Saberes y razones

 

Convergencias y divergencias sobre nación, territorio, regionalismo e identidad étnica

 

Salomón Nahmad S.*

 

* CIESAS/Istmo

 

Leyendo los artículos de tres colegas del CIESAS y un colega de Guatemala, podemos encontrar que en el pensamiento histórico y antropológico existen más convergencias que divergencias entre los que trabajamos en el análisis de la etnicidad, la territorialidad, la construcción de las identidades y las naciones. No me extraña el enlace que existe entre los cuatro autores, pues aunque tocan temas diferentes y relativos a pueblos indígenas distantes y a naciones diferentes, podemos caracterizar sus planteamientos dentro de una tónica moderna pero constante en la antropología y la historia. Para ello entraremos a dialogar en estas páginas con nuestros autores para señalar los puntos de acuerdo y en los cuales estoy en desacuerdo, ya que la definición del término DESACATO lleva implícitas la irreverencia y la falta de acuerdos, y en nuestro caso los creadores de la revista demandan discusión y polémica con quienes son autoridades en el campo académico de la antropología.

Me parece que uno de los temas centrales de la discusión en los cuatro artículos es el del territorio y el de la región; en este sentido, vale la pena recordar que, en un sentido más amplio, la organización política de los pueblos originarios de América y en particular de la civilización mesoamericana, comprende todo un complejo de instituciones mediante las cuales se mantiene la ley y el orden de cada comunidad o pueblo. Tanto los pueblos agricultores, pescadores y recolectores a los que nos remiten los autores como el caso de los miskitos, sumos, ramas y los pueblos mayenses de Guatemala y de Chiapas, purhépechas de Michoacán, ocupan espacios territoriales en los cuales ejercen derechos que salvaguardan su integridad como grupos o como sociedades de amplia convivencia humana durante la historia. Estos pueblos han estado sujetos al dominio colonial de la sociedad europea primero, y después por los Estados nacionales modernos que se han implantado en América excluyendo y negando los derechos legales y humanos de estos pueblos. De esta manera, la globalización no es reciente, sino que se acrecentó en el siglo XV.

De acuerdo con el trabajo de Arturo Taracena, podemos extraer de sus ideas que los estudios historiográficos de Guatemala han estado circunscritos a las unidades administrativas del Estado colonial o del Estado nacional, lo cual implica la exclusión de los análisis históricos de los pueblos originarios que mantienen identidades propias, sistemas de organización política y territorios propios. Coincidimos con el autor en que el análisis histórico debe incluir el espacio y el tiempo por los que transitaron y transitan los habitantes que ocupan esas regiones.

El control territorial que manejan las elites regionales criollas o ladinas en los entornos interétnicos, despoja a las comunidades indígenas de sus territorios y presiona mediante un proceso de integración en la desigualdad, como en el caso de México o de Guatemala. En el artículo se demuestra cómo estas elites construyen sociedades internas que se apropian de los territorios, de los recursos naturales y de la plusvalía que genera la mano de obra indígena en la región. Este fenómeno ha sido descrito en la etnografía de este siglo ampliamente, y se ha denunciado el colonialismo interno y todas las formas de control político y económico. Por ello los movimientos indígenas reclamaban su separación y su independencia de los Estados nacionales, como bien lo menciona Taracena para el caso de los mayas de Yucatán, y los indígenas tzeltales y tzotziles de los Altos de Chiapas.

A mi modo de entender, la emergencia de la revitalización, de la descentralización y del reconocimiento a la multietnicidad se deben al enorme centralismo de los Estados nacionales como en el caso de Guatemala, Nicaragua y México, países señalados en los cuatro artículos. No me parece que la ciudadanía en términos jurídicos haya sido una demanda de los pueblos originarios de las regiones, puesto que siempre habían estado excluidos de las elecciones políticas y de la ocupación de cargos públicos en los gobiernos regionales o estatales. Se les excluyó hasta los años cincuenta de votar y ser electos por ser analfabetos e indios. Posteriormente las leyes se modificaron y empezaron a otorgarles ciudadanía, pero hasta nuestros días, los gobiernos mexicano, guatemalteco o nicaragüense se han mantenido distantes del registro del nacimiento de los niños indígenas o de los matrimonios tradicionales de las comunidades. No se les han reconocido sus propios sistemas jurídicos que identifican la adscripción étnica de los ciudadanos pertenecientes al grupo.

Concuerdo en que la contradicción entre el poder nacional y de las regiones, se debe fundamentalmente a una concentración del poder económico, político y cultural que las elites criollas han mantenido sobre las regiones interétnicas. Sin embargo, las elites criollas regionales han estrechado sus lazos de parentesco y sus redes de poder con las nacionales, y de esta manera controlan las regiones. Por ello no importa si el gobierno central es revolucionario, marxista o conservador; la exclusión, la discriminación y la explotación son las formas de relación con los pueblos indígenas, y por ello se oponen a cualquier idea que otorgue reconocimiento y derechos reales de autonomía en los tres países.

La rebelión indígena de Guatemala, desde los años cincuenta, así como la rebelión indígena de los pueblos de la Costa Atlántica de Nicaragua en los ochenta y la rebelión de los zapatistas en México en los noventa, reflejan lo ya anunciado y escrito por la antropología y los indigenistas de este siglo. Considero que Taracena toca puntos centrales, pero no nos ejemplifica con hechos lo que su artículo intenta colocar en términos teóricos. No nos habla de realizar una historia regional desde la óptica de los pueblos indígenas colonizados, pero sí nos señala "el carácter potencial unitivo —de colectividad y de difusión territorial— existente; historiar la capacidad en que esa potencialidad es convertida en acción política, cultural y económica". Considero que la frase contiene demasiada retórica teorética para no describir lo que en la realidad sucede. Las historias de 500 años de dominación de cada pueblo indígena están por escribirse, y seguramente las elites culturales criollas mantendrán una oposición y resistencia enormes a que se escriba la verdadera historia de los vencidos por la sociedad occidental, capitalista y de corte judeo-cristiano.

Los pueblos indígenas que se señalan en los cuatro artículos mantenían espacios territoriales compactos y una organización política de alto nivel con subdivisiones en señoríos, territorios étnicos y comunidades y aldeas. El sistema colonial y el nacional han intentado desmembrar estas estructuras sociales que conservan grados diferenciados de autonomía con respecto a las leyes nacionales, a la recaudación de impuestos y al nombramiento de funcionarios políticos en sus regiones y comunidades. Por ello, el artículo de Héctor Díaz Polanco describe la reflexión autonómica de los indios y de los negros de Nicaragua localizados en la Costa Atlántica como un fenómeno que se dio en términos de una comprensión del gobierno sandinista cuando fue éste quien intentó desmembrar e integrar en el contexto de una revolución de izquierda a los pueblos indígenas (véase Diskin, 1987). No cabe duda que todos los pueblos indígenas del Caribe latinoamericano han estado alejados de sus gobiernos. La discriminación racial, la expropiación de sus recursos naturales y la exclusión política han sido la norma en Quintana Roo, en Belice, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y en Panamá. La historia de la diversidad étnica de estos pueblos y su relación con el Estado nacional merecerán un capítulo especial para desenmascarar la democracia excluyente y racista. El proyecto de desarrollo sandinista en Tasbaprí tuvo que ser combatido por los indígenas militarmente, y finalmente la unión de los pueblos indios logró obtener el reconocimiento a su autonomía de la cual la doctora Myrna Cunningham fue una de las negociadoras más importantes y que finalmente lograron el reconocimiento multiétnico, multilingüístico y multirracial del país.

Concuerdo con Héctor Díaz Polanco en cómo los pueblos de la Costa Atlántica han reafirmado su poder sobre sus territorios, sus culturas y sus religiones en contra del poder central. Admiro el cambio intelectual de quienes postulaban en el pasado el integracionismo por la vía del proletariado dentro de un materialismo histórico rígido y que hoy se suman a lo que consideraban en el pasado un etnicismo caduco. Creo que no sólo son los gobiernos liberales y neoliberales los que desconocen y niegan la pluralidad étnica sino que son también los gobiernos revolucionarios y populares. Por ello es necesario revisar los conceptos y confrontarlos con las realidades como lo expresa la líder indígena miskito en la entrevista que Díaz Polanco obtuvo de ella.

La experiencia de 10 años de autonomía en la Costa Atlántica los rebeldes indígenas de YÁTAMA, consideran que los cambios jurídicos son una ley favorable a su vida, sin embargo la doctora Myrna señala que la población está frustrada porque las condiciones materiales y de vida no han sido lo que se esperaba. Plantea que es necesario "ir construyendo nuestro propio modelo de desarrollo como Costa Atlántica". Esto implica en términos teóricos y de acuerdo con la información etnográfica que el desarrollo de las sociedades humanas tendrá que ser multilineal y no como lo plantea el capitalismo globalizador o el marxismo tradicional como una sola vía unilineal. Esta vieja discusión en la antropología vuelve a emerger en estos artículos.

Por ello uno de los planteamientos centrales para una verdadera autonomía de los pueblos indígenas, como lo señala en la entrevista la doctora Myrna, es institucionalizar la autonomía teniendo los cuadros profesionales y técnicos para diseñar con las propias comunidades su propio etnodesarrollo. Para ello requieren fortalecer y formar su capital humano y articularlo a su propio modelo de desarrollo. El gobierno central de Nicaragua sigue ejerciendo presión para subordinar la autonomía indígena a las instituciones centrales de Managua.

La guerra en la Costa Atlántica debilitó la cohesión de las comunidades y de la región, como nos lo describe atinadamente la doctora Myrna. Los gobiernos regionales no han podido articularse adecuadamente con el gobierno central, y un hecho relevante es el párrafo siguiente, con el cual tengo una gran convergencia:

En defensa de la autonomía, ha sido importante una nueva emergencia de las comunidades. Por ejemplo, creo que el planteamiento del Consejo de Ancianos, en el norte, llamando a la independencia, al respeto a la autonomía, y cosas como ésta, son importantes porque rearticulan a la dirigencia comunitaria que había estado en crisis. Y el hecho de que el Consejo de Ancianos pueda juntar a los líderes comunales con los desmovilizados de los distintos grupos, también es una aportación valiosa.

Díaz Polanco nos sugiere que todos los países y en particular los pueblos indígenas y los interesados en la temática interétnica debemos aprender del caso de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica, por lo cual considero que hay que seguir de cerca y con trabajos de campo y diálogos para entender la complejidad de las demandas que sobre sus derechos formulan los pueblos indígenas de México y Centro América.

Esto tiene una amplia conexión con el trabajo de Xóchitl Leyva quien en este excelente artículo nos explica el surgimiento del movimiento neozapatista en México y en varios países del mundo. Demuestra la importancia de la comunicación moderna en la construcción de una identidad política y nos lleva a lo largo de sus análisis a pensar en la complejidad del fenómeno revolucionario que nació en Chiapas y que hoy se convierte en una fuerza política nacional. Ya desde su primer trabajo sobre Chiapas, en particular el referido a los municipios de la selva chiapaneca publicado en 1992, antes del levantamiento armado, nos describía con especial detalle etnográfico los problemas interétnicos y políticos que se estaban movilizando al interior de las comunidades de esta región. ¡Qué importante es que el trabajo de campo revele la complejidad de la problemática de las relaciones sociales! La llegada de miles de migrantes indígenas a la selva, la apertura a la colonización de campesinos provenientes de varios estados de la república y a la llegada de indígenas de otras regiones étnicas complicó el análisis para entender los problemas de la tenencia de la tierra, de la economía y de la política chiapaneca. Se advertía ya la emergencia de un movimiento indígena que hoy es no sólo al interior de Chiapas sino un asunto de primer orden a nivel nacional e internacional.

Leer el artículo de Xóchitl nos coloca en la posición de observar al gobierno mexicano como un gobierno autoritario e intolerante con las demandas de los pueblos indígenas. Emerge nuevamente la enorme distancia que se da entre la sociedad ladina y criolla con los pueblos indígenas. Las demandas zapatistas están dirigidas contra el enorme centralismo del sistema político mexicano y de la coptación de las comunidades indígenas por el partido del gobierno (PRl). De la misma manera los zapatistas cuestionan, como lo señala la autora, "...Los anacronismos y ortodoxos discursos de la izquierda". Los sistemas de gobierno indígena donde la autoridad manda obedeciendo responden a los acuerdos de los comuneros y que no están en los esquemas de los modelos transferidos desde el exterior a los pueblos indígenas, con una democracia de corte occidental.

En este sentido cabe mencionar que la sociedad académica y la inteligencia nacional, junto con los líderes indígenas y campesinos, han construido un discurso que a partir de la experiencia zapatista está reconfigurando el proyecto nacional de la época de la Independencia, de la Reforma y de la Revolución, y que ha puesto en la mira de la sociedad mexicana al proyecto neoliberal y antipopular de los últimos 18 años de gobiernos neoconservadores. El nuevo movimiento zapatista (NMZ) como lo señala la autora, "no cuenta con una estructura, sino que se teje más que como una red de convergencias donde anida la heterogeneidad y el conflicto", esto implica la construcción de una nueva democracia que transforme el país y que incluya a las autonomías indígenas en su diversidad y con sus propias características, y que dé cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larrainzar. El trabajo de campo y el análisis antropológico de Xóchitl Leyva representan una aportación muy importante para consolidar las políticas públicas para los pueblos indígenas y, como ella lo señala acertadamente, en el nuevo movimiento zapatista deben considerarse en sus "niveles de producción simbólica y de prácticas políticas que habrán de tomarse en cuenta. Aquí sólo hemos apuntado la existencia del discurso oficial y del coloquial pero no hemos trabajado etnográficamente sobre ello dado que aún nos encontramos preparando el análisis". Esta cita caracteriza la importancia de que los planteamientos teóricos y políticos se reconfiguren sobre lo que sucede en la vida cotidiana de las comunidades y los pueblos indígenas. Esta transformación de la realidad en México ha abierto las puertas para la inclusión de los pueblos indígenas, y hoy son el eje central del debate indigenista para la reforma de la constitución y del Estado. En este sentido, mi pensamiento coincide mucho con el de Xóchitl Leyva y me siento formando parte de ese movimiento zapatista.

Las esperanzas y las utopías que muchos indigenistas han trabajado durante varias décadas a favor de la descolonización interna y de los derechos culturales y sociales de los pueblos indígenas, hoy se encuentran en el centro de la mesa de la discusión nacional y no al margen, como sucedió hasta antes de 1994. Por supuesto esto tiene que ver con lo que nos ofrece Guillermo de la Peña, con su artículo "Territorio y ciudadanía étnica en la nación globalizada". Considero que esta aportación se inicia con un cuestionamiento al gobierno nacional, aduce la defensa del nacionalismo mexicano y el territorio nacional. Como bien lo señala, el gobierno defiende el territorio pero niega las demandas del reconocimiento de sus territorios a los pueblos originarios de este país. El fantasma de la balcanización de México aparece en la racionalización de quienes gobiernan y conducen la nación.

Comparto con Guillermo las ideas del trasplante del modelo europeo del concepto de nación a México en el momento de la Independencia. La construcción de una nación con un territorio y una cultura homogénea fue y ha sido la utopía imaginaria de las elites del pasado y del presente. La ciudadanía sólo la otorgaba el gobierno nacional, y las ciudadanías étnicas, como él menciona, eran y son desconocidas por el Estado. De la misma manera se atribuía a la sociedad mexicana en su conjunto el acuerdo de excluir y negar la pluralidad y la diversidad étnica como él lo refiere a lo expresado por Andrés Molina Enríquez, el ideólogo de la Revolución mexicana, quien privilegió a "la única raza, la mestiza" la cual sería la mejor adaptada al territorio mexicano, y que los pueblos indígenas se encontraban en plena decadencia. De esta manera, en la misma época de Molina Enríquez, José Vasconcelos y un sinnúmero de intelectuales compartían esas tesis, que siguen siendo aceptadas por personajes tales como Octavio Paz y Jesús Reyes Heroles. No comparto la idea de asignar el mismo pensamiento a Manuel Gamio, Aguirre Beltrán o Alfonso Caso, quienes de una u otra forma diseñaron y operaron las instituciones indigenistas de México y de América Latina. Considero que como antropólogos iniciaron un proceso difícil de construir para la inclusión y la participación de los pueblos indígenas en la sociedad mexicana. Sin embargo, no fueron ellos solos los que impulsaron el proceso de cambio que hoy vivimos; fueron muchos colegas que analizaron y discutieron los problemas teóricos y las políticas públicas para cambiar el orden establecido por la Colonia y la sociedad moderna. Sus discursos impulsaban la transformación y la preparación de los cuadros indígenas que hoy son la fuerza de lo que Xóchitl Leyva llama el movimiento indígena zapatista.

Considero que el indigenismo mexicano no sólo fue construido desde el esquema teórico, sino que fue construyéndose en las acciones cotidianas de una transformación social a la cual Gamio, Caso y Aguirre Beltrán tenían miedo. Los antropólogos como Miguel Othón de Mendizábal, Juan Comas, Julio de la Fuente, Alfonso Villarrojas, Rodolfo Stavenhagen, Maurilio Muñoz, Gildardo González, Evangelina Arana, Ricardo Pozas, Isabel Horcasitas, Luis Villoro, Ángel Palerm, Guillermo Bonfil, Miguel León Portilla, Carlos Incháustegui, Fernando Benítez, Alfonso Fabila, Pablo González Casanova, el que esto escribe y otros muchos más han contribuido al análisis y al diseño de las políticas indigenistas, que indudablemente ayudaron a construir en la sociedad mexicana, pero sobre todo en la intelectualidad indígena, una posición crítica y analítica de esta relación interétnica desigual y excluyente para su transformación, lo que hoy, a finales del siglo xx, emerge como un movimiento de reconstrucción nacional.

No cabe duda de que en la época del presidente Gustavo Díaz Ordaz el conflicto del 68 generó una profunda crisis de la cual el país no ha salido, y que se manifestó en la crítica al discurso indigenista no sólo por los jóvenes antropólogos, sino por los mismos viejos maestros de la antropología como Juan Comas, Aguirre Beltrán y Alfonso Caso. El libro De eso que llaman antropología mexicana generó un virtual parteaguas que Aguirre Beltrán apoyó desde el Instituto Interamericano Indigenista; y en sus clases del doctorado en la UNAM, aunque manifestó desacuerdos, asumía una posición crítica. También Ángel Palerm había invitado desde la escuela de antropología de la Universidad Iberoamericana a una reunión para el diálogo entre los antropólogos y el grupo de obispos y sacerdotes que asumían la pastoral indígena. Estos hechos marcaron el inicio de una nueva estrategia política para revivir el indigenismo formulado en la época del general Lázaro Cárdenas y que habría de recuperarse en el periodo de Luis Echeverría al impulsar una expansión del indigenismo de integración y de la educación indígena. Cabe mencionar, para aclarar algunos puntos tratados someramente en el artículo de Guillermo de la Peña cuando se refiere al indigenismo crítico y la ciudadanía étnica, que el liderazgo étnico ya había sido generado desde 1936 con ocho congresos regionales indígenas que el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas había promovido con el fin de que los indígenas se organizaran para defender sus derechos agrarios y culturales. Uno de los que se ha mantenido durante más de 60 años es el Consejo de Pueblos Indígenas de la Tarahumara. También cabe recordar que entre 1940 y 1974 se organizó la Federación Mexicana de Estudiantes Indígenas promovida por el profesor Luis Chávez Orozco que junto con Graciano Sánchez había fundado el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas con la categoría de Secretaría de Estado.

También en Oaxaca durante la época del gobernador Genaro Vásquez se había organizado la Federación Indigenista Revolucionaria Oaxaqueña. En 1946 el antropólogo zapoteco Honésimo Ríos organiza la Federación Nacional de Jóvenes Indígenas. En 1951 esta federación celebró su primer congreso indigenista chiapaneco en el mes de junio de ese año, y en dicho congreso se pidió la creación de un centro piloto auspiciado por el INI, petición que fue resuelta favorablemente con la creación del Centro Coordinador Indigenista de San Cristóbal.

De esta manera podemos constatar cómo se fueron concientizando los jóvenes indígenas que asistían a los internados indígenas para trabajar en favor de sus propias comunidades. Ya en 1970 en voz del director del INI se anunció la organización de un Congreso Nacional de Dirigentes Indígenas. Y para 1974 con motivo de los festejos del V centenario del natalicio de Fray Bartolomé de las Casas, se promovió por el gobierno del estado y por el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz —quien había participado en la reunión promovida por Ángel Palerm en 1969 en la Villa de Juárez en el estado de Puebla y a la que habíamos asistido junto con Aguirre Beltrán, los antropólogos jóvenes que manteníamos una posición crítica—, la organización del primer congreso indígena de esta época, cuyos documentos fueron publicados en la revista CENCOS. De ese congreso emergieron severas críticas por parte de los líderes indígenas, quienes denunciaron el despojo de sus tierras por parte de los ladinos y las injusticias cometidas por las autoridades judiciales durante tantos años. La experiencia de este congreso resultó para el gobierno un bumerang que permitió la alianza entre los miembros de la iglesia católica pertenecientes a la teología de la liberación y los líderes indígenas. A partir de ese momento la movilización política de los indígenas en Chiapas generó serios conflictos que culminaron con el levantamiento armado. Estos elementos permitirían aclarar y ampliar algunos de los conceptos expuestos por Guillermo de la Peña que me parecen demasiado esquemáticos. A mi modo de ver, movimientos campesinos como el de la COCEI en Oaxaca y la UCEZ en Michoacán son emergencias de demandas políticas de carácter más amplio dentro de los partidos de izquierda emergentes, y no precisamente movimientos étnicos, aunque se han reafirmado después de 1994 como tales.

Sería largo detallar la constitución del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas surgido del Primer Congreso de Pueblos Indígenas celebrado en Janitzio, Michoacán, en el cual participé desde el INI como Director General Adjunto, y que generó una controversia al interior del propio gobierno federal por la profunda crisis a que podrían llevar los acuerdos tomados en la Carta de Pátzcuaro, signada por más de mil 500 representantes indígenas. La independencia de esta nueva organización generó conflictos al interior de la CNC hasta que, finalmente, después del IV Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, celebrado en Cuetzalan, Puebla, fue en 1983 decapitada y eliminada después de que como Director General fui encarcelado y reprimido en ese año por el régimen de Miguel de la Madrid.

Los proyectos de etnodesarrollo que promovimos en 1983 no sólo se vieron mermados por los recursos como afirma Guillermo, sino que se replanteó el problema del empoderamiento de los indígenas para los centros coordinadores del INI, y con ello se generó una desconfianza profunda hacia las demandas de autodesarrollo y autogestión que iniciamos de acuerdo con la carta de Pátzcuaro.

Considero que el INI no influyó para que el gobierno mexicano incorporara en 1990 la convención de la OIT como legislación propia, sino que la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, presidida por Diódoro Carrasco cuando éste era senador, convenció al Senado para que fuera ratificada. La reforma al artículo 4o. constitucional que reconoce a la nación como multicultural, fue aprobada por el congreso al mismo tiempo que generaba la contrarreforma agraria al modificar el artículo 27 constitucional.

Me parece que los acuerdos de San Andrés responden a las viejas demandas de los líderes indios de México para que sus pueblos sean incluidos en el proyecto nacional como unidades geopolíticas con territorio propio y con capacidad para gobernarse internamente como comunidades o municipios autónomos. Coincido con Guillermo de la Peña en que Aguirre Beltrán se había opuesto a la creación de municipios indígenas y fue el único que se opuso totalmente a cualquier cambio en la Constitución para modificar el 4o. constitucional en 1992.

La propuesta de la COCOPA incluye la transformación de fondo de la sociedad mexicana para ser incluyente y otorgar personalidad jurídica a los pueblos indígenas de México. La propuesta del gobierno a los acuerdos de San Andrés Larrainzar es mediatizada y maquillada para mantener el sistema excluyente. Concuerdo con que las reformas a la constitución política del estado de Oaxaca y la nueva ley de los pueblos indígenas son un avance y una nueva dirección de las políticas públicas que emergen de la periferia al centro y que rompen con el centralismo antidemocrático que ha vivido México. La reorganización del país es urgente, y existen muchas convergencias para redefinir y modificar lo que Guillermo llama: "la homogeneización centralista del territorio y la cultura".

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo de 1999.

 

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