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La historia de Colombia no se puede contar desde una única perspectiva y sin matices, pues es una historia atravesada por distintos paisajes (culturales y ambientales), uno de ellos está impregnado por el sufrimiento y las adversidades del conflicto armado, social y político que ha embargado al país por más de cinco décadas; un conflicto que ha trastocado la historia de los territorios y de cientos de vidas humanas, entre ellas las de mujeres indígenas que han sido víctimas y sobrevivientes. A pesar de los esfuerzos que se han hecho para llegar a los acuerdos de paz firmados entre el Estado y la guerrilla de las FARC en el año 2016, hoy no es posible hablar del fin de la guerra y de la victimización, pues la perpetración de la violencia se mantiene en el anonimato. Frente a esto, son relevantes las luchas que han emprendido algunos sectores autónomos como el de las mujeres indígenas, quienes trabajan para recuperar su dignidad, reconstruir sus vidas, y resignificar sus cuerpos-territorios en el aún latente conflicto.
Este es el caso de cientos de mujeres indígenas pertenecientes a diferentes pueblos de Colombia, que han sido víctimas de amenazas, de desplazamiento, de abusos y de desprendimiento de sus proyectos de vida cimentados en sus territorios ancestrales. Sus situaciones específicas normalmente no son puestas en evidencia en las demandas que interponen los pueblos o comunidades ni se velan las afrentas que han experimentado las mujeres en sus derechos individuales y colectivos durante el conflicto armado. De ahí que un consolidado grupo de mujeres indígenas hayan optado por levantar sus voces para participar en los procesos de tomas de decisiones tanto en temas de políticas públicas a nivel distrital -Bogotá- y nacional, como en procesos comunitarios, municipales o regionales. Algunas de ellas han iniciado su proceso de formación política desde sus comunidades, y otras después de pasar por procesos de desplazamientos forzados y de experiencias adversas que las llevaron a encontrar, no obstante, nuevos espacios de participación y reconocimiento.
En esta medida el presente artículo pretende dar elementos para proponer una discusión sobre la situación de las mujeres indígenas que se encuentran viviendo en Bogotá a causa de la desterritorialización que generó el conflicto armado, así mismo pretende visibilizar sus intentos por reterritorializarse en la ciudad. Para acompañar la exposición de dichos procesos, se menciona el marco normativo y parte de las estructuras abstractas que representan y configuran las normas y las políticas públicas que protegen a las mujeres indígenas víctimas del conflicto armado.
En lo conceptual, para abordar lo normativo y las políticas con respecto al desplazamiento se toman los aportes realizados por Lefèbvre (2013) en cuanto a la concepción de una espacialidad que trasciende los límites convencionales de la geografía y lleva a pensar en espacialidades que se configuran a partir de valores simbólicos abstractos y concretos que adquiere la sociedad dependiendo de las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas. Para el autor la concepción del espacio debe transformarse, “las fuerzas productivas -que definen un espacio- no pueden definirse únicamente por la producción de bienes o de cosas en el espacio. Se definen hoy como la producción del espacio” (Lefèbvre, 2013, p.226), lo que indica un cambio en las fuerzas productivas; “se pasa de la producción en el espacio a la producción del espacio” (Lefèbvre, 2013, p.201).
Con el fin de darle una claridad, el autor propone la categoría de los espacios abstractos de la institucionalidad, normatividad y política pública que tienen como objeto generar lineamientos que no necesariamente van acordes con las necesidades de las realidades sociales. Recurro también a la categoría de cuerpo-territorio para abordar cómo las mujeres indígenas se construyen desde la asignación que ellas dan a sus cuerpos y a sus luchas en medio de la dialéctica de la representación del espacio. De esta manera, situarse desde el cuerpo-territorio significa entender cómo lo corporal se relaciona con el espacio en términos de relaciones de producción, pero también con unas prácticas ambientales y culturales que se moldean según el territorio que se habite. El cuerpo-territorio es visto como el lugar donde “emerge la autoconciencia, que va dando cuenta de cómo ha vivido este cuerpo su historia personal, particular y temporal...” (Cabnal, 2010, p.22) y cómo a su vez lo recrea en las nuevas condiciones y los proyecta a unos nuevos planes de vida.
Esta discusión se construye en medio de lo que Haesbaert (2012) llamó la desterritorialización, reterritorialización, y los procesos de las posibles multiterritorializaciones, en tanto se reconoce que los cuerpos-territorios de las mujeres indígenas han sido motivo de disputa, violación y desposesión debido a la invisibilización que han vivido históricamente en medio de estructuras colonizadoras, guerreristas, capitalistas y patriarcales. Estos tres procesos se enmarcan entonces en las luchas de poder que se han generado para territorializar los cuerpos-territorios, luchas que las mujeres han afrontado con la defensa de sus cuerpos, familias y hogares para la recuperación de su espacio. Para Haesbaert, la desterritorialización se entiende como la pérdida del territorio a causa de las luchas territoriales y por los conflictos de poder entre diferentes individuos o grupos sociales. El concepto debe ir acompañado de una comprensión sobre la precarización de las poblaciones más vulnerables, en el sentido de pérdida del control territorial (Haesbaert, 2012), y por ende en la pérdida de autonomía y vulneración de los cuerpos-territorios. No obstante esta desterritorialización no debe implicar necesariamente una reterritorialización del mismo espacio (Haesbaert, 2012), es decir, que los cuerpos-territorios pueden encontrar múltiples formas de incorporarse a espacios e intentar reconstruir nuevamente sus proyectos de vida en medio del hibridismo cultural. Veremos entonces cómo el cuerpo-territorio de las mujeres indígenas que viven en Bogotá, desde las agencias y autonomías, genera transformaciones espaciales que reivindican sus pérdidas y las incorpora a diversos mundos de participación desde la multiterritorialización1.
Los cuerpos-territorios de las mujeres indígenas sobrevivientes del conflicto armado en Colombia han sido desterritorializados de sus proyectos de vida cimentados en el territorio y sometidos a las diferentes formas de violencia sexual y al anonimato; pero a su vez, desde la búsqueda de formas de reinventarse en la ciudad, han podido encontrarse con sus cuerpos y su identidad como indígenas, lo que las ha llevado a construir una multiterritorialidad donde se reivindican como mujeres, madres, hermanas, esposas, trabajadoras, lideresas, sobrevivientes, indígenas y defensoras de los derechos que les pertenecen por ser cuerpos-territorios étnicos en la ciudad. Estas formas de reterritorializarse y multiterritorializarse han provocado el surgimiento de diferentes agencias2, unas que se han posicionado en los escenarios de participación política y otras que se han consolidado como procesos individuales y/o colectivos más inmediatos.
Ahora bien, para adentrarse en la situación de las mujeres indígenas y acercarse a los procesos de empoderamiento que han vivido en la ciudad, es preciso entender varios elementos. En primer lugar, es fundamental reconocer la importancia que tienen las mujeres como representantes y protectoras de sus territorios. Cuando una mujer ha sido desplazada de su territorio no hay límites geográficos que valgan para medir su pérdida: la conexión trasciende lo material y lo geográfico; la relación ambiental de equilibrio y sostenibilidad de sus familias y su territorio se transforma. En segundo lugar, es importante reconocer que el rol de las mujeres es fundamental en la estructura familiar, colectiva y ambiental de los territorios, motivo por el cual sus cuerpos han sido tomados como botines de guerra por los actores armados, quienes por medio de la fuerza y violación proclaman el poder territorial de los resguardos indígenas y de las comunidades. Es por esto que muchas mujeres desde su condición de desplazadas se han convertido en luchadoras y defensoras del territorio ancestral desde la urbe, lo que implica combate identitario, empoderamiento de sus cuerpos sabios y lucha por la unión de la familia. Para ello han tenido que entender otros lenguajes e incursionar en nuevos escenarios, retando así las configuraciones espaciales convencionales que segregan a las mujeres y a las indígenas.
Otro elemento fundamental para tener en cuenta sobre los procesos de estas mujeres en la ciudad, es entender y dialogar con sus cosmologías y sistemas culturales. Cuando las mujeres indígenas hablan de victimización en contra de sus cuerpos-territorios, se relaciona inmediatamente con afectaciones colectivas. La violación a sus derechos se suele abordar desde el Estado, ONG y cooperación, a través de la implementación de políticas de género que adoptan una perspectiva feminista (convencional). Esto, para muchas mujeres indígenas y lideresas, va en contravía de las formas de vida con las que han nacido, pues se constituyen en discursos impuestos desde occidente que no dialogan con las realidades culturales de los pueblos indígenas. Esto se identificó en la investigación en las voces de las lideresas indígenas Nasa, Kankuama, Wayu y Uitotas con las que interlocuté3, quienes en repetidas ocasiones cuestionaron los formatos de atención de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en tanto promueven un enfoque de género que fragmenta a mujeres y hombres, y a los cuerpos-territorios de su comunidad.
Hay mujeres que exaltan lo comunitario visto como colectivo, la complementariedad como parte de un equilibrio necesario,
La institucionalidad nos lleva agendas programadas basadas en los feminismos que rechazan a los hombres y nos sobreponen a las mujeres, nosotras no creemos en eso, nuestros sistemas son basados en la complementariedad y en el equilibrio (mujer indígena Uitota4).
A nosotras nos suelen cuestionar porque les servimos a nuestros esposos y familias, pero eso hace parte de mí y no por eso soy una mujer sumisa y callada. El feminismo se basa en generalidades, una cosa es el machismo y la violencia en casa y otra cosa es nuestro sentido comunitario y de familia (mujer indígena Wayuu5).
Hay otras mujeres indígenas que reconocen que sus sistemas comunitarios están marcados por estructuras patriarcales y sistemas dualistas que justifican su sumisión, privilegiando los fines comunitarios, dejando a un lado sus derechos individuales, mientras exaltan las voces masculinas en los espacios de participación. En este sentido, ellas consideran importante transformar los discursos dominantes en sus pueblos y comunidades, poner en discusión ciertos valores culturales y resignificar el trabajo de representación colectiva con las voces de las mujeres; cuestiones que han comenzado a suceder en la capital bogotana y que podríamos poner en conexión con otros procesos que se dan en la región desde perspectivas como el feminismo comunitario.
Es de esta manera que se reflexiona sobre la importancia de las redes de participación que surgen para empoderar y resignificar los cuerpos-territorios de las indígenas desde sus saberes y en revisión crítica de sus tradiciones, alimentando, además, discusiones sobre la descolonización de los sistemas impuestos por occidente. Esto significa transformar estructuras de dominación patriarcales y de etnicidad, proponiendo un diálogo de saberes entre diferentes posiciones ideológicas, e integrando sentidos comunitarios a las formulaciones de políticas públicas que visibilicen a las mujeres indígenas como persona de derechos, autónomas, pero que no se desligue de la defensa de objetivos colectivos que las acogen a ellas, a sus familias, a sus comunidades y pueblos.
Ha sido a partir del feminismo descolonial y el feminismo comunitario que se ha sustentado la importancia de trabajar en la participación de los cuerpos-territorios de las mujeres indígenas, considerando que son ellas quienes cuentan con el conocimiento sobre sus necesidades y sobre la posibilidad de recobrar equilibrios sociales, culturales y ambientales en sus territorios.
El feminismo descolonial se toma dentro del análisis teórico como la postura que, desde las bases de la participación y el quehacer de las mujeres, se resiste a las espacialidades abstractas impuestas por las dinámicas del capital y los sistemas dominantes (anclados en el conflicto armado) que desterritorializaron los cuerpos-territorios de las mujeres indígenas. La desterritorialización se ve como la consecuencia de los sistemas patriarcales y racistas que además de despojar a las mujeres de su identidad y territorio, las despoja de su cuerpo y su contexto familiar y comunitario. De esta manera es que se propone trabajar en la descolonización del conocimiento y hacer un énfasis en los afectos y el sentir como formas propias.
Para ir más allá del materialismo, es importante reconstruir diálogos interculturales que dejen a un lado el “borramiento de otros saberes” (Hernández, 2017, p. 29) como una necesidad por transformar la ontología moderna y así abrir paso a los procesos de reterritorialización y multiterritorialización. No se trata únicamente de identificar las dicotomías patriarcales y las miradas esencialistas que identifican a las mujeres como protectoras y reproductoras de la naturaleza y la vida, se trata de incluir y reconocer sus luchas en contextos diferentes como lo es la ciudad. La autora María Lugones (2010) lo considera un proyecto que en la práctica y en la vida cotidiana genera transformaciones reales por medio de la participación propositiva de las mujeres. El feminismo comunitario alimenta esta intención, apuntándole a la mirada introspectiva crítica tanto del cuerpo de la mujer indígena, como de la comunidad a la que pertenece o el territorio que hoy habita. Se debe indagar en la convivencia creada en la vida tradicional comunitaria originaria de una manera radical, rebelde y transgresora, y desde allí provocar el des-enraizamiento de estructuras opresoras.
El feminismo comunitario cuestiona los espacios abstractos y reconoce la importancia de retomar los tejidos colectivos de las comunidades indígenas incluso en la desterritorialización. Contribuye a darle sentido a la reterritorialización de los cuerpos-territorios partiendo de las raíces culturales que fortalezcan identidades y que consigan formas participativas equilibradas desde el cuerpo, el territorio, la historia y la relación con la tierra, como lugares desde donde se resiste y surgen transgresiones para repensar las tradiciones culturales y originarias, que muchas veces también han reproducido el sistema patriarcal occidental. Desde el feminismo comunitario se reconocen las luchas que rescatan la cultura propia y se cuestionan tanto los discursos colonizantes de los feminismos occidentales, como las estructuras dominantes que ignoran los procesos locales.
Reconocimiento “legal” de las mujeres indígenas víctimas del conflicto en Colombia: comprensión del cuerpo colectivo e individual
La generación de normativas estatales creadas para la defensa de los derechos de las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado no ha tenido mayor repercusión. Los programas ordenados por la Corte Constitucional de Colombia no se han viabilizado por falta de voluntad política y presupuesto; por lo que los procesos más autónomos que se dan en la ciudad no están necesariamente ligados a los espacios de la política pública. No empero, tanto para las víctimas como para poder hacer un análisis de la problemática, es necesario entender y dialogar con las bases legislativas, pues es desde allí donde se revela la incompatibilidad e incluso las posibles transformaciones-transgresiones entre los espacios abstractos, que menciona Lefèbvre (2013), y las realidades locales.
Debido a la agudización del conflicto armado en Colombia a finales de la década de los noventa, el Estado colombiano se vio en la obligación de formular leyes y programas de atención para las víctimas; hoy en día el tema de atención a víctimas en general y el de mujeres indígenas en particular, se ha institucionalizado y burocratizado a escalas complejas, lo cual ha dado origen a la creación de protocolos de atención y al Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a la Víctimas -SNARIV-, para responder a las necesidades de éstas y a la reivindicación de sus derechos vulnerados, pero a su vez ha generado barreras con el bloque normativo que no fue formulado para una fácil comprensión y accesibilidad para las mismas víctimas.
Los mecanismos constitucionales obligan al Estado a responder con acciones concretas, un escenario que en principio debe estar en diálogo con las experiencias cotidianas de la población, pero que en la realidad se ha reflejado en espacios abstractos (Lefèbvre, 2013), que aun cuando en el discurso y en el papel pretenden interactuar con los espacios subjetivos de las mujeres indígenas, se mantienen bajo estructuras ajenas que no responden a las necesidades y realidades de los cuerpo-territorios de las mujeres víctimas de desplazamiento.
Entre las formulaciones más relevantes que involucran a esta población, se encuentran que en el 2004 la Corte Constitucional promulga la Sentencia T-025, y luego los Autos 092 del 2008 y 004 del 2009, en respuesta a la situación de inconstitucionalidad de derechos de la población desplazada (T-025), así como en particular sobre la situación de las mujeres (Corte Constitucional Colombiana. Auto 092, 2008) y de las comunidades indígenas (Corte Constitucional Colombiana. Auto 004, 2009) en el marco del conflicto armado. Por su parte en el congreso se promueve y decreta la Ley 1448 del 2011, y como parte de su reglamentación el Decreto Ley 4633 del mismo año, que reglamenta la atención a las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado. La Sentencia T-025 declaró el “estado inconstitucional de cosas” por hechos relacionados con el desplazamiento forzado y la violencia estructural que dejaba como saldo la violación de Derechos Humanos Fundamentales, en ella se resalta la importante afectación que han tenido los pueblos indígenas, quienes son considerados una población de especial protección para el Estado. De esta manera se declara la obligación prioritaria de atender a los pueblos y hacer un llamado para que se evite su desplazamiento y su desaparición forzada causada por los diferentes actores del conflicto armado6.
En el 2011, el Decreto Ley 4633 vuelve a llamar la atención frente a la grave situación de las comunidades indígenas. Fue incisivo en insistir en la importancia de reconocer a los territorios ancestrales como víctimas, en recordar que priman los derechos de la comunidad a la vivienda, alimentación y educación, acordes con sus tradiciones, y en reconocer la especial vulnerabilidad de las mujeres indígenas, quienes según el Artículo 16 del Decreto Ley, deben gozar de medidas específicas de reparación individual y colectiva en tanto son las que garantizan la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas. Adicionalmente en el Artículo 49 se reitera que las “mujeres indígenas han sufrido daños físicos, psicológicos, espirituales, sexuales y económicos, entre otros, por la violencia sexual ejercida como estrategia de guerra y como consecuencia de la presencia de actores externos como la explotación o la esclavización” (Corte Constitucional Colombiana. Decreto Ley 4633, 2011), por tanto, la atención que se les preste debe ser diferencial, integral y prioritaria.
Por su parte, el Auto 092 del 2008, fue emitido gracias a la participación de las mismas mujeres víctimas -campesinas, indígenas, lideresas comunitarias-, que comenzaron a denunciar las atrocidades que estaban viviendo a cuenta del conflicto. Este es un documento donde la Corte Constitucional reconoce los relatos de violencia sexual, laboral, y psicológica a la que estaban siendo sometidas; por lo que ordena trabajar en la ejecución de trece programas que protejan, acompañen y garanticen los derechos de las mujeres. Entre los más relevantes se rescata el programa de formación en política pública; formación, difusión y protección en salud sexual y reproductiva; y la garantía a participar en formulación de políticas que integren el enfoque de género (Corte Constitucional Colombiana. Auto 092, 2008). Fueron trece programas de los cuales, hasta la fecha, no se ha ejecutado ninguno dada la falta de presupuesto y ambiciones imposibles de cumplir según el Ministerio del Interior, tal como lo menciona la ex funcionaria de ONU Mujeres Colombia:
Las normativas están muy bien construidas, y sí, son ambiciosas, pero de los 13 programas que deberían haber ejecutado por ley poco o nada se ha hecho, puntualmente frente al auto 092 no se ha hecho nada, se han concentrado en la difusión del documento (exfuncionaria ONU Mujeres7).
La formulación de estos Decretos Ley y Autos se ha creado con la inserción del enfoque diferencial y de género, un lenguaje que debería estar instaurado en la atención y reparación de las instituciones estatales. No obstante los mismos funcionarios públicos y las propias mujeres indígenas dan constancia que estos enfoques no son una realidad en la práctica, generando una fragmentación en la política pública para la mujeres indígenas, quienes tienen problemas para ser reconocidas integralmente como cuerpos-territorios, lo que hace que la mayoría de documentos sean letra muerta para las poblaciones y particularmente para las mujeres indígenas en su inserción territorial y corporal en la ciudad.
En su mayoría, las mujeres indígenas que se encuentran desplazadas en Bogotá no obtienen la atención y reparación, incluso suelen ser revictimizadas dos o tres veces por qué deben acudir y realizar muchos trámites para poder generar su registro de víctimas. En los centros de atención no hay traductoras ni personas que estén capacitadas para atenderlas (mujer indígena Nasa8).
Para nosotros es una prioridad integrar a nivel nacional el enfoque de género y diferencial, sabemos que regionalmente no se está aplicando, e incluso acá en Bogotá aún tenemos muchas falencias (funcionaria de la Unidad de Atención para las Víctimas)9.
Para el funcionario de la Defensoría de Pueblo entrevistado en el marco de esta investigación, igualmente para otros funcionarios de la Unidad de Víctimas y de la Alta Consejería Distrital para los Derechos de las Víctimas, la implementación de políticas públicas, después de emitidas las sentencias, ha sido un fracaso. Así mismo, coinciden en que Colombia cuenta con unas muy buenas herramientas jurídicas que protegen a las víctimas y que tienen en cuenta el enfoque diferencial y de género, sin embargo no logran pasar a la implementación de programas a largo plazo que generen la recuperación de la autonomía comunitaria y la recuperación de los territorios, lo que hace necesaria la intervención de las mismas comunidades10.
De esta manera, los cuerpos-territorios de las mujeres indígenas en condición de desplazamiento forzado, además de vivir una desterritorialización simbólica, material de sus territorios y un aislamiento de sus propias formas de cuidado, se han encontrado con estructuras estatales que no las reconocen desde la integralidad y que mucho menos han podido incorporarlas a la participación sobre el destino de sus vidas y territorios. Las políticas públicas se han formulado a manera de representar espacios ideales que se acomodan a un sistema abstracto que pretende ordenar las problemáticas sociales desde la externalidad; de esta manera los Decretos Ley y las políticas han sido creadas con el fin de dar sentido y cimentar representaciones del espacio que se abstraen de las experiencias locales.
Es importante tener en cuenta que dicha invisibilización de las mujeres indígenas no solo se ubica en los escenarios políticos gubernamentales, también se han generado luchas al interior de sus comunidades para que su voz sea tomada en cuenta en desiciones políticas. Su lugar no ha sido el de tomar la palabra en escenarios abiertos donde se discutan las necesidades que como mujeres demandan, o los derechos que ellas exigen sobre sus territorios como madres, esposas, viudas, desterritorializadas. Si bien hay mujeres que no tienen reparos en la manera en cómo viven y argumentan su experiencia de vida desde el sistema de la dualidad que manejan las comunidades indígenas, hay muchas otras que han comenzado a cuestionar esta situación y han levantado sus voces para resignificar su presencia al interior de sus comunidades.
En mi comunidad sí se ve mucho el machismo, el hombre es el que habla, pero allá en territorio eso está bien, acá en la ciudad ya no es lo mismo, acá a mí me ha tocado aprender a defenderme y a hablar de lo que quiero y necesito; he aprendido a hacerme respetar y a apoyarme en mi comunidad de maneras diferentes (mujer indígena Uitota11).
La concepción del cuerpo-territorio en general reivindica los cuerpos colectivos, primando las afectaciones y reparaciones grupales por encima de las individuales. Esta realidad cultural que también ha sido asumida desde la institucionalidad, pues se ha generalizado la idea de que todas las mujeres indígenas deben ser atendidas desde un enfoque familiarista12 y colectivo, lo que, a su vez incide en las formas como se conciben los cuerpos-territorio en el contexto del desplazamiento y reterritorialización sacando a la luz el conflicto entre las visiones de complementariedad, con las realidades de un latente machismo, y con las discrepancias existentes con las políticas de género que se abordan desde feminismos occidentales.
De esta manera los espacios abstractos se pueden interpretar como aquellos que el feminismo descolonial reconoce como los sistemas de colonización occidental y de dominio patriarcal representados por sistemas dominantes como el neoliberalismo que hoy en día pretenden colonizar los territorios ancestrales, como las estructuras del Estado, en la sociedad machista y en la configuración de los mismos pueblos indígenas. El espacio abstracto, así como los sistemas dominantes han anulado y subestimado los cuerpos-territorios de las mujeres acomodándolos a mecanismos homogéneos que desintegran las probabilidades de respuestas a las problemáticas de las víctimas.
El Estado colombiano ha configurado una mirada abstracta que intenta retener las voces de las víctimas y responder a ellas; sin embargo, esta abstracción se confunde con la complejidad del mundo social y es incapaz de construir respuestas concretas. Las posturas institucionales en Colombia han hecho trabajos intensos para consolidar -en documentos- la atención a las mujeres en el marco del conflicto, pero éstas aún se conciben desde lugares acartonados y viciados por la burocratización.
Reterritorialización de las mujeres indígenas en la ciudad de Bogotá
Para la Corte Constitucional (Auto 004, 2009) y para los pueblos indígenas ha sido claro que la extinción de las culturas, no solo se debe al desarraigo y a la desaparición sino también a los modos de vida a los que tienen que someterse los y las indígenas al llegar a las ciudades. En tanto se generan rupturas con los calendarios tradicionales ligados a la relación con los recursos ambientales, se fragmentan los proceso etnoeducativos, se agudizan los problemas de salud, se fracturan los sistemas solidarios de intercambios, entre otros aspectos, lo que da paso a problemas de soberanía alimentaria y agudiza las carencias económicas.
Estas afectaciones según la consejera de mujer y familia de la ONIC13, recaen principalmente en las mujeres que han sido desplazadas. Según ella se ha podido ver que “en el desplazamiento o con la pérdida del esposo a causa del conflicto la carga mayor queda para las mujeres, sufrimos más. Somos más débiles cuando nos toca huir porque hablamos muy poco el español y no tenemos tanta relación con la cultura occidental”14. Las mujeres son las encargadas del cuidado del hogar y mantienen una relación permanente y de codependencia con el entorno ambiental15; al encontrarse en situación de desplazamiento hay pérdida de autonomía y deben desarrollar habilidades para poderse adaptar a las nuevas condiciones.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV, 2017)16 dentro de la población desplazada, se registran 3.660.998 mujeres que han sido expulsadas de sus hogares. Para ONU Mujeres, entre 1995 y 201117, la violencia del conflicto armado generó el desplazamiento interno de más de 2.700.000 mujeres, casi 6% de la población total del país, y representan el 51% del total de personas desplazadas. Según el Registro Único de Víctimas de Colombia (RUV, 2016)18, 1.046 mujeres indígenas han sido expulsadas de sus territorios, adicionalmente el 15,8% de las mujeres relegadas declaran haber sido víctimas de violencia sexual; y particularmente las mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianas se han visto afectadas por la violencia derivada del conflicto.
De acuerdo con el informe del RUV del año 2013, el desplazamiento afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres según la edad. Cuando se ven las cifras presentadas en la figura 4.12 sobre la cantidad de hombres y mujeres, se puede confirmar que el número de mujeres supera al de los hombres, referencia que vale la pena considerar de acuerdo con las responsabilidades que recaen en las mujeres al ser víctimas; en tanto es una situación que las pone en desventaja, ya que son ellas quienes en muchas ocasiones se ven obligadas a asumir solas la responsabilidad del hogar a causa de la viudez o de que los hombres ingresaron o fueron llevados por algún grupo al margen de la ley.
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV 2017)
Figura 4.12 Desplazamientos indígenas por conflicto armado en el periodo de 1995-2017 (hombres y mujeres).
La tabla evidencia que, en el año 2005, las mujeres indígenas sufrieron mayoritariamente las expulsiones de sus territorios a causa del desplazamiento forzado, en razón a que este año el país sufrió una agudización del conflicto armado, intensificando las desapariciones y muertes principalmente de hombres, mientras que las mujeres fueron sujetas a ultrajes, violaciones y finalmente expulsadas de sus tierras con sus hijos; haciendo evidente que el conflicto afecta directamente a las mujeres y deja por sentado el modo en que operan tanto los grupos al margen de la ley como las fuerzas militares.
Los datos reflejan una gran problemática sobre el reconocimiento del cuerpo-territorio de las mujeres indígenas, tanto a nivel global como a nivel comunitario. Por esto es preciso preguntarse ¿cuál es el lugar del cuerpo-territorio y el sentido que se le está dando en los espacios representacionales y abstractos de la institucionalidad? ¿Cómo está siendo reconocido desde las mismas comunidades? ¿De qué manera se puede entablar un diálogo para que sean reconocidos desde las perspectivas comunitarias y a su vez se incorporen como mujeres indígenas de manera integral en las políticas públicas?
Está claro que existe una urgencia de posicionar las voces de las mismas mujeres indígenas que han sufrido el desplazamiento, no solo por responder a los discursos y normativas de igualdad de género, sino porque solo sus voces pueden luchar por lo que han perdido. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de que las luchas de las mujeres indígenas defienden un discurso comunitario, muchas de las que se encuentran viviendo en Bogotá fueron desplazadas en la individualidad, esto reitera la importancia de transformar las políticas públicas, los enfoques de género y diferencial, creando diálogos interculturales que necesariamente integren a las mujeres indígenas como mujeres sujetas de derechos individuales que responden a construcciones identitarias comunitarias.
Ahora bien, la forma de entablar diálogos es principalmente trabajando en la descolonización de los discursos impuestos por los feminismos colonialistas y reforzados por la institucionalidad del Estado. Como se mencionó anteriormente, para algunas líderes indígenas los feminismos occidentales funcionan como una estrategia de fragmentación sobre los pueblos indígenas que desvalorizan las culturas ancestrales. Para la lideresa Uitota de la Amazonía Colombiana19 al igual que para la Kankuama y Wayuu, las intervenciones de las instituciones con enfoque diferencial y de género, buscan empoderar a las mujeres indígenas sin tener en cuenta que para ellas la dualidad y las responsabilidades compartidas son las que garantizan el equilibrio. A pesar de estar conscientes de la existencia de estructuras patriarcales y de discriminación sobre las mujeres en espacios de representación política, aseguran que las formas de fortalecer sus luchas son desde la palabra y la agencia en vínculo con su comunidad y familia. Es por esto que la participación de las mujeres en la ciudad es una forma de “caminar la palabra desde la sororidad”, y con base en nuevas representaciones en el espacio que las mismas mujeres se han empeñado en construir, las cuales, a pesar de no afectar a las grandes estructuras institucionales y burocráticas, sí logran generar resonancia en las mesas de concertación distritales y nacionales20.
En este sentido la desterritorialización no solo se considera la pérdida de territorio, también se habla de la pérdida de control del cuerpo-territorio. Por ello se hace importante, la reconfiguración de sistemas comunitarios que integren y reconozcan a las mujeres como sujetas activas en los procesos de toma de decisiones; así como en la deconstrucción de los estereotipos adoptados por el machismo y el sistema patriarcal con el fin de extraer los cuerpos de la figura de botines de guerra u objetos del capital para empoderarlos como sujetos de derechos. Esto solo puede suceder en el reconocimiento del lugar de la experiencia de las mismas mujeres.
Desde el feminismo comunitario, lectura que efectúo, los procesos de desterritorialización han generado desprendimiento, pero en la reterritorialización en Bogotá han emergido procesos para la descolonización de los cuerpos, donde se han recuperado los cuerpos-territorios resignificando así los procesos comunitarios, lo que ha generando una posibilidad de cambio y de nuevas oportunidades para el empoderamiento y la participación de las mujeres indígenas, dándose así múltiples territorialidades y formas de construir sus vidas (Haesbaert, 2012). No empero, para el caso de las mujeres indígenas que vivieron violencia sexual, la expulsión de sus territorios y pérdida de familiares las llevó a vivir en el límite de dos o tres territorios a la vez, insertándolas en la ciudad en diferentes trabajos para poder sobrevivir, condiciones que a su vez crearon resistencias en sus cuerpos.
La reterritorialización no solo guarda relación con los procesos de adaptabilidad a un nuevo entorno, sino a cómo las mujeres desde su autonomía y en la práctica han iniciado procesos de reconocimiento sobre sus derechos y han abierto las puertas para cuestionar constructos culturales. De esta manera para algunas lideresas y trabajadoras indígenas en Bogotá, la desterritorialización ha significado un proceso de desestructuración de sus proyectos de vida; no obstante, en la ciudad han experimentado oportunidades. En la investigación se pudo ver que las formas de reterritorialización pueden darse en varias formas como son: a) el intento por trasladar y reproducir las prácticas culturales en contextos urbanos sin interactuar directamente con el escenario urbano; b) apropiación de nuevas espacialidades y adaptación de sus prácticas a las dinámicas de ciudad y, c) la interacción con los nuevos elementos de la ciudad (hacer parte del lugar, afectarlo y dejarse afectar por él).
Teniendo en cuenta lo anterior, ahora interesa profundizar en cómo las prácticas de dominación, colonización y desterritorialización que han vivido las mujeres indígenas, efectivamente evidencian unas condiciones diferenciadas y revelan unas marcas particulares sobre los cuerpos-territorio que en los límites de los territorios buscan reterritorializarse mediante reconfiguraciones de vida, reproducciones de prácticas de sobrevivencia y resignificación de su identidad.
¿Cómo se entiende la participación? Visiones de las mujeres indígenas y de las instituciones
El feminismo comunitario no niega lo comunitario; genera una denuncia de género desde la descolonización de los cuerpos. Plantea luchar en contra del patriarcado precolonial, el que se refleja en el poder estatal, en la imposición de las nuevas economías extractivas y en la disputa territorial entre actores armados y estatales (en el caso de Colombia). De esta manera el cuerpo colectivo persiste, pero desde la integralidad que propone el cuerpo-territorio, donde la mujer aparece como un sujeto de derechos activo en su participación en la comunidad y ante la institucionalidad del Estado. Con su participación política las mujeres logran alzar la voz para decir lo que quieren y lo que les conviene a sus comunidades en el contexto de ciudad.
Nosotras acompañamos el movimiento indígena y levantamos la voz en cosas que no nos sentimos reflejadas, miramos cómo nos van a tener en cuenta. Nos toca estar de la mano con nuestras autoridades para que ellos vean un interés y comiencen a apoyar en los temas de las mujeres y que ellos también se relacionen con el tema (mujer indígena Wiwa21).
Con el objetivo de responder a la necesidad de las comunidades indígenas para participar y, debido a la falta de aplicabilidad de lo decretado por la Corte Constitucional (Auto 092, 2008; Auto 004, 2009), se han ido creando espacios autónomos que reúnen a la comunidad indígena y a las mujeres para generar plataformas de organización política. En Bogotá existen varios ámbitos representativos para la participación indígena: 1- La mesa de concertación a nivel nacional: en esta mesa se debaten los temas de la agenda gubernamental y es el espacio para que los indígenas intervengan e influyan en la toma de decisiones de política pública; 2- La Mesa Distrital de Víctimas Indígenas que fue conformada desde 2015 y que se ha ido posicionando en el distrito gracias a la pujanza de los y las indígenas. Actualmente liderada por la indígena Nasa, María Violet; y 3- El Comité Distrital de Mujeres Indígenas que se articula a la Secretaría Distrital de la Mujer y al Consejo Nacional de Mujeres, conformado por mujeres que representan a los Cabildos étnicos que se encuentran en Bogotá. Estos son catorce pueblos indígenas, de los cuales solo cinco son reconocidos como Cabildos en la ciudad por el Ministerio del Interior. Estos catorce pueblos se encuentran reunidos en la Casa Indígena, un espacio de reunión que ha contribuido a la consolidación de los procesos en el distrito.
Estos ámbitos tienen la función de reunir a las comunidades que se encuentran en Bogotá para luchar por objetivos comunes, a la vez que se han constituido como plataformas para la reterritorialización de las mujeres indígenas en la ciudad. Particularmente el Comité de Mujeres Indígenas es el único espacio en la ciudad que ha consolidado una red de apoyo y de confianza que permite participar y crear independientemente de la institucionalidad. “Con este Comité queremos trabajar en la superación -de la mujer indígena- con el fin de que logren el empoderamiento por medio de formación y capacitaciones” (mujer indígena Naza22).
La Secretaría apoya el proceso de formación, acompañamiento a las lideresas y a la promoción al derecho de la participación promoviendo que las mujeres se asocien, se organicen, que hagan sus agendas políticas para que las promuevan en sus comunidades y en el distrito. Pero los procesos de participación de la población indígena en Bogotá tienen como problema la falta de garantías de parte de la institucionalidad para que la población pueda asistir a los ámbitos de concertación. No cuentan así con recursos asignados para coordinar el transporte y la alimentación.
Algunas críticas que le han hecho al espacio es la falta de incidencia en la política pública y que se ha concentrado en fortalecer a la mujer de una manera comunitaria e interna
Una de nuestras apuestas era tener más incidencia en las agendas políticas tanto del distrito como de las mismas comunidades, pero esto no ha sido tan fácil por ahora hemos logrado consolidar un espacio para la mujer indígena que le permita expresarse y formarse, eso es un gran avance23.
Pero aun cuando el Comité no tiene gran incidencia a nivel distrital, es un escenario que ha abierto puertas para resolver inquietudes, ampliar las posibilidades de interlocución entre la institucionalidad y las mujeres, y en el fortalecimiento psicológico, emocional y político.
Agencias en la recuperación del cuerpo-territorio
A veces se dice que las mujeres -que se integran a procesos participativos- son la “rueda suelta” dentro de la comunidad, pero es porque son mujeres que están intentando cambiar y transformar, por tanto, lo interesante aquí es cómo las mujeres, como sujetas de derecho quieren transformar en garantía sus derechos (Kimberly Rodríguez, 2017).
Para saber de qué forma se entiende la agencia y la participación como medio que reterritorializa los cuerpos-territorios de las mujeres indígenas, es preciso aclarar qué se entiende por participación. En la investigación se identificaron dos tipos de participación, una cultural, como la llamó una lideresa Uitota, la cual tiene una relación filial con los roles que se le asignan a las mujeres al interior de la comunidad, donde su cuota de participación se centra en la esfera logística -cocina, atiende, y aconseja a su pareja si se lo piden-; allí la mujer se mantiene en la esfera íntima y su capacidad de incidencia se concentra en las posibilidades que le de su esposo o la comunidad. También se refiere a la manifestación de su cultura, por ejemplo, el canto y la danza son prácticas donde se reivindica la cultura, donde se activa y vitaliza, sin embargo, se identifica como una participación que reivindica la cultura y sus cuerpos en la ciudad, pero pocas veces esta participación logra trascender a espacios de toma de decisiones.
Por otro lado, está la participación en espacios de política pública, de toma de decisiones y de empoderamientos locales, que involucran la formación en derechos y el acercamiento a ámbitos de la política por parte de las mujeres; sin embargo, como lo manifestaron algunas mujeres, este es un escenario machista que está integrado principalmente por hombres. Para que una mujer haga parte activa tiene que ganarse su inserción y el respeto de los compañeros, “sí faltaría, sin ser feminista, priorizar la incentivación en programas de formación en política pública y en espacios de participación las mujeres indígenas en del distrito”24.
Las mujeres que acceden a estos ámbitos manejan un nivel de educación occidental medio o alto que les permite interlocutar y asistir a los encuentros. Son mujeres que trabajan, estudian y han ganado autonomía en sus vidas, lo que les hace menos vulnerables a la exclusión. Existen, no obstante, mujeres indígenas en Bogotá, en condiciones de vulnerabilidad más marcadas y con una dependencia total de sus maridos y de las ayudas económicas, alimenticias y de vivienda que da el Estado a manera de asistir temporalmente sus necesidades. Este es el caso de un grupo de mujeres Wounaan no vinculadas a ninguna de las mesas. Únicamente sus líderes indígenas hombres participan de ellas.
La participación de las mujeres Wounaan es en la privacidad, solamente su voz se escucha en el canto -que tiene otro significado espiritual que arraiga a su cuerpo-territorio-. Solo una mujer que rompe esquemas tradicionales puede ser líder, de otra forma no25.
A pesar de esto se tienen que considerar que el nivel de participación que se da entre las mujeres depende mucho de la cultura y del nivel de vulnerabilidad en la que se encuentre. Si la mujer no habla español tiene mayor dificultad para sobrevivir e integrarse a la ciudad.
Para la funcionaria de la consejería Presidencial para la Equidad de Género (2017) es “casi impensable que las mujeres que vengan a los centros urbanos tengan alguna posibilidad de participación política y de liderazgo, no hay condiciones para esto, ellas están muy condenadas al total anonimato”, sin embargo para el caso puntual de las mujeres Wounaan el problema es que a causa del aislamiento y la falta de inserción a la ciudad se mantienen condiciones de plena dependencia que las mantiene -a algunas- en vulnerabilidad.
Teniendo en cuenta los diferentes tipos de participación se debe considerar que tanto la participación cultural como política deben ir de la mano, en la práctica se suelen fragmentar los espacios, lo que se debe a las mismas construcciones pre coloniales y patriarcales de corte neoliberal que ubica lo cultural en la esfera del cuidado de la mujer y aunque es la parte más fuerte de la representatividad indígena en momentos pareciera que ésta solo se comparte en la esfera privada o en eventos culturales, siendo los hombres quienes ocupan la esfera pública.
De cualquier forma, todo tipo de participación en la ciudad está ratificando los cuerpos-territorios en la ciudad, la participación es una forma de decir que las mujeres que están en la ciudad también son indígenas, no se tiene que estar en el territorio para demostrarlo. El reto está entonces en que por medio de la participación se abran caminos que cuestionen y creen posibilidades para que el sentir, el pensar, el ser indígena mujer, transforme las estructuras coloniales tanto de los espacios políticos como desde la construcción comunitaria y su participación en los proyectos de vida. Para la Consejería Presidencial (2017) la tarea es hacer incidencia para que la participación de las mujeres indígenas empiece a aparecer dentro del enfoque diferencial étnico lo que implica que se deben informar y formar sobre sus derechos y manejar la palabra para que pasen a ser representantes y no esté el hombre como intermediario.
La toma de palabra es muy importante, por eso nos toca estudiar para comunicarnos con el blanco y hacer valer nuestros derechos. La palabra nos da poder. La educación es muy importante, es una herramienta para mediar (mujer indígena Uitota26).
Reflexiones finales
Es preciso decir que la mirada crítica, que ha surgido en algunas mujeres indígenas en la ciudad de Bogotá, ha podido surgir paradójicamente en medio del conflicto, cuando el cuerpo-territorio se ha visto retado a enfrentarse a sobrevivir y se ha interesado por aprender y desaprender. Desafortunadamente han sido las mujeres quienes han enfrentado su expulsión desde la individualidad, las que han tenido que aprender a leer, a hablar, a trabajar, a defenderse, a empoderarse de sus vidas, las que han llegado a espacios de participación donde reivindican sus derechos al territorio y su dependencia a las relaciones ambientales que allí se daban. Han sido ellas las que, si bien se han desprendido de las prácticas ancestrales al estar ahora inmersas en un entorno urbano que les integra a otras dinámicas y medios de vida en la búsqueda de la reterritorialización, recrean sus identidades en la adversidad.
Algunas mujeres desde sus palabras manifiestan un sentido de empoderamiento como indígenas que ya no se detiene exclusivamente en la lengua, en el alimento o en sus danzas tradicionales y cuidados corporales; sino que se han tomado los escenarios de participación que solían ser solo de hombres, y han impuesto su voz que reclama los derechos de ellas para aportar directamente en la transformación de los discursos de los derechos de las comunidades indígenas, las mujeres y la restitución de derechos como víctimas del conflicto armado.
El cuerpo-territorio se posiciona entonces como el lugar de la memoria activa de la identidad étnica que caracteriza a las mujeres indígenas, desde donde se activa las herramientas de resistencia y sobrevivencia. Es por esto por lo que se concluye que existen unos cuerpos activos, visibles, que han podido tomar el poder del lenguaje y la comunicación para poder construirse caminos en la adversidad; a su vez están los cuerpos que desde las prácticas íntimas y constitutivas llevan sus luchas en el anonimato de la ciudad.
No empero es importante reconocer que la discusión sobre complementariedad, las tensiones entre procesos colectivos e individuales en las comunidades en el marco de discusiones sobre igualdad de género son temas aún no resueltos, que ponen en conflicto a las mujeres indígenas con las perspectivas occidentales, y a su vez a la academia con las cosmovisiones de las mismas comunidades. Esto ha implicado un mayor esfuerzo para que ellas mismas propongan y gestionen espacios autónomos de discusión consiguiendo que sus cosmovisiones sean entendidas y tenidas en cuenta en la estructura occidental, impulsando la urgencia de generar políticas públicas que integren a las mujeres víctimas y sobrevivientes del conflicto armado a participar activamente en la formulación de leyes y decretos que sean incluyentes.
En estos procesos se hace más necesario acudir a la resignificación del sentido de comunidad, pero de manera intercultural e incluyente. El feminismo comunitario y el descolonial, no solo apela a la descolonización de los cuerpos oprimidos por el patriarcado o por el sistema capitalista neoliberal; apela por la valoración de una red que es construida desde cuerpos femeninos, masculinos, adultos y jóvenes; que valora voces femeninas que cuidan y empoderan a sus comunidades desde la movilización de los cuerpos.
De esta manera es preciso decir que pensar en procesos de territorialización y reterritorialización de los cuerpos-territorios de las mujeres, es ratificar que el centro de poder y de dominio de sus cuerpos nace en los pies que andan y construyen el camino con relación a su contexto ambiental y cultural. Estamos en un momento histórico donde la sabiduría y experiencia de estas mujeres que han tenido que caminar sintiéndose ajenas de sus cuerpos, tienen el deber e interés por tejer el sentido de una tierra que es su sangre, de unos frutos que son sus hijos y de un cuerpo que es palabra, pensamiento, poder, lucha e identidad que se construye sobre las bases de unas estructuras abstractas que se espera sean sacudidas para que respondan a las luchas por los derechos de las mujeres indígenas en Colombia.
