Introducción

El estudio de los movimientos de mujeres y el activismo femenino emergió y se desarrolló desde mediados de los años setenta, centrándose en tres ejes, según Maxine Molyneaux: la historia del feminismo, la movilización de las mujeres de las clases populares en torno a asuntos vinculados al consumo y la justicia social, y la participación de mujeres en movimientos “fundamentalistas” (^{Molyneaux, 2001, p. 141}). En el Cono Sur, la reflexión teórica y los estudios empíricos acompañaron un ciclo de intensa movilización social activada con los procesos de transición a la democracia en los años ochenta, en la cual los movimientos de mujeres cobraron gran relevancia (^{Jelin, 2005}).

A partir de allí, gran parte de la producción académica sobre el activismo femenino en el Cono Sur se ha centrado en los ciclos de protesta¹ donde tuvo mayor incidencia la primera y la segunda ola feminista (desde fines del siglo XIX hasta los años treinta; y a finales de los setenta y ochenta del siglo XX), pero poco se ha estudiado el activismo femenino en el período de latencia entre ambos ciclos. Especialmente, la ola de protestas globales activadas en torno al año 1968, y que también tuvieron su punto álgido en el Cono Sur, sólo recientemente han empezado a tener una interpretación desde la perspectiva de género (^{Langland, 2008}; ^{Markarian, 2012}; ^{Manzano, 2017}). Estas contribuciones provienen, sin embargo, de la historiografía, mientras que los estudios de los movimientos sociales en la sociología y la ciencia política han priorizado las últimas cuatro décadas. El presente artículo busca enlazar ambos campos para analizar un movimiento de mujeres que integró un conjunto de movimientos de oposición al giro autoritario tomado por el gobierno uruguayo en 1968, giro que inauguró el “camino democrático a la dictadura” (^{Rico, 2005}).

En particular, el presente trabajo propone utilizar el marco teórico del framing para analizar el Movimiento Femenino por la Justicia y la Paz Social (MFJPS) desde una perspectiva cultural. Esta teoría ha cobrado relevancia en el estudio de los movimientos sociales, a partir de la noción de marco (frame), tomada de Erving Goffman, principalmente por parte de los sociólogos estadounidenses ^{David A. Snow y Robert D. Benford entre 1986} y ¹⁹⁹² (^{Della Porta y Diani, 2012}; ^{Snow, Benford, McCammon, Hewitt y Fitzgerald, 2014}). De acuerdo a su concepción, los marcos son esquemas interpretativos que permiten a los individuos “localizar, percibir, identificar y etiquetar acontecimientos dentro de su espacio vital y el mundo en general” (^{Snow, Rochford, Worden y Benford, 1986, p. 464}, traducción propia). Los autores afirman que, al dotar de sentido a los acontecimientos, los marcos sirven para organizar la experiencia y guiar la acción, ya sea individual o colectiva, así como para captar el apoyo de los espectadores y desmovilizar a los antagonistas (^{Snow y Benford, 1988, p. 198}).

El caso del MFJPS pone de relieve las estrategias utilizadas por los movimientos de mujeres para apropiarse de los roles de género asignados socialmente, logrando objetivos impensables en contextos autoritarios. Al igual que el caso más conocido de las Madres de Plaza de Mayo, éste constituye un ejemplo temprano del uso estratégico del marco de la maternidad para concitar simpatizantes y disuadir la represión.

La marcha de mujeres y el 68 uruguayo

1968 fue un año clave en la historia uruguaya como en muchas otras partes del mundo. La crisis económica y social que sobrevino a mediados de los años cincuenta había terminado de calar en la política, ostensiblemente con un recambio en los partidos de gobierno (^{Alonso y Demasi, 1986}). Tras los llamados colegiados blancos, que ahondaron la crisis con medidas de corte neoliberal y fondomonetaristas, y una reforma constitucional que fortaleció el presidencialismo, entre muchas otras características, el año 1967 había terminado con la sorpresiva muerte del presidente electo Óscar Gestido, y la asunción del mando por parte de Jorge Pacheco Areco, quien profundizó la política iniciada por su antecesor, inaugurando un camino sin retorno. Inmediatamente se recrudeció la actitud represiva del Estado frente a la creciente movilización social -estudiantil y obrera- y se inició la censura a organizaciones de izquierda y sus órganos de prensa (^{Nahum, Frega, Maronna y Trochón, 2007}).

Tras una reorganización ministerial que reemplazaba a los políticos con empresarios, latifundistas y banqueros, en junio de 1968 se establecieron medidas económicas que golpeaban el salario real y el consumo (congelación de precios y salarios), aplicando el programa del Fondo Monetario Internacional y promoviendo un aumento de la deuda externa, la especulación financiera y la quiebra de pequeñas y medianas empresas. Esta política requirió la aplicación previa de medidas prontas de seguridad (MPS)², que tuvieron como objetivo explícito la contención de la protesta social. A partir del 13 de junio de 1968 el uso de las mismas para gobernar se volvió sistemático, siendo reinstaladas por el Ejecutivo aun cuando el Parlamento las levantaba (^{Panizza, 1990}; ^{Frega et al., 2008}; ^{Kierszenbaum, 2012}).

Entre las acciones represivas más duras de ese año, llevadas adelante bajo el amparo de las MPS, se destacan la militarización de los funcionarios de los servicios provistos por el Estado (bancarios, aguas corrientes, combustibles, energía eléctrica y telecomunicaciones), y su detención en unidades militares; el allanamiento y la intervención militar en edificios universitarios; el allanamiento y clausura de sedes sindicales; la tortura de presos políticos; la represión de movilizaciones obreras y estudiantiles con agua, gases, perdigones y golpes; y la censura previa y clausura de los medios de prensa. Los hechos que causaron mayor impacto fueron las muertes de tres estudiantes heridos mientras participaban en las manifestaciones (Líber Arce el 14 de agosto, y Hugo de los Santos y Susana Pintos el 20 de septiembre), que coronaron la espiral ascendente de violencia (^{Demasi, Rico, Landinelli y López, 1996}; ^{Faraone, París y Oddone, 1997}).

Mientras que el sistema político tradicional trataba de reaccionar y los partidos de izquierda se reagrupaban, la respuesta de buena parte de la sociedad civil fue la movilización social, destacando especialmente la convocatoria de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), conformándose un robusto movimiento social en torno a la defensa de las libertades (sindical, de expresión, de prensa) que estaban siendo cercenadas por la política represiva y censuradora del gobierno. El Movimiento Nacional por la Defensa de las Libertades y la Soberanía -conformado entre diciembre de 1967 y febrero de 1968- fue el gran articulador de organizaciones de distinto tipo (gremiales, profesionales, partidarias) y personalidades de diversos ámbitos (intelectuales, personalidades de la educación y la cultura, líderes religiosos, líderes sindicales, y políticos de distintas tiendas partidarias), que ante la convocatoria de la CNT, confluyeron por su común interés en la defensa de las libertades populares, de la democracia y de la soberanía nacional, según declaraban.

En un llamamiento público, sin fecha, se expresaba como fin del movimiento: “[la] denuncia de la aplicación de las medidas de seguridad y la congelación de salarios y por la adopción de medidas de fondo que conduzcan a la superación de la crisis económica y social que soporta el país” (^{Landinelli, 1989, p. 43}). El movimiento buscaba nombrar juntas de notables para establecer un diálogo con el gobierno, o realizar conferencias y declaraciones a la prensa (^{Leibner, 2011}). Su objetivo fue consolidar un frente opositor en repudio de las MPS y en defensa de las libertades democráticas y derechos constitucionales, logrando un aglutinamiento nada frecuente entre dirigentes de partidos tradicionales, integrantes de partidos pequeños y representantes de los movimientos sociales. Según el historiador Carlos ^{Demasi (2019)}, esto demuestra el grado en el cual la crisis política estaba sacudiendo las bases del propio sistema político.

El MFJPS, una suerte de rama femenina de este movimiento, comenzó a gestarse durante el velorio de Líber Arce el 14 de agosto de 1968 y se mantuvo activo durante todo el ciclo de protesta en contra de los gobiernos autoritarios que precedieron al golpe de Estado del 27 de junio de 1973, integrándose el 3 de febrero de 1971 al recientemente formado Frente Amplio³. Durante sus primeras acciones se autodenominaban “Madres del Uruguay” e integraban su Secretariado ocho mujeres. Lil Gonella de Chouhy Terra, líder del grupo⁴, era una mujer perteneciente a la burguesía intelectual de izquierda, de una amplia trayectoria previa a la conformación del Movimiento Femenino, como militante estudiantil, funcionaria de alto rango de la Biblioteca Naciónal, participante de tertulias del grupo del semanario Marcha, presidenta de la Comisión de Apoyo a Cuba, militante del Frente Izquierda de Liberación (FideL), simpatizante del Partido Comunista del Uruguay, presidenta del Consejo Directivo del Instituto Cultural Uruguay-Corea y comunicadora de radio y televisión.

El MFJPS se definió como femenino y no feminista. La organización estaba integrada por mujeres maduras de clase media, con un predominio de la intelectualidad de izquierda, pero heterogéneo en cuanto a las adscripciones político-partidarias. Su participación en el Movimiento por la Defensa de las Libertades hizo foco en las manifestaciones de solidaridad y repudio de las acciones represivas del gobierno, y su repertorio de acción incluyó los comunicados de prensa, la difusión de cartas o volantes, las entrevistas con parlamentarios, ministros y otras personalidades públicas, así como un creativo y atípico repertorio de medidas de protesta (concentraciones con globos con la inscripción “libertad”, canto de canciones de protesta en la playa, ayuno, recolección de dinero en la Feria de Libros y Grabados, entre otras).

Las investigadoras Suzana Prates y Silvia Rodríguez Villamil ubicaron al MFJPS en una segunda etapa del desarrollo de movimientos de mujeres en el Uruguay, que transcurrió entre mediados de los años cuarenta, una vez conseguidos los derechos políticos y civiles, y comienzos de la década de los ochenta. Se trata de una etapa “letárgica” donde

dada la igualdad formal lograda en el plano jurídico por una legislación avanzada (que no alcanzaba sin embargo a afectar cruciales aspectos económicos, sociales y culturales), se hizo invisible la real condición social de la mujer. No fue percibida entonces la considerable distancia que mediaba entre el “mito” y la realidad. (^{Prates y Rodríguez Villamil, 1985, p. 174})

El MFJPS constituyó, para las autoras, un claro ejemplo de movimiento de mujeres con predominio de la clase media, donde son identificables elementos políticos e ideológicos, pero no reivindicaciones femeninas específicas. De acuerdo a la clasificación propuesta por la socióloga Elizabeth ^{Jelin (1987)}, sería un movimiento de mujeres, no para mujeres, con lo cual se diferencia claramente del movimiento feminista que se activó en América Latina, incluyendo al Uruguay, en la década de los ochenta.

A pesar de estas aclaraciones, el presente trabajo parte de la base de que es preciso estudiar con mayor profundidad esa etapa “letárgica” para comprender más cabalmente las tradiciones y trayectorias militantes. En cierto sentido, el Movimiento no fue distinto a otros colectivos de mujeres que participaron en el ámbito sindical o partidario, al constituir una agrupación específicamente de mujeres dentro de movimientos más amplios. Tal fue el caso, por ejemplo, de la comisión de mujeres de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), que protagonizó una serie de marchas campesinas a la capital del país (^{Alcoba, 2014}); de la Comisión Organizadora de la Mujer Trabajadora que participó en el Congreso del Pueblo en 1965 (^{Siri, Ponce de León y Schelotto, 1985}); o del Comité Nacional Femenino del FIdeL, que editara el breve periódico llamado Mujeres en lucha en 1972, por nombrar sólo algunos ejemplos.

Este tipo de militancia fue fundamental para incorporar a las mujeres a la contienda política pública, infundidas de un ideal igualitario que -independientemente de su limitado grado de concreción-, fue indispensable para el posterior desarrollo de la conciencia feminista. Lo mismo cabe afirmar de la participación de mujeres en los movimientos de guerrilla armada, como han estudiado ^{Sapriza (2005)}, ^{Cardozo (2010)}, ^{Ruiz y Sanseviero (2012)} y ^{González Vaillant (2015)}, entre otros. Más allá de la muy debatida cuestión sobre la liberación femenina en contextos que reproducían y/o renovaban el orden patriarcal, es indiscutible que la militancia estudiantil, sindical y armada, ofreció los canales que la gran mayoría de las mujeres uruguayas eligieron para incorporarse a las demandas ciudadanas de la hora.

Un claro ejemplo de tal activación política fue la marcha del 26 de septiembre de 1968, evento fundamental en la definición de la identidad del recientemente constituido Movimiento Femenino y que dio un importante impulso a todo el movimiento social en defensa de las libertades públicas. En entrevistas realizadas a las participantes del Movimiento (^{Terra, 2008}), se destaca ese acto de protesta como el más emblemático. La marcha fue llevada a cabo seis días después de la muerte de dos estudiantes, tras lo cual se suspendió la enseñanza pública y se estableció la custodia de los locales por parte del Ejército; dos días después del paro general de la CNT y de la interpelación al Ministro del Interior Eduardo Jiménez de Aréchaga por parte del senador Zelmar Michelini (razón por la cual el día 30 el Poder Ejecutivo amenazaría con disolver las cámaras); el día después de la clausura de locales sindicales y la militarización de los empleados del transporte capitalino, y el mismo día en que el Poder Ejecutivo implantó la censura previa, con prohibición de colocar espacios en blanco en lugar de los artículos de prensa censurados.

Como se puede ver, el contexto era sumamente autoritario y represivo, estando aún vigente la suspensión de garantías individuales de las MPS. En esas circunstancias, realizar una marcha de improviso, era una alteración del orden público, a tal punto que la hermana de Zelmar Michelini telefoneó a una integrante del Movimiento Femenino para advertirles de parte del senador colorado que cancelaran la convocatoria porque iba a ser reprimida.

El cruzamiento entre las fuentes pesquisadas⁵ permite afirmar que entre dos mil y tres mil mujeres (se ha llegado a afirmar que eran cinco mil), superando todas las expectativas, marcharon desde el atrio de la Catedral hasta la Plaza Independencia de Montevideo con el fin de entregarle una carta al Presidente. Llevaban un crespón o brazalete negro en el brazo en señal de luto en alusión a los estudiantiles asesinados. Marchaban en silencio con algunos carteles en los que se leía, por ejemplo, “No queremos que maten a nuestros hijos”. Cuando la policía detuvo la manifestación y amenazó con usar la fuerza, las mujeres cantaron el himno nacional y luego se sentaron en silencio. A raíz de las negociaciones con los oficiales, se les autorizó a trasladarse por las aceras en filas de tres, con la condición de no interrumpir el tránsito. Las mujeres prosiguieron su marcha, aplaudidas por el público, hasta el monumento del héroe nacional Gral. José G. Artigas, y allí depositaron los crespones negros, dispersándose ordenadamente. Al día siguiente hicieron llegar su misiva al Presidente⁶.

De acuerdo al semanario ^{Marcha (4 de octubre 1968, p. 25)}, las mujeres iban “bien y mal vestidas”, había jóvenes y ancianas, pero sobre todo eran mujeres maduras. El grupo estaba integrado por mujeres dirigentes políticas y sindicales, maestras y profesoras, monjas, funcionarias de entes públicos, obreras de fábricas, estudiantes, esposas de los detenidos y amas de casa, muchas llevaban a sus hijos, según rezaba el diario comunista ^{El Popular (28 de septiembre de 1968, p. 9)}.

La manifestación fue cubierta por la agencia de noticias norteamericana AP y la noticia publicada por el periódico argentino Clarín y transmitida en el informativo de un canal televisivo montevideano el viernes 27. Sin embargo, en los medios de prensa escrita locales, la Policía de Montevideo censuró las referencias a la noticia, cambiando luego de parecer. El Boletín Metodista celebraba el logro de la siguiente manera:

Las mujeres han vencido las Medidas de Seguridad. La represión contra ellas se ha tornado prácticamente imposible. Manifiestan gozosas. Nada las arredra. Y han logrado lo que ni la FEUU, ni la CNT, ni nadie ha podido lograr hasta ahora: manifestar sin ser reprimidas por nuestra principal avenida. Reunirse públicamente en número de miles […]. Nuestro pueblo sabe elegir su camino y su método. Que esta sea la más grande lección de la hora . (Boletín Metodista N°19, en ^{Terra, 2008, p. 147})

El uso estratégico del marco de la maternidad

¿Qué marcos interpretativos culturales habilitaron al Movimiento Femenino por la Justicia y la Paz Social a movilizarse el 26 de septiembre de 1968 en un contexto de prohibición de las manifestaciones públicas? Parece atinado sostener que las activistas hicieron un uso estratégico de valores y creencias predominantes en el stock cultural acerca del rol de las mujeres, articulándolos en un marco interpretativo que logró -mediante procesos de alineamiento de marcos- una movilización exitosa de nuevas adherentes, el apoyo de los espectadores y la simpatía de la prensa, así como evitar la represión policial, en un contexto autoritario donde era esperable que las fuerzas del orden descargaran su violencia contra toda manifestación de oposición al gobierno. Es preciso aclarar que esto no supone negar que ellas sintieran genuinamente la motivación para movilizarse a partir de su experiencia como madres, sino tan solo que el marco de maternidad fue utilizado estratégicamente junto a otros elementos.

El Movimiento Femenino combinó elementos del stock cultural muy potentes y arraigados en la cultura uruguaya, para conformar un marco interpretativo que tuvo amplia resonancia tanto entre las adherentes, como entre los espectadores, e incluso entre los opositores⁷. El marco combinó elementos cristianos (la concentración en la Catedral, los símbolos de luto, la paz y el silencio), de género (la maternidad y la educación de los jóvenes) y nacionalistas (la estatua del prócer nacional y el himno), bajo el paraguas del marco rector de las libertades públicas y la justicia. Se trataba de un marco con un alto grado de elaboración, por la multitud de elementos, complejidad y flexibilidad en su articulación, lo cual sin dudas influyó en su éxito. El elemento central del mismo fue la carga de significación de la mujer-madre angustiada (utilizado estratégicamente por las militantes), por la amplia resonancia que tenía en los valores sociales predominantes, tanto para reclutar nuevas adherentes, como para concitar el apoyo externo de los espectadores y la prensa y tuvo especial efectividad entre las fuerzas represivas.

En primer lugar, se ha analizado el carácter movilizador que tiene la represión policial en contextos autoritarios para activar políticamente sectores sociales que antes no estaban activados, entre los cuales se encuentran las mujeres (^{Jelin, 1987}; ^{Horton, 2017}). En entrevistas realizadas a las integrantes del Secretariado del Movimiento Femenino (^{Terra, 2008, p. 138}) se señala a los hijos como una de las principales motivaciones para la movilización. Muchas se acercaron al Movimiento porque sus hijos habían sido heridos o ante el riesgo de que lo fueran. La maternidad fue un elemento central del discurso público del Movimiento Femenino presente en la carta entregada al Presidente y en los carteles exhibidos durante la manifestación.

Así, se puede discrepar con la historiadora Mercedes Terra cuando señaló como un error el haber considerado al MFJPS como “formado por madres que defendían a sus hijos de la represión creciente” por parte de la Guía de las Mujeres 2000 (^{Terra, 2008, p. 138}). Aunque es preciso reparar en que el marco interpretativo era mucho más complejo, no se debe desconocer que la maternidad era un componente central del mismo. Existió un uso estratégico de creencias y valores culturales asociados a la identificación de la mujer con la madre como rol de género por excelencia. Este elemento ha sido una constante de los movimientos de mujeres en América Latina y se volvería un marco rector de los Movimientos de Derechos Humanos en el siguiente ciclo de protestas, iniciado en la transición a la democracia (^{Horton, 2017}).

La socióloga Lynn ^{Horton (2017)} catalogó a la maternidad como un marco en sí mismo en el cual se han centrado las movilizaciones de mujeres en América Latina, permitiéndoles a las propias adherentes como al público externo interpretar su acción colectiva. Horton afirmó que la movilización de mujeres en América Latina utilizó para la creación de ese marco las normas tradicionales de género que presentan a las mujeres como apolíticas, con una moralidad superior, sacrificadas y sujetas a la protección masculina.

El marco de maternidad ha sido una herramienta importante para acceder a espacios políticos formales e informales. Las mujeres han participado en la acción colectiva y en política representándose como madres abnegadas, apolíticas; un marco que desvía la crítica potencial de sus transgresiones en los espacios de actividades políticas tradicionalmente masculinos. El marco de maternidad también es eficaz porque se nutre de los valores y creencias de género, compartidas por todo el abanico de líneas políticas de izquierda a derecha: que las madres ejercen desde una autoridad moral superior. (^{Horton, 2017, p. 149})

De acuerdo a Jaquette (2009, en ^{Horton, 2017}) ese “esencialismo estratégico” por medio del cual las mujeres se presentan en sus discursos y acciones ante el público externo con representaciones idealizadas y simplificadas de madres, tiene sus riesgos porque cercena la amplitud y variedad que puede alcanzar la movilización de mujeres. Sin embargo, en determinadas cuestiones como la de los Derechos Humanos y en contextos autoritarios, se muestra sumamente eficaz, porque dota a las mujeres activistas de “cierto grado de protección contra la represión, la tortura y el encarcelamiento perpetrados por el Estado” (^{Horton, 2017, p. 149}).

Las protagonistas entrevistadas del Movimiento Femenino recalcan la importancia de acudir a las manifestaciones “bien arregladas” para dar la imagen de señoras “serias y responsables”, “maduras y amables”, como una táctica utilizada ex profeso para generar simpatías entre las fuerzas policiales y evitar ser reprimidas o maltratadas cuando eran detenidas o allanadas⁸.

Además, varias fuentes subrayan que en la radio se narró el acontecimiento como protagonizado por “damas”, y las militantes recuerdan que un oficial, ante la orden de reprimir, contestó “pero no podemos, son señoras” (^{Terra, 2008, p. 142}). En ello, parece evidente que no es cualquier modelo de madre el que está resonando, sino el de madre burguesa, con un claro componente de clase. A propósito, ^{Terra (2008)} afirmó que el Movimiento logró capitalizar prejuicios largamente arraigados para desconcertar a su adversario, acostumbrado a enfrentar otro tipo de protesta. Las tácticas represivas habituales para enfrentar al movimiento obrero o estudiantil no resultaban eficientes y, agregamos, habrían resultado contraproducentes frente a la opinión pública.

En síntesis, el alineamiento de los marcos⁹ del Movimiento Femenino con el de las adherentes, constituyentes y antagonistas se dio por medio de la amplificación¹⁰ de valores y creencias firmemente arraigadas en la sociedad acerca del rol de las mujeres: la protección de los hijos, la educación y enseñanza moral de ellos, el velar por su vida, seguridad y bienestar. Lo que el Movimiento hizo fue resaltar y fortalecer dichos valores y creencias, articulándolas con otros componentes, lo cual resonó ampliamente entre los diversos actores. Con este alineamiento de marcos, lo que el Movimiento Femenino logró fue convertir a los antagonistas del movimiento al menos en espectadores, evitando la represión esperada. En un contexto autoritario, a la postre, esto permitía al movimiento ganar legitimidad y transformar a los espectadores en adherentes, ante la evidencia de que los costos de movilización no eran tan altos como se esperaba.

Como se desprende de las entrevistas realizadas por ^{Terra (2008)}, las constituyentes de la organización hicieron un esfuerzo por neutralizar a mujeres jóvenes que pudiesen intentar otras tácticas más convencionales de protesta, asociadas al movimiento estudiantil que por entonces era el foco de la acción represiva del gobierno, y que pudiesen minar la imagen tan cuidada del Movimiento, sobre la cual descansaba el marco interpretativo. Además, la decisión de movilizar solo mujeres (los hombres se encontraban entre los espectadores, pero no adherentes de la manifestación), puede haber sido estratégica en pos de evitar la represión también.

Finalmente, podríamos sugerir este caso como una de las primeras manifestaciones, en las cuales la marcha silenciosa se incorpora al repertorio de acción. Las protagonistas recuerdan que se denominó a la marcha del 26 de septiembre de 1968 “Marcha del Silencio” (^{Terra, 2008}), pero independientemente de su nombre, esa fue la modalidad de protesta utilizada. Es sabido que la misma se incorporó en el siguiente ciclo de protestas, tras la dictadura, en Uruguay asociado a la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y se instaló con fuerza en el repertorio de acción del movimiento de los Derechos Humanos también en otros lugares de la región (^{Jelin, 2005}). En este sentido, es interesante sugerir que las acciones emprendidas al inicio de un ciclo de protesta, no solo contribuyen a la conformación de marcos rectores y repertorios de acción de ese ciclo, sino también del siguiente (^{Péchu, 2009}).

Consideraciones finales

En este trabajo se ha pretendido aplicar la teoría del framing a la interpretación de la marcha llevada a cabo por aproximadamente tres mil mujeres en Montevideo el 26 de septiembre de 1968, analizando cómo el uso estratégico de valores y creencias asociadas a la maternidad dentro de un marco interpretativo elaborado y de amplia resonancia, permitió la captación de adherentes, la concitación de apoyo externo y la desmovilización de oponentes. Asimismo, se elaboraron algunas sugerencias acerca del papel jugado por esta manifestación en el contexto más amplio del movimiento social en defensa de las libertades y de los ciclos de protesta. Se trata de uno de los registros más tempranos con que se cuenta acerca del uso de la marcha silenciosa dentro del repertorio de acción para denunciar las acciones represivas del autoritarismo estatal en el Cono Sur.

El ejemplo estudiado no hace más que subrayar la importancia de articular los estudios históricos con los aportes más actualizados de la teoría sociológica y política. Asimismo, recalca la necesidad de dotar a la interpretación de los movimientos de mujeres desde la perspectiva de género, de un profundo estudio de los contextos históricos y especialmente políticos. Mucho se ha teorizado acerca del familiarismo y el maternalismo como marcos interpretativos en el activismo femenino y del tipo de uso que de estos discursos hicieron los movimientos de mujeres. Sin embargo, aún resta realizar más estudios empíricos, especialmente dentro del período denominado de “letargo” entre los dos ciclos de protesta femenina en el Uruguay del siglo XX. Al igual que señaló Michelle ^{Chase (2015)} para el caso de la movilización de mujeres urbanas de clase media contra la dictadura de Fulgencio Batista, los contextos autoritarios hicieron especialmente eficaz el uso estratégico de la retórica del maternalismo. Las activistas no rebatían la construcción de la mujer como madre, con lo cual el maternalismo aparecía como una plataforma relativamente segura para insertarse en un contexto político cada vez más peligroso (^{Chase, 2015, p. 85}). Además, permitía generar adhesión entre mujeres pertenecientes a distintas clases sociales y posiciones políticas.

Como han señalado otras autoras (^{Feijoo y Nari, 1994}), el uso estratégico del maternalismo tendió a reforzar los roles de género tradicionalmente asignados, con la consecuencia -sostienen- de retrasar la agenda feminista. Sin embargo, es importante nuevamente insistir sobre las restricciones impuestas por el contexto fuertemente autoritario, en el cual el maternalismo permitió un marco seguro de activación política de mujeres antes no movilizadas. En el caso analizado, las capacidades del Movimiento Femenino por la Justicia y la Paz Social para sortear creativamente la represión, redundó en una importante legitimidad en el conjunto del movimiento social en defensa de las libertades del 68 uruguayo y en un protagonismo inédito que de otra manera una organización de mujeres no hubiese obtenido.

Por otro lado, el estudio de trayectorias de algunas de las militantes feministas de los ochenta (^{de Giorgi, 2018}) muestra que la participación en movimientos sociales y organizaciones políticas sin intereses de género, en general antecedió a la incorporación de la agenda feminista a sus discursos y prácticas. En síntesis, los movimientos de mujeres y no para mujeres, como los denomina ^{Jelin (1987)}, no deben ser subestimados en la construcción de una historia del activismo femenino y es preciso bucear en la profundidad de las décadas centrales del siglo XX latinoamericano, para rastrear los indicios de la plena incorporación de las mujeres a la ciudadanía con una agenda propia.