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La ventana. Revista de estudios de género

versión impresa ISSN 1405-9436

La ventana vol.4 no.31 Guadalajara jun. 2010

 

En la mira

 

El derecho con perspectiva feminista

 

Ma. Candelaria Ochoa Avalos*

 

Los derechos de las mujeres con clave feminista. Experiencias del Cladem. Lima, Cladem, 2009.

 

* Doctora en ciencias sociales, profesora investigadora y coordinadora del Centro de Estudios de Género, UdeG. Miembro del SNI nivel I. Correo electrónico: cande@cencar.udg.mx

 

Este libro es producto de la experiencia de veinte años de trabajo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (CLADEM) en la defensa de los derechos de las mujeres en América Latina y parece que se tiene que recibir un premio en otro lugar del mundo para que se reconozca este trabajo, porque de otra manera nuestros países no lo hacen.

Son 11 autoras las que se preguntan en el transcurso del texto: ¿qué es ser feministas?, las cuales responden, ponen los acentos en varias cosas: se necesita no sólo ser la vanguardia de un pensamiento sino, también, tener retaguardia. Parecen ser palabras guerreras, y es posible que lo sean, sobre todo cuando en Latinoamérica la derecha piensa y actúa en contra de los derechos de las mujeres, es decir, de esa "vanguardia" que parecía que teníamos enfrente y a la que le apostamos estos veinte años de activismo feminista y que ahora lo ganado parece que está en grave riesgo ante los embates de la derecha; pero peor todavía del partido que durante 70 años nos dijo que era "revolucionario". En esta situación, los derechos de las mujeres están en grave riesgo, quizá por ello necesitamos tener una retaguardia protectora de nuestros derechos. Sobre todo, como lo dice Susana Chiarotti, el feminismo se ha desarrollado en condiciones adversas, cuando las dictaduras en América Latina estaban en pleno desarrollo y muchas feministas sufrieron las consecuencias en sus vidas y, sin duda, el feminismo se vio influido por estos procesos de dictaduras o democracias o, como en nuestro caso, el gobierno de un solo partido, y que en muchos estados de la República no ha habido ni siquiera la supuesta transición.

A pesar de ello, en 1979 en Venezuela se crea el primer código de disciplinamiento familiar, se firma la Convención de Belém Do Pará. En fin, el tema de la violencia y la prevención de las mismas se desarrolla en todos nuestros países como legítimo. Recuerdo los primeros centros denominados Asociación Mexicana contra la Violencia a las Mujeres, A. C. (COVAC) y el Centro de Apoyo para Mujeres Violadas (CAMVAC), en donde Patricia Duarte era una cabeza visible, que llevaron a cabo una serie de discusiones sobre las reformas a las leyes para tipificar el delito de la violencia contra las mujeres y la violación sexual. Sin embargo, quedan temas pendientes: los derechos sociales como la vivienda, la atención de la pobreza y, sin duda, los derechos sexuales y reproductivos. La misma Chiarotti confiesa que le preocupa la "insoportable levedad del feminismo", pues este vaciamiento político es realmente para preocuparnos, así como la participación activa de los medios de comunicación que hacen "apología del delito", de la ridiculización de las mujeres que viven violencia.

Sin duda, las mujeres hemos aportado el cuestionamiento al paradigma de la Ilustración, de lo universal como masculino y la inclusión de las humanas y sus derechos. Sin embargo, para Norma Enríquez, en lo declarativo, hemos abolido prácticamente las desigualdades, pero no basta, porque las desigualdades sociales, la seguridad social y los servicios públicos están muy relacionados con los derechos humanos, por lo que ya no nos podemos dar el lujo de excluir las expresiones de las mujeres de distintos tipos y demandas por eso de "ésos no son discursos de feministas", porque es necesario crecer con otras, crear redes, hacer movimiento, interpelarnos e interpelar al Estado y a la sociedad. Y el reto es plantear discursos en lenguaje accesible a otros públicos.

Ana Irma Rivera también ubica el reto en la brecha intergeneracional del feminismo, que no ha sido una carrera de relevos, logros sí: los discursos han sido más incluyentes, más diversos, pero también ha habido un distanciamiento del activismo feminista —y lo dice sin pretender polemizar el uso del concepto de género y el alejamiento de las "mujeres"—, tema que queda pendiente para el debate.

Para Rivera, tenemos además a una derecha organizada que atenta de manera permanente contra el Estado laico. Y es que hay que reivindicar que el Estado moderno se caracteriza por mantener su carácter laico, obligado a "garantizar el libre ejercicio" del derecho de los individuos a manifestar su creencia religiosa, de manera que no se obliga a nadie a practicar una religión, pero tampoco se obliga a no hacerlo. Un Estado laico es aquél que garantiza la libertad religiosa en un ámbito estrictamente privado, y que no tiene preferencia por cualquiera de ellas pero, sobre todo, que garantiza que en el espacio público toda organización social —como las iglesias— deje en libertad a las y los ciudadanos para elegir los arreglos válidos y que se enmarquen en las leyes civiles. Y es que el Estado laico no reconoce a ninguna religión, son los creyentes, en todo caso, quienes realizan ese reconocimiento. Ahora, más que apelar a las buenas costumbres de la Iglesia católica, se debe exigir el respeto al Estado laico; además de exigir que los delitos que sus miembros cometan o hayan cometido contra menores de edad y mujeres se sometan a las leyes civiles.

La segunda parte de este libro corresponde a los balances regionales sobre los derechos de las mujeres, que han involucrado a Argentina, Bolivia, Brasil, México, Paraguay y Perú, que reflejan el debate actual sobre los derechos sexuales y reproductivos, la violencia sexual y doméstica, así como y las identidades. Los países han sido demandados porque no atienden o han sido omisos en casos de violencia sexual, violencia doméstica, feminicidio, aborto, esterilización forzada y reconocimiento de filiación de una niña. Estos casos reflejan que las mujeres tienen una clara deficiencia y desigualdad en el acceso a la justicia; por ello, se agradece al CLADEM por presentar estos casos ante las cortes internacionales. Resalta el caso "Campo algodonero", en donde Andrea Media y Andrea de la Barrera se incorporan a la presentación del caso ante la Corte para incluir la perspectiva de género en este caso. Así, el 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló en contra del Estado mexicano por el caso conocido como "Campo algodonero", que se refiere a los asesinatos en Ciudad Juárez de las jóvenes Laura Berenice Ramos Monarrez, Claudia Ivette González Banda, Esmeralda Herrera Monreal y de cinco jóvenes más no identificadas. Esta sentencia es definitiva e inapelable, en cumplimiento con el artículo 67 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Fue a través de la figura del Amicus curiae (Amigos de la Corte), recurso que se interpone para la defensa y promoción de los derechos humanos y que fue utilizada para el caso en mención. Se refiere a una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio que ofrecen voluntariamente su opinión sobre algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

La CIDH dio entrada al recurso interpuesto y finalmente declaró su sentencia por el caso; el seguimiento estuvo a cargo de Karla Michel Salas Rodríguez y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y por parte del CLADEM, quienes desde 2007 participaron de manera activa en el caso.

La sentencia especifica que hubo violación de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana de Derecho Humanos (Pacto de San José), en relación con la obligación general de garantía y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones consideradas en la Convención Belém do Pará.

El Estado incumplió con su deber de investigar —y con ello su deber de garantizar— los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en la Convención Americana (Pacto de San José) en los artículos 1.1 y 2 de la misma y en el artículo 7.b y 7.c de la Convención de Belém Do Pará. Se recuerda que el Estado falló en tomar las medidas apropiadas para sancionar a sus agentes y oficiales, así como en investigar efectivamente el aumento considerable de la violencia contra las mujeres por condición de género, al no someter a los autores de los crímenes a la justicia ni imponerles castigos apropiados ni asegurar reparaciones efectivas a las familias de las víctimas. El Estado es omiso en casos de aborto, como el que atañe a Perú, y es necesario resaltar lo que resulta una evidencia: el aborto afecta a todas las mujeres, pero en mayor medida a las mujeres pobres; por ello, se reconoce que el Estado peruano violó los derechos a un aborto terapéutico; en Brasil, se responsabilizó al país por su negligencia en la intervención de un caso que reveló un patrón sistemático de violencia contra la mujer.

El trabajo del CLADEM ha sido muy importante en el monitoreo como una acción que permite el seguimiento y una mayor incidencia en los reportes sobre los derechos de las mujeres, y de ello nos damos cuenta con este libro, que parece sencillo y resulta muy complejo, sobre todo cuando se han agotado los recursos legales en el ámbito nacional y se tiene que recurrir a la justicia internacional.

Por otro lado, se destaca en este texto la importancia de la participación del CLADEM en los "Informes sombra", es decir, esos informes que se elaboran para las conferencias y cumbres mundiales que presentan un informe alterno al oficial de los gobiernos.

Pese a algunos retrocesos y del avance de la derecha que amenazan los derechos de las mujeres, no todo está perdido. Este 17 de marzo de 2010, Michoacán se convirtió en el primer estado de la República Mexicana que rechazó el decreto propuesto por el Partido Acción Nacional (PAN) para elevar a rango constitucional la vida desde el momento de la concepción y criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo no deseado.

Por ello, y con la participación de todas y de todos, esperamos que la justicia para una vida digna de las mujeres se convierta en reportes de luz, en el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia.