Reseñas bibliográficas

 

ENEMIES, A History of the FBI. Tim Weiner

 

Mario Melgar Adalid*

 

Nueva York, Random House, 2012, 537 pp.

 

*Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

Tim Weiner es ganador del Premio Pulitzer por sus reportajes y ensayos sobre cuestiones de seguridad nacional e inteligencia secreta de Estados Unidos. En este su cuarto libro da cuenta de la historia del Federal Bureau of Investigation (FBI). Plantea el dilema entre la necesidad de una sociedad que requiere seguridad y el cumplimiento de los anhelos libertarios del pueblo. La historia del FBI es la de una organización del Estado que ha servido a la causa de la seguridad nacional, pero en su afán por preservar el orden ha violado eventualmente las normas constitucionales. Esto en un país en que el eje del Estado de derecho es el respeto a la Constitución y su interpretación por parte de la Suprema Corte provoca un inevitable debate.

La investigación está sustentada en documentos y afirmaciones de personas citadas, sin acudir a las fuentes anónimas o a citas ciegas. En su desarrollo Tim Weiner revisó más de 70 mil páginas de documentos recientemente desclasificados que incluyen los famosos expedientes de inteligencia de J. Edgar Hoover, así como más de doscientas citas de historia oral obtenidas por los agentes que trabajaron con Hoover durante y después de su gestión que duró cuarenta y ocho años al frente del servicio inteligencia federal.

El libro es en alguna medida la biografía política de Hoover, el controvertido director del FBI, mito y leyenda cuya fama llegó hasta grandes producciones cinematográficas o la imposición de su nombre al edificio que alberga el cuartel el FBI en la ciudad de Washington DC.

Hoover es el fundador de la FBI. Él es responsable de su diseño original, de su concepción, alcances, facultades legales y extra legales. La visión de quienes lo consideran un genio visionario de la necesidad de preservar la seguridad nacional a costa de todo, por un lado, quienes por el contrario, lo estiman un traidor de los valores que juró defender durante su función pública, hasta quienes se refieren a Hoover como un monstruo en su vida privada, no aciertan completamente. Todos tienen algo de razón. Este libro da nuevas luces sobre la vida y obra de Hoover. Llevó adelante tareas que en ese tiempo parecerían imposible de realizar: llegó a espiar directamente a los líderes de los países más poderosos del mundo durante los años de la Guerra Fría, concretamente de la Unión Soviética y de China. Detuvo un golpe de estado, contra un líder electo en la República Dominicana (Joaquín Balaguer) y de manera sutil socavó el poder de varios presidentes de los Estados Unidos.

Las tareas de espionaje de Hoover ocuparon un amplio espectro del siglo XX estadounidense. El FBI, en palabras del autor, nunca respondió estrictamente al juramento presidencial de preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos ( "I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of president of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States"). Por el contrario los presidentes ordenaron a Hoover perseguir y espiar por igual a pacifistas y a terroristas. Entre sus objetivos estuvieron dirigentes de movimientos sociales de gran alcance, desde los líderes y mártires de derechos civiles hasta los caballeros del Ku Klux Kan. Una famosa frase del presidente Franklin D. Roosevelt, cuando era Procurador General, explica la carta libre otorgada al FBI en épocas turbulentas: "La Constitución nunca ha molestado seriamente a ningún presidente en tiempos de guerra".

Otro presidente Roosevelt, Teodoro, fue el creador del FBI. El mismo declaró que creía en el poder y que su "presidencia tuvo más poder que cualquier otra oficina en cualquier república o monarquía de los tiempos modernos". Roosevelt llegó a ocupar el cargo por el asesinato a cargo de un anarquista del presidente William McKinley en 1901. En aquellos días los anarquistas se habían acreditado los asesinatos del presidente francés Marie François Sadi Carnot en 1894, del Primer Ministro Español, Antonio Canovas del Castillo en 1897, de la emperatriz Isabel de Austria y Reina de Hungría en 1898 y de Humberto I de Saboya, Rey de Italia en 1900. Al asumir el cargo Roosevelt declaró en su Informe al Congreso que la anarquía es un crimen contra la humanidad. Hizo un llamado para prohibir a los revolucionarios y subversivos vivir en los Estados Unidos.

El presidente encomendó a un curioso personaje Charles J. Bonaparte, el Procurador General y sobrino nieto de Napoleón I de Francia y nieto del rey de Westfalia que integrara un servicio de investigaciones en el Departamento de Justicia, a cargo del procurador general, que solamente debería reportar al mismo funcionarios. Bonaparte debía solicitar al Congreso los medios financieros y administrativos necesarios para la encomienda presidencial, lo que hizo diligentemente. La Cámara de Representantes extendió una negativa ante el temor de que el presidente intentara crear una policía secreta, lo que había sido práctica común de presidentes anteriores. Bonaparte no atendió la negativa de la Cámara Legislativa y no obstante violar la ley cumplió con la encomienda presidencial con lo que dio origen al FBI.

En esos días Mark Twain declaró con relación a la creación de la nueva oficina que el presidente Teodoro Roosevelt "estaba listo para patear la Constitución hasta el patio trasero cada vez que se interpusiera en su camino". Bonaparte juró ante el Senado que la Oficina creada no sería la de una policía secreta. Estaba integrada por 34 agentes especiales.

A los veinticuatro años en 1919, J. Edgar Hoover se convirtió en el jefe de una división del Departamento de Justicia denominada la "División Radical". Los Estados Unidos habían resultado vencedores en la Primera Guerra Mundial y ahora enfrentarían a los que considerarían los enemigos en casa. La función del FBI durante la guerra estuvo a cargo de Hoover. Antes de la declaración de hostilidades, el Departamento de Justicia tenía a la mano la relación de 1,400 alemanes sospechosos que vivían en los Estados Unidos. El día de la Declaración de Guerra 98 personas fueron detenidas y hechas prisioneras y 1,172 declaradas como amenazas a la seguridad nacional y sujetas a arresto en cualquier momento. Las primeras acciones de espionaje doméstico se hicieron con base en la Ley de Espionaje de 1917, cercando a los radicales, grabando sus conversaciones y abriendo su correspondencia privada. Entre otras de sus disposiciones esa ley establecía que la posesión de información que pudiera dañar a América (sic) se castigaría con la pena de muerte. Solamente a manera de ejemplo, el libro relata que bajo esta Ley, Rose Pastor Stokes, un inmigrante ruso casado con una socialista estadounidense y millonaria fue sentenciado a diez años de prisión por decir "Ningún gobierno que esté a favor de los que obtienen utilidades puede estar también a favor del pueblo". Los abusos y detenciones ocurridos en los Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial, son indescriptibles tanto por su número como por las violaciones a los derechos más elementales. Después de perseguir a los alemanes se inició la persecución de comunistas. Se hablaba ya de la Guerra contra el Comunismo. Mientras tanto, con el pretexto de la seguridad nacional, Hoover iba incrementando su poder con la aquiescencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

En 1919 la violencia política alcanzó niveles insospechados. Una serie de bombazos en distintas ciudades de los Estados Unidos y una particular en la capital, reivindicadas por un grupo denominado "The Anarchist Fighters", generó la sospecha de que los comunistas estaban detrás de los operativos terroristas. La misma semana de las explosiones se proclamó el Comitern, el movimiento comunista internacional. Un terrorista se inmoló al explotar un artefacto en la entrada de casa del Procurador General Mitchell A. Palmer. Al día siguiente una delegación de senadores y representantes al Congreso acudió a visitar la casa en ruinas para pedirle a Palmer que ejerciera todo el poder posible. Palmer refiere en el libro que los congresistas le dijeron: "Solicita lo que quieras y lo tendrás". De inmediato los agentes del FBI irrumpieron en la oficina que tenía una representación soviética en Nueva York en busca de evidencias que ligaran a los extranjeros con los atentados. No encontraron ninguna, pero se había fijado ya la vía de actuación de la oficina federal de investigación.

Unas semanas adelante Palmer confirió a J. Edgar Hoover la tarea de aplastar la conspiración comunista en contra de los Estados Unidos. Hoover disponía entonces bajo su mando de sesenta y un agentes del FBI y de treinta y cinco informantes encubiertos. Sus tareas iniciales fueron integrar los que serían famosos expedientes del FBI. La información que contendrían provendría de la inteligencia militar, del Departamento de Estado y del Servicio Secreto. Se iniciaron las revisiones clandestinas de oficinas diplomáticas, embajadas y consulados para obtener claves o códigos secretos. En semanas tenía preparados casos en contra de decenas de miles de político sospechosos. Bastaba que estadounidenses o extranjeros estuvieran en una manifestación cerca de alguno de los agentes encubiertos o bien se suscribieran a algún periódico de los 222 considerados como radicales publicados en lengua diferente al inglés en los Estados Unidos para ser incluido en la lista de sospechosos de Hoover. Con estas listas Hoover inició lo que entonces era un primitivo sistema de inteligencia, que habría de convertirse en uno de los más sofisticados en el mundo.

La primera redada en contra del terrorismo ocurrió en 1920. Hoover había divulgado información de que existía una conspiración internacional. Declaró que los comunistas habían organizado células secretas en México, que éstas habían hecho acopio de armas alemanas y japonesas con la intención de cruzar la frontera y esparcir las semillas de una revolución entre los negros del sur de los Estados Unidos. La actividad de Hoover en contra de supuestos terroristas, comunistas, anarquistas o supuestamente enemigos públicos no pasó desapercibida para la sociedad estadounidense. En un caso específico, el enemigo más connotado en aquellos días era Félix Franfurter, quien sería uno de los jueces asociados de la Suprema Corte encabezó un grupo denominado "National Popular Government League". Esta organización publicó un informe a la opinión pública suscrito por directores de escuelas de derecho y abogados prominentes que acusaban al gobierno y concretamente a Palmer y a Hoover de tortura y privaciones ilegales de la libertad. Estimaban que se había dado un asalto a los principios de las libertades constitucionales.

El libro narra el periodo entre la primera y la segunda guerras mundiales en que Hoover fue acrecentando su poder. Ante la inexistencia de la CIA, el FBI realizó las tareas de espionaje y contraespionaje de todo aquello que pareciera sospechoso. Uno de los episodios más conocidos en la historia del siglo XX estadounidense es el de Sacco y Vanzetti, sobre el cual se ha escrito tanto y hasta se han hecho producciones cinematográficas. Hoover se ocupó de investigar a los grupos que se oponían a la ejecución de los anarquistas italianos. Los grupos liberales siempre sostuvieron que se trató de un montaje para eliminarlos, entre éstos sobresalía la figura de quien sería un destacado juez asociado, Félix Frankfurter. Hoover estaba convencido que Sacco y Vanzetti eran responsables de los bombazos terroristas que dejaron un baño de sangre en Wall Street, aun cuando nunca pudo probarlo, el caso permanecería abierto para siempre.

Años más adelante, el presidente Franklin D. Roosevelt giró su primera instrucción a Hoover. El 8 de mayo de 1934 le encargó una cuidadosa investigación sobre la amenaza del fascismo. Roosevelt quería una investigación de Hitler y sus agentes en todos los frentes, a partir de la amenaza que el líder del nacional socialismo representaba para los aliados estadounidenses en Europa. Es claro que Hoover no tenía un interés por espiar a los nazis como su interés por perseguir a los comunistas. Encontró la manera de no incumplir las órdenes del presidente, espiar a los alemanes sin descuidar a los comunistas. Por esos días se puso de moda lo que sería una práctica común más adelante: la grabación de conversaciones telefónicas o en vivo.

En 1936 hubo una investigación sobre supuestas filtraciones sobre las decisiones de la Suprema Corte. El FBI grabó conversaciones de un secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte. El Chief Justice Charles Evans Hughes sospechaba que Hoover hubiera colocado cables y micrófonos para grabar la Sala de Sesiones (conference room), el sitio donde los jueces asociados se reúnen para decidir los asuntos.

Estados Unidos había ingresado a la Segunda Guerra Mundial, Hoover que no tenía tiempo para consideraciones sentimentales sobre el respeto a las libertades ciudadanas y firmó una "orden personal y confidencial" a los agentes del FBI con el encabezado "Seguridad Interior". Los conminaba a preparar una lista de personas, fueran ciudadanos estadounidenses o extranjeros, que deberían estar presos en el nombre de la seguridad nacional. Hoover pensaba en los comunistas, socialistas, fascistas, simpatizantes de Hitler, y de Japón y cualquier otro que tuviera la etiqueta de ser un enemigo político. Quería los nombres de los enemigos del Estado. La operación se denominó "Custodial Detention Program". Tenía en mente además grabar las conversaciones sin limitación alguna. No obstante como refiere el autor del libro, la Suprema Corte determinó modificar una jurisprudencia anterior y estableció que las grabaciones del gobierno resultaban ilegales con base en la Ley sobre Comunicaciones de 1934 (Communications Act).

A pesar de la decisión en la causa United States vs. Nardone Hoover congregó a los agentes y les comunicó que nada había cambiado. Les dijo textualmente: "Se aplicarían las mismas reglas anteriores, ninguna grabaciones de conversaciones telefónicas sin mi consentimiento". La Corte no quedó conforme con el desacató y en una nueva resolución conocida como Nardone II, estableció que las grabaciones resultaban inconsistentes con las estándares éticos y resultaban destructores de las libertades personales. Un cambio en la Oficina del Procurador General, la cabeza burocrática del FBI, determinó que el nuevo Procurador General Robert Jackson, que había sido la cabeza de la fiscalía en los procesos de Nuremberg de los criminales de guerra nazis, declarara que el Departamento de Justicia había dejado atrás y abandonado la práctica de hacer grabaciones. Se inició entonces una sorda lucha entre Jackson y Hoover. Éste trató por todos los medios de revertir la decisión de la Suprema Corte y a la postre lo logró. Después de convencer al presidente de los Estados Unidos de la necesidad de utilizar grabaciones para preservar la seguridad nacional, el presidente Roosevelt señaló que la decisión de la Suprema Corte era firme, aun cuando estaba intentada para tiempos de paz y no para la situación extraordinaria que vivía el país. Roosevelt llegó a escribir: "Estoy convencido que la Suprema Corte nunca intentó que su resolución se aplicara en materias tan graves que atañen a la defensa de la nación".

Tim Weiner se ocupa de varios episodios de conflicto entre la necesidad de preservar las libertades y la consigna por espiar a sospechosos corriendo el riesgo de violar derechos fundamentales. En 1972, un día después de que explotó el conflicto por Watergate, la Suprema Corte tomó la decisión de prohibir las grabaciones de ciudadanos estadounidenses. Uno de los anarquistas ubicado en la lista de los 10 más buscados por el FBI, Pun Plamondon, denominado el ministro de defensa de los White Panters, un grupo cuya plataforma se sustentaba en drogas, sexo y rock and roll, había sido acusado de poner una bomba en la estación de reclutamiento de la CIA, cerca de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Sus abogados sospechaban con razón que sus conversaciones habían sido intervenidas. El juez federal le había otorgado la posibilidad de defenderse y conocer la evidencia que debería mostrar el gobierno. El Departamento de Justicia de la administración de Nixon se negó a cumplir con la orden judicial. Los abogados del presidente manifestaron que el comandante en jefe tiene el inalienable derecho de intervenir conversaciones a discreción. El gobierno perdió esta instancia pues el tribunal federal de apelación estableció que aun el presidente debe obedecer lo preceptuado por la Cuarta Enmienda. La Suprema Corte nunca había autorizado intervenciones clandestinas dentro de los Estados Unidos. La mayor parte de las intervenciones que se habían dado por parte del FBI se habían hecho desafiando los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte. Algunas de ellas con el conocimiento de los procuradores generales y de presidentes, pero desde 1939 bajo las indicaciones de Hoover o de sus subordinados. El asunto llegó a la Suprema Corte y es interesante conocer las argumentaciones de los abogados del presidente tratando de justificar el poder presidencial para ordenar intervenciones sin autorizaciones judiciales y la respuesta de los jueces asociados de la Corte, negando el supuesto derecho. La Suprema Corte llegó a establecer en este caso que el gobierno tiene la facultad de intervenir a poderes extranjeros o sus agentes sin necesidad de órdenes judiciales. Cuando la Suprema Corte resolvió la incapacidad del gobierno para intervenir llamadas telefónicas de ciudadanos estadounidenses, el FBI tenía en proceso la intervención de al menos seis de los grupos denominados Weather Undergorund y la entonces famosas Black Panthers.

El libro refiere entre muchas cuestiones la pésima relación entre Robert Kennedy y J. Edgar Hoover. El primero fue su jefe como Procurador General y nunca logró someter, a pesar de la jerarquía, al escurridizo director del FBI. Un episodio dramático es la narración de la última conversación entre Hoover y el hermano del presidente Kennedy, ocurrida con motivo del asesinato de éste. El 22 de noviembre de 1963, Hoover llamó telefónicamente a Robert Kennedy para avisarle que su hermano había sido baleado. "Tengo algunas noticias para usted". El autor Weiner reflexiona que no le dijo "malas noticias" —como sin duda eran— sino simplemente noticias. A los cuarenta y cinco minutos Hoover volvió a llamarle para avisar que su hermano había muerto. Más allá de esta anécdota había un trasfondo que el libro devela.

La Comisión encargada de investigar el asesinato del presidente, la Comisión Warren, encabezada por quien había sido Earl Warren, el legendario Chief Justice de la Suprema Corte, concluyó que Lee Harvey Oswald fue el asesino. Hoover no podía hablar de una conspiración. Hoover no confiaba en Warren con quien había tenido desencuentros durante la gestión de éste como cabeza del Poder Judicial Federal. Hoover siguió de cerca los trabajos de la Comisión, gracias a los informes confidenciales que le suministraba uno de sus integrantes, nada menos que el Diputado al Congreso Gerald Ford, quien habría de convertirse más adelante en presidente de Estados Unidos. Corrían rumores que afectaban la credibilidad de Hoover, pero también información de fuentes acreditadas. El senador James Eastland, presidente del Comité Judicial emitió advertencias de que funcionarios de la CIA y del Departamento de Estado hacían cargos de que Oswald era informante del FBI y que agentes del servicio secreto pretendían inculpar al FBI. Por su parte Kennedy y el propio presidente Lyndon B. Johnson temían que se tratara de una conspiración comunista para matar al presidente Kennedy. Hacer pública esta preocupación era algo impensable pues ninguno de los dos —según Tim Weiner— estaba en la capacidad de cuestionar la autoridad de Hoover. Ni Hoover, ni Allen Dulles, el director de la CIA entre 1953 y 1961, habían mencionado una sola palabra de los planes estadounidenses para matar a Fidel Castro. Si los comunistas hubieran preparado en revancha un plan para asesinarlo y si los Estados Unidos encontraban la evidencia de lo anterior, sería tanto como disparar el primer tiro de una nueva guerra mundial.

Hoover admitió que el FBI a su cargo, tenía la culpa debido a su "gruesa incompetencia". No haber tenido noticias de las actividades de Oswald antes del asesinato, no haberse dado cuenta de que Oswald había sido un marine que había desertado de la Unión Soviética. La oficina del FBI en Dallas sabía que repartía volantes en favor de Fidel Castro, que además tenía un trabajo en el edificio de libros de texto de la escuela de Texas, ubicado en la ruta que seguiría el presidente Kennedy y su comitiva. Hoover se enteró después del asesinato que Oswald no estaba en la lista de personas que representaban un peligro para la seguridad por "su entrenamiento, su tendencia a la violencia y participación en actividades subversivas". Hoover llegó a aceptar que el hecho "debería ser una lección para todos nosotros". Castigó disciplinariamente a ciertos agentes por negligencia. En esto pasó por alto la advertencia de Cartha Elota, quien después sería director del FBI, de que cualquier reprimenda oficial o comunicaciones de censura podría significar la admisión de que eran responsables de negligencia que hubiera llevado al asesinato del presidente. El autor remata este pasaje al señalar que Hoover se hubiera condenado al infierno si hubiera permitido que el pueblo de los Estados Unidos pensara lo anterior.

En la parte final de libro se analiza la crisis que tuvo que sortear el FBI para contrarrestar los ataques generalizados por su incapacidad para haber prevenido los ataques del 11 de septiembre que conmocionaron al mundo y modificaron el sentimiento de seguridad y tranquilidad interior de la sociedad estadounidense. En los más altos niveles del gobierno se consideró el desmantelamiento de la Oficina y la creación de un nuevo servicios de inteligencia. Thomas Kean el presidente de la Comisión Nacional sobre Ataques Terroristas en los Estados Unidos, conocida como la Comisión 9/11 declaró refiriéndose al FBI: "Ustedes tienen el record de una oficina que falló, falló y falló una y otra vez más".

La parte más dramática del desastre de inteligencia ocurrió cuando el FBI, a las tres horas del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, sabía que algunos de los pasajeros eran miembros de la organización al-Qaeda. La pregunta que no podían responder es: "¿Cómo demonios de habían podido subir a los aviones?". Tardaron dos años en responderla.

Se había iniciado la más grande investigación en los historia de la humanidad: cuatro mil agentes especiales buscaban pistas en los Estados Unidos, veinte agregados legales trabajaban con oficinas de procuración de justicia en el extranjero, tres veces al día se llevaban a cabo conferencias telefónicas entre cincuenta oficiales de campo, cientos de órdenes judiciales y al menos treinta autorizaciones judiciales para llevar a cabo investigaciones emitidas por la Foreign Intelligence Surveillance Court. El FBI trataba de reconstruir la escena global del crimen y reagruparse para el siguiente ataque. El Congreso de los Estados Unidos otorgó al presidente la facultad para utilizar "toda la fuerza necesaria y apropiada" en contra de los terroristas. La fuerza apropiada era, entre otras, precisamente el FBI. Se trataba de darle una carta blanca al presidente en su guerra contra el terrorismo.

Weiner narra la visita del presidente Bush al cuartel general del FBI en Washington DC. El presidente acudió a las oficinas del FBI para develar la lista de los 22 nombres de los terroristas más buscados. "Agarren a los malvados" ordenó a los agentes reunidos en el Edificio Hoover. "Nuestra guerra es contra el mal". Refiere que en la ausencia de Hoover quien ocuparía su lugar para restaurar el poder de la inteligencia secreta de los Estados Unidos sería el vicepresidente Dick Cheney. Cheney había sido el secretario de Defensa durante la gestión del presidente George H. W. Bush y Chief of Staff de la Casa Blanca durante la presidencia de Gerarld Ford. Los ataques, refiere el autor, lo convirtieron en el comandante de la seguridad nacional de Estados Unidos.

El FBI arrestó a más de 1,200 personas en el plazo de ocho semanas a partir de los ataques. La mayoría eran extranjeros y musulmanes. A ninguno se le comprobó ser miembro de al-Qaeda, Hubo abusos, golpes y tortura como lo manifestaría después el inspector general del Departamento de Justicia. Centenares fueron hechos prisioneros bajo la política impuesta por el FBI de detenerlos hasta que se aclarara el asunto. Lo más grave es que el director del FBI estuvo al margen de las indicaciones del Procurador General Ashcroft. Regresaron los tiempos en que Robert Kennedy metía a la cárcel a algún miembro del crimen organizado por escupir en la calle. Adicionalmente la llamada Ley Patriótica en vigor permitió la captura de direcciones de correos electrónicos, la escuchas de teléfonos celulares, la apertura de correos de voz, de números de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias. La descripción de las tácticas ilegales para hacerse de información revelan que los criterios legales sobre los límites del Estado quedarían olvidados en tanto se enfrentaba una amenaza a la seguridad nacional. No obstante, surgió una confrontación abierta entre la CIA y el FBI debido a las formas de actuación. El director del FBI Mueller decidió apegarse a las reglas y estableció una política de no violencia, no brutalidad no intimidación. La CIA por su parte inicio prácticas de acopio de información violatorias de las normas globalmente aceptadas en interrogatorios o encarcelamientos.

Algunos de los agentes el FBI acudieron a las instalaciones militares en Afganistán, algunos otros acudieron a la base estadounidense en la Bahía de Guantánamo en la Isla de Cuba. Otros agentes participaron en misiones de captura o exterminio de sospechosos de pertenecer a al-Qaeda. En estas tareas y particularmente en los interrogatorios de sospechosos surgieron tensiones por el modus operandi de ambas oficinas. Las narraciones del conflicto entre CIA y FBI muestran la evidencia de las prácticas de tortura que después se harían públicas por filtraciones a la prensa. Una frase del libro explica este drama de los agentes de inteligencia y la disyuntiva entre perseguir a los sospechosos a toda costa o cumplir con los principios legales y morales que son inherentes a la función pública. Mueller, el director del FBI, durante la fase crítica de la lucha contra el terrorismo declaró: "No teníamos un sistema de administración en funciones que permitiera saber si seguíamos lo previsto por las leyes". Llegó a aceptar que habían hecho un mal uso de la Patriotic Act para obtener datos de inteligencia.

En las últimas páginas del libro se reseña el discurso del presidente Obama respecto de la relación entre las tareas de inteligencia y la preservación y reforzamiento del Estado de derecho. En el centenario de la fundación del FBI el presidente de Estados Unidos mencionó que en 1908 había 34 agentes que reportaban al Procurador General del gobierno del presidente Teodoro Roosevelt. Ahora, señaló Obama en abril de 2009 hay más de 30,000 hombres y mujeres que trabajan para el FBI. Esa es la dimensión del cambio, agregó. "Gracias a Dios por el cambio" enfatizó lo que provocó la algarabía de la audiencia. No obstante, continuó, hay algo que no ha cambiado y eso es el Estado de derecho, que es el fundamento sobre el cual se construyó América (sic). "Este es el propósito que siempre ha guiado nuestro poderío. Y esa es la razón por la cual debemos siempre rechazar por falso el dilema entre seguridad y nuestros ideales".

Esas palabras son en realidad lo que está atrás de Enemies a History of the FBI de Tim Weiner. Si una sociedad altamente desarrollada puede preservar los principios constitucionales y morales antes que garantizar la seguridad de sus integrantes. En Estados Unidos ha sido el dilema entre ganar la guerra contra el terrorismo a costa de sacrificar los derechos y garantías que consagra la Constitución y las leyes.