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Desacatos

versión On-line ISSN 2448-5144versión impresa ISSN 1607-050X

Desacatos  no.47 México ene./abr. 2015

 

Saberes y razones

 

Turismo y desarrollo sustentable en áreas protegidas o sobre los "nuevos" contrasentidos para la producción y el marasmo en el ámbito rural*

 

Tourism and Sustainable Development in Protected Areas or Reflections on the "New" Contradictions for Enhance-Paralyze Production in Rural Zones

 

Ángeles A. López Santillán

 

 

Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras/Proyecto Flacso España. San Juan, Puerto Rico. janina9@gmail.com, m.lopezsantillan@upr.edu

 

Resumen

Recientemente las políticas de desarrollo rural en nuestro país tienen nuevos objetivos: producir valores económicos para distintos nichos de mercado, entre los que está el turismo, en concreto el ecoturismo en áreas naturales protegidas. Las condiciones en que el Estado y otros actores actúan para generar productividad en territorios protegidos han sido escasamente discutidas, mucho menos la compleja interrelación de procesos generales que inciden en la producción turística y la protección a la biodiversidad. Con base en un análisis crítico y realista de un caso de producción de ecoturismo en el norte de Quintana Roo, este documento reflexiona sobre las condiciones en que esta pauta de desarrollo se ejecuta y sirve para dar continuidad al proyecto de expansión del capital.

Palabras clave: ecoturismo, política medioambiental, desarrollo sustentable, desarrollo rural, capitalismo

 

Abstract

Recently, Mexican rural development policies pursue new objectives: to produce unique economic values such as tourism and, more specifically, ecotourism in protected areas. The conditions upon which the State and other relevant actors lead to increase productivity in protected areas have been little discussed, even less attention has been taken to the complex interplay of general processes which affect tourism production and biodiversity protection. Based on a critical and realistic analysis of ecotourism production in northern Quintana Roo (Mexico), this paper offers a way to understand the conditions on this "novel" pattern of development that favours capital expansion.

Keywords: ecotourism, environmental policy, sustainable development, rural development, capitalism.

 

En México se ha documentado relativamente poco el impulso a la producción turística en áreas naturales protegidas (ANP). Hasta ahora los enfoques prevalecientes en el tema se han orientado a identificar los campos contenciosos y desiguales de la protección de la biodiversidad en lo local, incluyendo los desfases en la acción política entre agentes (Durand, Figueroa y Trench, en prensa; Durand y Vázquez, 2011). Por otra parte, se han analizado las relaciones dinámicas entre el sistema turístico y la regulación ambiental. Estos enfoques basados en la ecología política han procurado reconocer a los actores, las disputas en el uso de recursos para el turismo y las dificultades para hacer prevalecer las regulaciones oficiales (Reygadas et al., 2006; Brenner y San German, 2012, Brenner y Vargas, 2010; Buitrago, Marín y Fraga, 2012; López, 2010a y b). Asimismo, otros trabajos han tocado de manera tangencial aspectos asociados a la producción del turismo cuando cuestionan algunas de las condiciones de la aplicación de políticas públicas en ANP (Trench, 2008; García-Frapolli et al., 2007; García-Frapolli, Toledo y Martínez-Alier, 2008). En realidad, se ha indagado poco sobre la actual reorientación de la política pública hacia el impulso tenaz de la producción turística en las ANP como base de la conservación de la biodiversidad en el país. Este artículo propone revisar un caso de producción de ecoturismo bajo este rubro con el fin de examinar las cuestiones estructurales que subyacen a tal proceso y con ello generar interrogantes que ayuden a entender esta compleja e intrincada realidad del ámbito rural contemporáneo.

Con base en datos empíricos obtenidos en el norte de Quintana Roo (López, 2010a: 237-360), hago un análisis crítico de estos "nuevos" escenarios de desarrollo rural en México: el apoyo al turismo de naturaleza o ecoturismo en áreas protegidas y sus zonas de influencia. Articulo dos ideas generales que corren en paralelo.

Por un lado, entender la política medioambiental actual destinada a las ANP enfocada a la continuidad del proyecto desarrollista en general y del turismo en particular. Por otro, reconocer la reproducción de la desigualdad a partir de la paradoja central de la cual emanan estas políticas: la aparente patrimonialización del territorio y sus recursos sobre la que subyacen problemas de reterritorialización, bajo la comprensión amplia de la idea marxiana de acumulación primigenia para reconocer dos aspectos del proceso: al sustraerse el control sobre los bienes territoriales productivos en pos de la formación de valores económicos y de "patrimonios" globales se configuran condiciones de reproducción social adversas que reducen las posibilidades de diversificación y reproducción económica de las sociedades locales, además de propiciar un desplazamiento socioeconómico de poblaciones, es decir, sienta las bases para la generación de la población desposeída —superpoblación o el ejército industrial de reserva— que sólo cuenta con su fuerza de trabajo.1

Reviso estos cuestionamientos a partir de un breve análisis de los actuales parámetros de la política del Estado mexicano para generar desarrollo sustentable en ANP. Una vez hecho esto, verteré las particularidades del caso observado en Quintana Roo: el circuito ecoturístico Puerta Verde, diseñado en el marco del establecimiento del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam (APFFYB), aunque no circunscrito exclusivamente a ese territorio. Propongo un enfoque analítico al producto turístico —el circuito— creado en la zona. Los grupos de las localidades involucradas en éste ofrecen atractivos y experiencias diversas que son mercantilizados bajo la matriz discursiva del ecoturismo y el desarrollo sustentable. La atención en la generación del producto conduce a comprender la inserción diferenciada de los actores, se observa cómo se promueve el desarrollo rural por esta vía, lo que nos acerca a las generalidades y las consecuencias del proceso que serán analizadas en la discusión final. Las fuentes con las que construyo el artículo son bibliográficas, documentos de las instituciones mencionadas, trabajo de campo realizado durante varios recorridos en la zona en 2006 y 2007, así como entrevistas a informantes clave obtenidas durante el invierno de 2007-2008.

 

Los nuevos escenarios para instrumentar el desarrollo rural

En el contexto actual de fomento a la producción turística en el ámbito rural, la Secretaría de Turismo (Sectur) no es necesariamente el actor central. Pese a que el sector empresarial es lo suficientemente poderoso y dinámico —según la región turística en cuestión—, su participación sigue siendo fragmentaria y en ocasiones marginal en ese ámbito. El agente que hoy cobra dominio y pretendida persuasión en tal objetivo es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). De hecho, ha adquirido una importancia significativa en algunas zonas del país en las que promueve la producción ecoturística como parte de "clusters turísticos", en particular en las zonas de los llamados "centros integralmente planeados" —Cancún, Los Cabos y Huatulco— y en otras en donde se ha consolidado la diversificación de la oferta turística como el Centro, el Golfo de México y la costa nayarita.

La Conanp nace en 2000 como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) orientado a proteger la biodiversidad y los ecosistemas, en específico en territorios de resguardo decretados bajo diferentes figuras jurídicas. Se fundamentó en una noción de trabajo intersectorial para administrar y ejecutar leyes, reglamentos y recursos —tanto naturales como financieros— en el marco del desarrollo sostenible. Asimismo, la geopolítica de la dependencia se extendió rápidamente a las "áreas de influencia" de las ANP con el fin de conducir el "desarrollo sustentable e incluir comunidades rurales, indígenas o en zonas marginadas" a sus actividades bajo dichas pautas ideológicas.2

La Comisión cobró un carácter de organismo regulador y de concertación para forjar la gobernanza ambiental en territorios protegidos. En este aparente marco democrático, la institución media el proceso de conservación-administración de recursos de interés nacional e internacional bajo programas específicos de la Semarnat, otras dependencias de Estado y mediante su articulación con instancias de los tres órdenes de gobierno, organizaciones no gubernamentales (ONG) —locales, regionales, nacionales o internacionales—, así como con las comunidades y sectores sociales insertos en las áreas de su atribución y en las zonas de influencia. Como la misma institución recalca, "se requiere necesariamente de la participación de la sociedad en su conjunto que valore la importancia de los servicios ambientales que los ecosistemas ofrecen para que puedan involucrarse en acciones concretas a favor de su conservación".3 Así, al menos formalmente, la Conanp se rige bajo un modelo descentralizado y transversal de gobernanza ambiental, aunque predomina la verticalidad en su instrumentación (López, 2010a; Durand y Vázquez, 2011).

La Comisión también se convirtió en promotora turística. Su labor de establecer actividades sostenibles en territorios regulados, con el propósito de encontrar "las alternativas" de desarrollo económico viables en estos espacios, en contraposición a las prácticas "depredadoras" de los pobres —sobre todo aquellas del sector primario—, conllevó irremediablemente que la institución se convirtiera en un agente mediador de la producción turística, en especial en el nicho del ecoturismo o turismo de naturaleza, lo que pondría en juego a los actores locales para alcanzar esas metas.

Hoy la Comisión concentra y regula más de 20 millones de hectáreas terrestres y marinas bajo algún tipo de figura jurídica. De este número de hectáreas, no todas aplican los mecanismos oficiales de regulación y operación: aproximadamente 48% tiene marcos de regulación específicos a través de planes de manejo y conservación publicados, en tanto que para el resto estas directrices permanecen como letra muerta o son áreas que sólo se administran oficialmente, como el APFFYB.4

Ahora bien, la región administrativa de la Península de Yucatán y el Caribe mexicano ha sido medular en el ejercicio de estas políticas porque posee mayor biodiversidad, endemismos, especies prioritarias y ecosistemas de interés.5 De ahí que en el territorio peninsular existan áreas bajo regulaciones diversas. El caso de Quintana Roo es interesante por el número de hectáreas bajo resguardo —más de 1 500 ha, casi 10% de su territorio—, pero ante todo por la tensión permanente entre la conservación y el desarrollo turístico en la zona costera, así como por la creciente presión de intereses sobre las tierras del área forestal. Debido a su particular "vocación" turística, la zona es de utilidad para identificar la acción de la Conanp como promotora del cambio social para la conservación, pero sobre todo para producir turismo y como mediadora del desarrollo en este rubro. A través de programas específicos, la Comisión ha incorporado y atraído grupos de interés —aunque en menor medida poblaciones— a sus actividades, condición que se ha reforzado a través de "sinergias" intersectoriales entre institutos diferenciados.

La "Estrategia de Conservación para el Desarrollo 2007-2012" (Conanp, 2007a) es ilustrativa sobre este asunto. La Conanp consideró la conservación como un mecanismo útil para el desarrollo social. Ante el fracaso de cuatro décadas de desarrollo excluyente, la institución destaca, en su carácter democrático, la necesidad de incluir a las poblaciones insertas en las áreas protegidas para impulsar el desarrollo local. Apunta al contrasentido en torno a la "gran riqueza de capital natural que contrasta notablemente con una pobreza social y marginación" (Conanp, 2007a). Se proclama como un actor para reestructurar dicho proceso en territorios protegidos y sus áreas de influencia. Por ello su estrategia se basa en principios de equidad y sustentabilidad y establece tres líneas de acción: sinergia institucional —o transversalidad—, organización comunitaria, como la plataforma y ejecución de proyectos de desarrollo, y la promoción de actividades productivas alternativas generadoras de oportunidades. Entre las actividades alternativas que la Comisión reconoce está el ecoturismo, de manera que el organismo se ha instituido como promotor de la actividad:

El ecoturismo es una de las actividades alternativas más importantes que la Conanp ha promovido, destinando recursos para fortalecer acciones de este tipo. Entre los años 2001 al 2006, en conjunto, con el Programa de Desarrollo Regional Sustentable (Proders) y el Programa de Empleo Temporal (PET) las Áreas Protegidas han destinado poco más de 64 millones de pesos para respaldar a un amplio número de proyectos en más de 90 de estas áreas. El Grupo de Trabajo de este Convenio identificó que la mayoría de los apoyos a proyectos ecoturísticos que se han realizado están dirigidos básicamente a la dotación de infraestructura y equipamiento y en menor escala a la capacitación, sobre todo aquella que mejora la operación de las empresas comunitarias. En el periodo 2004 al 2006 se realizaron seis Circuitos de Capacitación, a los que asistieron representantes de 104 empresas comunitarias, de las cuales 45 provinieron directamente de 36 áreas protegidas (Conanp, 2007a).

Como ilustra esta cita, el Proders y el PET han sido los instrumentos de gestión y de cambio social, aunque la distribución de recursos involucra a otras fuentes debido a la mencionada sinergia institucional y sectorial. Al principio ambos programas de subsidios se orientaron a la educación y al manejo de ecosistemas de flora y fauna, pero rápidamente se transformaron en mecanismos para la producción turística, sobre todo en regiones de importancia en el rubro (López, 2010a: 279-317). El Programa para Áreas Naturales Protegidas explica:

se pretende transformar el concepto de subsidio por el de incentivos, con los cuales se 'compensa' a las comunidades por los servicios ambientales que prestan [...] la compensación es por los costos de las distintas modalidades de conservación (Conanp, 2007b).

Pues de hecho los usuarios transforman sus modos de vida al sumarse o ser sumados a estas políticas territoriales. Si bien aquí no puedo ser exhaustiva en la descripción de la política ambiental, queda claro que su ejecución en las áreas protegidas está fuertemente ligada a un proyecto desarrollista que supone generar productividad a través del turismo y, paradójicamente, si no hay una articulación funcional al mercado turístico, lo que habilita en realidad es el marasmo.

 

Puerta Verde: promesa de la transición al bienestar

Puerta Verde es un circuito ecoturístico que se gesta a fines de los años noventa del siglo pasado en el marco del establecimiento del APFFYB, pero su completa inserción como producto turístico en el Caribe mexicano todavía se hace esperar. Resumiré la constitución del área, pues de ahí emerge la red de relaciones y las ideologías que dieron origen al circuito como producto turístico. La creación del APFFYB se decretó en 1994 y su administración oficial se estableció a fines de 2000. Su decreto tuvo origen en un movimiento ecologista sui generis que surge en el norte de Quintana Roo con el objetivo de proteger zonas de selva alta que subsistieron a los incendios devastadores de 1989 (López, 2010a: 246). En ese contexto se formó la Asociación Civil Yum Balam (YBAC). En sus inicios, YBAC se basó en una red de actores diversos para solicitar el área de protección así como para gestionar recursos financieros para el desarrollo local. No obstante, el movimiento tuvo escasa vinculación con las poblaciones de la microrregión, por lo que se vinculó con una red de interés de máximo 12 líderes locales y un par de burócratas que se enlazaron con representantes clave de instituciones de gobierno para alcanzar la declaratoria, la cual finalmente se dictaminó para la zona costera y no para el bosque (Almanza, 2000; Berlanga, 2005; Soberanis, 2007; López, 2010a).

Una vez decretada el ANP, YBAC intentó involucrar en su agenda a comunidades o grupos de la zona de varias formas. Sus colaboradores fungieron como brokers de subsidios e ideologías de protección ambiental y desarrollo sustentable, pero ante todo como promotores de producción para el turismo. Atrajeron grupos de base para la "planeación participativa" de gestión de proyectos de desarrollo comunitario para aprovechar oportunidades de financiamiento de diversas instituciones nacionales e internacionales, con el fin de dejar detrás la pobreza y la marginación. Con financiamiento del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (Fonaes), YBAC comenzó entre 1996 y 1997 una serie de talleres participativos que proyectaron identificar los recursos y atractivos de cada localidad —tradiciones, mitos, leyendas, comidas tradicionales—, así como qué equipamiento o infraestructura se requería en general. Se destacaba la posibilidad de atraer turistas a través de todos estos recursos o valores identificados como propios de cada lugar.6

Hubo poca asistencia a los talleres. Lo más significativo fue que sólo nació un grupo, acaso dos, por localidad, o sucedió que, como en San Ángel, grupos organizados previamente en los marcos de otros programas sociales se adhirieron a la dinámica (Soberanis, 2007).

El circuito turístico al que "[las autoridades] iban a apoyar" se denominó "La Puerta Verde al Mundo Maya". Originalmente incorporaría a comunidades como Central Vallarta, El Naranjal, Kantunilkin, Solferino, San Ángel, Chiquilá y Holbox —estos últimos tres forman parte del APFFYB—. Entre 1999 y 2000, ya con fondos de la Semarnat, se alentó la integración de más grupos, entre ellos Nuevo Durango, Pacchen y Tres Reyes, que incursionaron como ejidos, y otros de El Ideal y El Cedral. Más tarde —ya con el objetivo definido y una vez insertos en la dinámica de una nueva declaratoria de área y de mercantilización turística— se invitó a Punta Laguna y a Campamento Hidalgo.7 A la postre, la integración cambió y algunos de estos grupos fueron excluidos o salieron por diversas causas.

Los talleres fortalecieron la presencia de la ONG y la formación de grupos de base para forjar la Red. Los grupos que aglutinó se consolidaron como clientes de la organización y enseguida de Conanp, que se convirtió en 2001 en el principal mediador y articulador del entramado de subvenciones para el desarrollo local y para el circuito en particular. Tras la formación y consolidación de la Dirección del Área de Yum Balam (en adelante Conanp-YB), el inicial director de la ONG pasó a dirigir el área protegida de Yum Balam desde 2001 hasta 2010. De esta manera, se continuó con la solicitud y la aplicación de financiamientos diversos, principalmente los de la Semarnat —Proders, hoy Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) y PET— y la Sectur. Asimismo, a través de su enlace con el Programa de Pequeñas Donaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PPD-PNUD), trazó vías para que se financiaran los proyectos iniciales, algunos durante varios años. En sí, uno de los objetivos centrales en la agenda de Conanp-YB fue la consolidación del producto para insertarlo en el mercado como el circuito ecoturístico Puerta Verde.8

Puerta Verde se define como un circuito de turismo de naturaleza que oferta "escapadas" de varios días, durante las cuales el turista conoce cenotes, cuevas, lagunas, paisajes de sabana y playas. Tiene contacto con flora y fauna locales en sus escenarios originales y puede acceder al contacto directo con la cultura nativa. En general, una experiencia de transformación, aunque en un escenario reeditado para su disfrute. El circuito se conforma por 12 grupos locales, que en su promoción turística así como en los informes que la Comisión elabora se autorrepresentan como "localidades",9 no sólo como una forma estratégica de atraer el turismo al ratificar la relevancia del lugar para su mercantilización, sino también como una estrategia retórica de la participación extensiva de las comunidades en los proyectos, condición altamente cuestionable (López, 2010a: 279311). Los grupos involucrados en la actualidad se encuentran en las poblaciones de Nuevo Durango, Campamento Hidalgo, San Ángel*, Solferino, Chiquilá* y Holbox*.10 De ellos, sólo Nuevo Durango se insertó como comunidad, pues el ejido formó una cooperativa añadida a éste para funcionar dentro del circuito. El resto son familias que forjaron cooperativas con servicios y/o productos turísticos concretos —un mariposario, herbolaria tradicional, servicios de recorridos de observación de senderismo, kayak, espeleología, etc.—, algunos formados con base en diferenciación por género, cuyos productos y servicios se ofertan en las localidades de residencia. Los ejidos de Pacchen, Tres Reyes y El Naranjal fueron excluidos por la Conanp ya que firmaron un acuerdo de cooperación y renta de espacios ejidales con la operadora turística Altournative. En el caso de El Naranjal se debió a las disputas internas en torno al proyecto. Ahora bien, al principio YBAC definió así el concepto del circuito con un valor económico:

Esta propuesta intenta cambiar el concepto de ecoturismo, de un término netamente ambiental a uno que, rescatando las raíces griegas (oikos= casa), enmarca la visita de nuestra casa, de nuestro hogar [...] se vuelve un catalizador de las actividades comunitarias, transformándose no en una actividad única sino en una herramienta de conservación de la naturaleza y la cultura, así como de desarrollo, aumentando el valor interno que tiene la sociedad y la cultura local, a la vez que acrecienta el precio al que pueden ofrecer sus productos y servicios a los "huéspedes de nuestra casa" [énfasis añadido].11

Cuando Conanp-YB acogió el proyecto lo definió como:

circuito intercomunitario de recreación personalizada de baja intensidad, con alta calidad cultural y ambiental, proporcionando información que provocará que el turista enriquezca sus conocimientos y vivencias, además de que salga sensibilizado a la apreciación y conservación de la cultura y la naturaleza.12

Por su parte, los integrantes de la Red Puerta Verde manifiestan en un documento para Semarnat:

Buscamos a través del desarrollo social y cultural, una práctica de turismo equitativo y amigable con el medio ambiente. Puerta Verde son comunidades con gran conocimiento y conciencia de su herencia natural y cultural. [...] A través de la práctica del ecoturismo las comunidades tendrán una fuente extra de recursos financieros mejorando de esta forma su calidad de vida. [...] La red está formada por doce organizaciones de seis comunidades rurales, la mayoría mayas que viven dentro y alrededor de áreas naturales protegidas. [Desde 1996 Puerta Verde ha hecho] trabajo con comunidades para que se apropien del proyecto. Planes de negocios para cada grupo comunitario. Planeación y desarrollo de los proyectos ecoturísticos considerando los atractivos de cada comunidad. Creación de proyectos de mercado, cursos para guías especializados e infraestructura amigable al medio ambiente [énfasis añadido].13

Sea desde una noción de "casa abierta", de un todo "holístico" cuya exhibición resulta en "catalizador" de la conservación del patrimonio y desarrollo como proyectó YBAC, sea la racionalidad expresa de Conanp en torno a los valores económicos del producto turístico de bajo impacto —calidad del encuentro y de la experiencia turística—, o bien a través del último discurso impersonal de un nosotros "sustancial" de las comunidades fabricado ad hoc para exponer los logros profesionales del circuito, todos estos discursos exponen a Puerta Verde como producto mercantil que aglutina múltiples valores, incluyendo la exotización de lo propio y la conservación medioambiental. Pero más allá de su comercialización, el proyecto representa un anhelado "desarrollo", garantía para la calidad de vida, esperanza de impulso social y económico para la gente que vive en condiciones de marginación socioeconómica en la región. En este sentido, la visión del desarrollo destaca la distinción de las particularidades de lo local y su gente, no sólo del valor que distingue la mercancía que producen, sino en sí las características que los define como dignos depositarios del financiamiento para el desarrollo.

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Pero el esfuerzo de varios años tenía que empezar a dar resultados, no sólo para los grupos sino incluso para las instancias que los han subsidiado, principalmente Conanp que entre 2004 y 2006 erogó más de un millón de pesos sólo para el proyecto Puerta Verde (López, 2010a). De hecho, entre algunos de los participantes había cierto desaliento por no tener flujos de turistas, aun cuando había esperanza de consolidar el circuito colectivo. Así, entre 2007 y 2008, Puerta Verde y Conanp-YB, y en menor medida YBAC, comenzaron a coordinar esfuerzos para promocionar y hacer operar el circuito en su conjunto. Se buscó financiamiento para promocionar el producto en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Londres 2007 y al año siguiente en Madrid.14 Igualmente se financió un ejercicio de comercialización que atrajo la atención de agencias de viajes de la Riviera Maya y representantes de Sectur y Conanp para evaluar las condiciones de los recorridos y la viabilidad de la oferta.

Entonces el colectivo debatía cómo hacer operar el circuito. La disyuntiva estaba entre crear una nueva asociación civil o una empresa integradora, algo eficiente que no les generara costos económicos y que redujera los riesgos, pues reconocían que la oferta no estaba integrada plenamente para el turismo internacional que llega a la región. El coordinador de Puerta Verde, un profesor radicado en Chiquilá, se ocupó en 2008 de definir cómo sería la empresa integradora, cómo dirigirían de forma justa los flujos para involucrar a todos y cómo hacer operar la empresa. Kanché, A. C. fue un mecanismo para comenzar a promover el circuito por internet desde mediados de 2008, aunque también ha mediado recursos para capacitación y promoción al circuito turístico "para consolidar la Red".

Los grupos de Puerta Verde recibieron capacitación sobre flora y fauna, como guías de turismo de naturaleza, en equipo especializado, búsqueda de su certificación como empresas, así como cursos de manejo empresarial y administrativo. Igualmente han aportado trabajo cotidiano para hacer infraestructura, acordado la distribución de los servicios, trabajo e ingresos. Sin embargo, no todos reciben turistas en la misma medida y la mayoría sigue a la espera de curiosos que muevan el flujo energético significativo. Hasta ahora el más beneficiado es el grupo de Solferino, porque está vinculado con operadores y hoteles de Isla Holbox, que dirigen flujos a este punto, pero no al circuito en su conjunto.

El caso de Nuevo Durango ha inspirado el entendimiento de todo esto. Este ejido de casi 200 habitantes fue formado en los años sesenta del siglo XX por mayas yucatecos que buscaban tierra para la agricultura y el aprovechamiento forestal. Ocupados por periodos en la producción de chicle, durmientes de ferrocarril y carbón vegetal para el mercado regional, su principal forma de vida ha sido la agricultura de subsistencia. Hoy está conformado por 33 ejidatarios cuyas familias se encuentran emparentadas entre sí. Se definen como campesinos que han pasado a ser "soñadores", pues el concepto de empresarios del turismo todavía les causa sonrisas. En el esquema del circuito turístico, Nuevo Durango es el único grupo que funciona a nivel comunitario y se ha sostenido en últimas fechas con la esperanza de hacer operar sus cabañas de alojamiento, el museo de insectos y las grutas, sin pleno éxito. Entre la capacitación y los compromisos de cumplir las fajinas para atender a los turistas que llegan a cuentagotas, luchan para mantenerse unidos como ejido y familia y no emigrar a la Riviera Maya en busca de empleo. Por tal motivo y como parte de las asesorías recibidas, se han adherido a programas de reforestación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y en la medida en que han reconocido el "interés" que otros tienen en sus recursos, les han dado valor tanto para insertarlos en el mercado turístico —"las grutas no tenían valor", aseguran— como en el de servicios ambientales, pues un área de reserva expresa "hecha por los antiguos, ha sido valorada para ponerla en el mapa de conservas". Si bien reciben pagos por servicios ambientales, sufren de vedas impuestas por el gobierno del estado para la agricultura itinerante, por lo que trabajan resignados a comprar harina de maíz por no poder sembrar más. Sin tener suficientes ingresos para el mantenimiento de sus familias, también combinan actividades como migrantes en la región y viven a la espera de que el turismo llegue en realidad al lugar. Esto les hace percibir su actual situación como un dilema que como "soñadores" no han resuelto en lo concreto:

Acá la gente está al día. No podemos dedicar de lleno a esto [turismo] porque no hay dinerito y nosotros lo vemos difícil porque estamos acostumbrados a hacer nuestro trabajo y quizás no vendamos maíz, pero nos da para el autoconsumo de todo el año. Aunque no tengamos dinero, tenemos para comer. Tenemos maíz, frijol, calabaza. No importa si tenemos o no dinero, tenemos los recursos. Pero ¿cuando no hay? (testimonio colectivo, diciembre de 2007).

Observamos que la cultura y la naturaleza que soporta y da vida a estos poblados cobra valor en el mercado, ahora como escaparate de experiencias inolvidables. Ante los decretos de vedas constantes para la agricultura itinerante —dado el riesgo que representa para los bosques— las acciones del gobierno estatal parecen ahorcar a diversas poblaciones que se ven en la incapacidad de producir alimentos para su subsistencia. La esperanza en la efectividad del turismo y el esfuerzo por hacerlo funcionar en lo local cobra relativo sentido como apuesta por la reproducción. Si bien pueden renunciar a modos de vida anteriores, su integración eficaz en el mercado es lo único que puede garantizar la rentabilidad de la empresa.

Como producto turístico y como proyecto de desarrollo, Puerta Verde ofrece una ventana significativa para entender cómo la Conanp y otros organismos sostienen una doble faz de supuesta conservación ecológica con bases científicas y de promoción del desarrollo sustentable vía el ecoturismo. El proceso se cristaliza con la movilización de los grupos en dos niveles: en la transformación de sus prácticas a cambio de desarrollar valores para el mercado y en torno a la promoción de la ideología sobre los recursos disponibles que se recrea y se instrumenta mediante los proyectos y los financiamientos. Asimismo, el caso evidencia una intensa coordinación "desde arriba" para echar a andar el proyecto, así como una selectividad jerárquica ejecutada desde la Conanp que incorpora a unos cuantos grupos en algunas poblaciones y desplaza a otros, como Pacchen y Tres Reyes que se asociaron a operadores turísticos "voraces" de la Riviera Maya —Altournative—, o por ser cuerpos duros de control de recursos, como los ejidos de Kantunilkin, El Naranjal y posiblemente otros.

En general, la mayoría de sus integrantes ven el circuito como una posibilidad para reproducir grupos o familias, más que como producto turístico. Salvo el caso del grupo de Solferino, que plantea discursos más mercantilizados de "conciencia ecológica", pasión por la naturaleza y nociones de oportunidad aprovechables, en Campamento Hidalgo y Nuevo Durango se identifican más con el imperativo de buscar cómo sobrevivir ante las vedas inminentes para la agricultura, las presiones sobre la tenencia de la tierra, la necesidad y la desdicha de dejar el terruño para ir a trabajar a ambientes hostiles, como Cancún y la Riviera Maya, en una situación de marginalidad, etc. Mientras todos mantienen la esperanza de atraer flujos de turistas para que sus esfuerzos se vean remunerados, también comienzan a evaluar las condiciones de delimitación de áreas ejidales de reserva para insertarse en los programas de pagos por servicios ambientales o bien solicitar unidades de manejo ambiental (UMA) —que también operan como empresas particulares más que como proyectos comunitarios— a la Semarnat a fin de garantizar otras formas de ingreso.

 

Tras la fisonomía real del impulso turístico en áreas protegidas

A la luz del caso expuesto, quisiera ensayar una explicación sobre lo que parece girar detrás de la instrumentación de estos proyectos de desarrollo rural y turístico, de la forma en la que parece operar como proceso amplio, más en concreto en nuestro país. Usaré el concepto de acumulación primigenia de Marx (1999) como concepto heurístico que ofrece la posibilidad de observar diversos carices del asunto. En general, la acumulación primitiva descrita por Marx se refiere a la sustracción de los medios de producción, en particular la tierra, lo que deriva en la consolidación de la clase capitalista y más específicamente en la formación del ejército industrial de reserva o superpoblación que representa en sí una condición medular para la reproducción del capital, condición que se ejecutó bajo mecanismos de Estado, huelga decir. Esta noción marxiana ha sido retomada para profundizar en las cuestiones asociadas al proyecto neoliberal global y varios autores la han discutido con distintos objetivos, incluyendo la crítica a las reformulaciones (Harvey, 2005 y 2006; Prudham, 2007; Li, 2010; Kelly, 2011; Smith, 2011; Barr y Werner, 2011).

La acumulación primitiva permite entender aquí las condiciones en que las áreas protegidas favorecen en distintos planos y escalas la reproducción del capital (Kelly, 2011; Li, 2007 y 2010). En principio, la definición y la restricción de usos de territorios es una forma de sustraer el control de los medios de producción a distintos grupos rurales, pese a que los habitantes de las ANP en México mantienen la mayor parte de las veces la tenencia sobre la tierra. Además está la supresión de las condiciones usuales de reproducción de los habitantes de las mismas. Es decir, aun cuando posean los derechos sobre la tierra y el acceso a los recursos disponibles, si no pueden hacer uso de ellos para preservar su modo de vida, las condiciones para la reproducción se ciñen notablemente, lo que deviene en la generación de la superpoblación. Antes de continuar con esta idea quisiera extender argumentos sobre otros aspectos generales que es posible identificar.

Una de las cuestiones que subyacen a la "patrimonialización" de territorios de conservación es la valuación de la tierra, el paisaje y los recursos, sus funciones ecosistémicas y la información genética que guardan.15 Es decir, los componentes del territorio se fragmentan y al mismo tiempo se consideran un conjunto de bienes y servicios ambientales cuyo valor se transforma en uno monetario: se paga por ellos como subsidio o, como reformula Conanp, como "incentivo". Pero más en concreto —o abstracto— estos valores bióticos y ecosistémicos, al ser valuados a escala global y a través de su proyección en tiempo, se transforman en uno de índole financiera. Es decir, el valor actual de una hectárea de bosque no sólo radica ahora en sus cualidades de conservación de suelo, reproducción de la biodiversidad y recarga de acuíferos —los servicios ambientales más importantes—, sino en lo que dichos servicios representarán en un futuro. ¿A quién beneficia esto? Aquí está lo más borroso, puesto que son múltiples los "sitios" donde se capta y se reproduce el capital que generan sin ser explotados de forma extractiva. Así, terminan por ser el inicio de algunas cadenas de producción de valor a través de explotación-trabajo —como en la industria turística y la farmacéutica— y su concreción en diversos mercados, mercantiles y financieros.

En un nivel discursivo favorecen a todo el mundo: la patrimonialización —desterritorialización o reterritorialización para otros— del resguardo ecosistémico lo hace en apariencia a escala global para contener los embates del cambio climático, pero de forma menos retórica y más concreta esto coadyuva a mantener la información biológica útil para las industrias farmaucéutica y alimentaria, a estimular la producción turística en diversas escalas y por ende a un numeroso grupo de inversionistas de dicho ramo, a inducir la privatización de tierras y recursos (Buitrago, Marín y Fraga, 2012; Kelly, 2011; Li, 2010) y, quizás de forma central, el flujo internacional de capital tasado con base en los bienes y servicios ambientales —mercados de carbono y de servicios ambientales, por ejemplo—. Como lo mencionan con simplicidad los ya informados amigos de Nuevo Durango: "Hay naciones que están pagando una cantidad para que usted conserve flora y fauna ambiental".

Así, podemos entender los territorios protegidos como "atrapa-deudas" que facilitan el flujo del capital financiero —reinterpretando la proposición de enclosure de Smith (2011)—. Es decir, se garantizan como bienes y entran al juego de financiamiento de los organismos supranacionales que coadyuvan a la "redistribución" de las deudas y los beneficios de diversas fuentes financieras. El proceso amplio cobra cuerpo más o menos así: en la actualidad la formación de capitales financieros, créditos y flujos debe "atraparse" en deudas físicas o bienes que garanticen o aseguren su permanencia como valores en distintos mercados en donde se reevalúan —bajo especulación y renta— para alcanzar la estabilidad del sistema financiero. Esto a su vez, explica Smith, se concreta de forma fragmentaria y contingente por medio de proyectos hegemónicos selectivos en los que se justifican e identifican los grupos dignos de instrumentos de financiación. La superpoblación que emana en el proceso puede ser incorporada al sistema si no como capital trabajo sí mediante políticas de "hegemonía selectiva", como depositarios de los rejuegos del sistema financiero vía el capital crediticio bajo figuras de financiación selectiva de grupos: "un ajuste escalar". Es decir, no es más el grueso de la población o ramas productivas los que son sujetos de financiamiento para la expansión productiva como en el modelo keynesiano de Estado de bienestar, sino grupos específicos cuyo financiamiento selectivo mediante políticas de diferenciación garantiza en general su reproducción como superpoblación y al mismo tiempo la movilización del capital.

Esto es, las ANP y sus poblaciones son sujetos a captar por sus "servicios" provistos de los bienes asegurados —biota y ecosistemas— una mezcla de dineros que provienen de naciones ricas que generan una alta dosis de CO2, otras naciones firmadas en el Global Environment Facility (GEF) del Banco Mundial (BM) y eventualmente —o por el filtro de tales Estados— de las corporaciones más contaminantes —Shell, Exxon, Dupont, entre otros—. Así, aun cuando el derecho —histórico— de uso y usufructo lo poseen en algunos casos ciertos grupos de personas, el control de su valor sale de sus manos y se garantizan como bienes disponibles para funcionar de acuerdo "con su vocación natural", literalmente, y como renta relacionada con tales flujos financieros.

De ahí pasan a ser administrados centralmente por el Estado, aunque las ONG cobran peso significativo según los casos y tipos de Estado (Li, 2007). En este campo y bajo la apariencia de generar productividad en nuevos ámbitos de la vida económica, en particular en México, el resguardo biológico y ecosistémico se ha convertido en una vía de renta y producción de capital, que en principio favorece al Estado, que recibe mediados los recursos financieros que emanan de los organismos supranacionales coordinadores e impulsores de dichas políticas hegemónicas de conservación ecológica y promoción de desarrollo social. En apariencia, el Estado a través de sus organismos institucionales los redistribuye hacia las poblaciones como "incentivos" para abandonar las actividades primarias "depredadoras" en favor de los servicios ambientales que los recursos proveen al país y al mundo. Por ejemplo, la Conanp sólo obtuvo por vía de la financiación del GEF y del mismo Estado nacional 45 millones de dólares en 2005. La oficina del APFFYB gastó en cambio 2 millones de pesos en 2005, de los cuales la mitad se destinó a proyectos comunitarios en la zona —no exclusivamente al proyecto turístico Puerta Verde, pero sí básicamente a los grupos sociales de las poblaciones señaladas— (Pérez, Arroyo y Romero, 2009; López, 2010a).

Por otra parte, otros beneficiarios son las organizaciones internacionales de conservación —parafraseando a Gupta y Ferguson (2002), las Bank Organized Non Gubernamental Organizations (Bongos)—, que subsisten de atraer los fondos del bm y de otros bancos regionales de desarrollo que redirigen los flujos de financiamiento mencionados, pero también de las corporaciones que "donan" constantemente recursos para estos propósitos (MacDonald, 2010; Kelly, 2011). El beneficio en este campo alcanza a un buen número de ONG en escala más modesta, local, regional o nacional. Por ejemplo, en México se duplicó el número de ONG de corte ambiental de 1997 a 2005 (Pérez, Arroyo y Romero, 2009), lo que desde luego no es resultado de la mera suma de nobles voluntades, sino de la dinámica de financiación tan extendida en estos asuntos, con lo que tenemos formas emergentes de dependencia económica y de subsistencia, ya que muchas ONG sobreviven de dichos flujos de financiamiento. Al final, Estado y diversos tipos de ONG funcionan como intermediarios para dirigir los financiamientos a los grupos que literalmente sacrifican su modo de vida en pos del "mayor de los bienes", esto es, intercambiar las condiciones de los derechos de usufructo sobre la tierra y los recursos por valor dinero, el cual aterriza de forma desigual y con un valor nimio en comparación con lo que en apariencia valen los bienes y servicios ambientales que otorgan.16

El caso de Puerta Verde permite observar cómo a través de estrategias diversas el Estado mexicano, como muchos otros, conduce acciones que favorecen el flujo de estos tipos de capitales. Además de sostener un aparato burocrático más costoso e ineficaz, mantiene su poder e influencia no sólo en el territorio sino en la organización-parálisis de la producción primaria en estas áreas de resguardo. Esto conduce a las cuestiones que apenas mencioné previamente: la realización del marasmo y por ende la generación de la superpoblación.

Ésta es la paradoja más tenaz en este contexto dado que se propone generar productividad con "alternativas" económicas. Si tal objetivo no se alcanza a través de las estrategias diseñadas y si no existe una real articulación al mercado de interés —como vimos—, la conducción del desarrollo termina por generar de forma contingente marasmo económico, fragilizando así a las poblaciones involucradas al convertirlas en superpoblación, relativa en el mejor de los casos o absoluta e incapaz de integrarse al mercado de trabajo en el peor. No obstante y por la misma razón se vuelven depositarias de financiamientos que facilitan la movilización del capital, lo que Smith (2011) denomina hegemonías selectivas, mismas que son una hiperfragmentación de los mecanismos de financiamiento.

La coordinación institucional y la articulación de actores parece funcionar para mantener redes de intercambio de información y recursos, así como para reproducir relaciones de poder en la conducción de recursos financieros o incentivos del desarrollo, en los cuales está incrustada la ideología de la sustentabilidad ecológica. Esto último induce otras formas de valuar los recursos naturales y forja campos de interés en torno a ello. El caso Puerta Verde muestra cómo esta promoción al desarrollo ejercida por agencias del Estado y otros intermediarios, como las ONG, favorece la adopción de nuevas prácticas e ideologías, propiciando así dinamismo en el cambio social, aun cuando sus beneficios reales y a largo plazo todavía son cuestionables, pues sin generar productividad se favorece la reproducción de la superpoblación como tal.

Asimismo, estos instrumentos de gestión institucional, social, ambiental y económica mantienen su carácter de subsidios, que, asociados a los constreñimientos de uso y manejo de recursos, más que "incentivos" para inducir el cambio social funcionan como "compensaciones" limitadas, injustas y sin un propósito claro ni de largo alcance (Pérez, Arroyo y Romero, 2009) que favorezca las condiciones de reproducción sostenida de las sociedades locales (Buitrago, Marín y Fraga, 2012; García-Frapolli et al., 2007). Esto redunda en poblaciones doblemente despojadas: del pleno control sobre su propiedad, de los recursos y de las condiciones de posibilidad de generar productividad o de al menos garantizar actividades básicas de subsistencia, lo cual conduce a la dependencia de "incentivos", mismos que, como he destacado, son distribuidos de forma selectiva. De ahí que se incremente la marginación, se generen desplazamientos socioeconómicos de grupos y eventualmente la superpoblación absoluta.

Como he subrayado, hay un sinnúmero de actores que sin rostro aparente se benefician de forma directa o indirecta y a veces sin filtros ni interrelación de escalas de los sacrificios que las sociedades locales hacen para imprimir valor a sus recursos y comercializarlos de forma conservadora con la intención de mejorar sus condiciones de vida, pese a que la estrategia parece evidenciar generarles mayores riesgos económicos que garantías de reproducción futura.

 

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Notas

* Este artículo forma parte de los resultados de la estancia posdoctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), realizada en el Departamento de Antropología de la Universidad de Toronto de 2011 a 2013. Agradezco a Gavin Smith las discusiones que contribuyeron a su elaboración. También agradezco a los investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS): Roberto Melville, Claudia Zamorano, Carmen Icazuriaga, Margarita Pérez, Shinji Hirai y Gustavo Marín por los comentarios sobre el borrador, así como a los dictaminadores por sus observaciones.

1 García-Frapolli et al. (2007) modelan tres posibles escenarios en el área cercana a la que estudio, uno de los cuales coincide con la orientación de observar con cautela la terciarización de actividades en lo local en una ANP.

2  Información obtenida en la página electrónica de la Conanp: <http://www.conanp.gob.mx>, consultada en noviembre de 2007.

3 Documentación obtenida en la página electrónica de la Conanp: <http://www.conanp.gob.mx/dcei/compro/c10.htm>, consultada en noviembre de 2007.

4  La definición de los territorios se formula bajo diversas figuras legales y, salvo los "parques nacionales", éstas respetan los derechos de propiedad sobre la tierra existentes al momento del decreto, lo cual hace mucho más compleja su administración.

5 La Península de Yucatán es parte del acuerdo multinacional del Corredor Biológico Mesoamericano (gbm), posee selvas tropicales únicas en esta parte del hemisferio y ecosistemas singulares como los humedales —varios con categoría Ramsar—; posee áreas de importancia para la conservación de aves (Aicas) y forma parte del acuerdo internacional Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). En términos de corredor turístico, forma parte del acuerdo multinacional Mundo Maya.

6 Relatorías de YBAC, de Chiquilá, Solferino, Holbox, San Ángel, El Naranjal. El problema de estos talleres fue que más allá de propiciar reflexiones variadas sobre los recursos, los facilitadores dirigían la atención al ecoturismo. En algunos lugares, como Solferino, se mencionaron asuntos de interés en la ganadería o la agroforestería, y en El Naranjal sobre apicultura, pero los representantes de YBAC se enfocaban en los recursos que tenían para ofrecer al turismo y no en otras opciones o intereses que la población mostraba.

7 Que forman parte del Área de Protección de Flora y Fauna Otoch Ma'Ax Yetel Kooh. Sobre el caso, véase García-Frapolli (2003).

8 Los principales organismos que aportaron subvenciones para el desarrollo de proyectos asociados a la Red de Ecoturismo Comunitario Puerta Verde desde 1997 hasta 2008 fueron: Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Instituto Nacional Indigenista (INI), Semarnat para el Programa de Desarrollo Sustentable de la Región Maya del Norte de Quintana Roo (con base en Proders), Fonaes, PPD-PNUD, Alianza para el Campo, Programa Nacional de Reforestación (Pronare) —ahora ProÁrbol-Programa de Desarrollo y Producción Forestal—, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonahpo), Pronatura Península de Yucatán, Autobuses de Oriente (ADO), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría de Economía (SE) y petróleos Mexicanos (Pemex) en el caso de Holbox.

9 Según información obtenida en la página electrónica de Puerta Verde: <http://www.puertaverde.com.mx/yumbalam-1.html>, consultada el 20 de noviembre de 2007.

10 Las comunidades marcadas con asterisco (*) se encuentran al interior del APFFYB, el resto son parte de su "área de influencia" y del Área Protegida de Flora y Fauna Otoch Ma'Ax Yetel Kooh.

11 Documento de trabajo "YBAC, 1997", proporcionado por la propia organización.

12 Información obtenida en la página electrónica de la Conanp: <http://pyucatan.conanp.gob.mx/pverde.htm>, consultada en diciembre 2008.

13 Documento extraído de la página electrónica de la Semarnat: <www.semarnat.gob.mx>, febrero de 2009.

14 La ONG Kanché estableció la publicidad del evento para la red a través de su portal de internet: <www.kanche.org>, consultado en febrero de 2009.

15 Para más detalles de lo que esto representa, véase la declaratoria de la Cumbre de la Tierra en Río, 1992.

16 La idea de sacrificios es extraída de Simmel ([1907] 1978) cuando se refiere al proceso mediante el cual se imprime valor en los objetos para su intercambio. Aquí la idea de sacrificio ayuda a identificar la realidad de las condiciones en que estos grupos apuestan para definir nuevos valores económicos que les sean útiles para su reproducción.

 

Información sobre la autora

Ángeles A. López Santillán es doctora en antropología social por el Centro de Estudios Antropológicos de El Colegio de Michoacán en México. Ha realizado investigaciones en las costas de Michoacán y Quintana Roo. Se ha especializado en el estudio de poblaciones costeras, en temas como pesca, turismo, espacio y territorio, asuntos que ha tratado en un libro y diversos artículos especializados. En la actualidad realiza una estancia posdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de Toronto, donde profundiza en el estudio de problemas sobre desarrollo, políticas ambientales y sustentabilidad en México.

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