Introducción

La investigación reconstruye un panorama complejo de creciente inseguridad, movilizaciones feministas demandando prevención, atención y resolución satisfactoria de la violencia de género, tanto en la sociedad como en la universidad. En este contexto surge un movimiento estudiantil convocado para exigir justicia tras el asesinato de tres compañeros de medicina y el conductor de un servicio de taxis de la aplicación que los trasladaba. Desde el surgimiento del movimiento 25/02, en febrero de 2020, la seguridad pública fue la premisa del movimiento; sin embargo, el paro estudiantil muy pronto generó una división de la inseguridad en interna y externa a la universidad. En lo que respecta a esta última se identificaron asaltos, robos, levantones, secuestros, y el énfasis en asesinatos. Mientras, compañeras feministas de la universidad, principalmente, apuntaron la relevancia de considerar al Hostigamiento y el Acoso Sexual por parte de profesores, compañeros y administrativos en contra de las mujeres y población universitaria en general, al interior de la universidad.

Comprendiendo que lo personal es político, problematizamos la división tajante entre lo público y lo privado, tal como lo planteó ^{Nora Rabotnikoff (1998)} los límites entre la esfera pública y la privada, lo externo y lo interno son más endebles de lo que parecen, la línea es difusa y el control sobre los cuerpos de las mujeres no deja de ser un tema político que forma parte del contexto social y universitario de Puebla. Con esto se vislumbra que lo que se entendía como estrictamente privado/interno y ajeno a lo público-civil-político, está en función de relaciones de poder, división sexual del trabajo, cultura de género, subordinaciones, derechos y jerarquizaciones que se producen y reproducen de manera estructural en los ámbitos universitarios.

Advertimos que pensar en la dicotomía de la seguridad externa e interna, ubicaría al espacio universitario como ajeno a la inseguridad del exterior. Esta premisa fue objetada a través de las demandas por hostigamiento y acoso sexual de compañeras feministas en la universidad y también por los lamentables feminicidios que alcanzaron a la población universitaria años atrás. En este trabajo damos un panorama general de un movimiento estudiantil desde una perspectiva de género a través de un acercamiento procesualista que nos permita vislumbrar los momentos de ruptura, crisis, tendencias contrarrestantes, despliegue de ajustes y restauración de la paz (^{Swartz, Turner y Tuden, 1994}); sin embargo teórica y metodológicamente apostamos por retomar los planteamientos generales de la antropología de la experiencia (^{Díaz Cruz, 1997}), la cual concibe al sujeto activo, a la agencia humana en la comprensión y construcción de toda vida social, a su reflexión y reflexividad tanto de los actores de la movilización estudiantil como de la implicación de los investigadores por la problemática que se ha retomado, priorizando al punto de vista de la población estudiantil, por ser quienes encabezaron el paro de labores, las manifestaciones, las marchas en la ciudad de Puebla, y las negociaciones con autoridades universitarias, tanto municipales, como estatales.

A lo largo del trabajo dejamos claro nuestro posicionamiento, donde hacemos explícita nuestra implicación según el contexto que nos ha tocado vivir en la universidad desde las posiciones que ocupamos. En este sentido, tratamos de que quedara evidencia de la parcialidad de la realidad que estamos tratando de describir y analizar, al tiempo de apostar por la validez de ese conocimiento que estamos generando desde el punto de vista de quienes los producimos, tal como lo señalaba ^{D. Haraway (1999)} a través de su propuesta conceptual de la “objetividad radical” en su libro Ciencia, cyborgs y mujeres, la reinvención de la naturaleza. La implicación de la que hablamos la articulamos en dos sentidos: en nuestra participación activa en el paro, es decir, lo vivido en el marco del movimiento 25/02; y en los actos de discriminación y violencia que vivimos y observamos en la cotidianidad del espacio universitario.

También asumimos, como punto de partida, que la violencia no sólo es contextual sino estructural y, en ese sentido, formativa de los tiempos, espacios y los sujetos mismos; es decir, a través del dispositivo de la violencia nos constituimos como sujetos en y a través de la misma, así como de la precariedad, la precariedad y la precarización como forma de gobierno de las vidas que deben vivir o vale la pena vivir y de aquellas otras más que “parecen” prescindibles. Tal como lo plantea Elsa Muñiz en su propuesta del dispositivo de la violencia, en ésta confluyen elementos diversos que se relacionan con eficacia en la producción de los sujetos en general y particularmente de los sujetos de género. Así, la violencia, en tanto dispositivo productor de hombres y mujeres, es parte constitutiva de la cultura de género hegemónica en las sociedades contemporáneas (^{Muñiz, 2015, p. 39}).

Hasta aquí, queremos dejar en claro que la violencia no es subjetiva, o bien, no la podemos entender a través de un relativismo a ultranza que plantee que, para lo que unos es violento para otros no lo es, en cambio asumimos que la cultura es violenta y que en tal medida nos constituye, clasifica y jerarquiza como sujetos sociales, por categorías estructurales como el género, el sexo, la raza, la etnia, la clase social e incluso la edad, factores que se intersectan y se visibilizan a través de una perspectiva transversal que da cuenta de la relación entre la cultura de género para explicar la manera en la que la violencia produce y constituye a los sujetos de género y que en tanto dispositivo de poder, el punto de confluencia es la corporalidad de los individuos.

Procesualismo y Movimiento estudiantil 25/02

Los planteamientos acerca del procesualismo devienen operativos para el análisis del movimiento. Así, ubicaremos la ruptura de la paz con el asesinato de los compañeros; la crisis con la coyuntura política entre los representantes del Estado y la Universidad; las tendencias contrarrestantes con las estrategias tomadas y el contraste de posturas al interior del movimiento universitario; el despliegue de ajustes con las negociaciones a través de pliegos petitorios; la restauración de la paz que se logró a través de la pandemia y la administración estratégica del tiempo por parte de las instituciones y sus representantes.

Ruptura de la paz y la organización mediante medios electrónicos

De acuerdo con el planteamiento procesualista, la ruptura de la paz “se indica por la infracción -deliberada o espontánea- de una ley, una regla, un contrato, un código de etiqueta, de hecho, cualquier regulación de la acción sancionada por el grupo o la comunidad (…)” (^{Díaz Cruz, 1997, p. 9}). En este sentido, identificamos que lo sucedido el 24 de febrero de 2020, marca la ruptura de la paz para la comunidad universitaria. A través de portales web de noticias y la difusión que se hizo en redes sociales nos enteramos del asesinato de tres estudiantes del área de la salud: Ximena Quijano Hernández (25 años, originaria de Colombia, UPAEP), José Antonio Parada Cerpa (22 años, originario de Colombia, UPAEP), Francisco Javier Tirado Márquez (22 años, originario de Veracruz, BUAP). Así como el conductor de Uber que los llevaba a su casa tras haber asistido al carnaval de Huejotzingo, José Manuel Vital (28 años) (^{Animal Político, 24 de febrero, 2020}).

La noticia y los hechos provocaron la organización de la población universitaria a través de medios electrónicos y redes sociales, evidenciando un hartazgo ante la violencia. Lo anterior se puede hallar en la figura de la “Asamblea Universitaria 25/02”, que, a través de un grupo de Facebook de nombre homónimo y su página (creada el 26 de febrero), se dedicaba a difundir los posicionamientos y las decisiones que se tomarían respecto a la problemática. Éste fungiría como el “único medio de comunicación que sería oficial” para este conglomerado de universitarios (ver Anexo 1). Los hashtags eran #NiUnaBataMenos, #NadieMenos, #ManifestaciónPacífica, #Universitarios. En sus comunicados insistían en que eran un movimiento pacífico, estudiantil, apartidista, sin fines de lucro, con el fin de exigir y proponer estrategias efectivas para la reducción de inseguridad y actos violentos hacia la comunidad universitaria y de la sociedad en general.³

Los reflectores desde luego se encaminaron sobre la inseguridad, la atención que habían provocado en medios de comunicación y en la sociedad en general. Enfocaba los reclamos a figuras públicas como la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, al rector Alfonso Esparza y el gobernador del Estado, Miguel Barbosa. Así fue como se planteó la dicotomía entre seguridad externa vinculada con la seguridad pública y la interna como las demandas de compañeras feministas donde planteaban acoso, hostigamiento, e intimidaciones que personal de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) había hecho, así como docentes, alumnos y personal administrativo.

Ante todo este panorama se debe apuntar que la organización universitaria a través de redes sociales y medios electrónicos dejó de lado y excluyó a las figuras de autoridad de la universidad, desde docentes hasta administrativos, apelando a un movimiento estrictamente estudiantil. Desde el inicio del paro hasta su levantamiento en marzo de 2020, los actores principales fueron las y los estudiantes. Se debe mencionar que durante el tiempo que estuvieron ocupadas las instalaciones los encargados de la seguridad fueron los mismos estudiantes, mientras tanto, por parte del profesorado y personal administrativo se dudaba si las instalaciones estarían seguras, precisamente en sus manos.

A partir de lo que observamos durante el paro, estas disputas generaron tensiones, descalificaciones, infiltraciones y una mutua vigilancia precisamente a través de medios electrónicos como Facebook y WhatsApp, que solo perfilaron el tamaño de la crisis que se estaba viviendo en la universidad. Precisamente para evitar este tipo de dinámicas y para unificar la información respecto a las actividades dentro de Ciudad Universitaria, se creaban grupos de WhatsApp cada día, pasando a recoger los contactos a cada acceso de la universidad, que era donde se concentraban las y los estudiantes. Se prohibió que se tomaran fotografías o se hicieran transmisiones en las redes, pero no faltaron docentes que preguntaban a sus “estudiantes de confianza” de manera privada qué acciones se llevarían a cabo.

La crisis y la coyuntura política

Es en este momento cuando se puede hablar de una crisis, la cual se define como “coyuntura o momento crucial en las relaciones de los componentes en un campo político, donde la paz aparente se convierte en un conflicto abierto y los antagonismos ocultos se tornan visibles.” (Swartz, Turner y Tuden, pp. 120-121) En este sentido las jerarquías de edad, las diferencias de género y de clase social, se volvieron elementos que dejaron claro que la crisis había estallado y que había polarizado a la comunidad universitaria. Así, algunos docentes quisieron intervenir desde una visión adultocéntrica intentando guiar el movimiento estudiantil, apostando por “paros activos y proactivos” que, finalmente, implicaban que no se detuvieran las actividades, mucho menos dejar las instalaciones en manos de las y los estudiantes, argumentando supuestas “desestabilizaciones” por intereses políticos o económicos. Las y los estudiantes se distanciaron de esto e insistieron en la urgencia de un paro total, pues el asesinato de los estudiantes había sido la gota que derramó el vaso.

Por otro lado, la diferenciación de clases sociales se pudo vislumbrar en diferentes situaciones. Por ejemplo, la polarización entre el sector laboral (docente y administrativo) frente al estudiantil, las diferencias establecidas entre estudiantes de medicina que pertenecían a la UPAEP, institución de educación superior de carácter privado frente al estudiante de la universidad pública, BUAP. Además de un ambiente de descalificación donde se presuponía al sujeto universitario como sujeto peligroso para las instalaciones de la universidad, así como para ellos mismos. Se debe señalar que no se reportó ningún daño al patrimonio de la universidad, ni al de los docentes y administrativos.

Esto y más fue lo que englobó la toma de la universidad por la población estudiantil (espacios académicos encabezados por el área de la salud, seguidos por ciudad universitaria, área centro y algunas instalaciones más de la universidad), declararon el inicio de la crisis. Cabe señalar que siempre estuvo presente personal de vigilancia de la universidad, identificados como DASU y también que en algunas otras instalaciones la toma sólo fue simbólica.

Entre “jóvenes rebeldes” y el adultocentrismo académico/administrativo, se desarrollaron diversos encontronazos en diversas facultades, tomar las instalaciones y negar el acceso a diversas áreas fue interpretado como afrentas personales. A diferencia de algunos grupos de profesores insensibles a la problemática planteada por los universitarios, más preocupados por sus cafeteras, equipos de cómputo y cubículos que planteaba la toma de las instalaciones, el rector parecía estar de acuerdo con la demanda a la inseguridad, aprovechando la coyuntura política para hacer frente a las críticas y enfrentamientos con el poder estatal pidiendo que se resolvieran satisfactoriamente las demandas surgidas desde la facultad de medicina (véase Anexo 2).

Es en esta efervescencia cuando se observó en las noticias y en distintos medios de comunicación que el rector de la universidad, Alfonso Esparza, se manifestó junto con las y los estudiantes. Salía a las marchas caminando con los padres de uno de los compañeros asesinados y se pronunciaba a favor del paro de labores. Desde luego había estudiantes que aplaudían esto y que no dejaban de sentir orgullo de pertenecer a una universidad en la que su rector “estuviera de su lado”. Al mismo tiempo algunas colectivas feministas se preguntaban por qué no había sucedido lo mismo con compañeras universitarias víctimas de feminicidio; desde luego esto nos permite observar el cruce del género y la edad como determinantes para definir qué cuerpos importan y cuáles no.

Rápidamente, se evidenció una disputa política entre dos representantes: el rector y el gobernador; dejando en el medio las peticiones de seguridad interna y externa de las universitarias (Véase Anexo 2). El gran temor por la des-estabilización entre ambas figuras, no permitió observar el factor de cambio que el movimiento universitario pretendía alcanzar, o por lo menos esbozar. Poco a poco las tradicionales prácticas de la cultura política hicieron su aparición, “divide y vencerás" o sancionar al estudiantado con el paso del tiempo, y con ello, la pérdida del semestre o periodo lectivo se volvió una amenaza difícil de soslayar. Al tiempo que estas y otras acciones tenían lugar, se fueron perfilando las acciones desplegadas con el fin de contrarrestar el conflicto.

Tendencias constrarrestantes

Para esta etapa, Gluckman explicó que “los hombres riñen con el objeto de garantizar sus intereses habituales (…)” (1956, como se citó en ^{Swartz, Turner y Tuden, 1994, p.121}). El resultado es que los conflictos como parte de las relaciones, llevan al restablecimiento de la cohesión social. Los conflictos son una parte de la vida social y la costumbre aparece para exacerbarlos; pero al hacerlo así, la costumbre también evita que los conflictos destruyan el orden social más amplio. (Gluckman, 1956, como se citó en ^{Swartz, Turner y Tuden, 1994, p. 121}). Este planteamiento revela cómo, a pesar de que haya diversos conflictos, el carácter tan constante de estos evita que se destruya el orden social más amplio. Identificamos esto a través de la megamarcha estudiantil y la del 8M en Puebla, así como la simplificación de la violencia en la universidad.

Para el día 5 de marzo, tras la nula respuesta por parte del gobernador de Puebla ante las exigencias del esclarecimiento y nuevas dinámicas de seguridad, se convocó a una megamarcha que ya se venía advirtiendo desde días atrás. En esta participaron estudiantes y rectores de varias universidades de Puebla, la UDLAP, la UPAEP, Anáhuac, IBERO y por supuesto la BUAP, así como preparatorias como la Emiliano Zapata, la Enrique Cabrera y la Benito Juárez. No se tiene la cifra exacta de cuántas personas asistieron, pero diversos medios aseguran que acudieron entre 50 mil y 150 mil. Las únicas consignas que fueron permitidas fueron las que apuntaban a lo acontecido, en menor medida al Estado y en lo referente a la universidad, definitivamente no se permitieron por las y los estudiantes. Así también lo señalaba el portal Aristegui Noticias:

Se aprecia a los contingentes de aproximadamente 20 universidades, tanto públicas como privadas, encabezadas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para exigir al gobernador Miguel Barbosa mayor seguridad y el esclarecimiento del caso (^{AN/GV, 5 de marzo, 2020}).

Las consignas en contra de alguno de los rectores eran rápidamente silenciadas por la brigada de seguridad bajo el argumento de que era una marcha pacífica y sin fines políticos. Realmente no se tiene registro de que haya habido consignas de feminicidios y violencia de género.

El 8 de marzo, como gran parte de las universitarias que estábamos en el paro, también somos feministas, nos desplazamos a la movilización en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En el momento que finalizó la marcha en el Zócalo, se hizo un llamado al rector Alfonso Esparza a atender casos de acoso y hostigamiento sexual que se habían presentado en la universidad: “Los espacios dentro de la Facultad son completamente inseguros para nosotras, pues debemos convivir diariamente con nuestros acosadores y violadores: maestros, estudiantes y personal de la DASU”. Fue uno de los testimonios que se escucharon en el centro de la ciudad. Así mismo, se deslindaron de la Asamblea Universitaria 25/02, que mantenía las pláticas con rectoría. Explicaron que universitarias de distintas facultades se habían articulado para conformar su propia asamblea y que harían sus propias peticiones ya que no se sentían representadas por la 25/02, pues los reclamos no eran sólo de mayor seguridad en las calles, sino también al interior de la propia universidad.

De acuerdo con el portal Proceso (^{Hernández, 9 de marzo de 2020}), la exigencia era la misma de tiempo atrás “que las universidades no recurran a la simulación, e invisibilicen las denuncias de las estudiantes y trabajadoras.” Así mismo, denunciaron que 460 mujeres en Puebla fueron víctimas de feminicidio entre 2013 y 2019, además de que la entidad se colocaba en tercer lugar nacional por mayor incidencia de acoso sexual contra mujeres, y en sexto por el delito de violación equiparada y simple, y que tan sólo en 2019 habían sucedido 228 casos de mujeres que continuaban desaparecidas. Este acercamiento a la violencia de género vivida por las mujeres en la entidad fueron razones suficientes para poner los cuerpos en las calles, manifestarse para subvertir el orden; tomar el espacio público y dejar de guardar silencio.

Esta legitimidad que reconocemos, no la brindó la universidad, ni las y los estudiantes, ni administrativos. Se minimizó el fenómeno apelando a que eran casos aislados y que se tenían que resolver de manera privada. Así se puede apreciar a través del portal ^{Periodismohoy (25 de marzo, 2019)}, en su artículo “No hay denuncias por acoso en ARPA: Esparza”, explican que el rector minimizó la protesta de estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA), asegurando que no había denuncias en la oficina de la abogada general. Esta declaración es contrastante con el tendedero de denuncias que se había hecho días atrás en el que se apuntó a 12 profesores, señalando, además, que si no han logrado concretar sus denuncias es porque no cuentan con el apoyo de sus coordinadores, pues los agresores son quienes están a cargo de dichas áreas.

La respuesta institucional ante las demandas de la violencia de género giraron en torno a la publicación del protocolo de la universidad para prevenir y atender dichas problemáticas en el 2019, además, en el departamento de la Abogada General no se tenían registradas las denuncias y por último, la creación de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, DIIGE. Una vez más podemos observar que, entre las demandas estudiantiles y las respuestas institucionales, no se logra la traducción más adecuada posible para satisfacer a ambos sectores. A esta demanda de la Asamblea de Mujeres Universitarias se sumaron la colectiva Minervas en Resistencia, el Frente Feminista Radical Puebla, Colectiva “La Morada”, entre otras, apuntando a que son pocas las investigaciones y sanciones que se han efectuado (^{Periodismohoy, 05 de octubre, 2020}).

Ciertamente, la coyuntura política permitió llevar a la palestra pública el tema de la violencia de género en la universidad. Aunque debemos señalar que fue muy difícil que se aceptara su discusión y su relevancia, las descalificaciones vinieron, tanto desde el movimiento, como de las autoridades universitarias. Hubo una insistencia por gran parte de las y los compañeras/os del paro en que el movimiento fuera pacífico, esto tenía de fondo un discurso de rechazo a las formas en que compañeras feministas habían estado haciendo sus demandas y exigencias, que se consideraban violentas, vandálicas o radicales. También se vislumbró con la apropiación del hashtag #NiUnaMenos, que se descontextualizó completamente cuando se sustituyó por #NadieMenos. El imaginario en torno a las “formas correctas” de manifestar inconformidades apuntaban, por un lado, a no señalar ni al gobernador ni al rector como responsables, sino a los criminales y a la violencia en abstracto que forma parte de los tiempos y espacios donde vivimos.

Poco a poco, se fueron gestando las estrategias para que administrativos y docentes intervinieran en el movimiento de manera más explícita, en mesas de negociaciones, cursos, clases extramuros; no obstante, también hicieron su aparición amenazas de represalias en términos académicos a quienes participaron en el movimiento estudiantil, debemos señalar que, de acuerdo a los testimonios recogidos en el proceso de investigación, las prácticas represivas fueron de carácter simbólico, a través de sutilezas burocráticas que generaban incertidumbres sobre el futuro académico y profesional de hombres y mujeres que participaron en el movimiento. El portal Manatí (^{Juárez, 20 de marzo, 2021}) expone que una docente de la facultad de comunicación que apoyó durante el proceso de denuncias, aseguró que había sido víctima de terrorismo laboral por parte de directivos de la BUAP, al no permitirle inscribir materias para impartir, seguido de su despido. Manatí también informó que varias alumnas que señalaron a profesores y compañeros acosadores han recibido trabas desde las unidades académicas para hacer trámites de titulación.

Formas de violencia hostiles y sutiles cobran relevancia en torno a las prácticas políticas en la universidad porque no hay una tipificación de este tipo de represalias, ni un registro a partir del cual se les pueda evidenciar o denunciar este tipo de violencia simbólica y psicológica en torno al futuro de los estudios de las compañeras o en el ámbito laboral, parecen formar parte de una cultura institucional que merece por sí misma una investigación particular a profundidad. Aquí tan sólo identificamos que estas prácticas y los rumores que suelen distribuirse rápidamente funcionan como un mensaje que intenta disciplinar y/o inhibir el desorden.

Para la solución de los conflictos existe un despliegue de ajustes o mecanismos de enmienda, “este proceso consiste en el desarrollo de varios mecanismos de ajuste y enmienda con el propósito de cerrar la ruptura o remediar la ruptura (…)” (^{Swartz, Turner y Tuden, 1994, p. 122}). Ejemplo de esto tenemos lo sucedido el día 7 de marzo, cuando la asamblea hizo público el documento que un día antes se había presentado ante “representantes de las distintas dependencias universitarias”⁴ a través de un pliego petitorio. Se generaron 5 comisiones, una de educación, una administrativa, una de género, una de infraestructuras y movilidad, y una de asuntos internos. La comisión de género de la Asamblea 25/02 propuso divulgar el protocolo de género, la ampliación de la convocatoria para las Unidades de Género en las unidades académicas, programa permanente de capacitación del personal de DASU en temas de perspectiva de género, la generación de recursos digitales a disposición del alumnado de manera permanente en temas de perspectiva de género y, finalmente, el seguimiento de desempeño en temas de género a través del observatorio para la prevención y atención de la discriminación de género en la BUAP.

Finalmente, los acuerdos a los que se llegaron fueron limitados en comparación con las demandas. Se acordó realizar campañas institucionales permanentes de fomento a la cultura de denuncia en temas de discriminación y violencia de género (campañas que, como hemos revisado, si no van de la mano con una resolución eficaz de las demandas, no contribuyen a la resolución general de la situación); realizar el acompañamiento para estudiantes y seguimiento de denuncias ante la fiscalía relacionadas a violencia de género (acto que aún no queda resuelto en la práctica dentro del Protocolo Para la Prevención y Atención de la Discriminación y Violencia de Género en la BUAP (^{Órgano Oficial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2019}) en la manera en que se procede, o la agenda de cada instancia involucrada), difusión de actividades que ya realiza la institución en materia del protocolo de discriminación y violencia de género que sea dirigida para estudiantes de todas las modalidades (incluyendo talleres, aunque, como hemos podido apreciar son muy pocos los participantes o sólo participan las y los mismas/os estudiantes interesados en estas problemáticas); difundir la convocatoria para participar como personas orientadoras de género, a fin de que las y los estudiantes de la comunidad universitaria participen.⁵

Ante este panorama vale la pena preguntarse, ¿de qué sirven las campañas permanentes de fomento a la denuncia, si éstas no tienen resolución?, si se ignoran, si se limita la acción de las demandantes, si se les re-victimiza, si se les obliga a convivir con sus agresores, o bien, si se patologiza a quienes denuncian. ¿De qué sirve el fomento de las acciones institucionales si en éstas no se nombra el problema? Queremos dejar en claro que la traducción de las demandas del movimiento estudiantil no se corresponden totalmente con las respuestas dadas por la institución. Por otro lado podríamos decir que, si la necesidad y diálogo resultó fructífera, también se debió en gran medida a que ya había trabajo previo en diversos espacios de la universidad sobre la necesidad de un protocolo que unificara esfuerzos y estandarizara los procesos de atención y ya no se dependiera de arreglos informales.

La articulación con la que comenzó el movimiento se fue desvaneciendo, fueron interviniendo intereses desde los grupos de poder de cada facultad. Algunos a través de amenazas de represalias académicas, otras desde negociaciones internas con estudiantes, pero, finalmente, cada colegio/facultad fue creando sus propios acuerdos. Se suma a esto el desgaste físico y emocional que se fue viviendo tras días y noches sin dormir, de no descansar ni comer bien y de varios rumores/amenazas de intervenciones porriles para levantar el paro estudiantil por la fuerza (que, afortunadamente, nunca sucedió).

A manera de conclusión

Como hemos podido analizar, esta coyuntura permitió desarrollar reflexiones en torno al tema de la inseguridad. La noción de seguridad interna puso en evidencia que en la universidad, las dinámicas de violencia existen, que no se logran prevenir y que su atención sigue siendo problemática. Además, se vislumbró que la violencia es estructural, en este sentido no es exlcusiva de la BUAP, sino que es más compleja y abarca a las diferentes Instituciones de Educación Superior pues estas últimas no pueden abstraerse del contexto social al cual pertenecen.

Si bien en la actualidad la universidad cuenta con un protocolo de género y se creó una dirección de igualdad de género; debemos señalar que no se han hecho públicos los datos de indicadores que sustenten el proceso por el cual se concluyó con este tipo de respuestas a las exigencias de las feministas que participaron en el movimiento estudiantil 25/02; lo más preocupante, desde nuestro punto de vista, es que sin diagnósticos, ni evaluaciones, ninguna de estas medidas será completamente operativa o dará una respuesta contundente a las exigencias del movimiento estudiantil, ni a las que le precedieron a estas organizaciones estudiantiles.

Los reglamentos y procedimientos no son claros y eso significa seguir perpetuando la reproducción de exclusiones que trastocan por lo menos dos derechos fundamentales de la población universitaria, el derecho a la educación y a una vida libre de violencia. La existencia de protocolos en las universidades no tienen como fin último la justicia social ni la reparación del daño. Se encaminan a una protección jurídica ante demandas colectivas o individuales que puedan afectar a la institución.

Una vez más pudimos observar cómo la respuesta insitucional se dirigió a las demandas inmediatas que no significaron cambios estructurales a las problemáticas que se demandaron. Se arreglaron puertas, se prometió mobiliario, se acordaron capacitaciones en términos de seguridad civil, se restructuraron horarios de clases, entre otras acciones. Hace falta un ejercicio de traducción intersubjetiva para que el diálogo sea coherente entre las demandas feministas y las respuestas institucionales.