Esquinas

 

Un país, dos electorados. El caso de Costa Rica (1890-1950)*

 

Iván Molina Jiménez*

 

*Profesor de la Escuela de la Universidad de Costa Rica. Actualmente realiza una investigación sobre el desempeño electoral del Partido Comunista costarricense entre 1931 y 1948.

 

La pregunta que originó el presente artículo fue una de índole metodológica: ¿cómo caracterizar a escala nacional, en términos demográficos, étnicos y culturales, a un electorado del pasado y, a la vez, identificar los principales cambios que experimentó a largo plazo? La complejidad de esta cuestión se aprecia mejor cuando se considera que interrogantes como la anterior en el caso de las y los votantes de finales del siglo XX son posibles de responder por la existencia de un amplio conjunto de datos estadísticos oficiales y no oficiales, de diferenciada cobertura geográfica;¹ pero la escasez o ausencia de tales materiales para otras épocas, en especial antes de 1950,es un primer obstáculo a vencer para tratar de aproximarse a quienes, otrora, eran periódicamente convocados a asistir a las urnas.²

 

1. INSCRIPCIÓN ELECTORAL Y ASISTENCIA A LAS URNAS

El caso de Costa Rica es un laboratorio apropiado para emprender el experimento metodológico ya expuesto, por tres razones básicas: desde 1889, cuando se constituyeron los primeros partidos políticos, el país gozaba de una trayectoria de prácticas electorales que no fue interrumpida por la breve dictadura de los Tinoco (1917-1919) ni por la guerra civil de 1948.³ Desde el siglo XIX se han efectuado censos nacionales de población de una calidad aceptable, con un subregistro usualmente inferior al 10 por ciento;⁴ y entre 1871 y 1948 estuvo vigente la Constitución de 1871, que autorizaba para votar a todos los costarricenses varones de 20 años y más, o de 18 años y más si estaban casados o eran profesores de alguna ciencia.⁵

Aparte de la edad y el sexo, el votante no tenía que satisfacer otros requisitos, ya que no se le exigía que estuviera alfabetizado y, en cuanto a su situación económica, lo único que estableció la Constitución fue que debía contar con un ingreso que le permitiera vivir de acuerdo con su condición social. Esta disposición tan poco restrictiva se reflejó en una elevada inscripción: según el censo electoral de 1885, estaban inscritos para votar el 62.7 por ciento de todos los varones costarricenses de veinte años y más.⁶ Esta proporción es muy superior a la encontrada, por ejemplo, para la Argentina de la década de 1890,donde sólo la mitad de población elegible para votar estaba inscrita en Buenos Aires, en tanto que en las provincias la cifra era todavía más baja: entre un 5 y un 15 por ciento.⁷

Si bien en Costa Rica la inscripción bajó a un 50 por ciento en la década de 1890,durante los gobiernos autoritarios de José Joaquín Rodríguez (1890-1894) y Rafael Iglesias (1894-1902), a comienzos del siglo XX se elevó hasta abarcar prácticamente a todos los varones costarricenses hábiles para votar. Entre 1913 y 1948, el tamaño del electorado fue más sobrevalorado que subestimado, y en las pocas ocasiones en que esto último ocurrió, la proporción en que lo fue osciló entre un máximo del 4 y un mínimo del 0.4 por ciento. El aumento en la inscripción no fue producto de ninguna reforma legal, sino de la intensificación de la competencia entre los partidos, una vez que Iglesias dejó el poder en 1902 y se dio una progresiva apertura democrática. A tono con esta tendencia, la asistencia a las urnas en las elecciones presidenciales (medida como una proporción del total de votos emitidos con respecto a la población masculina del país calificada para sufragar) ascendió de casi un 40 por ciento en las elecciones de 1897 y 1901 a un promedio de 70 por ciento en las de 1905 y 1909.⁸

La asistencia a las urnas subió todavía más a partir de 1913,cuando se aprobó el voto directo (antes las elecciones eran de dos grados, en las primarias los votantes escogían electores, y en la segunda vuelta, estos últimos elegían al presidente, a los diputados y a los regidores municipales). En los comicios presidenciales del período 1913-1948 la participación electoral fue, en promedio, de un 74.1 por ciento, una cifra que supera en mucho, por ejemplo, la proporción respectiva para las votaciones colombianas de 1922 y 1930 (alrededor de un 48 por ciento).⁹ Fue, de nuevo, la creciente competencia electoral —en particular los esfuerzos de los partidos por inscribir y movilizar al mayor número de votantes— lo que condujo a que el abstencionismo fuera tan bajo.

La estabilidad institucional que prevaleció a partir de 1871, la ausencia de profundos conflictos étnicos o de clase, la exclusión de las mujeres del derecho al sufragio (la cual sólo se eliminó en la Constitución de 1949),¹⁰ la prácticamente total inscripción electoral de la población masculina nacional de 20 años y más y el elevado porcentaje de asistencia a las urnas, son todas condiciones que facilitan utilizar provechosamente los valiosos datos censales para tratar de caracterizar al electorado costarricense de la última década del siglo XIX y la primera parte del XX. El período escogido se ubica, precisamente, entre dos censos nacionales cercanos a dos eventos políticos claves: el de 1892, efectuado tres años después de la campaña de 1889, base de la competencia electoral entre los partidos, y el de 1950, que se realizó a un bienio de distancia de la guerra civil de 1948, a resultas de la cual Costa Rica experimentó una transformación social y estatal sin precedente.¹¹

Los censos de 1892 y 1950 ofrecen datos bastante detallados sobre la distribución geográfica de la población según grupo de edad y sexo, su nivel de alfabetismo y su ocupación.¹² La información de este último tipo, sin embargo, está mucho más completa para los hombres, razón que explica por qué la exclusión femenina del derecho a votar facilita el examen de un electorado que era completamente masculino. El censo de 1950 permite descartar a los extranjeros y a los varones de menos de 20 años que integraban la población económicamente activa (PEA). En el de 1892, es imposible efectuar tales deducciones, pero tal sesgo es limitado porque la proporción de foráneos era mínima (menos del 3 por ciento del total de almas) y era muy pequeño el contingente de jóvenes menores de veinte años incluidos en la PEA.¹³

 

2. CENTRO Y PERIFERIA

Evidentemente, todo intento por examinar el electorado costarricense de la primera mitad del siglo XX debe partir de las importantes diferencias regionales que han caracterizado históricamente a Costa Rica. Al igual que en el presente, en el período 1890-1950, el país estaba dividido en siete unidades administrativas, a saber, San José, asiento de la capital, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón (véase el mapa 1).¹⁴ En las cuatro primeras provincias, se ubica lo que se conoce como el Valle Central, un área de apenas 3 200 kilómetros cuadrados (el 6.4 por ciento del territorio nacional), en la que vivía el 61 por ciento de la población en 1927.¹⁵

Epicentro del cultivo del café, el Valle Central se ha caracterizado por la importancia que han tenido los pequeños y medianos productores agrícolas. En tal área, además, se ubican las ciudades principales, cuya irradiación cultural sobre el espacio agrario circundante se acrecentó a medida que avanzó el siglo XX. Como lo señaló el futuro diplomático estadounidense, Dana G. Munro, en 1918, 'cuán elevado es el porcentaje de alfabetización es evidenciado por la gran circulación de los periódicos en los distritos rurales".¹⁶ Por último, la población mestiza del Valle Central, que se consideraba a sí misma "blanca",¹⁷ fue la principal beneficiaria de las políticas de sanitarias y escolares emprendidas por el Estado liberal desde fines del siglo XIX.

La provincia de Guanacaste, a diferencia del Valle Central, se caracterizaba por un campesinado pobre, de fuertes raíces mulatas e indígenas y por la presencia de grandes propiedades dedicadas a la ganadería extensiva, y de compañías mineras extranjeras. En Limón, que fue el eje de la actividad bananera controlada por la United Fruit Company hasta principios de la década de 1930, prevalecían los obreros agrícolas y había una fuerte presencia de inmigrantes afrocaribeños (anglófonos) y nicaragüenses. Y Puntarenas, a cuya zona sur se trasladó la United en la década de 1930, se caracterizaba también por áreas ocupadas por campesinos pobres y por obreros agrícolas. En tales provincias, en las que residía también la mayor parte de la reducida población indígena del país (cerca del 1 por ciento en 1927), los servicios en salud y educación eran menores.¹⁸

A tales diferencias socioculturales, se agregaba un decisivo desequilibrio demográfico y, en última instancia, electoral, que dejó su impronta en los datos censales de finales del siglo XIX y principios del XX. San José, Alajuela, Cartago y Heredia concentraban el 80.4 por ciento de los varones costarricenses de 20 años y más en 1892,el 79 por ciento de esos varones en 1927 y el 73.2 por ciento de los mismos en 1950. Así, la distribución espacial del electorado entre centro y periferia varió poco, en un proceso en el cual la proporción de votantes correspondiente a Guanacaste, Puntarenas y Limón aumentó de 19.6 a 26.8 por ciento entre 1892 y 1950, es decir, apenas un 7.2 por ciento en casi sesenta años. Étnica, social y culturalmente distinta, la periferia también era electoralmente marginal, lo que colacaba a las comunidades ubicadas en esas áreas en una posición desventajosa para competir por la distribución del gasto público.

La particular combinación de condiciones que se dio en la Costa Rica periférica se expresó en ciertas especificidades propiamente electorales. En la década de 1930 se fundó en Guanacaste, el principal partido regional que compitió en la política costarricense del siglo XX, Con fraternidad Guanacasteca.¹⁹ Limón y Puntarenas, gracias al peso que tenían los trabajadores bananeros en los electorados de esas provincias, se convirtieron en plazas fuertes del Partido Comunista, fundado en 1931. Esta fuerte afiliación política se mantuvo aun después de la guerra civil de 1948, cuando los principales líderes de izquierda fueron encarcelados o exiliados, y sólo se extinguió en el curso de la década de 1980.²⁰

 

3. ELECTORADOS EN CAMBIO

La información precedente permite leer mejor los datos presentados en el cuadro 1, el cual destaca que el electorado costarricense experimentó un proceso lento, pero creciente, de urbanización. Si bien el porcentaje de población ubicada en ciudades y villas (es decir, en entornos urbanos y semiurbanos) pasó de 27.3 a 33.5 por ciento entre 892 y 950; cabe indicar que dichos espacios eran cualitativamente más urbanos en 950 que en 892. Este cambio cualitativo se aprecia en parte en la disminución de la población masculina ocupada en la agricultura, que bajó de un 74.8 por ciento en 892 a un 62.6 por ciento en 1950, un descenso mayor (casi en un 50 por ciento) que el aumento en la proporción de habitantes urbanos y semiurbanos.

En relación con lo anterior, cabe añadir que el porcentaje de varones de 20 años y más asentados en ciudades y villas superaba ligeramente la proporción de la población que residía en ellas. En 892,el porcentaje de población asentada en las principales ciudades del país (las capitales provinciales) era del 16.3 por ciento, mientras que el de varones de 20 años y más que habitaban dichas ciudades ascendía a un 17.1 por ciento. Y en 1950, el porcentaje de población costarricense (excluidos los extranjeros) asentada en ciudades y villas era del 33. por ciento, mientras que el de varones costarricenses de 20 años y más localizados en esos espacios alcanzaba un 33.6 por ciento.²¹

De acuerdo con el cuadro , ese proceso de urbanización del electorado se concentró en San José, Alajuela, Cartago y Heredia, donde la proporción de población en ciudades y villas aumentó en un 10.5 por ciento entre 1892 y 1950. Entre esos mismos años, el porcentaje de varones que laboraban en la agricultura disminuyó en un 17.3 por ciento, un indicador de los importantes procesos de diversificación y especialización ocupacional que tenían por escenario el universo urbano, y en especial los cascos de las capitales provinciales.²² Así, al contraste entre centro y periferia, se agregó a largo plazo una diferenciación cada vez más definida entre ciudad y campo.

En Guanacaste, Puntarenas y Limón la proporción de población asentada en ciudades y villas más bien disminuyó entre 892 y 950. Esta baja podría ser puramente ficticia, derivada de que en 950 se calculó con mayor precisión la población urbana y semiurbana que en 892. Sin embargo, que en esas provincias periféricas más bien aumentara levemente el porcentaje de varones ocupados en la agricultura, y que disminuyera también el número de trabajadores asalariados en el agro, son dos datos que indican el impacto de experiencias de colonización agrícola campesina y de ruralización de la población. Los estudios existentes confirman que hubo procesos de ese tipo en diversas áreas del Caribe y del Pacífico en las décadas de 930 y 940.²³

La incidencia de esos procesos migratorios sobre la dinámica electoral se aprecia en el cuadro 2, según el cual la inscripción de votantes, hacia 946, iba a la zaga de los movimientos de población. Al contrastar las estadísticas oficiales de personas inscritas para votar con una estimación de la distribución geográfica de los varones de 20 años y más calculada con base en el censo de 1950, resulta que en las provincias con mayores saldos positivos de migrantes (Puntarenas y Limón) el subregistro electoral era mayor. En cambio, en dos de las provincias que más expulsaban población (Alajuela y Cartago), el tamaño del electorado estaba significativamente sobre valorado. Inevitablemente, tales "deficiencias" en la inscripción de votantes se convertían, en vísperas de los comicios, en un factor que agudizaba las luchas entre los partidos.

El efecto de la migración sobre la dinámica electoral debe considerarse, además, en dos sentidos adicionales. En primer lugar, la dificultad para actualizar el registro electoral no se tradujo en bajos niveles de asistencia a las urnas, ya que como hemos visto, esta última fue casi de un 74. por ciento en los comicios presidenciales efectuados entre 1913 y 1948. No obstante, es posible que los problemas asociados con la inscripción contribuyeran a que el abstencionismo no fuera más bajo. Y en segundo lugar, el grueso de la migración de las décadas de 1930 y 1940 supuso traslados de población de los espacios rurales del centro a la periferia, un desplazamiento que contribuyó también, dadas las diferencias sociales y culturales entre un área y otra, a la modificación cualitativa a largo plazo del electorado periférico.²⁴

En virtud de lo expuesto, se entienden mejor las variaciones experimentadas por los porcentajes de jornaleros y asalariados, en el centro y la periferia, entre 1982 y 1950. Tales cifras, sin embargo, no son indicadores precisos de la diferenciación social, por dos razones principales. Por un lado, los jornaleros o asalariados de 950 lo eran más en este último año que en 892 ,cuando todavía un importante sector de peones podía disponer de pequeñas parcelas. Por otro lado, la población campesina del Valle Central era, en términos generales, menos pobre que la asentada en Guanacaste, Puntarenas y Limón, la cual disponía de un utillaje tecnológico más limitado, enfrentaba mayores problemas para el transporte y la comercialización de sus productos y se beneficiaba menos de las políticas públicas (por decirlo así, su salario "indirecto" era menor).

En efecto, en San José, Alajuela, Cartago y Heredia, la creciente diferenciación social, especialmente notoria en las áreas cafetaleras más antiguas, fue compensada de alguna manera por las políticas sociales del Estado liberal. A nivel nacional, la proporción del gasto público consagrada a educación, salud y obras públicas (que incluía también la construcción de infraestructura escolar y sanitaria) se elevó de 24.4 a 39.2 por ciento entre 1890-1901 y 1930-1939.²⁵ Aunque se desconoce aún cuál fue la distribución regional del gasto, la evidencia disponible indica que la mayor parte la capturó el centro. Como se aprecia en el cuadro ,esta área experimentó un importante proceso de alfabetización entre 1892 y 1950, el cual fue más limitado en Guanacaste, Puntarenas y Limón. El mayor impacto del gasto público en el centro fue potenciado por la concentración de la población en un espacio muy pequeño, mientras que los habitantes de la periferia estaban mucho más dispersos. En 1927, la densidad demográfica en el Valle Central y en el resto del país ascendía, respectivamente, a 88 y diez personas por kilómetro cuadrado.²⁶

La disminución de la proporción de varones ocupados en el agro en las provincias centrales fue acompañada por una diferenciación social creciente, muy visible hacia 1950, cuando seis de cada diez de ellos fueron clasificados como asalariados. Según el cuadro 3, en las distintas actividades económicas, los trabajadores por cuenta propia y familiares sin remuneración tenían más importancia en la periferia que en el centro. De esta tendencia se exceptuaban los que laboraban en servicios y transportes, contraste que podría explicarse porque en Limón y Puntarenas se ubicaban los principales puertos del país, con la consiguiente concentración de fuerza de trabajo asalariada.

En el mundo rural, de acuerdo con el cuadro 3, se perfilaban dos modelos de relaciones sociales: la de los asalariados con respecto a sus patronos, y la de los familiares sin remuneración con respecto a los jefes de familia (típicamente, trabajadores por cuenta propia). En los espacios urbanos y semi-urbanos, en contraste, los familiares sin remuneración eran poco importantes, al tiempo que destacaban los trabajadores por cuenta propia, especialmente en el comercio al por menor (los dueños de pulperías y taquillas). En cambio, la diferenciación social fue muy profunda en las actividades artesanales, industriales y de construcción, una especificidad vinculada con el crecimiento de los talleres y la incorporación de más y mejor tecnología.

Así, en el período bajo estudio había dos Costa Ricas, contrastantes tanto en términos económicos, como étnicos y culturales. Esta diferenciación fue la base, a su vez, de los distintos patrones de relaciones sociales prevalecientes en el centro del país y en las áreas periféricas, los cuales se expresaron en formas de conflictividad diferenciadas. Mientras en el Valle Central los conflictos sociales fueron menos violentos y agudos, en Guanacaste, Puntarenas y Limón ocurrió lo contrario, a lo cual contribuyó una respuesta estatal también diferenciada. Si en el centro del país el Estado privilegió la negociación sobre la represión, en las áreas periféricas la represión tendió a ser más fuerte y sistemática.²⁷ La cuestión, entonces, es si tan diferentes fueron la sociedad y la cultura en el centro y la periferia del país, ¿cuán distinta fue la política en una y otra área?

 

4. POLÍTICAS DIFERENCIADAS

En varios estudios previos, hemos tratado de responder a la pregunta anterior con base en un análisis del fraude electoral, cuyas principales conclusiones cualitativas son las siguientes. En el período 1901-1948, la mayor parte de las acusaciones de fraude correspondieron a las provincias periféricas, las cuales, además, concentraron las más graves. Mientras en el centro las "irregularidades" impugnadas se relacionaban usualmente con "deficiencias" formales, por ejemplo falta de firmas en la documentación electoral, en la periferia se denunciaba la suplantación de votantes, la sustracción de papeletas, el hecho de que personas no calificadas para sufragar lo hicieran (extranjeros, menores de edad y difuntos) y, en particular, el uso de la fuerza por parte de las autoridades contra los votantes.²⁸

Un examen de las prácticas fraudulentas según espacios urbanos y rurales descubre otra diferenciación fundamental. La mayor parte de las acusaciones de fraude, y las más graves también, se localizaban en el campo (especialmente en las provincias periféricas). En cambio, en las capitales provinciales (sobre todo en las del centro), la denuncia de "irregularidades" electorales era mucho más baja, y los cargos formulados se relacionaban básicamente con "deficiencias" formales. Por último, en las villas y ciudades menores (tanto en el centro como en la periferia), los tipos de fraude impugnados iban de los "defectos" de forma a la coacción de los votantes por parte de las autoridades. Tales espacios semiurbanos parecen haberse constituido así en una zona de frontera entre la política urbana, más cercana al modelo teórico de la democracia electoral, y la rural, con sus mayores niveles de abuso y coerción.²⁹

La información anterior indica una cierta correlación entre las especificidades del electorado y las de la lucha política. En efecto, de acuerdo con las denuncias planteadas, el fraude no se daba, o asumía formas muy sutiles, en las áreas del país donde los votantes estaban más alfabetizados, la cultura urbana tenía un mayor desarrollo y se concentraba una prensa diversa y vigilante .Lo contrario ocurría en aquellas regiones de Costa Rica donde la población era mayoritariamente rural, más pobre, menos alfabetizada y étnicamente inferior según los criterios de la cultura oficial. En otras palabras: en el centro del país, y particularmente en sus principales ciudades, se configuraron una sociedad civil y una esfera pública en las cuales las prácticas fraudulentas, y en especial sus peores formas, resultaban crecientemente inadmisibles.

La correlación expuesta, en la que la estructura social y cultural parece determinar la dinámica política, requiere, sin embargo, ser corregida en varios sentidos. Primero, la marginalidad electoral de la periferia (que a lo sumo concentraba una cuarta parte del electorado del país en 950) colocó a Guanacaste, Puntarenas y Limón en una posición desventajosa para competir por mayores cuotas del gasto público, lo cual hubiera podido contribuir a compensar los menores índices sanitarios y escolares de esas provincias. Segundo, el que en estas áreas hubiera, en promedio, menos votantes por partido que en el centro,³⁰ coadyuvó a que la competencia electoral tendiera a ser más intensa en la periferia, lo que se traducía en un mayor número de denuncias de prácticas fraudulentas, incluidas las más graves.

Y en tercer lugar, los patrones de fraude descritos variaron decisivamente en ciertas coyunturas políticas. En efecto, tras las votaciones de diputados de 1915 y 1946, y las presidenciales 1944, el centro concentró la mayor parte de las acusaciones de fraude, incluidas las que denunciaban sus peores formas.³¹ Algo similar ocurrió en 1932, cuando buena parte de este último tipo de denuncias procedían de la ciudad de San José. Tal cambio en los patrones generales de fraude del período 1901-1948 contribuyó, en cada una de esas ocasiones, a agravar una crisis política ya en curso: lo de 1915 fue seguido por el golpe de Estado que dio origen a la dictadura de los Tinoco; lo de 1932 por un intento de golpe de Estado que al final fracasó; y lo de 1944 y 1946 por la guerra civil de 1948.

Lo expuesto destaca que las prácticas fraudulentas podían tener un impacto diferenciado en el centro y en la periferia, pero resalta ante todo que, aunque las especificidades étnicas, sociales y culturales del electorado podían influir en la forma que asumía la competencia electoral, esta última no estaba completamente determinada por esas particularidades. En efecto, como lo demuestran los casos de 1915, 1932 y 1944-1946, la intensificación de la lucha entre los partidos podía llevar a un deterioro de las prácticas electorales aun en aquellas áreas del país donde se concentraban los votantes "blancos" (étnicamente "sanos" desde la perspectiva oficial), más urbanizados y con elevados índices de alfabetización. El mayor desarrollo de la sociedad civil y de la esfera pública no bastó para inmunizar a las provincias centrales de Costa Rica contra los peores efectos de una competencia política intensificada.

 

CONCLUSIÓN

La reciente propuesta de Gary King para enfrentar la falacia ecológica y explorar las relaciones entre ciertos sectores de votantes y determinadas preferencias electorales³² constituye un aporte fundamental en el campo de las ciencias sociales, ya que posibilita investigar, desde una perspectiva nueva, las conexiones entre las lealtades e identidades políticas de grupos específicos y sus particulares trasfondos étnicos, de clase o de género. Esta metodología permite, en un nivel más amplio, replantear el problema de las relaciones entre sociedad y política, entre las especificidades de la estructura social y las particularidades de los procesos electorales e institucionales.

El presente artículo está dominado por una preocupación similar: en ciertas condiciones, un apropiado análisis de los datos censales puede ser muy útil para investigar la distribución demográfica, la composición ocupacional y las características culturales de los votantes del pasado, y para identificar los principales cambios que, como electorado, experimentaron a largo plazo y a escala nacional. Sin embargo, para una mejor lectura de la información censal, conviene confrontar esas especificidades de los votantes y, por añadidura, del contexto sociocultural al que pertenecían, con las formas que asumía la práctica política en los lugares donde ellos residían, paso indispensable para explorar las complejas conexiones entre lo social y lo institucional, los condicionantes estructurales y las escogencias de los actores.³³

El caso costarricense ha sido, sin duda, un provechoso objeto de estudio, por lo menos en dos sentidos. Por un lado, las dimensiones territoriales y demográficas del país facilitan un estudio de conjunto y diacrónico, lo que permite superar los problemas de representatividad, tan frecuentes cuando se analizan experiencias a nivel local o regional, o cuando se examina la estructura del electorado con base en una muestra de los inscritos en el registro electoral en un año específico. Y por otro, las importantes diferencias encontradas en Costa Rica entre centro y perifieria, y entre mundos urbanos y rurales, constituyen un pertinente recordatorio de la importancia de prestar atención, aún en países pequeños, a las especificidades regionales y locales. Estas últimas eran los escenarios múltiples (y entrecruzados) de las luchas electorales y las dinámicas institucionales.

 

Notas

*Este artículo forma parte de un proyecto más amplio sobre el fraude electoral y la reforma institucional en Costa Rica, realizado junto con Fabrice Lehoucq, cuyos comentarios agradezco, y financiado por el National Endowment for Humanities (Collaborative Projects Grant RO-22864-95).

¹ Véase, por ejemplo, Ivor Crewe, Anthony Fox y Neil Day, 1995, The British Electorate 1963-1992: A Compendium of Data from the British Election Studies, Cambridge University Press, Nueva York.

² Entre los estudios de este tipo destacan los de Valenzuela, O'Gor-man, Graham, Alonso y Sabato. Véase J. Samuel Valenzuela, 1985, Democratízacíón vía reforma. La expansión del sufragio en Chile, IDES, Buenos Aires, pp. 115-120; Frank O'Gorman, 1989, Voters, Patrons and Parties: The Unreformed Electoral System of Hannoverian England, 1734-1832, Clarendon Press, Oxford, pp. 199-223; Richard Graham, 1990, Patronage and Politics in Nineteenth-Century Brazil, Stanford University Press, Stanford, pp. 105-114; Paula Alonso, 1993, "Politics and Election in Buenos Aires, 1890-1898: The Performance of the Radical Party", en Journal of Latin American Studies, vol. 25, núm. 3, octubre, pp. 474-480; y Hilda Sabato, 1998, La política en las calles: entre el voto y la movilización: Buenos Aires, 1862-1880, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, pp. 92-102.

³ Para un análisis de la historia político-electoral costarricense del período 1890-1948, véase: Orlando Salazar Mora, 1990, El apogeo de la república liberal en Costa Rica, 1870-1914, Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José; y Jorge Mario Salazar Mora, 1995, Crisis liberal y Estado reformista. Análisis político-electoral, 1914-1949, Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José.

⁴ Acerca de la calidad de esos censos, véase: Arodys Robles, 1986, "Patrones de población en Costa Rica (1860-1930)", en Avances de Investigación del Centro de Investigaciones Históricas, núm. 14, San José, pp. 3-4 y 25.

⁵ Oficial, 1874, "Constitución Política", en Colección de las leyes, decretos y órdenes expedidos por los supremos poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica en el año de 1871, t. XX, Imprenta de La Paz, San José, p. 173. En 1917, al inicio del régimen de los Tinoco, se aprobó una nueva Constitución, la cual estuvo vigente por poco tiempo, ya que fue anulada tras la caída de la dictadura en 1919.

⁶ Iván Molina y Fabrice Lehoucq, "Estadísticas electorales de Costa Rica (1897-1948): una contribución documental", en prensa. Todos los datos costarricenses de inscripción y participación electoral proceden de este trabajo.

⁷ Alonso, "Politics and Election in Buenos Aires", p. 474. Entre 1904 y 1910, la inscripción electoral en Buenos Aires subió como máximo a 67.3 por ciento. Darío Canton y Jorge Raúl Jorrat, 1999,"Buenos Aires en tiempos del voto venal: elecciones y partidos entre 1904 y 1910", en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, vol. 30, núm. 155, octubre-diciembre, Buenos Aires, p. 441.

⁸ En 1894 la participación fue mayor que en 1897 y 1901, ya que votó un 49 por ciento de los varones costarricenses de veinte años y más. La asistencia a las urnas representó en 1894 un 11.4 por ciento de la población total, proporción similar a la de Gran Bretaña (12 por ciento en 1890) y muy por encima de la de Brasil (2.2 por ciento en 1894), Chile (3.5 por ciento en 1888) y Buenos Aires (1.8 por ciento en 1896). Alonso, "Politics and Election in Buenos Aires", p. 475.

⁹ Eduardo Posada-Carbó, 1997, "Limits of Power: Elections under the Conservative Hegemony in Colombia, 1886-1930", en Hispanic American Historical Review, vol. 77, núm. 2, mayo, p. 260.

¹⁰ Eugenia Rodríguez, "'¡Dotar de voto político a la mujer!' ¿Por qué se aprobó el sufragio femenino en Costa Rica hasta en 1949?", en Sara Poggio y Monserrat Sagot (eds.), 2000, Irrumpiendo en lo público. Seis facetas de las mujeres en América Latina, Maestría Regional en Estudios de la Mujer y Latin American Studies Association, San José, pp. 175-206.

¹¹ Jorge Rovira, 1982, Estado y política económica en Costa Rica, 1948-1970, Editorial Porvenir, San José; y Fabrice Lehoucq, 1997, Lucha electoral y sistema político en Costa Rica (1948-1998), Editorial Porvenir, San José.

¹² Oficial, 1983, Censo General de la República de Costa Rica, 18 de febrero de 1892, Tipografía Nacional, San José; ídem, 1975, Censo de población de Costa Rica, 22 de mayo de 1950, 2da. ed., Dirección General de Estadística y Censos, San José.

¹³ Oficial, Censo General de la República de Costa Rica, 18 de febrero de 1892, pp. xix-xlix, liv-lvi y lxxxvi-cix.

¹⁴ En 1892, Limón y Puntarenas eran comarcas. Fueron elevadas a la categoría de provincias a comienzos del siglo XX.

¹⁵ Oficial, 1960, Censo de población de Costa Rica, 11 de mayo de 1927, Dirección General de Estadística y Censos, San José, p. 40. Puesto que la forma de presentación de los datos ocupacionales del censo de 1927 no es similar a la de los censos de 1892 y 1950, excluimos este censo al elaborar el cuadro 1. Véase además Mario E. Fernández, et al., 1977, "La población de Costa Rica", en Población de Costa Rica y orígenes de los costarricenses, Editorial Costa Rica, San José, pp. 293-295; y Hermógenes Hernández, 1985, Costa Rica: evolución territorial y principales censos de población 1502-1984, Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, p. 176.

¹⁶ Dana G. Munro, 1918, The Five Republics of Central America: Their Political and Economic Development and their Relation with the United States, Oxford University Press, Nueva York, p. 159. La traducción es mía.

¹⁷ Steven Palmer, 1996, "Racismo intelectual en Costa Rica y Guatemala, 1870-1920", en Mesoamérica, vol. 17, núm. 31, junio, pp. 99-121.

¹⁸ Los aspectos más cualitativos de estas políticas sociales se analizan en Steven Palmer, 1999, "Adiós Laissez-Faire: la política social en Costa Rica (1880-1940)", en Revista de Historia de América, núm. 124, enero-junio, México, pp. 99-117; ídem, 1996, "Confinement, Policing, and the Emergence of Social Policy in Costa Rica, 1880-1935", en Ricardo Salvatore y Carlos Aguirre (eds.), The Birth of the Penitentiary in Latin America. Essays on Criminology, Prison Reform, and Social Control, 1830-1940, University of Texas Press, Austin, pp. 224-253; y Steven Palmer e Iván Molina, 2000, Educando a Costa Rica. Alfabetización popular, formación docente y género (1880-1950), Plumsock Mesoamerican Studies y Editorial Porvenir, San José.

¹⁹ Carlos Dávila, 1987, ¡Viva Vargas! Historia del partido Confraternidad Guanacasteca, Guayacán, San José.

²⁰ Iván Molina, 1999, "El desempeño electoral del Partido Comunista de Costa Rica (1931-1948)", en Revista Parlamentaria, vol. 7, núm. 1, abril, San José, pp. 491-521; Marielos Aguilar, 1989, Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica, 1943-1971, Editorial Porvenir, San José.

²¹ Oficial, Censo de población de Costa Rica, 22 de mayo de 1950, pp. 160-169.

²² Para una visión de conjunto del cambio que experimentó la estructura ocupacional costarricense entre 1864 y 1927, véase Mario Samper, 1978, "Los productores directos en el siglo del café", en Revista de Historia, núm. 7, julio-diciembre, Heredia, pp. 123-217.

²³ Brunilda Hilje, 1991, La colonización agrícola de Costa Rica (1840-1940), Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, pp. 31-73; Ronny Viales, 1998, Después del enclave 1927-1950: un estudio de la región atlántica costarricense, Editorial Universidad de Costa Rica, San José; Ana Luisa Cerdas, 1993, "El surgimiento del enclave bananero en el Pacífico Sur", en Revista de Historia, núm. 28, julio-diciembre, San José, pp. 117-159.

²⁴ Lamentablemente no se ha investigado a fondo el impacto cultural de tal migración, un tema cuya importancia en términos de la práctica y la cultura política se comprenderá mejor después de leer la sección final de este artículo. En un estudio anterior encontramos que la inmigración del centro a la periferia contribuyó a elevar el índice de alfabetización de esta última. Iván Molina, 1999, "Explorando las bases de la cultura impresa en Costa Rica. La alfabetización popular (1821-1950)", en Patricia Vega (comp.), Comunicación y construcción de lo cotidiano, Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José, pp. 23-64.

²⁵ Ana Cecilia Román, 1995, Las finanzas públicas de Costa Rica: metodología y fuentes (1870-1948), CIHAC, San José, pp. 57-59 y 61-63.

²⁶ Oficial, Censo de población de Costa Rica, 11 de mayo de 1927, p. 40; Fernández, "La población de Costa Rica", pp. 293-295; Hernández, Costa Rica: evolución territorial, p. 76.

²⁷ Víctor Hugo Acuña, 1986, Los orígenes de la clase obrera en Costa Rica: las huelgas de 1920 por la jornada de ocho horas, CENAP-CEPAS, San José, pp. 61-63; ídem, 1993, "Clases subalternas y movimientos sociales en Centroamérica (1870-1930)", en Víctor Hugo Acuña (ed.), Historia general de Centroamérica. Las repúblicas agroexportadoras, FLACSO-Quinto Centenario, Madrid, p. 288.

²⁸ Iván Molina y Fabrice Lehoucq, 1999, "La competencia política y el fraude electoral: un caso latinoamericano", en Revista Mexicana de Sociología, vol. 6 , núm. 3, julio-septiembre, pp. 103-137; ídem, 1999, Urnas de lo inesperado. Fraude electoral y lucha política en Costa Rica (1901-1948), Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José.

²⁹ Iván Molina, en prensa, "Fraude local y política nacional. El caso de Costa Rica (1901-1948)", en Cuadernos de Historia, Santiago, Chile.

³⁰ Fabrice Lehoucq e Iván Molina, en prensa, Stuffing the Ballot Box: Fraud, Electoral Reform and Democratization in Costa Rica, cap 1.

³¹ Hasta 1948, en Costa Rica se realizaban elecciones presidenciales cada cuatro años, y diputadiles cada dos años, cuando se renovaba la mitad del Congreso.

³² Gary King, 997, A Solution to the Ecological Inference Problem, Princenton University Press, Princenton. Para una aplicación latinoamericana de esa metodología, véase Canton y Jorrat, "Buenos Aires en tiempos del voto venal", pp. 433-457.

³³ Para una discusión más amplia sobre este punto, véase Scott, Mainwaring, 1999, "La durabilidad de la democracia en América Latina, 1940-1998", en Política y Gobierno, vol. VI, núm. 2, segundo semestre, pp. 315-363.