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Desacatos

versión On-line ISSN 2448-5144versión impresa ISSN 1607-050X

Desacatos  no.41 México ene./abr. 2013

 

Reseñas

 

Reconocimiento de los derechos indígenas. ¿Reformulación del Estado mexicano?

 

Recognition of Indigenous Rights. Reformulation of the Mexican State?

 

Ivy Jacaranda Jasso Martínez

 

María del Carmen Ventura Patiño, 2010. Volver a la comunidad. Derechos indígenas y procesos autonómicos en Michoacán. El Colegio de Michoacán, Zamora, 412 pp.

 

Universidad de Guanajuato, León, Guanajuato, México, ivyja@ugto.mx.

 

Volver a la comunidad. Derechos indígenas y procesos autonómicos en Michoacán es un libro que da testimonio de la diversidad de la sociedad mexicana y de las opciones que en este caso la población purépecha de Michoacán va construyendo en torno a su desarrollo y su futuro. Podría pensarse que se trata de un texto que habla sólo de cuestiones indígenas o de la discusión de los derechos indígenas, pero la apuesta y su alcance van más allá. María del Carmen Ventura Patiño plantea la discusión y el reto de reflexionar en torno a la necesidad de un nuevo contrato social que sea inclusivo, en el que la diversidad existente en el país participe de forma activa en su definición y ejercicio. El libro trasciende la victimización de los pueblos indígenas y nos ofrece una muestra de su capacidad de acción y resistencia en la narración de una de tantas realidades michoacanas.

El texto está dividido en cinco capítulos, más la introducción y las conclusiones. Además, se suma el prólogo escrito por Jorge Alonso. En este texto María del Carmen Ventura construye un análisis conciso y pertinente a partir de un acercamiento excepcional a la arena política y a la vida cotidiana de las comunidades purépechas, que nos invita a una continua reflexión. El texto inicia con el debate liberalismo versus multiculturalismo. La autora presenta matices al interior de estas posturas y ofrece elementos para que nos formemos un criterio de los límites y las posibilidades que ambas perspectivas exhiben frente al derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia. Como es sabido, se trata de un falso debate que puede solucionarse a partir de la complementariedad. El reto es que ésta no implique la supremacía de alguno de estos derechos. A esto se suma, advierte la autora, la necesidad de hacerlo desde una perspectiva de redistribución social, económica y política, que permita realmente conocer y ejercer todos los derechos. Ya Stavenhagen (2002) había llamado la atención acerca de este punto cuando afirmaba que si los pobladores indígenas no disfrutan por entero los derechos humanos a los que tienen derecho no es culpa de éstos, sino de fallas atribuibles a la judicatura, a mecanismos de protección inadecuados y a la distribución de la riqueza y del poder de manera injusta y desigual.

De no tomarse en cuenta estas advertencias, las propuestas de cambio no podrán impactar o revertir el rezago social y económico en el que viven muchas localidades indígenas y no indígenas en el país. En este sentido, el aporte de la obra se configura a partir del análisis de experiencias entre comunidades purépechas, referentes a prácticas y negociaciones que buscan invertir relaciones de dominio y subordinación en un contexto político pujante, en el que las tensiones y las disputas en los planos político, económico y cultural se viven a diario. El papel de los partidos políticos en el contexto examinado por María del Carmen Ventura Patiño es crucial. La población michoacana es conocida por su considerable nivel de politización y su pronunciada participación en los procesos electorales, en específico a partir de 1988.1

En particular, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha configurado como un actor clave en las negociaciones políticas en la entidad a partir del apoyo del que ha gozado desde su creación a partir de la relación que establecen, en este caso los indígenas, entre el "Tata" Lázaro —expresidente recordado con cariño y admiración— y uno de los fundadores de este partido, su hijo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Esta relación provocó expectativas de protección y respaldo hacia la población purépecha en el estado cuando Cárdenas Solórzano se postuló como candidato a la presidencia de la república. Este apoyo se transformó en muestras de inconformidad ante el inminente fraude electoral de 1988, contienda en que resultó ganador el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Salinas de Gortari. Desde finales de ese año, algunas presidencias municipales en el estado quedaron en manos de simpatizantes cardenistas, quienes las convirtieron en "ayuntamientos paralelos". Sólo en la sierra purépecha Nahuatzen, Cherán y Paracho se mantuvieron así hasta la siguiente elección (Ramírez, 2007: 129-131), los demás fueron desalojados por las fuerzas armadas. Sin embargo, en años recientes la poca sensibilidad que ha mostrado el PRD ante los problemas y las necesidades de estas comunidades ha causado, en algunos casos, una ruptura casi insalvable.

Ventura Patiño afirma, y coincido plenamente con ella, que en esta vertiente la democracia —electoral— actual excluye a los diferentes, por lo que es imperiosa la urgencia de replantear el debate de la configuración del Estado-nación y analizar si responde, bajo la estructura actual, a las necesidades y demandas de una sociedad diversa. En el capítulo II, "Derechos indígenas y legislación", se hace un recuento pormenorizado de la discusión en torno a los derechos indígenas, tanto en el ámbito internacional —Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo—, como en el ámbito nacional —reforma al artículo 2° constitucional—. Esto sin dejar de lado el contexto particular de emergencia indígena que se ha constituido a partir de los movimientos y organizaciones indígenas en el continente, por ejemplo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En el texto se exponen las principales limitantes que ha tenido el reconocimiento de los pueblos indígenas en el país y sus derechos en el plano legislativo: existe un mayor énfasis en el reconocimiento de derechos culturales y un tibio o nulo reconocimiento respecto de los derechos políticos y territoriales. La autora precisa que se presenta más "una cara indígena del derecho positivo" (p. 131), enmarcada en un multiculturalismo neoliberal que ha sabido vaciar de su verdadero significado y mediatizar las demandas de autonomía.

Este hecho había sido anotado por Hindley en la década de los noventa del siglo XX, al puntualizar que los derechos políticos o socioeconómicos conferidos a los pueblos indígenas reflejaban, y reflejan, la noción minimalista de las responsabilidades del Estado promovidas por el neoliberalismo (Hindley, 1996: 241). En esta misma línea, Hernández, Paz y Sierra (2005) introducen el término de neoindigenismo para referirse a las pretensiones de renovar el discurso oficial y mostrar la continuidad de las nuevas instituciones, que combinan el entusiasmo por la diversidad cultural con programas para formar "capital humano" e impulsar el "desarrollo empresarial" de las comunidades indígenas. La tensión principal, anota María del Carmen Ventura Patiño, radica en que el reconocimiento de los derechos colectivos para los pueblos indígenas desafía la idea occidental fincada en el individuo, en la propiedad individual y la libre competencia —capitalismo—. Sus implicaciones suponen la reformulación del Estado mexicano. Es decir, la conformación y el respeto de los derechos indígenas atraviesan las concepciones sobre diversidad, ciudadanía y democracia.

Nuestras actuales construcciones acerca de la diferencia como problema, la membresía como ciudadanía y la política electoral como democracia nos imponen prejuicios y nos impiden ver y valorar de forma crítica y objetiva la diversidad cultural y política que existe en el país. Considero que la creación de leyes, normas y prácticas que reconozcan y permitan la reproducción de la diversidad, en condiciones de igualdad, se torna en un beneficio colectivo. En el caso de los pueblos indígenas representa la valoración del patrimonio histórico que nos legaron los pueblos mesoamericanos y que continúa vigente. Lo anterior no indica que este legado sea una esencia o que permanezca sin cambios desde épocas inmemoriales. Se trata de un conjunto flexible y dinámico de valores, normas, tradiciones y prácticas que sus portadores han ido adaptando y modificando para sobrevivir. Este legado también contribuye con elementos para conformar un futuro inclusivo, representa un horizonte que permite la pluralidad, la equidad y la justicia. No obstante las limitaciones de las reformas formuladas en el país respecto del reconocimiento de los derechos indígenas, éstas han contribuido, señala la autora, a abrir espacios que redunden en el fortalecimiento de procesos de reivindicación y a delinear proyectos de autogestión, que desafortunadamente son pocos. En Volver a la comunidad... se presentan ejemplos.

En los tres capítulos siguientes se analiza el caso específico de Michoacán y de algunas comunidades indígenas que han constituido, ante la discriminación y la exclusión que han padecido, formas de resistencia y propuestas claras de participación que les permiten a la vez pensarse diferentes y parte de una nación. "La reforma fallida en Michoacán" nos acerca a una realidad trepidante, con contradicciones e intereses políticos que se imponen a cualquier viso de cambio o de riesgo para las ganancias económicas, que son finalmente a las que protegen. Las posturas entre fracciones parlamentarias, organizaciones indígenas, asesores del gobierno, Ejecutivo estatal y comunidades se exponen con sumo cuidado para presentarnos un marco completo y complejo de las negociaciones y acuerdos que implica esta arena política. En específico los partidos políticos —incluido el PRD, en el que una parte importante de los indígenas han o habían cifrado sus esperanzas— muestran variados matices de la doctrina liberal conservadora.

Las posibilidades de un reconocimiento desde las instituciones oficiales, enuncia Ventura Patiño, están lejos de llegar. Los obstáculos son variados y desde las premisas de un reconocimiento legítimo se impone la necesidad de hacer partícipes de esta discusión y construcción a los sujetos implicados directamente: los pueblos y las comunidades indígenas. En el caso de "la reforma fallida en Michoacán" también existen otras alternativas —sin la necesaria existencia de una ley indígena— que pueden contribuir a que los pueblos indígenas tengan mayor presencia y control sobre su propio desarrollo: la redistribución electoral y la remunicipalización.

Estas alternativas se convierten en demandas que surgen desde las comunidades. La autora describe tres de estas opciones a partir de fuentes de primera mano y de un análisis consistente. El caso de Tarecuato, municipio de Santiago Tangamandapio, en el que un indígena llega a ocupar el cargo de presidente municipal, plantea la interrogante de si este logro contribuye a tener mayor margen de decisión acerca de su desarrollo o si ante la continua discriminación y exclusión que ejerce la población mestiza que habita en la cabecera municipal —y que ha monopolizado el cargo— es pertinente crear espacios de gobierno propio. Ante esto, los sujetos militantes de los partidos políticos finalmente anteponen sus intereses partidarios a la lealtad a la comunidad. Se revela así la necesidad de crear un municipio propio, donde los indígenas sean mayoría y tengan posibilidades de decidir acerca de su futuro, más allá de la intervención de los partidos políticos. Esto también supone una variedad de posturas y una diversidad interna, desde ceñirse a la constitución actual o propugnar por un municipio diferente, un municipio indígena, lo que en definitiva representa ejercer su derecho a decidir la organización de gobierno que mejor responda a los requerimientos y aspiraciones propias. A la luz de un marco más amplio, la autora expone igualmente la posibilidad de reformular esta institución, el municipio, con el objetivo de evitar la centralización en la toma de decisiones y en el ejercicio de recursos, incluso en los llamados "municipios indígenas".

En el siguiente apartado la autora describe con detalle el contexto y las circunstancias en que las comunidades indígenas de Nurío y Quinceo, del municipio de Paracho, redefinen en los hechos su relación con el Estado-nación. Al igual que en el caso de Tarecuato, le apuestan al nuevo partido de izquierda, el PRD, y ante la falta de sensibilidad y la incapacidad que demuestra la dirigencia de éste para incluir al grueso de la población indígena, las comunidades deciden pronunciar su autonomía respecto del municipio. Forman Consejos Autónomos en apoyo a la gobernabilidad comunal —que incluye jefe de Tenencia, representante de Bienes Comunales, juez de Tenencia y Asamblea— y disputan el acceso, el manejo y el control de los recursos que les corresponden como comunidades de un municipio. Así, inician experiencias de un ejercicio participativo y transparente de sus presupuestos con buenos resultados para el bienestar común, el bienestar de la comunidad. La autora menciona que en la actualidad las elecciones municipales para estas comunidades no son parte de sus preocupaciones centrales, pues su prioridad se enfoca en no dar un paso atrás en los logros alcanzados y avanzar en un desarrollo a largo plazo que garantice mejoras entre la población indígena.

En este marco, María del Carmen Ventura Patiño afirma que las poblaciones están experimentando un retorno a la comunidad, pero desde una óptica dinámica que no se aísla ni se cierra sobre sí misma, sino que cambia continuamente, se adapta, resignifica prácticas y construye propuestas desde las instancias colectivas que le dan sentido, lo que también contribuye a formar alianzas. En esta tesitura, agrega, a partir de estos conflictos las comunidades logran fortalecerse, reinventarse y negociar con diferentes instancias. Los pueblos indígenas están desarrollando entonces diferentes estrategias para participar y formar parte de la nación, pero en condiciones de menor asimetría: desde la discusión y aprobación de una ley indígena hasta la práctica y la experiencia de procesos autonómicos, sin el reconocimiento constitucional indispensable.

Volver a la comunidad... también nos ofrece elementos para evitar la idealización de las culturas y las comunidades indígenas. El conflicto y las tensiones aparecen en el interior de éstas. No obstante, hubiera resultado enriquecedor conocer un poco más acerca de las tensiones entre géneros, generaciones y estatus. Esto nos proporcionaría elementos para conocer la forma en que se piensa y se practica la diversidad al interior de estas comunidades. ¿Las opiniones de las mujeres y los jóvenes acerca de estas estrategias son valoradas igual que las de los hombres adultos, jefes de familia? ¿Tiene las mismas implicaciones la toma de posición ante el municipio —mestizo— para los que gozan de mayor poder adquisitivo y prestigio que para aquellos que tienen pocos recursos y no han ocupado cargos en el servicio a la comunidad? Considero que hay que leer con atención Volver a la comunidad..., pues nos acerca a diferentes formas de concebir y poner en práctica la autonomía —no sólo aquella propuesta por el EZLN y luego practicada por los Caracoles y las Juntas del Buen Gobierno— al brindar testimonio de "procesos autonómicos", como yo les llamaría, que responden a un contexto particular, que se configuran entre conocimientos y negociaciones específicas y que tienen una temporalidad e historicidad propias. Esto abona en el sentido de concebir los derechos indígenas desde una perspectiva amplia y flexible que dé cabida a la diversidad y particularidad de cada cultura y pueblo indígena en el país.

Las discusiones acerca de ciudadanía, democracia y derechos se vuelven un punto nodal para crear una sociedad más equitativa y justa. Lo anterior va más allá de la creación de leyes y nos conmina a imaginar las formas de llevarlas a la práctica. De ahí que algunas de las alternativas que se construyen desde las comunidades indígenas que presenta Ventura Patiño sean un buen inicio para explorar otras formas de participación, de práctica de la ciudadanía, de experimentar y de concebir la democracia. Volver a la comunidad. Derechos indígenas y procesos autonómicos en Michoacán se convierte en un ejercicio de replanteamiento de la relación entre el Estado-nación y los pueblos indígenas, pero además entre la sociedad civil y el Estado-nación. He ahí la invitación a leerlo y discutirlo.

 

Referencias bibliográficas

Anaya Muñoz, Alejandro, 2006, Autonomía indígena, gobernabilidad y legitimidad en México. La legalización de usos y costumbres electorales en Oaxaca, Universidad Iberoamericana, Plaza y Valdés, México.

Calderón Mólgora, Marco A., 1993, "Poder y autoridad: elecciones municipales en Michoacán", en Relaciones, núm. 53, El Colegio de Michoacán, México, pp. 197-218.

Hernández, Rosalva Aída, Sarela Paz y María Teresa Sierra, 2005, "Introducción", en Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y María Teresa Sierra (coords.), El Estado y los indígenas en los tiempos del pan: neoindigenismo, legalidad e identidad, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Plaza y Valdés, México, pp. 8-25.

Hindley, Jane, 1996, "Towards a Pluricultural Nation: The Limits of Indigenismo and Article 4", en Rob Aitken et al., Dismantling the Mexican State?, MacMillan Press Ltd., Gran Bretaña, pp. 225-243.

Ramírez Sevilla, Luis, 2007, "Movimientos indígenas y gobiernos locales en la región purépecha de Michoacán, México", en Willem Assies y Hans Gundermann (eds.), Movimientos indígenas y gobiernos locales en América Latina, El Colegio de Michoacán, International Work Group for Indigenous Affairs, Instituto de Investigaciones Arqueológicas, Museo-Universidad Católica del Norte de Chile, Chile, pp. 119-160.

Stavenhagen, Rodolfo, 2002, "Indigenous People and the State in Latin America: An Ongoing Debate", en Rachel Sieder (ed.), Multiculturalism in America Latina. Indigenous Rights, Diversity and Democracy, Institute of Latin American Studies, Palgrave MacMillan, Gran Bretaña, pp. 24-44.

 

Nota

1 En las elecciones presidenciales de 1988, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Salinas de Cortan, se enfrentó al expriista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general y expresidente del país Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940). Meses antes del proceso electoral se formó un ala disidente en el PRI, la "corriente democrática", dirigida por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, quienes cuestionaron la política económica del gobierno y "demandaron la democratización del proceso de selección del candidato presidencial" (Anaya, 2006: 28). Poco después abandonaron el partido y formaron el Frente Democrático Nacional (FDN), que después se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyo candidato a la presidencia fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Carlos Salinas ganó las elecciones en medio de denuncias de implementación de un gran fraude electoral. La población michoacana mostró su descontento y "más de 60 ayuntamientos miembros del FDN realizaron plantones como estrategia para rechazar lo que se consideraba un fraude electoral mayúsculo" (Calderón, 1993: 213). Entre las manifestaciones contra dicha contienda se registraron la toma de los edificios del ayuntamiento, plantones y la toma de carreteras.

 

Información sobre la autora

Ivy Jacaranda Jasso Martínez es profesora-investigadora de tiempo completo del Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, campus León. Es doctora en ciencias sociales, con especialidad en estudios rurales por El Colegio de Michoacán (2008). Candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Formó parte del grupo de trabajo "Movimientos Indígenas en América Latina" (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2007-2008) y del proyecto "Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina" (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Ha hecho estancias académicas en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad George Washington, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es directora del proyecto "Las prácticas políticas en comunidades purhépechas de Michoacán (2008-2009)", apoyado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Michoacán y la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Actualmente es directora del proyecto "Derechos sociopolíticos y procesos de ciudadanización entre la población indígena del Guanajuato actual", financiado por la Secretaría de Educación Pública y la Universidad de Guanajuato (2010-2011).

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