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La ventana. Revista de estudios de género

versión impresa ISSN 1405-9436

La ventana vol.4 no.32 Guadalajara jul./dic. 2010

 

Avances de trabajo

 

Las mujeres en la migración interna y el empleo informal en Baja California Sur, México

 

Alba E. Gámez*, Tamar Diana Wilson** y Antonina Ivanova Boncheva***

 

* Doctora en relaciones internacionales. Profesora investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Miembro del SNI nivel I. Correo electrónico: agamez@uabcs.mx

** Doctora en antropología. Profesora afiliada al Departamento de Antropología de la Universidad de Missouri-St. Louis, Estados Unidos. Correo electrónico: tamardiana@yahoo.com

*** Doctora en economía y posdoctorada en estudios de la paz. Profesora investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Miembro del SNI nivel II. Correo electrónico: aivanova@uabcs.mx

 

Recepción: 13 de abril de 2010
Aceptación: 3 de noviembre de 2010

 

Resumen

Este artículo analiza las características del fenómeno migratorio en Baja California Sur, en la costa norte del Pacífico mexicano, donde el turismo y la agricultura de exportación son dos sectores atractores de población. Esto ha estimulado una tasa de crecimiento demográfico promedio de 10% en la última década en regiones como Los Cabos, de las que se alimentan los sectores formal e informal. El propósito de este artículo es contribuir a la comprensión de la participación de las mujeres migrantes en el mercado laboral informal.

Palabras clave: Migración interna, empleo informal, género, turismo, Baja California Sur.

 

Abstract

This paper analyzes the characteristics of migration process in Baja California Sur, on the Pacific Ocean coast of northwest Mexico, where immigration has impacted the local economy through the development of tourism and intensive agriculture that target foreign markets. This has encouraged an annual rate of population growth of 10% during the last decade, feeding into employment in both formal and informal sectors. Referring to the cases of women who develop beach vending activities and agricultural workers, this paper seeks to contribute to the understanding of how migration and the informal labor market intertwine.

Key words: Domestic migration, informal employment, gender, tourism, Baja California Sur.

 

La globalización de los procesos de producción ha estimulado una redistribución de la fuerza de trabajo entre y dentro de los países. Si bien las migraciones no son nuevas, en los últimos años se ha enfatizado la novedad de la naturaleza del movimiento y sus impactos sobre las dinámicas locales; esto es, la creación de sistemas de migración recreados tanto individual como colectivamente que tienen efectos territoriales. Las migraciones son relevantes porque implican una reconfiguración de las relaciones económicas, sociales y culturales de sus sitios de origen y destino (Mazurek, 2009: 17). Aunque el desplazamiento puede representar una oportunidad de empoderamiento para los migrantes por el acceso a empleo e ingresos, también da pauta a su explotación y autoexplotación, y a rezagos en materia de educación y salud.

La relación entre migración y empleo informal, y las relaciones de género que ésta auspicia, es un tema pendiente en la agenda de investigación en y para Baja California Sur (BCS). Localizada en el noroeste mexicano, geográfica, económica y políticamente alejada del macizo continental, esta región peninsular se ha visto inmersa desde la década de los noventa en una significativa transformación demográfica auspiciada por el proceso de liberalización económica intensificada en esos años en el país. La mayor integración de BCS derivada de la apertura al comercio y a los flujos de inversión extranjera generó un notable crecimiento del turismo y de las actividades agrícolas de exportación en el estado. Como consecuencia, Sudcalifornia se convirtió en un centro atractor de población, que ha transformado la economía local y también la formación social regional. Aun cuando los flujos migratorios sobre todo estimularon el crecimiento del sector formal, la existencia de un amplio sector informal es perceptible en las calles y en el campo, pero poco se ha estudiado la forma en que las corrientes migratorias, y en particular la que incluye mujeres, se han insertado en el mercado laboral informal.

Este artículo trata sobre el patrón de inmigración hacia Baja California Sur como parte de los procesos migratorios internos en México. Una primera parte aborda algunas consideraciones generales respecto al tema de la migración; en una segunda se ofrecen algunas reflexiones respecto a la composición y condiciones de trabajo femenino en el mercado laboral, y una tercera trata de la situación de las jornaleras agrícolas y mujeres vendedoras como parte del mercado laboral informal en Sudcalifornia.

 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral

El reto a la concepción de que el espacio natural de las mujeres es exclusivamente el doméstico o privado y que, concomitantemente, el espacio público es la reserva natural de los varones ha significado un logro importante para la comprensión y el desarrollo de mecanismos de acción en torno a las relaciones familiares, sociales, económicas y políticas prácticamente en todo el mundo. La explicación, desde la perspectiva de género, es que vivimos un sistema de relaciones entre hombres y mujeres que, lejos de ser natural, es social e históricamente construido en una condición de desventaja para las mujeres, y que está suficientemente documentada. Esto es sumamente relevante porque implica que tal situación de desventaja puede y debe ser modificada. Así, el concepto de género ha sido aceptado e incluido bajo la modalidad de declaraciones, programas e instituciones en las agendas nacional e internacional.

En el caso del acceso al trabajo remunerado, la incursión de las mujeres ha sido motivo de discusión por las diferentes interpretaciones que se hacen de sus resultados. Por un lado, esa integración es criticada porque el peso del trabajo pagado no ha implicado que se reduzca el de las labores domésticas y, por otro, se ha señalado su oportunidad como un medio de empoderamiento. Aunque los gobiernos reconocen el valor del trabajo remunerado y no remunerado (en el hogar, la comunidad o el lugar de trabajo) de las mujeres, también son notorios los avances en materia de igualdad no son los deseados.

La disminución de la pobreza de las mujeres generada por el trabajo femenino es matizada por una serie de elementos que muestran la necesidad de establecer mecanismos que eliminen rezagos existentes aún, como el que, en general, las mujeres ganen menos, ocupen posiciones menores en la jerarquía laboral, engrosen el desempleo en mayor medida, y sufran la continuación de una segmentación horizontal y vertical del mercado laboral. Así mismo, aunque hay avances, las condiciones desiguales que siguen enfrentando las mujeres, si se les compara con los hombres en el mercado de trabajo, se expresan en situaciones desventajosas para ellas, especialmente con relación a los esquemas de seguridad social incluso dentro de la economía formal, donde tienden a ganar menos que los hombres (Mujeres hoy, 2005).

Por el lado de la economía informal, su incremento es explicado por factores relacionados con la dinámica del sistema económico capitalista. La globalización, caracterizada por una mayor integración económica y más competencia, estimula la creación de empleos. Sin embargo, muchos de ellos se generan con condiciones laborales desventajosas para los trabajadores, como la subcontratación, el trabajo por destajo y/o temporal, y la ausencia de contratos y registros que garanticen acceso a la seguridad social. El impacto de las crisis económicas y el estímulo a la flexibilización de la producción y del mercado de trabajo también contribuye a la "informalización" de los empleos. De ese modo, aunque existen diferencias en términos de la ubicación en donde se realiza la actividad, del sector económico, del tipo social y de género, hay un trabajo informal visible y otro que no lo es tanto.

Estudios sobre el sector informal contienen tipologías para comprender su naturaleza, de modo que junto al empleo marginal coexiste un empleo informal caracterizado por la creatividad, la eficiencia y el éxito económico (ilo, 2002). Así, quienes tienen un grado mayor de independencia y autonomía generalmente disfrutan de mejores condiciones que quienes son trabajadores dependientes. El vínculo entre el sector formal y el informal es alto, considerando que los trabajadores informales se abastecen de empresas que les venden insumos, para ellos mismos producir sus mercancías, o bien los productos terminados (Wilson, 1998), como es el caso de quienes expenden en calles o playas. En el sector agrícola, es el producto del trabajo informal el que se encadena a la economía formal.

En un estudio estadístico que abarca las décadas de los setenta, ochenta y noventa, Charmes (1999) encontró que el autoempleo no agrícola había aumentado a nivel mundial y, dentro de éste, también el de las mujeres, aunque a un ritmo menor. A finales de los años noventa, el porcentaje promedio de autoempleo en el total de la fuerza de trabajo no agrícola era de 75.6%. De éste, ese autor estimaba que la participación de las mujeres autoempleadas era de casi 28% de la fuerza de trabajo no agrícola en la década de los noventa, en comparación con 25% en la década de los setenta. En América Latina el autoempleo representaba casi una tercera parte del empleo no agrícola, con Brasil, Ecuador y Venezuela en las primeras posiciones. Charmes destacaba el caso de México como una diferencia en esa tendencia al disminuir la participación de las mujeres en el empleo dentro del sector informal no agrícola de 44.3 a 19.8% con relación a los años ochenta. Esta situación podría explicarse por el aumento en el empleo en maquiladoras (que cobraron auge como parte de la liberaliza-ción de las políticas de inversión extranjera), que tendía a incorporar predominantemente, al menos en un principio, a mujeres. Aunque representa un avance en la medición de la inserción en el mercado laboral informal, el estudio no analizó las condiciones de trabajo en particular, por lo que no es posible señalar el grado de marginación que se deriva del estudio.

En todo caso, la participación de las mujeres en el mercado laboral informal se incrementó al ser estimulada por las crisis económicas y los esquemas de flexibilización laboral (ILO, 2002). Esto se reflejó en el comercio ambulante, de manera que en ciudades de América Latina como Guayaquil y Quito (Ecuador), Lima (Perú) y La Paz (Bolivia) ellas constituían aproximadamente 70% de los comerciantes en la vía pública (Wilson, 1998: 108). Como se verá más adelante, la búsqueda de opciones de mayor ingreso propició la integración de más mujeres en los flujos migratorios, como parte de grupos familiares o por su cuenta.

 

Migración y empleo

El empleo informal es más evidente en las zonas urbanas, como en el caso del sector servicios por el ambulantaje, o del sector manufacturero a través de la subcontratación. En América Latina, la mayoría de los trabajadores independientes desempeñan sus actividades voluntariamente y valoran muy alto sus componentes no pecuniarios. Particularmente en el caso de las mujeres, la dificultad para conciliar la atención a los hijos con el trabajo formal hace atractiva la flexibilidad que ofrece este tipo de trabajo informal, además de que las remuneraciones bajo condiciones de autoempleo son ventajosas en términos del ingreso (Perry et al., 2007: 98, 126).

Esas conclusiones refuerzan estudios comparativos previos entre países en el sentido de que, aunque la pobreza juega un papel importante en el surgimiento del sector informal en general, no todos los trabajadores informales están en condición de mayor desventaja con relación a los empleados en el sector formal. Esto es así especialmente porque el sector formal en muchos casos dista de garantizarles una vida sin pobreza. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la relación entre sector informal y pobreza suele ser mayor toda vez que tienden a insertarse en los niveles de remuneración más bajos (ILO, 2002: 31-32).

Por otra parte, aunque en general la medición del trabajo informal se refiere al empleo no agrícola (ILO, 2002), la informalidad en las relaciones laborales también incluye las actividades agrícolas. En la búsqueda de empleo, la migración se vuelve una solución ante la necesidad de proveer a la supervivencia familiar e individual frente a situaciones de pobreza, desempleo y falta de oportunidades de crecimiento económico y de movilidad social. En este sentido, el desplazamiento temporal, permanente o cuasi nomádico de grupos de población contribuye a la incorporación recurrente de la fuerza de trabajo en un mercado laboral informal y flexible. La migración laboral cíclica puede tener efectos positivos en el desarrollo de las comunidades porque las remesas permiten no sólo la subsistencia de la familia del emigrado sino que contribuyen a reactivar la economía comunitaria. Sin embargo, una migración familiar permanente cancela esa posibilidad porque interrumpe el flujo de recursos y además provoca desarraigo, lo que hace que se deshabiten los lugares de origen, como ejemplifican los casos de México y de otros países emisores de mano de obra a países desarrollados, como Marruecos y Turquía (Portes, 2009); y también fenómenos de discriminación racial y social, y violación de sus derechos humanos y laborales, más aún cuando se trata de población indígena, de mujeres y de menores (Durán, 2007).

Aunque la migración no es nueva, sí se han desarrollado nuevas características. Una de ellas es que las mujeres tienden a migrar (de acuerdo con datos de Naciones Unidas, en 2005 las mujeres constituían 51% de la migración mundial) para mejorar su propia situación económica y social como individuos y/o jefas de familia, y no sólo como acompañantes (Mujeres hoy, 2005). El significado de esto es que pueden llegar a tener una mayor autonomía, independencia y desarrollo, en beneficio incluso de sus comunidades de origen si se mantienen las redes familiares o de apoyo. Pero también se reconoce que el proceso migratorio de las mujeres tiende a darse en un contexto de desigualdad, en el que existe violencia física o mental, discriminación de género en la educación, inequidad laboral y sobrerrepresentación en el sector informal.

 

Migración interna y empleo informal en Baja California Sur

En México, una serie de factores, entre los que destacan las políticas de liberalización económica y la reducción de la intervención estatal, contribuyeron al cambio en los patrones migratorios especialmente desde la década de los noventa. En Baja California Sur, esto se representó a través de dos mecanismos: a) el considerable aumento de la población permanente atraída por el crecimiento del sector turismo, y b) un flujo menos visible pero continuo de jornaleros agrícolas por la incorporación del estado a los circuitos agrícolas de exportación del noroeste mexicano. Esta sección presenta el panorama de los procesos migratorios de connacionales hacia Baja California Sur y su relación con la incorporación de mujeres en el empleo informal: en el caso de las zonas urbanas con su participación en el comercio ambulante de playa, y en zonas rurales, como jornaleras en los campamentos agrícolas de exportación.

 

Las mujeres migrantes en el empleo informal en el sector turismo

La década de los noventa marcó el inicio del predominio de la actividad turística en Baja California Sur, anclado en el despegue del centro turístico integralmente planeado (CIPT) de Los Cabos.1 Como parte de una estrategia federal, el turismo se convirtió en un sector altamente relevante para la economía estatal: en 2008 incluía 23.7% de las empresas, 29.2% del empleo, 21.8% de sueldos y salarios, y 32.2% del valor agregado (Gámez, Ángeles e Ivanova, 2007). Si a eso se le añade el efecto potencial que tiene a través de las interrelaciones intersectoriales, su importancia económica es aún mayor.

El crecimiento del turismo se ha acompañado de un fenómeno migratorio sin precedentes en la media península, pero que se ha concentrado en la parte sur de la entidad; esto fue en detrimento en alguna medida de regiones como Mulegé y Comondú, ambas hacia el norte de la entidad, que se convirtieron en expulsoras de población. La población del municipio de Los Cabos, base del crecimiento turístico sudcaliforniano, creció de 10 mil habitantes en 1970 a casi 170 mil en 2005 (inegi, 2007), esto es, casi 40% de los habitantes en el estado. De ser un conjunto de pequeñas poblaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras, el municipio (especialmente la franja de 33 kilómetros del corredor turístico entre San José y Cabo San Lucas, que incluye a ambas localidades) pasó a contar con más de 14 mil habitaciones de hotel, campos de golf exclusivos, a ser visitado por más de un millón de turistas al año y conformar el núcleo poblacional de mayor dinamismo en el estado, segundo a escala nacional después de Cancún.

Esta situación establecería el marco del comportamiento demográfico de Baja California Sur, de modo que se convirtió en una entidad esencialmente receptora de migrantes. De acuerdo con datos del INEGI (2006), en el 2005 se trasladaron al estado 41 313 personas o 1.7% del total de migrantes internos ese año en el país. Esto ubicó a Sudcalifornia en el lugar 20 de preferencia entre los estados del país. De cada 100 personas que llegaron a la entidad, 21 eran de Sonora, 15 de Guerrero, ocho de Veracruz, siete de Baja California y seis del Distrito Federal. Con relación a la emigración interna, en 2005 salieron de Baja California Sur casi 11 mil personas para radicar en otra entidad, la cifra más baja en todo el país. Los estados que más población expulsaron fueron el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz y Jalisco. De cada 100 personas emigradas, 27 se fueron a vivir a Baja California, 11 a Sinaloa, nueve a Jalisco, seis a Sonora y cinco a Veracruz. Baja California Sur tampoco se ha caracterizado por expulsar población a Estados Unidos. Al año 2000, sólo 0.6% de los habitantes lo hicieron, mientras que el promedio nacional fue de 1.6%, encabezando la lista Zacatecas con 4.8% (INEGI, 2006).

Sin embargo, el crecimiento poblacional, estimulado por las necesidades del turismo, no se ha aparejado con una provisión adecuada de bienes y servicios básicos. Los Cabos es el segundo municipio más poblado y también el más rico en términos del salario mínimo (SM), toda vez que 85% de la población ocupada percibe más de dos SM. Sólo 15% de la población empleada gana dos SM o menos, comparado con el promedio estatal de 24%. El explosivo crecimiento poblacional ha estimulado el surgimiento de asentamientos irregulares, de manera que Los Cabos tiene un porcentaje mayor de su población sin agua entubada (22.5%) y en hacinamiento (43.2%), comparado con 29.5% en La Paz y superando a la media nacional de 40.6%. También tiene más casas con piso de tierra (11%, contra 5% en La Paz). Igualmente, aunque el grado de marginación en Los Cabos es definido como medio (Ángeles et al., en prensa),2 existen amplias zonas marginadas aledañas a los centros turísticos de lujo y a las colonias residenciales habitadas por la clase media y alta que, aunque en menor proporción, también conforma la población de la ciudad.

Las zonas marginadas en mucho son resultado de procesos de invasión de terrenos privados para el establecimiento de viviendas. Las perspectivas de obtener acceso a servicios públicos está entonces en función de su relocalización o de la formalización de la propiedad, misma que depende de la negociación entre líderes de las invasiones y funcionarios gubernamentales (Colectivo Pericú, 2010). Los nuevos inmigrantes suelen ubicarse en esos asentamientos irregulares, y desde ahí se insertan en el mercado de trabajo formal, generalmente en los sectores de construcción o servicios ligados al turismo, o bien en el mercado informal, como en el trabajo doméstico o jardinería, y la venta ambulante en las calles o en las playas del destino turístico.

Con el propósito de identificar las características del empleo femenino en el sector informal, en este año aplicamos 30 encuestas a vendedoras de productos para el turista en la playa El Médano, la más turística del lugar, y de la marina, donde arriban los yates y se recibe a los visitantes de cruceros en la ciudad de Cabo San Lucas. En el primer caso, la proporción de vendedores hombres respecto a ellas era de 3 a 2; mientras que en el caso de la marina era de 7 a 3. El predominio de los hombres parece inusual, debido a que en 2000 sólo 3.09% de la fuerza de trabajo de Baja California Sur estaba ocupada en la venta ambulante, contrariamente a 1.41% de la fuerza de trabajo masculina (Castorena, 2006: 205). Una explicación puede ser que, en términos absolutos, la incidencia masculina en la población económicamente activa es considerablemente mayor: en 2004 había 138 568 hombres pero sólo 68 667 mujeres (Castorena, 2006: 192). Pero, también, como se mencionaba antes, en el sector informal las mujeres encuentran un espacio de integración al mercado laboral que es flexible, no requiere de una alta calificación y, en algunos de los casos (especialmente cuando son independientes), les ofrece una alternativa de empleo en ocasiones mejor remunerada que en el sector formal.

Del grupo de encuestadas, con excepción de una, las vendedoras provenían de otros estados de la república, en los que predominaba Guerrero con 60%, seguido por el Estado de México, Oaxaca, Jalisco, Distrito Federal y Puebla. Casi 70% de ellas han vivido en Cabo San Lucas por más de cinco años y el rango de edad predominante fue de entre 20 y 30 años. La mitad de las vendedoras hablan alguna lengua indígena además del español, y la mayoría decía hablar un poco de inglés. El rol de las redes sociales es evidente, toda vez que 23 de las 30 vendedoras tienen parientes que también son vendedores ambulantes y conocían a alguien al llegar o eran acompañadas por alguno de sus padres o un compañero; ése es el caso de las que llegaron desde niñas. Sin embargo, la formalización de su actividad no es una variable generalizada, ya que sólo un tercio de las mujeres encuestadas tiene licencia para vender.

Por otra parte, fue notable encontrar un alto nivel de escolaridad (algún nivel de primaria o secundaria en su mayoría) y en las aspiraciones de las vendedoras; también destaca la diferencia entre lo que les hubiera gustado estudiar y qué otro trabajo diferente de la venta hubieran tomado. El caso tanto de las vendedoras que disfrutan de su trabajo por el horario flexible, como el de las que tienen aspiraciones de acceso a mayor educación para elevar su relativamente marginado estado, apoyan las conclusiones de Josephine Smart en su estudio de los vendedores callejeros en Hong Kong:

No es el desempleo lo que lleva a la gente a vender en la calle; más bien, es un caso de resistencia activa a la proletarización por parte de personas, cuyas aspiraciones de movilidad social están limitadas por su posición marginada en la sociedad (Smart, 1990: 271).

O incluso las de Arizpe en el caso de las "Marías" en la ciudad de México (Arizpe, 1979: 162).

Sin embargo, varias de las vendedoras mencionaron que el trabajo que realizaban fue el único que pudieron encontrar, sugiriendo que no había otros empleos a su alcance. Éste es ciertamente el caso de aquéllas con niveles de escolaridad bajos. Las respuestas muestran que encontrar empleo en el sector formal es una aspiración compartida.

Por otro lado, aunque sus ingresos varían, con alguna excepción, dependen de los proveedores o contratistas con los que trabajan, bajo un esquema de comisión por ventas, lo que ha limitado su acceso a programas y servicios de salud y protección sociales. La ausencia de integración, pese a ser deseada, en los esquemas de reconocimiento oficial de su actividad condiciona su indefensión ante las autoridades y el desconocimiento de sus derechos. Así mismo, la ausencia de lineamientos reconocidos legalmente en su trabajo auspicia situaciones de explotación por autoridades fiscales o policiacas, y también de autoexplotación, al trabajar largas jornadas en condiciones desfavorables.

 

Las mujeres migrantes en el trabajo informal agrícola

La pérdida de importancia de la agricultura de pequeños productores en el campo mexicano y las políticas de desregulación tuvieron consecuencias claras en la movilidad laboral tanto internacional como interna. Con relación a ésta última, el establecimiento de una agricultura de exportación en circuitos agrícolas, especialmente en el norte del país, contribuyó al despoblamiento rural. Estimaciones recientes se refieren a la existencia en México de 2.34 millones de jornaleros agrícolas, cuando en la década de los setenta los desplazamientos eran una cuarta parte de esa cifra (Lara, 2009). Sin embargo, hay insatisfacción respecto a la medición de la migración vinculada al sector agrícola. Así, como señala Lara:

...Durante la cosecha de hortalizas en Sinaloa, entre diciembre y abril, hay unos 200 mil jornaleros eventuales, pero el censo reporta sólo la presencia de 31 949 durante la última semana de septiembre; en Baja California Sur, donde la cosecha se realiza durante la primavera-verano, se reportan 1 995 jornaleros eventuales, cuando son unos 25 mil; en Sonora, donde la cosecha de las hortalizas es entre octubre y abril y la pizca de la uva en junio y julio, se reportan 32 795, cuando son unos 80 mil (Lara, 2009: 349).

Las condiciones laborales y salariales son motivo de preocupación porque los ingresos son generalmente bajos y los jornaleros carecen de esquemas de seguridad social de corto y largo plazo. Esta situación obliga a su movimiento permanente en circuitos agrícolas en mucho integrados por familias completas, mientras que la ausencia de mecanismos institucionales adecuados para su integración aumenta su vulnerabilidad y marginación. Si bien cifras oficiales la ubican en apenas 10% de los jornaleros agrícolas en general a nivel nacional, la presencia de las mujeres dentro de la población jornalera migrante aumenta en las zonas de cultivo intensivo. Así, del total de 739 255 jornaleros agrícolas atendidos oficialmente en 2002, 35% eran mujeres. Considerando que las familias migrantes incluyen a las esposas e hijas que también laboran en los campos y/o realizan labores domésticas no remuneradas y no registradas, puede suponerse que las cifras de empleo pueden ser mayores que las señaladas. La ausencia de datos ciertos sobre el empleo formal y el informal en la agricultura es un problema que debiera resolverse.

Por otra parte, y aunque en las ciudades las condiciones de vida pueden ser difíciles especialmente si se es un migrante reciente y se carece de redes sociales de apoyo, la migración rural a otras zonas rurales enfrenta condiciones muy adversas, tanto laborales como de vida. El panorama que plantea Lara, común en los campamentos agrícolas del país, describe adecuadamente las condiciones de la mayoría de los que existen en Sudcalifornia:

...El trabajo se realiza en campamentos cerrados, a los que no tienen acceso las instituciones públicas, y de los que no pueden salir libremente los trabajadores. Carecen de servicios sanitarios suficientes, de agua potable, de luz y gas, además de que son alojados en galerones de láminas de cartón en donde existe un fuerte hacinamiento (Lara, 2009: 350).

Si bien esas condiciones afectan a todos los migrantes, impactan aun más a las mujeres por el rol tradicional de género en que se desenvuelven. El éxito de los esquemas de producción agrícola para la exportación no se representa en la vida de los jornaleros y jornaleras: el rancho El Carrizal, cerca de La Paz, ciudad capital, generó alrededor de 50 millones de dólares en 2009, pero menos de 1% de ese recurso se destinó al pago de los jornaleros agrícolas (Ibarra, 2009). Si se tienen presente las declaraciones del ombudsman de Baja California Sur, que refiere condiciones de insalubridad, hacinamiento, indefensión, y violencia entre y hacia los jornaleros y sus familias como una divisa común en la mayoría de los campamentos, se puede adelantar que los cuantiosos recursos de la actividad agrícola no se transfieren a mejorar sus condiciones de vida o laborales. Así, ausentes de la mirada pública, los aproximadamente 25 mil jornaleros agrícolas que cada año se desplazan sobre todo desde Oaxaca, Guerrero y Veracruz a Sudcalifornia perciben de 70 a 100 pesos diarios por jornadas de 8 a 12 horas en promedio y carecen de un espacio laboral digno (Milenio, 2009).

La participación de las mujeres jornaleras como jefas de hogar en los campos agrícolas de Baja California Sur repite el patrón general respecto a su proporción en esa población. Esto es, en 2007, en una encuesta a jornaleros en campos agrícolas de exportación en Jalisco, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, se identificó un total de 879 jefas de hogar o 12%, contra 7 259 varones en esa posición. En Baja California Sur, la proporción bajó a 11% como jefas de familia (124 casos), contra 89% (1 106) de jefes varones. En cuanto a los grupos de edad más frecuentes, casi la mitad de las jefas de hogar eran mujeres de entre 15 a 39 años, aunque 6% de los casos eran niñas menores de 14 años que viajaban solas (De Grammont y Lara, 2007: 37).

La incorporación de las mujeres al trabajo agrícola se da, como con el resto de los migrantes, a partir del contacto con enganchadores que las contratan en sus lugares de origen o dentro de los circuitos agrícolas. Podría decirse que la contratación de jornaleros se da en el esquema de empleo formal, pero esto es cuestionable considerando la enorme flexibilidad de las contrataciones y la indefensión laboral de que son objeto.

Por otra parte, la vigilancia y el apoyo gubernamentales son muy menores. Durante septiembre y octubre de 2009, dato más reciente, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) apoyó a 40 jornaleros en Comondú, 1 830 en Mulegé, 1 394 en La Paz y dos en Los Cabos (Sedesol, 2010). Aunque los datos no distinguen entre jornaleros agrícolas migrantes y permanentes, pero asumiendo que fueran sólo los migrantes, la cobertura es pequeña, por no decir ínfima; esto es, sólo se atendió a 13% de la población jornalera migrante. Si a eso se le añade que el apoyo monetario va de 120 a 525 pesos mensuales, es difícil cumplir no sólo el objetivo de "contribuir a la protección social del jornalero agrícola y su familia" sino incluso el de permanencia escolar, porque no compensa la pérdida salarial que implica la salida del mercado laboral de los hijos de las familias migrantes. Las cifras de atención anteriores resaltan dado que en 2002 se había atendido a un total de 13 282 jornaleros, de los cuales casi la mitad eran mujeres. Si se considera que la Sedesol atendía a finales de 2009 sólo 18 campos agrícolas (en los municipios de Mulegé, Comondú y La Paz) (Ibarra, 2009), y estimaciones ubican el número de éstos entre 29 y 338 (De Grammont y Lara, 2007), el déficit de atención es aún más notable.

Estudios de caso sobre las condiciones de vida y marginación de las mujeres jornaleras en Sudcalifornia reproducen las que sufre ese grupo en el país. Las perspectivas para las madres que laboran en los campos es aún más oprobiosa porque a las largas jornadas de trabajo se añade la de atender a sus familias. En el caso de las mujeres con hijos, la insuficiencia o ausencia de guarderías les hace pagar a veces hasta la mitad del salario a otras mujeres, o encargan a las hijas o hijos mayores el cuidado de los más pequeños. Así, desde la infancia se va reproduciendo entre las jornaleras un esquema de trabajo tanto doméstico como laboral que dificulta, por decir lo menos, sus oportunidades de desarrollo personal y social.

 

Consideraciones finales

El trabajo femenino en el sector informal auspiciado por los procesos migratorios ha sido escasamente estudiado en Baja California Sur. Aunque no es posible generalizar a partir de lo reseñado en este artículo, una diferencia importante al momento de determinar el grado de inserción y beneficio de las mujeres en ese mercado laboral informal es el grado de autonomía que despliegan. Así, en las ciudades, la venta ambulante se presenta como una oportunidad de empoderamiento para las mujeres migrantes que controlan el proceso de comercialización del que son parte, en comparación con las que trabajan subordinadamente; en este sentido se replican los hallazgos para otras regiones. Así, siendo un destino turístico todavía en crecimiento, en Cabo San Lucas un número importante de las mujeres migrantes encuentra oportunidades de inserción económica. Sin embargo, habiendo dicho lo anterior, el problema no es entonces encontrar trabajo, sino el tipo (formal o informal) de ocupación, la remuneración, su temporalidad, y las condiciones laborales en que se desenvuelven.

El contexto económico y cultural en Los Cabos exige una reflexión sobre la elaboración de políticas sociales, culturales y educativas dirigidas a las mujeres migrantes o que viniendo de fuera ya se han establecido en el lugar, que son las que más engrosan el comercio ambulante en ese destino turístico. Tales políticas son urgentes en el ámbito laboral, pero deben rebasar el mero aspecto económico para que permitan una mayor equidad y el enriquecimiento de la sociedad local. Por otra parte, los patrones económicos impactan en la identidad y relación familiares, fenómeno que requiere de estudios particulares, todavía escasos en y respecto a Sudcalifornia.

En el caso de las mujeres migrantes en la zona rural, la situación laboral es más desventajosa: no sólo sufren las constricciones comunes de los jornaleros en general, sino que incluso cuando su inserción en el empleo se da en condiciones aparentemente formales, cargan con una doble jornada extenuante. La explicación común del subdesarrollo y de la violencia contra las mujeres y hombres, adultos y menores, en los ranchos agrícolas de Sudcalifornia es que ahí se reproducen los modos de vida de sus lugares de origen. Esta situación traslada la responsabilidad de las condiciones en los ranchos agrícolas y lo que ocurre dentro de sus límites a los propios jornaleros. Sin embargo, es escasa o nula la referencia a la responsabilidad de los propietarios de los ranchos y de las autoridades gubernamentales que promueven un modelo de crecimiento agrícola que confina a los y las trabajadoras en espacios cerrados, que los discrimina y que no les presenta opciones de desarrollo personal ni social.

Baja California Sur ha encontrado en los procesos migratorios la ocasión de hacerse de una fuerza de trabajo que ha transformado la economía local, generalmente a partir de su incorporación en el mercado laboral formal. Sin embargo, la dupla migración-trabajo informal requiere más atención porque toca, muchas veces negativamente, la vida individual de quienes se emplean en él; pero, además, porque impacta la conformación social de las regiones en donde se presenta y ha probado convertirse —también en muchos casos— en un elemento de disfunción con altos costos sociales. Atendiendo a que hay una tendencia creciente a que las mujeres participen en el mercado laboral informal y en los procesos de migración, incorporar la perspectiva de género en esos estudios ayudaría a establecer las diferencias en el impacto que la dinamización económica tiene sobre hombres y mujeres.

En ese sentido, es necesario fortalecer la capacidad de participación tanto de las mujeres como de los hombres a efecto de contribuir a una sociedad más justa. En los lugares donde el turismo tiene un rol tan central como en los destinos de playa, la visión de género debe ser incluida en los procesos de planeación y toma de decisiones públicas, así como ser parte de esquemas de responsabilidad social corporativa. Una pregunta que debiera hacerse es qué sectores de la economía formal cabeña se benefician del comercio informal en sus calles, marinas y playas. En el caso de las y los jornaleros agrícolas que forman parte de los procesos migratorios pendulares en Baja California Sur, eliminar las condiciones de laxitud laboral, discriminación y violencia es una responsabilidad de las autoridades gubernamentales y de los empresarios agrícolas. En ambos casos se contribuiría a la conformación de una base productiva fortalecida en el estado y a una sociedad más integrada. El éxito de las iniciativas de las mujeres trabajadoras en el sector informal o cuasi formal dejaría entonces de ser resultado sólo del esfuerzo individual para convertirse en componente clave del desarrollo en Sudcalifornia.

 

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Notas

1 Los Cabos como destino turístico se remite esencialmente al espacio entre dos puntos principales: las ciudades de San José del Cabo y de Cabo San Lucas, entre las cuales se forma el corredor turístico, que da vida al centro turístico integralmente planeado de Los Cabos. Extensiones de esta concentración se dan en la costa este, donde se sigue el mismo patrón aunque en escala menor.

2 Cabo San Lucas y San José del Cabo, y de hecho BCS en general, reciben una calificación de "muy baja" marginación en relación con el referente nacional. La localidad Lomas del Sol es la única cercana a la zona de grandes flujos turísticos en Los Cabos, para la que hay información oficial publicada. Sin embargo, se sabe de muchas comunidades en circunstancias similares, como Tierra y Libertad y Mesa Colorada, por ejemplo.