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Desacatos

versión On-line ISSN 1607-050X

Desacatos  no.36 México may./ago. 2011

 

Esquinas

 

Organizaciones y ciudadanía local en dos regiones indígenas de México

 

Organizations and Local Citizenship in Two Indigenous Regions of Mexico

 

José Eduardo Zárate Hernández1 y Sara Raquel Baltazar Rangel2

 

1 Centro de Estudios Antropológicos, El Colegio de Michoacán, A. C., Zamora, Michoacán, México, zarate@colmich.edu.mx

2 Doctorado en Antropología Social, El Colegio de Michoacán, A. C., Zamora, Michoacán, México, sararaquel@colmich.edu.mx

 

Recepción: 10 de julio de 2008
Aceptación: 14 de enero de 2009

 

Resumen

Nos concentramos en la construcción de la ciudadanía local a través diversas prácticas llevadas a cabo por organizaciones en dos regiones indígenas de México. Este planteamiento se ubica dentro de las discusiones actuales de la antropología política donde el análisis cultural de las reivindicaciones de los movimientos sociales ha tomado fuerza. Las organizaciones de nuestro análisis se plantean metas sobre el control del poder al confrontar y negociar con el Estado y al generar propuestas económicas y políticas para el mejoramiento de las condiciones de vida de los indígenas.

Palabras clave: organizaciones indígenas, ciudadanía, Estado, globalización, acción colectiva.

 

Abstract

This article pays especial attention to the construction of local citizenship through different practices done by social organizations in two indigenous regions of Mexico. This problem is situated on the actual discussions of political anthropology were cultural analysis over self vindications on social movements has strengthened. The organizations we analyze establish for themselves goals over the control of power to confront or negotiate with the State, and as they generate economical and political proposals for the improvement of the life conditions of the indigenous.

Keywords: indigenous organizations, citizenship, State, globalization, collective action.

 

GLOBALIZACIÓN, DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En los últimos años, las organizaciones de campesinos indígenas han enfrentado retos derivados de la consolidación de las políticas neoliberales principalmente, del libre comercio y de la llamada "apertura" democrática asociada al multipartidismo y a la alternancia política en México. Es necesario tener en cuenta que durante gran parte del siglo XX la mayoría de las organizaciones estuvieron sometidas al corporativismo del partido hegemónico y a las dinámicas y ritmos que marcaba el mismo Estado. La adopción de las políticas neoliberales transformó la relación de las organizaciones con su entorno social. Ante el aumento de la pobreza y las desigualdades entre las sociedades rurales y urbanas, las grandes organizaciones campesinas —a las que se encontraban afiliadas las pequeñas organizaciones indígenas— han sido incapaces de generar una respuesta unificada y coherente. Aunque han hecho intentos, su acción generalmente no rebasa el nivel regional o local. Ésta ha sido una de las críticas más fuertes que han recibido de aquellos autores que consideran que el impacto de la acción de las organizaciones o de los movimientos sociales debe manifestarse en cambios estructurales (Touraine, 1987; Melucci, 1989). A contracorriente, desde finales de la década de 1980 se ha generado una línea de pensamiento que propone que los efectos económicos y políticos de estas organizaciones —locales o regionales— adquieren significado y pueden llegar a producir cambios importantes en el nivel local.1

Para las organizaciones indígenas de México, el control y manejo de sus recursos naturales, así como la generación de prácticas de participación política, se inscriben en el sistema de relaciones de dominación prevalecientes en sus propias localidades y municipios, y es ahí donde adquiere sentido su acción organizativa. Por lo mismo, para algunos autores la comunidad es donde se genera una "auténtica" o "verdadera" ciudadanía (Harvey, 1998a; 2000; Hernández, 1997) y se puede construir una "democracia radical" (Villoro, 1998) que dé contenido a la democracia formal limitada que ha caracterizado hasta ahora al sistema político mexicano. También encontramos que a este nivel prevalecen los sentimientos primordiales, a los que tanto temen los pensadores del liberalismo clásico y las teorías modernistas. En todo caso, no se trata de procesos lineales. Difícilmente encontramos movimientos u organizaciones sin contradicciones, conflictos, pugnas y, por consiguiente, avances y retrocesos en sus prácticas ciudadanas y en la construcción de una democracia "desde abajo". Aun en los casos de organizaciones con una larga trayectoria y experiencia —como podrían ser las chiapanecas que participaron o participan en el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (Viqueira, 2002; Estrada, 2007)— han aparecido pugnas y retrocesos a la par de propuestas organizativas notables y novedosas. Más que considerar que los efectos de la acción colectiva representan siempre un logro de la democracia, entendido como un claro avance del individualismo y de la racionalidad occidental, nos parece que el signo de nuestro tiempo —y lo que debemos entender— es la continua recomposición de las organizaciones en términos de la búsqueda de nuevos objetivos que conduzcan a una redefinición necesariamente acotada de las relaciones de dominación a nivel local.

La noción clásica de liberalismo define a la ciudadanía como un conjunto de derechos universales, ejercidos o no, por miembros individuales de Estados-nación particulares, aunque su condición histórica llevó a que algunos derechos en general estén ausentes del contrato social moderno y, por tanto, quedaran fuera del proyecto del Estado. Como sugieren Corrigan y Sayer (1985: 1-13), en el intento por crear individuos ciudadanos, el proyecto de Estado buscó unificar los diferentes rasgos culturales de grupos históricamente diferenciados, pretendió borrar las especificidades locales en nombre de una nación culturalmente uniforme, contemplándola bajo una visión homogénea, lineal y dentro de un marco legal. Sin embargo, el desarrollo de una antropología política de la ciudadanía nos muestra que esta noción debe partir de las realidades vividas en tanto que "es un derecho que se construye en la práctica, como un ejercicio cotidiano y no sólo un derecho que se obtiene o que es dado" (Zárate, 2002: 411). Assies, Calderón y Salman (2002) refieren dos condiciones imprescindibles en el estudio de la ciudadanía: por un lado los aspectos cotidianos; por otro, las nuevas configuraciones que produce la globalización. Al respecto señalan:

Es necesario reubicar la discusión sobre ciudadanía tomando en cuenta el campo de las estrategias cotidianas de poder entre agentes sociales; para oxigenar el debate es indispensable considerar las realidades vividas, la cultura, las estructuras políticas y de la sociedad civil que promueven, limitan o "distorsionan" la realización de una ciudadanía plena. Asimismo es necesario considerar que esas dinámicas pueden fomentar imaginarios diversos acerca de la ciudadanía entre distintos sectores de la sociedad. Un segundo tema transversal se refiere a los actuales procesos de cambio que hacen surgir dudas acerca de la viabilidad de la idea misma de ciudadanía; nos referimos a la globalización y a la configuración de una sociedad diferente a la sociedad industrial, con nuevas dinámicas de inclusión y exclusión así como nuevas dinámicas de formación de sujetos (Assies, Calderón y Salman, 2002: 18-19).

En efecto, para entender las consecuencias modernizadoras de la acción de las organizaciones campesinas es fundamental observar estos preceptos y considerar que el Estado nacional ha quedado en medio de dos frentes: por una parte, existe una exigencia de reconocimiento jurídico de diferentes derechos por parte de los ciudadanos; por otra, se encuentran las políticas de la lógica de mercado que están por arriba de las decisiones y de la autonomía del Estado. Éste queda como telón de fondo del escenario mundial frente a la creciente importancia de:

los grandes conglomerados empresariales, [...] los grandes medios de comunicación de masas, las principales universidades y centros de estudio [...] instituciones supuestamente "intergubernamentales' o internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (Borón, 2002: 82).

Para Castro, Mussali y Oliver (2005: 55), las transformaciones del mundo han trastocado al Estado, y en el caso de Latinoamérica este proceso está más acotado debido a la falta de recursos y "colchones" institucionales, la mayor gravitación del capital transnacional y las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM):

este nuevo Estado neoliberal dependiente latinoamericano, hegemonizado por banqueros, financistas y tecnócratas desnacionalizados, carece de cualquier proyecto de acumulación y desarrollo nacional; está definido por su interés de privilegiar el beneficio exclusivo de los monopolios transnacionalizados (Castro, Mussali y Oliver, 2005: 55).

En este contexto, la acción de las organizaciones indígenas contemporáneas por lograr el control de sus procesos de modernización adquiere sentido. Por ello cuestionamos la idea de que las organizaciones se enfrentan "naturalmente" al Estado o a la globalización (Dietz, 1999). Por el contrario, consideramos que su condición de ciudadanos se construye a partir de su larga experiencia de tratar con las agencias del Estado y de buscar nuevas fórmulas de integración. Han sido décadas de negociación con las instituciones estatales lo que les ha permitido generar "estrategias" propias cada vez más efectivas frente a los desafíos del nuevo escenario. De ahí la especificidad de sus reclamos y comportamiento, y su capacidad de resistencia y adaptación a condiciones que parecerían más adversas. El análisis de estas prácticas nos permitirá ver la tensión entre el modelo liberal y las experiencias cotidianas, es decir, entre una ciudadanía dada y otra construida a través de manifestaciones individuales y colectivas. Planteamos como problema central la forma en que las prácticas desarrolladas por los miembros de las organizaciones sociales han impactado en la conformación de ciudadanos colectivos e individuales y cómo esto se vincula con la construcción de una ciudadanía local.

Para ejemplificar este proceso tomamos como referencia dos casos por demás contrastantes en sus propias temporalidades y espacios: los indígenas nahuas del municipio de Cuetzalan del Progreso agrupados en la Tosepan, con una trayectoria de lucha y reivindicaciones de más de 30 años y, por otro lado, los comuneros purhépechas de la comunidad de Sevina, municipio de Nahuatzen, cuya actividad organizativa se inició en los últimos años del siglo XX. Ambos grupos —analizados con base en las acciones de sus integrantes y no como comunidades "imaginadas" (Zárate, 2005)— han buscado, a través del desarrollo de proyectos productivos, constituirse como espacios viables de organización social que permita a sus respectivas poblaciones controlar sus propios medios de producción y hacer frente a los intermediarios, caciques y acaparadores que pretenden aprovecharse de sus recursos. En el México de la modernidad ésos son los agentes herederos de las estructuras de dominación coloniales que representan las formas de dominación tradicional sustentadas en las diferencias étnicas. Precisamente en estas estructuras incide la acción de los movimientos sociales, son las que han tratado de revertir y modificar a lo largo de varias décadas, pero que en el contexto actual de apertura económica y política adquieren un nuevo significado que podríamos considerar modernizador.

 

LA ACCIÓN COLECTIVA EN DOS REGIONES INDÍGENAS: SEVINA Y CUETZALAN

Sevina

Un tema recurrente en las comunidades indígenas michoacanas ha sido la defensa y el control efectivo de su territorio. Diversos autores (Vázquez, 1992; Dietz, 1999; Zárate, 2001) se han encargado de mostrar cómo la reafirmación y el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derechos agrarios —por consiguiente sociales— ocasionó la reivindicación de una identidad local que ineludiblemente se cruza con otras de carácter étnico y campesino. En las interacciones cotidianas con los pueblos vecinos, indígenas o mestizos, y con los agentes del Estado se ponen en juego procesos históricos de más largo alcance con el uso de categorías locales de clase o etnia. En las disputas limítrofes entre comunidades vecinas se antepone la identidad de comunidad y en ocasiones la lealtad a las instituciones nacionales —"nosotros siempre hemos respetado la ley, los revoltosos son los otros", "nosotros siempre hemos sido priistas, siempre hemos estado con el gobierno, los otros son los violentos, los que no quieren arreglos"—. Hasta los años setenta, en las relaciones con los agentes del Estado se usaban las categorías de clase: se presentaban como campesinos pobres, a la que se le adhirió la de indígena. Frente a vecinos no indígenas se utilizan las categorías étnicas: "ellos son mestizos, nosotros comunidad indígena", "ellos no son originarios, nosotros somos de aquí y estábamos desde antes". En este juego de interacciones en que se encuentran inmersas las comunidades indígenas poco importa ya la existencia o no de elementos culturales objetivos para señalar la identidad. Mantener la lengua, el vestido o un gobierno tradicional basado en los "usos y costumbres" no es fundamental para reivindicarse como indígena frente a los adversarios e interlocutores, lo definitivo es el uso y el contenido particular que se le da a cada categoría. En este proceso, el territorio —su recuperación, conservación o mantenimiento— se ha convertido en uno de los signos definitivos para determinar y reconocer a una comunidad indígena (Bello, 2006).

No son pocas las comunidades en Michoacán que —habiendo pasado por un periodo de aculturación y modernización, que en gran medida significó "amestizamiento"— han iniciado procesos de reconstitución de su comunalidad con base en la recuperación y reordenamiento de su territorio. Tal es el caso de Sevina (Muñoz, 2002), Ostula (Gledhill, 2004), Santa Clara del Cobre (Pureco, 2007), San Juan Nuevo (Bofil, 2005), Zirahuén (Zárate Vidal, 1998), entre otras. Estas comunidades, en diferentes momentos, se apropiaron de aspectos modernizadores como escolaridad, nuevas tecnologías, ideas sobre el desarrollo, capacidad de construir discursos políticos, con los que han elaborado diversas estrategias de organización para buscar el reconocimiento y el control de su propio espacio. En general, la recuperación y control territorial pasa por periodos de enfrentamientos y violencia entre comunidades, comuneros y propietarios particulares o entre distintas facciones al interior de las mismas comunidades que han sido ampliamente documentados (Zárate, 2001). Sin embargo, a partir de los años noventa en las comunidades michoacanas se han vuelto constantes dos formas de acción que aparecen estrechamente vinculadas y se refuerzan: el desarrollo de proyectos productivos y la articulación clara con partidos políticos de oposición. No es casual que estas estrategias de organización se desarrollen a la par de la apertura comercial y del pluralismo político en México.

Desde el siglo XVIII, la comunidad de Sevina ha mantenido una fuerte pugna con el poblado vecino y cabecera municipal de Nahuatzen. Según la historia oral y la documentación de archivo, Sevina existía desde el siglo XVI y era cabecera política y religiosa de un partido que abarcaba varios pueblos circundantes, entre los que se encontraban Cherán, Aranza y Quinceo. En el siglo XVII se funda Nahuatzen en terrenos que otorgó en parte la comunidad de Sevina y en parte la comunidad de Cherán. Quizá por estar mejor ubicado que Sevina pronto adquirió mayor importancia económica y política, de tal manera que los curas y otras autoridades prefirieron residir en Nahuatzen. Es así que durante el siglo XVIII los poderes eclesiásticos (el curato) y políticos (la cabecera de distrito) se trasladaron a esta población, algo que los sevinenses no han olvidado y que recuerdan constantemente para descalificar cualquier acción que realicen las autoridades de Nahuatzen —"hasta las campanas de nuestro templo se llevaron"—. Al ganar preponderancia como centro, las familias de mestizos y los principales agentes de la modernidad también se asentaron ahí.

Aunque Sevina, al igual que otras comunidades, en un principio se resistió al reparto de sus terrenos, a fines del siglo XIX ya había repartido y privatizado sus tierras. Luego del periodo armado de la Revolución Mexicana reclamó la restitución de sus tierras como comunidad agraria, pero se encontró con una buena cantidad de irregularidades, principalmente la definición de los límites con las comunidades vecinas —Pichátaro y Comachuén— y la apropiación que algunos particulares habían hecho de terrenos en la comunidad. Prácticamente durante todo el siglo XX estuvieron luchando por la recuperación de sus tierras comunales, lo que ocasionó continuos enfrentamientos tanto con las comunidades vecinas como con las autoridades mestizas de Nahuatzen, quienes siempre terminaban defendiendo las propiedades privadas. Además de enfrentarse constantemente con los propietarios particulares también confrontaron a los talamontes que explotaban sus bosques comunales. Desde la década de 1940 hasta 1970, la comunidad recurrió a la Liga de Comunidades Agrarias del partido oficial o al gobierno del estado, quienes siempre mantuvieron una actitud ambigua y cuya acción se limitó a mantener el orden social frente a los atropellos de jueces, síndicos y ministerios públicos. Durante ese tiempo, ante los continuos agravios de la cabecera municipal mestiza, la comunidad decidió abandonar el habla purhépecha y castellanizarse "para poder defendernos". La castellanización de sus miembros permitió que algunos se profesionalizaran y migraran a trabajar a las grandes ciudades, pero también que sus autoridades iniciaran un continuo ir y venir a las dependencias de gobierno para recuperar y regularizar la situación de sus tierras.

A partir de la década de 1980 se vincularon con organizaciones campesinas e indígenas para buscar la solución definitiva a sus disputas territoriales. Los aires de las políticas públicas habían cambiado, el indigenismo integracionista había sido dejado atrás y lo que prevalecía en el discurso eran las políticas de participación. En el estado de Michoacán las disputas electorales entre partidos de distinto signo se volvieron efectivas y como consecuencia el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió hegemonía, sobre todo en la meseta purhépecha. Además, había un cambio notable en la actitud de los funcionarios de las diferentes instancias con las que deberían tratar, desde el Instituto Nacional Indigenista (INI) —ahora Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)— hasta las procuradurías agrarias y de asuntos indígenas. Los funcionarios de estas dependencias podían tener una actitud proclive a las comunidades y los grupos no beligerantes que mantuvieran una actitud negociadora. En algunos casos, miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) pasaron a ser funcionarios en un continuum fomentado por las nuevas políticas de participación. Los grupos políticos locales conformados por profesionistas y otros actores que manejaban el nuevo discurso de participación se consolidaron como los intermediarios más viables para negociar tanto con el Estado como con las agencias de desarrollo. Pronto llegaron a ocupar los puestos más importantes de representación y, en el caso de Sevina y otras comunidades, desde ahí empezaron a desarrollar proyectos más efectivos para el reconocimiento y la titulación definitiva de sus propiedades comunales.

Hacia mediados de los años noventa, al mismo tiempo que se resolvieron a favor algunos de estos conflictos y la migración nacional e internacional de sus pobladores se incrementaba, los líderes de la comunidad se enfrentaban al problema de ocupar y controlar efectivamente su territorio, por lo cual iniciaron la búsqueda de recursos para el desarrollo de algunos proyectos productivos. Así se acercaron al Programa de Fondos Regionales, logrando en primera instancia un financiamiento para establecer una granja de pollos, y luego obtuvieron apoyos para los cultivadores de granos y para la fabricación de textiles artesanales. Lo más importante de esta etapa fue el proyecto de reforestación y cercado de buena parte del bosque comunal, porque impidieron la entrada de ganado de las comunidades vecinas y de los camiones de los talamontes. En esta época formaron parte de la Unión de Ejidos y Comunidades Indígenas de Michoacán, una iniciativa fomentada por algunos sacerdotes y autoridades comunales de la región con el objetivo de buscar financiamientos para el desarrollo de proyectos comunales y que recientemente adquirió personalidad jurídica como una asociación civil.

Desde 1994, la comunidad ha obtenido un total de 27 apoyos provenientes de diferentes fuentes de financiamiento y con distintos montos para desarrollar proyectos productivos. Los dos proyectos más importantes, tanto en el monto de la inversión como en la generación de empleos, han sido un vivero forestal que surte de árboles nuevos a varias comunidades y un conjunto de cabañas que son parte de un proyecto de ecoturismo. Luego de que la comunidad se ganó la fama de responsable al pagar sus créditos oportunamente, se multiplicaron las ofertas de apoyos. El desarrollo ecoturístico que iniciaron en 2002 casi triplicó su costo —de menos de un millón de pesos a tres—. En el proyecto intervinieron los fondos regionales, los del gobierno del estado, los de la Secretaría de Turismo y los de la CDI. Aunque este proyecto todavía no da los resultados esperados y la inversión ha sido superior a la que pensaba la comunidad, se ha convertido en uno de los ejemplos para la región según agentes del Estado. Los sevinenses reconocen que "Sevina está en los ojos de todos" porque han logrado agenciarse recursos tanto públicos como de fuentes privadas y ahora sus autoridades participan en los principales consejos y comités de la región.

Empero, la comunidad no busca recursos para convertirse en una suerte de empresa comunal para obtener ganancias, sus acciones tienen el propósito claro de recuperar, reorganizar y controlar efectivamente su territorio. Luego de obtener el plano definitivo de su comunidad, la resolución presidencial y la carpeta básica, su objetivo principal fue la elaboración y puesta en práctica de su estatuto comunal. Se trata de un documento consensuado con toda la colectividad mediante asambleas, reuniones y talleres durante varios años, y que para ellos representa la ley comunal, es decir, el ideal de comunidad en el que esperan vivir. Este documento norma la vida social y política, y describe los mecanismos establecidos para ser un miembro de ella.

Pocas comunidades tienen una legislación local tan acabada como la de Sevina. En su momento —principios del 2001—, las autoridades que comenzaron el proceso de formulación del estatuto tenían claro que no debían limitarse a los aspectos netamente agrarios, sino incluir temas fundamentales de la vida social comunitaria. Además, era el momento para regularizar la situación de jóvenes, nuevas parejas y algunos avecindados que, habiendo contraído matrimonio con algún sevinense, ya eran parte de la comunidad pero no tenían derechos. Desde el inicio se tomó la decisión de ampliar el alcance del estatuto a toda la población residente y se pensó que incluso podría servir de modelo, como lo señala el artículo vigésimo: "Para los efectos de la Ley y este Estatuto, todos los hombres y las mujeres nacidos en la Comunidad, hijos de padre y madre originarios de Sevina y hombres y/o mujeres que contraigan matrimonio con un (una) Comunero(a) tendrán carácter de Comuneros de Hecho".

Para su redacción la comunidad buscó recursos y contrató al Grupo Interdisciplinario de Recursos Ambientales (GIRA) que les orientó, recuperó las demandas y revisó los diferentes borradores para crear un documento definitivo. El primer artículo determina que el Estatuto "regula las actividades socioeconómicas al interior de la Comunidad Indígena de Santa María Sevina [...] es de carácter legal y su cumplimiento es obligatorio para todos los comuneros y pobladores" (p. 2). Luego de señalar los límites y bienes de la comunidad puntualiza los siguientes objetivos:

1. Regular el aprovechamiento, conservación y fomento de los recursos naturales.

2. Fomentar y orientar la óptima y racional explotación de los recursos a partir de la utilización de mejoras técnicas e instrumentos de trabajo, previa la autorización de la autoridad competente.

3. Defender, preservar y fomentar los diversos tipos de fauna silvestre y la existencia de cuerpos de agua que ayuden a mantener el equilibrio del ecosistema.

4. Evitar y combatir el mal uso de los recursos naturales, en especial la deforestación, los incendios forestales y la erosión.

5. Incrementar las fuentes de trabajo para elevar el nivel de vida (social, económica y cultural) de los integrantes de la Comunidad.

6. La ejecución de obras sociales y de desarrollo comunitario para el beneficio de comuneros y pobladores.

7. Fortalecer la organización comunitaria y autoridades comunales.

8. Ordenar la participación de las diferentes instituciones y organizaciones políticas a nivel federal, estatal, municipal y comunal.

9. Fomentar y fortalecer la participación de la mujer.

El Estatuto cuenta con capítulos enteros que definen a comuneros y pobladores de Sevina, así como sus derechos y obligaciones. También tiene una sección dedicada a describir los órganos de representación y sus funciones: la Asamblea por encima de comisariado, consejo de vigilancia, jueces y comités auxiliares. Destina varios artículos al manejo de la iglesia, las fiestas y otros bienes patrimoniales de la comunidad. A lo que más espacio dedica es a reglamentar el control, uso y manejo de los recursos naturales: las tierras, el bosque, la flora y la fauna local. No pretendemos hacer un análisis exhaustivo del documento, sólo señalamos el camino particular que ha seguido para fortalecer sus formas locales de representación y gobierno y para construir una autonomía local sustentada en un acuerdo político —o "contrato social"— incluyente que permita mantener un control efectivo de su territorio y de alguna manera de los posibles procesos conflictivos que puedan desencadenarse.

Ahora bien, los sevinenses consideran que al ser parte de entidades mayores como el municipio y depender en gran medida de las decisiones de autoridades, el proceso de ciudadanización no concluye en la comunidad. Su reto es llegar a modificar la estructura municipal prevaleciente y hacer extensivas las ideas de su Estatuto a nivel municipal. Al respecto existen dos opciones: crear un municipio autónomo y separarse de Nahuatzen o participar más activamente en la política municipal. Hasta ahora han seguido la segunda opción, sin estridencias y sin fuertes enfrentamientos. En las elecciones municipales pasadas participó un candidato de la comunidad de Sevina a la presidencia municipal bajo la bandera del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y perdió por nueve votos. Ha sido dentro de este partido donde han tenido una activa participación en la política local y regional. En fechas recientes los precandidatos del PRD para gobernador de Michoacán visitaron la comunidad y establecieron compromisos con los sevinenses. Al igual que otras comunidades (Ostula, según Gledhill, 2004), mantienen sus reservas frente a las demandas de remunicipalización o definición de una región étnica autónoma que han elaborado grupos más radicales dentro del mismo partido y de la región. No existe un camino único y todas las propuestas de solución son siempre parciales, pero lo importante es, en todo caso, construir y fortalecer sus formas de representación desde la misma comunidad frente al resto de la sociedad nacional y del mundo global en que se encuentran inmersos.

 

Cuetzalan

Cuetzalan del Progreso se ubica en la parte noreste de lo que se conoce como la Sierra Norte de Puebla y está conformado mayoritariamente por población indígena hablante de náhuatl. Las relaciones entre los mestizos y los indígenas están marcadas política, económica, social y culturalmente, y es en el ámbito comercial donde se observan con mayor claridad las relaciones desiguales entre los dos grupos. La población se distribuye diferencialmente en el territorio del municipio: la ciudad de Cuetzalan, cabecera municipal, está ocupada por mestizos y la población indígena se asienta en las comunidades periféricas. De acuerdo con el Conteo de Población 2005 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total es de 45 781 habitantes, de los cuales 40 299 se encuentran en condición de habla indígena. La actividad principal de la mayoría de las familias cuatzaltecas es la agricultura de subsistencia que realizan como pequeños productores —de maíz, frijol, jitomate, chile verde y chile seco— y la agricultura comercial de productos como el café o la pimienta, y en menor escala cítricos y frutas.

Durante el último cuarto del siglo XIX se introdujo el cultivo del café en el municipio, pero fue hasta 1930 cuando su comercialización se convirtió en una de las fuentes de ingresos más importantes de la región, permitiendo que un grupo de familias mestizas se enriquecieran con el acaparamiento del grano. A mitad de la década de 1970 surgió un movimiento campesino e indígena que se constituyó como una cooperativa denominada Unión de Pequeños Productores de la Sierra (UPPS) y en 1980 se convirtió en la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional "Tosepan Titataniske" (SCARTT).

El surgimiento de esta organización presentó nuevos desafíos al ejercicio del poder local (Harvey, 1990; Foweraker, 1993, en Harvey, 1998a). Sus miembros no sólo transformaron las formas de intermediación comercial del café, la pimienta y los cítricos, también iniciaron un proceso de participación política que les permitió acceder como indígenas a la presidencia municipal durante la década de 1980. Dentro de la Asamblea General se acordó participar en las elecciones municipales, entendiendo que es a partir de la lucha por la democracia local que se cuestionan las bases de un régimen autoritario (Harvey, 1998b). En ese momento era precipitado elegir un candidato cooperativista, por lo cual decidieron apoyar al profesor Humberto Cruz, quien ganó las elecciones municipales el 26 de noviembre de 1983. Además, se conquistaron las presidencias de las ocho Juntas Auxiliares2 del municipio con representantes cooperativistas. Sin embargo, su trabajo como presidente no fue el que esperaba la Tosepan, sobre todo porque no se desarrolló ningún programa ni ninguna obra pública para beneficio de la población indígena (Aguilar, 1986; Márquez, 1999; Bartra, Cobo y Paz, 2004).

Después de su experiencia anterior, los cooperativistas decidieron acceder a la presidencia municipal a través de su propio candidato: Agustín Ramiro Olivares, campesino originario de la localidad de San Andrés Tzicuilan. Si bien la organización se había definido como independiente al partido hegemónico, quedó claro que la única forma de participar y asegurar el acceso político era registrándose en el PRI. Además, el Estado tenía centralizadas las formas de representación y control político (Foweraker, 1997). Una posibilidad era la Confederación Nacional Campesina (CNC), pero reconocían que con ella podían adquirir compromisos que no estaban dispuestos a cumplir, aparte de que estaba aliada a algunos mestizos priistas del municipio. Finalmente registraron al candidato en el PRI por medio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), considerando que no tenía alianzas en la región. Para la preelección del candidato se realizó una consulta directa a las bases militantes, lo que favoreció a la Tosepan, y los mestizos priistas lo sabían. Por ello iniciaron una campaña de desprestigio en contra de Agustín Ramiro Olivares e impidieron su registro dentro del partido. No obstante, la cooperativa se movilizó y organizó varias acciones (Bartra, Cobo y Paz, 2004: 42-43). Las dificultades no terminaron con el registro. Los mestizos de la cabecera apoyaban la candidatura de Manuel Morales y no querían que el cooperativista llegara a la presidencia, suponían que su triunfo implicaría la desviación de recursos públicos a la organización. Finalmente se lanzaron cuatro precandidatos para representar al PRI: Edgardo González, Manuel Morales, Blanca Salazar y Agustín Ramiro Olivares, quedando este último como candidato.

En noviembre de 1986, Agustín Ramiro Olivares ganó las votaciones y fue la primera vez que la Tosepan consiguió colocar a un miembro de la cooperativa en un cargo de elección popular. El trabajo de la presidencia municipal y de la cooperativa durante este trienio (1987-1990) marcó el rumbo político en la región que inició con la convocatoria a los presidentes municipales de la zona para discutir problemáticas comunes. Después de varias sesiones, 10 presidentes municipales y los dirigentes de la cooperativa acordaron crear un plan de desarrollo regional. En agosto de 1987 surgió el Comité de Desarrollo Regional de la Sierra Nororiental (Bartra, Cobo y Paz, 2004: 45). A partir de Calderón (1995) se entiende que la Tosepan emergió de un periodo autoritario con fortaleza y legitimidad renovadas, logrando el reconocimiento regional como un actor político central; no obstante, la incipiente participación en elecciones con un candidato propio y la falta de experiencia en los acuerdos políticos coadyuvaron a que los mestizos asignaran la mayoría de los regidores. La Tosepan eligió e impulsó un candidato cooperativista para y desde su visión organizativa, reconoció y confió en el trabajo de Agustín Ramiro Olivares y como tal respetó sus decisiones, oportunidad que aprovechó el poder local.

En las siguientes elecciones los cooperativistas lanzaron a Luis Márquez como precandidato del PRI, pero los dirigentes del partido se aliaron a las familias que anteriormente habían estado ligadas al cacique y se consolidaron como un bloque que no permitió la llegada de Márquez. Pero ¿por qué la Tosepan no se movilizó en la participación de su candidato? ¿Por qué los indígenas organizados no participaron en esa elección? ¿Cómo fue la participación e intervención de la cooperativa durante el trienio 1990-1993? Para contestar estas preguntas son muy útiles los planteamientos de autores como Eduardo Zárate y Joe Foweraker. Zárate (1998) señala que el proyecto modernizador del Estado mexicano a inicios de la década de 1990 diversificó los campos políticos en términos de nuevas grupalidades, de la construcción y reivindicación de identidades y del surgimiento de nuevas lealtades. En Cuetzalan eso se tradujo en una lucha por el poder político entre las familias mestizas caracterizada por la creación de alianzas, en la aparición de varias organizaciones sociales y en la conformación de lealtades entre la Tosepan y el Estado para la obtención de financiamientos. El acceso a cargos de elección popular dejó de ser el único medio para resolver las necesidades de la población, la posibilidad de obtener recursos públicos directamente se convirtió en un mecanismo que no requería de una participación política formal (Foweraker, 1997). La consolidación de la cooperativa se llevó a cabo durante los años noventa, cuando sus miembros afrontaron los efectos de diversos hechos internacionales, nacionales y locales, y emprendieron acciones para fortalecer su economía.

El desplome del precio del café, la falta de créditos agrícolas, la desaparición del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) y la pérdida de la cosecha de ese año por una helada no sólo llevaron consigo el desplazamiento del trabajo agrícola en la región, sino que se convirtieron en el detonador que obligó a hombres y mujeres a buscar nuevas opciones para sobrevivir. Esto intensificó la migración de indígenas cuetzaltecas a las ciudades de Teziutlán, Puebla y México. Por su parte, los indígenas organizados decidieron afianzar su cooperativa y convertirse, por medio de ésta, en un mecanismo para contrarrestar los flujos migratorios y los efectos del incipiente sistema económico neoliberal y consolidarse como una alternativa dentro del contexto de la globalización. Desde entonces la Tosepan ha estado generando proyectos productivos, políticos, educativos, de derechos étnicos, de género, ecológicos y comerciales auspiciados a través de fondos revolventes, de gestiones con organismos nacionales e internacionales y de financiamientos estatales, mejorando las condiciones de vida de sus integrantes y de sus comunidades.

En este contexto, la organización —por medio de sus miembros— se constituyó como actor social institucionalizado en el gobierno local. Abrió los espacios locales, estatales y federales para expresar sus demandas ciudadanas, para gestionar recursos y para generar propuestas políticas y económicas autosuficientes. La dinámica dentro de ella fomentó diversos aprendizajes que se reflejaron en la forma de conducirse de sus integrantes al resolver problemas cotidianos, lo que marcó una diferencia respecto del resto de la población. Por ejemplo, las mujeres organizadas comenzaron a recibir atención médica durante el embarazo, a acceder y utilizar métodos de anticoncepción y a denunciar actos de violencia intrafamiliar. Los hombres y mujeres organizados generaron: 1) diversas propuestas de intervención en políticas públicas, como el rechazo a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su participación en movimientos campesinos; 2) varias estrategias de competencia en el mercado internacional, como la implantación de cultivos orgánicos y la inserción en Comercio Justo México (CJM) para exportar sus productos, y 3) una participación activa en la lucha por el reconocimiento de derechos indígenas, como el rechazo a la Ley Estatal Indígena o su intervención en el Juzgado Indígena.

Para hacer frente al nuevo escenario mundial, la cooperativa se convirtió en una empresa, asumió las reglas del mercado como eje medular de la actividad productiva y se integró a la economía mexicana, al mercado mundial y al proceso de globalización mediante la diversificación de proyectos productivos en distintas áreas. Además, se consolidó como una organización política capaz de confrontar y concertar con el gobierno. En consecuencia, este nuevo proceso organizativo se constituyó como una propuesta alternativa al modelo neoliberal, ligada a una visión pragmática e inmersa en cuestiones económicas y políticas. Ésta y otras organizaciones de Cuetzalan3 son un ejemplo notable de empresas indígenas que también se han constituido en una fuerza política que confronta y negocia con el Estado al interactuar cotidianamente con los gobiernos local, estatal y federal (Bartra, 2003: 9-14).

A partir de 1989, la Tosepan y otras organizaciones cafetaleras constituyeron la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), con la cual abrieron un espacio de confrontación política y un mecanismo de comercialización efectiva. La CNOC surgió a la luz del nuevo movimiento campesino como una rama de producción de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). Durante el gobierno de Ernesto Zedilllo (1994-2000) la Tosepan se consolidó a través de diversos proyectos productivos y le dio un giro a su economía campesina. A partir de 1995 impulsó un desarrollo sustentable —Tikyktalia tonemilis uan totekipanolis— por medio del cual intentó convertirse en una empresa autosuficiente en inversión económica, asistencia técnica, capacitación, insumos para la producción agropecuaria, abasto y educación. Para ello desarrolló varias estrategias: la constitución de un grupo de jóvenes cooperativistas que con capacitación permanente se formaron como asistentes técnicos y promotores, la diversificación de los cultivos,4 el desarrollo de un programa de aprovechamiento completo del café, la conformación de cajas de ahorro y crédito Tosepantomin, los proyectos productivos administrados y desarrollados por mujeres. La estrategia más impactante ha sido el proyecto de producción de café orgánico, que ha sido una forma de contrarrestar la crisis del mercado del grano y del campo mexicano, pero sobre todo ha confrontado de forma propositiva al gobierno:

En marzo del 2000, la dirigencia [de la cooperativa] exigió al gobierno estatal y federal asumir la regulación de las exportaciones del aromático, apoyar con 1 500 pesos a los productores que posean menos de dos hectáreas, así como la revisión de los mecanismos implementados por empresas transnacionales destinados a provocar la caída del precio del café.5

No obstante, la cooperativa no esperó el apoyo estatal para hacer frente a esta crisis. Desde 2001, la Tosepan está desarrollando un programa de producción de café orgánico que inició con 260 cooperativistas, de los cuales 140 fueron certificados en 2003 por Organic Crop Improvement Association (OCIA). El mecanismo para implementar este cultivo fue que los socios retomaran su labor campesina en el cultivo del café y que dejaran de reconocerse sólo como recolectores. Además, establecieron un huerto madre de café "Oro Azteca", de donde obtienen la semilla que se utiliza en el vivero para la producción de cafetos, y un banco de germoplasma con 20 variedades de café, donde se comparan y se seleccionan las mejores, que son utilizadas para competir en el mercado justo con un grano de calidad.

Dentro de CJM, la Tosepan fue reconocida como socia titular en 20016 y en 2003 Romualdo Zamora Ángeles, miembro de la cooperativa, ocupó el cargo de vocal de Estándares dentro del Consejo Directivo 2003-2005. También es socia de Agromercados, organización que hasta 2004 era la única certificada bajo la norma de Empresa Mexicana de Comercio Justo y que fue fundada en 2000 y agrupa a 11 organizaciones de pequeños productores, por medio de la cual se comercializan, distribuyen y exportan sus productos. Este proceso productivo ha sido exitoso, aunque los dirigentes reconocen que "el programa de producción orgánica tiene varios retos. Por un lado entramos en la producción de este tipo de café cuando ya muchos lo cultivan, de modo que para competir en el mercado tenemos que ofrecer un producto de buena calidad" (Bartra, Cobo y Paz, 2004: 96). Por otro lado, está el reto del propio caficultor, como señala Nicolás Ávila, pionero y miembro activo de la cooperativa, que en los últimos años se ha dedicado a la producción de café orgánico:

Hace como cuatro años que entramos al café orgánico, eso para que tengamos un poco de precio en el café porque el convencional pues no, sólo café orgánico. Pero es mucho trabajo, de veras. Hay que seleccionar, hay que cuidar, hay que poner en sacos muy limpios que no sean de propileno, no lo permiten. Hay que ser muy, muy cuidadosos y eso cuesta mucho trabajo.7

Para afrontar estos desafíos y abrir el mercado en el extranjero, la organización requirió cumplir con las exigencias de las dos certificadoras: OCIA y Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos, S. C. (Certimex). Con estas certificaciones lograron exportar al menos 100 sacos de café a Japón durante 2005. La aceptación del aromático en ese país atrajo la atención de un grupo de inversionistas japoneses que durante el verano de 2006 arribaron a la ciudad de Cuetzalan para conocer el proceso de producción y asegurar la adquisición del producto.8 Además, en agosto de 2006, 600 caficultores orgánicos cooperativistas recibieron recursos estatales por más de medio millón de pesos para la producción del grano.9

La Tosepan, como organización política, ha demandado al gobierno la resolución de problemas concretos, al mismo tiempo que ha estrechado lazos con estos mismos adversarios. En mayo del 2001 participó con 108 organizaciones en la Declaración del Foro de Información, Análisis y Propuestas "El Pueblo es Primero Frente a la Globalización", en el que anunciaron su posición frente al proyecto Plan Puebla-Panamá y propusieron la construcción y el impulso de un Plan Panamá-México alternativo. Durante 2003 participó en el movimiento "El campo no aguanta más", impulsado por varias organizaciones campesinas, entre ellas la CNOC, cuando un cooperativista era presidente. A finales de abril del mismo año negoció con el gobierno federal y firmó con otras organizaciones el Acuerdo Nacional para el Campo. Cuatro meses después, dirigentes de la organización se reunieron en Los Pinos con Marta Sahagún, esposa del presidente Vicente Fox, quien se comprometió a visitar Cuetzalan para conocer el funcionamiento de la organización. El 11 de noviembre de 2003, Marta Sahagún llegó al municipio para inaugurar el Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan —"La casa donde se abre el espíritu"—, institución creada a través del trabajo de sus socios y con recursos públicos. Ahí reconoció a la cooperativa como un modelo productivo exitoso de larga duración.10 A pesar de la relación con el gobierno federal, la cooperativa reorientó su tendencia política y se unió a las filas perredistas para apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador para presidente de la República por el PRD. Después de las elecciones de 2006, participó activamente en las asambleas informativas y en diversas movilizaciones en el Distrito Federal convocadas por López Obrador.

Con esta movilidad y trascendencia a lo largo de 30 años, la Tosepan ha modificado las relaciones sociales y económicas entre los indígenas y mestizos de la región, estableciendo una nueva forma de interactuar, por ejemplo, frente a la violencia institucional de que son objeto por ser indígenas, ante la falta de información por parte de los médicos sobre los padecimientos y los tratamientos que hace difícil el acceso al servicio médico para quienes son monolingües por la insuficiencia de traductores. No obstante, algunos hombres y mujeres organizados han empezado a exigir a las instituciones médicas un trato digno como pacientes, independientemente de su diferencia cultural. Además, se han convertido para sus comunidades en quienes poseen el aprendizaje y el conocimiento necesarios para acceder a otros espacios para el mejoramiento de sus condiciones de vida y la resolución de problemas cotidianos sin depender de las autoridades municipales. Los acuerdos tomados en las asambleas comunitarias o por la dirigencia han sido decisivos para el futuro de sus localidades. Ello implica que en cada lugar se distribuya el trabajo comunitario por medio de comités definidos con base en necesidades particulares: agua potable, mejora de caminos, educación, oportunidades, obras, feria, capilla, salud, etcétera.

Los indígenas organizados han encontrado, mediante su participación, una forma distinta de vivir su diferencia. En comparación con otros indígenas o mestizos, sus condiciones de vivienda son austeras, muchos aún conservan techos de lámina o paredes de madera en sus viviendas, continúan utilizando el fogón para la preparación de sus alimentos, cuentan con un mínimo de aparatos eléctricos, se comunican en su lengua materna y mantienen su vestimenta, aunque han realizado algunos cambios, como la instalación de letrinas, el reciclado de basura y la elaboración de compostas, entre otras. La distinción entre ser organizado o no va más allá de las condiciones materiales, radica en cómo se establece la relación con los mestizos, con las instituciones gubernamentales y cómo ejercen la ciudadanía desde la vida cotidiana en el contexto local.

 

CONCLUSIONES

Ambas organizaciones muestran un proceso de participación política muy similar al que han vivido la mayoría de los movimientos sociales en América Latina. Se gestaron en la década de 1970 al calor de los reclamos y movilizaciones indígenas y campesinas de carácter independiente que brotaron por todo el país, se vincularon con otras organizaciones, experimentaron la condición de oposición y aprendieron a desarrollar formas de organización, lucha y reclamo propios de los movimientos campesinos y populares. Sin embargo, al cambiar los aires del sistema político en México, estas organizaciones redefinieron sus objetivos en términos de una mayor efectividad y del logro de resultados prácticos para sus miembros. Esta parte del proceso es lo que generalmente no contemplan —ni contemplaban— los estudios sobre los movimientos sociales de los años ochenta, ni muchos de los actuales que sólo se centran en sus efectos coyunturales. Por ejemplo, el cambio que ocurre a fines de los ochenta con la fragmentación de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), la principal y más grande organización campesina que haya existido en Michoacán, y de otras organizaciones agrarias, como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), tiene este trasfondo. Parte de sus líderes y caudillos se percataron de que la lucha agraria y el discurso confrontacionista a estas alturas resultaba inútil si no se acompañaba de propuestas —en realidad, proyectos— para aliviar en algo la pobreza y las condiciones de vida adversas de campesinos y artesanos. Además, encontraron un cambio importante en el discurso gubernamental que promovía la participación de los mismos involucrados en el manejo de los fondos de financiamiento mediante comités integrados en la estructura administrativa.

La consolidación de las organizaciones de Sevina y Cuetzalan está relacionada con las transformaciones del Estado mexicano y la implementación de políticas neoliberales. Hasta hace algunos años, el Estado paternalista descalificaba cualquier tipo de grupalidad, pero frente al desgaste de la fuerza y la relevancia estatal, la posibilidad y oportunidad de que los grupos étnicos se conviertan en actores económicos y políticos está cada vez más presente al encarar cambios de gran magnitud que se orientan a la modificación de las relaciones sociales dentro de sus comunidades y de prácticas económicas y políticas dentro de su contexto próximo. Por ello plantean, con mayor o menor contundencia, adelantar en el reemplazo del concepto de gestión social por el de autogestión a partir del cual se piensan a sí mismas como una fuerza capaz de construir sus propios proyectos e ir solucionando sus necesidades particulares sin tener que recurrir al Estado. Los miembros de estas organizaciones, a través de su acción colectiva, han logrado representarse como sujetos apegados a la solidaridad y a la colectividad. Una actuación que busca el reconocimiento como grupo social específico, con demandas particulares, que se reagrupa para defenderse del impacto que genera la economía global y para exigir la expansión de una ciudadanía que se sustente en una identificación e intereses de grupo.

Ello nos lleva a repensar la noción de la ciudadanía prescrita, individual y universal, y considerar su problematización no sólo dentro del marco de los derechos individuales, sino también dentro de los colectivos, donde las organizaciones sociales deben ser reconocidas como una novedosa propuesta que posibilita el reconocimiento de lo colectivo a la par de lo individual. Las luchas y movilizaciones de estos grupos indígenas ponen de manifiesto la construcción de una ciudadanía a través de las categorías de género, etnia y clase que los antropólogos han colocado en la mesa de discusión al encontrar en los derechos colectivos las condiciones necesarias para acceder a los individuales (Díaz-Polanco, 1992; Hernández, 1997; Jelin, 1994; Stavenhagen, 1992). En este contexto, las organizaciones estudiadas forman parte del movimiento étnico nacional que demanda el reconocimiento de su diferencia.

Sin embargo, reconocer una ciudadanía colectiva nos plantea algunos retos. Primero, entender este proceso requiere ubicarlo en los terrenos políticos particulares donde los actores se confrontan. Resulta imprescindible considerar el movimiento indígena en México como heterogéneo y las diversas formas de comprender la lucha por los derechos étnicos en interlocución con el Estado. El segundo reto es mirar esta particularidad dentro de un contexto más amplio: la globalización. Por ello, "la movilidad de los pueblos ahora exige que la ciudadanía étnica no sólo se plantee ante un solo Estado Nacional, sino ante el orden jurídico internacional en general" (De la Peña, 1999: 23). Además, el caso de las organizaciones de Sevina y Cuetzalan nos sugiere también el reto de entender la ciudadanía definida a través de prácticas económicas y de representación política. Aunque se comprende que los miembros de las organizaciones no hacen diferencias tajantes entre el ámbito económico y el político, su propuesta apunta necesariamente a estas dos dimensiones. Reconocemos que estos procesos de construcción étnica corren paralelos a los proyectos de desarrollo económico y de logros sociales sin oponerse ni excluirse, como generalmente lo presentan juristas, antropólogos, políticos y activistas preocupados por el desarrollo social, así como aquellos teóricos liberales que ven en el reconocimiento de ciudadanos colectivos la negación de la universalidad del ciudadano.

A partir de las organizaciones de Cuetzalan y Sevina, entendemos que la ciudadanía no emana del sentido formal que el Estado da a sus miembros, sino de las acciones que la gente realiza para resolver problemas que se viven como cotidianos. La construcción de la ciudadanía en estos espacios ha pasado por un proceso largo y persistente articulado con la participación en procesos organizativos que se originaron en experiencias locales de comercialización y apropiación de tierras, y que implicaron el enfrentamiento con caciques, terratenientes comerciantes y funcionarios de gobierno. Con ello, la acción colectiva desarrollada en ambas organizaciones durante las últimas tres décadas ha permitido la creación de una ciudadanía local al construir formas específicas para confrontar al poder local, las políticas públicas nacionales y al adaptarse a la globalización. En ambos casos, la población indígena que participa en procesos organizativos es relativamente poca, así que no podemos hablar de un proceso de ciudadanización generalizado, mucho menos de democratización. Pero esa escasa participación hace que la diferencia no sólo radique en las prácticas ciudadanas, sino en el ejercicio de éstas. Finalmente, vale preguntarse si en este contexto global ¿es la ciudadanía una manera efectiva de control del capital económico? Aquí es donde los nuevos sujetos antropológicos toman sentido y donde las organizaciones indígenas aparecen como parte de la emergencia de una ciudadanía local.

 

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Notas

1 Para el caso de México están los trabajos de Alonso (1995), Joseph y Nugent (1994) y Pansters (1997).

2 La Junta Auxiliar es un órgano político-administrativo que organiza a las localidades y conglomera los barrios, rancherías, ranchos y parajes. En el caso de Cuetzalan existen ocho Juntas Auxiliares: San Andrés Tzicuilan, San Miguel Tzinacapan, Yohualichan, Xiloxochico, Yacuictlalpan, Reyeshogpan, Xocoyolo y Zacatipan.

3 Por ejemplo, la Maseualsiuamej Monselyonchicaunij o la Comisión en Defensa de Derechos Humanos Takachiualis.

4 La creación de viveros ha ayudado a resolver este problema, al obtener cada año una producción considerable de árboles de café, nuez de macadamia, pimienta, zapote-mamey, cedro rojo, caoba, cedro rosado, canela y últimamente bambú. El exceso de humedad en la zona ha contribuido a que algunos cultivos no se desarrollen exitosamente: por ejemplo, después de varios años de trabajar la vainilla, el cultivo no resistió las enfermedades ocasionadas por la concentración de humedad. La producción de clavo también se dejó de lado porque el condimento perdía su buqué. Finalmente, el cultivo de hongos y setas ha tenido éxito esporádicamente, pues aunque es un producto con un mercado extenso, las condiciones de producción deben ser extremadamente controladas para evitar que se contaminen. Ha sucedido que en varias ocasiones —no sólo en el caso de la cooperativa sino también en el de otros grupos dedicados a este cultivo— se ha perdido toda la cosecha.

5 La Jornada de Oriente, marzo 23 de 2003.

6 "A partir del 2001 se diferenciaron dos tipos de asociados: los asociados titulares, con plenos derechos y obligaciones; y los asociados solidarios, con derecho a voz. A partir de 2003 se cuenta con 16 asociados titulares y nueve asociados solidarios" (CJM, 2004: 11).

7 Entrevista realizada en su domicilio particular, en la localidad de Yohualichan durante febrero de 2007.

8 Síntesis, septiembre 21 de 2006.

9 Síntesis, agosto de 2006.

10 La Jornada, noviembre 11 de 2003.

 

Información sobre los autores

José Eduardo Zárate Hernández es profesor-investigador del Centro de Estudios Antropológicos de El Colegio de Michoacán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), unidad Occidente. Es autor de Los señores de utopía. La etnicidad política en una comunidad purhépecha (Colmich, CIESAS, 1994) y de Procesos de identidad y globalización económica en el sur de Jalisco (Colmich, CIESAS, 1997). Ha sido editor de Bajo el signo del Estado (Colmich, 1999), La Tierra Caliente de Michoacán (Gobierno del Estado de Michoacán, Colmich, 2001), Barthelemy en la meseta. Paisajes, quehaceres y luces purhépecha (Gobierno del Estado de Michoacán, Colmich, 2009) y Presencia de José Lameiras en la antropología mexicana (Colmich, 2009).

Sara Raquel Baltazar Rangel es consultora independiente. Licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en antropología social por El Colegio de Michoacán. Actualmente realiza su tesis doctoral en antropología social por El Colegio de Michoacán, cuyo tema se centra en el Estado, la ciudadanía, la participación política y el género. Ha realizado varias investigaciones en las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla y en el oriente de Michoacán.

 

Información sobre el fotógrafo

Octavio Hoyos estudia periodismo en la Universidad del Distrito Federal. Ingresó a la agencia Imagenlatina en 2000 como fotógrafo, bajo la dirección de Marco Antonio Cruz. Su trabajo ha sido publicado en medios nacionales como La Crónica, Reforma, La Tempestad, Bleu & Blanc y Milenio Diario, donde es fotógrafo desde 2004. Ha colaborado para Time Magazine en Estados Unidos y la revista especializada en fotografía Black and White. Ha expuesto en México, Argentina, Canadá, Italia y Colombia, y en páginas web alrededor del mundo. Fue seleccionado para el concurso "Día a Día" de la VII edición de FotoGrafia Festival Internazionale di Roma, Italia 2008. Obtuvo mención de honor por su trabajo "Playas de Tijuana", en la categoría de Trabajo migrante dentro del XIV Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental "Los Trabajos y los Días", Colombia 2008. Es miembro del sitio www.panorama-gallery.com, especializado en fotografía panorámica. www.octaviohoyosphoto.com / www.octaviohoyos.blogspot.com