1. Criterios que favorecen la especialización

Fix-Fierro refiere a los criterios expuestos por Legomsky que favorecen la especialización judicial de entre los cuales están: la complejidad técnica de la materia; el grado de aislamiento de la materia que haga innecesario consultar otras materias; el alto grado de interrelación en la materia; la existencia de muchos asuntos similares; un foro con un grupo cerrado o limitado de actores (p. ej. autoridades, litigantes, peritos) al que denomina la “tribalidad”; la necesidad de uniformidad; el ser una materia dinámica con cambios rápidos; la logística necesaria dado el volumen de asuntos, el tiempo que cada uno requiere y su dispersión geográfica; la necesidad de rapidez en las resoluciones judiciales; y la necesidad de seguir procedimientos específicos (Legomsky, 1990, citado en ^{Fix-Fierro, 2013}).

De los criterios referidos para decidir crear los Tribunales de Competencia y Telecom destacan la complejidad técnica y el dinamismo en competencia económica y telecomunicaciones. En estas materias están presentes y -en muchos casos indisolublemente vinculados-, aspectos de ingeniería, económicos, de política pública y jurídicos, amén de que son sectores en constante cambio tecnológico, de prácticas comerciales y de consumo.

A manera de ejemplo, la decisión del regulador de las telecomunicaciones de realizar una licitación pública para otorgar el título habilitante para explotar frecuencias del espectro radioeléctrico involucra todos esos aspectos. ¿La banda de frecuencias 3.5 GHz puede segmentarse en bloques? ¿Los bloques deben ser contiguos o no? ¿De qué tamaño serán los bloques (p. ej. 10 MHz, 30 MHz)? ¿Existe preocupación de que los agentes económicos en el mercado pretendan acaparar espectro y desplazar a potenciales nuevos competidores? ¿La política pública pretende establecer incentivos para que las empresas atiendan áreas geográficas menos rentables o zonas alejadas? ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguirse en la licitación pública? ¿Será una evaluación de los méritos del proyecto (beauty contest), una subasta simultánea ascendente, una combinatoria de reloj o qué tipo de procedimiento se seguirá? ¿Cuáles serán los criterios para seleccionar al ganador? ¿Será ganadora aquella persona dispuesta a pagar más o la segunda oferta será la ganadora? ¿Se darán puntos adicionales por atender zonas alejadas o marginadas?

En cuanto a la existencia de muchos asuntos similares, en el caso de los Tribunales de Competencia y Telecom en una investigación que se concentró en telecomunicaciones se identificó que dependiendo del año y de los acontecimientos que hubieren habido, podían haber muchos asuntos similares (p. ej. en 2015 se presentaron 1440 demandas de amparo en un solo juzgado especializado que impugnaba la supresión del espacio informativo de la periodista Carmen Aristegui en la estación de radio de la empresa MVS) (^{Álvarez, 2020}). Además de que en todos los años siempre existen litigios en relación con la interconexión de redes de telecomunicaciones y de multas impuestas por el regulador de telecomunicaciones (^{Álvarez, 2020}).

En cuanto a la “tribalidad”, difiero de Legomsky en cuanto a que ello deba ser un criterio para la especialización judicial. Si existe o no un grupo cerrado para una materia de especialidad, eso debe ser irrelevante para la decisión de crear un tribunal con cierta especialidad. A diferencia de la complejidad técnica que hace pensar que es importante que los juzgadores la comprendan, en el caso de un gremio cerrado lo que pudiera reflejar es la falta de interés para un mayor número de especialistas o que la masa crítica de asuntos no sea de tal magnitud para ameritar una especialización lo que lleva a esa “tribalidad”. Por tanto, no comparto que la existencia de un grupo cerrado pueda justificar la creación de tribunales especializados.

2. Tipos y grados de especialización

“No rechazo toda la especialización [judicial], la pregunta es sobre la cantidad adecuada” (^{Posner, 1983, p 788}).⁷ De acuerdo con Posner, los distintos grados de especialización tienen diferentes pros y contras, a lo cual agrego yo que los pros y contras dependerán más de la materia de que se trate que de los grados de especialización.

En ciertas materias existe un elevado número de casos con características (y quizá soluciones) similares, por lo que la especialización judicial pudiera ser la respuesta para atender con mayor celeridad esos casos; mientras que en otras materias pueden ser pocos casos pero de elevada complejidad, lo cual amerita que sea un tribunal especializado que conozca esos asuntos para poder comprender los aspectos técnicos, económicos y de política pública que resulten en menor tiempo de resolución y con mayor calidad en las sentencias.

Los tipos y grados de especialización representan un abanico de posibilidades. Los tipos pueden ser por materia (p. ej. penal, civil), por grupo (p. ej. para jóvenes, para bancos), por la clase de procedimiento, por el área geográfica que cubre el tribunal (^{Gramckow y Walsh, 2013}). Los grados de especialización van desde tribunales especializados separados y con procedimientos diferentes, una sala especializada en un tribunal o la existencia de jueces expertos cuando lleguen casos de la materia específica (^{Gramckow y Walsh, 2013}). Por su parte, en cuanto a la materia de antitrust o competencia económica, ^{Ginsburg y Wright (2013)} afirman que la especialización se deriva del número de casos; de las habilidades y la capacitación de los jueces; o lo que denominan especialización informal también conocida como especialización de opinión que es cuando uno de los jueces es quien redacta la sentencia de ese tipo específico de casos.

El tipo de especialización de los Tribunales de Competencia y Telecom en México es: (1) por materia, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión; (2) por grupo, las normas, los actos y las omisiones de los reguladores de competencia económica y telecomunicaciones (Cofece e IFT), aunque pueden haber actos de otras autoridades que pueden estar sujetos a la jurisdicción de estos tribunales por razón de materia; y (3) por área geográfica, toda la República Mexicana (^{Consejo de la Judicatura Federal, 2013a}).

No hay un tipo de procedimiento específico, toda vez que se siguen las reglas del amparo indirecto con la peculiaridad de que está prohibido suspender las normas y actos de los reguladores (salvo la imposición de multa y la orden de desincorporación por parte de la Cofece) (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28).

El grado de especialización es alto en tanto que son Tribunales de Competencia y Telecom cuyo objeto se constriñe a las materias de competencia económica y telecomunicaciones. Dado que la competencia económica refiere a mercados y su regulación, se ha resuelto que no sólo los actos de la Cofece y del IFT están sujetos a la jurisdicción de los Tribunales de Competencia y Telecom sino también otras materias como la petrolífera en cuanto a lo que se refiere a “fomentar la libre competencia y concurrencia en ese sector, con independencia del carácter formal de la autoridad administrativa que los haya emitido, en virtud de que forman parte de toda una política de competencia tendente a lograr una mayor participación de los agentes económicos en ese mercado” (^{SCJN, 2018b}).

3. ¿Por diseño o producto derivado?

^{Baum (2009)} afirma que, aunque las pruebas son mixtas, normalmente los tribunales especializados son un producto derivado e involuntario de otras metas. Incluso manifiesta que ha sido el sentido común más que análisis extensos y sistemáticos lo que da origen a los tribunales especializados (^{Baum, 2009}).

Analizando las justificaciones expresadas en la exposición de motivos para reformar la Constitución mexicana e incluir la orden para la creación de los Tribunales de Competencia y Telecom y de la investigación realizada, se muestra que en el caso de estos tribunales: (1) no existieron estudios, análisis o investigaciones que ponderaran la conveniencia y pertinencia de su creación (^{Cámara de Diputados, 2019}; ^{CFJ, 2019} y ^s.f.; ^{Cofece, s.f.}; ^{CJEF, 2019} y ^s.f.; ^{IFT, 2019}; ^{Presidencia de la República, 2019a} y ^2019b; ^{SCT, s.f.} y ²⁰¹⁹; ^{Senado de la República, 2019a} y ^2019b; ^{SCJN, 2019a} y ^2019b); (2) fue más de sentido común al asumir que jueces conocedores de aspectos técnicos de alta complejidad serían los idóneos para conocer y resolver los juicios de amparo en estas materias (^{Iniciativa de Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, 2013}); y (3) sí se puede decir que la creación de los Tribunales de Competencia y Telecom no era la meta sino que fue un producto derivado, considerando que la meta fue acabar con los litigios excesivos (varios medios de defensa, impugnaciones múltiples) e impedir que se otorgaran suspensiones de los actos de las autoridades que frenaban la política pública (^{Iniciativa de Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, 2013}).

4. Consecuencias de la especialización

^{Baum (2009)} asegura que se sabe más de las causas de la especialización que de las consecuencias, porque existe escasa información del efecto de los tribunales especializados, toda vez que es difícil comparar tribunales generalistas y los especializados aun cuando operen en las mismas áreas y materias.

Los efectos de la especialización dependen de formas específicas y otros atributos (^{Baum, 2009}), lo cual coincide con ^{Gramckow y Walsh (2013)} al referir a la Chancery Court de Delaware como un tribunal especializado de gran prestigio y reconocimiento. ^{Gramckow y Walsh (2013)} afirman que no existe evidencia de que la especialización de dicha corte sea la clave del prestigio y reconocimiento, sino que estos son consecuencia del marco jurídico y del ambiente altamente favorable.

Las experiencias de los actores relevantes (juzgadores, litigantes, regulador de telecomunicaciones y concesionario indígena) en los Tribunales de Competencia y Telecomunicaciones refieren en su gran mayoría que ha sido positiva la existencia de estos (^{Álvarez, 2020}). Sin embargo, también algunos actores relevantes manifestaron que los Tribunales de Competencia y Telecom tienen una tendencia a favorecer al gobierno: “un proyecto político para que hubiese tribunales que resolvieran por consigna siguiendo la línea del gobierno en turno” (^{Álvarez, 2020, p. 32}).

Continuar condenando o alabando la creación de tribunales especializados sin investigaciones serias sobre las consecuencias que tiene su existencia y desempeño, conducirá a conclusiones sin sustento o de simple retórica académica. Es importante que se emprendan nuevas investigaciones sobre tribunales especializados en específico (p. ej. los Tribunales de Competencia y Telecom) con métricas definidas para analizar las consecuencias de los tribunales especializados. En cada caso concreto se obtendrá información sobre si los jueces son más o menos deferentes a la autoridad, si los jueces utilizan o no conocimientos técnicos para resolver los asuntos, si los litigantes están interponiendo demandas o defendiéndose con argumentos y pruebas técnicas o no, entre otros aspectos.

1. Eficiencia

La eficiencia como una causa para establecer tribunales especializados es generalmente reconocida (^{Baum, 2009}; ^{Fix-Fierro, 2013}; ^{Ginsburg y Wright, 2013}; ^{Gramckow y Walsh, 2013}; ^{Posner, 1983}).

La eficiencia puede desprenderse de enfoques diferentes: eficiencia medida a partir del número de asuntos nuevos y el número de asuntos que se concluyen (ingresos-egresos); eficiencia medida en una disminución de la duración de los juicios (celeridad); eficiencia en relación al cumplimiento de los objetivos de política pública o aquellos establecidos en la ley (objetivos de política pública).

Fix Fierro citando a Legomsky refiere que la eficiencia puede ser: para reducir la carga de los tribunales generales; porque los jueces poseen conocimientos lo que permite dedicar más tiempo a problemas específicos; porque menos jueces se dedicarán a la misma cuestión con lo cual se disminuye la posibilidad de contradicción; y al evitar conflictos sobre la competencia de los tribunales, entre otros (Legomsky, 1990, citado en ^{Fix-Fierro, 2013}).

La experiencia de los jueces hace que puedan identificar con mayor rapidez las cuestiones relevantes de los juicios (^{Ginsburg y Wright, 2013}), lo cual coincide con lo expuesto por Legomsky en cuanto al menor tiempo para “educar” a jueces. En las experiencias de los actores relevantes de los Tribunales de Competencia y Telecom algunos destacaron precisamente que se redujo la duración de los litigios y que se fue acumulando conocimiento (^{Álvarez, 2020}).

Fix-Fierro enfatiza en especial que:

...se requiere determinar medidas específicas y ponderadas para cada sistema judicial y para cada tipo de tribunal, para indicar cargas de trabajo comparables, más que ingresos de asuntos, ya que un asunto es una unidad difícil de definir y comparar (^{Fix-Fierro, 2013, pp. 297 y 298}).

Coincido con Fix-Fierro especialmente en materias de competencia y telecomunicaciones que pueden tener una elevada complejidad técnica y económica, de negocios y política pública. En las estadísticas de la duración de los juicios de amparo en telecomunicaciones:

La duración mínima, máxima y promedio de los juicios que arrojó esta investigación permite confirmar que existe una cercanía entre la duración mínima y promedio de manera constante, mientras que algunos juicios de amparo tienen duraciones mucho mayores al promedio. En estos casos puede deberse a juicios de amparo en Telecom complejos técnicamente, de cuestiones innovadoras o decisiones novedosas del regulador, del desahogo de pruebas periciales, de que algún aspecto del juicio fue materia de resolución de la SCJN [Suprema Corte de Justicia de la Nación], entre otros. Las estadísticas sí muestran que la duración máxima de los juicios de amparo ha ido reduciéndose de manera constante y año con año (^{Álvarez, 2020, p. 81}).

En cuanto a eficiencia como sinónimo de rapidez en la resolución de casos, ^{Ginsburg y Wright (2013)} manifiestan que es inexistente una base empírica de que los tribunales especializados son más eficientes que los tribunales generalistas basados en la tasa de ingresos/egresos de asuntos (judicial outputs). Lo anterior es aplicable al caso mexicano en competencia económica y telecomunicaciones.

La información pública disponible en México en cuanto a estadística judicial de los tribunales en materia administrativa que serían los tribunales “generalistas” previos a la creación de los Tribunales de Competencia y Telecom⁸ (1) no permite estimar la duración de los juicios,⁹ y (2) no está desagregada en cuanto a las materias que versan (p. ej. fiscal, medioambiental, de responsabilidad de servidores públicos).¹⁰ Por tanto, no es posible saber si los Tribunales de Competencia y Telecom son más eficientes en términos de rapidez (judicial outputs) en la decisión final respecto de cuando estos asuntos eran competencia de los tribunales administrativos.

Nuevamente debe recordarse que un análisis sobre la eficiencia en cualquiera de sus vertientes (ingresos-egresos; celeridad; cumplimiento de objetivos de política pública) tendría que analizarse respecto de tribunales especializados en específico y evitar arrojar conclusiones generales que no serán de utilidad para decidir sobre la creación o permanencia de tribunales especializados. Para ilustrar lo anterior, habrán materias que sea muy conveniente la métrica de número de ingresos-egresos por año para evaluar si un tribunal especializado es eficiente o no. Sin embargo, para otros tribunales especializados como los Tribunales de Competencia y Telecom, lo relevante no son los ingresos-egresos porque si el número de ingresos-egresos fuera similar podría dar la idea falsa de eficiencia cuando pudiera más bien tratarse de que las sentencias están siendo superficiales y por ello el balance ingresos-egresos está equilibrado.

Por lo que respecta a celeridad y los Tribunales de Competencia y Telecom, es preciso señalar que no apareció como una motivación para la creación de estos tribunales (^{Iniciativa de Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, 2013}). De cualquier manera, la evaluación realizada por la OCDE en 2017 concluyó que los Tribunales de Competencia y Telecom han fomentado la eficiencia y la solidez de sus decisiones pues los servidores públicos cuentan con conocimiento de telecomunicaciones, no existe suspensión de las decisiones del IFT y los juicios que antes podían durar 8 años ahora son de 1 año (^{OCDE, 2017}).

2. Uniformidad

La uniformidad en las decisiones también referida como la consistencia en las resoluciones judiciales es considerada por la mayoría como una ventaja (^{Baum, 2009}; ^{Fix-Fierro, 2013}; ^{Ginsburg y Wright, 2013}; ^{Gramckow y Walsh, 2013}; ^{Posner, 1983}), lo que reduce la posibilidad de contradicción (^{Fix Fierro, 2013}), evita el fórum shopping y facilita el desarrollo de planes de negocios (^{Ginsburg y Wright, 2013}).

^{Posner (1983)} encuentra un problema con la uniformidad que es la ausencia de decisiones judiciales que se confronten (competing opinions), lo cual para él reduce la diversidad de ideas y enfoques. ^{Posner (1983)} expresa preocupación por el monopolio judicial en una materia, en atención a que incrementaría el poder del gobierno en un sistema judicial como el de EUA que es muy difuso.

A menos que exista un solo juez o tribunal en una especialidad donde sí podría existir un supuesto como el que señala Posner de monopolio judicial, en el caso de los Tribunales de Competencia y Telecom a pesar de que sólo son dos juzgados de primera instancia (juzgados de distrito) y dos tribunales de segunda instancia (tribunales colegiados),¹¹ han existido resoluciones judiciales divergentes lo que podrían ser las opiniones que se confrontan (competing opinions) cuya ausencia preocupa a Posner. Cuando han existido criterios contradictorios, a través del Pleno de Circuito constituido por los magistrados de los tribunales colegiados de los Tribunales de Competencia y Telecom se ha decidido qué criterio debe prevalecer (^{Consejo de la Judicatura Federal, 2015}; ^{Poder Judicial Federal, 2018a}, ^2018b, ^2018c, ^2019a y ^2019c).

Además, un antecedente de los Tribunales de Competencia y Telecom fue que para las licitaciones de concesiones sobre frecuencias del espectro radioeléctrico iniciados en el año 2010,¹² el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo para que todas las demandas de amparo presentadas en contra de dichas licitaciones fueran tramitadas en un juzgado de la Ciudad de México¹³ (^{Consejo de la Judicatura Federal, 2011}). La decisión de concentrar los juicios de amparo en este tema de telecomunicaciones obedeció a “resolverlos de manera congruente y libres de contradicción, buscando con ello que el interés público prevaleciera” (^{Álvarez, 2018, p. 364}). De lo anterior se desprende que al menos en México en telecomunicaciones, incluso antes de la existencia de los Tribunales de Competencia y Telecom, no existió inquietud o preocupación sobre un posible monopolio judicial.

El monopolio judicial tampoco se evidenció en los juicios de amparo presentados en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil cuya creación se ordenó con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación de 16 de abril de 2021. Los dos jueces de distrito de los Tribunales de Competencia y Telecom decidieron en sentido totalmente distinto. El juez primero de distrito resolvió desechar las demandas de amparo al considerar que no se afectaba el interés jurídico de los que las promovieron (^{Aristegui Noticias, 2021}), mientras el juez segundo de distrito admitió las demandas de amparo y concedió las suspensiones de los actores reclamados (^{Cruz, 2021}).

Por otra parte, ^{Baum (2009)} considera que la especialización judicial llevaría a los jueces a contar con una perspectiva estrecha que los limita y que prejuicia su entendimiento. No comparto esa afirmación, toda vez que los jueces, aunque estén especializados en una materia, no están exentos de continuar en el estudio de los principios generales del Derecho, la evolución de los derechos humanos y mejores prácticas judiciales.

Por el contrario, los jueces especializados tienen en todo caso una obligación adicional a la de un juez generalista y que es adentrarse en la comprensión de los aspectos de complejidad técnica, económica, regulatoria y la comprensión de la política pública en la materia de especialidad. Si Posner y Baum han sostenido que la especialización de los jueces es juzgar como una virtud de los jueces generalistas, agregaría que los jueces especializados deben estar especializados tanto en juzgar como en conocimientos amplios de la materia del tribunal especializado al que pertenecen.

3. Calidad

La calidad de las resoluciones es un aspecto que se destaca como de las virtudes de la especialización judicial (^{Baum, 2009}; ^{Ginsburg y Wright, 2013}; ^{Gramckow y Walsh, 2013}). Pero, ¿qué debe entenderse por esa calidad? ^{Baum (2009)} señala que la calidad tiene varias interpretaciones, porque puede ser considerada calidad respecto de lo que los jueces quieren lograr (p. ej. quieren interpretar bien la ley, quieren hacer buena política pública).

La calidad para los tribunales especializados debe -en mi opinión-evaluarse en las decisiones judiciales, donde los jueces tienen conocimiento técnico, económico, regulatorio y de política pública, comprenden el contexto del asunto y están en posibilidad de aplicar dicho conocimiento especializado al resolver.

Se asume que los jueces que están especializados tendrán conocimientos y pericia en la materia respectiva, lo que se traducirá en resoluciones de mayor calidad. Sin embargo, con un enfoque en el sistema judicial de EUA, ^{Posner (1983)} y ^{Baum (2009)} argumentan que para un juez generalista el estar adscrito a un tribunal especializado puede reducir su satisfacción personal y hacer que el pertenecer a dicho tribunal sea menos atractivo, lo cual genera un impacto en la calidad de los jueces.

Los argumentos de Posner y Baum deben matizarse en otros sistemas judiciales como el mexicano, pues todo dependerá del tipo de materia que sea de la competencia del tribunal especializado para poder asumir que formar parte de él es un premio o un castigo.

En el caso de los Tribunales de Competencia y Telecom, para la integración de los primeros jueces se realizó una invitación en la cual existieron requisitos especiales y mayores que para pertenecer a otro tipo de tribunales, logrando una convocatoria de al menos 11 jueces que voluntariamente presentaron su solicitud para pertenecer a ellos¹⁴ (^{Consejo de la Judicatura Federal, 2013b}, ^2013c y ^2013d).

En cuanto a competencia económica, ^{Ginsburg y Wright (2013)} afirman que los jueces expertos aportan el uso adecuado y sofisticado de conceptos legales y económicos especializados. En el caso mexicano, una de las justificaciones para la creación de los Tribunales de Competencia y Telecom fue para que los jueces se especializaran en aspectos técnicos de alta complejidad (^{Iniciativa de Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, 2013}).

Los conocimientos especializados en la materia de competencia y telecomunicaciones pueden favorecer la calidad de las decisiones, sin embargo, deben tenerse en cuenta 2 aspectos muy importantes en cuanto a los Tribunales de Competencia y Telecom: (1) el demandante (quejoso) en el amparo indirecto debe expresar los conceptos de violación, aportar las pruebas y periciales para demostrar el actuar indebido del IFT o de la Cofece;¹⁵ y (2) para poder evaluar si los Tribunales de Competencia y Telecom están efectivamente resolviendo con base en los aspectos técnicos, debe hacerse una investigación que revise a profundidad los casos.

Los argumentos técnicos siempre son hechos valer en los juicios de amparo presentados en los Tribunales de Competencia y Telecom, acompañándose de pruebas periciales para demostrarlo (^{Álvarez, 2020}). Sin embargo, de las experiencias en los Tribunales de Competencia y Telecom por parte de actores relevantes se identifica que (1) hace falta aprendizaje sobre temas técnicos en cuanto a cómo presentarlos en la demanda, cómo probarlos y de qué manera pueden ser útiles para que los jueces los tomen en cuenta al resolver, y (2) existe una imperiosa necesidad de reforzar las pruebas periciales (^{Álvarez, 2020}).

La evidencia o pruebas del desempeño de los tribunales especializados en EUA está disperso o es ambiguo (^{Baum, 2009}). Para evaluar la calidad de las decisiones y del desempeño de los tribunales especializados tienen que analizarse a profundidad los expedientes de casos relevantes en los tribunales especializados, lo cual necesariamente debe incluir las demandas, las contestaciones de demanda, la manera en que las partes en el juicio presentan sus argumentos técnicos y las pruebas de las partes (p. ej. periciales en aspectos técnicos, económicos, etcétera), con una metodología especial y con expertos independientes de las partes.

4. Ideología

Autores como ^{Baum (2009)}, ^{Ginsburg y Wright (2013)} afirman que la ideología y las posturas teóricas que los jueces tienen, influyen en mayor medida cuando están en tribunales especializados que cuando están en tribunales generalistas. Así, ^{Baum (2009)} asevera que un juez especializado estará apoyando (o inclinado a apoyar) los intereses de una parte de la contienda (p. ej. en casos de responsabilidad civil o torts pudiera inclinarse por los demandantes o por los demandados) o plasmará su postura ideológica (p. ej. liberales/conservadores), aunque él mismo reconoce que el impacto de ideologías y posturas dependerán de las circunstancias específicas del tribunal.

Los jueces como personas tienen ideologías, preferencias y una formación que incide en la manera que resuelven los casos, lo cual es innegable, pero eso es igualmente aplicable a los jueces generalistas y especializados. En México las sentencias de los jueces federales al igual que de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reflejan sus ideologías y posturas, por ejemplo, si son formalistas y positivistas o si son garantistas. Esto queda plasmado sin importar si son jueces de tribunales generalistas o tribunales especializados.

5. Intereses personales de los jueces

^{Baum (2009)} afirma que los jueces en tribunales especializados tienen intereses propios como el permanecer en los tribunales especializados, tener trabajo más fácil, la autoestima y el reconocimiento de otros, al tiempo que pueden ser más innovadores y enfocarse en casos más interesantes.

^{López Ayllón, García y Marván (2017)} consideran que los jueces especializados estiman su experiencia como una ventaja competitiva por lo cual buscarán maximizar sus diferencias respecto al resto de los jueces para obtener más beneficios. Asimismo, señalan que los jueces especializados pueden caer en el “escapartismo”, en querer demostrar su independencia frente a las autoridades y negarles deferencia (^{López Ayllón et al., 2017}).

No existe una investigación sobre los jueces de los Tribunales de Competencia y Económica para poder afirmar o rechazar que han solicitado su ingreso en estos por los intereses personales que señala Baum, ni si consideran su experiencia como una ventaja competitiva respecto de los jueces generalistas como lo sugieren López Ayllón et al.

6. Independencia, ¿garantizada o anulada?

La especialización judicial puede hacer que los jueces se identifiquen con los programas de gobierno (^{Posner, 1983}) y que sean más favorables a los intereses gubernamentales (^{Gramckow y Walsh, 2013}), aunque dependerá mucho de las circunstancias (^{Baum, 2009}).

^{Ginsburg y Wright (2013)} aseguran que la pérdida de una perspectiva más general y de otros temas por parte de los jueces especializados que conocen a las autoridades y a los litigantes, hace que los tribunales especializados resuelvan que las autoridades actuaron razonablemente. Ciertos actores relevantes de los Tribunales de Competencia y Telecom opinaron que estos actúan en favor del gobierno y de su política (^{Álvarez, 2020}).

Por su parte, ^{López Ayllón et al. (2017)} estiman que la especialización aumenta los incentivos para que los jueces sean menos deferentes a las acciones de gobierno porque: (1) usan más conocimientos técnicos y aseguran su existencia y aumentan sus beneficios, y (2) aplican la estrategia de “escapartismo”, es decir, que al estar en el escaparate pretenderán demostrar demasiada independencia de las autoridades gubernamentales y serán agresivos en la revisión de sus decisiones con lo cual maximizarán su diferencia frente a los jueces generalistas.

En el caso específico de marcas resueltos por un tribunal especializado en propiedad intelectual, ^{López Ayllón et al. (2017)} afirman que los jueces mostraron no ser deferentes a las autoridades: en 50% de los casos el tribunal revocó la decisión de la autoridad (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial); en 50% de los casos revisaron el fondo del asunto; y en el 49.7% de los casos el tribunal sentenció que el análisis de la autoridad fue incorrecto, por lo cual el tribunal llevó a cabo un análisis material y además ordenó a la autoridad que concediera la marca.

Reitero que cada tribunal especializado debe evaluarse y analizarse en específico, porque contrario a los hallazgos en el caso de marcas por parte de López Ayllón et al., en el caso de Tribunales de Competencia y Telecom las estadísticas en cuanto a la resolución de los amparos en telecomunicaciones no muestran una tendencia a conceder amparos, ni a negarlos, ni a sobreseerlos, por lo cual no puede afirmarse que exista una deferencia a la autoridad (^{Álvarez, 2020}). Ello a pesar de que en 2015 se difundieran notas periodísticas sobre un estudio que afirmaba que siempre le daban la razón a la autoridad (^{González, 2015}; ^{Sigler, 2015}; ^{Tejado, 2015}). En la opinión de diversos actores relevantes de los Tribunales de Competencia y Telecom, sí ha existido un elevado grado de deferencia hacia las autoridades, aunque se ha reducido con el tiempo por la acumulación de conocimiento especializado de los jueces (^{Álvarez, 2020}).

Para la independencia de los jueces, la titularidad de por vida del cargo de juez y la garantía de la no reducción salarial son factores fundamentales, independientemente de si son generalistas o especializados (^{Baum, 2009}). ^{Gramckow y Walsh (2013)} identifican como riesgo a la independencia e imparcialidad de los jueces especializados, la familiaridad entre las partes.

En México, independientemente de si son generalistas o especializados, en el Poder Judicial Federal los jueces tienen plazos fijos para su encargo y pueden además ser ratificados por nuevos periodos, al tiempo de que gozan la garantía de la no reducción salarial (Constitución Mexicana, artículos 94 décimo segundo párrafo y 97). La Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación publicada el 7 de junio de 2021 establece que el primer nombramiento para jueces/magistrados será por 6 años, pudiendo ser ratificados con lo cual el nombramiento se vuelve permanente, salvo que sean privados de sus cargos por supuestos previstos en la ley o por cumplir 75 años.

Es importante señalar que un juez puede tener un plazo fijo como juez, pero el Consejo de la Judicatura Federal puede adscribirlo a un tribunal y posteriormente cambiarlo a otro. Con base en la nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial Federal (2021), dicho Consejo puede realizar cambios de adscripción por necesidades del servicio y cumpliendo con ciertos objetivos (p. ej. garantizar la legitimidad de los tribunales y juzgadores) y sin que tenga que justificar las necesidades del servicio si se trata de cambios de adscripción de tribunales de la misma especialidad.

La práctica de cambios de adscripción puede generar inquietudes en especial cuando es en los Tribunales de Competencia y Telecom, porque los jueces de estos tribunales son los responsables de conocer y resolver disputas de grandes grupos económicos y políticos. Las decisiones de los jueces de los Tribunales de Competencia y Telecom pueden muchas veces afectar los intereses de grandes grupos corporativos o del gobierno, por lo que requieren certeza no sólo del plazo fijo como jueces sino también del plazo de su adscripción en los Tribunales de Competencia y Telecom.

Para muestra sirve el siguiente caso real sobre el magistrado Jean Claude Tron Petit, uno de los fundadores de los Tribunales de Competencia y Telecom.

[E]l magistrado Tron se caracteriza por su frescura, innovación y hasta rebeldía, diría yo, en su forma de trabajar. Nada acartonado, valiente y apasionado por la academia, con vínculos importantes internacionales, independiente, transparente y con una visión distinta y fresca de lo judicial […] el magistrado no ha tenido ningún empacho en defender públicamente los derechos fundamentales de las audiencias, aún si se echaba encima a los grandes poderes mediáticos […] (Levy, 2017).

El Mag. Tron Petit no es cualquier magistrado. Él ha sido ponente en los casos más emblemáticos de competencia económica y telecomunicaciones. Bajo su ponencia se determinó que Coca-Cola había cometido prácticas monopólicas (asunto Big Cola); él fue quien sentó criterios jurisprudenciales para el levantamiento del velo corporativo para evitar que a través de subterfugios y esquemas corporativos, las empresas evitaran cumplir con la ley; él ha proporcionado criterios para la evaluación del mercado relevante; él creó el concepto jurisprudencial de grupo de interés económico gracias al cual las empresas pueden considerarse parte de un grupo bajo ciertos supuestos para evitar que se perjudique el proceso de competencia por arreglos corporativos; bajo su ponencia también se determinó que las afiliadas independientes de Televisa forman parte de su grupo de interés económico, confirmándose con ello que Televisa es preponderante y sujeta a obligaciones específicas; él ha sido impulsor para que exista una discusión amplia sobre derechos de audiencias y pluralidad. El listado anterior son sólo ejemplos de la impartición de justicia real, y más allá de la formalidad y comodidad de muchos otros juzgadores (Álvarez, 2017).

El magistrado Jean Claude Tron Petite fue nombrado para el Primer Tribunal Colegiado de Competencia y Telecom en 2013 con un plazo de 3 años, el cual fue prorrogado por 4 años más para que su plazo en los Tribunales de Competencia y Telecom concluyera el 15 de octubre de 2020 (^{Consejo de la Judicatura Federal, 2015}). Después de resolver un polémico caso donde se enfrentaban dos grandes grupos de poder mediático y el IFT, sin justificar la conclusión anticipada de la adscripción del magistrado Tron Petit en los Tribunales de Competencia y Telecom, el Consejo de la Judicatura Federal concluyó anticipadamente el plazo de designación y lo “readscribió” a un tribunal generalista en materia administrativa.

La decisión del CJF [Consejo de la Judicatura Federal] difícilmente puede aislarse de las decisiones tomadas bajo la ponencia del Mag. Tron Petit como el amparo otorgado a Canal 40 en contra de la decisión del IFT de que Televisa no era dominante en TV restringida, y por virtud de la cual el IFT tuvo que resolver nuevamente -con plenitud de jurisdicción, pero observando lo dispuesto por la ley- y declarando a Televisa dominante (Álvarez, 2017). Actuar con autonomía en México parece empezar a configurarse como un intento de suicidio profesional, o te alineas o te vas; qué mensaje envía el Consejo de la Judicatura con esto al resto de los integrantes de los tribunales, qué mensaje a los particulares. Es un gravísimo golpe a la independencia de los juzgadores (Levy, 2017).

El Consejo de la Judicatura Federal sin justificar la decisión de remover a un juzgador del Tribunal de Competencia y Telecom, mandó una mala señal al foro. Por lo que, para garantizar la independencia de los jueces de estos tribunales especializados, el Consejo de la Judicatura Federal debiera otorgar los nombramientos de jueces con plazos determinados para cumplirse en los Tribunales de Competencia y Telecom, sin la posibilidad de realizar una “conclusión anticipada”, “readscripción” o remoción, salvo por causa grave.

Debe señalarse que la nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación (2021) refiere que los cambios de adscripción deben “Garantizar la especialización de los órganos jurisdiccionales cubriendo la vacante con servidoras o servidores públicos que hubieren resultado vencedores de concursos especializados en la competencia del órgano jurisdiccional” (artículo 63 fracción IV).

7. ¿Conflictos competenciales?

Los conflictos y las controversias sobre qué tribunal serán competente para un asunto, son identificados como una desventaja para la especialización de tribunales (^{Fix-Fierro, 2013}; ^{Ginsburg y Wright, 2013}; ^{Posner, 1983}). ^{Posner (1983)} adicionalmente considera negativo el que existan tribunales especializados que puedan concentrarse en un área geográfica (p. ej. Washington D. C.), argumentando que eso eliminaría la diversidad regional en atención a que los jueces federales se convierten en jueces en sus propias ciudades.

Sí han existido conflictos en cuanto a la competencia de los Tribunales de Competencia y Telecom cuando son autoridades distintas de los reguladores de competencia y telecomunicaciones (Cofece e IFT). Los conflictos se han generado porque existen temas de telecomunicaciones que están estrechamente vinculados con otras materias como las autorizaciones para la instalación de redes de telecomunicaciones, pagos gubernamentales por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, la difusión de contenidos audiovisuales en franjas de horarios para la protección de la niñez (^{SCJN, 2018a} y ^2018b, ^{Poder Judicial Federal, 2019b}).

La línea no es clara en cuanto a qué asuntos vinculados a las telecomunicaciones y emitidos por una autoridad distinta al IFT, serán de la competencia de los Tribunales de Competencia y Telecom y cuáles serán de la competencia de los tribunales administrativos o incluso de tribunales generales (en áreas geográficas donde no hay tribunales especializados en materia administrativa). En cuanto a competencia y cuando se trata de asuntos relacionados con el libre mercado de autoridades distintas a la Cofece, se ha atribuido competencia a los Tribunales de Competencia y Telecom como se mencionó anteriormente.

Finalmente, cabe señalar que con el auge de la era digital y la convergencia de mercados del mundo físico y el mundo virtual, han surgido conflictos competenciales entre la Cofece y el IFT. En estos conflictos ambas autoridades consideran ser competentes, por lo que los Tribunales de Competencia y Telecom han ido sentando precedentes al resolver si corresponde a la Cofece o al IFT conocer de dichos asuntos. Sin embargo, al ser ambas autoridades sujetas a la competencia y jurisdicción de los Tribunales de Competencia y Telecom, no impacta en cuestiones competenciales entre estos tribunales y los generalistas.

1. ¿Influencia en selección?

Los grupos de interesados en la materia de la especialidad (litigantes, autoridades,¹⁶ organizaciones de la sociedad civil, etcétera) buscarán influir en la selección de los jueces (^{Baum, 2009}), aunque no se pronuncien públicamente (^{Ginsburg y Wright, 2013}). ^{Baum (2009)} señala que aunque el gobierno busque influir en las reglas de cómo seleccionar a los jueces, los apoyos y los padrinazgos de un candidato a juez juegan un papel más importante al tiempo que el poder de diferentes grupos de interesados se compensan entre sí.

Para reducir el incentivo de las autoridades y de los litigantes en influir en el proceso de selección, ^{Ginsburg y Wright (2013)} sugieren que se seleccionen a partir de jueces generalistas y por un plazo determinado con la finalidad de que al terminar su encargo sepan que regresarán a un tribunal generalista. Esto porque si se eligiera a jueces de entre personas especialistas de la materia, entonces como especialista es posible que prefiera no confrontarse con el foro especializado al que a final de cuentas regresará (^{Ginsburg y Wright, 2013}).

2. Perfil y requisitos

La ^{European Network of Councils for the Judiciary (2011)} señala que los jueces deben ser personas de pensamiento crítico e independiente, con sensibilidad social y mente abierta. Asimismo, los jueces deben contar con competencias que incluyen habilidades intelectuales (p. ej. conocimiento cultural y legal, capacidades analíticas, capacidad de hacer juicios de manera independiente), habilidades personales (p. ej. asumir responsabilidades de su encargo, ecuanimidad, independencia, persuasión, sensibilidad, sociabilidad, integridad, imperturbabilidad, habilidad de cooperar), ética en el trabajo, habilidad para expresarse y buena reputación (^{European Network of Councils for the Judiciary, 2012}). Los jueces y el personal de los tribunales deben tener la disposición para aprender y mejorar sus propias habilidades (^{Gramckow y Walsh, 2013}). Todo lo anterior aplica en mi opinión tanto para jueces generalistas como para especializados.

^{Gramckow y Walsh (2013)} afirman que los jueces deben tener compromiso con la materia del tribunal especializado, así como deben apoyar las metas y políticas especiales. Además, sugieren que los tribunales especializados “no son un buen lugar para jueces que acaban de convertirse en jueces” (^{Gramckow y Walsh, 2013, p. 22}).

Qué tan amplio debe ser el conocimiento especial y qué tipo de conocimiento o habilidades se requieren (esto es, conocimiento jurídico especializado, contexto social, conocimiento técnico o forense) depende en la especialización y qué tan diferente es de la práctica de un tribunal general. Algunas especializaciones necesitan más conocimiento jurídico especializado puntual; otros requieren más comprensión de algunas cuestiones de sustancia no jurídica (el contexto técnico o social, por ejemplo) o habilidades diferentes (tal como la habilidad de comunicarse con niños, fungir como mediador en asuntos familiares, etcétera)¹⁷ (^{Gramckow y Walsh, 2013, p. 21}).

Efectivamente, dependiendo de la materia de especialización, las habilidades y los conocimientos pueden diferir. Lo que es muy importante es que los requisitos para aspirar a ser jueces especializados estén previa y claramente definidos, y que sean públicos (^{European Network of Councils for the Judiciary, 2012}).

Para la primera designación de jueces para los Tribunales de Competencia y Telecom se indicó como perfil el que fueran personas mesuradas, honorables y prudentes en la resolución de los asuntos (^{Consejo de la Judicatura Federal, 2013b}), perfil que en mi opinión debe ser igualmente aplicable para cualquier tipo de juez, generalista o especializado.

Además, se requirió (1) experiencia mínima en materia administrativa dentro del poder judicial,¹⁸ (2) contar con estudios o reconocimientos en materia administrativa, competencia económica, telecomunicaciones o radiodifusión, y (3) no haber sido sancionado por una conducta grave en los últimos 5 años (^{Consejo de la Judicatura Federal, 2013b} y ^2013c). Se evaluarían también los resultados de las visitas de inspección de los tribunales en donde hubieren sido titulares en los últimos 5 años (^{Consejo de la Judicatura Federal, 2013b} y ^2013c). Para el proceso de selección de jueces para las designaciones posteriores en los Tribunales de Competencia y Telecom, carecieron de perfiles o requisitos específicos (^{Álvarez, 2020}).

3. Proceso de selección

…el método de selección y nombramiento, así como la experiencia profesional previa o el entrenamiento especializado de un candidato a un cargo judicial, garantizan en buena medida que el poder judicial será independiente de los otros poderes públicos y sociales, así como su fidelidad a la letra y el espíritu de la ley. (^{Fix-Fierro, 2013, p. 306}).

El procedimiento de selección de jueces debe ser abierto y sujeto a escrutinio público, además de que debe buscar que exista diversidad (^{European Network for Councils for the Judiciary, 2012}).

A nivel federal en México, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano del Estado Mexicano encargado de realizar el proceso de selección para jueces. Antes de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación (2021), este se llevaba a cabo por medio de una convocatoria pública, la aprobación de un examen de conocimientos cuyas calificaciones más altas pasaban a la etapa de resolución de caso práctico y examen oral, a partir del cual un jurado¹⁹ definía las personas que debían designarse y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal otorgaba los nombramientos.²⁰ En la Ley de Carrera Judicial se establece el procedimiento para los concursos que involucrarán diversas etapas, algunas previstas en la propia ley y otras que definirá la Escuela Federal de Formación Judicial. En esta Ley de Carrera Judicial (2021) se prevé la existencia de concursos para órganos jurisdiccionales especializados que integrarán listas específicas para vacantes en dichos órganos.

Debe aclararse que uno es el procedimiento para convertirse en juez/magistrado y otro procedimiento es a qué tribunal se le asigna al juez/magistrado, a lo que se le conoce como la adscripción²¹. La Ley de Carrera Judicial (2021) prevé que la adscripción garantizará la especialización para lo cual se cubrirán las vacantes de órganos especializados con quienes hayan resultado vencedores en los concursos especializados que se lleven a cabo. A la fecha de concluir este artículo (junio de 2021), ninguna convocatoria o adscripción se había realizado con base en la Ley de Carrera Judicial.

En cuanto al primer procedimiento para la designación de jueces/magistrados en los Tribunales de Competencia y Telecom, este se realizó a través de una convocatoria pública para que los jueces/magistrados interesados, presentaran una solicitud expresando los motivos por los cuales deseaban formar parte de los Tribunales de Competencia y Telecom y debían cumplir con el perfil y requisitos señalados en el apartado “B. Perfil y Requisitos” anterior (^{Consejo de la Judicatura Federal, 2013b} y ^2013c).

Presentaron solicitudes 9 magistrados y 2 jueces, de los cuales únicamente 1 jueza y 3 magistrados cumplieron los requisitos y fueron nombrados como jueza del Primer Juzgado de Distrito y como magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones (^{Consejo de la Judicatura Federal, 2013d}).

Para designar jueza/magistrados en el Juzgado Segundo y Segundo Tribunal Colegiado, el Consejo de la Judicatura Federal integró una lista de 16 jueces y 35 magistrados que cumplían los requisitos de antigüedad y experiencia en materia administrativa, de donde el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal seleccionó a la jueza para el Segundo Juzgado y los magistrados para el Segundo Tribunal Colegiado (^{Consejo de la Judicatura Federal, 2013d}).

Posterior a las primeras designaciones, cuando se ha tenido que cubrir alguna vacante²², no existe evidencia que hayan existido convocatorias públicas para que aquellos jueces interesados en formar parte de los Tribunales de Competencia y Telecom presentaran su solicitud.

La Ley de Carrera Judicial (2021) da sustento a un cambio en la manera de ocupar los cargos de jueces/magistrados en los Tribunales de Competencia y Telecom, toda vez que prevé expresamente la realización de concursos específicos para órganos jurisdiccionales especializados. En dichos concursos es conveniente que se evalúen conocimientos básicos de competencia económica y telecomunicaciones. Para ello es importante que la Escuela Federal de Formación Judicial incorpore de manera permanente cursos de capacitación en esas materias que incluyan aspectos económicos y técnicos de competencia y telecomunicaciones.

4. Plazo y rotación

Aun cuando no existe un plazo definido como adecuado para la duración de los jueces en un tribunal especializado, ^{Ginsburg y Wright (2013)} señalan que, si el periodo en el que un juez estará en un tribunal especializado es limitado, entonces como sabrá que regresará después a un tribunal generalista, habrá menor incentivo a que los grupos de interés busquen influir en la selección del jueces.

En el caso mexicano, la Constitución señala que deberá haber rotación de los jueces de los Tribunales de Competencia y Telecom, sin establecer un tiempo. Si bien la rotación llegó al texto constitucional, ni la exposición de motivos de la reforma constitucional ni los dictámenes de las comisiones en el Congreso de la Unión abordaron la justificación o conveniencia de la rotación (^{Iniciativa de Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, 2013}; ^{Cámara de Diputados, 2013}; ^{Senado de la República, 2013}).

Los actores relevantes en los Tribunales de Competencia y Telecom expresaron como positivo la existencia de la rotación para que exista “posibilidad de opiniones frescas”, para que “se cumplan ciclos” y se dé “paso a nuevas generaciones” (^{Álvarez, 2020 p. 48}).

Las primeras designaciones para jueces en los Tribunales de Competencia y Telecom tuvieron plazos escalonados de entre 2 y 3 años, prorrogándose por 4 años más en algunos casos (^{Álvarez, 2020}). Varios actores relevantes de los Tribunales de Competencia y Telecom estiman que el escalonamiento es algo positivo, pero que el plazo de 4 años para jueces especializados es insuficiente proponiendo plazos mayores de entre 6 y 10 años (^{Álvarez, 2020}). Importantísimo es que los plazos para los cuales se nombre a un juez para los Tribunales de Competencia y Telecom, sean fijos y durante ese plazo no puedan ser removidos, cambiados o “readscritos”, salvo por causa grave y justificada (ver sección IV apartado F de este artículo).

Si bien las discusiones en torno a las personas en Tribunales de Competencia y Telecom se han centrado en los jueces, debe buscarse que también el personal cuente con el perfil, conocimientos y experiencia. En específico en México, los secretarios de estudio y cuenta y los secretarios proyectistas son pilar fundamental de los tribunales (generalistas y especializados, locales y federales), para la recepción, trámite, desahogo de pruebas, proyectar la sentencia y dar seguimiento al cumplimiento de esta. Dichos secretarios de los Tribunales de Competencia y Telecom reciben capacitación, acumulan conocimiento y experiencia. Sin embargo, la costumbre en el Poder Judicial Federal mexicano es que cuando a un juez lo cambian de adscripción a otro tribunal, los secretarios se van con él a su nueva adscripción. El nombramiento de secretarios proyectistas es considerado un puesto de confianza, su designación y remoción es libre (artículo 30 de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, 2021).

Lo anterior va en contra de la acumulación de conocimientos y experiencia dentro de los Tribunales de Competencia y Telecom, y ocasiona que los nuevos secretarios deban pasar por una curva de aprendizaje en las materias especializadas. Por lo cual el plazo en que el personal de los juzgados y en específico los secretarios, están en un Tribunales de Competencia y Telecom debiera ser uno razonable para que acumulen conocimiento, lo pongan en práctica y puedan transmitirlo cuando lleguen nuevos jueces y nuevo personal a los tribunales.

5. Capacitación

La capacitación de jueces y el personal judicial es esencial. De acuerdo con la ^{European Network of Councils for the Judiciary (2011)}, la capacitación debe ser de alta calidad al inicio y de manera continua, debiendo comprender lo relativo a las labores de ser jueces, cuestiones sociales, económicas y culturales, así como entrenamiento en habilidades (p. ej. saber escuchar, habilidades interpersonales). Adicional al conocimiento del Derecho, la capacitación debe incluir el de políticas públicas que llevaron a la creación de los tribunales especializados, áreas relacionadas y de las implicaciones de las decisiones judiciales (^{Gramckow y Walsh, 2013}).

La capacitación debe incluir no sólo a jueces sino a todo el personal de los tribunales para que se forme una masa crítica de futuros jueces y personal judicial en tribunales especializados (^{Gramckow y Walsh, 2013}). La capacitación debe identificar necesidades concretas de jueces y personal judicial e incluir capacitación internacional (^{Gramckow y Walsh, 2013}).

Es importante destacar que la ^{OCDE (2017)} sugirió incluso que en los Tribunales de Competencia y Telecom tengan un mínimo de expertos técnicos y económicos internos para apoyar las decisiones judiciales, los cuales formarían parte del personal del juzgado y que requeriría capacitación también.

El Instituto de la Judicatura Federal (hoy Escuela Federal de Formación Judicial) mexicano desde la creación de los Tribunales de Competencia y Telecom realizó diplomados, cursos y seminarios sobre telecomunicaciones, radiodifusión y competencia, independientemente de otras capacitaciones en materias diversas. El primer curso en competencia y telecomunicaciones fue obligatorio para los primeros jueces designados para los Tribunales de Competencia y Telecom “para garantizar su profesionalización en todos los temas respectivos, considerando que la reforma Constitucional vino a revolucionar todas estas materias” (^{Consejo de la Judicatura Federal, 2013D}).

Debe insistirse en que la capacitación debe abarcar jueces y personal judicial, tanto para que conozcan todo como para que ese mismo personal pueda llegar a convertirse en jueces especializados. Finalmente, sería conveniente que antes de que un juez asumiera funciones en los Tribunales de Competencia y Telecom, tuviera oportunidad suficiente para capacitarse en los temas más importantes de competencia económica y telecomunicaciones.