1. Primera etapa. El punto de arranque

Con posterioridad a la promulgación y entrada en vigor de la reforma constitucional en derechos humanos, las condiciones teóricas, políticas e institucionales de impartición de justicia cambiaron radicalmente. El paquete de reformas constitucionales surgidas en 2011, aunque antecedidas también por la reforma constitucional en materia penal de 2008, no solamente supusieron la modificación gráfica de nuestra Constitución o la mera incorporación de figuras y derechos novedosos en ella. De manera más amplia, dichos cambios constitucionales implicaron la rearticulación funcional y política de diversas instituciones, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que trajo consigo la necesidad de reorientar el entendimiento del derecho, de la Constitución y de sus medios de control e interpretación, así como de la relación existente entre el orden jurídico nacional e internacional.

No obstante, las reformas de 2011 en materia de derechos humanos y amparo también supusieron un reto importante en lo que respecta a su implementación y observancia por parte de las instituciones. Podría decirse que, en un primer momento, el impulso en sede legislativa de estas iniciativas podía ubicarse en el contexto de lo que se ha entendido como un modelo constitucional de corte aspiracional.¹⁵ Ello implica comprender que si bien es cierto dichas reformas permitirían trazar las rutas imaginables por las que el derecho en nuestro país debería transitar en el marco de un escenario global cada vez más influenciado por un compromiso con los derechos humanos, también encontrarían obstáculos importantes para asegurar su plena vigencia en nuestro orden jurídico, a la vez que se requerirían de importantes esfuerzos sociales e institucionales para asegurar su transición de buenos deseos hacia realidades concretas; es decir, se necesitaría de alguien que pusiera a trabajar nuestra Constitución¹⁶ con sus recién estrenadas reformas.

En este proceso, la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultaría decisiva, pues, tradicionalmente, tanto la interpretación constitucional de los derechos como la manera en que deben operar los mecanismos para su control constituyen cuestiones que atañen, primordialmente, a las autoridades judiciales de un Estado, pero en particular a los máximos tribunales constitucionales. Así, para efectos del presente trabajo, la primera etapa de desarrollo del concepto de interpretación conforme en el marco de la Suprema Corte inicia con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y culmina con la adopción de la resolución a la Contradicción de Tesis 293/2011,¹⁷ ya que, a nuestro juicio, dicha resolución marcó un punto de inflexión importante que modificaría la manera de comprender y aplicar el criterio de interpretación conforme por parte de tribunal constitucional mexicano.

El primer acercamiento que la Corte mexicana tuvo sobre esta cuestión se dio en la discusión y resolución del Expediente Varios 912/2010, en el que después de un accidentado proceso de tramitación, se enfrentó a la necesidad de analizar y determinar la manera en que el Poder Judicial de la Federación debía dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Radilla Pacheco.¹⁸

El Expediente Varios 912/2010 recopila criterios importantes para la operatividad de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, a la vez que sienta las bases de apertura del sistema jurídico mexicano al sistema internacional. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos en los desarrollos que dicha decisión generó para el proceso de interpretación conforme.¹⁹ Un primer aspecto que debe remarcarse es que la consulta planteada en el Expediente Varios 912/2010 surgió del análisis respecto del cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México respecto del caso de Rosendo Radilla Pacheco, un campesino víctima de desaparición forzada a manos del ejército mexicano durante el periodo conocido como la Guerra Sucia en los años setenta. Este aspecto es relevante, ya que el análisis realizado por las y los ministros de la Suprema Corte estuvo determinado por los términos enunciados por el tribunal internacional en su sentencia, lo que restringió, en alguna medida, las posibilidades de argumentación y razonamiento jurídico por parte del tribunal que, de otro modo, pudieron haberse hilvanado en un sentido distinto, quizá más autónomo en relación con la interpretación conforme.

La resolución en cuestión es relevante en el marco del análisis de la interpretación conforme, ya que sentó un precedente metodológico importante respecto a la manera en que el Poder Judicial debería de operar el control de convencionalidad ordenado por la Corte Interamericana, de la mano del conjunto de las otras herramientas previstas en el artículo 1o. de la Constitución. Así, la Suprema Corte determinó que, en el ejercicio de sus funciones, y en cumplimiento de lo previsto tanto por la Constitución como por la decisión del tribunal interamericano, las autoridades judiciales en nuestro país debían seguir un proceso conformado por tres pasos. En un primer momento debían realizar una interpretación conforme en sentido amplio, y analizar el orden jurídico nacional de manera general a la luz de lo previsto por la Constitución y los tratados internacionales considerados en su conjunto. En un segundo momento, las y los jueces debían ejercer una interpretación conforme en sentido estricto y, frente a distintas interpretaciones igualmente válidas, debían elegir la que resultara más acorde con los derechos previstos en la Constitución y en los tratados. Y, como tercer paso, cuando las opciones anteriormente descritas resultaran inviables, entonces las autoridades judiciales debían determinar la inaplicación de la ley en el caso concreto.²⁰

Pese a la importante aproximación desarrollada por la Corte en esta resolución, caben algunas anotaciones críticas en torno a su relación con la interpretación conforme. En primer lugar, como fue señalado anteriormente, la Suprema Corte incorporó la aplicación de la interpretación conforme en lo que denominó el “mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos”.²¹ La ruta seguida por la Corte tuvo su origen en lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los párrafos 338 y 339 de su sentencia, que se circunscribió a las obligaciones de las autoridades judiciales de realizar un control de las disposiciones convencionales relacionadas con el caso.²² Con ello, la Suprema Corte encontró la posibilidad de incorporar la interpretación conforme como parte del control de convencionalidad ex officio a cargo de las autoridades judiciales, lo que prácticamente condujo a una especie de subsunción de la primera herramienta en la segunda.

Sin duda, hubiera cabido la posibilidad de que la Suprema Corte ajustara el cumplimiento de la sentencia en cuestión a partir de un enfoque distinto, es decir, vinculando el párrafo 338 de dicha resolución con el concepto de interpretación conforme previsto en el artículo 1o. constitucional, debido a que, en un señalamiento de enorme relevancia, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano precisamente que ajustara la interpretación del artículo 13 constitucional al contenido de los artículos 2o. y 8o. de la Convención Americana en relación con las disposiciones previstas en la Constitución mexicana que resultaran acordes con el caso en mención.²³ La afortunada decisión de la Corte Interamericana de establecer un parámetro de interpretación constitucional/convencional (conforme) de la misma Constitución mexicana es modélica en el sentido de lo que los operadores jurídicos nacionales pueden realizar con el principio de interpretación conforme, incluido el texto constitucional, que se torna en un ordenamiento binario, es decir, que adopta un carácter de elemento referente y referido en el ejercicio de la interpretación, como sucedió en este caso.

Pensamos, así, que una perspectiva como la señalada hubiera conducido a resultados diferentes que pudieron haber contribuido al desarrollo teórico y jurisprudencial de la interpretación conforme. Sin embargo, la decisión a cargo de la SCJN de continuar por la ruta del control de convencionalidad trazó una pauta particular que marcó el devenir de la interpretación constitucional de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico.

A pesar de lo que podría calificarse como un esfuerzo importante a cargo de la Corte, esta aparente fusión de las dos herramientas apuntadas resulta problemática en la medida en que 1) resta independencia operativa a mecanismos que persiguen objetivos diferenciados; 2) deriva en la generación de confusiones en torno a la operación de las herramientas de interpretación constitucional, e 3) incorpora elementos conceptuales a la interpretación conforme que no encuentran un fundamento sólido en la doctrina jurídica, tales como la distinción entre interpretación conforme en sentido amplio y en sentido estricto. Tal y como lo hemos señalado en otros espacios, si bien las herramientas incorporadas en el artículo 1o. constitucional deben entenderse de manera integral y articulada, ello no quiere decir que deban confundirse ni, mucho menos, subsumirse las unas en las otras. Cada una de ellas preserva un valor particular y una función específica en la conformación y operación de un modelo robusto de interpretación constitucional de los derechos humanos.²⁴ En otras palabras, es cierto que la implementación de un adecuado ejercicio de interpretación conforme presupone, necesariamente, la realización de un control de convencionalidad; sin embargo, la fórmula no opera igual en sentido opuesto, pues el ejercicio del control de convencionalidad no necesariamente implica el desarrollo de un proceso de interpretación conforme, el cual, como ha quedado señalado, debe incorporar la observancia y consideración de la propia Constitución.²⁵

Además, la adopción de este criterio en los términos apuntados trajo como consecuencia la cristalización de una perspectiva respecto de la interpretación conforme que, por momentos, resulta difícil de superar, dadas las condiciones de estratificación jerárquica que aún caracterizan al Poder Judicial Federal mexicano. Tal es así que, a la fecha, algunas ministras y ministros continúan citando el precedente apuntado en el Expediente Varios 912/2010 para sustentar sus decisiones, aun cuando resulta ser tan sólo el primer pronunciamiento de la Corte en este tema, y a pesar de que a la fecha existen importantes avances respecto al desarrollo autónomo tanto del control de convencionalidad como de la interpretación conforme, así como de su funcionamiento integral y coordinado.

De esta manera, durante esta etapa, la Segunda Sala de la Corte, por ejemplo, comenzó a desarrollar una perspectiva sustentada en el formalismo piramidal y el formalismo de atribuciones, mediante la defensa de lo que podría considerarse el statu quo anterior a la reforma constitucional de 2011. Así, las y los ministros de la Segunda Sala de la SCJN llegaron a afirmar en sus decisiones que

...el cambio operado en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona, al orden constitucional, sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que ello signifique, que se dejen de aplicar los diversos principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, previstos en los diversos numerales 14 y 16 de la Constitución Federal.²⁶

Del criterio anteriormente señalado es posible apreciar, al menos, dos aspectos relevantes. Por un lado, de nueva cuenta, existe una confusión entre las distintas herramientas de interpretación que integran al artículo 1o. constitucional, principalmente entre el bloque de constitucionalidad, la interpretación conforme y el principio pro persona, en virtud de que la Sala asumió que el cambio ordenado por la reforma constitucional puede condensarse en una misma obligación de corte decisionista (formalismo de atribuciones). Y, por el otro, es posible apreciar la manera en que la Segunda Sala supedita el despliegue de dichas herramientas, y de la reforma en general, a la observancia de disposiciones constitucionales tradicionales, como el principio de seguridad jurídica y legalidad (formalismo piramidal).

Esta misma perspectiva continuó su tránsito y fortalecimiento a través de la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Segunda Sala de la Corte en los siguientes años. En lo que respecta a la interpretación conforme, esta sección del tribunal determinó que la operación de la reforma constitucional y los derechos humanos podría ser viable siempre que ello no contraviniera el entendimiento tradicional del principio de supremacía constitucional. Así, la Segunda Sala expresó su rechazo a la intención de que la Constitución pudiera ser objeto de control interpretativo, al señalar que

...del texto expreso de la Constitución Federal se desprende la imposibilidad jurídica de que la Constitución General de la República pueda sujetarse a un control frente a algún precepto contenido en algún tratado internacional del que México sea parte, tomando en cuenta que éstos no han perdido, con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, su condición de normas jerárquicamente inferiores a la Constitución Federal, lo cual obstaculiza cualquier posibilidad de que dichas normas internacionales puedan convertirse en parámetro de validez de la Constitución.²⁷

Dicho criterio no permaneció estático, ni resultó meramente orientador, sino que alcanzó umbrales acrecentados de implementación que sirvieron para negar el reconocimiento de derechos humanos aun frente a la posibilidad de considerar normas convencionales en la materia. Por ejemplo, en el Amparo Directo 55/2012, resuelto por el ministro Aguilar Morales, y relacionado con el reconocimiento al derecho a la estabilidad en el empleo de las y los trabajadores de confianza, la Segunda Sala determinó que

...la exclusión de un derecho no necesariamente debe estar establecida expresamente en la norma constitucional, sino que basta atender a los derechos que confirió el Constituyente a los trabajadores de confianza… [por lo que] la interpretación [que concluye] que los trabajadores de confianza sólo tienen derecho a las medidas de protección del salario y seguridad social, no puede considerarse atentatoria de derechos humanos porque ha reflejado de manera auténtica el sentido, pensar e intención del Constituyente, razón por la cual no cabe una interpretación distinta, y por otra, porque esa norma de rango constitucional no puede, en sí misma, vedar los derechos que justifican su existencia.²⁸

En el precedente apuntado, la Segunda Sala de la SCJN reforzó su criterio en torno a la imposibilidad de que la Constitución pudiera atentar contra los derechos humanos de las personas, y fue todavía más allá al extender la posibilidad de restringirlos ya no sólo a partir del contenido expreso de las disposiciones constitucionales, sino de la intención “auténtica y originaria” del Constituyente. Y aunque podría pensarse que en este caso la Segunda Sala desconoció tajantemente las nuevas aproximaciones jurídicas derivadas de la reforma de 2011, lo cierto es que no fue del todo así. Por el contrario, esta sección del tribunal aun conociendo la existencia del artículo 7o. del Protocolo de San Salvador, vinculado con la garantía de las condiciones laborales, señaló que dicha

...norma de rango convencional puede aplicarse en el régimen interno, pero con las condiciones previstas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… porque el artículo 1o. de la Constitución Federal establece que el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en ella y en tratados internacionales, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones establecidas en la Norma Suprema.²⁹

Como puede apreciarse, estos pronunciamientos por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen un antecedente importante de la discusión en torno a las restricciones constitucionales a los derechos humanos que se plantearía más adelante en la resolución a la Contradicción de Tesis 293/2011, misma que fuera defendida, principalmente, por quienes integran a esta sección del tribunal y que encontraría un controvertido asidero en la resolución final adoptada por el tribunal Pleno. Volveremos a este punto más adelante.

Por su parte, a lo largo de esta primera etapa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también comenzó a plantear un entendimiento propio de la interpretación conforme. Sin embargo, a diferencia de su par, esta sección del tribunal dirigió sus esfuerzos a explorar rutas de apertura y compatibilidad de la interpretación conforme con el sistema jurídico mexicano. Pese a ello, aun cuando los criterios defendidos por la Primera Sala del tribunal pueden ser considerados en un grado menos formalista, lo cierto es que su razonamiento transitó por las sendas de un formalismo semántico tendente a la preservación coherente del sistema normativo en nuestro país, más que a la ampliación de los esquemas protectores de los derechos humanos.

Una de las primeras ocasiones en las que la Primera Sala de la SCJN tuvo oportunidad de pronunciarse respecto a la operación de la interpretación conforme fue en los casos relacionados con el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en Oaxaca.³⁰ En dichos precedentes, la Primera Sala del tribunal determinó que la restricción establecida en el Código Civil de Oaxaca para que las personas homosexuales pudieran contraer matrimonio resultaba contraria a los derechos humanos previstos en la Constitución federal. Para sostener su argumento, los ministros Zaldívar, Cossío y Pardo Rebolledo determinaron en sus respectivas decisiones que en relación con el supuesto normativo que concebía al matrimonio como una institución para la unión entre un hombre y una mujer³¹ debía “privilegiarse la presunción de constitucionalidad de la ley y realizar una interpretación que sea acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos”,³² y añadieron que

...la manera más efectiva de reparar la discriminación normativa consiste en… realizar una interpretación conforme de la expresión “un solo hombre y una sola mujer” para entender que ese acuerdo de voluntades se celebra entre “dos personas”, de tal manera que con dicha interpretación se evita la declaratoria de inconstitucionalidad de esta porción normativa.³³

Un criterio similar puede encontrarse en el Amparo Directo en Revisión 3758/2012, bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en donde la Corte precisó que “debe privilegiarse la conservación de las leyes, cuando admitan una interpretación conforme con la Constitución, ya que ello permite preservar la legitimidad democrática de las decisiones tomadas por el legislador, como sujeto central de configuración normativa en nuestro país”. En su decisión, la Primera Sala justificó este criterio bajo el argumento de que el control constitucional que la Suprema Corte ejerce

...debe de considerar la legitimidad democrática de las leyes, esto es, ha de otorgarse un peso específico al principio democrático de que las decisiones públicas han de realizarse por los representantes populares y no por los jueces; por lo cual, si una norma admite dos o más entendimientos posibles, se debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante renovación del orden jurídico.³⁴

Si bien en las decisiones apuntadas puede apreciarse una buena voluntad por parte de los ministros ponentes, lo cierto es que los criterios planteados resultan problemáticos. En primer lugar, en virtud de que a partir de estos pronunciamientos comenzó a fraguarse un entendimiento cuestionable sobre la interpretación conforme que asume su utilidad como un mecanismo para la preservación y mantenimiento de la coherencia del orden normativo.³⁵ Y, en segundo lugar, gracias a que se asume que la modificación arbitraria de los términos semánticos de una disposición normativa puede significar un ejercicio efectivo de interpretar de manera conforme con la Constitución, entendida ésta como el binomio entre disposiciones constitucionales y convencionales (formalismo semántico). De ahí que ha ido prevaleciendo la idea de que, a priori, la interpretación conforme es un mecanismo de conservación normativa, mientras que el control constitucional es la herramienta de inaplicación o expulsión de las normas.

Sin embargo, es importante precisar que desde nuestra perspectiva, la interpretación conforme no puede ni debe entenderse desde esta posición. En el marco de un modelo constitucional comprometido con los derechos humanos, el objetivo principal de la interpretación conforme no es el de preservar la coherencia del orden normativo, sino el de ampliar el propio contenido de los derechos humanos y su protección.³⁶ Precisamente, la falta de definiciones claras en torno a la manera en que debe operar esta herramienta de interpretación abre la puerta al surgimiento de riesgos anti-democráticos, como los apuntados por el ministro Ortiz Mena, en particular aquel asociado con la “tentación legislativa” a cargo de los jueces. Es decir, una metodología deficiente sobre la operación de esta herramienta puede derivar en la adopción de criterios decisionistas por parte de la judicatura que trastoquen no sólo las funciones encomendadas al Poder Legislativo, sino también la impresión y legitimidad de la función judicial.

De igual forma, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 1o. constitucional en relación con la interpretación conforme no pueden limitarse a la simple modificación del significado de los términos en una disposición normativa, pues además de resultar un ejercicio arbitrario y decisionista como los apuntados anteriormente, también termina por cancelar las posibilidades de implementación articulada y secuencial de otras herramientas relevantes, como el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad y el principio pro persona.³⁷ Si bien la interpretación judicial, particularmente aquella relacionada con los derechos humanos, supone el ejercicio de una función de naturaleza política,³⁸ lo cierto es que su implementación debe ser respetuosa de las facultades y competencias asignadas a otros órganos dentro del Estado y, por lo tanto, debe ajustarse a los parámetros normativos y facultativos aplicables dentro de él. Es por esa razón que la interpretación conforme requiere de la articulación integral de las otras herramientas previstas en el artículo 1o. constitucional, especialmente del bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad, en la medida en que la operación de ambas permite estructurar las bases de actuación por las que podrá transitar la interpretación conforme en un caso en concreto.³⁹

En el caso de los amparos en revisión vinculados con el reconocimiento del matrimonio igualitario en Oaxaca, esta aproximación sobre la interpretación conforme resulta palpable. En dichos precedentes, la Primera Sala de la SCJN consideró oportuno señalar que al interpretar la frase “un hombre y una mujer” como sinónimo de “dos personas” se lograba garantizar tanto la coherencia del orden normativo como la garantía de los derechos humanos de las personas homosexuales. Sin embargo, tal perspectiva argumentativa pareció haber respondido más a una cuestión de pragmatismo judicial asociada a la necesidad de no tener que hacer frente a una declaratoria completa de inconstitucionalidad de la norma,⁴⁰ ante la ausencia de una perspectiva completa del bloque de constitucionalidad y el contraste interpretativo con el mismo.⁴¹ Como veremos más adelante, con el paso del tiempo, la Corte abandonaría este criterio.

Así, puede decirse que modificar los elementos semánticos de una disposición normativa dista de ser un ejercicio de interpretación conforme porque ignora la necesaria operación integral de las otras herramientas interpretativas, a la vez que impide la realización de un análisis en torno a la interacción real de los derechos en el sistema jurídico. Es, por decirlo de una manera más sencilla, elegir una salida rápida frente a un dilema interpretativo de importantes magnitudes que trasciende más allá de la salvaguarda de la coherencia del orden normativo y, por el contrario, se vincula con las condiciones de aseguramiento de los derechos humanos.

2. Segunda etapa. El punto de inflexión

El expediente Varios 912/2010 no fue la única decisión que marcó un cambio en la manera de entender, aplicar y operar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y de las herramientas que la integran. El 24 de junio de 2011 se denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito y por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, los cuales diferían en torno a la posición que los tratados internacionales debían ocupar en el sistema legal mexicano, así como a la obligatoriedad respecto al ejercicio del control de convencionalidad por parte de las y los jueces mexicanos.

Después de haber seguido la tramitación correspondiente, la Contradicción de Tesis 293/2011 recayó en la ponencia del ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, a quien correspondió elaborar el proyecto que sería discutido por el tribunal Pleno en agosto y septiembre de 2013. Las discusiones que tuvieron lugar a lo largo de las cinco sesiones que le tomó al Pleno arribar a un acuerdo fueron por demás acaloradas. En ellas se exhibieron de manera más clara dos visiones contrarias sobre el papel que los derechos humanos deberían jugar en el marco de nuestro sistema jurídico, y en general sobre la función que el derecho debe ocupar en nuestra sociedad. Para algunas de las y los ministros, principalmente de la Primera Sala del tribunal, los derechos humanos y el derecho internacional merecían una especial posición dentro del sistema jurídico mexicano, mientras que para las y los integrantes de la Segunda Sala de la Corte, la Constitución y el derecho nacional debían mantener su supremacía y soberanía frente a todo.

La Contradicción de Tesis 293/2011 representó un avance muy importante para el reconocimiento de las herramientas interpretativas previstas en el párrafo segundo del articulo 1o. constitucional, así como para la manera en que éstas debían ser entendidas en el plano judicial. En esencia, lo que la Corte sostuvo en dicha decision fue, por un lado, que si bien los derechos humanos representan el pilar que inspira y sostiene a nuestro sistema juridico, por el otro, cuando la Constitucion prevé alguna limitacion expresa a su ejercicio, ésta debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración.

Como puede apreciarse, la discusiones que rodearon la resolución a la Contradicción de Tesis 293/2011 terminaron por cristalizar la perspectiva que ambas salas de la Corte habían comenzado a desarrollar desde la entrada en vigor de la reforma constitucional. Mientras que la Segunda Sala del tribunal hizo explícita su teoría sobre la supremacía constitucional y las restricciones a derechos humanos, la Primera Sala logró consolidar el reconocimiento de los derechos humanos como parámetro de regularidad constitucional del sistema jurídico mexicano. No obstante ello, los acuerdos alcanzados en esta discusión generaron impactos importantes, aunque diferenciados, en la manera de entender y aplicar la interpretación conforme por parte de ambas salas del tribunal, al grado de poder afirmar que hoy en día no resulta descabellado concebir la existencia de dos usos distintos de la misma Contradicción 293/2011 que ambas salas emplean a su mejor entendimiento.

En lo que respecta a la Segunda Sala de la SCJN, la ruta seguida no fue radicalmente distinta, aunque sí se introdujeron algunos cambios relevantes, sobre todo en la manera de entender la supremacía constitucional de cara a la interpretación conforme. A partir de este momento, los esfuerzos por parte de esta sección del tribunal ya no se concentraron en desconocer la interrelación existente entre el derecho nacional y el derecho internacional. Incluso, puede decirse que un punto importante que esta sección del tribunal concedió fue que la Constitución sí puede ser objeto de interpretación a la luz del bloque de constitucionalidad integrado por normas convencionales y normas constitucionales en sentido estricto. Sin embargo, a partir de este momento la estrategia cambió para adoptar una posición un tanto más moderada, dirigida a asegurar la prevalencia del primero en ciertos casos específicos, como el de las restricciones.

Así, por ejemplo, y en el marco de lo que hemos denominado como formalismo jerárquico y formalismo de atribuciones, que hacen depender el ejercicio de la interpretación conforme de la voluntad de las y los juzgadores, así como de la posición en la que se ubican las normas dentro del sistema jurídico, en los amparos en revisión 487/2013 y 620/2013, resueltos por el ministro Luis María Aguilar Morales y el ministro Sergio Valls Hernández, respectivamente, relacionados con el análisis de constitucionalidad de diversos artículos de Ley Federal del Trabajo, la Segunda Sala de la SCJN determinó que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la misma Carta Magna, resulta suficiente la previsión que establece nuestra Constitución Federal y, por tanto, al existir un método de interpretación conforme, no resulta necesario acudir al contenido de los preceptos establecidos en [otros] ordenamientos internacionales”.⁴²

Varios puntos destacan del criterio anteriormente señalado. En primer lugar, es posible apreciar la manera en que los ministros de la Segunda Sala extendieron la defensa de la idea de supremacía constitucional, al considerar que la observancia de los derechos humanos consagrados en tratados internacionales constituye una función potestativa a cargo de las y los jueces mexicanos. Es decir, en estos dos casos, los ministros decidieron no interpretar los artículos de la Ley Federal del Trabajo, ya que consideraron que la Constitución resulta clara al precisar las prerrogativas a las que tienen derecho los trabajadores, sin importar si tales derechos podían haber sido ampliados a partir de un ejercicio interpretativo. Con dicha acción, los ministros excedieron los presupuestos generados por el criterio establecido en la Contradicción de Tesis 293/2011, en la medida en que no se estaba frente a una restricción expresa prevista en la Constitución, sino a una interpretación literal y originalista del texto constitucional que, a su juicio, debía prevalecer.⁴³

Asimismo, el razonamiento planteado por ambos ministros permite develar que, bajo su perspectiva, la interpretación conforme puede ajustarse al criterio anteriormente señalado, casi como un proceso de corroboración exegética y gramatical de las disposiciones previstas en la Constitución. Así, por ejemplo, cuando la Segunda Sala de la Corte precisa que con base en “una interpretación conforme… el artículo 56 bis de la Ley Federal del Trabajo… no es contrario al texto del artículo 123 de la Constitución Federal” ni a diversos instrumentos internacionales, “pues… los derechos establecidos en éstos, son tomados en consideración por el artículo 123, Apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en general por el texto de la propia Constitución”, lo que hace en realidad es supeditar la implementación de la interpretación conforme al contenido literal de los preceptos constitucionales.

Estas posiciones resultan contrarias a la lógica del funcionamiento de la interpretación conforme en el marco de un sistema integral de interpretación constitucional, toda vez que su ejercicio no puede limitarse a la consideración exclusiva de los preceptos constitucionales nacionales. Ello deriva en un falso entendimiento no sólo de la interpretación conforme, sino también del propio concepto de “bloque de constitucionalidad”, que asume que tanto los tratados internacionales como el texto constitucional son Constitución. De esta forma, cabe precisar que la interpretación conforme no es un proceso que opere a contentillo de las y los jueces, sino que representa una obligación que debe ser entendida como un deber jurídico relevante por la simple razón de que la Constitución lo mandata. En tal sentido, la implementación de la interpretación conforme requiere, necesariamente, del análisis integral de las previsiones constitucionales vinculadas con los derechos humanos, y no sólo con fragmentos articulados a modo de ésta.

Los argumentos esgrimidos hasta ahora por la Segunda Sala de la SCJN continuaron cobrando relevancia en el marco de su desarrollo jurisprudencial, al grado de revocar decisiones judiciales en las que tribunales inferiores habían realizado ejercicios interesantes sobre interpretación conforme y control de convencionalidad. Así, en el Amparo Directo en Revisión 1338/2014, resuelto por el ministro Alberto Pérez Dayán, relacionado con la demanda de un particular respecto de un daño ocasionado por la actividad regular del Estado a su patrimonio, la Segunda Sala precisó que

...el órgano colegiado en momento alguno ejerció un control de convencionalidad, pues si bien es cierto que en el fallo que se recurre se hizo alusión al derecho y a la jurisprudencia internacional, en particular a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también lo es que ello únicamente atendió a ilustrar la manera en que funciona el sistema de la responsabilidad patrimonial del Estado en el ámbito internacional y comparado -concluyéndose al respecto que es un principio general del derecho internacional que todo daño provocado por el Estado debe ser reparado-; sin que se confrontaran normas internas con alguno de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que México es parte.⁴⁴

Sin embargo, lo cierto es que puede decirse que el ejercicio de interpretación realizado por el Tribunal Colegiado, encargado de analizar el asunto en la etapa previa, resultó más aproximado a los fines que persigue nuestra Constitución en relación con los derechos humanos. Ello es así en virtud de que dicho tribunal federal recurrió al uso de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de principios generales del derecho internacional,⁴⁵ para determinar que el artículo 113 de la Constitución federal debía ser entendido como una disposición normativa que reconoce un derecho sustantivo de los particulares y no una vía y regulación única y específica que reclame, para sí, un ámbito material propio y, con ello, determinar que cuando el Estado cause daños con motivo de su actividad regular o irregular, y éstos no deban ser soportados por los ciudadanos que los sufren, surge, entonces, el deber a cargo de éste de reparar dichos daños ocasionados.

Con todo ello, es posible apreciar que pese a los avances conseguidos en el marco de las discusiones promovidas por la Contradicción de Tesis 293/2011, la Segunda Sala de la SCJN continuó ajustando sus criterios jurisprudenciales hacia un enfoque más restrictivo, sustentado en una aparente defensa soberana de las disposiciones constitucionales locales. Con ello, esta Sala defendió los aportes teóricos y metodológicos que incorporó en dicha Contradicción, pero a la vez ignoró aquellos impulsados, mayormente, por quienes integran la Primera Sala de la Suprema Corte.

En contraste, a lo largo de esta etapa, la Primera Sala de la SCJN dedicó considerables esfuerzos a ampliar, en alguna medida, las condiciones de operación de la interpretación conforme en el marco de nuestro sistema jurídico, así como a corregir algunas de las precisiones apuntadas con anterioridad que resultaban poco compatibles con el esquema de derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. Dicha labor, aunque merecedora de cierto reconocimiento, no siempre estuvo exenta de errores de apreciación o aplicación que desviaron más el camino de su consolidación jurisprudencial hacia una perspectiva formalista como las apuntadas anteriormente. Así, por ejemplo, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó sus criterios en torno a la relación existente entre interpretación conforme y normas que contienen algún criterio discriminatorio, lo cierto es que también fortaleció su argumento en torno a la interpretación conforme como un mecanismo de preservación normativa.

Uno de los primeros ejercicios emprendidos por parte de esta sección de la Corte lo impulsó el ministro Zaldívar al resolver el Amparo en Revisión 159/2013, relacionado con el estudio de la constitucionalidad de la figura de interdicción aplicada a un joven con discapacidad.⁴⁶ Lo que la defensa de este joven sostenía es que dicha figura resultaba contraria a los derechos humanos de las personas con discapacidad reconocidos en diversos tratados internacionales vinculantes para México, al constituir un mecanismo sustitutivo de la voluntad de estas personas que limitaba de manera desproporcionada su autonomía.

En su decisión, el ministro Zaldívar expresó que la interpretación conforme implica una posibilidad interpretativa previa a la declaración de invalidez o inconstitucionalidad de una norma. Es decir, que antes de determinar la incompatibilidad de una norma con el parámetro de control de regularidad constitucional, las y los jueces deben realizar un esfuerzo interpretativo para encontrar un significado que la haga compatible con la Constitución y con los tratados internacionales. En sus palabras,

...esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional.⁴⁷

Si bien es cierto que la aproximación planteada por el ministro Zaldivar no resulta completamente contraria a uno de los objetivos que persigue la interpretación conforme, es decir, el de la posibilidad de determinar la compatibilidad de una norma previo a declarar su inconstitucionalidad, lo cierto es que parece olvidar el cumplimiento de los otros objetivos que derivan de su implementación, a la vez que resulta omisa en seguir un proceso metodológico claro que permita articular de manera efectiva el cúmulo de herramientas interpretativas contenidas en el artículo 1o. constitucional, cuyo uso resulta indispensable para lograr un adecuado ejercicio de interpretación conforme.

Por el contrario, y como puede apreciarse, este criterio se vincula de manera estrecha con el entendimiento impulsado por esta Sala del tribunal que ubica a la interpretación conforme como un mecanismo al servicio de la coherencia y sistematicidad de nuestro orden jurídico. De esta manera, a juicio de la Primera Sala de la Corte, las y los jueces deben, ante todo, huir del vacío normativo y con ello comprender que

...el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona… el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma.⁴⁸

Si bien es cierto que el principal objetivo de la interpretación conforme es el de fomentar la integración del sistema normativo en relación con la Constitución y los tratados internacionales, también lo es que ello no puede lograrse a cualquier costo, pues ésta no implica el despliegue de un cálculo utilitario entre la salvaguarda de una norma y la garantía de los derechos humanos.⁴⁹ Pensar en un sentido contrario implicaría asumir que en ciertos casos la coherencia del sistema normativo se encuentra por encima de los derechos de las personas, lo que, sin duda, resulta contrario al nuevo esquema democrático planteado por nuestra Constitución.

La defensa de este criterio en el Amparo en Revisión 159/2013 condujo a que la Primera Sala resolviera sobre la base de un formalismo mágico, en la medida en que consideró que la figura de interdicción podría ser interpretada de manera conforme con el paradigma social de discapacidad previsto en diversos instrumentos internacionales de los cuales México es Estado parte, sin explicar de manera justificada cómo es que una figura de ese tipo podría resultar compatible con un modelo de respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Por el contrario, la aproximación esbozada por esta sección del tribunal resultó problemática, toda vez que su análisis no logró superar la hipótesis asociada a que las personas con discapacidad requieren de ayuda y asistencia para la toma de decisiones, y si bien intentó ser protectora de los derechos de estas personas, lo cierto es que lo único que consiguió fue socializar la asistencia de estas personas, pero nunca trascender hacia la generación o defensa de una hipótesis respecto a que ellas pueden no requerir ayuda o asistencia para la toma de decisiones.

Con ello, en el caso planteado, el empleo de la interpretación conforme terminó fungiendo como un mecanismo para asegurar la vigencia de la norma dentro de nuestro sistema jurídico y, por tanto, para preservar la coherencia y sistematicidad del mismo, sin articular una dimensión del contenido normativo en función de los referentes presentes en el bloque de constitucionalidad.

Ahora bien, uno de los avances más importantes asegurados por la Primera Sala de la SCJN en el ámbito de la interpretación conforme surgió, de nueva cuenta, en el marco del análisis del reconocimiento al matrimonio entre personas del mismo sexo. A través de diversos amparos en revisión,⁵⁰ la Primera Sala de la Corte llegó a la conclusión de que

...cuando una norma en sí misma discrimina a una persona o grupo de personas que se ubican en una categoría sospechosa, no es posible realizar una interpretación conforme, pues dicha norma continuaría existiendo en su redacción, aun siendo discriminatoria y contraria al artículo 1o. constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas por México en cuanto a no discriminar con base en categorías sospechosas.⁵¹

Sobre la base de estas decisiones, la Primera Sala de la Corte se vio en la necesidad de modificar el criterio sostenido en otros casos similares, como el Amparo en Revisión 581/2012, analizado en secciones anteriores de este trabajo.⁵² Sin embargo, si bien este nuevo precedente representa un avance importante no sólo para el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales, sino también para el propio entendimiento y desarrollo de la interpretación conforme, también cabe realizar algunas anotaciones en torno a su entendimiento y argumentación.

En primer lugar, el criterio adoptado por la Primera Sala de la SCJN, sin duda, representa un avance sustantivo en el desenvolvimiento de esta herramienta, en la medida en que la acerca más hacia un enfoque sustantivo vinculado con la protección de los derechos humanos de las personas, y ya no tanto con la simple salvaguarda de las normas en el marco de la coherencia y sistematicidad del orden jurídico. Pese a ello, una crítica que puede realizarse a la argumentación planteada por la Primera Sala de la Corte es que para determinar si una norma discrimina o no, necesariamente, tendremos que acudir al contraste interpretativo de las normas para determinar si su aplicación en un caso concreto resulta contraria a las disposiciones constitucionales integradas a partir del bloque de constitucionalidad. En tal situación, el resultado respecto a las condiciones discriminatorias de una norma no puede determinarse sólo de manera abstracta, sino siempre sobre la base de un proceso de integración normativa (bloque de constitucionalidad) e interpretación a la luz de dicho esquema integrado (interpretación conforme).

De esta manera, parece que en las decisiones apuntadas, la Primera Sala de la Corte tropezó con la piedra que ella misma dejó en el camino a través de sus criterios anteriores, al circunscribir el empleo de la interpretación conforme como un mecanismo para la salvación constitucional de las normas. En un extremo completamente opuesto, la Primera Sala de la Corte consideró que una norma discriminatoria no podía ser “salvada” por medio de la aplicación de esta herramienta. Sin embargo, parece haber perdido de vista que la utilidad de la interpretación conforme trasciende de ese esquema limitado y se ubica en un plano de mayores posibilidades para garantizar un mayor entendimiento de los derechos, así como esquemas más amplios de protección.

Con ello, no insistimos en que las normas discriminatorias sean compatibles con el modelo de derecho que nuestra Constitución prevé. Por el contrario, únicamente enfatizamos que el ejercicio de la interpretación conforme no puede descalificarse a priori sobre la base de una consideración general y en abstracto de posibles esquemas discriminatorios, pues ello, además de impedir el efectivo funcionamiento del sistema de interpretación constitucional en materia de derechos humanos, limita considerablemente los alcances de la interpretación conforme y las posibilidades de argumentación a cargo de las autoridades judiciales.

Finalmente, dos apuntes adicionales sobre este criterio. Primero, si bien es cierto que con la adopción de estas decisiones la Primera Sala de la Corte parece haber comenzado a perder el miedo a reconocer la inconstitucionalidad de ciertos elementos de nuestro sistema jurídico, lo cierto es que sus resoluciones resultan un tanto ambiguas en este punto. Ello en virtud de que al abordar el tema de la inconstitucionalidad, la Primera Sala no es clara al señalar si con ello se refiere al mensaje contenido en la norma, o a la norma en sentido estricto.⁵³ Así, mientras que, por un lado, la Sala señaló que “debe declararse la inconstitucionalidad de la porción normativa del artículo 143 que excluye injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al matrimonio: las referencias al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución matrimonial”, por el otro, también apuntó que

...los efectos del presente amparo vinculan a todas las autoridades del Estado de Oaxaca a tomar en consideración la inconstitucionalidad del mensaje transmitido por el precepto impugnado, por lo cual no podrán utilizarlo como base para negar a los quejosos beneficios o establecer cargas relacionados con la regulación del matrimonio, lo que es un efecto propio de la concesión de un amparo contra leyes, que es la inaplicación futura de la ley.⁵⁴

Por último, un aspecto que, sin duda, requiere de un análisis a mayor profundidad se relaciona con el argumento esbozado por la Primera Sala respecto a que la interpretación conforme es incapaz de reparar un esquema discriminatorio contenido en una norma determinada. Sin embargo, de nueva cuenta parece que la Primera Sala asume esta herramienta como un proceso de salvación normativa, al señalar que el ejercicio de la interpretación conforme no puede ser entendido como un mecanismo para mantener una norma que en sí misma es discriminatoria. Si bien dicho criterio es innovador, y en cierta medida progresista, también es cierto que requiere de un escrutinio más a detalle. Primero, porque, como ya lo hemos expresado, la existencia de una norma considerada como discriminatoria no excluye de manera automática el ejercicio de la interpretación conforme, sino que dicha determinación partirá necesariamente del resultado que de él se obtenga. Y, segundo, porque el desarrollo de un proceso de interpretación conforme puede resultar un mecanismo adecuado para promover esquemas de reparación, en la medida en que puede derivar en la determinación de la inconstitucionalidad de una norma y, por tanto, vincularse con un esquema reparatorio del orden de la satisfacción a partir de la emisión de una decisión judicial que reconozca dicha situación de incompatibilidad.⁵⁵

3. Tercera etapa. El punto de no retorno

Los desarrollos alcanzados hasta ahora por la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcan la pauta para comprender que la interpretación conforme no constituye un concepto estático o inmutable. Como lo apuntamos al inicio, su adecuada implementación exige de importantes esfuerzos y sólidos compromisos democráticos por parte de los actores institucionales.

Hasta ahora el panorama podría parecer un tanto desalentador. Sin embargo, a la distancia parece que hemos llegado a un punto de no retorno en el que, bien o mal, la interpretación conforme es entendida como un concepto inacabado pero vivo. Su análisis al menos presupone disputas importantes en el seno del máximo tribunal de nuestro país, y su entendimiento permite develar las maneras de pensar y las corrientes políticas que las y los ministros asumen en su actuar día con día. Por ello, podríamos decir que no todo está perdido. El entendimiento de la interpretación conforme a lo largo de estos años ha sido, por un lado, revelador, y esperanzador, por el otro.

Importantes esfuerzos se han dado y continúan pronunciándose no sólo en el marco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también en la actuación de ciertos juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito que se han comprometido de manera notable con el desarrollo de una sólida teoría de la interpretación constitucional en materia de derechos humanos. Esto quiere decir que la comprensión y desenvolvimiento de la interpretación conforme es un trabajo en proceso, siempre constante y en un abierto dinamismo.

El progreso al que nos referimos comienza a dar sus propios frutos. Estamos convencidos de que poco a poco la Suprema Corte irá desarrollando más y mejores criterios y pautas de interpretación constitucional. Sin ánimos de ser exhaustivos, este tibio reflejo se lee, por ejemplo, en ciertas decisiones adoptadas por el máximo tribunal. El Amparo en Revisión 806/2017 del índice de la Segunda Sala de la SCJN es muestra de ello.⁵⁶ En la resolución a dicho caso la Corte ha comenzado a comprender la operación de la interpretación conforme de una manera mucho más acorde con los postulados previstos por nuestra Constitución, a la vez que ha dado los primeros pasos hacia la construcción de una metodología mucho más sólida y consistente para operar dicha herramienta.

Así, en este precedente es posible apreciar la manera en que el desarrollo argumentativo de la Segunda Sala de la Corte estuvo sustentado en una operación un tanto más articulada de las herramientas previstas en el artículo 1o. constitucional, lo cual sirvió de base para trazar una ruta mucho más sólida de interpretación conforme. Ello se aprecia en la manera en que la resolución al caso tomó en consideración la articulación de diversas disposiciones convencionales, como las establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como de algunos otros criterios interpretativos derivados del Grupo de Acción Financiera Internacional, y resoluciones emitidas por el propio Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para estructurar la base constitucional de actuación sobre la que debería operar la conducta y actividad de las autoridades, o lo que es lo mismo, para la conformación del bloque de constitucionalidad y la integración del control de convencionalidad de las disposiciones identificadas.

A partir de dichas acciones, y una vez que la Sala incorporó las disposiciones e interpretaciones referidas al canon constitucional de interpretación, tuvo la oportunidad de señalar que el bloqueo de cuentas bancarias resulta constitucional siempre y cuando ello derive del cumplimiento de una solicitud o procedimiento internacional, mas no de un proceso nacional, en tanto que no existe una base jurídica para que dicho bloqueo pueda actualizarse en el marco de actuaciones nacionales. Con ello, la Corte ajustó la validez y aplicación de una norma sobre la base de condiciones y disposiciones interpretativas un tanto más sólidas que condujeron a compatibilizar el goce y ejercicio de los derechos humanos con los fines constitucionales y convencionales asumidos por el Estado mexicano.

En sus palabras, la Segunda Sala del Tribunal expresó que:

…si bien los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, implican la posibilidad de llevar a cabo un análisis de regularidad normativa, lo cierto es que ello no debe conducir en todo momento a una declaración de invalidez de la disposición sometida a dicho estudio, pues es factible llevar a cabo una interpretación que haga compatible el artículo con el texto constitucional y con los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.

Esto es, nuestro texto constitucional y los derechos contenidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, son un parámetro interpretativo para el resto de componentes del sistema jurídico nacional, lo cual permite, previo a una declaración de invalidez de una disposición, llevar a cabo una interpretación que permita resolver la antinomia normativa alegada, permitiendo así la subsistencia de la norma combatida dentro de nuestro ordenamiento; a lo cual se le ha denominado “interpretación conforme”.⁵⁷

Como puede apreciarse en el caso en cita, al analizar la constitucionalidad del bloqueo de cuentas bancarias por parte de autoridades de investigación criminal, la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora arribó a una conclusión más sustantiva respecto a que la interpretación conforme puede constituir una herramienta adecuada para ajustar la aplicación de ciertas normas en aquellos casos en los que el estudio de las obligaciones constitucionales de fuente nacional e internacional, así como los señalamientos expresados por diversos organismos internacionales, así lo permitan. Lejos de representar un modelo para la salvación de normas, el precedente señalado hace un uso adecuado del bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad y la interpretación conforme para arribar a un resultado mucho más acorde con el modelo de interpretación constitucional que hemos venido desarrollando a lo largo de estas líneas.