Introducción

El presente trabajo es parte de un proyecto de investigación sin financiamiento, aún en proceso: “Repensando el catolicismo y el protestantismo indígena en Chimborazo” que se está llevando a cabo en la Universidad Nacional de Chimborazo.

Con relación a las rutas metodológicas, se debe ponderar que los hallazgos de la investigación no se presentan en un apartado separado y reducido, sino que transversan en todo el corpus del texto, conjugando con el nivel analítico, estableciendo dinámicas de retroalimentación entre los datos empíricos y teoría, tomando en consideración que la etnografía no es un modelo de investigación cerrado, sino más bien tan heterogéneo como los objetos de estudio, y pone al investigador en condiciones de utilizar técnicas muy diversas, para ajustarlas o modularlas al entorno de investigación (^{Ferrándiz, 2011}). Desde esta óptica, fue interesante acoger las sugerencias de algunas antropólogas (^{Hernández, Shannan y Jan, 2002}), para romper con la perspectiva tradicional de la investigación antropológica que concebía a los pueblos indígenas y a las mujeres como “meros objetos de estudio”, sobre los que había que teorizar desde la academia distante y apolítica (^{Illicachi, 2013}).

De cierta manera, se aspira a insertar en una investigación no individual sino comunitaria, por eso, el presente trabajo, en parte, es un esfuerzo colectivo o minka etnográfica en el que participaron algunas personas, específicamente en la transcripción de ciertas entrevistas; por eso, se hace una especial mención, para dar gracias y reconocimiento a los estudiantes de Psicología Educativa², Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Chimborazo. Esta investigación fue desarrollada a propósito del 25 de Noviembre³ de 2016, fecha en la cual, el mundo celebra el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

El trabajo de campo etnográfico se basa en el uso de las entrevistas personales, registro de las entrevistas en los medios de comunicación (radio y televisión), periódicos, trípticos, afiches, hojas volantes, folletos y revisión bibliográfica de literatura especializada. Así, se pretende sumar en la tarea de visibilizar y “denunciar” la violencia de género y el feminicidio sin la intención de constituirse en un ventrílocuo. El texto inicia analizando los avances, límites y contradicciones de la Constitución Política ecuatoriana de 2008, exponiendo la transición de un Estado pluricultural y multiétnico a un Estado plurinacional e intercultural. Cuando la Constitución de 1998 no pudo cumplir con sus promesas o fue inconclusa, los movimientos indígenas y las organizaciones de mujeres volvieron a presionar en torno a su demanda central de larga data: equidad de género, plurinacionalidad e interculturalidad. Ciertamente, la Constitución de 1998 establecía también un amplio catálogo de derechos colectivos y a favor de las mujeres, pero la Constitución de 2008 lo aumenta y enriquece.

El artículo analiza: por un lado, los discursos y declaratorias contra la violencia de género, el reconocimiento constitucional y avances en términos de legislación secundaria que “aventajan” a las mujeres en el contexto ecuatoriano, por otro, la manera cómo en la vida cotidiana va en ascenso el número de casos de violencia y feminicidios, no obstante de la instauración de un Estado que garantiza y protege a las mujeres, de las firmas de acuerdos y convenios interinstitucionales, de las campañas permanentes en contra de la violencia de género en diferentes espacios y niveles, de los discursos de los medios de comunicación que condenan las agresiones que pesan sobre las mujeres y tendientes a erradicar la violencia de género. En parte, el texto pretende ampliar el debate sobre el tema en cuestión y “porque quisiéramos que las páginas que siguen sean leídas no únicamente como ejercicio de conocimiento sino también de reconocimiento” (^{Méndez, 2014: 109}) y aplicación de los plenos derechos de las mujeres, uno de los mecanismos para desnaturalizar todo tipo de violencia.

La Constitución de 2008

Rafael Correa Delgado, una figura política nueva, académico, docente universitario, y economista de una corriente progresista -que ganó el protagonismo durante el gobierno de Alfredo Palacio- fue electo Presidente del Ecuador, por primera vez, en las elecciones presidenciales de 2006. En la segunda vuelta electoral, el 26 de noviembre de 2006, Rafael Correa triunfó en la elección presidencial con el 56,67% de votos, al candidato opositor derechista y propietario de un conjunto de 117 empresas, Álvaro Noboa. Una de las piedras angulares de su campaña fue la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, así como el punto de encuentros y alianzas con los sectores indígenas, movimientos sociales, partidos y movimientos políticos de izquierda (Partido Socialista, Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Izquierda Democrática, Partido Roldosista Ecuatoriano).

En cumplimiento de su oferta de campaña, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Rafael Correa, el 25 de enero de 2007 convoca a una Consulta Popular para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. El 15 de abril de 2007, tres meses después de que Correa asumiera la presidencia, el 80% del electorado ecuatoriano aprobó una consulta popular para convocar a una Asamblea con el objetivo de elaborar una nueva Constitución (^{Becker, 2015}). Ya en las elecciones del 30 de septiembre de 2007 el Movimiento Alianza País consiguió 80 de los 130 escaños en la Asamblea Constituyente, consolidándose como fuerza mayoritaria en 21 provincias; más de la mitad necesaria para aprobar la nueva Constitución.

El año siguiente, en el referéndum del 28 de septiembre de 2008, el SÍ obtuvo el 63.93% de los votos; el NO recibió el 28.10%; los votos nulos el 7.23%. La única ciudad donde ganó el NO fue Guayaquil⁴ con el 46.97%, mientras que el SÍ alcanzó el 45.68%.

Este triunfo, en gran parte, fue resultante del fuerte apoyo del movimiento indígena ecuatoriano “no ha triunfado solamente Correa, también ha ganado el pueblo indígena y popular, decía Ana María Anaguarqui, dirigente del Movimiento Indígena de Chimborazo” (Entrevista, lideresa indígena, 2008). Como fue el caso de Venezuela con la Constitución de 1999, esta nueva Constitución reformó a fondo las estructuras políticas del Ecuador a tal punto que fue necesario realizar nuevas elecciones municipales, legislativas y presidenciales (^{Becker, 2015}). Uno de los grandes avances es el tránsito de un país pluricultural y multiétnico a un país intercultural y plurinacional: “Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada (…)” (^{Const., 2008, art. 1: 9}). Esta definición no es otra cosa que el reconocimiento de la realidad o del hecho de que en el territorio del Ecuador coexisten con la mayoría mestiza alrededor de trece nacionalidades indígenas (^{Trujillo, 2012}; ^{Becker, 2015}). Pero también está expresando con claridad tres ideas:

(1) Constatación de una realidad, que reconoce que en Ecuador existen culturas distintas a las hegemónicas: somos heterogéneos en Ecuador y también reconoce que existe colonialidad. (2) Una aspiración que todas las culturas tengan la posibilidad de desarrollar al máximo sus potencialidades y poder compartir, aprender de otras culturas: hay que realizar los cambios que permitan una relación de equidad entre los grupos que la componen. (3) Finalmente, la idea de transformar, que implica desterrar y superar el colonialismo de la cultura hegemónica (^{Ávila, 2012: 283}).

Concomitante con esta realidad, la categoría intercultural realmente se constituye en un eje transversal en toda la Constitución. Aparece en varios derechos fundamentales, en el régimen de desarrollo, en el régimen del buen vivir, en los principios del Estado (^{Ávila, 2012}). Lo que más llama la atención a Katherine ^{Walsh (2009} y ²⁰¹²) es que la pauta conceptual de cambio viene de los pueblos de raíz ancestral, históricamente excluidos en la construcción del Estado, la sociedad y la Nación, y de que sean estos los que ahora -con sus conceptos de interculturalidad, plurinacionalidad, el buen vivir, el bienestar colectivo, sumak kawsay, alli kawsay, suma qamaña- promocionen la base para la refundación y descolonización del Estado, la sociedad y el país para todos y todas. Sin embargo, esta virtud constitucional no es suficiente para el tránsito a una nueva forma de Estado, pues depende de la manera en que la sociedad ecuatoriana, sus instituciones, las propias organizaciones indígenas y las mujeres den vida a la nueva Constitución (^{Grijalva, 2008}).

La Constitución de 2008, en términos de género y orientación sexual, también incorpora articulados que expresan innovación; por ejemplo, en su artículo 11, numeral 2 expresa explícitamente la no discriminación por identidad de género, aunque en la Constitución de 1998 consagraba también la discriminación por orientación sexual. Los textos Constitucionales⁵ reconocen con los mismos derechos a las mujeres, hombres y personas de diferentes orientaciones sexuales. El Estado intercultural y plurinacional se encarga de cuidar la vida de las personas, de controlarla, de vigilarla y de sancionar (^{Foucault, 1996}) los actos discriminatorios por acción u omisión de personas e instituciones por medio de la denominada acción de protección⁶, que consiste en un mecanismo tutelar que permite judicializar y sancionar los actos discriminatorios. Otra vez, con estos postulados, el Estado adquiere el derecho de “intervenir para hacer vivir, sobre el cómo de la vida, de intervenir para mejorar la vida, para controlar sus accidentes” (^{Foucault, 1996: 200}), de erradicar los feminicidios, de sancionar los acosos sexuales, etc. En este sentido, el Estado opera como una especie de biopolítica.

Para los grupos históricamente excluidos, discriminados e ignorados en sus derechos, la poca o nada puesta en práctica de estas consagraciones constitucionales hace que la Constitución de 2008 se torne contradictoria o ambigua, generando resistencias y rupturas con los movimientos indígenas, partidos y movimientos de mujeres que endosaron el triunfo presidencial del economista Rafael Correa; por ejemplo, se dio un hecho paradigmático en la Constitución del Ecuador al reconocer los Derechos de la Naturaleza. Sin duda, dotarle de derechos a la Naturaleza significa, entonces, alentar políticamente su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de la ampliación de los sujetos de derechos (^{Acosta, 2014}). Por otro lado, a pesar de las aperturas y acceso visible de las mujeres en el campo político y espacios públicos, aún persisten no sólo la violencia de género y feminicidio, temas a tratarse en los siguientes apartados, sino que van en ascenso de acuerdo a los datos estadísticos.

Las mujeres en el discurso oficial: campañas contra la violencia

Una de las primeras acciones del presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, fue instituir una comisión interinstitucional para la creación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres (PNEVG), mediante el Decreto Ejecutivo No. 620 (^{Diario el Telégrafo, 2016}). La declaratoria del jefe de Estado “La erradicación de la violencia de género” y la emisión del Decreto constituyen una acción reivindicativa, incluso por vez primera en la historia ecuatoriana se inscribe como política del Estado.

Paralelamente, en 2014 y 2015 se firmó un Pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género con la Asamblea Nacional (antes denominado Congreso Nacional), con el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral y Participación. Ambos convenios fueron desarrollados el 25 de noviembre, fecha en que se celebra a nivel planetario, el “Día de la no violencia contra la Mujer”. Sin embargo, quienes dirigen las entidades en pro de la mujer creen que falta mucho para que la práctica sea tan buena coma la teoría y, para María Guamán (Entrevista, noviembre de 2016, profesora y catequista), desde el punto de vista jurídico no establece un procedimiento especial y expedito para el juzgamiento de los delitos de violencia contra la mujer y en los casos de que la mujer requiera el apoyo de la ley tiene que recurrir a un juicio ordinario ante los jueces comunes con largos procedimientos y trámites embarazosos, esto hace que muchas veces desistan de continuar con el trámite de denuncia.

Este hecho parece generalizado en las mujeres de nivel de escolaridad baja. Con fines ilustrativos veamos el siguiente testimonio:

Me fui a la Fiscalía por sugerencia de mis vecinas y familias a denunciar sobre la agresión de mi esposo. Cuando entré al edificio grande ya empecé a ponerme nerviosa, sentí como que nadie quería atenderme ni escucharme. Les preguntaba a la gente que subía y bajaba por la gradas del edificio, unos me decían que debo conseguir un abogado, otros me decían que no es necesario, pues la misma Fiscalía se encarga de tramitar, sólo hay que denunciar. Luego de una hora de muchas dudas, nervios, miedo (pensando en el aparecimiento de mi esposo) por fin llegué a la oficina y me dijeron que ya no había atención porque ya era las 5 de la tarde. Dejé mi negocio para nada. Necesito una copia de cédula y cómo pido a mi esposo. Prefiero no ir, aspiro que algún miembro de la familia intervenga (Rosa Guamán, comerciante, 16 de enero de 2017).

En la cotidianidad, los grandes esfuerzos que hace el gobierno nacional para desburocratizar los trámites parecen insuficientes ya que persiste la burocratización en la conducta de quienes gestionan la denuncia, envueltas en miedo e incertidumbre. La mujer en la Fiscalía, entidad donde se presenta la denuncia, parecía no pensar en la acusación a formularse sino en la presencia imprevista y repentina del agresor (esposo). Aunque para Miriam ^{Lang (2010)}, tomando en consideración a la Fiscalía como un elemento del Estado, los actores sociales que pisan el terreno de este para promover sus luchas específicas tienen que someterse a una estructura asimétrica y a las reglas de la institución y de la burocracia.

En analogía con las enunciaciones legales ecuatorianas señaladas en la sección anterior, por cierto propositivos y alternativos, lanzan una serie de campañas en contra de la no violencia de género con frases: “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”; “Ecuador, actúa ya. Violencia de género no más”; “Infórmate, habla y actúa”; para Pedro Leon (Entrevista, diciembre de 2016, profesor y dirigente indígena) los mensajes son considerados como positivos y que podrían evitar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y niñas y pueden constituirse en una de las mejores vías para elevar su autoestima.

Estas campañas desplegadas institucionalmente contra las actitudes, prácticas, discursos y costumbres que minimizan a la mujer frente al hombre de cierta manera cuestionan y desnaturalizan a la dominación masculina; sin embargo, para mayor efectividad deberían desplegarse también estas campañas masivas desde la cotidianidad, desde las escuelas, desde las familias, desde los barrios, desde los mercados, desde las comunidades indígenas y desde los grupos religiosos. En otras palabras, las campañas nacionales no sólo deben circular desde arriba sino también desde abajo. Una de las respuestas del por qué aún persiste la violencia contra las mujeres puede ser debido a esta forma monodireccional de hacer campañas. Dicho en palabras de Miriam ^{Lang (2010)} habría que transformar las relaciones de fuerza desde afuera y desde adentro de la estructura; efectuar las campañas en todos los niveles reticulares y pluridimensionales.

Institucionalmente, algunas acciones municipales también se suman a estas campañas. Por ejemplo, en las estaciones del trole de Quito⁷ se lee la frase “Yo cambio por ellas”. Una de las gestoras de esta iniciativa, María Fernanda Pacheco⁸, Presidenta del Patronato Municipal, sostiene que la campaña se dirige a modificar las estadísticas, pues el 82% de las mujeres consideran haber sido vulneradas física o psicológicamente en el sistema de transporte público y el 65% cambia sus horarios de desplazamiento por la misma razón. El objetivo de esta campaña, desde el Municipio, busca concientizar y desnaturalizar los comportamientos violentos y, en esta línea, señala haber capacitado a 3.000 funcionarios municipales, entre ellos la policía metropolitana.

Al decir de la autoridad del Patronato Municipal Quiteño, la propuesta busca configurar un espacio de convivencia de igualdad de oportunidades para mujeres y niños y que el transporte público sea un espacio libre de discriminaciones de género. Sin la intención de deslegitimar estas acciones institucionales, se pueden plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué no se asumen estas acciones también desde los barrios? ¿Por qué no compartir con las comunidades indígenas, que poco o nada saben, lo referente a las campañas? ¿Por qué no inducir que la campaña sea asumida desde la subalternidad, que ellas/os mismos sean protagonistas?

Por su parte, María Alejandra Guerrón, representante de la ONU⁹ y experta en violencia de género, en una entrevista en Teleamazonas, menciona que en acción coordinada con el Municipio de Quito implementó el Programa Ciudades Seguras para mujeres y niñas, a fin de visibilizar la problemática con datos estadísticos, para poder evidenciar la magnitud de la problemática y generar políticas públicas locales. Similarmente, tanto el Patronato como la ONU llaman a la acción concreta para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas de la ciudad y del país. Para la representante de la ONU se puede erradicar las violencias con voluntad y conciencia de equidad; coincidentemente la presentadora del canal concluye solicitando unirse a este tipo de iniciativas y menciona que “si todos cambiamos por ellas y sobre todo la gente que va en el transporte público, el país avanza”, asimismo cuestiona la indiferencia de quienes “muchas veces cuando ven agresión o abuso hacia las mujeres en un transporte público nadie dice nada, prefiere mirar para el otro lado”. Pero llaman la atención las frases como “Yo cambio por ellas”, “Podemos cambiar por ellas”, y la pregunta que surge es por qué no puede cambiar por él mismo o por ellos mismos. Para Pedro Leon (Entrevista, enero de 2017, profesor), es como decir: “Yo vivo con mi esposa por mis hijos”. Para atender a este clamor, se requiere un proceso de descolonización que implica creación de hombres nuevos (^{Fanon, 2007[1961]}). Parafraseando las reflexiones de Boaventura de Sousa Santos (2010) se diría que nuestra sociedad patriarcal requiere descolonizar las mentes, hay que descolonizar las relaciones familiares, las escuelas, las calles, las comunidades, que están llenas de prejuicios racistas, machistas y sexistas.

De la misma manera, el presentador del canal RTS, en referencia al 25 de noviembre, informa que las organizaciones femeninas buscan que cada día se acorten las brechas que por generaciones han marcado una relación de poder en el cual el hombre está por encima de la mujer; a posteriori presenta algunas imágenes, videos dramáticos sobre feminicidio, llantos, testimonios desgarradores, la impotencia de las familias que acompañan los mensajes como “una vida llena de maltratos y abusos”, también presenta los datos de la zona 8 de enero a octubre de 2016. Reporta un total de 1,521 denuncias sobre violencia intrafamiliar. De esa cifra, el 84% es en contra de la mujer. Aparece también el testimonio de una víctima y de su madre, ésta última recibiendo el mayor impacto por defender a su hija, de acuerdo a la imagen, se le practicaron 16 puntos en la cabeza porque se le abrió con un marco de aluminio de la ventana.

El apuñalamiento en el pecho o en cualquier parte del cuerpo de la mujer lo convierte en un cuerpo maltratado y abusado, un cuerpo humano deshumanizado. Pierde el derecho de estar vivo. De tal forma que el verdugo ejerce las técnicas del poder centradas especialmente en el cuerpo, en este caso en el cuerpo individual de la mujer. Es una disciplina que inviste el cuerpo, al hombre-cuerpo, sin descartar el ejercicio del poder sobre la vida de las mujeres o mujer-viviente (^{Foucault, 1996}).

También, los medios de comunicaciones aprovecharon el día de la no violencia a la mujer para recoger y visibilizar los testimonios de las mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Así, en la zona 8, incluyendo el Distrito, cada mes se presentan alrededor de 1,500 denuncias por violencia intrafamiliar, ya sea por violencia física o psicológica. En una reunión del Centro de Solidaridad Andina, un colectivo vinculado a la Iglesia progresista y continuadores del legado del obispo Leonidas Proaño, uno de los máximos exponentes de la teología de la liberación en América Latina, a propósito del día no violencia de género y teniendo a 11 hombres y 15 mujeres como participantes, coinciden en concluir que las diferentes tipologías de violencias a la mujer se producen debido a una relación inequitativa del poder.

Fácilmente, el que se cree superior al otro le insulta, agrede, golpea o le puede quitar la vida, la cual es la forma más extrema de acción del violento. Así, el sujeto violento decide quién puede vivir y quién debe morir (^{Mbembe, 2011}). Sin embargo, no hay que olvidar que la violencia de género institucional también ha estado presente en la historia latinoamericana (^{Encalada, 2016}); cabe recordar que las mujeres fueron diferenciadas por el Estado colonial con base en la esclavización y la diferencia de los roles sexuales, como analiza Christine ^{Hünefeldt (2014)} en su artículo: “Mujeres: esclavitud, emociones y libertad. Lima 1800-1854”. Hoy el mismo Estado -en el caso ecuatoriano- abre la posibilidad de acceso y participación de la mujeres en el campo político, por ejemplo.

Las mujeres en el campo político: límites y avances

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, antes llamado Tribunal Supremo Electoral, obliga que tanto las listas de candidaturas como las directivas de las organizaciones políticas sean paritarias. Esta alternativa exige una participación equitativa: el 50% hombres y el 50% de mujeres. Indudablemente, implica un reconocimiento formal e inédito de los derechos políticos de las mujeres ecuatorianas frente a las reivindicaciones y luchas históricas.

De acuerdo a los datos estadísticos del Observatorio Legislativo, de la Presidencia de la República del Ecuador, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del Corte Nacional de Justicia y del Consejo Nacional Electoral publicados en noviembre de 2016 la participación de las mujeres en distintas entidades estatales arrojan los siguientes datos: en la Asamblea Nacional participan el 43.07% de mujeres y 56.93% de hombres; en el Gabinete Ministerial participan el 34.21% de mujeres y el 65.79% de hombres; en el Consejo de Participación Ciudadana el 42% de mujeres y el 58% de hombres; en la Corte Nacional de Justicia el 45.83% de mujeres y el 54.71% de hombres; en las Alcaldías el 7.23% de mujeres y el 92.77% de hombres; en las prefecturas el 8.69% de mujeres y el 91.31% de hombres. Estas aperturas de espacios para las mujeres bajo los dispositivos de la estructura se pueden analizar como la instauración de una nueva tecnología de poder denominada biopolítica (^{Foucault, 2006}); es decir, una nueva tecnología de poder centralizada en la vida de las mujeres, interesada en mujer/especie o mujer viva (^{Foucault, 2006} y ²⁰¹⁴).

Con la ampliación de los derechos, la estructura se constituye en “un poder destinado a producir las fuerzas, a hacerlas crecer y ordenarlas más que obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas” (^{Foucault, 2014: 126}). Pero también, el campo político se constituye en una especie de juego de lucha de hombres y mujeres (entre distintos agentes sociales: clases, grupos, instituciones), donde los primeros intentan conservar sus posiciones en el campo y las mujeres intentan modificarlas (^{Bourdieu, 2015[1998]}).

Con base en los datos estadísticos señalados se puede mencionar también -en comparación a las décadas anteriores- que cada vez se abren más escenarios para pensar que existe equidad de género en los espacios públicos y privados, aunque en realidad la participación de la mujer sigue siendo muy limitada si se toma como referencia el número poblacional de las mujeres en Ecuador. Según el INEC, el país tiene 8´087,914 de mujeres, lo que representa el 50.5% de la población ecuatoriana. Este cuestionamiento no pretende anular los esfuerzos que se vienen haciendo desde la estructura para posibilitar el acceso de las mujeres en diferentes niveles de decisión, en parte por la toma de conciencia de las propias agentes, por las presiones de los organismos internacionales y nacionales y también al inmenso trabajo crítico del movimiento feminista en alianza con los movimientos indígenas tendientes a romper con el esquema de exclusión generalizada. Esto va acompañado de las profundas transformaciones que ha conocido la condición femenina (^{Bourdieu, 2015[1998]}).

Otro caso registrado, en la disputa por la presidencia y vicepresidencia¹⁰ ecuatoriana fueron habilitados ocho candidatos para las elecciones del 19 de febrero de 2017¹¹, de los cuales solamente una mujer aparece liderando en un partido político la candidatura presidencial. Mientras, en las otras dos organizaciones políticas, las mujeres aparecen en el casillero de la vicepresidencia. En resumen, de los ocho partidos políticos, tres son los que incluyen a las mujeres y los otros cinco son binomios de participación exclusiva de los hombres. Finalmente, ni una sola mujer pasó a disputar la presidencia en la segunda vuelta electoral el 2 de abril de 2017; lo cual quiere decir que “Ecuador, al menos, hasta las próximas elecciones no contará ni con la primera ni con la segunda mandataria” como señala Homero García (Entrevista, enero de 2016, presidente del Centro de Solidaridad Andina).

Esta radiografía hace entender que el acceso y el derecho de la mujer es aún incompleto pese a su participación y aspiración, aunque para algunos entrevistados la paridad va más allá de un simple dato numérico: “la paridad se vive no sólo se expresa”. La paridad se transversa en todos los niveles y estructuras sociales. La paridad exige la praxis del principio de la igualdad, de la no discriminación y del no racismo.

En Chimborazo, espacio donde se ejecutó la presente investigación, trece organizaciones políticas fueron habilitadas para el proceso electoral del domingo 19 de febrero de 2017, de las cuales, todas cumplen con el principio de paridad (50% hombres y 50% mujeres), como dispone la normativa del Consejo Electoral; sin embargo solamente en una organización política encabeza la lista una mujer. En las doce restantes quienes ocupan los primeros casilleros son los hombres. Así el escenario político continúa siendo excluyente, machista y jerárquico.

Al decir de María Guamán (entrevista, noviembre de 2016, profesora), “los nombres de las mujeres en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional¹² aparecen porque así lo exige el Consejo Electoral, no porque realmente valoran a las mujeres”. En este sentido, la violencia política se ejerce ocultándose. Las mujeres pueden ocupar cualquier casillero pero menos el primero. El poder político abre las posibilidades a la vez que las cierra, es una especie de poder facultativo y permisivo. Este hecho no solo ocurre en las papeletas electorales, también esta negación aparece en las elecciones. Por ejemplo, el 19 de febrero fueron electos cuatro hombres y ni una sola mujer en la región de Chimborazo¹³.

Este fenómeno ocurre también en términos étnicos, por ejemplo, haciendo un balance electoral podemos decir que solamente siete indígenas (5%) fueron electos como asambleístas (una mujer y siete hombres), similarmente siete afroecuatorianos (5%) fueron electos como asambleístas (tres mujeres y cuatro hombres). Estos datos, entre otros análisis, reflejan lo que imagina y piensa una sociedad; parafraseando las palabras de Valeriana Anaguarqui (Entrevista, diciembre de 2016, exsecretaria del Movimiento Indígena de Chimborazo) hace entender que nuestra sociedad es aún racista, machista y sexista a pesar de las promulgaciones de normativas favorables para los grupos históricamente excluidos. Esta negatividades y limitaciones de una sociedad también funcionan con un tipo de violencia más radical y extrema: el feminicidio en un país plurinacional e intercultural.

Feminicidios en el Ecuador

Catorce feminicidios,¹⁴ ocurridos en enero de 2017, frente a los once asesinatos en 2016 y nueve asesinatos en 2015, alarmaron a los académicos, a los medios de comunicación y a los movimientos sociales. Estos hechos ocurren luego de haber realizado las marchas multitudinarias en las principales ciudades del Ecuador y apenas dos meses después del 25 de noviembre de 2016, fecha en la cual se aprovechó no solamente para conmemorar el día de la No-violencia contra la Mujer sino para rechazar todo tipo de violencia y feminicidios.

De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, en 2014 se registraron 97 muertes violentas de mujeres y hasta julio de 2015 sucedieron 37 casos. Las ciudades con mayor número de casos son Santo Domingo y Quito, hechos que parecieran existir sin importar la edad, religión, situación socioeconómica, etnia o nivel intelectual. En esta misma línea podemos decir que seis de diez mujeres son violentadas de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior. Estos hechos reprochables desde todo punto de vista ocurren no obstante la tipificación del Código Integral Penal (COIP), desde agosto de 2014, en la categoría delito. En la práctica parece que el Estado y la sociedad civil han “descubierto” que estos blindajes jurídicos son porosos. Dicha porosidad impulsa luchas y tensiones en el campo de batalla del Estado. Estas luchas, paradójicamente, legitiman al Estado ecuatoriano como campo de batalla y, al mismo tiempo, lo que está en juego (^{Nelson, 2006}).

La legislación ecuatoriana, con el objetivo de frenar los feminicidios, de proteger y garantizar el derecho al Buen Vivir, tipifica en su nuevo COIP, concretamente, en su Art. 141:

la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionado con pena privativa de la libertad de veintidós a veintiséis años (^{Código Orgánico Integral Penal, 2014: 69}).

A la vez que en su Art. 142 también va en esta línea. Son los marcos jurídicos que contribuyen a sancionar a quienes infrinjan la normativa de COIP y además visibiliza la problemática recurrente y normalizadora. Desafortunadamente, los ordenamientos jurídicos señalados no han impactado significativamente en la realidad ecuatoriana de acuerdo a los casos presentados en los apartados anteriores; empero, no se puede negar la acción positiva y hasta emancipadora del Estado en impulsar y ampliar los derechos para las mujeres, entendiéndose estas promulgaciones como el establecimiento de derechos de reciudadanización o constitución de sujetos de derechos.

Retomando los datos señalados sobre el feminicidio surgen las preguntas ¿realmente se incrementó el número de mujeres asesinadas en enero de 2017? ¿Hubo menos violencia en el 2016 ó 2015 que en el 2017? Se pueden responder desde diferentes perspectivas. A continuación se resaltan algunas: a) al decir de María Guamán (Entrevista, noviembre de 2016, profesora) “no es que el número de feminicidios haya crecido, lo que ocurre es que el feminicidio se ha hecho más visible con la tipificación como delito” y por la toma de conciencia de las propias mujeres frente a la dominación masculina; b) evidentemente, los derechos que protegen a las mujeres y los feminicidios; la vida y la muerte; violencia y paz van regularmente de la mano (^{Tejeda, 2012}); c) se puede entender que existen muchas limitaciones o debilidades del Estado en copar todos los espacios y esa porosidad permite circular la ilegalidad, como analiza Teresa Sierra en el escenario mexicano: “…el Estado es incapaz de realizar: mantener la paz social en una región de gran conflictividad, diversidad étnica y pobreza” (2009: 4).

El Estado no tendría la suficiente capacidad de copar todos los espacios en su control y disciplinamiento, o sea, el despliegue de tecnologías de conocimiento y de poder del Estado parece insuficiente. Sin embargo, en Ecuador existen situaciones favorables que se visibilizan en el establecimiento de las normas jurídicas que protegen a las mujeres, a los niños/as, a los indígenas, eso hace que Ecuador sea uno de los pocos países¹⁵ de la región que tipifica como delito penal el “acto” denominado feminicidio.

Para algunas lideresas indígenas: “El feminicidio consiste en quitar la vida de una mujer” y son fenómenos que se manifiestan abiertamente, sin ningún pudor y en ocasiones con el cinismo ritual (torturas). El feminicidio funciona a través de una dialéctica deshumanizadora, parafraseando a Paulo Freire se diría que la violencia masculina opera deshumanizándolas¹⁶ y minimizándolas; opera despojando la humanidad de la mujer (2013), o simplemente funciona como ocurre cotidianamente con el mecanismo de interiorización y segregación.

La mayoría de las mujeres son asesinadas pueril y cínicamente en riñas intrafamiliares, a golpes, con varias puñaladas (armas blancas, objetos corto punzantes), atadas de manos y pies, generalmente por motivaciones sentimentales (“celos”) o simplemente por complejo de superioridad. En este sentido, el feminicidio arrebata la dignidad humana, la libertad y su sexualidad, aunque este hecho no es exclusivo¹⁷ del Ecuador ni de la actualidad. Para concluir, se requiere continuar trabajando en el proyecto de descolonización de nuestras mentes y almas para liberarnos de nuestra propia esclavitud. Construir una sociedad intercultural y plurinacional para el Buen Vivir es responsabilidad de todos y no sólo de las mujeres ni sólo de los indígenas o de los afros.

Conclusiones

El mayor intento de transformación se produjo desde las Asambleas Constituyentes al escribir una Constitución descolonizadora que apunta a un Estado pluricultural y multiétnico, en 1998, y al Estado intercultural y plurinacional, en 2008. Este hecho se dio en un campo de lucha permanente entre los movimientos sociales, indígenas, feministas, organizaciones de mujeres y grupos políticos de izquierda contra los grupos de poder económico, partidos y movimientos políticos de derecha, a la vez que se dio en un horizonte de negociaciones, resistencias y contradicciones con la estructura.

A fin de concretizar estos postulados jurídicos nacionales e internacionales, para algunas lideresas kichwas del Movimiento Indígena de Chimborazo (Entrevistas, Manuela Atupaña y Valeriana Anaguarqui, diciembre de 2016) una de las maneras de operativizar, “enfrentar y frenar el feminicidio es por medio del fomento de políticas públicas” tendientes a erradicar el machismo, programas intensivos para deconstruir los patrones culturales normalizados y una acción colectiva en todos los niveles.

Las elecciones de 2017 evidencian la forma como todavía opera el machismo y la dominación masculina. Para algunas entrevistadas, los partidos y movimientos políticos inscriben a las mujeres en los Consejos Electorales para diferentes dignidades y solamente para cumplir con el principio de paridad, alternabilidad y secuencialidad exigido por la Constitución, de lo contrario no existiría en la cartografía electoral. El campo político es uno de los espacios privilegiados para determinar los aspectos que operan como la expresión del machismo y de todo tipo de violencia.

El trabajo visibiliza que a pesar de la instauración del Estado Intercultural desde 2008 no se ha eliminado el feminicidio y la violencia que pesa sobre las mujeres. El Estado no es capaz de controlar y vigilar las violencias en su totalidad, además parece haber una serie de porosidad que permite “escapar” e infringir. Por lo tanto, la existencia de una verdadera equidad de género no pasa únicamente por el reconocimiento constitucional o los avances en términos de legislación secundaria; hay que tomar en cuenta que la sociedad ecuatoriana está atravesada por una mirada machista y patriarcal y aún opera una mentalidad e institucionalidad con legados coloniales y racistas. La inclusión de las mujeres en términos de derecho no necesariamente elimina la discriminación y la violencia de género, pues para el tránsito a una nueva forma de Estado se depende de la forma en que la sociedad ecuatoriana, sus instituciones y las propias organizaciones de mujeres den vida a la nueva Constitución (^{Grijalva, 2008}).

Con esta investigación se afirma que tanto las representaciones como los imaginarios y prácticas de los hombres ecuatorianos en su interacción con las mujeres se producen a partir de la “dominación masculina”, que hace posible la actualización del machismo y la violencia de género, aún dentro del contexto del Estado intercultural y del Buen Vivir (^{Encalada, 2016}). La participación y el acceso de las mujeres en espacios de tomas de decisiones no sólo trastoca la dominación masculina, sino que irrumpe y deslegitima las jerarquías que parecían naturales, generando conflictos y campos de lucha entre los dominantes y dominadas, tanto en la vida privada como en la pública.