por ella. Ha puesto en evidencia la incapacidad del Estado mexicano para asegurar lo que es la base de cualquier Estado: la seguridad. No sólo ha expuesto su debilidad en este conflicto, sino que se ha debilitado como consecuencia de la infiltración del crimen organizado en el sistema político y la fuerza y la extensión geográfica que han adquirido los cárteles de la droga con esta estrategia. A pesar de que esta situación venía degradándose desde mediados de los años noventa, la trágica guerra contra el narcotráfico que comenzó el gobierno de Felipe Calderón la llevó a un nivel extremo. Haber empezado una guerra frontal contra el narcotráfico sin tener asegurada la capacidad de las policías, el aparato judicial, el control de las cárceles y el blindaje de la política, en especial en los niveles local y estatal, tuvo el resultado de agravar considerablemente la situación de la inseguridad en el país. Además, esta "guerra" ha "contaminado" la delincuencia común, hace que los delitos menos graves sean cada vez más violentos y que la lucha entre las bandas del crimen organizado sea cada vez más abierta y cruel. Por otra parte, el haber enviado al ejército a llevar a cabo tareas de seguridad, para lo que no estaba preparado, ha causando múltiples víctimas colaterales, y como han constatado diversas organizaciones de derechos humanos, innumerables abusos a los derechos humanos. Durante los dos primeros años del sexenio de Peña Nieto se intentó modificar el discurso y se presionó o se convenció a los medios de comunicación de que dieran menor importancia a las noticias de violencia para dar la impresión de que se había modificado la estrategia y de que mejoraba la seguridad. No obstante, con la matanza de Tlatlaya -en la que un grupo de jóvenes vinculados al crimen organizado fueron ejecutados por soldados después de haberse rendido- y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa -entregados por policías municipales a un grupo de narcotraficantes- se ha desmoronado esta política de comunicación y de nuevo se ha puesto al descubierto la fragilidad del Estado mexicano.

En el registro de la democracia -con minúsculas-, analizamos por una parte cómo nuestro sistema político ahora responde menos a la sociedad mexicana que hace 14 años y por la otra discutimos que la ejecución de las elecciones federales en México en 2006 y 2012 es testimonio de un déficit democrático. Esta situación es mucho más aguda en los niveles estatal y local. La elección de 2000 fue percibida como el último peldaño de la larga transición que comenzó en 1977 con la reforma política que permitió la participación de los partidos de izquierda y que contribuyó a poner fin a la guerrilla. No obstante, la presidencia de Fox decepcionó ampliamente las expectativas democráticas al no desmantelar las instituciones y los mecanismos autoritarios, y por el contrario adaptarse y utilizarlos, por no dar seguimiento a los escándalos de corrupción que se produjeron al final del sexenio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tolerar actos de este tipo entre sus allegados, pero sobre todo por su intervención ilegal antes y durante las elecciones de 2006 contra el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo que a la postre dio pie a un conflicto poselectoral y a que dicho candidato no reconociera la victoria del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón. De la misma manera, la reciente elección de Peña Nieto, el 1 de julio de 2012, estuvo manchada por irregularidades y acusaciones de compra de votos, publicidad escondida y por el desvío de fondos estatales para las campañas. Ninguna de estas acciones fue plenamente comprobada, por lo que las elecciones no se anularon -como solicitó el Partido de la Revolución Democrática (PRD)-,1 lo que provocó que el desafortunado candidato de la izquierda no aceptara los resultados electorales por segunda vez consecutiva. Una vez más, gran parte del electorado de izquierda considera que hubo un fraude electoral y que las autoridades electorales han sido ineficaces o cómplices, en el peor de los casos.

En este contexto que apunta claramente a la desdemocratización, hubo, sin embargo, dos movimientos sociales limitados, pero muy significativos, que apuntan hacia la democratización: uno que fue la respuesta de la sociedad civil a la guerra contra el narcotráfico, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), y el otro, el movimiento estudiantil #YoSoy132 (Bizberg, 2015).

 

La economía

Los efectos de la apertura mexicana y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son extremadamente contrastantes. Por una parte, México ha tenido un crecimiento impresionante de exportaciones: de 30 691 millones de dólares en 1988 a 380 026 millones de dólares en 2013.2 El porcentaje del comercio exterior en el producto interno bruto (PIB) aumentó de menos de 10% en 1970 a 30% en 2006. Además, antes del TLCAN México exportaba principalmente productos primarios -agrícolas, pero sobre todo petroleros-. Hoy, por el contrario, la partida de los productos manufacturados en las exportaciones es de 79.3%; la del petróleo y sus derivados, de 16.3%, mientras que la de la agricultura ha disminuido a 3.3%.

A pesar de ello, las importaciones del país han aumentado al mismo ritmo que las exportaciones: de 28 082 millones de dólares por año en 1988 a 381 210 millones de dólares en 2013.3 Esta estrecha correlación entre las importaciones y las exportaciones muestra la profunda dependencia del modelo económico de las primeras y explica el persistente déficit comercial del país, que en 1993 era de alrededor de 1 300 millones de dólares mensuales, mientras que en 2013 cerró con un déficit mensual de 1 861 millones de dólares.4 De esta manera, el saldo de la cuenta corriente ha sido deficitario durante los últimos 14 años. Sin embargo, dicha afirmación debe matizarse. En efecto, con Estados Unidos hay un excedente comercial creciente, mientras que en 1993 era de apenas 74 millones de dólares mensuales, en 2000 había aumentado a 1 347 y a 8 421 millones de dólares mensuales en 2011. Lo anterior puede ser considerado un éxito del TLCAN, pero representa un problema si se compara con el fuerte y creciente déficit comercial que México tiene con el resto del mundo, principalmente con China y Japón, que asciende a 4 571 y 1 236 millones de dólares mensuales,5 respectivamente. Además, con Alemania el déficit fue de casi 9 664 millones de dólares; con Brasil, de 966 y con Francia, de 2 398 millones de dólares anuales.6

El sector de las maquiladoras, que genera alrededor de 60% de todas las exportaciones e importaciones de bienes intermedios, está en el centro de dicho problema (Ibarra, 2008: 212). De hecho, algunos autores consideran que la economía en su conjunto se comporta cada vez más como lo hace la industria maquiladora: un indicador es que las importaciones temporales destinadas a la exportación estuvieron directamente vinculadas con 78% de las exportaciones totales en 2006 (Dussel, 2006). Estos datos muestran una desconexión entre la plataforma exportadora, orientada principalmente hacia Estados Unidos, y el mercado interno, que importa cada vez más productos de los países asiáticos. Se trata de una débil integración de la producción nacional en el sector exportador (Dussel, 2006), o si se prefiere, de una conexión internacional entre el sector productivo mexicano con Estados Unidos mediante un modelo de subcontratación internacional (Bizberg y Théret, 2015). La desconexión conduce al estancamiento de la productividad del trabajo, como puede verse en el cuadro 1.

Algunos autores hablan de un desplazamiento más que de una desconexión de la producción local como consecuencia indirecta del auge exportador: "a medida que las exportaciones crecen, las importaciones desplazan a la producción local" (Ibarra, 2008). Por esta razón, el modelo económico sufrió la consecuencia de un débil crecimiento promedio del PIB; aun cuando durante algunos años haya sido relativamente elevado, el crecimiento no se ha sostenido, y lo que es más grave, ha habido un crecimiento del PIB per cápita insignificante: 0.04% entre 1981 y 2004 (Palma, 2005), muy contrastante en los años siguientes. Mientras las exportaciones y las importaciones crecen a un ritmo acelerado, el PIB de la economía en su conjunto es mucho más lento. Los efectos del desplazamiento del mercado interno por parte del sector exportador repercuten en el crecimiento, el empleo -en términos tanto de cantidad como de calidad y de estabilidad laboral-, la productividad y los salarios.

En este contexto estructural hay que ubicar el desempeño de la economía durante los últimos 14 años. A lo largo de este periodo los gobiernos han seguido el modelo al pie de la letra. A pesar de que durante el primer año de la presidencia de Calderón, 2007, la economía creció a una tasa de 3.3%, al año siguiente se desaceleró y al siguiente la crisis global lo hizo retroceder casi 5%, mientras que el PIB per cápita decaía en 5.9%. Al contrario de las medidas tomadas por otros países en desarrollo, que aplicaron agresivas políticas anticrisis, las medidas del gobierno mexicano parecen haber sido temporales, implementadas en espera del repunte en Estados Unidos. En efecto, México tuvo una reacción tímida frente a la crisis, y en ciertos casos, contradictoria: anunció programas con miras a sostener el crecimiento y el empleo pero redujo el gasto público al tiempo que disminuía la actividad económica (CEPAL, 2010).

La economía se recuperó en 2010 y creció relativamente fuerte hasta que cayó de nuevo a 1.1% en 2013. Para el presente año se prevee una nueva desaceleración. A pesar de que se crearon cerca de 2.5 millones de empleos formales durante los últimos años, son insuficientes para cubrir la demanda que se suma cada año al mercado de trabajo: alrededor de 1.5 millones. Por otra parte, los salarios y la productividad del trabajo siguen rezagados y no han aumentado en los últimos 14 años: los salarios mínimos han disminuido casi 5 puntos, los salarios medios apenas han aumentado 12 puntos, 1% por año, y la productividad del trabajo ha estado prácticamente estancada.

Como resultado de este desempeño de la economía, durante 13 años el índice de Gini apenas ha disminuido en México: de 49.7 a 48.1, probablemente como simple efecto mecánico de las políticas de asistencia que otorgan un mínimo vital a algunas de las familias más pobres del país. Por otra parte, el porcentaje de pobres aumentó de 2008 a 2012: de 44.3 a 45.4, y en números absolutos de 49 458 300 a 53 226 584, según el CONEVAL (2012).

Una de las lecciones más importantes de la crisis y poscrisis ha sido la evidencia de la vulnerabilidad económica de México y la dependencia hacia su vecino, Estados Unidos. Debido a que este último tiene dificultades para retomar una trayectoria de crecimiento duradero, el alto nivel de dependencia es aún más inquietante.

 

La guerra contra las drogas y la pérdida de capacidad del Estado

La razón por la que el presidente electo Felipe Calderón lanzó al ejército a una "guerra contra las drogas" semanas después de su toma de posesión, sin haber mencionado el tema durante la campaña, no es del todo clara. Existen varias hipótesis. La más factible es que la decisión fuera resultado directo de una elección en la que la diferencia de votos entre los dos principales contendientes fue mínima, 0.58%, sumado a que AMLO no haya aceptado el resultado, que se haya nombrado presidente legítimo durante una manifestación en el Zócalo, que bloqueara Paseo de la Reforma -una de las avenidas más importantes de la ciudad- durante dos meses y que su partido ocupara la tribuna del Congreso para evitar que Calderón tomara posesión formal de la presidencia. La decisión de Calderón de mandar al ejército a las calles con el fin de luchar contra los cárteles de la droga se tomó en este contexto, y en parte, se interpreta como una táctica política para ganar legitimidad, como lo hizo Salinas de Gortari después de las controvertidas elecciones contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, cuando detuvo al líder sindical petrolero y lanzó el programa Solidaridad para legitimarse en los hechos. Otro factor fue que, ante la movilización de López Obrador y el riesgo de desestabilización del país como consecuencia, el nuevo presidente se acercó a las fuerzas armadas y demostró que tenía su apoyo para poner fin a cualquier tentativa de dividirlas. También es posible que, como ha declarado él mismo en varias ocasiones, a su llegada a la presidencia se haya percatado de la creciente fuerza de los cárteles de las drogas en ciertas regiones del país, cada vez más sometidas al control del narcotráfico (Villalobos, 2010). Lo cierto es que la política de ataque frontal al narcotráfico fue implementada sin una estrategia a mediano y largo plazo, y sin la utilización de los servicios de inteligencia y bloqueo de sus fuentes financieras. Por otra parte, se llevó a cabo sin haber reformado a la policía, al aparato de justicia y al penitenciario, lo que redujo su eficacia.

Pero, aunque el gobierno haya conseguido detener a algunos de los principales líderes, encarcelarlos y desarticular algunos de los nudos formados por los cuerpos policiacos y el narcotráfico, esta política dio lugar a una guerra entre y al interior de los cárteles una vez que los jefes fueron detenidos o asesinados, y facilitó la creación de otros nudos de complicidad, como vimos trágicamente en el caso Ayotzinapa. Por otra parte, esta política dio lugar a represalias contra la policía u otros miembros de los cárteles, actos contra la población civil como forma de "terrorismo" con el objetivo de crear un ambiente de terror y de volcarla contra la política gubernamental, además de una carrera armamentista entre el ejército y los cárteles. Todo esto resultó en una escalada de violencia y de crueldad que contaminó los delitos ordinarios. Por otra parte, esta estrategia pulverizó a las bandas ilegales, lo que derivó en la propagación de los delitos y de la violencia adyacentes, como el secuestro, la trata de migrantes, el robo a mano armada, etc. (Guerrero, 2011). En suma, una política que se proponía "vencer al crimen organizado" ha resultado contraproducente en tanto que éste literalmente ha estallado: la tasa de homicidios pasó de 10 a 24 delitos por cada 100 000 habitantes entre 2006 y 2012. En algunos estados la situación alcanza el paroxismo: en Chihuahua y Guerrero se comenten 77 homicidios por cada 100 000 habitantes, en Sinaloa, 45, y en Tamaulipas, 46 (INEGI, 2013).

Aunque los niveles de violencia no habían alcanzado el actual, desde finales de la presidencia de Fox se vivía una situación de inseguridad creciente y de incapacidad del gobierno para garantizar el principal de los derechos de los ciudadanos. Ante esta situación, la sociedad civil empezó a activarse, lo cual constituye el único signo de democratización del sistema político mexicano, en conjunto con el movimiento de jóvenes #YoSoy132, del que hablaremos más adelante. En 2004 hubo una manifestación masiva promovida por las organizaciones de la sociedad civil, que reunieron a centenas de miles de personas en todo el país. Por otra parte, a raíz del asesinato en 2008 del hijo de un conocido empresario, hubo otra manifestación para exigir al gobierno que tomara medidas para mejorar la seguridad contra las bandas secuestradoras. No obstante, el movimiento más significativo en oposición a la violencia es el MPJD, surgido en 2010 a partir del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia7 y de otras siete personas en Cuernavaca, Morelos. Este Movimiento nació de manera espontánea con la convocatoria de Sicilia para marchar desde la salida de la ciudad de Cuernavaca hacia la ciudad de México, para exigir al gobierno un cambio de estrategia. La marcha duró varios días, y aunque tuvo poco seguimiento en los medios de comunicación, los testimonios de las víctimas inocentes -colaterales a la guerra- que se sumaron a la marcha y que levantaron la voz para narrar su caso por primera vez tuvieron tanto impacto en la opinión pública que, desde su llegada a la capital, varios miles de personas los esperaban en el Zócalo.

Después de esta manifestación inicial, el Movimiento organizó una caravana hacia el sur, otra hacia el norte y una última en Estados Unidos. En todas se dio la palabra a las víctimas, que fueron escuchadas por un número cada vez más grande de personas, puesto que los medios tuvieron que dar mayor cabida al Movimiento.

El MPJD se distingue de las movilizaciones anteriores por su autenticidad, sus bases éticas y sobre todo por su significado. Aunque las manifestaciones de 2004, 2005 y 2008 reflejaron una preocupación legítima de varios sectores de la sociedad civil y consiguieron reunir a varios cientos de miles de personas de todas las clases sociales, fueron organizadas por asociaciones relativamente establecidas y en su mayoría cercanas al establishment político o empresarial,8 lo que les valió una gran mediatización por parte de Televisa y tv Azteca, las principales cadenas de televisión privada. Como es costumbre en todos los mítines políticos, en dichas manifestaciones los líderes de las organizaciones tenían la palabra, mientras las víctimas permanecían sin voz. Por el contrario, en el MPJD fueron las víctimas las que tomaron la palabra y México escuchó estupefacto. Aquello provocó la toma de conciencia sobre los efectos perversos de la "guerra contra las drogas" en términos de la espiral de la violencia, las víctimas colaterales y los abusos contra los derechos humanos de las policías y el ejército. Al igual que sucedió con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la autenticidad del Movimiento ganó la empatía de la opinión pública, y tal vez temporalmente, también de algunos actores políticos. Así como el movimiento indígena despertó las conciencias de la sociedad mexicana frente a un problema ignorado o que pretendía ignorarse -el de la marginación y el racismo crónico contra los indígenas mexicanos-, el MPJD mostró a la opinión pública los efectos nocivos de una política que se proclamaba exitosa.

Existe otra diferencia: a medida que las manifestaciones contra la violencia tenían efectos concretos el MPJD cobró fuerza y aun cuando su organización se mantuvo informal logró llevar a cabo tres caravanas. Por otra parte, fue escuchada la demanda de diálogo con el gobierno de Calderón y los candidatos a la presidencia. El Movimiento consiguió uno de los pocos resultados concretos9 que la sociedad civil pudo arrancar de la clase política en estos 14 años: logró que se aprobara en el Congreso una Ley de Víctimas, publicada por el gobierno de Peña Nieto, luego de que el presidente Calderón retrasara su aprobación hasta el fin de su sexenio.10

Más sobresaliente es el alcance ético y el significado que caracterizan a este Movimiento. Mientras el resto de las manifestaciones de la década de 2000 reclamaban el fortalecimiento de la política de seguridad por parte del gobierno, el MPJD se centró en la constatación del fracaso de una política enfocada exclusivamente en la seguridad y en la acción del Estado, y destacó las fuentes sociales de la violencia: la falta de oportunidades para los jóvenes a causa de los déficits económicos, la impunidad y la corrupción que dominan la esfera política y el aparato de justicia, la falta de respeto por la vida y la dignidad tanto por parte de los narcotraficantes como de las fuerzas de seguridad. Además, mientras las manifestaciones de la primera década del siglo XXI se enfocaban en hacer demandas al Estado, el MPJD se centró en las víctimas, y al igual que los nuevos movimientos sociales en el contexto latinoamericano actual (Bizberg, 2014), demandó derechos: respeto a los derechos humanos, derecho a saber cómo fueron las muertes de los familiares, conocer el paradero de parientes desaparecidos y el derecho a la justicia en los delitos o abusos cometidos por militares o policías.

El Movimiento se enfocó en el sufrimiento. Este sentimiento es el que une a los miembros y da sentido al Movimiento, que perdura porque da sentido a la vida de los parientes de las víctimas: tanto en los textos de Sicilia como en la mayoría de las entrevistas a los demás actores se habla de cómo el movimiento les ha permitido salir de su sufrimiento en soledad, en lugar de quedarse a llorar en sus casas, asistir a reuniones y manifestaciones le ha dado un sentido a sus vidas.11 Varios miembros del Movimiento han dejado su trabajo y su familia de lado, han gastado sus pocos pesos para asistir, a veces desde muy lejos, a las reuniones semanales y participar en las caravanas.12 Paradójica y trágicamente, se demanda en democracia aquello que se exigía a los militares en el poder en el ocaso del autoritarismo en el Cono Sur: respeto a los derechos humanos, paradero de los desaparecidos, conocimiento preciso de las muertes de las víctimas. En la medida en que el MPJD se centra en las víctimas, sus familiares, el sufrimiento, la justicia para las víctimas y para sus parientes, se concentra en los efectos que tiene la violencia sobre los sujetos, las personas (Pleyers y Naveau, 2012).

 

La democracia mexicana

Puede considerarse que México optó definitivamente por un régimen democrático luego de las elecciones del año 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la república y aceptó el resultado. Sin embargo, cada vez más analistas y una parte considerable de la opinión pública piensan que la democracia mexicana tiene fallas estructurales. Existe una tendencia a analizar las democracias latinoamericanas en relación con una norma o punto de referencia, lo que da cabida a toda una gama de "democracias con adjetivos" (Collier y Levitsky, 1996). En un artículo reciente defiendo, por el contrario, la idea de que debe dejar de calificarse a las democracias en relación con un tipo ideal único y que en su lugar debe partirse de la definición de diferentes tipos de democracia, según tres variables que caracterizan a los regímenes democráticos: el grado de institucionalización de los partidos políticos, el peso de la sociedad civil y el nivel de representatividad del sistema político. Con base en estas tres dimensiones es posible distinguir entre los diferentes tipos de democracia en razón de las combinaciones de dichas variables. Desde esta perspectiva, una democracia como la mexicana, que se caracteriza por tener partidos políticos organizados y estables, una sociedad civil débil con organizaciones poco autónomas y poco representativas -herencia del antiguo régimen corporativista autoritario-, tiende hacia la partidocracia (Bizberg, 2010).

Las raíces de lo que varios analistas consideran la partidocracia mexicana, aun cuando no todos utilicen el concepto (Aziz, 2010; Loaeza, 2010; Prud'homme, 2010), se encuentran en la trayectoria seguida por la transición. De hecho, la transición del año 2000 se resolvió sin ruptura, la democratización mexicana fue el resultado de dos procesos complementarios: por una parte, la lenta pero constante transferencia de votos desde el PRI hacia los partidos de oposición nacional, es decir, tanto hacia el partido de derecha -PAN- como hacia el de izquierda -PRD-; y por la otra, el fortalecimiento de los partidos de oposición regional y local, que consiguieron ganar poco a poco ciertos municipios, y a partir de 1989, algunos estados antes gobernados por el partido hegemónico.13 De hecho, la reforma electoral de 1977 sirvió para redirigir el proceso de democratización hacia la esfera electoral cuando estaba a punto de alcanzar al conjunto de organizaciones sociales a principios de esa década, con el llamado movimiento de "democratización sindical". Esto puso freno a la autonomización de las organizaciones sociales, que continuaron sometidas a los partidos políticos con los que mantenían relaciones clientelares. En contraste, la democracia en Brasil partió principalmente de las organizaciones sociales antes de alcanzar la esfera política, pues los sindicatos se democratizaron desde finales de los años setenta y la sociedad civil en la década de los ochenta, aun cuando los partidos políticos siguieron siendo clientelistas hasta la primera década del siglo XXI. En ese país, la sociedad civil autónoma contribuyó a democratizar los partidos políticos sobre todo por medio del Partido de los Trabajadores (PT), aspecto que permitió que la democracia brasileña se inclinara hacia una democracia participativa, incluso cuando el sistema seguía mostrando reflejos clientelistas. Según la fórmula de Stepan (1985), mientras el proceso de democratización en Brasil tuvo como consecuencia que el Estado y la sociedad civil se fortalecieran mutuamente, en México sucedió lo contrario, pues el proceso de democratización se vio reducido a la liberalización del sistema de partidos. Sólo el sistema político se robusteció a expensas del Estado y de la sociedad civil. Además, se consolidó el Poder Legislativo frente al Ejecutivo y hubo un proceso de feudalización del poder a manos de los gobiernos locales.

De hecho, México tiene un sistema de partidos muy estable: tres partidos grandes concentran 90% de los votos (Prud'homme, 2010). La volatilidad del voto es moderada: en las elecciones de 2003 el PRI ganó 30.6% de los votos parlamentarios y 29% en 2006 en coalición con un partido pequeño, en 2009 -de nuevo en coalición- 44% y 38.2% en 2012. El PAN obtuvo 33.4% de los votos en 2003, 23.1% en 2006, 28% en 2009 y 25.4% en 2012. Para el PRD las cifras fueron de 17.6% en 2003, 29% en 2006 -en coalición-, 18% en 2009 y 31.6% en 2012. Coppedge (2010) calcula que la volatilidad del voto en México en 2006 fue de 17.6%, mientras que en otros países las tasas de volatilidad son más elevadas, como en Colombia, que asciende a 50%, en Perú a 44%, en Venezuela a 47%, en Ecuador a 62% y en Bolivia a 67% en 2005. En México, el número efectivo de partidos, según las consideraciones de Sartori, es tres: PRI, PAN y PRD. Y son estos tres los que controlan la mayor parte de los escaños en ambas cámaras del Congreso. Por lo tanto, el problema en México no es el mismo que en otros países latinoamericanos, la volatilidad y la dispersión del sistema de partidos, sino que éstos estén cada vez más alejados de la sociedad. Esta situación se agravó con la reforma electoral de 2007 y de nuevo con la de 2013, que resultó en un incremento de los recursos disponibles, lo que favoreció a los partidos grandes frente a los pequeños, en gran parte porque se prohibió la compra de publicidad en los medios de comunicación pero sin reducir el correspondiente financiamiento de los partidos (Aziz, 2010; Prud'homme, 2010). Por otra parte, a partir de 2000 los partidos se apoderaron gradualmente del Instituto Federal Electoral (IFE), una institución central en el proceso de democratización hasta ese año. Puede decirse que mientras en los años noventa el IFE fue ganando autonomía frente al Estado para convertirse en un organismo ciudadano, en la década de los dos mil cayó bajo el control de los partidos políticos y fueron ellos quienes, desde el Senado, eligieron a los miembros del Consejo General del IFE y repartieron los puestos. Como consecuencia, el Consejo defiende cada vez menos los principios democráticos de transparencia y equidad y cada vez más los intereses de los partidos que pusieron a sus simpatizantes ahí (Alonso y Aziz, 2009).

El primer periodo presidencial del PAN, el de Vicente Fox, logró desilusionar a casi todos los sectores sociales porque no modificó la política económica -aspecto previsible en tanto provenía de la facción empresarial del partido- ni las políticas sociales. Pero sobre todo traicionó las expectativas puestas en el desmantelamiento de las viejas instituciones autoritarias y en su sustitución por unas democráticas. El progreso más concreto del periodo fue la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Con excepción de esta institución, tanto el gobierno de Fox como el de Calderón se adaptaron al funcionamiento de las instituciones que heredaron del régimen autoritario y de las organizaciones sindicales corporativistas del PRI, principalmente al de los sindicatos de maestros -con 1.4 millones de miembros- y del petróleo.

El balance democrático de Fox mermó considerablemente por su intervención en la campaña presidencial 2005-2006,14 cuando intentó alejar al jefe de gobierno del Distrito Federal, López Obrador, de la carrera presidencial mediante un proceso iniciado por el procurador general sobre una cuestión administrativa menor. Después emitió críticas abiertas contra el candidato del PRD. Sus intervenciones -ilegales-, sumadas a las de grandes empresarios, dieron pie a una controversia poselectoral que resultó en que el candidato perdedor no aceptara los resultados electorales.

Después de las elecciones presidenciales de 2000 podía afirmarse que hubo un claro proceso de democratización, lo que no es posible a partir de 2006. Según algunas encuestas, poco más de un tercio del electorado creía en la existencia de un fraude electoral en esa fecha. Por su parte, en el Latinobarómetro, 54% de los encuestados en 2006 decía aprobar la democracia, en 2007 era sólo 48%. Resulta aún más significativo el dato de los que se decían satisfechos con la democracia, que cayó de 41% a 31% entre esos dos años. En 2011, el porcentaje de mexicanos que aprobaron la democracia fue de 40%, mientras que los países con las tasas de aprobación más elevadas del continente eran Uruguay y Venezuela, con 75% y 77%, respectivamente (Latinobarómetro, 2007; 2011).

La elección de 2012 culminó con el regreso del PRI a la presidencia de la república, una victoria que se perfilaba desde las elecciones federales de 2009, cuando el partido recuperó terreno principalmente a causa de la inseguridad. Además, después de ese año recobró la mayoría de los estados que habían pasado a manos de la oposición, lo que orilló al PAN y el PRD a hacer alianzas para conseguir la victoria en tres estados en los que no había habido alternancia: Puebla, Oaxaca y Sinaloa. Durante la jornada electoral que marcó el triunfo de Peña Nieto hubo una serie de irregularidades, pero lo fundamental fue la forma evidente en que su candidatura fue promovida por los medios de comunicación -principalmente Televisa- durante los últimos seis años, por el uso de recursos que sobrepasaron los topes del Estado -de todos los partidos, pero en especial del PRI- y por las acusaciones de compra de votos e intimidación, una de ellas interpuesta por una asociación reconocida: Alianza Cívica. Aunque el resultado de la elección no haya dado pie a una situación similar a la de la elección de 2006, gracias a una diferencia de votos más amplia entre Peña Nieto y López Obrador, las irregularidades le dieron la posibilidad a este último de no reconocer al nuevo presidente, como lo hiciera seis años atrás. Esto, aunado al deterioro de la legitimidad de las autoridades electorales que no hicieron nada para remediar los excesos de las campañas, tuvo fuertes implicaciones para la democracia mexicana. Además, AMLO decidió dejar el PRD y crear su propio partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que ya obtuvo su registro. Todo lo anterior es claramente un proceso de desdemocratización.

Por último, el regreso del PRI a la presidencia es muy significativo si consideramos que el partido no se sometió a un proceso de modernización para volver, sino que su regreso se debe principalmente a un voto de castigo contra el PAN. El PRI no se renovó ni modificó sus relaciones con las bases corporativistas. Éstas, en su mayoría, mantuvieron a los líderes que las dirigían antes de la alternancia. Por otra parte, como el partido hegemónico conservó siempre un alto número de estados y municipios bajo su poder, continuó gobernando una buena parte del país, en ciertos lugares con las prácticas de siempre, en particular en los estados sin experiencias de alternancia, entre ellos dos de los estados más grandes: el Estado de México y Veracruz. De hecho, el presidente Peña Nieto gobernó el Estado de México con el control absoluto del Congreso local, del aparato judicial, de las organizaciones corporativas y casi la totalidad de las presidencias municipales. Además, tiene un vínculo fuerte con la familia política que ha gobernado la entidad desde hace décadas: el grupo Atlacomulco.

Además del MPJD, el único hecho que va claramente en el sentido de la democratización es el movimiento de jóvenes que surgió a raíz de la intervención de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana (Ibero), cuando una manifestación en su contra lo obligó a abandonar apresuradamente el recinto. Los responsables de la campaña del PRI, al igual que Televisa, intentaron hacer creer que las manifestaciones habían sido organizadas por militantes del PRD. La afirmación fue desmentida por los mismos estudiantes mediante un video difundido por internet en el que 131 estudiantes mostraban sus credenciales e invitaban a otros a hacerlo, de ahí el nombre del movimiento #YoSoy132. El movimiento que se levantó en contra de la manipulación de la información y la monopolización de los medios se extendió rápidamente a casi todas las universidades del país. En seguida, las movilizaciones se elevaron contra lo que consideraban una probable imposición del candidato del PRI por parte de los medios de comunicación. El movimiento estudiantil alteró el ambiente de una campaña que preveía el triunfo inevitable de Peña Nieto y logró que la candidatura de AMLO avanzara al segundo lugar, cuando a principios de campaña estaba en un lejano tercer lugar.

El movimiento #YoSoy132 fue un punto de quiebre en las campañas hacia las elecciones presidenciales. A pesar de que no modificó su resultado, hizo emerger una serie de problemas fundamentales de la sociedad mexicana que estaba oscurecida por las campañas de los partidos y empujaron a la sociedad a discutirlos (Alonso, 2013). Este movimiento nació como una manifestación contra la manipulación de la información en el caso específico de los acontecimientos de la Ibero, no obstante, en el fondo cuestiona a los medios de su comunicación en su capacidad para imponer las representaciones culturales que vehiculan y en gran medida generan. Por otra parte, fue un movimiento profundamente democrático, que se organizó de manera horizontal, que no aceptó líderes, que se alejó de los partidos políticos tradicionales y de la política a pesar de ser profundamente político y de que demandó, desde los primeros momentos de su existencia, la democratización de los medios de comunicación (González, 2010; Muñoz, 2013).

 

Conclusión. México: ¿una democracia fallida?

He utilizado en este artículo el adjetivo "fallida" para calificar la transición mexicana, a la que considero que fue una oportunidad perdida para seguir profundizando en la democratización. Este calificativo se justifica si consideramos el declive de la capacidad del Estado mexicano, los retrocesos evidentes en el proceso de democratización y que México se encuentra en un proceso de desdemocratización. Por una parte, los gobiernos de los últimos 20 años -del PRI y del PAN- han sido incapaces de hacer crecer la economía de manera sostenida mediante la creación de empleos, el alza de la productividad y de los salarios, la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad. Por la otra, la explosión de la violencia que produjo la "guerra contra las drogas" incrementó considerablemente la inseguridad en el país y la debilidad del gobierno en varias regiones, como ha sucedido tan palpable y trágicamente en Iguala con el asesinato de seis normalistas y la desaparición y posterior asesinato de otros 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, con la complicidad entre el gobierno, las fuerzas policiacas y el crimen organizado.

Durante los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto parecía que se había modificado la política de guerra frontal contra el narcotráfico para enfocarse en el combate a la violencia y que se estaba recuperando capacidad estatal con distinto enfoque y con el Pacto por México. No obstante, los hechos más recientes de Tlatlaya e Iguala mostraron que por lo menos en lo que se refiere a la inseguridad se trataba de un estrategia política de acallar la publicidad de los actos de la policía y el ejército en su lucha contra el crimen organizado, en la cual prácticamente desaparecieron las noticias escritas y de los medios electrónicos sobre criminalidad y delincuencia. La tragedia de Ayotzinapa comprueba que continúa la incapacidad del gobierno para asegurar la vida de los ciudadanos, al menos en algunas regiones.

Por otra parte, la forma en la que transcurrieron las elecciones de 2006 y 2012 también apunta hacia un proceso de desdemocratización. En 2006 hubo una intervención presidencial y una campaña de los empresarios contra AMLO, candidato que no aceptó el resultado de los comicios. En 2012, Peña Nieto llega a la presidencia en una elección manchada por numerosas irregularidades, en especial la campaña escondida de las dos cadenas televisivas a su favor, que se iniciaron casi a la par que el gobierno de Calderón. Además hubo acusaciones de compra de votos, de presión sobre electores, de entrega de despensas y otros productos para favorecer el voto en casi todo el país. La negociación de Peña Nieto de un pacto con los dos principales partidos de oposición, para hacer pasar las reformas estructurales por el Congreso, para profundizar el programa neoliberal, podría haberse interpretado como indicador de mayor democracia, pero no lo fue. Esto en la medida en que los partidos políticos tienen poca legitimidad y son poco representativos. De hecho, varias de las reformas a las instituciones de la democracia, como el IFAI y el Instituto Nacional Electoral (INE), se enfrentaron a fuertes críticas en el sentido de que en realidad debilitaban más que fortalecían a estas instituciones. Por ejemplo, en el caso del proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo que fue aprobada a finales del gobierno de Calderón, el PRI bloqueó todos los cambios democráticos propuestos, como el voto sindical secreto y directo, la posibilidad de que los trabajadores exigieran cuentas a sus sindicatos de manera directa, como concesión a los dirigentes corporativos.

Para finalizar, durante estos últimos años surgieron dos movimientos sociales muy significativos, y a raíz de la muerte y desaparición de los normalistas se ha producido un número importante de manifestaciones ciudadanas para exigir claridad en el caso hasta las últimas consecuencias y para que se modifique de origen la situación de la falta total de Estado de derecho en México. Estas últimas manifestaciones, tres de ellas muy concurridas y pacíficas -a pesar de la violencia generada por grupos de anarquistas e infiltrados, así como de la propia acción de la policía- en la ciudad de México, además de la movilización casi cotidiana en Guerrero de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y de los normalistas, que han incendiado varios edificios gubernamentales y de partidos, han logrado no sólo que se haya abandonado la estrategia de esconder el hecho de la opinión pública como ocurrió durante las primeras semanas, sino que el gobierno haya adoptado, por lo menos en el discurso, algunas posiciones que demuestran que la construcción del Estado de derecho se ha convertido en una prioridad, cuando anteriormente lo eran las reformas económicas. Es evidente que estos movimientos apuntan en la dirección de la democratización, a pesar de que no sabemos aún si serán duraderos y si tendrán un efecto sobre la capacidad estatal.

 

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Notas

1 De hecho, la ley electoral vigente acepta como única razón válida para anular las elecciones que existan irregularidades en más de 25% de las casillas para votar.

2 Secretaría de Economía con datos del Banco de México (2014), disponible en línea: <http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/informacion_estadistica/anual_exporta.pdf>.

3 Secretaría de Economía con datos del Banco de México (2014), disponible en línea: <http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/informacion_estadistica/anual_importa.pdf>.

4 Ibidem.

5 Secretaría de Economía con datos de Banco de México (2014), disponible en línea: <http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/informacion_estadistica/total_ene_dic_2013.pdf>.

6 Ibidem.

7 Poeta y periodista de la revista Proceso, cercano al movimiento zapatista, la teología de la liberación y la Escuela de Ivan Illich, vivía en Cuernavaca desde hacía mucho tiempo, es respetado y está vinculado con las organizaciones de la sociedad civil.

8 Entre los organizadores se encontraban asociaciones contra el aborto que hacían una amalgama de temas entre la seguridad ciudadana y los derechos del feto.

9 Otro fue la Ley de Transparencia y la creación del IFAI, resultado de la acción del Grupo Oaxaca en 2002, durante la presidencia de Vicente Fox.

10 Uno de los personajes principales de la redacción de la ley fue un famoso abogado relacionado con asociaciones de derechos humanos, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y participante del movimiento: Emilio Álvarez Icaza (entrevista, 26 de junio de 2012).

11 Aspecto que recuerda los textos de Viktor Frankl cuando habla sobre el vacío absoluto de sentido, como en los campos de concentración nazis, para después conseguir el sentido vital primordial, el de estar vivo. No es coincidencia que Sicilia haya escrito un libro sobre los campos de exterminio.

12 Con base en las entrevistas hechas por Ivonne G. Villalón (Instituto Tecnológico Autónomo de México) y Pascale Naveau (Universidad Católica de Lovaina).

13 El primer estado que pasó a la oposición fue Baja California, en 1989. Después el PAN ganó terreno en el norte y el centro del país, los estados fronterizos con Estados Unidos y el viejo centro de la lucha religiosa contra la Revolución: Jalisco, Colima, Guanajuato y Aguascalientes. El PRD ganó la ciudad de México y algunos estados del centro y sur del país: Michoacán, Guerrero, Chiapas. Todavía hay estados que no han visto la alternancia, entre los más importantes están Veracruz y el Estado de México, y hasta 2010, Puebla, Sinaloa y Oaxaca.

14 Sin duda una de las elecciones más polarizadas de la historia reciente de México (Loaeza, 2010; Hernández, 2010), entre los que apoyaban la continuidad del modelo económico y los que exigían un cambio.

 

Información sobre el autor

Ilán Bizberg es profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Es miembro asociado del Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologiques de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (EHESS), del Colegio de Graduados Zwischen Raumen del Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, y del Centro de Estudios sobre Integración y Universalización de la Universidad de Quebec en Montreal. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Es doctor en ciencias sociales por la EHESS. Fue becario de la Fundación Humboldt. Sus libros más recientes son Las variedades del capitalismo en América Latina (El Colegio de México, 2015) como coordinador y El Estado de bienestar ante globalización, El caso de América del Norte (El Colegio de México, 2012), en coautoría con Scott Martin.

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