Saberes y razones

Paradojas electorales de 2012

 

Electoral Paradoxes of the Year 2012

 

Alberto Aziz Nassif

 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Distrito Federal, México aziz@ciesas.edu.mx

 

Recepción: 12 de octubre de 2012
Aceptación: 24 de enero de 2013

 

Resumen

El objetivo de este trabajo es hacer un análisis de las razones que han vuelto a abrir el ciclo elecciones-conflicto-posible nueva reforma. Se examinan algunas de las paradojas en las que se desarrolló el proceso electoral de 2012 en México. Nos preguntamos por las diferencias y semejanzas importantes entre 2006 y 2012. Se trata de entender las divergencias entre autoridad y ciudadanía, expresión de que los comicios de 2012 estuvieron poblados de contradicciones, avances e inercias, lo cual habla de una democracia que está todavía lejos de una consolidación.

Palabras clave: elecciones, legitimidad, calidad, paradojas, tendencias democráticas, inercias autoritarias.

 

Abstract

The goal of this paper is to make an analysis of the reasons that have opened again the cycle of elections, conflict, and a possible reform. To attain this goal we will analyze some of the paradoxes that characterized the electoral 2012 process in Mexico. We ask ourselves about the important differences and similarities between 2006 and 2012. We try to understand what makes authority and citizenship distinct. This shows that the elections of 2012 were full of contradictions, achievements, and inertias, something that speaks of a democracy which is still far from being consolidated.

Keywords: elections, legitimacy, quality, paradoxes, democratic tendencies, authoritarian inertias.

 

Tenemos proyectos que se marchitaron.

Joaquín Sabina

 

SUPUESTOS, INERCIAS Y TENDENCIAS

En cada sucesión presidencial en México se pone en juego no sólo la disputa por los puestos de elección popular y la conformación del gobierno, sino el modelo de reglas electorales con las que se compite. Existe una tradición que ha creado ciclos complicados: inician con elecciones y no se resuelven en las instancias institucionales, generan conflictos, luego se hacen reformas para modificar las reglas y corregir los excesos y los vacíos legales. Así ha ocurrido desde la sucesión presidencial de 1976, que marcó el final de un sistema de partido hegemónico, cuyo signo más evidente fue la competencia solitaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin la concurrencia de la oposición fiel, el Partido Acción Nacional (PAN). El conflicto expresó la grave distorsión entre un sistema político que había dejado fuera a una parte considerable de actores que no tenían cabida en los espacios formales. Ante esta estrechez se habían multiplicado las expresiones antisistema en forma de guerrilla rural y urbana, marginación de la izquierda, imposibilidad de alternancia y competencia. Esta historia lejana llevó al Estado a proponer una reforma política en 1977 para ampliar los espacios de participación. Desde finales de los años setenta hasta la década de los noventa, el sistema político tuvo diversas reformas que seguían a elecciones y conflictos. En 1996 se hizo otra de las reformas importantes y se logró tener tres procesos electorales sin mayores conflictos hasta la sucesión presidencial de 2006. Entonces se hizo la reforma de 2007-2008 y con ese modelo de reglas llegamos a las elecciones de 2012.

El objetivo de este trabajo es analizar las razones que han vuelto a abrir el ciclo de elecciones, conflicto y posible nueva reforma. Estudiaremos algunas paradojas en las que se desarrolló la elección y nos preguntaremos por las diferencias y semejanzas entre 2006 y 2012. La reforma política de 2007-2008 resolvió algunas de las causas del conflicto de la sucesión presidencial de 2006. Hubo avances significativos, sobre todo en el modelo mediático, que permitió una competencia con mayor equidad, pero al mismo tiempo abrió otros problemas, no nuevos, que se hicieron muy visibles, como la enorme cantidad de recursos legales e ilegales que circularon en las campañas electorales. En la lógica de tapar un hueco y destapar otro, los legisladores dejaron varios flancos sin cubrir que condujeron a otro conflicto, quizá no del mismo calibre y dramatismo que el de 2006, entre otras cosas por la distancia que hubo en los resultados entre el primero y el segundo lugares, pero importante también.

Damos por descontado que en 2006 hubo fraude a la antigua, como se hacía en la época del partido hegemónico. No se llevó a cabo porque —desde la reforma de 1996— el Instituto Federal Electoral (IFE) ha mostrado capacidad para organizar elecciones de manera satisfactoria. Sin embargo, cuando la distancia es tan pequeña —0.56%— entre el primero y el segundo lugares cualquier error puede ser definitivo para modificar el resultado. El origen del conflicto vino de otras partes: de una intensa guerra sucia, del uso mediático excesivo, del rompimiento de la legalidad por actores y organizaciones, por la intervención del presidente de la república y por lo que no resolvió el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).

En 2012, la organización electoral fue un ejercicio que cumplió con los requisitos legales, como lo muestra la información sobre capacitación, instalación de casillas, cómputo y recuento. Existe gran consistencia entre los resultados de los conteos rápidos, del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y de los cómputos distritales. Los votos depositados en las urnas corresponden a la contabilidad que se hizo frente a los representantes de los partidos y observadores. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto (EPN), candidato del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), obtuvo en el conteo rápido 38.24%, en el PREP 38.15% y en cómputo distrital 38.21%. De la misma forma Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la izquierda, tuvo 31.38%, 31.64% y 31.59%, respectivamente. Con Josefina Vázquez Mota sucedió lo mismo: 25.56%, 25.40% y 25.41% en cada sistema. Si tomamos en cuenta que en esta ocasión el porcentaje de apertura en los cómputos distritales fue de 56.45 —es decir, se recontaron 242 000 paquetes electorales de las tres elecciones: presidencial, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores—, un ejercicio que se realizó durante 96 horas, vemos una situación muy diferente a la de 2006, cuando el Trife mandó abrir 11% de las casillas.

Como ha sucedido en otros procesos electorales, existen al menos dos dimensiones que afectan el proceso electoral: la interna, que tiene que ver con las reglas con las que se construye la elección, con la normatividad, los procesos, los actores y los resultados; y la parte externa, que afecta de forma importante al proceso, responde a una lógica distinta a la del campo interno. Las dos dimensiones se vinculan, pero las acciones del campo externo están fuera del control de las reglas del campo interno. Por ejemplo, los medios masivos —las televisoras— durante el proceso están regulados por la autoridad electoral y obedecen a un modelo normado en la Constitución y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), pero el resto del tiempo obedecen a una normatividad diferente y responden ante una autoridad distinta, situación que se caracteriza por una ley obsoleta y por una autoridad que se encuentra capturada. El modelo de medios de la reforma de 2007-2008 resolvió en parte la lógica de que el dinero mandara en la propaganda electoral, problema que se había expresado en elecciones anteriores, aunque la irresponsabilidad de los legisladores dejó incompleto el trabajo ya que no hicieron las reformas necesarias que hubieran completado el modelo con una nueva ley de medios.¹

Ahora se hizo visible un viejo problema: el excesivo gasto en las campañas. Puede obedecer a múltiples razones, parte de ellas dentro del campo externo, es decir, el financiamiento público para los partidos y las campañas con las normas que regulan esos recursos y con los mecanismos de fiscalización para vigilarlos. Sin embargo, hay otras fuentes de gasto. Por ejemplo, puede establecerse que existe una vinculación difícil de probar entre los recursos públicos de los gobiernos estatales, que han aumentado de forma importante en los últimos años por diversos procesos de descentralización del gasto, un ámbito en el que predomina una gran opacidad y una débil rendición de cuentas, lo cual propicia que haya una transferencia de recursos de los gobiernos a los partidos y al gasto electoral de múltiples formas y en programas sociales.² Este tipo de transferencias forman parte de un mecanismo de vinculación con las características de una política clientelar, de intercambio de votos por favores, bienes, servicios y recursos. No son problemas exclusivos de un partido político o de un gobierno, son mecanismos que se han generalizado porque forman parte de la competencia política. Algunos supuestos que pueden enmarcar las elecciones del 2012 son:

• Las elecciones fueron la expresión del estado que guarda el sistema político después de una transición que ha resultado fallida en muchos sentidos, que ha generado una democracia vulnerada y que no ha logrado consolidarse. La parte electoral de la democracia se encuentra ubicada entre tendencias democratizadoras e inercias autoritarias: por una parte, tenemos el enorme gasto de recursos públicos, el fenómeno de compra y coacción del voto, el sistema de intercambio clientelar, poderes locales con muchos recursos públicos y poca rendición de cuentas y el dominio del duopolio televisivo. Por la otra, hay una serie de tendencias democratizadoras en la organización electoral, en la administración del modelo mediático, la participación ciudadana que creció y las libertades políticas en las que se llevaron a cabo la campaña y la elección.

• Las elecciones fueron un momento sintético del país en el que se visibilizaron las contradicciones, conflictos, demandas, deudas sociales y políticas de un país que atraviesa por una cuestionada democracia representativa. En el proceso electoral se manifestaron al menos dos dinámicas: la de los actores políticos formales, los liderazgos sociales y las autoridades que regularon un proceso con nuevas reglas del juego, y al mismo tiempo el surgimiento de nuevos actores y movimientos en una dinámica social, como el movimiento juvenil y de universitarios #YoSoy132.

• Las elecciones de 2012 fueron la expresión de un Estado que se ha ido desorganizando por la captura de los poderes fácticos que han debilitado el espacio público y han propiciado un vaciamiento de la democracia que se ha poblado de mecanismos clientelares que dominan el vínculo entre gobernantes y gobernados, entre partidos, candidatos y ciudadanos empobrecidos con capacidades débiles para exigir sus derechos, modelo que cubre a importantes sectores de la población.

• Las elecciones de 2012 pusieron a prueba las reglas de la última reforma electoral, 2007-2008, sobre todo en lo relativo a la capacidad institucional para generar comicios libres de acuerdo con los principios constitucionales. Esa prueba se convirtió en un desafío que se hizo visible para las autoridades administrativas y las jurisdiccionales. Es necesario analizar este desafío porque sus resultados muestran claroscuros, una amplia gama de grises, avances y retrocesos que se ponen de manifiesto en la relación entre representantes y representados, y forman dos polos: la izquierda, que dio una batalla legal para impugnar la elección y demandar su anulación, frente al PRI, que defendió el resultado electoral y pidió respeto a los votos y a los votantes. Este conflicto puso a prueba un resultado que quedará marcado de nuevo por la descalificación. Legalidad y legitimidad otra vez en juego por una competencia electoral que deja divisiones, aprobaciones, descalificaciones. Porque el juego legal camina por una ruta y la inconformidad social por otra, tensión que lastima a la democracia y la credibilidad de sus procedimientos.

Acto de campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, en Chiapas, 30 de mayo de 2012.

Dos características son importantes para establecer qué tipo de proceso electoral fue el de 2012: la calidad y la legitimidad, ambas necesitan una aproximación. Según Morlino, la calidad puede hacerse inteligible por los procedimientos —una elección está formada por procedimientos que se siguen de acuerdo con una serie de normas legales—, y por los contenidos, que indican las particularidades, el funcionamiento y los resultados. Entonces, una democracia se considera legitimada de manera amplia cuando se satisface la expectativa ciudadana en los resultados, pero también por el tipo de derechos que se garantizan y por los procedimientos.³ De estas dimensiones nos sirven en particular los elementos procedimentales, los resultados y el respeto a los derechos. Un proceso electoral de calidad está apegado a la legalidad, sus procedimientos tienen resultados satisfactorios y la respuesta ciudadana corresponde a un incremento en la confianza institucional y a un acercamiento entre ciudadanos y gobernantes. Lo que sucede en nuestro país es que se generan amplios espacios de insatisfacción y de malestar por los procedimientos, porque a pesar de los cambios en las reglas que intentan eliminar la causa del conflicto de la elección anterior surge un nuevo factor que genera otro conflicto, como si fuera una dinámica permanente. Aunque ha habido avances que se acumulan, como la propia organización electoral, han surgido procesos que ponen en duda la autonomía de la autoridad electoral. Asimismo, se han visibilizado antiguos problemas que han adquirido relevancia, como el clientelismo y la compra del voto o el gasto en las campañas. La dinámica elección-conflicto-reforma se ha instalado como un mecanismo que afecta el funcionamiento de la democracia electoral y, sobre todo, impacta en la legitimidad. Dice Rosanvallon que la legitimidad es una "institución invisible" porque:

permite que la relación entre gobernantes y gobernados se establezca sólidamente. Si bien la legitimidad es, en el sentido más amplio de la expresión, un simple economizador de coerción, su variante democrática tiene como función más exigente la de tejer lazos constructivos entre el poder y la sociedad. Contribuye a dar cuerpo a lo que constituye la propia esencia de la democracia: la apropiación social de los poderes. La legitimidad democrática produce un movimiento de adhesión de los ciudadanos indisociable de una sensación de valorización de ellos mismos. Condiciona la eficacia de la acción pública y, al mismo tiempo, determina la manera en que captan la cualidad democrática del país en el que viven. Es, al respecto, una "institución invisible" y un "indicador sensible" de las expectativas políticas de la sociedad y del modo en que se les responde. Por eso, una definición más amplia y exigente de la legitimidad participa estructuralmente de una profundización de las democracias (Rosanvallon, 2010: 31).

La legitimidad, la institución invisible, está poblada de instituciones visibles que necesitan alimentar, a través de procedimientos, contenidos, valores y resultados, el proceso democrático para que pueda llevarse a cabo esa adhesión y valorización. Por ejemplo, para tener elecciones apegadas a la legalidad que permitan esa construcción de lazos que da la legitimidad. Con frecuencia los conflictos electorales conducen a un distanciamiento entre legalidad y legitimidad. Una expresión del proceso electoral de 2012 es la ambivalencia que queda en la ciudadanía entre calidad y legitimidad. Una vez que el Trife avaló la elección, la percepción de acuerdo con una encuesta fue la siguiente: a la pregunta "¿le parece que el Tribunal tomó la decisión...?", 55% respondió correcta y 36%, incorrecta. Sin embargo, 71% cree sí hubo compra de votos, 50% dice que sí se justifican las protestas contra el fallo del Tribunal, 53% opina que la elección presidencial no fue equitativa y 59% expresa que no fue limpia —casi seis de cada 10—, pero sólo 35% protestaría. De los encuestados, 61% declara que llamar a la desobediencia civil, como hizo AMLO, daña a la democracia, a pesar de que la evaluación de este aspecto muestra una polarización entre los que la consideran fuerte y consolidada, 11%; con pequeños defectos, 27%; con grandes defectos, 25%; e inexistente, 31% (Reforma, 9 de septiembre de 2012). Es decir, tres de cada 10 ciudadanos, lo cual no es menor.

Resulta complicado entender las posturas del Trife, que desechó todas las impugnaciones porque —según los magistrados— las pruebas fueron insuficientes, cuando una mayoría ciudadana percibió que sí hubo compra de votos y que no hubo equidad, en suma, que no fue una elección limpia. Las posiciones tan divergentes entre autoridad y ciudadanía revelan que la democracia electoral está aún poblada de contradicciones, tendencias e inercias y por ello todavía lejos de una consolidación. Dedicaremos el análisis de las siguientes páginas a investigar estas contradicciones. Haremos un desarrollo de casos emblemáticos del proceso y los examinaremos como paradojas, porque nos interesa mostrar que la elección aconteció en un clima de claroscuros y contradicciones.

 

OCHO PARADOJAS DE UNA ELECCIÓN

Un proceso político suele estar lleno de situaciones contradictorias, de complejidades que cambian las expectativas, que modifican el sentido común o que exhiben las limitaciones de nuestras herramientas, de los instrumentos con los que intentamos analizar lo que sucede, en este caso, con una elección. Expondremos algunas de estas situaciones para entender de qué manera esta sucesión presidencial propició varias paradojas. En lugar de hacer una narrativa secuencial de etapas y fases, intentaremos esta otra forma de exposición, con el objetivo de señalar problemas que afectan la calidad y la legitimidad del proceso electoral, en el sentido que ya indicamos antes.

 

Paradoja 1: la nostalgia por el pasado

Cuando se mira lo que ha pasado en México después de la transición democrática que se abrió con la competencia y la alternancia electoral, la lógica lleva a pensar que el viejo partido gobernante tendría que hacer un esfuerzo importante de cambio para ser de nuevo una opción atractiva. Los supuestos de este postulado no se cumplen e incorporan otras variables que no están contempladas en el supuesto inicial. Después de dos sexenios de gobiernos panistas, ha habido conflictos sobresalientes, como la tensión que dejó el proceso electoral de 2006 o la estrategia de combate al crimen organizado, al narcotráfico, con una acentuada violencia como resultado, con un cómputo de muertos que puede terminar, según cifras de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con una terrible espiral de muertes: sólo en 2011 hubo 27 199 homicidios, entre 2007 y 2011 se acumulan 95 632 y se puede cerrar el sexenio con 120 000 decesos (Zúñiga, 2012). Por otra parte, la izquierda quedó maltrecha después del conflicto de 2006. Su estrategia de tomar la calle y desconocer el resultado, sumada a un largo conflicto interno, desembocó en una crisis en la que perdió muchos votos y puestos de elección popular entre 2006 y 2011. De esta forma, tanto desde la derecha panista como desde la izquierda perredista se presentaron resultados negativos. Al mismo tiempo, el PRI recuperó posiciones en las elecciones locales y en los comicios intermedios de 2009. Ya durante el sexenio de Fox los priistas pusieron en práctica operativos eficientes para ganar elecciones, pero la división interna fracturó la posibilidad de recuperar la presidencia en 2006 y se ubicaron en tercer lugar. Se aprendió la lección y en esta ocasión regresaron con la bandera de la unidad interna. Así podemos entender que un año y medio antes de los comicios el PRI punteara en las preferencias electorales y tuviera una buena imagen, por encima del PAN y, sobre todo, del PRD. La paradoja de un regreso al pasado como opción de cambio hacia el futuro inmediato sonaba como una situación extraña.

Desde fines de 2010 algunas encuestas evaluaban el terreno para los posibles candidatos. Más adelante, se consideró que estos datos eran la fotografía del país en los primeros días de febrero de 2011, entre los cuales llaman la atención los siguientes: 44% de los encuestados cambia su voto según quién sea el candidato y votan de forma consistente —voto duro—15% por el PAN, 18% por el PRI y 10% por el PRD (El Universal, 14 de febrero de 2011). En otro sondeo se establecieron las preferencias por partido y por candidato. El PRI motivaba una opinión buena de 41.6% y una mala de 17.5%, lo que le daba un balance positivo de 24.1%; el PAN tenía una positiva de 27.9% y una negativa de 28.1%, con un recuento de -0.2%; en el PRD había un desastre: la opinión positiva registraba 18.6% y la negativa 40.3%, lo que resulta en -21.7% (Consulta Mitofsky, 2011).

En las preferencias por los posibles candidatos había variaciones entre estas dos encuestas, pero las tendencias eran similares en una y otra: Santiago Creel del PAN aparecía con 19% y 16%, Peña Nieto del PRI con 40% y 51.4%, y López Obrador del PRD con 21% y 16%. La encuesta de El Universal indica que AMLO tiene más votos —56%— que Marcelo Ebrard —34%— dentro del PRD, pero éste gana por un punto en población abierta. Esta diferencia revelaba el dilema que necesitaba resolver el partido para elegir candidato. A esa fecha todavía no se hacía una medición sobre Josefina Vázquez Mota ni sobre Ernesto Cordero.

¿Qué había hecho el PRI para tener una imagen tan positiva? ¿Por qué desde entonces EPN ya punteaba en las mediciones que anticipaban un posible regreso del PRI a Los Pinos? En la encuesta de El Universal la percepción negativa sobre López Obrador alcanza 36% y la positiva sólo 22%. En el PAN Santiago Creel también tenía más negativos —19%— que positivos —16%—. Peña Nieto era el caso contrario, con 45% de positivo y sólo 10% de negativo. En resumen, hasta ese momento teníamos una imagen del gobernador del Estado de México construida por la televisión, que lo posicionaba como puntero en la competencia; un partido gobernante sin definición clara y una izquierda con la resolución pendiente de su candidatura entre dos opciones con los límites de no provocar una ruptura y no tener dos candidatos en 2012. ¿Cuánta era la nostalgia por un pasado priista sin tanta violencia —como la del sexenio de Calderón— frente a una imagen sumamente negativa de la izquierda?

 

Paradoja 2: la cancha no estaba pareja

Una parte fundamental de la reforma electoral de 2007-2008 se orientó a modificar las condiciones de la contienda y hacerlas más equitativas. Se identificaron dos grandes temas: el modelo mediático y el gasto en las campañas. El cambio consistió en prohibir la compra en espacios de radio y televisión y usar los tiempos del Estado, y se estableció una nueva fórmula para el cálculo del financiamiento público, que disminuyó un poco respecto del mecanismo anterior, pero dejó a los partidos políticos en el mejor de los mundos posibles: no tener que gastar 70% de sus recursos en tiempo en medios y con altos niveles de financiamiento para administración y para campañas.⁴ Los partidos llegaron al grado de hacer de su gasto la única partida que se encuentra en el artículo 41 constitucional.

Después del conflicto de 2006 quedó establecido como una premisa de nuestra democracia inicial que los medios jugaron un papel fundamental en la construcción de la campaña, que los partidos destinaron cerca de 70% de sus recursos en propaganda para radio y en particular para televisión, que la participación de terceros, aun contra la ley, contaminó la competencia y que la presencia mediática de los políticos se había tornado en una necesidad y representaba la ruta para crear la imagen de aquellos con aspiraciones electorales. Esto motivó que una de las partes centrales de la reforma electoral fuera el modelo de medios. La paradoja es que desde antes de que iniciara el proceso electoral la candidatura de Enrique Peña Nieto ya estaba posicionada por las campañas de televisión de que fue objeto como gobernador del Estado de México. Quizá por esta razón salió a relucir en los debates entre los candidatos el tema de si "la televisión hacía presidentes".⁵

La campaña electoral estuvo marcada por esta paradoja: a pesar de contar con reglas más estrictas para tener equidad, las preferencias en la intención del voto presentaron un severo desequilibrio con un puntero muy arriba de los dos candidatos que se disputaron el segundo lugar durante la mayor parte de la contienda. La hipótesis es que este desorden inicial se debió al favorable manejo mediático del candidato del PRI mientras fue gobernador del Estado de México. Esta paradoja desajustó la cancha desde el principio de la cruzada electoral y logró imponer condiciones desiguales a pesar del trabajo del IFE para regular el nuevo modelo mediático. Vista en retrospectiva, esta competencia comenzó con una preferencia establecida, pero no por una cualidad particular del candidato del PRI, sino por la construcción de su imagen mediante paquetes integrados de propaganda presentados como noticias en los principales noticieros del duopolio televisivo —Televisa y Azteca—. La posición que defiende las reglas y el modelo de comunicación actual, porque beneficia el valor de la equidad en la competencia, reconoce que durante el proceso electoral la equidad mediática está garantizada,⁶ el problema está antes y después de la campaña, porque la regulación del Estado mexicano en materia de medios es sumamente débil y hasta 2012 no ha querido cambiar la ley actual sobre medios, que es completamente obsoleta.

 

Paradoja 3: los spots dominan

Otra de las contradicciones de esta elección es que el nuevo modelo mediático generó numerosos spots y pocos espacios para el debate. Veamos las cifras para darnos una idea: "En 1 551 emisoras —radio y televisión— que el Instituto Federal Electoral monitorea —de un universo de 2 335 emisoras— se pautaron, desde el 18 de diciembre de 2011 que iniciaron las precampañas federales y hasta el 1 de julio de 2012 que fue la jornada electoral, 28.1 millones de promocionales —spots—" (IFE, 2012). Frente a este panorama hubo dos debates, los obligados por la ley, y uno más organizado por los universitarios del Movimiento #YoSoy132, al que, por cierto, no asistió el candidato del PRI. El 6 de mayo de 2012, fecha del primer debate, quedó establecido que una campaña con otro balance entre debates y spots modificaría los resultados porque cambiaría las percepciones sobre los candidatos, sus propuestas y las estrategias para posicionarse frente a sus competidores. Si esto es cierto, el actual modelo de campañas electorales, centradas en el spot, distorsiona las expectativas del voto. El reino del spot empobrece la contienda y deteriora la calidad de la competencia electoral. Después de ese primer debate, a pesar del rígido formato, quedó claro que en 2012 sólo habría dos momentos con condiciones de equidad: los dos debates. En diversas ocasiones durante el proceso electoral me pregunté de qué estaba hecha la gran ventaja del puntero, Enrique Peña Nieto. Después de ver el primer debate llegué a una posible respuesta: es la paradoja que hemos establecido, es decir, los enormes recursos mediáticos y económicos con los que contó el candidato del PRI marcaron la diferencia respecto de sus contrincantes del PAN y del PRD. Aunque suene simplista, la hipótesis puede plantearse así: el factor televisivo y los recursos públicos de los gobiernos estatales —quizá vía endeudamiento— hicieron parte de la diferencia.

El desempeño de Peña Nieto durante el primer debate fue, en términos generales, mediano: se defendió de algunas críticas y por momentos lanzó golpes. Durante dos horas el candidato tricolor estuvo fuera de su zona de confort, de los actos masivos controlados y los spots, y tuvo que responder sobre su trayectoria, su origen junto a Arturo Montiel y sus aliados, como Carlos Salinas de Gortari. Por su parte, la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, fue contundente en la evaluación de los puntos críticos de su gubernatura en el Estado de México: la falta de transparencia, la caída en la competitividad, la baja calidad de la educación en la entidad. El mejor momento de López Obrador fue su respuesta sobre los casos de Gustavo Ponce y René Bejarano, ambos juzgados y con penas de cárcel, a diferencia del propio Peña Nieto, que se mantiene en la impunidad, y de Montiel, acusado de corrupción y protegido legalmente por aquél. Una de las mejores frases de la noche fue la que formuló Peña Nieto para defenderse de AMLO: "si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente". Los debates pueden incidir en las intenciones del voto, pero no siempre sucede así, se puede ganar el debate y perder la elección. Hay muchos factores que son relativos, por ejemplo, los punteros conservarán su ventaja, aunque son los más atacados por lo general; mucho del impacto electoral de los debates depende de lo que sucede después, el posdebate, y de cómo los medios y la _{50 3} opinión pública reconstruyan lo ocurrido. El debate despertó expectativas quizá por las pocas posibilidades que habría para ver a los candidatos fuera de los confortables spots. Me parece que lo más relevante del primer debate fue que generó la percepción de que la elección todavía no estaba definida y podría haber cambios. El formato rígido fue ampliamente criticado y el IFE hizo cambios para el segundo debate. Del primer encuentro se supo que era necesario hacerlo más flexible en tiempos, que la producción debía abrir las tomas para saber qué pasaba con los candidatos que no tienen el uso de la palabra y ensanchar el encuadre para ver el material que se presenta.

Marcha de cierre de campaña del candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador, Distrito Federal, 27 de junio de 2012.

 

Paradoja 4: cambiar la estrategia para decir lo mismo

Una parte de los estudios sobre la transformación de los procesos electorales señala cómo se ha mediatizado la política. El propio Manuel Castells afirma que la política ha sido capturada por los medios masivos de comunicación y que lo que no está en las pantallas prácticamente no existe. Al mismo tiempo, se considera que una buena estrategia de mercadotecnia —imágenes adecuadas, encuestas, publicidad televisiva, spots con impacto— es suficiente para tener una campaña ganadora. Sin embargo, no todo puede ser previsto y muchas veces los acontecimientos llevan a cambiar la estrategia. Puede decirse que existen dos condiciones en este proceso: sin una estrategia mediática adecuada se tornaría complicado ser competitivo y tener posibilidades amplias de ganar, pero al mismo tiempo un requisito indispensable no sólo es cambiar y ajustarse, sino establecer un carácter de verosimilitud y de credibilidad entre el candidato y su estrategia. En este sentido, de manera paradójica lo que funciona en una elección no necesariamente funciona en otra. Es el caso del PAN. Quiso replicar la misma receta de 2006, hacer una guerra sucia, pero ahora contra el candidato del PRI y derrumbar su eje publicitario de "te lo firmo y te lo cumplo", la estrategia de firmar compromisos y certificarlos ante un notario público para otorgarles credibilidad. También se elaboró un discurso muy anti Peña Nieto, que en esta ocasión no le funcionó al PAN ni a su candidata.

Por otra parte, lo que se presentaba para el PRI como un día de campo —un candidato que no entraría a la polémica, que no respondería a los ataques— funcionó así durante los primeros 42 días de la campaña de 90. Casi a la mitad llegó la visita a la Universidad Iberoamericana (Ibero) —el 11 de mayo— en la que EPN fue abucheado y se vio obligado a salir de prisa frente a consignas que lo increparon por la chispa que desató el "caso Atenco" y la fuerte represión policiaca.⁷ Los estudiantes le gritaron:

"Fuera Peña", "La Ibero no te quiere", "Asesino", "Todos somos Atenco". Luego vino el discurso en tono autoritario de algunos dirigentes priistas que intentaron descalificar a los estudiantes al etiquetarlos como porros e infiltrados, a lo que ellos respondieron con el famoso video de los 131 estudiantes que se identifican como alumnos de la Ibero, que fue la base del movimiento subsecuente, que tomó la identidad del hashtag en las redes sociales: #YoSoy132. Si a alguien le cambió la perspectiva de la campaña fue a Enrique Peña Nieto.

López Obrador estaba obligado a recuperar el terreno perdido por los costos del proceso poselectoral de 2006, que le reportó una enorme cantidad de negativos para la campaña. Si alguien tuvo que empezar con una estrategia diferente fue el candidato de la izquierda, que se arropó en el discurso de la "república amorosa" para cambiar la imagen de rijoso y agresivo que cargó de 2006 a 2012. Llegó un momento, días antes del segundo debate —que se llevó a cabo el 10 de junio—, en que AMLO había remontado no sólo al lejano tercer lugar en el que empezó a competir, sino que se ubicaba en un claro segundo lugar, como retador de Peña Nieto. Un dato interesante para ese momento es que en la mayoría de las encuestas que publicaban los medios de comunicación Peña Nieto, a pesar de todos los cambios, conservaba su enorme ventaja y los otros candidatos se movían muy poco. Lo cierto fue que si durante las primeras semanas de la campaña AMLO no fue motivo de embates de sus contrincantes, cuando creció de nuevo comenzaron a atacarlo, el discurso cambió no obstante que las encuestas permanecieron estables, lo cual resulta extraño.

 

Paradoja 5: las herencias no se pueden ocultar

Las campañas por la presidencia muestran pesadas herencias que son las debilidades de los candidatos. Las estrategias mediáticas se utilizan para modular esas herencias e incluso desaparecerlas, de modo que el votante encuentre los candidatos sin un pasado muy negativo. ¿Cuáles son estas herencias? Peña Nieto fue el candidato de imagen juvenil con una herencia difuminada para ocultar los intereses —mediáticos, empresariales, corporativos— que formaban su estructura de apoyo. Después de los debates era fácil comprobar que no había nada extraordinario en esa candidatura, que se trataba del PRI de siempre, que en cada acto de campaña se mostraba como había sido toda su vida. Sin embargo, EPN flotaba en los actos de masas, con públicos que lo veían como una superestrella. Los intereses detrás de este candidato no eran los compromisos que firmaba públicamente, sino la estructura que le reclamaron los estudiantes de la Ibero. Sobra decir que después del 11 de mayo EPN no volvió a estar en un acto no controlado, salvo el segundo debate, del que salió bien librado.

Josefina no creció porque arrastró la herencia de los 12 años de panismo, no presentó novedades en su propuesta y se ubicó como una continuadora: cuando se refería al futuro, la contradicción era que en realidad hablaba del presente. Su lema de soy "diferente" quedó difuso. Además de la pesada herencia, cometió errores estratégicos, como la intención de debatir sólo con Peña Nieto. Vázquez Mota tiró su ventaja inicial —la que le dio la competencia interna en su partido— y desaprovechó su condición de género: se presentó como una madre de familia que quería cuidar al país, como cuida a su familia. La candidata panista se ubicó muy cerca de los intereses empresariales, prometió reformas laborales flexibilizadoras. No encontró su tono y no pudo establecer las diferencias con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, quedó atrapada en las herencias del calderonismo y hacia la mitad de la campaña ya había caído al tercer lugar (El Universal, 14 de mayo de 2012).

López Obrador traía consigo las herencias de 2006. Quiso posicionarse como el candidato del proyecto alternativo, de la equidad y el acento redistributivo. Fue el candidato que navegó desde atrás. En 2012 se movió más al centro, pero se le dificultó convencer a los que lo abandonaron, a las temerosas clases medias o a los que nunca lo han querido, como ciertos grupos empresariales que en esta campaña mostraron un interés acotado en su propuesta. Cambió el tono, trató de reconciliarse y dejar atrás las estridencias y los adjetivos, se reunió con todos los que hace seis años no quiso ver, le habló a los cercanos y a los lejanos y trató de ampliar su coalición. Su reto fue generar confianza, para lo cual mostró sus cartas: gabinete, reformas y hasta sueldos. La paradoja es que en 2012 este candidato más sereno y con propuestas plurales estaba mucho más lejos de la presidencia que en 2006.

En una campaña las herencias se maquillan para crear expectativas positivas, en ocasiones se logra, pero en otras los candidatos quedan atrapados. Por los resultados del 1 de julio, EPN pudo mantener difuminada la parte más costosa de su herencia, porque, entre otras cosas, la herencia de continuidad de Josefina fue más pesada y a AMLO no le alcanzó el tiempo para revertir las cargas de 2006 —a pesar de que logró avanzar mucho desde la posición en la que empezó a competir—. La candidata blanquiazul era la heredera de un gobierno que ha dejado, como le dijo Javier Sicilia, el país como "un camposanto" Peña Nieto era el heredero de la corrupción y los poderes fácticos, por eso se convirtió en uno de los objetivos del movimiento estudiantil. Las herencias pueden cubrirse con spots en tiempos normales, pero en momentos extraordinarios no hay forma de ocultar el lastre con mercadotecnia. Quizá la campaña de 2012 tuvo pocos momentos extraordinarios y muchos normales.

Acto de campaña de Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de México, Mazatlán, Sinaloa, 2012.

 

Paradoja 6: lo inesperado desafía lo inevitable

Los jóvenes universitarios llegaron al escenario político de la sucesión presidencial y pusieron en duda el horizonte de que el triunfo de EPN era inevitable. Sin duda, fue el cambio más importante en esas semanas de campaña y de spots. El hubiera no existe, pero tal vez si este movimiento hubiera surgido en febrero las intenciones de voto y las estrategias de campaña hubieran sido diferentes, pero llegó en mayo, a la mitad de la contienda. Sin embargo, en otras campañas en las que creció una opción de izquierda —como en 1988 o en 2006— no había redes sociales y ese nuevo componente de la "sociedad red" (Castells, 2009) le dio un tono de impredecible a un resultado que hasta antes de la movilización era casi seguro.

La protesta en la Universidad Iberoamericana para repudiar la presencia de Peña Nieto fue seguida de la demanda por la equidad informativa en la televisión y anunció la construcción del eje social de la contienda. La protesta de los universitarios, comentada y reproducida en las redes sociales, expresó impulsos profundos de malestar que no habían tenido visibilidad en los medios masivos, pero que eran un hervidero en las redes sociales. No se sabe qué tanto influyeron esas protestas, pero lo que quedó incorporado fue la agenda política de los universitarios: desde el rechazo a la represión y a la violencia, a la guerra contra el narcotráfico en la que los jóvenes del país han puesto a los muertos, pasando por la inconformidad difusa contra la imposición de un candidato mediante las pantallas de televisión, hasta el reclamo por las condiciones sociales para conseguir un empleo digno. El Movimiento #YoSoy132 fue el equivalente de los "jóvenes indignados" en otros países.

El primer debate presidencial dejó como secuela la discusión de un problema que se observa, pero se niega: la promoción disfrazada de políticos que invierten millones de pesos para construir una imagen en la mercadotecnia política. Podemos llegar al extremo de formular "dime cuánto has gastado en televisión y te diré qué lugar ocupas en el hit parade de la política nacional". Este debate apuntó a un tema acotado por la Constitución, pero la ley tiene huecos y excepciones que permiten el abuso. Estos gastos legales e ilegales de los políticos son parte de un acuerdo —por debajo de la mesa— de cobertura mediática a cambio de protección de intereses. Los medios de comunicación son cada día más poderosos e intocables ante la débil regulación del Estado, porque la clase política ha optado por el rating antes que por el interés general. Estamos ante una pregunta que se repitió en la campaña: ¿es Peña Nieto el candidato de las televisoras? Sobran los indicadores para una respuesta positiva. El pacto entre políticos y concesionarios propicia un estancamiento en materia de regulación, competencia, pluralidad de opciones mediáticas y generación de un sistema de medios públicos potente para ser un contrapeso democrático.

Sin embargo, las campañas tienen momentos inéditos, como la actitud de Televisa de abrir las pantallas para dar espacio a las manifestaciones de los universitarios. Esta apertura —forzada por la presión de los jóvenes— fue un elemento nuevo que también empezó a mover las preferencias electorales. El priismo comenzó a reaccionar ante las expresiones de los jóvenes universitarios contra Peña Nieto. Pero las respuestas fueron heterogéneas. Por ejemplo, en Colima un grupo de choque golpeó a estudiantes, al más viejo estilo porro. Por su parte, EPN expuso un decálogo democrático⁸ en el que se comprometió a respetar derechos democráticos, para quitarse de encima la sombra de una regresión autoritaria que se repetía todos los días en las campañas de sus antagonistas. La corrupción salía a la luz pública, como las fotos y las declaraciones de la hija del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, hoy flamante senador del PRI, publicadas en plena campaña en el diario Reforma.⁹ El candidato priista simplemente lo defendió: "Es un dirigente que ha trabajado y que tiene el respeto de su gremio". Los "indignados mexicanos" llegaron al escenario político y las redes sociales fueron un factor que desafió lo inevitable del triunfo del PRI.

 

Paradoja 7: las expectativas de la elección

La otra parte de la ecuación que cambió las expectativas fue la posibilidad de que el candidato de la izquierda tuviera una opción real de triunfo. Desde finales de mayo AMLO se posicionó a la alza, como una novedad paradójica porque al inicio de la campaña pocos creían que esta opción fuera posible. Pero, al mismo tiempo, cuando empezó a subir en las encuestas, regresó al discurso de 2006, descalificó al IFE y habló de que había planeado un fraude. La diferencia ahora era el movimiento social #YoSoy132, que había generado otro contexto, porque logró ubicar una agenda contra el viejo régimen, que representaba el regreso del PRI o la continuidad del panismo. El ambiente político se movió mucho entre el "viernes negro", 11 de mayo, cuando Peña fue abucheado en la Ibero y la asamblea del movimiento universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 30 de mayo, en la que se pidió juicio político a Calderón, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo. Para ese momento las mediciones electorales registraban este cambio: diversas encuestas ubicaron a AMLO en el segundo lugar, la mayoría con una distancia larga respecto del puntero: Buendía marcó en 16% la diferencia entre Peña y AMLO (El Universal, 4 de junio de 2012), Parametría lo estableció en 13%, pero el diario Reforma (31 de mayo de 2012) señaló una distancia de sólo cuatro puntos: EPN 38% y AMLO 34%, con Josefina en un lejano tercer lugar con 23%.

El contexto de exigencia para los candidatos a la presidencia había crecido de manera importante. Estábamos asistiendo a la expresión de una sociedad desencantada con la política, pero que en esta campaña presidencial recuperaba su dignidad ciudadana y exigía sus derechos. Este nuevo clima político tuvo un vector: los universitarios. El eje de la contienda presidencial se estableció así: ¿vamos o no a regresar al viejo régimen en el que está soportada la candidatura de Peña Nieto? Las imágenes de Arturo Montiel, Mario Marín, Ulises Ruiz, Humberto Moreira, Tomás Yarrington estaban presentes.¹⁰ Uno de los universitarios expresó una postura interesante para que no se personalizara el repudio al PRI: "no es odio ni intolerancia contra su nombre, sino hartazgo e indignación ante lo que éste representa". La maquinaria priista no estaba preparada para enfrentar la dinámica de un movimiento social de este tipo. Al iniciar la última fase de la campaña una pregunta rondaba las redes sociales: ¿podría neutralizarse el movimiento con spots o compra de votos?

El 1 de julio de 2012 tuvo ingredientes de las últimas dos sucesiones presidenciales. De la de 2000 podía recuperarse el ánimo por un cambio, el voto como un instrumento estratégico que puede cambiar el régimen de forma pacífica en las urnas. El regreso del PRI o la continuidad del PAN significaban seguir con la administración de la pobreza, más desigualdad y mayor inseguridad y violencia. De la de 2006 había empezado otra vez una competencia ruda contra AMLO porque en el PRI y en el PAN se habían encendido las alarmas. Hasta Vicente Fox intervino para apoyar a Peña. La diferencia con lo que sucedió hace seis años es que el clima social era otro y los indicadores de seguridad y gobernabilidad se habían agravado. La competencia de 2012 fue de nuevo entre dos contendientes, como ocurrió en las sucesiones de 1988, 2000 y 2006.

 

Paradoja 8: los errores demoscópicos

Junto a la competencia electoral, los modelos mediáticos y las estrategias publicitarias de la política, llegaron las encuestas. Los estudios de opinión se han constituido en parte de los procesos electorales a grado tal que se ha creado una industria importante, con marcas conocidas y vínculos estrechos con los medios de comunicación masiva —diarios, radio y televisión—, de suerte que son un núcleo único. Las encuestas son una fracción de la opinión pública y están presentes en cualquier democracia electoral moderna. La experiencia mexicana de los estudios de opinión ha tenido un desarrollo particular: prácticamente desde la sucesión presidencial de 1988 tenemos mediciones que se hacen públicas. En las elecciones de 2000, la mayoría de los estudios de opinión daba ventaja al PRI y sólo de forma excepcional una encuesta indicaba el posible triunfo panista. En 2006 el medidor de intenciones de voto tuvo varios momentos en los que se registraron los cambios en las tendencias electorales. Hay que reconocer que en la parte final de esa campaña las preferencias apuntaron hacia un empate, incluso días antes de la jornada electoral la mayoría de las encuestas públicas —ocho— colocaba arriba al candidato de la izquierda, la minoría —cuatro— al candidato panista y sólo una daba como resultado un empate. La historia es conocida: se registró el empate, el IFE no dio a conocer los resultados de sus conteos rápidos y la misma noche de la elección empezó un enorme conflicto.

En 2012 la medición sobre las intenciones del voto tuvo otro comportamiento y paradójicamente generó información errada. Mucho se ha especulado sobre qué pasó con la mayor parte de las encuestas publicadas, que incluso fueron parte del expediente de impugnación que la izquierda presentó ante el Trife. Por supuesto que los resultados del 1 de julio desmintieron de forma amplia la mayor parte de los estudios demoscópicos. Hay diversas interpretaciones sobre el caso. Por ejemplo, en algunas versiones los mismos autores de estos estudios afirman que se equivocaron porque sobrevaloraron al candidato del PRI e infravaloraron al candidato de la izquierda, lo cual pudo haberse debido a que una parte de los encuestados ocultó su intención real o hubo un cambio al final. Algunos de estos estudios indican que una tercera parte de los electores decide el mismo día de la jornada electoral (Moreno, 2012). Algunos medios de comunicación ofrecieron una disculpa por los errores, como el periódico Milenio, que tiene también un canal de televisión. Durante 100 días este rotativo hizo un ejercicio y todos los días daba resultados de la encuesta de seguimiento a cargo de GEA-ISA, la cual, por cierto, tuvo el mayor índice de error. Versiones contrarias aseguran que, en efecto, los errores no fueron una simple equivocación, sino que había una intención: generar una opinión favorable del puntero para ganar más votos. Resulta complicado que las diversas casas encuestadoras se hayan puesto de acuerdo para marcar una tendencia, pero lo cierto es que los errores fueron consistentes en sus mediciones. El último día para publicar resultados de encuestas fue el miércoles previo a las elecciones, 27 junio. Presentamos en el cuadro 2 el porcentaje de diferencia entre el primero y el segundo lugares, EPN y AMLO, en siete encuestas y el resultado oficial.

María de las Heras —que falleció unas semanas después—, que se acercó mucho a los resultados, y la encuesta de un grupo de universitarios, levantada por la casa Berumen, en la que se aplicó una metodología de rangos a una muestra del doble de casos de lo que normalmente emplearon las otras agencias —entre 1 000 y 1 500 casos—, que también estuvo cerca del resultado en los rangos altos del primero y segundo lugares. Estos errores quedarán como una paradoja del 2012, cuando el proceso descolocó prácticamente a casi todas las encuestas.

 

LITIGIO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Una versión interesante que ha sostenido un periodista habla de que el triunfo de EPN se debe a un gran montaje de medios en el que las encuestas no fueron sólo un indicador para influir en las tendencias, sino que funcionaron como spots, como una propaganda más a favor de puntero del PRI (Villamil, 2012). Hubo otras interpretaciones que trataban de salvar la vinculación simple de causa-efecto o por lo menos en un único sentido para orientar el impacto. De esta manera, si EPN aparecía diariamente como puntero en las encuestas, pudo convencer a los votantes independientes o indecisos, aunque quizá sólo a los que pensaron que era bueno estar con el seguro ganador, y es posible que haya desanimado a otros votantes para ir a las urnas, porque si las encuestas mostraban que el triunfo del PRI era inevitable, entonces no tenía sentido votar. Pero pudo haber otros casos, como los que ante la aparente contundencia suelen irse con alguna de las oposiciones. En síntesis, resulta difícil saber cuál fue el impacto de este error, si hubo intencionalidad o no, lo cierto es que fue un descuido grave en una época en la que se supone que estos instrumentos ya tienen cierto grado de certeza en sus procedimientos y que están investidos de rigor científico. Las excepciones fueron el modelo de proyección de votantes de La democracia electoral mexicana tiene una tensión permanente que no termina de solucionarse. Los conflictos que surgen en cada proceso no se resuelven, simplemente se canalizan a través de las instituciones con más o menos eficacia. Después de ver el proceso electoral en Venezuela el 7 de octubre de 2012, en el que, a pesar de las cargas y recursos gubernamentales que generan inequidad en la competencia, los resultados se reconocen y el candidato perdedor acepta su derrota, en México hay un contraste importante porque lo electoral se mantiene como una zona de conflicto y tensión. En el caso mexicano, las elecciones son una parte muy sensible de la cultura política, que está recubierta de desconfianza. Por ello vimos que en este proceso algunas de las paradojas se transformaron en los argumentos para impugnar el resultado. Esta dinámica conduce a que las elecciones en México estén sometidas a un proceso permanente de redefinición. De este modo, los medios para llegar al poder se han tornado fines en sí mismos. Prácticamente se ha llegado al extremo de modificar alguna parte de las reglas del juego para cada elección. Por ejemplo, en los años noventa se hicieron cuatro reformas para otro tanto de procesos. El reacomodo de reglas es una de las características más visibles del sistema electoral en nuestro país.

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en Durango, Durango, 2012.

Las elecciones de 2012 tuvieron como un referente importante la sucesión presidencial de 2006. El conflicto poselectoral de aquellos comicios rondó como un fantasma. La apuesta al cambio de las reglas que representó la reforma de 2007-2008 fue uno de los principales ingredientes para enfrentar posibles problemas y no repetir el mismo escenario. La estrategia de los actores tuvo esta referencia. La propuesta inicial de AMLO sobre la "república amorosa" fue como el salvoconducto para establecer una posición diferente y bajar los niveles de rechazo que produjo su estrategia en 2006. El "Pacto de Civilidad" que firmaron todos los candidatos días antes de las elecciones fue otra expresión de que ahora sí todo se resolvería por las vías institucionales. Sin embargo, el desenlace fue diferente: hubo litigio, no se reconoció el fallo de la autoridad, pero las expresiones sociales no se manifestaron en la calle.

Las estrategias se agotan. En 2012 había menos espacio para generar un clima de manifestación callejera. Además, los resultados marcaron una distancia mucho más amplia que en 2006: esta vez hubo 6.62% de distancia entre EPN y AMLO, lo que representó 3 329 785 votos. En 2006 la diferencia fue de 233 831 votos, es decir, 0.58%. En esta ocasión la Coalición Movimiento Progresista presentó un recurso de inconformidad para pedir la anulación de la elección presidencial por violaciones a la legalidad y, supuestamente, por haberse vulnerado los principios de una elección auténtica. El alegato se organizó con base en cinco agravios. El primero era "la adquisición encubierta en tiempo de radio, televisión y medios impresos, mediante menciones en noticieros, gacetillas e infomerciales sin distinguirlos ante la audiencia de la programación ordinaria". El segundo se refería a "el excesivo gasto de campaña del C. Enrique Peña Nieto, como candidato electo a la Presidencia de la República [...] Dicho candidato rebasó el tope de gastos de campaña". El tope de gastos era de 336 112 084.16 millones de pesos y según la coalición impugnadora el PRI gastó 4 599 947 834 millones de pesos. El tercer agravio tiene que ver con las transferencias monetarias que se hicieron desde diversas entidades, personas físicas o morales —financiamiento de carácter privado— que excede los límites permitidos por la ley. Aquí se encuentran los casos de Monex Grupo Financiero, Grupo Comercial Inizzio y Soriana, que según este recurso suman la cantidad de 3 095 953 918.71 millones de pesos. El siguiente agravio es el "uso de supuestos estudios de opinión o encuestas como medio de propaganda y presión a los electores a favor de Enrique Peña Nieto y la Coalición Electoral Compromiso por México". El último agravio está constituido por:

los múltiples y constantes actos de presión y coacción a los electores antes y el día de la jornada electoral, como forma de promoción del voto a favor del C. Enrique Peña Nieto [...] como lo son el ofrecimiento de dádivas y recompensas a los electores derivados de recursos de procedencia dudosa y en montos excesivos, hechos que violaron los principios constitucionales de elecciones auténticas, democráticas y libres.¹¹

De las paradojas que planteamos, al menos tres tienen que ver directamente con los agravios que presentó la Coalición Movimiento Progresista: la cancha no estaba pareja porque la propaganda previa que ayudó a construir la imagen de EPN en los noticieros de Televisa se presentaba como nota informativa, cuando en realidad era un infomercial. El otro es el de los spots que dominaron el proceso frente a escasos espacios para el debate. La campaña mediática se complementó con la campaña de tierra y las estructuras de organización que se financiaron con recursos que rompieron el tope de gastos. El último se refiere a los errores demoscópicos que, según la coalición, se usaron como propaganda a favor del candidato del PRI. Llama la atención que el recurso de la coalición haya insistido en la anulación por haberse rebasado el tope de campaña, cuando esta anomalía no es una de las causales de nulidad. Frente a los argumentos y pruebas del recurso que pidió la anulación el Tribunal argumentó que todas las pruebas presentadas carecían de valor probatorio. El Trife señala que hizo un "análisis integral y exhaustivo" y no encontró violación constitucional alguna, ni grado de afectación, ni cualitativa ni cuantitativamente, que haya producido causas determinantes en el resultado. Indica que las pruebas no están acreditadas, que hubo principio de certeza en los cómputos distritales, que el principio de libertad de sufragio fue observado, que la supuesta compra y coacción del voto son "razones infundadas". Sobre la indebida adquisición de tiempos en medios, el uso de encuestas como propaganda electoral, el financiamiento encubierto y la ilícita utilización de tarjetas el Trife dice que: "no se tuvieron por evidenciadas", "no se consideran irregularidades", "pruebas insuficientes", por lo que resuelve después de más de 1 345 páginas que: "Se declaran infundados los planteamientos de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos expuestos por las Coalición Movimiento Progresista".¹² De esta forma, entre un recurso de impugnación, que fue criticado por no estar adecuadamente fundado, y una respuesta de la autoridad que prácticamente desconoció todas las pruebas y evidencias, surgen dudas que no pretendemos resolver, pero que nos llevaron a la búsqueda de otras posiciones críticas sobre la calidad del desempeño de la autoridad. Hay dos planteamientos que nos parecen atendibles para analizar los términos de este litigio: la postura de un consejero electoral del IFE y el informe de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea (MEE).

La opinión de los expertos europeos convalida una parte de las paradojas que establecimos antes y critica abiertamente los siguientes factores que afectaron la calidad de las elecciones de 2012: la concentración mediática de la televisión que "obstaculiza el ejercicio de una cobertura plural de las campañas presidenciales en los medios", lo que, se asegura, "no pudo comprobarse oficialmente debido al deficiente monitoreo que la Universidad Nacional Autónoma de México realizó para el IFE" (Appel, 2012). Este instrumento no permitió ver la línea editorial de los medios, sólo contabilizó las coberturas de los noticieros y puso una calificación de positivo, negativo o neutro. Quedaron fuera los programas de comentarios, mesas de análisis y otros espacios editoriales que el IFE no quiso incluir en el monitoreo. En este sentido, la crítica es que las autoridades "deberían investigar la compra de cobertura editorial" (Appel, 2012). Respecto del fallo del Trife se indica que "la instancia judicial competente no debería renunciar a la investigación de este tipo de prácticas, por mucho que la existencia de pactos secretos entre partidos y medios de comunicación para obtener cobertura informativa pueda ser muy difícil de demostrar" (Appel, 2012). En este caso la recomendación de la mee sobre el posible "sesgo mediático" que hemos visto como la paradoja de que la cancha no estaba pareja es hacer una "entidad imparcial de la sociedad civil" (Appel, 2012) para que haya un monitoreo eficaz. Aquí también puede establecerse que la responsabilidad no es de la UNAM, sino del IFE, que acordó los limitados parámetros del monitoreo (Appel, 2012).

Por otra parte, la visión del consejero electoral Alfredo Figueroa —una voz independiente dentro del Consejo General del IFE, que en diversas ocasiones votó contra el resto del grupo, por lo que varios proyectos e iniciativas quedaron ocho a uno— muestra la distancia entre lo que hizo la autoridad y lo que pudo haber hecho, es decir, entre subirse a la inercia o marcar una tendencia a fondo. En uno de esos casos la opinión de Figueroa se hizo pública en un artículo editorial (Figueroa, 2012) en el que responde al secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina (2012), quien había publicado unos días antes la versión oficial del Instituto y defiende la resolución que tomaron sobre una queja promovida por el PRD contra EPN, el PRI, el gobierno del Estado de México y Televisa, la cual fue desechada porque no había elementos que la acreditaran, al estilo de lo que hizo el Trife en el fallo que hemos visto anteriormente. El texto de Figueroa contradice siete afirmaciones del proyecto elaborado por Jacobo. El consejero dice que no se trató de una investigación amplia, que no abrió 29 investigaciones paralelas, sino sólo tres, pero sobre todo precisa que "las insuficiencias en la investigación no permiten determinar en general si los involucrados participaron o no en los hechos denunciados y si éstos constituían o no una infracción en materia electoral'. El segundo punto consiste en desmentir la afirmación de que se hizo una investigación a fondo, cuando ni siquiera se requirió a los sujetos denunciados. Tampoco se investigó si hubo indicios de acciones que continuaran las violaciones en el paso del cambio de modelo de comunicación. Hay un desacuerdo con la posibilidad de que se hiciera de nuevo una investigación sobre los expedientes que habían sido juzgados, lo cual no es real, porque se trataba, según el consejero, de probar el exceso de gastos en las campañas. Tampoco se investigaron las declaraciones de algunos comunicadores que señalaron la compra de espacios de entrevista. Se discute sobre el monitoreo de la UNAM como prueba de equidad, lo cual no es cierto del todo, porque se trató de un seguimiento que incluyó una parte de la cobertura, pero excluyó otra. En este caso, según Figueroa, se renuncia a ciertos estándares que se lograron en el IFE para probar simulación y fraude a la ley con el fin de proteger el interés general. En suma, la tesis del secretario ejecutivo de que "el IFE ha echado mano de todas sus atribuciones y ha aplicado la ley" resulta insostenible.

Estamos ante dos versiones que nos muestran los diferentes criterios y estándares para tratar denuncias de violación de derechos y de reglas en el proceso electoral. Se puede pensar que se trata de diferencias en la gestión de los litigios, lo cual puede ser cierto, pero no puede dejarse de lado que estamos ante conflictos políticos que de ninguna forma obedecen a la neutralidad, sino que están completamente interesados en ganar no sólo los litigios, sino la visión que hay de los temas, se trata de ganar o perder espacios de poder que permiten avanzar o retroceder en el cumplimiento de objetivos mediante el respeto a las normas o el puro cumplimiento sin importar los medios y las reglas. De eso se trata. Por eso el litigio sobre el proceso electoral nos deja una enorme duda: los aparatos institucionales que se han construido para el arbitraje y la regulación electoral obedecen a un modelo de alta complejidad y sofisticación, pero al final no terminan de satisfacer a las partes hasta el extremo de que por segunda ocasión el candidato perdedor, que quedó en el segundo lugar, desconoció los resultados y el fallo de la autoridad, lo cual abre un problema importante para la consolidación del modelo de regulación electoral. Cabe aclarar que hay que tomar en cuenta este problema independientemente de la personalización que se pueda hacer del actor que está en el origen de estos dos procesos, 2006 y 2012, que resulta ser el mismo personaje, AMLO.

Transmisión televisiva del debate entre candidatos a la presidencia de la república, 2012.

Al día siguiente del fallo del Trife, el 31 de agosto de 2012, EPN asistió al Tribunal a recibir su constancia de mayoría y así empezó la larga etapa de transición entre el gobierno saliente y el entrante. Nueve días después, el 9 de septiembre del 2012, AMLO convocó a sus seguidores al Zócalo de la ciudad de México y anunció que se separaba de los partidos que formaron el Movimiento Progresista para dedicarse a trabajar en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), espacio de organización popular que se construyó entre 2006 y 2012, para seguir como movimiento o convertirse en un partido político. Con un aire similar a lo que sucedió en 1988 cuando el movimiento cardenista decidió formar un partido político, AMLO buscará ser uno de los polos de la oposición de izquierda. Así terminó el proceso, a pesar de que el galimatías de la ley electoral deja para después de la calificación la fiscalización de los gastos de campaña, que provocaron buena parte del litigio de este proceso. Este procedimiento abrirá una nueva fase de litigio, ya sin consecuencias vinculantes para estas elecciones, pero sí quizá para el siguiente y para los posibles cambios que ya anuncian una nueva reforma electoral, para seguir el ciclo y no perder la costumbre.

 

CONCLUSIONES

Los agravios que presentó el Movimiento Progresista nos llevan al planteamiento de supuestos y referencias teóricas que hicimos al inicio de este trabajo. La tesitura de las paradojas que hemos anotado nos muestra de qué forma este proceso electoral se llevó a cabo en un clima de claroscuros, en lo que denominamos las "tendencias democratizadoras en pugna con las inercias autoritarias", como dos partes de una misma realidad. Las contradicciones y conflictos que planteó esta sucesión presidencial nos abren una amplia ventana por donde se asoman los cuestionamientos a la democracia representativa, que en esta ocasión llegaron por parte del movimiento estudiantil #YoSoy132. Uno de los rasgos más significativos de 2012 fue la presencia de los poderes fácticos, ya sea en su calidad mediática o como grupos de interés legítimos o ilegítimos, que intentaron dejar sus huellas en estas elecciones. La prueba que tuvo la reforma electoral de 2007-2008 estuvo dentro de una dinámica de grises, se resolvieron problemas como el de la equidad en el acceso a medios en la campaña, pudo abrirse un gran número de paquetes electorales —55%— y se comprobó que los votos se cuentan bien, pero aparecieron otros temas, como el gasto y el esquema de fiscalización, que necesitan una revisión a fondo. Otro punto a revisar es el esquema de comunicación y el desequilibrio entre spots y debates.

Sin duda, la mayor parte de las amenazas y problemas del modelo electoral están fuera del ámbito de los comicios. Menciono algunos, como el gasto público de los gobiernos locales canalizado a las estructuras partidistas. Junto a este gasto queda el esquema de compra y coacción del voto, asentado en un modelo clientelar, que tiene éxito por las formas de administración de los programas contra la pobreza, que sólo sería factible erradicar mediante un modelo de derechos universales, que no pase por la administración de políticos que necesitan aprovechar el presupuesto para hacer carrera y reunir votos para su jefe. El otro asunto urgente es el de la concentración mediática, que se ha convertido en una amenaza para la democracia mexicana por la poca pluralidad y la injerencia de unas cuantas manos en los espacios públicos, como lo apuntó la observación del grupo de expertos de la Unión Europea.

La calidad de las elecciones mexicanas presenta un avance que se ha consolidado en la organización de la jornada, representantes, cómputo, resultados, recuentos, pero está en déficit en materia de litigios por los agravios que expuso el Movimiento Progresista, problemas que no son nuevos, pero que cada día serán más importantes y harán la diferencia entre comicios con calidad o comicios llenos de litigios. La legitimidad del proceso volvió a quedar abollada por el no reconocimiento por parte del perdedor, por el tipo de litigio que se presentó y la respuesta de la autoridad. Ambos quedaron a deber una buena dosis de calidad. Estos dos conceptos, calidad y legitimidad, tienen un significado, pero también han evolucionado en su comprensión. Por ejemplo, en 2000 la sucesión presidencial se recuerda como un proceso casi idílico, un tránsito pacífico que se nutrió de una ola de legitimidad por la alternancia después de 71 años de gobernar un solo partido. En 2006, por el contrario, quedó en duda la legitimidad y la calidad de esa sucesión por una campaña polarizante y por el resultado de empate. Ahora, en 2012 el resultado arrojó claroscuros y paradojas, no hubo un factor que abarcara todo el escenario o polarizara a la sociedad como sucedió seis años antes.

 

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Notas

¹ La reforma electoral de 2007-2008 prohíbe la compra de tiempo en medios para fines político-electorales. Sin embargo, no se hicieron otras modificaciones, como una nueva ley de medios que democratizara el sector y que, entre otras cosas, hubiera impedido el tráfico de apoyos mediáticos y propagandísticos, que se presentaron como notas informativas durante años.

² El problema de la desviación de recursos de los gobiernos locales para fines político-electorales está reportado en las auditorías que hace cada año la Auditoría Superior de la Federación. La situación es compleja y se origina en un presupuesto creciente y en los débiles mecanismos de rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales.

³ De esta forma, nos dice Morlino, pueden establecerse cinco dimensiones de la calidad: las dos primeras son procedimentales, una se refiere al resultado y las otras dos son de carácter sustantivo. Son las siguientes: respeto a la ley; rendición de cuentas; reciprocidad, es decir, la capacidad de respuesta y la satisfacción ciudadana; respeto a derechos, y ampliación del bienestar y la igualdad. (Morlino, 2003: 259-260).

⁴ Sobre la reforma electoral, véase Aziz (2010).

⁵ Esta frase surgió de una afirmación de Peña Nieto para responder a López Obrador en el primer debate presidencial de 2012, cuando dijo: "si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente" (Reséndiz, 2012).

⁶ En la sesión del Consejo General del IFE del 2 de agosto de 2012 se menciona que: "durante la precampaña, el porcentaje de cumplimiento general —de la transmisión de spots, o pautas— fue de 96.61%, en intercampaña de 96.57% y en campaña de 97.62%", con lo que se confirma el acceso equitativo a los tiempos oficiales a que tienen derecho la autoridad y los partidos políticos (IFE, 2012).

⁷ El caso de Atenco fue una confrontación violenta entre pobladores y policías, que tuvo por resultado múltiples detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. Los hechos ocurrieron el 3 y 4 de mayo de 2006, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México. En la Ibero, al finalizar su intervención, afirmó que él había ordenado el uso de la fuerza pública y eso detonó la inconformidad de los estudiantes.

⁸ Después de los acontecimientos de la Ibero y del inicio del movimiento estudiantil el candidato del PRI inicia una especie de "plan b" y propone una serie de principios que se compromete a llevar a su gobierno. Es lo que se conoce como "el decálogo": "Peña Nieto dio lectura a un documento de 10 principios políticos en los que figuran las libertades de manifestación, expresión, periodística (con la supervisión de la contratación de publicidad), el fortalecimiento de los derechos humanos, respeto a la libertad religiosa, rechazo a la discriminación, impulso al diálogo entre poderes, garantizar elecciones libres, avanzar en la transparencia y rendición de cuentas y replantear la relación política del gobierno federal con estados y municipios" (Arvizu, 2012).

⁹ Las fotos en primera plana del Reforma mostraban a la hija del líder petrolero en un jet particular acompañada de sus perros, lo que quizá no se vea ni en los medios de la realeza europea. Las imágenes fueron obtenidas de su página de Facebook. Fue un escándalo que no tuvo consecuencias porque Romero Deschamps llegó al Senado en las listas plurinominales del PRI.

¹⁰ Cada uno de ellos, exgobernadores del PRI, ha significado un caso escandaloso de abuso de poder, por eso sus imágenes eran una referencia negativa en la campaña electoral de ese partido.

¹¹ Todas las citas de los agravios se encuentran en el documento presentado por la Coalición Electoral Movimiento Progresista (2012).

¹² El fallo del Trife se emitió el 30 de agosto de 2012. Juicio de inconformidad. Expediente: SUP-JIN-359/2012.