Saberes y razones

 

El rompimiento del encanto electoral*

 

Rafael Loyola Díaz

 

Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México-Distrito Federal. loyola@servidor.unam.mx

 

Recepción: 26 de enero de 2007
Aceptación: 21 de febrero de 2007

 

Resumen

La nueva administración Pública Federal que encabeza el presidente Felipe Calderón surgió de un proceso electivo cargado de dudas sobre su legalidad y transparencia. La confrontación ideológica política suscitada no ayuda a entender las transformaciones complejas que vive el país. Se requieren nuevas plataformas de observación que permitan trascender las posiciones irreductibles. El Consejo General del IFE no cumplió cabalmente con sus responsabilidades. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó una resolución cargada de ambigüedades y contradicciones que parecía más un documento de negociación de las propias divisiones entre los magistrados que una respuesta impecable a las impugnaciones presentadas por el PRD. Es necesario retomar la tarea política abandonada hace seis años, que ponga en el centro de la acción del gobierno y la sociedad la necesaria redefinición del estado nacional en la era de la revolución tecnológica-informática y la democracia política.

Palabras clave: elecciones, México, Felipe Calderón.

 

Abstract

The new federal administration headed by President Felipe Calderon emerged from an electoral process that generated several doubts and questions about its legality and transparency.The ideological and political confrontation that occurred doesn't allow an adequate comprehension of the complex set of transformations undergone by the country.We require new observation points that enable us to trasced any unyielding ideological positions.The General Council of the IFE (Federal Electoral Institute) didn't live up thoroughly to its responsibilities.TheTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (The Federal Judiciary Electoral Tribunal) rendered an ambiguous and contradictory ruling that resembled more a bargaining document that reflected the magistrate's own divisions, rather than an unequivocal answer to the legal challenges filed by the PRD (Party of the Democratic Revolution).Today it's necessary to undertake the political agenda that was abandoned six years ago, that is, to place in center stage the required governmental and social actions required to achieve a new definition of the National State in this era of the information technology revolution and political democracy.

Keywords: elections, Mexico, Felipe Calderón.

 

El Tribunal Federal Electoral dictamina
que la elección, salpicada de irregularidades,
es válida. Es decir, que no es impoluta,
pero válida sí.

Sabina Berman

 

En el pasado proceso electoral,
todo indica que se violó la ley,
pero no lo suficiente.

Alberto Consejo Vargas

 

EL ROMPIMIENTO DEL ENCANTO

Algunos de los signos que marcan el todavía reciente inicio del nuevo siglo son los desgarros de estructuras sociales en pleno proceso de desaparición, mutación, descomposición o reacomodo, el desvanecimiento de referentes culturales con los que se venía navegando desde hace décadas y que daban certidumbre, junto con la aparición de otros que pareciera ya enraizaron en el basamento social, pero que aún no dominan el espacio público o el de las élites dirigentes, particularmente el de las familias políticas; también el desconcierto frente a direcciones erráticas de los impulsos sociales, la carencia de un horizonte de porvenir, la aceleración de la competencia internacional, el incremento de la diferenciación y diversificación social, junto con el incremento de los desacuerdos y los radicalismos, y un sentimiento de fragilidad debido a una falta de claridad sobre los mecanismos y caminos que permitan transitar en medio de la borrasca social.

Luego de haber experimentado un largo periodo de mediana estabilidad política y social bajo el dominio priísta, con los costos propios de un régimen vertical y discrecional, y de haber dado los primeros pasos hacia la construcción de una democracia electoral que redondeara el proceso de liberalización política que se inició a finales de la década de 1960¹, y de haber experimentado la alternancia electoral incluso a nivel del ejecutivo federal en el año 2000, de pronto el país resintió un desencanto político.

Como culminación de la reforma política que se acordó en el año de 1977 y sus sucesivas reformas, se esperaba que la primera elección presidencial del siglo XXI fuera la coronación de la entrada de México a la era de la regularidad democrática, con pleno ajuste a la legalidad y transparencia, pero lo que sucedió fue justamente lo contrario.

Al inicio de la segunda administración del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ejecutivo Federal, lo que se tiene es el saldo de un proceso electoral visto con reservas desde que se renovó el Consejo General en funciones del Instituto Federal Electoral (IFE) y luego con suspicacias por otros incidentes registrados en el curso de la contienda electoral, pero que al día de las elecciones para nada parecían empañar la certidumbre sobre la calidad que tendría el proceso.

Esto fue tan así que al inicio de la jornada electoral los representantes de todos los partidos políticos en el Consejo Electoral manifestaron su beneplácito y confianza en el proceso y en el IFE en tanto responsable del mismo, habiendo sobresalido las palabras del representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Horacio Duarte, cuando expresó que era "la hora de la izquierda" y que esperaban un "transición de gobierno tersa". El Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó su confianza en los comicios, pero no dejó de advertir el clima de enrarecimiento que había caracterizado la contienda ni el polémico papel desempeñado por el titular del Ejecutivo Federal en el proceso, mientras las demás fuerzas políticas también expresaron su confianza en la jornada yen los resultados que arrojaría². Las nubes de un día lluvioso todavía no oscurecían el panorama ni presagiaban la tormenta política que se desencadenaría desde esa misma noche.

Si acaso, al inicio del día de la elección se perfilaba una contienda muy competida entre los dos principales contendientes, Andrés Manuel López Obrador por el PRD y Felipe Calderón por el PAN, y resultados muy cerrados, pero los partidos políticos contendientes no mostraron signos de presagiar que el rompimiento del encanto electoral se daría por el procesamiento de dicha jornada, que fue visto con suspicacia y derivó en la descalificación del proceso, la revaloración de las reservas e inconformidades que se habían externado durante la contienda electoral y que se ofrecieron como elementos probatorios de una contienda viciada, la descalificación del resultado, el inicio de una larga y riesgosa resistencia civil, el poner en duda las instancias responsables de las elecciones y de la calificadora del mismo, la coexistencia de un presidente electo y sancionado legalmente y de otro que se asumió como "presidente legítimo de México", y un presidente saliente severamente cuestionado y cercado por vallas y protegido por militares.

Además, la toma del poder presidencial por el candidato sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Calderón Hinojosa, se realizó en el Congreso de la Unión entrando éste a empellones y resguardado por militares, por la puerta trasera —algo nunca visto en el México posrevolucionario, ni cuando en 1928 el general Calles presentó su último informe de gobierno en plena acusación de los obregonistas por el asesinato de su caudillo— y asumiendo el mando de manera caótica y apresurada, en medio de intensos enfrentamientos entre diputados, con un recinto legislativo disputado por los opositores que ya mostraban signos de tensión interna, para impedir el acto y asediado por el Estado Mayor presidencial en el cenit de una severa crisis en el legislativo.

La pompa y el brillo de ceremonias similares que le precedieron quedaron en el recuerdo, iniciándose la nueva administración pública federal con un pecado original: una legitimidad criticada por las dudas sobre la limpieza, legalidad, transparencia y credibilidad del proceso electivo. Por su parte, el principal candidato opositor sacó de la todavía reciente historia política los fantasmas del desaseo e imposición electoral, a la vez que con dificultad asumía la derrota de una contienda que ya se festinaba como si hubiera estado ganada³. El encanto electoral se había disipado.

Como suele suceder en circunstancias parecidas, sobre todo en situaciones en las que se ponen en juego opciones de gobierno que se presentan como enfrentadas (aunque ninguna de ellas ha sido antisistémica), las pasiones se agudizaron hasta el enrarecimiento. Las familias, los amigos o el espacio de trabajo experimentaron disputas y controversias políticas que no eran habituales en el México protegido por el manto priísta, al menos desde las elecciones de 1952 —con excepción de la de 1988, pero que no suscitó ninguna división por divergencias en las visiones de país—, salvo en círculos politizados que habían sido opositores al régimen. Diferenciación y controversia que se recrearon en los medios por periodistas, conductores de opinión, analistas políticos y académicos: el clima se saturó de posiciones encontradas señaladas por la no aceptación del contrario ni de los argumentos de quienes pensaban distinto, dando lugar a lo que Miguel Basáñez (2006) llama expresiones premodernas, que en nada reflejan el signo de la diversidad que distingue a la sociedad mexicana al inicio del nuevo milenio.

De manera simplificada se puede resumir la confrontación suscitada por el proceso electoral en dos grandes posiciones. Por un lado, los que pensaron que el proceso electoral y los resultados fueron irreprochables e intachables, que el barullo y el descontento social se debió a un liderazgo —el de López Obrador— que sólo aceptaba las reglas cuando ganaba y que se conducía en el tenor de las viejas reglas del caudillismo y del populismo, en las que legalidad e institucionalidad son un mero formalismo, además de insistir en que la inconformidad de la Coalición por el Bien de Todos —la alianza política que lo postuló— era infundada, dado que sólo criticaba una parte de la elección —la presidencial—, sin poner en duda las legislativas, siendo que se habían realizado con las mismas reglas y los mismos funcionarios.

Además, algunos de quienes comulgaron con esta visión expresaron en reiteradas ocasiones su malestar y sorpresa porque el partido y el candidato perdedor pusieran en riesgo, con la actitud y las acciones poselectorales que promovieron, el capital político de haberse convertido en la segunda fuerza política nacional. De ahí que mucho hayan pontificado la sabia recomendación de que regresaran al carril para cuidar sus ganancias, intentar el cogobierno y prepararse para 2012.

En cierta medida, se comportaron como los guardianes de una sacrosanta institución electoral —el Instituto Federal Electoral (IFE)— como si su creación y las sucesivas adecuaciones la hubieran dotado del blindaje de la santidad, de la independencia y de la equidad para conducir un proceso electoral que diera certidumbre y protegiera los atisbos de regularidad democrática que empezaba a paladear la República, abonando así a la discutible versión de que las críticas y el malestar dirigidos a un Consejo General desatinado entrañaban el poner en duda al Instituto en su conjunto.

Del otro lado se situaron los que consideraban que el triunfo de Felipe Calderón fue resultado de una maquinación desde el gobierno foxista y que impuso el triunfo por encima de las reglas establecidas, para lo cual utilizó los recursos y organismos públicos, la intervención de los empresarios y la Iglesia, el apoyo de extranjeros y el manoseo del proceso electoral a través del IFE y hasta del poder judicial, con recurrencia en los fraudes a la antigüita para imponerse en las urnas y la manipulación informática para alinear las cifras a favor del candidato ganador.

No está por demás mencionar que tales afirmaciones, por disparatadas y encontradas que sean, no dejaron de expresar situaciones que estuvieron presentes en el proceso electoral o que definieron por un buen tiempo la visión de los contendientes y, sobre todo, de los analistas, estudiosos y opinólogos, sin dejar de lado a los militantes políticos de la pluma y el verbo que mucho aportaron para enrarecer la comprensión del fenómeno en aras de fortalecer su clientela o sus legítimas preferencias políticas.

No obstante, es pertinente reconocer la facilidad con la que se puede quedar atrapado en ese entramado de interferencias y de posiciones ideológico-políticas. Empero, para entender el contexto político mexicano actual es recomendable tomar distancia del fenómeno político y buscar otras plataformas de observación que permitan vislumbrar el curso de los acontecimientos. Habría que evitar el fácil o legítimo —según el caso— camino de la toma de posición política, en el entendido de que algunos indicadores muestran que se está ante una nueva realidad que demanda una mirada distinta. Mencionemos algunos.

 

OTRA ELECCIÓN, OTRO PAÍS, OTRO MUNDO

En años todavía recientes el país se transformó de una economía cerrada y estatizada a otra abierta y competitiva, lo cual vino aparejado con un rompimiento del asistencialismo estatal; una mayor integración de México a las economías y procesos internacionales, junto con una rápida inmersión en la sociedad de la información, lo cual trajo consigo la diversidad y el enriquecimiento del multiculturalismo; con la crítica al centralismo y la pérdida de controles políticos del centro sobre las regiones que se arrastran desde la última parte del siglo XIX y que se reforzaron en la posrevolución, a la par de la creciente emergencia y afirmación de soberanías políticas en los estados de la federación, que plantean dudas, se enfrentan, arrancan concesiones al Ejecutivo Federal o toman decisiones impensables o imposibles años atrás; y finalmente, con la todavía reciente pluralidad y alternancia política con cambios significativos en los partidos.

Sobre este último punto es conveniente formular algunas apreciaciones. En primer lugar, los partidos dominantes tienen historias, comportamientos y culturas políticas muy distintas a lo que se había visto en México durante el dominio absoluto del PRI; este mismo partido, por segunda ocasión, no sólo perdió la elección presidencial sino que pasó a ser la tercera fuerza política —aunque en la práctica operó como si fuera la segunda—, además de quedar finiquitada la fortaleza política y la ascendencia que le daba el control del gobierno federal, y de que sus cuadros modernizadores quedaran disminuidos frente a la afirmación de liderazgos duros, con una reconocida opacidad y dispuestos a la negociación inmediata y pragmática. Entretanto, queda pendiente la definición de su posicionamiento político: o se afirma como un partido de intereses dispuesto a garantizar la gobernabilidad por medio de la negociación de prebendas o privilegios —lo cual puede llevarlo a su extinción—, o explora una reconfiguración de identidad, programa y perspectiva que lo lleve a la disputa del poder con anclajes sociales renovados y en condiciones de disputar una nueva mayoría política.

El PRD es un partido que todavía se encuentra en fase de construcción bajo la circunstancia de que estuvo jaloneado por la pérdida inesperada de una presidencia que veía a la mano; por la presencia de inercias, resabios ideológicos del antiguo régimen posrevolucionario y carencia de una oferta política atractiva para un nuevo electorado o de los impulsos de movimientos de resistencia civil que mucho aportaron a la consumación de la derrota. Incide también el debilitamiento de su liderazgo político —el de Andrés Manuel López Obrador— y su persistencia en conservar y recrear su ascendencia en el organismo ante los ajustes de cuentas o las maniobras del mando histórico —el de Cuauhtémoc Cárdenas— y la irrupción de nuevos liderazgos —como el de Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno de la ciudad de México; el de Jesús Ortega, autoridad reconocida del aparato y de la corriente mayoritaria del partido, o el de Amalia García, gobernadora del estado de Zacatecas. Todo ello bajo la circunstancia de haberse impuesto como la segunda fuerza política y de haber quedado a escasos pasos de ganar la contienda.

Por lo que respecta al PAN, es el partido que por segunda ocasión conserva la presidencia de la República y se afirma, de manera inesperada, como la primera fuerza político-electoral, con un presidente constitucional de estirpe panista obligado a lidiar con un partido nutrido de nuevos militantes y adherentes que no vienen de la tradición histórica; con un liderazgo —el de su presidente, Manuel Espino— en manos de las corrientes reconocidas por su estrechez de miras y rudeza; y con los residuos del foxismo, además de encarnar una tradición en la que el partido tiene una dinámica propia y diferenciada del titular del Ejecutivo. Esta última característica se volvió a expresar con nitidez en la designación de candidatos al Congreso, en la de los coordinadores parlamentarios y hasta en la del mismo presidente de partido. Finalmente, de los otros partidos cabe señalar que, aunque minoritarios, todos responden a dinámicas políticas propias, con liderazgos reconocidos y que poco o nada se ajustarían a la vieja versión de partidos comparsa o satélites, si bien en este proceso electoral al menos cuatro de ellos se beneficiaron de su alianza electoral con alguno de los grandes partidos, siendo los casos del Partido Nueva Alianza respecto al PAN, del Partido Verde respecto al PRI, y de los partidos Convergencia y del Trabajo en su alianza con el PRD, en tanto que el Partido de la Alternativa Socialdemócrata y Campesina obtuvo su registro sin necesidad de ninguna alianza⁴.

Por lo dicho se puede entender que la vieja lógica centralista en la que el titular del Ejecutivo era el que conciliaba y coordinaba los distintos niveles de gobierno —al legislativo y a las familias políticas— ya no tiene asidero. En consecuencia, con más frecuencia se observarán procesos y arreglos políticos novedosos para lo que había sido la tradición política mexicana, situación que sugiere ver el ámbito de la política con otras miradas, escudriñar la emergencia o presencia de procesos inéditos y desentrañar las nuevas reglas de la política o las que están en vías de construcción.

Además, y dado el largo reinado del poder priísta en el que nacieron, crecieron y maduraron poco más de dos generaciones, sin haber tampoco disfrutado las anteriores de una cultura democrática, es conveniente trascender las visiones y explicaciones propias de un estado autoritario, formalmente democrático, vertical y discrecional, así como desarrollista e incluyente. Es un hecho que se dispone de indicadores que hablan de la emergencia de nuevos procesos sociales con nuevas dinámicas, lo cual conduce a la búsqueda de otras plataformas de observación.

 

EN MEDIO DEL DESCONCIERTO, ALGUNAS COINCIDENCIAS

Sobre la base de que los resultados de la jornada electoral del pasado 2 de julio desembocaron en una crisis política, pérdida de legitimidad y confianza, y controversia sobre la credibilidad del proceso, además de ser la explicación del desaseo electoral y de la frágil legitimidad del triunfo de Felipe Calderón, se aprecian algunas coincidencias entre analistas, formadores de opinión pública, actores y organismos políticos. Veamos las más significativas:

1. Existió un vicio de origen en la integración del Consejo General del IFE, provocado por un desacuerdo entre los principales partidos políticos en la designación de sus miembros, de tal forma que la decisión quedó en manos del PRI y el PAN, con el desplazamiento del PRD no sólo del acuerdo, sino de la posibilidad de sugerir integrantes.

El procedimiento adoptado estuvo determinado por la falta de consenso en la cámara de diputados, la inobservancia del procedimiento parlamentario para someter al pleno la propuesta y el desapego a las disposiciones del Codigo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en materia de cumplimiento de requisitos de los candidatos propuestos, como los de conocimiento en el tema, prestigio y no pertenencia a algún partido político. En esta circunstancia, los consejeros ciudadanos aprobados por los diputados, sin la sanción perredista, fueron elegidos por el PRI y el PAN, con la característica de haber sido cercanos, de haber estado comprometidos o de haber financiado o trabajado para alguno de esos partidos, además de que el consejero presidente fue propuesto por el PRI, como resultado de una intensa negociación de lalideresa del magisterio, la maestra Elba Ester Gordillo, en ese entonces todavía líder de la fracción priísta en la cámara de diputados y ya en plena disputa con el presidente de su partido y futuro candidato presidencial, Roberto Madrazo Pintado⁵.

No se debe olvidar que ese tipo de designación de los consejeros ciudadanos no fue fortuita; en el ánimo de los partidos pesaba la independencia con la que había operado el Consejo saliente. Particularmente les incomodaban las multas que se les aplicaron, específicamente al PAN y al PRI, por infracciones en las que habían incurrido en el proceso electoral del año 2000⁶.

La manera como se resolvió la integración del Consejo General del IFE, además de la polémica que detonó en ese momento, pesaría en la certidumbre del proceso y explicaría los desaciertos y torpezas con los que condujo el proceso. Sobre lo primero, el principal problema que se ocasionó fue la vulneración de la independencia y legitimidad que debió haber conservado el Consejo al haberse repartido entre dos partidos su integración y al seleccionar, por si fuera poco, consejeros de presumible filiación o inclinación partidaria.

Lo segundo puede ser la explicación de la ausencia de una verdadera jerarquización de tareas, de la atención desmedida a problemas burocráticos, de la falta de perspectiva política para dar a conocer los resultados del conteo rápido⁷, de haber permitido ser rehenes de los partidos políticos para la divulgación de los resultados de tal conteo y de la ausencia o tibieza de los consejeros para aclarar su posición y esclarecer el proceso a partir del momento en que se inició la polémica poselectoral. De igual manera, lo señalado está en la base de la explicación del descuido de no haber comunicado las actas con inconsistencias al correr la información sobre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)⁸ y del desatino del consejero presidente al declarar un virtual ganador con base en el resultado del cómputo distrital, bajo la circunstancia de que no era su responsabilidad y de que ya planeaba en el ambiente la impugnación de la elección presidencial; a esto se agrega la supeditación de los consejeros a su presidente, los tropiezos de éste y su desafinada comunicación con los medios y la ciudadanía.

Por otra parte, se puede señalar el costo político que tuvo para el país el descuido de los partidos y de los diputados en la conformación de un órgano, el Consejo General, que había sido fundamental para construir la incipiente democracia electoral y que todavía era estratégico para continuar y consolidar los cambios. Sobre todo, para garantizar con transparencia, equidad, ajuste al estado de derecho y credibilidad la elección de los mandos políticos que tendrían la tarea de avanzar en la búsqueda de nuevos acuerdos nacionales y de extender una cultura democrática; al no hacerse, no sólo se postergó la tarea sino que se ensució lo poco avanzado y se construyó un escenario de ilegitimidad del proceso y de quien fue ungido como presidente constitucional.

2. El Consejo General del IFE empañó su responsabilidad de árbitro de la contienda electoral, lo cual explica la fragilidad o incapacidad que tuvo para garantizar una competencia ajustada a las reglas; impedir que la confrontación electoral estuviera determinada por la guerra sucia y por una propaganda cargada de verdades a medias, mensajes de miedo, acusaciones o comparaciones grotescas⁹; impedir el uso doloso de encuestas telefónicas —push polls— para favorecer o empañar a un candidato; frenar la intervención de funcionarios, recursos y el uso de programas públicos a favor de candidatos¹⁰, así como la intervención de empresarios y del sector privado en el proceso a favor de un candidato o con mensajes para atemorizar respecto a los riesgos que implicaría el triunfo de alguno de ellos, particularmente del candidato perredista¹¹; impedir la inequidad en el manejo mediático del proceso electoral¹²; transferir al TEPJF la responsabilidad de la sanción al PAN por la intervención del ex presidente del gobierno español en la campaña¹³; ignorar la intervención de la Iglesia en la contienda; y también la permisividad o apatía, incluso en clara violación de la ley, que observó ante el hecho de que un candidato no registrado hiciera proselitismo hasta el final del periodo de campañas¹⁴ y, peor aún, el quedarse de brazos cruzados frente a la remoción de sellos de los paquetes electorales antes del cómputo distrital¹⁵.

A estos señalamientos cabe agregar la permisividad que mostró el Consejo hacia el candidato de la continuidad. Ésta se puede ilustrar con el comportamiento que tuvo respecto a las impugnaciones de los partidos sobre supuestas irregularidades en el proceso: con fundamento en la memoria de la elección que publicó el IFE, se concluye que de los 19 procedimientos especializados presentados por la Coalición por el Bien de Todos contra promocionales cuyo contenido demeritaba la imagen de su candidato, el IFE estimó fundados ocho e infundados otros tantos, de los cuales el Tribunal Electoral modificó cuatro; por su parte, el PAN presentó nueve, de los cuales sólo declaró infundado uno; además, el Tribunal Electoral corrigió la plana al Consejo General no sólo al rectificar acuerdos, sino al mandatarlo a que interviniera para corregir la guerra sucia y resolviera las quejas en un periodo más corto¹⁶.

Estas situaciones ocurrieron a pesar de que existían disposiciones constitucionales que señalaban que se debían observar los principios de equidad, independencia e imparcialidad en los comicios, además de que el propio Cofipe facultaba al Consejo General a imponer sanciones administrativas a los partidos que incumplieran las obligaciones establecidas en la normatividad, entre las que se especificaban —artículo 38, inciso p— las de abstenerse de "cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos"¹⁷.

Mención aparte amerita el papel del presidente de la República. Mucho antes del inicio del proceso formal electoral, el presidente Fox entró en disputa con quien era la cabeza de gobierno de la capital del país y quien virtualmente se perfilaba como candidato del PRD a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Para buena parte de la opinión pública, la percepción fue que el presidente apareció en la escena electoral no sólo como un actor político que empujaba al candidato de su partido, sino como alguien que vetaba a un potencial candidato del partido opositor, utilizando para ello —a la vieja usanza priísta— los recursos del propio Estado, particularmente los del sistema de justicia. Por esta circunstancia el presidente se empeñó, con tintes legaloides y la complicidad del poder judicial y de su propio partido, así como en acuerdo tácito con el PRI, en despojar al jefe de gobierno de la ciudad de México del fuero político mediante acciones y acusaciones presumiblemente montadas, una de ellas desmedida.

La pretensión del titular del Ejecutivo general dio lugar a grandes movilizaciones populares, se enrareció todavía más el ambiente político, y mucho contribuyeron a enaltecer la imagen del que sería el candidato opositor; el conflicto concluyó cuando el presidente Fox tomó la decisión de no continuar un proceso jurídico por una falta tan grave como una infracción de tránsito, pero siempre con el argumento —y el de su partido— de que el caso se originaba ante la petición de justicia de un particular y en seguimiento a disposiciones de un juez, negando siempre cualquier intención o manipulación del proceso contra el entonces jefe de Gobierno de la ciudad de México desde y con la maquinaria estatal.

Sin embargo, tal argumentación la echaría por tierra el propio presidente Vicente Fox, ya en su calidad de ex presidente, al afirmar que la cancelación del procedimiento de desafuero había sido una derrota para su gobierno, pero que 18 meses después se había desquitado con el triunfo de su candidato¹⁸. En un tenor similar se pronunció al afirmar que él había ganado dos elecciones, la propia y la de 2006.

Si bien en el ambiente siempre estuvo el supuesto de que ese incidente y otros previos fueron parte de una maquinación para detener los índices de popularidad de que gozaba López Obrador —con una diferencia de hasta 20 puntos porcentuales frente a su más cercano contendiente—, ya casi al término de la administración del primer gobierno de alternancia, luego del largo reinado priísta, la suspicacia fue confirmada por el mismo presidente de Acción Nacional al explicitar la responsabilidad presidencial en el incidente¹⁹. A revelación no desmentida, responsabilidad manifiesta.

Todavía más: en la memoria justificatoria que el IFE editó de su papel en el proceso electoral, reconoce que "las constantes declaraciones del presidente Fox refiriéndose en sentido figurado al candidato de su partido o atacando a candidatos de otros partidos y coaliciones", sí habían afectado el "clima del proceso electoral"; empero, esta afirmación es contradictoria con la que hizo líneas atrás, en el mismo documento, al concluir que el acuerdo de neutralidad para que los funcionarios públicos no intervinieran en el proceso había cumplido con su objetivo. En el mismo sentido se pronunciaría Rodrigo Morales, consejero ciudadano²⁰.

Sobran las crónicas y las anécdotas respecto a las reiteradas intromisiones del presidente Fox en favor del candidato de su partido que motivaron llamados a la no ingerencia de diversos sectores, particularmente del PRI y del PRD, y que incluso llevaron a que el Consejo General del IFE y el TEPJF le solicitaran y ordenaran no intervenir en el proceso, así como abstenerse de publicitar la difusión de la obra pública federal, de conformidad con lo estipulado por la ley electoral²¹. Aún después de la jornada electoral y sin tomar en consideración el enrarecimiento del clima político, el ejecutivo federal siguió interviniendo en el proceso electoral, cuando todavía no concluía. Llamaron la atención expresiones como la de calificar de "renegados" a quienes no estaban conformes con dicho proceso y su evidente inclinación a dar por bueno un resultado electoral que había sido impugnado por la segunda fuerza política.

En la validación de la elección presidencial el TEPJF hizo un largo recuento de tal intervención y consignó que "en la etapa de preparación de la elección, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos realizó manifestaciones con cierta incidencia en el proceso electoral para la renovación de ese cargo". En opinión del Tribunal, las declaraciones presidenciales fueron de dos tipos: el primero, comentarios en los que subrayaba el modelo económico y "las acciones de su gobierno"; y el segundo, insinuaciones, mensajes velados o metáforas que aludían a los candidatos contendientes; además, los magistrados consideraron que los comentarios presidenciales "se pueden estimar dirigidos a apoyar al candidato de su partido en particular, o producir ese efecto, por identificarlo con la idea de continuidad, aún cuando no lo hiciera abierta y evidentemente, e incluso, en el remoto caso de que no se hayan hecho con tal propósito". Más adelante concluye de manera enfática: "Por tanto, existen elementos para sustentar, con seriedad, que este grupo de declaraciones se incorporó, de alguna manera, dentro de los distintos elementos evaluados por los ciudadanos que los advirtieron a la hora de definir su intención de voto"²².

En suma, la actuación presidencial no solamente reeditó los tiempos todavía recientes en los que el candidato oficial priísta era beneficiario del generoso apoyo de los recursos públicos, sino que contravino las disposiciones legales construidas para el México de la apertura democrática, lo que derivó en un marco institucional inequitativo en el proceso electoral.

La última coincidencia tiene que ver con la manera como el Consejo General del IFE y su presidente, Luis Carlos Ugalde, procesaron los resultados de la jornada electoral del 2 de julio.

Al inicio de la jornada no se avizoraba la crisis que se iniciaría a partir de esa noche. Ese mismo día, muy temprano, el vocero del PRD, Horacio Duarte, declaró estar convencido de "que los diversos instrumentos electorales que se han dotado por parte del Instituto Federal Electoral tienen un rango de aceptabilidad que nos permite concluir el día de hoy la jornada electoral con buenos resultados" (Murayama, 2006). Esta apreciación se rompería ya entrada esa misma noche, cuando luego del mensaje del presidente del IFE en el sentido de que el conteo rápido no permitía concluir que hubiera un candidato con tendencia ganadora dado lo cerrado de la votación, y de que el presidente Fox se expresara en sentido similar, López Obrador empezó a denunciar que se le estaban escamoteando 500 mil votos. Poco después denunció un fraude cibernético y cerró con la versión de uno "a la antigüita", o sea, en las casillas, en el conteo y en el llenado de las actas (Murayama, 2006).

En esta tesitura, los errores o deficiencias que se atribuyen al Consejo General y su presidente tuvieron su origen tiempo atrás, más precisamente el 22 de junio, cuando el Consejo adoptó la resolución de vislumbrar cuatro escenarios posibles para que el Comité Técnico Asesor diera a conocer, "de inmediato", al consejero presidente los resultados del conteo rápido, entre los que estaba el clasificado como b, en el que se informaría que "no era posible determinar la fuerza política que obtuvo el mayor porcentaje de la votación emitida" por los estrechos márgenes de diferencia entre el primero y segundo lugar. Esta resolución se amarró aún más al acordar el formato en el que se debía dar a conocer el informe correspondiente; en esta circunstancia, el formulario pertinente especificaba que "no era posible determinar, dentro de los márgenes científicos establecidos para este conteo rápido, al partido o coalición que haya obtenido el mayor porcentaje de la votación emitida".

En medio de una situación de incertidumbre, preocupación, tensión y presión del PRI para que no se dieran a conocer los resultados de dicho conteo, dado que las encuestas de salida señalaban claramente un empate técnico, el consejero presidente dio a conocer las conclusiones del Comité Técnico Asesor en el sentido mencionado, pero sin informar sobre los resultados del conteo.

A partir de este momento se desencadenó la crisis poselectoral, empezaron las presiones de los partidos —con excepción del PRI— para que se dieran a conocer los resultados mencionados y se entregaran a los partidos las bases de datos correspondientes, pero no sería sino hasta la intervención del jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea cuando, en acuerdo con los consejeros ciudadanos y el Comité Técnico Asesor, se decidió dar a conocer el contenido, las tendencias y el resultado del conteo rápido.

Más allá de recuperar la crónica de un momento que tuvo repercusiones significativas para el proceso electoral, lo que se quiere es llamar la atención sobre los puntos siguientes: a) el Consejo General del IFE adoptó una decisión limitada para dar a conocer los resultados en cuestión, sin prever las implicaciones y riesgos políticos en una situación política de un escenario de empate; b) tanto el consejero presidente como el Consejo General siguieron literalmente, por no decir burocráticamente, los acuerdos del 22 de junio e hicieron una lectura burocrática de los mismos, puesto que en esencia esa resolución llamaba la atención sobre la disposición de no dar a conocer a la fuerza ganadora con tan estrecho margen de diferencia, pero no cancelaba la posibilidad de dar a conocer el resultado del conteo; y, c) además de hacerse rehén de un acuerdo emitido por sí mismo, el Consejo General dejó que el curso de las decisiones fuera tomado por los partidos, por los observadores y hasta por el Comité Técnico, manifestándose nuevamente su falta de autoridad y conducción en el proceso electoral²³.

A este incidente le siguieron otros más del mismo tenor: que el Consejo General no hubiera explicitado en la información del PREP que no estaban consideradas las actas con inconsistencias, asunto que motivó la acusación de que se habían perdido alrededor de tres millones de votos; las deficiencias de comunicación del IFE, la poca visibilidad que tuvieron los consejeros para explicar y asumir la responsabilidad en el proceso, y la torpeza con la que el consejero presidente presentó los resultados del cómputo distrital cuando dio por hecho un ganador, en lugar de haber tenido la prudencia de transferir la calificación de la elección al Tribunal, como era lo correspondiente, sobre todo porque para ese momento se tenía una diferencia de 0.58% entre Felipe Calderón y López Obrador²⁴.

 

LA VALIDACIÓN DELTEPJF PULVERIZA EL ENCANTO

Luego de conocerse las cifras de resultados del PREP, en el imaginario de los potenciales perdedores de la contienda electoral, particularmente en los de factura lopezobradorista, quienes observaban la posibilidad de que en esa elección se corrigiera la dirección que llevaba el país o que se pusiera fin a las torpezas de gobierno de la administración del cambio, incluso su incapacidad para realizar las reformas estructurales que estaban pendientes en la agenda nacional, estaba la esperanza de que el todavía recién fundado TEPJF limpiara el desaseo que se percibía de la contienda electoral y diera una salida institucional a la crisis poselectoral.

Existía una última esperanza de que el Tribunal pegara los vidrios rotos y resarciera las fracturas que había ocasionado la desatinada conducción del Consejo General del IFE, corrigiendo así los vicios del proceso para retomar la aspiración de la democracia electoral.

Para emitir su resolución sobre la validación de la elección, el Tribunal, entre otras premisas, subrayó:

de acuerdo con el artículo 186 del código citado [Cofipe], la propaganda está sujeta a los límites fijados, en el artículo 6 de la Constitución (párrafo 1) y, por el otro, que en su contenido se debe evitar cualquier ofensa, difamación y calumnia, que denigre a los candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros (párrafo 2), prohibición que se encuentra contenida también en el artículo 38 (párrafo 1, inciso p) del propio código, en el cual se establece como obligación de los partidos políticos la de abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones o a otros partidos políticos y sus candidatos.

Contrario al dictado de esta premisa y de sus propias apreciaciones y valoraciones sobre el proceso electoral, el dictamen desechó las impugnaciones al proceso y validó el resultado a favor del candidato del PAN. Las consideraciones que formuló fueron del tenor siguiente: recurrir a consideraciones extrajurídicas para fundamentar el dictamen; desestimar pruebas vertidas por la parte impugnadora, a pesar de haberlas dado por buenas y de haber calificado algunas de ellas como graves; y adjudicar a la parte perdedora (esto es, a Andrés Manuel) la responsabilidad de su fracaso. Por último, el Tribunal se fundamentó en una razón procedimental para desechar la demanda de invalidación general del resultado, descartó otras por considerarlas sin fundamento probatorio y unas más bajo el supuesto de que, habiendo estado debidamente demostradas —"algunas de ellas de cierta importancia"—, "fueron mermadas o no se conoce su impacto". Veamos cada caso con referencias específicas.

En lo que se refiere al manejo de argumentos extrajurídicos o fuera de su competencia, el Tribunal comprende la recurrencia de promocionales negativos o el manejo de campañas sucias por los contendientes; en esta circunstancia estimó que no encontró elementos que pusieran "en evidencia los efectos producidos por las campañas electorales", o bien cuando se interroga y expresa sus dudas sobre si quien es objeto de ese tipo de campañas es sujeto de "imputación injusta"; o también cuando supone que la calificación de "ilegalidad" de los promocionales produce, casi en automático, un efecto inverso en el elector, es decir, que éste advertiría casi de inmediato el "vicio" de esa campaña. De manera atrevida, el Tribunal concluye, asumiéndose en calidad de experto en medios de opinión, que los promocionales negativos "causan prejuicios negativos entre el universo de electores".

Varios son los ejemplos de las pruebas que desestima el TEPJF. En relación con la intervención del Consejo Coordinador Empresarial, da por demostrada la difusión de promocionales, en radio y televisión, a favor del PAN y del PRI, y en contra de la Coalición y su candidato, calificándola de violatoria de la ley y contraria a "los principios constitucionales de igualdad en la contienda y de legalidad electoral". Sin embargo, de inmediato rechaza su relevancia al concluir que tal irregularidad no fue determinante en los resultados de la elección ya que el Tribunal no dispuso de elementos probatorios que demostraran algún grado de "penetración entre los electores"²⁵.

De manera similar razona el Tribunal en lo relativo a la intervención de otros sectores del empresariado —empresas Jumex, Sabritas y del ciudadano Víctor González Torres, exitoso empresario farmacéutico— al considerar que, si bien "tuvieron como propósito disentir, atacar o desprestigiar al candidato de la Coalición por el Bien de Todos, y con ello impedir o desalentar a que los ciudadanos se manifestaran en su favor al emitir su sufragio", no se podían considerar pagos en especie para el PAN ni dirigidos en contra de un candidato en particular puesto que, en su opinión, eran cinco los contendientes. Dicho de otra forma, existió la falta, pero igual no la consideró probatoria.

De forma parecida razona en lo relativo a la intervención de terceros en las campañas al estimar la imposibilidad de establecer una relación de "causa-efecto", dada la "complejidad, la intensidad y la dinámica" de los eventos que se llevaron a cabo en el curso del proceso electoral.

Dicho de otra manera, dio por ciertas las irregularidades y las violaciones cometidas a la ley, pero adujo consideraciones de otro tipo para descartar efectos negativos en algún candidato, invalidándolas así como elementos a tomar en consideración para el acuerdo final.

Resultan todavía más ilustrativas las consideraciones del Tribunal sobre el candidato de la Coalición puesto que, en lugar de centrar su atención en el juicio electoral, opta por hacerlo sobre el tipo de estrategia seguida por Andrés Manuel López Obrador. De esta forma, en su resolución advierte que la "intención del elector pudo definirse no por la campaña en cuestión —la negativa—, sino por la conducta observada por el propio candidato de la Coalición por el Bien de Todos". En esta tesitura, le echa en cara su inasistencia al primer debate entre los candidatos presidenciales para afirmar: "es inconcuso que esa actitud pudo disminuir su posición ante el electorado por ese rechazo a participar en una actividad que tiene fines netamente políticos y de promoción de los candidatos, así como de sus propuestas y planes de gobierno". Por si fuera poco, para que no quedara duda, el máximo tribunal electoral añadió que la conducta de Andrés Manuel pudo haber provocado "un efecto negativo en los electores que veían en dicho candidato una buena opción de política, o tal vez un rechazo por no exponer sus planes de gobierno o cualquier otra circunstancia relativa al cambio, reversión o repudio de la intención del voto"²⁶.

Lo que pretendió cuidar de manera particular el Tribunal fue la resolución sobre la revisión completa de la elección, o del "voto por voto", como diría la Coalición. En su argumentación, el Tribunal consideró como "improcedente" el recuento en todas las casillas porque la Coalición no impugnó "todos los distritos y se cuestionan todas las casillas". Para que no hubiera duda de que era improcedente la revisión generalizada de la elección, especificó que, aun en el supuesto caso de que la parte impugnadora hubiera "salvado las barreras procesales", no hubiera procedido el recuento puesto que los hechos invocados no estaban relacionados con la etapa del conteo de votos "en las mesas directivas de casilla o en los cómputos llevados a cabo por los consejos distritales"²⁷.

Sobre el particular, siguiendo el razonamiento de Carmen Alanís (2006: 54-55), la Coalición por el Bien de Todos impugnó en su conjunto la elección presidencial, solicitó la apertura de todos los paquetes electorales y que, en su caso, no se hiciera la declaratoria de presidente electo, pidiendo también que se acumularan sus demás impugnaciones en el juicio presentado ante el tribunal 15.

Sobre el particular, el Tribunal desestimó el recuento de todas las casillas con el argumento de que abrir los paquetes correspondía a otra etapa del proceso electoral y que tampoco se probaba el efecto directo de las situaciones motivo de queja con la intención de los votantes o el resultado de los resultados de los comicios; por lo mismo, solamente accedió a recontar 11 839 casillas (Alanís, 2006:54-55) .

En suma, se puede decir que el dictamen del TEPJF por sí mismo tiene los elementos que dan cuenta de un proceso electoral que no se ajustó a lo establecido por la ley y en el que el gobierno, el Ejecutivo Federal, los partidos políticos, empresarios, Iglesia católica y hasta actores extranjeros intervinieron indebidamente en el curso de la contienda, incurriendo en actos que habían sido sancionados por autoridades judiciales y muchos de ellos considerados como graves, además de que establece en su argumentación la incapacidad, torpeza o fragilidad del Consejo General del IFE y de su consejero presidente para poner orden en la disputa y garantizar un desarrollo y resultados que dieran certidumbre.

Por otra parte, dicho dictamen dio lugar a una discusión respecto a si su actuación se ajustó debidamente a la jurisprudencia, si asumió plenamente su responsabilidad, si observó escrupulosamente la dimensión en la que debió actuar, si no dejó de lado la responsabilidad de investigar a fondo las quejas de la Coalición inconforme y si no adoptó una resolución por presiones o consideraciones de orden político. La desaparición del encanto electoral se había consumado.

 

EL ESPEJO DEL PORVENIR

El proceso electoral del año 2006 seguramente será motivo de debate por mucho tiempo y objeto de estudio entre los analistas políticos y hasta, en su momento, de los historiadores. Por lo pronto todavía quedan muchos puntos que son motivo de discusión y que merecerán estudios más cuidadosos.

Algunos de los temas que estarán en esta situación son los siguientes: el del comportamiento del PREP, sobre el cual la postura oficial afirma que el desarrollo de las cifras en el curso de información del avance del conteo, cuando apartir de las 20:00 horas del día 2 de julio se mantuvo una línea sin variación en la sumatoria de votos de los dos candidatos principales, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, y una ventaja constante del primero de alrededor de un punto porcentual, se explicaría por la aletoriedad en la llegada de la información y porque primero llegó la de las zonas urbanas, donde el candidato panista tenía ventaja, y luego la de las rurales. No obstante, lo que seguirá poniendo en duda esta versión es que el cruce de las tendencias solamente se dio antes de que fuera de dominio público el comportamiento de la base de datos y no después, siendo una elección tan cerrada; además, seguirá llamando la atención que en un país en el que las opciones políticas están diversificadas —salvo en algunas regiones—, no se hubiera manifestado en el comportamiento del concentrado de la información y de que la proveniente del Distrito Federal hubiera sido de las últimas en llegar al centro de acopio, cuando se trata del medio urbano por excelencia²⁸.

Otro tema de discusión se refiere a si se realizó un fraude a la antigüita, junto con una manipulación informática y presión política sobre los magistrados del Tribunal Electoral para que validaran la elección. En esta dirección se maneja la versión del tipo de papel que desempeñó la lideresa del magisterio, Elba Ester Gordillo, a favor del candidato panista, la actitud del Consejo General del IFE durante el proceso electoral y el tipo de dictamen del mencionado Tribunal, el cual manifiesta una intensa discusión entre los magistrados, puntos de vista encontrados y un acuerdo de dictamen negociado.

No obstante, los puntos que ponen en duda esta versión radican en la coincidencia de tendencias y resultados de la intención de voto a finales del mes de junio, las tendencias de las encuestas de salida el día de la elección, el conteo rápido, el PREP, el cómputo distrital y el resultado final emitido por el tribunal, consistente en perfilar como ganador, con una escasa ventaja, al candidato del PAN. Por lo mismo, la mayoría de las encuestas de intención de voto a finales del mes de junio dieron un empate técnico entre el candidato panista y el perredista y una ligera ventaja a este último en las últimas que se realizaron²⁹, en tanto que las encuestas de salida arrojaron en su mayoría una ligera ventaja para Calderón, con excepción de tres que daban empate y dos que dieron ventaja a López Obrador hacia las 11 de la noche del día 2 de julio³⁰. Los resultados del PREP dieron una ventaja de 1.05 puntos porcentuales a Calderón, sin tomar en cuenta las actas con inconsistencias, cifra que se redujo a 0.62% con la suma de votos de las actas inconsistentes³¹, tendencia que se repetiría con una ligera disminución —0.58%— en el resultado final del cómputo distrital³², y que se confirmaría en el resultado final de la elección dado por el Tribunal al dar por ganador a Felipe Calderón con un pequeño margen de ventaja de 0.56 % sobre su principal oponente³³. Empero, es obligado decir que esa diferencia de votos entre el primero y segundo lugares se quedó en los márgenes de error aceptados.

Además de confirmar lo cerrado de la votación y de expresar la constante tendencia ganadora del candidato de Acción Nacional, los datos mencionados plantean la interrogante de por qué Felipe Calderón y su entorno no asumieron una actitud más activa y propositiva en la fase de la crisis poselectoral, como por ejemplo, una posición favorable al recuento de los votos o la búsqueda de una intermediación que posibilitara el regreso a la confianza y certidumbre en el instrumento electoral, al igual que en los resultados. Si se atiende la espléndida crónica realizada por Salvador Camarena acerca del impacto de la crisis en el equipo cercano a Calderón, pareciera que predominó el temor de que aparecieran más inconsistencias e irregularidades en el recuento, así como la preocupación de no caminar por el sendero de la anulación de la elección al que llevaba la estrategia de la Coalición (Camarena y Zepeda Patterson, 2007:186).

De igual manera, se requiere de más análisis sobre el dictamen del Tribunal Electoral puesto que presenta contradicciones que manifiestan posiciones encontradas y tensiones; también hace falta conocer con más detalle el verdadero impacto político de la lideresa del magisterio en la elección y el papel que desempeñó su partido Nueva Alternativa; por último, todavía se carece de un recuento detallado acerca de cómo se dio y se vivió el proceso electoral en la Coalición por el Bien de Todos, del comportamiento de sus tribus y hasta del impacto que tuvo la estrategia poselectoral de su candidato, tanto en el partido como en los sucesos de toma de posición del nuevo presidente constitucional en el Congreso de la Unión.

Por lo pronto, apuntemos algunas conclusiones que se extraen del ensayo:

1. La alternancia implicó la desarticulación de la presidencia en su ejercicio tradicional del poder; los hilos y vasos comunicantes se debilitaron y algunos desaparecieron al perder el partido hegemónico ese espacio estratégico de autoridad. El efecto fue múltiple: el PAN tuvo acceso al Ejecutivo Federal, pero no a su ejercicio de poder tradicional; la institucionalidad política se convirtió, para unos, en un repliegue, en abandono de plazas, en destituciones o en pactos mínimos de sobrevivencia. Lo cierto es que el gobierno de Fox no pudo llenar ese vacío, ni el voto útil se convirtió en un proyecto de mayor alcance; su presidencia representó el agotamiento de un modo de ejercicio del poder y la expresión de una ambigüedad —propia de los tiempos— que en ocasiones dejó de ser el bosquejo de una nueva institución presidencial para volverse, en parte debido a sus propias decisiones, una caricatura encarnada en contradicciones verbales y en cascada de ocurrencias. Todo ello expresó el vaciamiento del poder presidencial.

Este proceso inicial alcanzó un primer grado crítico en el propio diferendo electoral de quien ganó la presidencia de la República. Los dos actores políticos más importantes involucrados, López Obrador y Felipe Calderón, por diferentes motivos, apuntan a reforzar el papel del Congreso.

2 . El maridaje político poselectoral, particularmente entre el PRI y el PAN, expresa la fractura del viejo orden que, desde la década de 1980, se ahonda y ramifica.

Adversarios políticos de hace una década aparecen hoy como aliados. Quienes pregonaban por el respeto a la ley, levantaron la bandera de la legitimidad democrática como justificación de la movilización ciudadana; los viejos defensores de la institucionalidad y promotores del fraude como mecanismo de acceso al poder resultaron sus más aguerridos opositores.

El directorio político, con algunas nuevas inclusiones, no deja de ser, en lo fundamental, casi el mismo que el de hace dos décadas. Lo que se ve como factores de incertidumbre e incluso de confusión, pudiera ser, en el mejor de los casos, el efecto de una depuración paulatina cada vez más veloz que está desencadenando la aparición de escenarios de mayor confrontación, sin los instrumentos del control político del viejo régimen autoritario.

3 . A reserva de disponer de estudios y evidencias más precisas sobre el comportamiento de la elección presidencial y respecto a la confiabilidad al grado de validez de los resultados, se generó un conflicto social y político que debe ser tratado como tal. Esto quiere decir que las posiciones que hacen una defensa a ultranza del triunfo del candidato conservador o de quienes argumentan un gran fraude electoral no han sido útiles para encauzar el descontento e impulsar la agenda de pendientes para avanzar hacia el cambio democrático.

4 . Mientras México tenía pendiente la agenda del perfeccionamiento y consolidación de la democracia electoral, se agregó la difícil tarea de retomar la senda del estado de derecho, la reforma de las instituciones y hasta la definición de una estrategia que volviera a hacer creíble el espejismo de la democracia. Incluso, se planteó el dilema de los consejeros del IFE, quienes se empeñaron en demostrar la claridad del proceso, su discutible buena actuación y hasta la persistente e incómoda defensa de sus nombramientos, sus canonjías y sus excesos, de forma tal que se puso en la agenda política la búsqueda de un mecanismo no oneroso para la República y que resolviera su saludable sustitución.

5 . El problema que vive México es responsabilidad de las fuerzas políticas y de los impulsos sociales de diverso signo, aunque se confía que la crisis no cancele esfuerzos de negociación ni aniquile los liderazgos y visiones con los que se puede construir otro modelo de país en la globalización.

Es necesario definir los espacios garantes de la democracia; retomar la tarea política abandonada seis años atrás y poner en el centro de la acción de gobierno y de la sociedad la necesaria redefinición del estado nacional en la era de la globalización y la democracia política.

Las diferencias entre los actores hoy confrontados deben encontrar un horizonte que supere lo inmediato del proceso electoral y sus resultados, que apunte a la definición y compromiso de las tareas del cambio, que fortalezca el proceso democrático hoy golpeado, y que evite una mayor dislocación donde las mafias de tinte político y el crimen organizado se apropien de los vacíos democráticos que la clase política está provocando. Es una responsabilidad que va más allá de un resultado electoral y que tiene que ver con la dinámica de transformaciones más profundas que debería llevar, en el mejor de los casos, a los actores políticos a entender su etapa histórica.

 

Bibliografía

Aguilera de Prat, Cesáreo R. y Joseph M. Renieu Vilamala, 2006, El proceso electoral federal mexicano del 2 de julio de 2006. Antecedentes, estrategias políticas y resultados electorales, CIDOB, España (col. Documentos América Latina, 17), <www.cidob.org>         [ Links ].

Alanís F., Carmen, 2006, "La última palabra", Voz y Voto, núm. 163, septiembre, pp. 52-57.         [ Links ]

Andrade Sánchez, Eduardo, 2006, "Tribunal excedido", Voz y Voto, núm. 164, octubre.         [ Links ]

Basáñez, Miguel, 2006, "País heterogéneo, no dividido", Letras Libres, septiembre, núm. 93, pp. 40-43.         [ Links ]

Berman, Sabina, 2006, Un soplo en el corazón de la patria. Instantáneas de la crisis, Planeta, México.         [ Links ]

Camarena, Salvador y Jorge Zepeda Patterson, 2007, El presidente electo. Instructivo para sobrevivir a Calderón y su gobierno, Planeta, México.         [ Links ]

Consejo Vargas, Alberto, 2006, "Que tanto es tantito", Voz y Voto, núm. 164, octubre, pp. 16-19.         [ Links ]

Cuéllar, Mireya, 2003, "Diferencias entre Gordillo y Madrazo detienen la designación del nuevo IFE", La Jornada, 31 de octubre.         [ Links ]

Guerra Ochoa, Juan, 2004, "La toma del IFE", Memoria, núm. 182, abril.         [ Links ]

Instituto Federal Electoral (IFE), 2006a, Elecciones federales 2006. Encuestas y resultados electorales, México.         [ Links ]

----------, Elecciones federales 2006. Justicia electoral, México.         [ Links ]

----------, Elecciones federales 2006. Equidad y transparencia en la contienda electoral, México.         [ Links ]

Jalife, Salma, 2006, "PREP: manual no leído", Voz y Voto, núm. 164, octubre, pp. 50-53.         [ Links ]

Medina Peña, Luis, 1995, Hacia el nuevo estado mexicano 1920-1994, Fondo de Cultura Económica, México.         [ Links ]

Morales L., Rodrigo, 2006, "Reforma electoral: vueltas a la noria", Voz y Voto, núm.164, octubre, pp. 30-34.         [ Links ]

Murayama, Ciro, 2006, "El fraude del fraude", Nexos, septiembre, núm. 345.         [ Links ]

Romero, Jorge Javier, 2006, "En defensa propia", Nexos, núm. 344, agosto.         [ Links ]

Silva-Herzog Márquez, Jesús, 2006, "Antier y mañana", Voz y Voto, núm. 161-162, julio-agosto, pp. 66-68, México.         [ Links ]

Tello Díaz, Carlos, 2007, 2 de julio, Planeta, México.         [ Links ]

Woldenberg, José, 2006, "Lo bueno, lo malo y lo peor", Nexos, agosto.         [ Links ]

 

Notas

* Reconozco y agradezco a Demetrio Medina por la eficiente y atinada búsqueda de la información.

¹ Cfr. el artículo de Miguel Basáñez, "País heterogéneo, no dividido" (2006), en el que se refiere a la corta edad de la democracia electoral en México y a la herencia histórica de regímenes autoritarios; sobre el cambio político en México se sugiere consultar a Luis Medina Peña (1995), y sobre los cambios políticos de las últimas décadas, el ensayo de Jesús Silva-Herzog Márquez (2006: 66-69).

² El mismo día de la elección, por la mañana, el vocero del PRD, Duarte, declaró su pleno convencimiento de que "los instrumentos electorales que se han dotado por parte del Instituto Federal Electoral tienen un rango de aceptabilidad que nos permite concluir el día de hoy la jornada electoral con buenos resultados", en Ciro Murayama, 2006, y Carlos Tello Díaz, 2007: 14-16.

³ Como sugiere Sabina Berman, los tropiezos del proceso electoral y de su resultado son una "piedrita" en el zapato el PAN porque "mantendrá una sombra de duda sobre el presidente panista el sexenio entero", en tanto que para la izquierda puede ser la causa de que se le margine durante el sexenio o el "lastre que hundirá su futuro próximo" (2006: 70-71).

⁴ Para un análisis pormenorizado del comportamiento electoral se sugiere consultar: Cesáreo R. Aguilera de Prat y Joseph M. Renieu Vilamala (2006), particularmente el acápite "Los resultados electorales" Este documento en línea adolece de una falta de perspectiva histórica del proceso electoral y de una inclinación por la constitución de un gobierno de coalición dado el resultado electoral, pero el análisis electoral es interesante.

⁵ Entre los motivos que jugaron en el desacuerdo se mencionan los siguientes: empecinamiento del PRD para que algunos consejeros salientes fueran incluidos en el nuevo Consejo; determinación del PRI en que no fuera electo ninguno de los consejeros anteriores; decisión del PAN de llegar a un acuerdo con el respaldo del PRI. Sobre el particular se sugiere consultar: de Juan Guerra Ochoa, El nuevo consejo general del IFE, en <www.prd.org.mx/ierd/coy117-118/jgo1.htm>, y "La toma del IFE", 2004; Mireya Cuéllar, "Diferencias entre Gordillo y Madrazo detienen la designación del nuevo IFE", 2003.

⁶ En el caso del PAN fue el expediente conocido como los "Amigos de Fox", en tanto que el PRI enfrentó el denominado "Pemexgate"; en el año 2003 a este último partido se le aplicó una multa de mil millones de pesos, en tanto que al primero se le asignó una de 360 millones por rebasar topes de campaña y recibir dinero ilícito de particulares; en la revista Memoria, núm. 182, abril de 2004, <Méx./www.memoria.com.mx/node/337>.

⁷ El 22 de junio de 2006, a unos días de la elección, el Consejo General acordó cuatro comunicados del conteo rápido según el resultado, con 10 cual no sólo se amarró de manos para evitar abonar al desconcierto poselectoral sino que, además, funcionó como grillete para no reaccionar con la rapidez necesaria, sometiéndose aún más al dictado de los partidos, particularmente del PRI. Véase el "Acuerdo 4", CG144/ 2006, del Consejo General del IFE; Salma Jalife (2006: 50-56); sobre el desconcierto y la reacción de los partidos al momento de dar a conocer el conteo rápido, Carlos Tello Díaz (2007: 124-126).

⁸ Desde febrero de 2006 el Consejo General del IFE precisó y endureció los criterios para sacar del cómputo del PREP las actas con inconsistencias. Para la elección presidencial del 2006 no fueron contabilizadas 11 184 actas, lo que dio una porcentaje de 1.04 entre el primero y segundo lugar, el cual se redujo a 0.62 al ser tomadas en cuenta. Este elemento explica la importancia de haber comunicado la existencia y volumen de las actas con inconsistencia, sobre todo en una votación en la que la diferencia entre el primero y segundo lugar era menor a un punto porcentual. Véase IFE (2006a: 41); Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral al Consejo General, sobre la operación y cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en <www.ife.org.mx/docs/internet/Docs_estaticos/Proceso2005_2006/informes_prep/INFORMEFINALPREP.pdf>.

⁹ En la resolución CG77/2006, de fecha 21 de abril, el TEPJF declaró fundada la queja de la Coalición por el Bien de Todos contra el PAN y le ordenó modificar el promocional "que se considera contrario al orden constitucional y legal", en el que se compara a Andrés Manuel López Obrador con el presidente Chávez de Venezuela, se formulan acusaciones dolosas relacionadas con la construcción del segundo piso del periférico, se usa indebidamente la voz e imagen de la escritora Elena Poniatowska, etc. En sentido similar se estableció la resolución CG125/ 2006 del 31 de mayo y la CG135/2006 del PAN contra la Coalición. En la presentación ante medios del Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral se decía: "nunca como hoy hemos vivido campañas de tanta intolerancia y de una belicosidad tan riesgosa, donde el ataque siempre ha prevalecido sobre las propuestas y el debate de ideas", en <www.obselec.unam.mx>. Inclusive, en el Dictamen relativo al cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicano. Declaración de validez de la elección y de Presidente electo, del 5 de septiembre de 2006, el propio TEPJF acepta tal tipo de guerra sucia, aunque desestime su impacto en el electorado. Para una idea más precisa del nivel de la confrontación ruda, van algunos datos: entre la elección de 2000 y la de 2006, las quejas presentadas al IFE por intervención de autoridades en la contienda pasó de 16 a 211; por la presencia de elementos religiosos, de 7 a 15, y por el uso de elementos ofensivos, denigrantes o calumniosos en la propaganda electoral, pasó de 22 a 76, en IFE (2006b), Carlos Tello Díaz (2007: 115-131). Para un recuento detallado de cómo el candidato del PAN inició la guerra sucia, aún con la supuesta reserva de Josefina Vázquez Mota y la relevancia que tuvo en la campaña de Calderón, consúltese el texto de Salvador Camarena en el libro publicado con Jorge Zepeda Patterson, El presidente electo. Instructivo para sobrevivir a Calderón y su gobierno (2007: 115-131); en este mismo recuento el autor transcribe una conclusión del grupo de estrategas del candidato panista: "Lo que al final nos dio la victoria fue el tema del empleo, y la campaña negativa fue la que posicionó eso", p. 129.

¹⁰ Según información de Alianza Cívica, de su proyecto Monitoreo de Programas Sociales, del corte del 6 de junio, ésta confirmó que se seguían utilizando la compra y coacción de votos mediante la inducción del voto y la amenaza de cancelar el beneficio del programa si no se votaba por tal candidato. Los programas más utilizados eran el Seguro Popular, seguido por Procampo, Empleo Temporal y los estatales; asimismo, los principales oferentes fueron los presidentes municipales responsables de programas y los maestros; además, los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, México, Sinaloa, Durango y San Luis Potosí fueron los de mayor incidencia. Finalmente, reportan testimonios de los partidos que sutilizaron programas federales para la compra de votos, siendo los más activos el PRI, el PAN y el PRD, en orden de importancia; en Segundo balance ciudadano, 21 de junio, en <www.obselec.unam.mx>.

¹¹ La participación de los empresarios en contra del candidato de la Coalición llevó a que el presidente del Consejo enviara una comunicación a 14 organizaciones empresariales para que se abstuvieran de realizar actividades "que pudieran interpretarse como un mecanismo o coacción del voto", actitud que también sería reconocida por el tribunal electoral, en IFE (2006c: 27).

¹² En los folletos de sabor exculpatorio que editó el IFE sobre las elecciones, se informa profusamente sobre la presencia de los candidatos en los medios de comunicación, de lo cual se desprende que si bien el candidato de la Coalición tuvo una presencia significativa en promocionales en televisión y radio, al parejo que los otros dos cercanos contendientes, e incluso más en televisión, y que fue el que más se benefició de menciones en estos medios, también ocurrió que fue quien recibió el más alto porcentaje de menciones negativas, seguido del candidato priísta y luego del panista; en IFE (2006c: 55-83).

¹³ Por la participación de José María Aznar, el PAN fue sancionado bajo el supuesto de que había incumplido el deber de rechazar apoyo propagandístico de personas provenientes del exterior, aunque el TEPJF no llegó a más por estimar que el PAN no tenía conocimiento previo del discurso de Aznar y porque no tenía la intención de perturbar el orden público, además de que tampoco estaba demostrado que el partido estuviera subordinado a sus dictados; en Dictamen relativo al cómputo final de la elección..., op. cit.

¹⁴ El Dictamen de validación de la elección del TEPJF (ibid.) hace constar las intervenciones del Consejo Coordinador Empresarial: "ambos spots constituyen no sólo un posicionamiento de carácter político realizado en el tramo final de la campaña electoral [...] por el Consejo Coordinador Empresarial, sino que, en forma inequívoca y en forma expresa llevan un doble mensaje" en el sentido de que crecer era el único camino para México y que "apostarle a algo distinto es retroceder"; de igual manera sanciona la intervención de las empresas Sabritas y Jumex, de Victor González Torres (que hizo campaña hasta el final sin estar registrado) y de la Iglesia católica. En esta misma dirección, el citado Comité Conciudadano, en su Segundo balance ciudadano, del 21 de junio, advirtió sobre "la intervención de diversos actores en las actividades de promoción del voto, como son las cámaras y consejos empresariales, las iglesias, los sindicatos y diversas organizaciones sociales", en <www.obselec.unam.mx>.

¹⁵ IFE, 2006b: 49.

¹⁶ IFE, 2006b: 27-33.

¹⁷ IFE, 2006c: 16.

¹⁸ Proceso, 18 de febrero de 2002; El Universal, 13 de febrero de 2006; Excélsior, 6 de noviembre de 2006.

¹⁹ Manuel Espino reveló que le había comentado a Vicente Fox, en los días del conflicto por el desafuero, que en esa empresa no lo acompañaría el partido dado que, a un año de las elecciones, lo importante era ganar la elección y de que, con ese tipo de acciones, ya la estaban perdiendo. La información se dio a conocer en una entrevista realizada en el programa radiofónico Monitor MVS y difundida por los otros medios de comunicación; se puede consultar en el periódico El Universal del 18 de octubre de 2006.

²⁰ IFE, 2006c: 49-50; Rodrigo Morales L., 2006: 33.

²¹ Con fecha 23 de febrero, el ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la "suspensión de la difusión de los spots publicitarios en medios electrónicos, escritos, gráficos y de cualquiera otra índole que no contuvieran las leyendas correspondientes o se utilizaran con fines de promoción de la imagen institucional, incluyendo la del titular del Ejecutivo Federal" Esta resolución fue impugnada por el propio Ejecutivo pero refrendada, por unanimidad, por el pleno de la Suprema Corte con fecha 3 de abril de 2006, en Dictamen relativo al cómputo final de la elección., 5 de septiembre de 2006.

²² Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Declaración de validez de la elección y de presidente electo, 5 de septiembre de 2006. El consejero electoral Rodrigo Morales reconoció, aunque tardíamente, que "las declaraciones y la actividad del presidente de la República fueron un elemento de irritación durante una parte importante del proceso", en Rodrigo Morales, 2006: 33.

²³ IFE, 2006a: 25-28, IFE, CG144/2006, Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueban diversas disposiciones relativas a la realización y difusión del ejercicio de conteo rápido, el día de la jornada electoral del 2 de julio de 2006; para una crónica detallada de lo sucedido poco antes y después de darse a conocer el conteo rápido, consultar a Carlos Tello Díaz, 2007: 124-159.

²⁴ Cfr. Jorge Javier Romero, 2006; José Woldenberg, 2006; también se puede consultar el Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Declaración de validez de la elección y de presidente electo, y el comunicado de prensa del Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral, del 18 de julio de 2006, en el que se menciona que a la falta de certeza de los resultados electorales se suma la ausencia de representantes de partido en un número considerable de casillas, la deficiente capacidad de funcionarios de casilla y el relajamiento de los criterios de aleatoriedad "y en las causas de las sustituciones de funcionarios de casilla, así como sustituciones de última hora", en <www.obselec.unam.mx> .

²⁵ En opinión de Alberto Consejo Vargas, el Tribunal contravino una resolución previa que había sentado jurisprudencia, en la que se fundamentaba la "nulidad abstracta" en aquellos casos en los que se hubiera vulnerado uno de los principios constitucionales que deben regir los comicios. Además, estima que la autoridad electoral no investigó a fondo las irregularidades presentadas por la Coalición, las cuales aceptó que existieron pero que desechó por no haber sido acompañadas de los necesarios elementos probatorios. En esta circunstancia, a su juicio, el común denominador del Tribunal fue desechar la argumentación del quejoso por considerar que no se disponía de los elementos probatorios para demostrar que habían incidido en un cambio de decisión de los electores, por lo cual no se allegó de los recursos necesarios para validar la elección (Consejo Vargas, 2006: 17-18).

²⁶ Sobre el particular, Eduardo Andrade Sánchez escribe: "En su declaratoria [el Tribunal] plantea un conjunto de reflexiones de naturaleza política que tienen que ver con el contenido de la propaganda o con el carácter de las expresiones vertidas por los candidatos para tratar de adivinar cuál podría ser el impacto de esos acontecimientos en la voluntad de los electores e incluso se anima a decir que no cuenta con instrumentos idóneos que hagan mensurable dicho impacto, pero que si los tuviera, estaría en condiciones de anular la elección presidencial" (2006: 13-14).

²⁷ Las partes relativas a la resolución del Tribunal y los entrecomillados fueron tomados del Dictamen relativo al cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Declaración de validez de la elección y de presidente electo, del 5 de septiembre de 2006.

²⁸ Sobre el particular se puede consultar la documentación siguiente: IFE, 2006a: 46-53; Salma Jalife, 2006; Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto..., op. cit.; Informe final de los trabajos del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (Cotaprep), con fecha 21 de septiembre de 2006.

²⁹ Cesáreo R. Aguilera de Prat y Joseph M. Reniu Vilamala, 2006: 108; IFE, 2006a: cuadro 3, pp. 15-17.

³⁰ Carlos Tello, 2007: 114.

³¹ IFE, 2006a: cuadros 13,14 y 15, pp. 42-43.

³² IFE, 2006a: cuadro 27, p. 67.

³³ IFE, 2006a: cuadro 31, p. 72.

 

Información sobre el autor:

Rafael Loyola Díaz. Profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Actualmente es secretario técnico de Investigación y Vinculación de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Doctor en historia y civilizaciones por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, París. En este momento desarrolla el proyecto "Ciencia, Estado y sociedad en México en la era de la globalización en perspectiva comparada. Balance y horizontes de la política científica". Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y de la Academia Mexicana de Ciencias, y también del Comité Consultatif de Déontologie et d’Éthique (CCDE) del Institut de Recherche pour le Developpement (IRD), París. Distinguido con la condecoración Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, otorgada por la República de Francia en 2004. Ha participado en más de un centenar de eventos académicos nacionales e internacionales, varios de ellos sobre gestión de recursos en las ciencias sociales y las humanidades, políticas públicas en ciencia y tecnología, perspectivas de la ciencia en México, cooperación internacional y acerca del sistema político mexicano, entre otros. Es autor de seis libros y más de setenta publicaciones en capítulos de libro y artículos sobre historia, elecciones, partidos políticos y políticas en ciencia y tecnología. Líneas de investigación: historia política y sociología política, ha trabajado sobre las décadas de 1920 y 1940 en México, elecciones locales y federales, y actualmente sobre política en ciencia y tecnología, y cooperación internacional.